Cartagena.- La cosa no pinta bien (para algunos, ¡claro!)

VEGAMEDIAPESS* : Este es el aviso que la alcaldesa de Cartagena manda a todos los cartageneros y se queda tan fresca. Que se vayan preparando los bolsillos y los dejen abiertos, que les va a meter mano hasta el fondo. No ha dicho nada de renunciar a los 1.500€ que cobra por la asistencia a cualquier pleno municipal. También es diputada a Cortes de donde obtiene su otro salario. Si en esta uniprovincial región hay algún alcalde que lo haya hecho mal (todos) prevalece Pilar muy por encima. Lleva gestionando este término municipal 16 años, más los cuatro que le quedan. Y por más que insista, no le vale echarle culpas a los anteriores.
La alcaldesa no destaca por su buen hacer sino todo lo contrario. Chapuzas sobre chapuzas. Para conseguir un final feliz a las cuatro calles del casco antiguo que se pueden hoy ver, ha tenido que gastar millones y millones de euros (municipales y del Plan E) Mientras, y con 16 años, el casco histórico siguen pareciendo Beirut. Para el traslado del ayuntamiento administrativo (podía esperar) millones y millones que aún se deben. “Comprar el Teatro Circo y haremos allí todas las actividades culturales”, dijo a sus amigos. Para su Auditorio y Palacio de Congresos con 10 años de obras y presupuestado en 22 millones terminará en los 60. Lo privatiza para que sus amigos lo gestionen y para que éstos no tengan problemas con la misma, les regala un millón y pico anuales durante cinco años.

A pesar de esto, el Teatro Circo mantendrá su actividad. El Palacio de Deportes con 10 años de obras más de lo mismo y al final también será privatizado y será para sus amigos que también cuentan con empresas del ramo para su gestión, como ya hicieron en la única piscina urbana del municipio. También el servicio de bicis fue para sus amigos del alma. Y muchas otras cosas como fue la primera de todas, el denominado barrio universitario. Aproximaciones estas que hablan de cuáles han sido los intereses reales de su máxima gestora. Servir a los intereses de sus amigos (con inclusión de la intermediación en La Española del Zinc), no al de los ciudadanos. Ha realizado una simbiosis clientelar con un grupito, despreciando al resto de ciudadanos que sólo alcanzan al encefalograma plano y esperan las migajas que quieran darles y en todos los aspectos de la vida social, política, y empresarial.

En los años de vacas gordas todo eran dispendios y alegrías. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma destinadas para el gasto corriente, sin el más mínimo sonrojo. Tanto personal camuflado tenía sus costes. La gerencia de urbanismo sin desmantelar, como si fuera posible su mantenimiento. Millones y millones para el plan de ordenación urbana. Primero, famoso estudio de Pamplona, después los funcionarios echando horas, después otra empresa externa y hasta hoy, que aún no se ha aprobado, van 16 años. Decenas de personas se desplazaban a las presentaciones (donde fueran del mundo mundial) de La Mar de Músicas y a tuti plan.

Aquagest haciendo su agosto. Años antes de que llegara a fin su concesión le aprueban otra porrá de años. De alguna manera hay que agradecer los servicios prestados, además de las continúas subidas de tarifas que hacen que los cartageneros no podamos ni regar las macetas. Pagamos en el recibo las obras que tendría que asumir el propio ayuntamiento. Doble tributación que se llama. Y por encima de todo, que la empresa privada de Aquagest mantenga el crecimiento de sus beneficios.

El pasado año supimos que la famosa Med Cup le costó a los cartageneros 600.000€ más 100.000 que se deben en alojamientos al NH (se sabe ahora) La celebrada hace unas semanas ni sabe, ¿para qué decirlo? Dicen que ha supuesto beneficios para la ciudad, sobre todo para los restaurantes, hostelería y bares. Nadie dice que el beneficio de estos lo pagamos todos los demás, incluso los ciudadanos de Los Mateos.

No ha tenido esta alcaldesa la decencia democrática suficiente para entregar sus gastos de protocolo que le fueron requeridos, incumpliendo la ley que la obliga. Así entienden algunos su obligación de transparencia en la gestión política. Es fácil deducir que algo tiene que esconder cuando no los ha presentado.

Tiene la señora a más de 20.000 ciudadanos en el desempleo. Pero ella está contenta porque no es culpa suya. Jamás defendió los intereses de los cartageneros. Ahora parece que está en algo grande. Están viendo la posibilidad de trasladar el polígono de Cabezo Beaza al de Los Camachos (otro gran fracaso) Así, la zona colindante quedará mejor para los intereses de sus amigos del alma y crecerán edificios y más edificios. Es lo que les gusta.

Jamás tuvo Cartagena a peor alcalde. En estas últimas elecciones restó la información de cuáles eran la cuentas del Ayuntamiento, de cuáles eran sus déficits y deudas. Y les siguió engañando como siempre. Ahora habla y nos sale con que “La cosa no pinta bien” y que nos esperan años de más subidas de impuestos, incluida el agua, la basura y el alcantarillado. El IBI, al límite de lo permitido por Hacienda. Cartagena ejemplo de cómo mienten en el PP. A nivel nacional dicen que hay que bajar los impuestos, no subirlos. Menos en Cartagena donde todos se suben. En esas elecciones consiguieron la mayor cantidad de concejales, 19. A pesar de ello mantienen a los directores generales con sueldos de espanto. ¿A qué se dedican tanto concejal? Si además incluimos que la gestión de las juntas locales son llevadas por los propios vecinos. Cuatro tenientes de Alcalde y mogollón de concejales delegados… ¿Para qué?

Este Ayuntamiento se encuentra esclavizado a los intereses de los gestores del servicio de limpieza, de agua y de transporte. Son ellos los que deciden qué cuestan “sus servicios” Es un Ayuntamiento en la más pura de las ruinas. 16 años de gestión para terminar todos los cartageneros cargados con el malgasto de unos gestores incompetentes. Y que conste que la legitimidad de las urnas no es suficiente para llevar a todo un municipio a la bancarrota.

Se cerró Potasas y sus terrenos llevan más de 10 años esperando su descontaminación. Igual que los de La Española del Zinc, sin descontaminar. Tras el desastre que fue la remodelación del Muelle, ahora van a volver a gastarse unos milloncetes en intentar arreglarlo.

El ministerio de Fomento arregló la autovía de entrada a Cartagena y la dotó de las farolas (necesarias por la fuerte iluminación del P. Industrial de Cabezo Beaza que deslumbra a los conductores). Las tienen apagadas, no pueden hacer frente a su consumo, como otras muchas del municipio.

Orgía de gente que nunca ha respetado el dinero público y del que se han estado enriqueciendo en estos 16 años. Prescinda del Consejo Económico y Social, prescinda de las Fundaciones y consorcios, reduzca primero a este Ayuntamiento a la realidad a la que usted lo ha llevado y déjenos a los ciudadanos en paz, que bastante tenemos ya.

En fin no quiero cansarles con más relaciones de desatinos y aberraciones que han supuesto la ruina de Cartagena. Sólo puntualizar que esta ruina municipal representa la ruina social, económica y moral de todo un municipio y de los honrados y buenos habitantes del mismo. Cartagena, hoy, no es más que un mísero barrio de Murcia capital. Y eso no es bueno.


* Vegamedia Press - José María Hernández - 12.09.11
Foto: Cartagena, ayuntamiento - cartagena.es

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Adega lleva las viviendas ilegales de Barreiros a Anticorrupción

ELPAÍS/Lugo* : La Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) llevará a la Fiscalía Anticorrupción los desmanes urbanísticos del municipio de Barreiros. Esta decisión se produce por la retirada por parte de la Xunta del PP de los recursos interpuestos por el bipartito contra varias licencias de urbanización otorgadas por el Ayuntamiento de Barreiros desde enero de 2006 hasta febrero de 2007. Adega también pedirá al consistorio una revisión de oficio de las licencias.
Adega recuerda que en Barreiros se concedieron licencias en "suelo rústico urbano no consolidado", sin los servicios básicos para las viviendas, como el alcantarillado, la red viaria, el saneamiento o el suministro eléctrico, según varias sentencias que dieron la razón a la anterior Xunta cuando paralizó los permisos.

Adega ve indicios de prevaricación en la actuación del gobierno de Barreiros y de la actual Xunta. Los ecologistas creen que el consistorio incurrió en un delito al otorgar las licencias sin obligar antes a los promotores a ceder el suelo para las infraestructuras básicas, zonas verdes y viviendas sociales. Ahora, según Daniel López, miembro de la asociación, "pretenden arreglar la chapuza" con un plan sectorial "que la ley no contempla" y que con 14 millones de dinero público pagará los servicios en la zona.

Adega sostiene que la del Plan Sectorial es una figura que la Lei de Ordenación do Territorio prevé para actuaciones "supramunicipales": "Aquí los grandes beneficiarios serán los promotores y las entidades de crédito". El regidor, Alfonso Fuente Parga (PP), dice respetar la denuncia de Adega pero acusa a la asociación de estar manejada por un partido.


* El País - JESÚS PENELAS - Lugo - 13/09/2011
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1º línea - lavozdegalicia.es

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Los extravíos del Algarrobico

JUAN CARLOS VILORIA* : En la playa de Carboneras, allá donde San Pedro perdió las llaves y algunos jipis descubrieron hace años que andar en cueros era revolucionario y sobrenatural, se alza un mamotreto de veinte plantas y cuatrocientas once habitaciones esperando un desenlace. El viento de levante zumba entre sus pasillos vacíos y sacude las ventanas del El Algarrobico desde que hace cinco años se suspendieran las obras del hotel. En ese rincón semidesértico de la provincia de Almería por donde la N-341 bordea la costa se dan cita casi todos los vicios nacionales. Una Justicia soñolienta que se echa la siesta entre recurso y recurso. Ayuntamientos siempre listos para cobrar las recalificaciones y distraídos cuando hay que reparar el daño urbanístico. Pícaros con información privilegiada que siempre saben poner los billetes en el número donde caerá la bolita. Chulos de playa que allá donde descubren un terreno en primera línea dicen sin pudor: «Aquí irán los apartamentos, por mis c...». Espontáneos ecologistas, algunos sobrevenidos y otros organizados, que no dudan en montar la función de poseedores de la verdad revelada y dictan sentencia antes de que los jueces acaben el trabajo. Un ramillete de resabios seculares de la Celtiberia del llorado Carandell. Aquella cuya sociedad civil delega con pereza las tareas arduas de revisar en el periodo de alegaciones los Planes de Ordenación Urbana.

En esos cruciales momentos cuando se juega el futuro de un pueblo, un barrio, una playa, un bosque, por unas líneas en el plano de papel cebolla que despliegan los concejales de urbanismo, nuestros compatriotas andan viendo la tele o soplándose unas cañas en el bar. Luego vienen las lamentaciones. Cientos de urbanizaciones pegadas a la línea de costa integradas por horribles edificios plantados sin orden ni concierto se han levantado como un muro de cemento que oculta el litoral. Miles de emisores de aguas fecales desaguan su contenido a veinte metros de donde chapotean los infantes del cubo y la pala. Albuferas asfixiadas, donde boquean buscando oxígeno las últimas anguilas, fondos litorales atestados de lavadoras viejas y millones de bolsas del 'súper' arremolinadas en las calas. Aquí la pasión por la naturaleza de la que muchos presumen tiene su máxima expresión en una excursión por el monte sentados en el 4x4 del que con suerte la familia se bajará cinco minutos «para respirar aire puro». El hotel El Agarrobico, plantado en medio de un espacio natural protegido, es el símbolo de un país que no acaba de asumir una auténtica conciencia ambiental sin que tengan que venir las oenegés con sus chicos y chicas entrañables a decirnos que peligran las ballenas o los linces. La conciencia ambiental empieza en las aceras, por el ruido, en las basuras y aquel bote de San Miguel que se oxida entre los pinos sin remisión.

* La Rioja - Opinión - 12.09.11

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Los españoles quieren el referéndum que exigen los ciudadanos digitales y niegan dos partidos

NACIÓNRED* : Una clara mayoría de españoles (dos de cada tres encuestados) son partidarios de la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional que han pactado el PSOE y el PP (y sus socios navarros de UPN). Una vez más son mayoría los españoles que vienen a coincidir con las demandas del 15-M y de los ciudadanos digitales que quieren cambiar la forma de hacer política para profundizar en una democracia más participativa.
Pero en el búnker del bipartidismo todos están sordos y este fin de semana los miembros de la corriente Izquierda Socialista (tres diputados) han quebrado la tradición de independencia y coherencia (ideológica) de esta histórica corriente del PSOE al no garantizar su apoyo al referéndum que necesita para su concocatoria de la firma de 35 diputados. Uno los portavoces de Izquierda Socialista, Juan Antonio Barrio de Penagos, se ha permitido explicar, sin inmutarse, que “una cosa es que apoyemos el referéndum y otra que firmemos para que se celebre”. Ha elegido el peor momento, el diputado Barrio, para contribuir al descrédito de la izquierda, los políticos y los partidos.

Según la encuesta de El País, la gran mayoría de los electores de izquierda creen que nada puede justificar que no se consulte a los ciudadanos. Estos ciudadanos defienden que la prohibición de déficit en las cuentas públicas podría establecerse, en su caso, con otros mecanismos legales, por ejemplo, con una ley orgánica, sin necesidad de llevarlo a la Constitución. De todas formas, según la encuesta de El País el resultado del referéndum habría sido positivo. Un 62% habría votado “sí”. Aunque tanto los votantes del PP, claramente favorables a “limitar el déficit en la Constitución”, como los votantes de izquierdas, más divididos o con más dudas, critican el procedimiento y en especial que se haya roto el consenso constitucional del 78.


* Nación Red - David Ballota - 12 de septiembre de 2011
Foto: Viñeta, colas-para-declarar - Álvaro (vegamediapress 12-11-07)

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La Fiscalía investigará si notarios y registradores cobraron de más en la cancelación de hipotecas

ELCONFIDENCIAL* : La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para investigar a notarios y registradores de la propiedad por supuestos cobros ilegales a los consumidores en la cancelación de créditos hipotecarios, según informa la Fiscalía en un comunicado.
La investigación parte de la denuncia presentada la semana pasada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en la que acusaba a los dos colectivos de apropiarse indebidamente de cerca de 93 millones de euros por las 372.042 cancelaciones de hipotecas realizadas en 2010.
A instancias del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal de sala delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, José María Paz Rubio, ha abierto estas diligencias informativas con el fin de esclarecer la naturaleza de los hechos denunciados. La OCU pide a la Fiscalía que revise de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias emitidas desde diciembre de 2007 y obligue a devolver a los consumidores, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas.

La asociación denuncia que tanto notarios como registradores están incumpliendo la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que suponía un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca.

A raíz del cambio normativo en 2007

Desde el cambio normativo de 2007, el notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Por su parte, el registrador debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a 'cero' cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90%.

Por su parte, notarios y registradores defienden que están a la espera de que la Justicia determine la aplicación de los aranceles que deben cobrar por la cancelación una hipoteca, ya que la "falta de claridad" del criterio introducido en la reforma ha motivado que se hayan dictado resoluciones administrativas contradictorias respecto a la aplicación de los aranceles.

Estas resoluciones son las que están recurridas ante los distintos tribunales -las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña, País Vasco, Málaga y Sevilla- pendientes de resolución. Los honorarios de los registradores están controlados por un procedimiento de impugnación de minutas establecido en el Real Decreto 427/1989.


* El Confidencial - 12.09.11
Foto: Hipotecas - Istockphoto

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Stop desahucios

GERARDO PISARELLO/JAUME ASENS* : Al menos desde la Revolución Francesa, cuando se vulneran derechos generalizables y los canales institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las movilizaciones contra los desahucios impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del Estado, al calor del 15-M, reflejan claramente esta voluntad garantista. Y las respuestas represivas a las mismas –como ocurrió en Vic–, la impotencia de unas instituciones incapaces de tutelar derechos que están en la base de los ordenamientos legales que dicen defender. Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite jurídico, los desahucios por razones económicas entrañan una innegable dosis de violencia. Quienes los padecen, no sólo ven afectado su derecho a la vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los suyos, quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad física y psíquica, a conservar o a buscar un empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no comporta casi nunca el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas.
En realidad, estos desahucios han estado en el centro de la gestación y estallido de la crisis. Durante el boom inmobiliario, cientos de familias fueron expulsadas de sus viviendas a resultas de operaciones urbanísticas especulativas. Otras tantas fueron objeto de acoso inmobiliario: una forma no disimulada de coacción, e incluso de matonismo, dirigida contra arrendatarios con alquileres bajos, considerados una rémora para la obtención de rentas mayores. Tras el estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre las familias con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. Entre 2007 y 2011, según el Consejo General del Poder Judicial, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. Sólo en 2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida que el paro se dispara, miles de desahucios por impago de alquileres con escasa o nula intervención de los servicios sociales.

La violencia que experimenta quien es desahuciado no cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para las que la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer la mayor renta posible. A menudo, esta violencia opera por vías abiertamente ilegales. Otras veces, cuenta con la cobertura de leyes y decisiones institucionales que la autorizan o que incluso la fomentan. Ni el sobreendeudamiento hipotecario, ni el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2% de vivienda pública de alquiler, ni la fiebre especulativa que ha dejado tras de sí más de 3.500.000 inmuebles vacíos o infrautilizados, son el producto de espontáneas leyes de mercado. Reflejan intervenciones públicas explícitas, a menudo concertadas con agentes privados a los que deliberadamente se exime de toda responsabilidad social y jurídica.

Esta connivencia, en la que, con diferentes énfasis, coinciden los grandes partidos estatales y autonómicos, no se ha visto cuestionada por la agudización de la crisis. Propuestas razonables como la dación en pago o la movilización al alquiler social del parque habitacional en manos de la banca o de grandes propietarios, se han estrellado con la férrea oposición del PSOE, del PP y de las derechas autonómicas. Incluso los cuestionamientos al procedimiento de ejecución hipotecaria por vulneración del debido proceso y del derecho a la vivienda han sido descartados por el Tribunal Constitucional sin consideración alguna sobre la actual situación de emergencia habitacional.

Este bloqueo institucional contrasta con la actitud de otros países. En Francia, por ejemplo, existe una moratoria de desahucios durante el periodo invernal y ayuntamientos como el de Bobigny disponen de ordenanzas antidesalojos para proteger a las familias más vulnerables. En un contexto así, no sorprende que diferentes movimientos sociales y vecinales hayan emprendido movilizaciones en todo el Estado para dar apoyo a las familias afectadas y frenar los más de 200 desalojos que se practican diariamente. En los últimos meses, ya se han parado más de 60 gracias a la campaña “STOP desahucios”. Estas acciones de solidaridad constituyen una vía legítima de defensa, no de privilegios, sino de los derechos de todos, constantemente amenazados. Y suponen, además, la impugnación de normas y de decisiones judiciales e institucionales a menudo reñidas con la propia legalidad proclamada en constituciones y declaraciones de derechos humanos.

Esta desobediencia civil disruptiva pero no violenta, frente a la ilegalidad del poder que ha caracterizado la actuación del 15-M, es tal vez la última barrera garantista frente a un proceso acelerado de descomposición social. Pretender tratarla como una cuestión de orden público, practicando desahucios sin previo aviso, en horas inhábiles o con amplios dispositivos policiales, es un gesto de impotencia que, lejos de eliminar el conflicto, ahondará el descrédito de las propias instituciones. Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. Y el desahucio, la condena a la intemperie, una forma de violencia a la que, como muestran las acciones de protesta en curso, ninguna persona sensata y con fuerzas puede resignarse de brazos cruzados.
Fuente: http://afectadesperhipotecavalencia.org/?p=2002


* Rebelión - Público - 11.09.11

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Un juez investigará si Gandia se apropió de 6.800 metros de propietarios de Sanxo Llop

LASPROVINCIAS/Valencia* : Un juez de Gandia será el encargado de decidir si las obras de reparcelación del sector Sanxo Llop, donde se construye el hospital comarcal y el acceso sur al puerto, se han realizado atendiendo a la legalidad o por el contrario se han menoscabado los derechos de los propietarios. Y es que la Fiscalía de Valencia ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción Décano de Gandia el Plan Parcial por presuntas irregularidades. El órgano provincial atendió las quejas de un topógrafo de Gandia, Guillermo Vinson, que representa a los propietarios de Sanxo Llop y que, según él mismo, detectó anomalías en la reparcelación y una presunta «apropiación de terrenos públicos por parte del Ayuntamiento de Gandia».
Vinson acudió a la Fiscalía de Valencia, después de que en el Ayuntamiento de Gandia «desatendieran» sus quejas sobre el proceso urbanístico. El experto comenzó a interponer escritos contra el proceso el pasado marzo de 2010. El topógrafo inició un proceso de reclamaciones ante la administración local para conocer «por qué tras la reparcelación habían desaparecido nueve dominios públicos y los restantes se habían agrupado en una parcela de 6.800 metros que ahora es de titularidad municipal».

Bienes públicos
Vinson entiende que esta superficie no corresponde a la administración, sino al conjunto de propietarios. El topógrafo argumentó que un Ayuntamiento «no puede apropiarse de bienes públicos si no cuenta con la escritura de las superficies», algo «que podría haber sucedido», añadió. Y es que el experto explicó que en un proceso de urbanización se diferencia entre suelo patrimonial, que pertenece a una administración y cuenta con documentos que lo acrediten, o superficie demanial, la que corresponden a caminos y otros espacios públicos, «que deben revertir en el resto de propietarios cuando se reparcela».
«Todo esto se ha omitido por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Gandia o por parte de la empresa urbanizadora. Aquí se ha considerado que caminos, acequias y otros espacios eran suyos sin contar con escritura alguna», agregó. Y es que Vinson sospecha que puede haber algún tipo de connivencia entre el anterior gobierno y el agente urbanizador.
Única parcela municipal
Los metros correspondientes a todos estos espacios se han unificado en un terreno de 6.800 metros en Sanxo Llop, la «parcela 45», pero esa superficie es de los «propietarios del sector y por tanto esos metros deberían haberse dedicado a las nuevas calles que se han proyectado y zonas comunes».
Por tanto, añadió Vinson, si esos terrenos se hubieran destinado a vías públicas los «dueños de los solares habrán aportado menos terreno para la urbanización», es decir, habrían contribuido con menos metros para las nuevas calles.
Ante esta situación, el experto puso en manos de la Fiscalía de Valencia toda la documentación de la que disponía y el organismo abrió diligencias en enero de este año para conocer si el proceso de urbanización era correcto. Desde la entidad «reclamaron a Gandia documentación sobre el proceso», pero al parecer desde el Ayuntamiento esta documentación no se ha remitido.
Esto es lo que ha motivado que el fiscal, una vez ha concluido el plazo que establece la Ley, seis meses, se haya dirigido a los juzgados de Gandia, mediante un escrito para solicitar que el «Juzgado Décano de Instrucción de Gandia, prosiga la investigación por presunto delito contra la ordenación del territorio del artículo 319 del Código Penal, sirviendo el escrito de denuncia».
Las reacciones entre los principales representantes políticos de Gandia no se han hecho esperar. El ex alcalde José Manuel Orengo afirmó ayer estar tranquilo, ya que todo el proceso se llevó a cabo bajo la más «estricta legalidad» y dijo no entender qué mueve a Vinson, si él no dispone de terrenos en la zona.
«Los técnicos realizaron el proyecto atendiendo a la Ley y, como en otros casos, los caminos y las vías de las que nadie puede acreditar su propiedad» pasan a ser públicas, de todos los vecinos de Gandia, «no sólo de los de ese sector, ya que los caminos son muy largos y por tanto del conjunto de la ciudad», dijo el socialista.
Disponibilidad del terreno
«La parcela pública resultante está ahí, si la justicia dictamina que es de los propietarios de otros terrenos se pone a su disposición sin problemas, pero los técnicos del Ayuntamiento siempre han hecho lo que beneficia al conjunto de la ciudad», concluyó.
Sin embargo, el alcalde de Gandia, Arturo Torró, no tiene las cosas tan claras como Orengo. El primer edil no quiso pronunciarse al respecto, pero atisbó errores en el modo de trabajar de Orengo y el ex edil de Urbanismo, Fernando Mut.
«Esperaremos a que sea la justicia quien determine si hay o no irregularidades, pero en cualquier caso esto demuestra la poca rigurosidad de la gestión de Orengo y Mut», agregó el alcalde popular.
Finalmente Mut, como responsable de Territorio del último gobierno, dijo que se trata de un «asunto de interés» para el urbanismo en general, ya que plantea un viejo litigio: «Qué hacer con este tipo de parcelas y cómo considerarlas, si públicas o privadas».
Añadió que como concejal no tenía noticias de que el fiscal solicitara documentación, pero que en cualquier caso estos informes debían remitirse desde el «área administrativa».


* Las Provincias - 10.09.11
Foto: Terrenos donde se está desarrollando el Plan Parcial de Sanxo Llop.- las provincias

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El exalcalde de Estepona gastó tres millones de subvenciones en nóminas

ELPAÍS/Málaga* : El mantenimiento de la extensa plantilla municipal del Ayuntamiento de Estepona (66.150 habitantes, Málaga) continúa generando quebraderos de cabeza a sus gobernantes. El alcalde, José María García Urbano (PP), ha echado en cara a su antecesor en el cargo que se gastara 3,3 millones de euros de la cuenta de subvenciones para pagar la nómina municipal de mayo de este año, el mes de las pasadas elecciones municipales.
El Ayuntamiento ya ha recibido peticiones de la Consejería de Hacienda para que devuelva parte de ese dinero. El pasado martes, coincidiendo con una reunión del regidor con el delegado provincial de Hacienda, Rafael Fuentes, les llegó una carta en la que reclamaban la devolución de 240.000 euros. "Ese convenio se firmó en agosto de 2008, época en la que David Valadez (PSOE) ya era alcalde, y las obras de mejora del casco histórico no se han ejecutado", explican fuentes municipales.

El exregidor, ahora al frente de la oposición municipal socialista, asegura que recurrió al dinero de las subvenciones para pagar a los 1.280 empleados municipales asfixiado por la precaria situación de las arcas. "Me amparé en el principio de caja única, además no hubo ningún reparo por parte de la intervención municipal", justifica.

David Valadez reconoce que al tomar esta decisión era consciente de que se generaban nuevos problemas económicos y que al nuevo regidor del municipio le tocaría renegociar las condiciones de pago con las Administraciones que entregaron las subvenciones.

Durante su gobierno, el excalde ya se enfrentó a una denuncia judicial, hoy en instrucción, por dedicar parte de los fondos reservados para urbanismo para abonar los salarios de los empleados municipales.

El delegado provincial de Hacienda, Rafael Fuentes, se comprometió tras reunirse con el alcalde, José María García Urbano, a no reclamar los fondos que faltan de forma urgente. También anunció que revisarán los expedientes de las subvenciones pendientes de cobro para que el Ayuntamiento pueda tener algo de liquidez.

Después de tres meses en el gobierno, el alcalde José María García Urbano ha elevado hasta 300 millones la deuda total del municipio. La cifra que se barajaba hasta las pasadas elecciones era de 160 millones. El regidor declaró ayer a Efe que han encontrado "35 millones de facturas en los cajones".

Desde junio de 2008, fecha en la que saltó a la luz el caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento esteponero, el municipio vive en un estado de austeridad permanente.

En los últimos meses, García Urbano ha eliminado los 150 teléfonos móviles que tenía el Ayuntamiento y los coches oficiales. Su equipo también ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para reducir en unos siete millones de euros los costes laborales de toda la plantilla municipal.

El Consistorio tiene además un panorama judicial complicado. De las 1.300 demandas que hay sobre la mesa, unas 500 son de trabajadores.


* El País - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 12/09/2011
Foto: Estepona (Málaga), vista casco antiguo - estepona.es

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Andratx.- Massot vuelve este viernes al banquillo por favorecer la concesión de una licencia en terreno protegido

EUROPAPRESS/Mallorca* : El ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, quien en la actualidad cumple condena en la cárcel de Palma por dos piezas del caso Andratx, volverá a sentarse este viernes en el banquillo de los acusados por avalar la concesión presuntamente irregular de una licencia para la construcción de un chalet de 140 metros cuadrados en terreno protegido. Unos hechos por los que la Fiscalía reclama tres años y medio de prisión para el encausado mientras que la acusación particular, ejercida por el Consistorio, pide un total seis.
En concreto, el juicio, que corresponde a la pieza 9 de la causa, tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y está previsto que continúe el día 16. Junto a Massot están acusados el propietario de la vivienda, Emilio Martínez (alias 'el Panza'), su mujer María Jesús González y su hijo Pedro Martínez; el técnico jurídico Jacobo Rodríguez Miranda; el técnico municipal Gabriel Vicens; el arquitecto director de las obras Luis Ros; la administrativa Ángela Hernández, y el celador Jaume Gibert.

Tal y como postulan las acusaciones, tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, Martínez, su mujer y su hijo comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien de su puño y letra anotó la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos" para no obstaculizar la concesión de la autorización.

Según el Ministerio Público y la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà, lo redacta ella misma "por órdenes del señor Massot", con quien tenía una "estrecha" e "indudable" relación de amistad. Los escritos de acusación, a los que tuvo acceso Europa Press, señalan que la concesión de la licencia fue respaldada por Ros, que "faltando claramente a la verdad" indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho".

Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto que dictó para decretar el fin de la instrucción de la pieza, posteriormente confirmado por la Audiencia.

DELITOS DE FALSEDAD, CONTRA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PREVARICACIÓN

La licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005. Las acusaciones apuntan que los hechos constituyen delitos de falsedad en documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y dirigen sus peticiones más elevadas de cárcel contra Ángela Hernández, para quien la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel y la acusación particular un total de seis, al igual que a Massot, asistido por el abogado Fernando Mateas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda. Asimismo, pide que se derribe lo construido fuera de legalidad así como fianzas de responsabilidad civil de 60.000 euros para Hernández y Massot, 39.000 para la familia Martínez y para Ros, y 10.000 para Vicens y Rodríguez Miranda.


* Europa Press - 8.09.11
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es

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La justicia avala el derecho ciudadano a conocer todos los actos urbanísticos

ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reafirmado el derecho de los ciudadanos a conocer los expedientes urbanísticos que tramiten las Administraciones públicas sin necesidad siquiera de que se hayan archivado ni concluido previamente. Así lo establece una sentencia que el alto tribunal ha dictado al hilo de la denegación, por parte del Ayuntamiento de A Guarda, del expediente de la urbanización Río Miño, de 115 viviendas, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo hace 30 años y cuya ejecución aún no ha sido certificada por el Ayuntamiento pese a que las viviendas están ocupadas desde hace más de dos décadas.
La Xunta de Goberno de A Guarda denegó en julio de 2009 el expediente a Santiago Gómez-Reino, a la sazón presidente de la comunidad de vecinos. Al no haber recepcionado el Ayuntamiento la citada urbanización, sus vecinos siguen costeando servicios municipales como la reparación de las calles o el alumbrado público. De ahí su interés en conocer el expediente completo del proyecto, un derecho que les fue reconocido en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra. El Ayuntamiento recurrió el fallo aduciendo las leyes de protección de datos y de la propiedad intelectual, lo que ahora ha desestimado el TSXG confirmando la sentencia del juzgado.

Ya el primer fallo del juzgado de Pontevedra consideraba "obvio" que la petición de Gómez-Reino no comportaba "ningún secreto de carácter técnico que el autor del proyecto pudiera querer preservar del conocimiento ajeno" y que "el proyecto de ejecución de una edificación es un compendio de datos técnicos que no afectan a la intimidad de las personas".

Aunque la protección intelectual incluye "los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería", refrenda ahora el TSXG, "semejante extremo no empece, ampara ni motiva aquella denegación de acceso al expediente de autos ni aquella denegación de expedición de copias autenticadas" que se había solicitado.

La Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo -añade la sentencia- consagra el derecho ciudadano "a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos".

También cita el fallo del TSXG la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (Louga), "a la sazón directa e inmediatamente aplicable al caso de autos", la cual prescribe que "los instrumentos de ordenación urbana, con todos sus documentos, tanto si se encuentran aprobados como durante su tramitación, serán públicos y cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos, obtener copias de los mismos previo pago del precio correspondiente y recabar información sobre los mismos en el Ayuntamiento".

En igual sentido abundaría la propia Louga, prosigue la sentencia del TSXG, cuando señala que "toda persona tendrá derecho a que el municipio correspondiente le informe por escrito sobre el régimen y condiciones urbanísticas aplicables a un terreno concreto o al sector, polígono o ámbito de planeamiento en que se encuentre incluido".

"No consta, pues", concluye el fallo del TSXG, "motivación denegatoria bastante ni tampoco acreditación de interés de tercero tutelable alguno que justifiquen aquella denegación de acceso al expediente de autos ni tampoco a la expedición de aquellas copias autenticadas interesadas" por el demandante. En consecuencia, impone las costas procesales a la Administración municipal apelante.


* El País - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 10/09/2011
Foto: A Guarda (Pontevedra) - wikipedia.org

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Pisos, fincas, cortijos, viñedos... El patrimonio de los parlamentarios

PÚBLICO* : A falta de algo más de dos meses para las elecciones generales, los parlamentarios españoles, entre los que se encuentran los dos candidatos a la presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos, hicieron este jueves públicas sus declaraciones de bienes y rentas a través de los sitios web del Congreso y del Senado. En el caso de los senadores la mayoría poseen más de dos inmuebles y alguno llega a superar la veintena entre pisos, fincas y otras propiedades. El interés ha hecho que la web del Congreso haya estado parte de la mañana fuera de servicio por una sobrecarga de accesos.
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró un patrimonio en fondos, depósitos y otros valores por un importe cercano al millón de euros, mientras que el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, que será su oponente en la urnas el próximo 20 de noviembre, declaró una cantidad cercana a los 600.000 euros.

En cuestión de ingresos, Rubalcaba declaró haber percibido 55.374,27 euros por el cargo de vicepresidente y ministro del Interior, frente a los 98.225,90 euros que percibió Rajoy por dietas y gastos de representación del Partido Popular en 2010.

Rajoy refleja además que posee un apartamento en Madrid y una oficina y una plaza de garaje situadas en Pontevedra como bienes de pleno dominio, además de la vivienda habitual como bien ganancial y un 25 por ciento de un apartamento en Canarias. Rubalcaba declaró la mitad de un piso y una plaza de garaje en Madrid que posee junto con su esposa.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declara una casa en construcción en León y 158.389 euros. Zapatero no tiene hipotecas y tampoco coche propio.

El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, declaró el jueves en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la decisión de publicar las rentas y el patrimonio es un "ejercicio de transparencia muy positivo".

Los parlamentarios y el ladrillo
La mayoría de los 261 senadores que conforman la Cámara baja tienen invertido su patrimonio en ladrillo, pues poseen más de dos inmuebles, aunque algunos -sea por herencia o por inversión- llegan a tener hasta más de veinte, entre pisos, locales, solares, plazas de garaje o fincas.

Analizando las declaraciones de los senadores se llega a dos conclusiones: que en su mayor parte disfrutan ya de alguna herencia y que los que proceden y viven fuera de Madrid poseen más propiedades inmobiliarias.

José Luis Barreiro reúne ambas. Así el senador por Lugo y exvicepresidente de la Xunta posee más de 20 inmuebles, de los que, excepto tres, son todos procedentes de herencia familiar.

Es el caso también del exvicepresidente valenciano Gerardo Camps, que recibió en donación 17 inmuebles en Benidorm, todos en régimen de gananciales con su mujer.

La también valenciana Carmen Alborch (PSOE) tiene 46.000 euros en cuentas bancarias, pero llaman más la atención sus bienes inmuebles: dos pisos en propiedad en Valencia y otros dos en Madrid, y es copropietaria de seis pisos y de una finca rústica en Valencia por herencia paterna.

En general, los senadores se compran pisos, pero los hay también que poseen solares urbanos, plazas de aparcamiento, locales comerciales y todo tipo de fincas, incluidos viñedos, cortijos, huertas y hoteles rurales. Entre unas cosas y otras, no es extraño que posean más de cinco inmuebles. Por ejemplo Manuel Fraga declara poseer casi un millón de euros entre cuentas, acciones, fondos de inversión y planes de pensiones.

Los hay también con un importante paquete accionarial en distintas sociedades como el exconsejero de Educación madrileño Luis Peral (PP), que tiene más de un millón de euros en 16 empresas, once de las cuales cotizan en Bolsa.

Borja Benítez de Lugo tiene 143.825 euros en acciones y participa en otras tres sociedades que no cotizan en Bolsa y a las que da un valor que supera el millón de euros

La mayor parte de los senadores han rellenado de forma parecida la declaración de bienes, pero algunos, en su afán de transparencia, han sido particularmente exhaustivos, llegando en algún caso a aparecer su número de cuenta corriente.

Así, el socialista asturiano Javier Fernández incluye en su declaración los bienes de su esposa, el alcarreño del PP Juan Antonio de las Heras que, entre sus propiedades, detalla que posee "un sexto del 50 por ciento de un piso en Sigüenza de 180 metros", o el madrileño Alejandro Muñoz-Alonso (PP) afirma que percibe la friolera de 6,01 euros al año por derechos de autor.


* Público - 8.09.11
Foto: El Senado, en sesión.- PÚBLICO

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La necesidad del 15-M

DANIEL BERNARDO SOLER SERRAO* : La politización y consiguiente falta de independencia de algunas instituciones del Estado, además de su descrédito, supone un retroceso del sistema democrático.
Desde el momento en que el Gobierno interviene en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, este tribunal dejó de ser un órgano que administra justicia desde la neutralidad y aplicación del ordenamiento jurídico para convertirse en un instrumento partidista para sentar en el banquillo al adversario en el momento más oportuno y archivar las causas propias para eludir la cárcel.
Los sindicatos mayoritarios, lejos de defender los intereses del trabajador, son cómplices silenciosos del partido que los financia, tolerando expedientes de regulación de empleo de empresas que han obtenido beneficios o la falta de transparencia en el acceso a la función pública.
El 15-M es el movimiento neutral y necesario de la sociedad actual, formado por miles de ciudadanos indignados con los privilegios y la inoperancia de la clase política que aspiran a recuperar una normalidad en el funcionamiento de las instituciones y a que las decisiones de los gobernantes respondan realmente a la voluntad colectiva.
El 15-M tiene unas reivindicaciones con las que se puede sentir identificado cualquier ciudadano que crea en la justicia, la libertad y la democracia, sin necesidad de etiquetar al movimiento políticamente, porque si lo hiciera incurriría en la contradicción de convertirse en lo que denuncia, contradicción en la que ya han incurrido algunas instituciones del Estado.

Por ello, las propuestas del 15-M deben ser escuchadas y tenidas en cuenta por los partidos, ya que supone una "intervención" necesaria del pueblo sobre la clase política para recuperar la democracia, único sistema político capaz de salvaguardar el interés general sobre el de los políticos y el de los mercados.

* El País - Opinión - 11.09.11

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El TSJ asume la causa de la basura de Torrevieja

ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha asumido la causa contra el exalcalde de Torrevieja y actual diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental por la adjudicación en 2004 del contrato de recogida de basura de la ciudad. En su condición de aforado, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ asumirá las diligencias del juzgado de instrucción nº4 de Torrevieja y será el nuevo magistrado instructor, Juan Climent, quien asuma la finalización del proceso.
La imputación de Hernández Mateo es consecuencia de la denuncia que presentó en enero de 2007 el edil de Los Verdes José Dolón García por la que el exalcalde torrevejense ya declaró como imputado en el juzgado de instrucción que asumió el procedimiento.

En su escrito de exposición motivada al TSJ para su inhibición, la instructora resaltó que Hernández Mateo adjudicó el contrato de la basura, a pesar de los informes desfavorables de los técnicos municipales, con la argucia de presentar un informe externo que, según dijo a la juez, "había cursado personalmente a tres despachos de abogados". Sin embargo, en su declaración en el juzgado, dos de ellos lo negaron.

Además, la juez instructora destaca que el exalcalde encargó finalmente el informe jurídico a un despacho profesional que en aquella época trabajaba habitualmente para la empresa Necso Entrecanales, a la que posteriormente le fue adjudicado el contrato en base al informe.

Hombre de Camps

Hernández Mateo accedió a la alcaldía de Torrevieja en 1987 y se mantuvo en el cargo hasta mayo de este año, cuando consiguió el escaño en las Cortes. Considerado uno de los hombres fuertes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la provincia, no tendrá una legislatura fácil porque a esta imputación suma otras dos.

Una, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información relacionado con la compraventa de una finca rústica que le reportó unas plusvalías de 5,2 millones de euros.

Otra, por la comisión de un supuesto delito electoral en los pasados comicios municipales por la celebración de un mitin que había prohibido la Junta Electoral de Zona, al que acudió, entre otros cargos, el mismo Camps. Hernández Mateo era, además, el representante legal del PP ante la junta de La Vega Baja.


* El País - A. BALAGUER - Alicante - 10/09/2011
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com

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Sanlúcar la Mayor.- La Justicia anula la compra de una casa por carecer del club social prometido

20MINUTOS/Sevilla* : Puede que tarde, pero cada vez más veces la Justicia acaba dando satisfacción al consumidor. La compra de una casa no es poca cosa, de modo que al compromiso asumido por la constructora o inmobiliaria le exigimos todo. Si promete vistas, que tenga vistas; si promete buenos acabados, que los tenga; y si promete un club social, deberá tenerlo.
Es lo que ha ocurrido en Sevilla. La promotora prometía un club social que a la hora de la verdad no existía. Ahora, la Audiencia de Sevilla ha confirmado el derecho de una pareja a rescindir la compra de su vivienda porque la urbanización donde está situada no ha construido el prometido club social. Según el juez, ésto constituye "un incumplimiento grave de un elemento esencial del contrato" ya que dado el lugar donde se ubica la urbanización, la casa "sin duda se destina no solamente a morada de los adquirientes, sino que incluye entre sus posibilidades las del ocio deportivo y social".

Sentencia similar del Supremo

Además, la promotora indicaba esas posibilidades de ocio "como uno de los elementos esenciales de la urbanización" cuando anunciaba su venta.

Las sentencia sucede en el tiempo a una de similar contenido del Tribunal Supremo, el pasado mes de agosto. En ese caso, el Supremo ratificó una sentencia de la Audiencia de Málaga que condenaba a una empresa inmobiliaria a resolver el contrato de compraventa de una vivienda que, según el folleto publicitario, tendría vistas a campo de golf, montaña y mar, lo que no se ajustó a la realidad.


Sin club social 3 años después de comprar

La Sección Octava de la Audiencia confirma la obligación de los promotores de devolver al comprador 49.125 euros, incrementados en los intereses legales, así como a pagar las costas del juicio en primera instancia y en la apelación.

El matrimonio compró el 4 de febrero de 2006 una vivienda en la urbanización Camino Real de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en un contrato que recogía como elementos comunes de la urbanización un club social de 400 metros cuadrados construidos y otros 3.000 metros de zonas verdes, con "restaurante, bar, comedor, dos pistas de pádel, gimnasio, dos saunas, piscina de 200 metros cuadrados y zona comercial".

En junio de 2008, fecha de entrega de la vivienda, no se habían concluido los equipamientos ofertados y consta que hasta julio de 2009 no se terminó la piscina. Además, en noviembre de 2009 no se había obtenido aún autorización para la construcción del club social, recoge la sentencia.


* 20 Minutos - EFE - 11.09.11
Foto: Nueva promoción de chalets adosados. (EFE)

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El Puerto.- La Audiencia rechaza demoler una casa ilegal porque hay muchas en la zona

DIARIODECÁDIZ* : La sentencia condena a 18 meses de prisión a la acusada de construir la vivienda en El Puerto y dice que desobedeció órdenes de paralizar las obras y de derribo y que la vendió engañando al comprador.
Una sentencia de la Audiencia ve probado que I.M. construyó en El Puerto sin licencia, en suelo no urbanizable, una unifamiliar de 142 metros cuadrados. La resolución explica que la procesada desobedeció la orden de paralizar las obras que le dio en su día el Ayuntamiento, que rompió los precintos y continuó construyendo. También que hizo caso omiso de otra orden de derribo y que vendió la casa sin decirle al comprador que era ilegal. Todo eso le costará a la procesada un par de multas y un año y medio de prisión por tres delitos, entre ellos desobediencia y estafa; esto es, una pena con la que probablemente eludirá la cárcel. La vivienda también saldrá bien librada: fue construida ilegalmente pero seguirá en pie.

El fiscal solicitó al tribunal que acordase en la sentencia la demolición de la casa pero los magistrados consideran que eso es "una medida desproporcionada". Vienen a explicar que en la zona en la que fue construida la vivienda, en la carretera de Sanlúcar, cerca de la venta El Pájaro, hay muchas otras casas similares, esto es, ilegales. Que ya en 2005, cuando fue levantada la casa, en el lugar había muchas viviendas. Y que, en fin, el bien jurídico protegido por el artículo 319,3 del Código Penal no es tanto la normativa urbanística como "el valor material de la ordenación del territorio, en su sentido constitucional de utilización racional del suelo orientado a los intereses generales".

"La filosofía que emana de las normas constitucionales es la de castigar las conductas objetivamente más graves, que originen consecuencias trascendentes para la ordenación del territorio", añade el tribunal al exponer las razones que le llevan a rechazar lo solicitado por el fiscal: el derribo de la casa que fue construida ilegalmente y que, como señala la sentencia en su apartado de hechos probados, no era legalizable cuando fue construida "ni actualmente".

Eso lo dice la sentencia inmediatamente antes de aclarar, también en el apartado de hechos probados, que "en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas similares".

La resolución es de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz. Según explica, en 2005, I.M., domiciliada en Jerez, promovió como administradora y representante de una entidad mercantil la construcción de una unifamiliar en una parcela de El Puerto, en la zona de la carretera de Sanlúcar, cerca de la venta El Pájaro. Lo hizo sin la preceptiva licencia municipal. Algo que no podía conseguir, y de lo que era consciente la procesada, porque la vivienda está en terreno clasificado como suelo no urbanizable en el Plan General de Ordenación de El Puerto, afirma el tribunal.

El Ayuntamiento de El Puerto decretó en mayo de 2005 la inmediata suspensión de las obras de la vivienda y la precintó. No obstante, señala la sentencia, I.M. continuó con las obras. Y en septiembre de ese mismo año, añade, vendió la parcela con la vivienda a J.N. por 90.151 euros.

La resolución indica que I.M. le ocultó al comprador la existencia de un expediente sancionador y también lo relativo a las órdenes de suspensión de las obras y al precinto. Concertada la compraventa, el Ayuntamiento notificó a I.M. el acuerdo de demolición de la vivienda y le concedió 30 días de plazo para derribarla. I.M., dice la sentencia, no informó de ello al comprador, que ha ejercido la acusación particular en el procedimiento penal.

El fiscal solicitó penas más elevadas que las acordadas en la sentencia: pidió dos años y tres meses de prisión por dos delitos, contra la ordenación del territorio y desobediencia. La acusación particular sumó a esos dos un tercer delito, estafa, por el que pidió 4 años de cárcel. La sentencia impone un total de un año y seis meses de prisión por los tres delitos (penas mínimas) porque la procesada carece de antecedentes penales y porque aplica una atenuante de dilaciones indebidas debido a un retraso injustificado en la tramitación de la causa.

El tribunal explica que la causa, iniciada en 2005, estuvo paralizada desde noviembre de 2007 hasta febrero de 2009: desde que el Juzgado de Instrucción pidió a la Junta de Andalucía un informe sobre una ortofotografía digital solicitado por el fiscal hasta que se recibió ese informe.

Además de la demolición de la vivienda, el fiscal reclamó el comiso de los efectos y ganancias procedentes del delito.

La sentencia también rechaza adoptar esa medida, que el tribunal igualmente considera "desproporcionada" en los delitos contra la ordenación del territorio. Máxime, explican los magistrado en la resolución, cuando ha sido rechazada la demolición de la vivienda por desproporcionada y, además, por "la dificultades que plantearía decomisar la construcción".


* Diario de Cádiz - 9,09,11
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es

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Parcent anula el PGOU y entierra el urbanismo depredador del PP

ELPAÍS/Alicante* : Más de cinco años le ha costado a Parcent cerrar definitivamente todos los caminos que abrió el PP entre 2005 y 2006 para aprobar tres planes parciales en suelo no urbanizable y construir 1.800 viviendas. El Consistorio, gobernado ahora por Coalició Democràtica de Parcent (CDP) con mayoría absoluta, aprobará en la sesión plenaria de finales de mes renunciar a la adjudicación de un contrato para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana que licitó el Gobierno del PP en octubre de 2006.
Esta decisión estaba pendiente de resolución y es la última de gran calado que deberá adoptar el CDP. Nada más alcanzar el poder, un pleno extraordinario del 2 de julio de 2007 sirvió para tomar la primera: desistir ante la Consejería de Territorio y Vivienda de la tramitación del concierto previo del Plan General de Parcent, basándose en la necesidad de "adaptar el futuro planeamiento a las necesidades reales de la localidad".

Ese concierto recogía la aprobación el 30 de enero de 2006 de tres alternativas técnicas para desarrollar los planes parciales El Replà, La Solana y El Cantalar, impulsados por las promotoras Terres de l'Horta, SL -del Grupo Ballester-, Arenal Parcent, SL, e Inmobiliaria Costa Villas. El objetivo era construir 1.800 viviendas en 1,4 millones de metros para quintuplicar la población de un municipio de La Vall de Pop de apenas 1.000 habitantes.

Pero la consejería decidió a finales de septiembre de 2009 no aprobar unos desarrollos urbanísticos que para entonces ya eran conocidos por generar la llamada doctrina Parcent. Primero porque fueron paralizados cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia. Después, porque la tenacidad vecinal provocó que el presidente del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo remitiera una carta de queja al Consell.

Aunque la próxima anulación de la redacción del PGOU se sustenta en cuestiones legales y en la aprobación desde su licitación hasta hoy de "múltiples normativas estatales y autonómicas" que haría inviable el contrato, el alcalde de la localidad, Máximo Revilla, pretende volver a sacarlo a concurso para su redacción "desde el sentido común y contando con la participación ciudadana". Revilla sostiene que "el anterior Plan General se hizo con un recorrido a la inversa, adjudicando primero los PAI para luego incluirlos en la redacción".

Sin embargo, al urbanismo de Parcent todavía le queda recorrido judicial, ya que el Consistorio recibió anteayer la demanda contencioso administrativa que ha presentado la mercantil adjudicataria de El Replà, donde Terres de l'Horta, SL, pretendía levantar 1.423 viviendas. A pesar de que su plan parcial fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento y desestimado finalmente por la consejería, la empresa del Grupo Ballester ha presentado la demanda contra el municipio para exigir una indemnización de 2.275.282 euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

La misma empresa ya presentó una querella por prevaricación contra el alcalde, los otros cuatro concejales de su primer Gobierno y el secretario municipal. Todos ellos tuvieron que prestar declaración en el juzgado a finales de 2009, aunque casi dos años después no han recibido noticia alguna. La querella fue interpuesta porque en octubre de 2007 Parcent aprobó en un pleno reclamar a la consejería de Territorio toda la documentación relativa a los planes parciales, una actuación que Terres de l'Horta interpretó como obstaculizadora para su tramitación.

Coalició Democràtica de Parcent consiguió desbancar al PP del poder en las elecciones de 2007, cuando obtuvo la mayoría absoluta. En 2011 creció y sumó el 63,54% de los votos. Desde entonces, su alcalde a título personal y el Ayuntamiento son perseguidos judicialmente.


* El País - ARTUR BALAGUER - Alicante - 09/09/2011
Foto: Parcent (Alicante), protesta vecinos (archivo) - levante-emv.com

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Del 15-S al 15-O: citas para calentar el otoño indignado

DIAGONAL* : El verano de 2011 en el Estado español ha sido anómalo por la intensidad y continuidad de las luchas sociales. Sin embargo, la persistencia de las políticas de austeridad con las que se está respondiendo a la crisis en EE UU y la Unión Europea hace que resulte previsible una nueva temporada de protestas. Las redes ya preparan sus debates y acciones. El reto es combinar la participación abierta con las respuestas rápidas a las maniobras de los gobiernos y las agencias al servicio de la élite. El “otoño caliente” es una clásica expresión sindical para presionar a los gobiernos y las patronales cuando los titulares del verano languidecen. Este año se cumplirá por otras vías.
ENCUENTRO INTERESTATAL DEL 15M - El 10 Y 11 de septiembre en Madrid, tercer encuentro interacampadas.
El primer encuentro de acampadas celebrado el 4 y 5 de junio fijó al menos dos fechas comunes de acción que luego se han demostrado importantes para el movimiento: el consenso en torno al 19 de junio como fecha de movilización conjunta y la celebración de las marchas indignadas, que confluyeron en Madrid el 23, 24 y 25 de julio. Con la idea de que la coordinación entre las diferentes acampadas y grupos de trabajo se ha mostrado útil, un grupo de personas de diferentes puntos del territorio ha preparado un nuevo encuentro para el 10 y 11 de septiembre en el parque del Retiro (Madrid). El grupo convocante se está organizando en la red social N-1 con el nombre de “Coordinación estatal 15M”. “Uno de los objetivos del encuentro es hacer posibles herramientas para crear agendas comunes con la mayor antelación que sea posible” explicaban en el correo de la convocatoria. El programa está abierto a la discusión en N-1 a cualquier participante en asambleas, comisiones o grupos de trabajo del movimiento. En caso de que la reunión resuelva los aspectos técnicos, se discutirán las estrategias coordinadas para el otoño y la época preelectoral.

HUB MEETING
Antiglobalización actualizada: 15-S

La organización del Barcelona Hub Meeting espera una afluencia de cerca de mil personas para el encuentro de redes globales del 15 al 18 de septiembre. La cita, convocada por Democracia Real Ya-Barcelona, pretende estrechar lazos para la movilización internacional del 15 de octubre contra las políticas de austeridad y por la democracia de base.

La composición de los participantes que ya han confirmado la asistencia refleja la evolución reciente de las luchas globales. En Barcelona estarán algunos de los grupos que han evolucionado desde el ciclo de luchas del llamado movimiento antiglobalización (el caso de diferentes nodos europeos de la red por la justicia fiscal ATTAC), pero también luchas emergidas en los últimos meses, como el movimiento marroquí 20 de febrero.

La defensa de la neutralidad de la red y del conocimiento libre, que fue una de las reivindicaciones que impulsó la convocatoria del 15 de mayo, estará presente a través de uno de los colectivos europeos que más la han dinamizado: la Agencia X-Net (antes conocida como La Ex). Otro elemento común con las protestas transnacionales anteriores a las revoluciones árabes es la participación de redes globales en torno a la educación: Edu-Factory y Knowledge Liberation Front, que aportaron valiosos elementos de análisis para las luchas europeas de estudiantes y precarios, también estarán en Barcelona.

OCCUPY WALL STREET CONVOCA A 20.000 PERSONAS PARA ACAMPAR EN LA “GOMORRA FINANCIERA DE AMÉRICA”
#TOMALABOLSA
Wall Street sigue el camino de Sol: 17-S

Las máscaras de Anonymous van camino de convertirse en icono global de la respuesta a la recesión internacional. Uno de los mensajes de este grupo de activistas advierte a los ejecutivos financieros de la próxima ocupación, el 17 de septiembre, de Wall Street, el corazón financiero de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York.

Los organizadores de esta acción anuncian que la táctica utilizada será la misma que desde la toma de la plaza Tahrir en Egipto se ha expandido por el Estado español, Alemania o Israel, una acción no violenta para la que se requieren tiendas de campaña, cocinas portátiles y se preparan pequeñas barricadas con el objetivo de permanecer “algunos meses” en esta zona de Manhattan. Además, la organización del acto ha explicitado que, en ningún caso se deben portar armas y que se resistirá pacíficamente la previsible intervención de la policía. Occupy Wall Street convoca a 20.000 personas para hacerse simbólicamente con la “Gomorra financiera de América” tal y como se explica en la web adbusters.org.

La convocatoria del 17 de septiembre ha tenido un efecto rebote y el mismo día se han convocado acciones similares en Norteamérica: El conocido como Wall Street del Oeste, la calle Montgomery en San Francisco (donde tienen sedes el Bank of America y Goldman Sachs) y Bay Street (Toronto) la plaza financiera más importante de Canadá, también serán ocupados el día 17. Asimismo, hay acciones convocadas en Sidney (Australia) y Tokyo (Japón). En la Unión Europea, también se llevarán a cabo protestas en Frankfurt, Milán, Londres y Madrid.

POR LO PÚBLICO
La educación y la sanidad, protagonistas: 18-S

Cortes de tráfico, acampadas en más de diez centros de atención primaria, concentraciones, marchas e incluso la ocupación de un centro de salud por parte del vecindario del Centro de Atención Primaria Can Tries, de Viladecavalls (Barcelona). El verano en Catalunya no ha traído un parón de las protestas sino que éstas han mantenido el mismo ritmo desde que el 14 de abril miles de personas tomaran la plaza de Sant Jaume en Barcelona contra el anuncio de recorte presupuestario realizado por el Gobierno convergente de Artur Mas.

Si el Gobierno de esta Comunidad se ha adelantado a los recortes en servicios públicos, desde la madrileña CAS estiman que la reforma de la constitución impulsada por PSOE y PP para limitar el déficit al 0,4% anual tendrá un efecto sobre el gasto público de unos 70.000 millones cada año hasta 2020.

Fanni, una de las integrantes de la asamblea de salud de la acampada de Barcelona cree que estas movilizaciones servirán para calentar el ambiente antes del 18 de septiembre. Ese día está convocada una movilización estatal de defensa de los servicios públicos, aunque, al cierre de esta edición, sólo están confirmadas dos manifestaciones, la de Barcelona y la de Madrid. La convocatoria se consensuó el fin de semana del 24 de julio, coincidiendo con la llegada a Madrid de las marchas populares indignadas, durante una asamblea del 15M interregional de grupos de sanidad. Además de los grupos de salud, educación, cultura y medioambiente del 15M, a la misma movilización se han sumado grupos que ya venían trabajando por los servicios públicos, como es el caso de Soy Pública, Matusalen o CAS Madrid. “El objetivo”, explica Antonio Gómez Liébana, de CAS Madrid, “es sumar a otros sectores públicos como servicios sociales o justicia”. Sólo en la Comunidad de Madrid, el curso escolar comenzará con 3.000 docentes menos, mientras los abogados del turno de oficio denuncian la privatización encubierta de la justicia gratuita.

LOS HOGARES HIPOTECADOS SE MANIFESTARÁN POR EL DERECHO A LA VIVIENDA EN AL MENOS 28 CIUDADES EL 25 DE SEPTIEMBRE

HIPOTECAS
Los hogares hipotecados salen a la calle:25-S

La movilizaciones contra los desalojos continúan y preparan un otoño caliente. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya ha convocado una manifestación a nivel estatal, el 25 de septiembre. Las protestas se repetirán de forma simultanea en 28 ciudades, e incluso aún está previsto que se sume algún municipio más.

Según el portavoz Plataforma de Afectados por la hipoteca de Madrid, Eloy Morte, la manifestación reclamará "el derecho a la vivienda, la dación en pago retroactiva, el fin de los desahucios y un parque de viviendas públicas de alquiler social". Morte también explica que el pasado el 31 de agosto se celebró una acción de protesta frente a la sede de Ibercaja, en la calle Alcalá 29. Además, el 8 septiembre se celebra la asamblea general de la PAH y confirma que ya se están preparando para impedir dos desalojos previstos en Madrid, el 3 de octubre en Getafe y el 5 de octubre en el barrio de la Elipa.

Por su parte, Miguel Marín, de la PAH de Murcia, informa de que en la comunidad murciana están previstos para estos meses "muchos desahucios, de los que ya nos han avisado, de otros tantos no nos enteramos. Según los datos oficiales que tenemos, en Murcia, casi a diario, unas 15 familias pierden su casa", asegura Marín. La plataforma murciana moviliza a una media de 100 personas cuando las familias les solicitan apoyo "son los inmigrantes los que suelen avisarnos, se movilizan más, los trabajadores españoles cuentan con el colchón familiar, aunque cada vez recurren más a la plataforma porque ven que la presión es efectiva", dice Marín. Añade que el mes de julio fue especialmente grave: "Todos los días teníamos algún aviso", apunta el portavoz de la plataforma murciana, que ha conseguido parar 30 desahucios desde que se pusieron en marcha el mes de febrero.

Según el portavoz de la plataforma, en septiembre y octubre está prevista en la región el tercer intento de de desahucio de ocho familias. “La justicia antes tardaba entre tres y cuatro meses en ordenar el desalojo, ahora se han acortado los plazos y en un mes llegan las notificaciones del juzgado”, informa Marín. Sobre la connivencia de los bancos en esta comunidad para lucrarse de las hipotecas y luego quedarse con la vivienda, explica que “ha sido escandaloso. Se han dado créditos a familias trabajadoras, muchas inmigrantes, que trabajaban en el campo a media jornada y no todos los días. Se les daba el 80 por ciento de la hipoteca y el resto en préstamos personales al 24%. ¿Cómo se puede dar 80.000 euros a un matrimonio que ganaba cada uno 400 euros al mes?, se pregunta. "Los documentos están ahí", concluye Marín.

En la misma línea, Rafa Mayoral abogado, responsable del departamento jurídico de la PAH-Madrid explica cómo la ley hipotecaria está hecha pensando en los bancos y para especular. "El Gobierno ha estado financiando ahora con dinero público a las entidades que han provocado la crisis, siendo ellos los responsables de los créditos basura para hacerse posteriormente con las viviendas", dice Mayoral. Añade que las entidades generaron productos financieros basura sabiendo que muchas familias no iban a poder pagar. "Captaron clientes y les dieron los préstamos haciendo encadenamientos de avales, con sobretasación de viviendas..., vieron ese filón de mercado en inmigrantes que mandaban remesas de dinero a sus países de origen, y que sabían perfectamente cuál era su situación lo mismo hicieron que con los trabajadores españoles humildes, también trabajadores de la construcción", dice el asesor jurídico de la PAH.

Para los representantes de la PAH las medidas tomadas por el Gobierno de Zapatero en el consejo de ministros de junio no han servido para paliar los desahucios. "Han tratado de paliar la alarma social", pero son incapaces de resolver la situación. "El Ejecutivo ha basado las medidas en planteamientos patrimoniales e hipotecarios, no en la dación en pago y en un parque móvil de viviendas de alquiler. No se mejora la deuda perpetua y la seguridad habitacional", dice Mayoral. Además, subraya que según el ordenamiento jurídico internacional no se puede llevar a cabo un desalojo forzoso si no existe una alternativa habitacional. "El Estado español viola así los derechos humanos, pero también los bancos que dejan en la calle a cientos de personas y que además hacen negocio acaparando el mercado inmobiliario", incide Mayoral.

CITA GLOBAL
Prueba para la #globalrevolution: 15-O

La convocatoria de una movilización global para el 15 de octubre no es nueva. Manje, un veterano del ciberactivismo, destaca que la fecha empezó a circular casi a la vez que la del 15 de mayo. Entonces, la pregunta que se lanzaba a los grupos de Democracia Real Ya era: “y después del 15 de mayo, qué?”. Inspirados por el movimiento islandés, que ha presionado y aportado propuestas en el proceso de reforma constitucional, los promotores del 15 de octubre trabajan en un Plan de Rescate Ciudadano para lanzar como propuesta en la cita, que será secundada por ATTAC Europa y otras redes transnacionales.

SINDICATOS POR UNA AGENDA COMÚN
Diferentes sindicatos de base discuten un calendario común de lucha

Una agenda común de lucha “hacia una huelga general contra las políticas de recortes y pérdida de derechos impulsada por el Gobierno y las instituciones europeas” es el objetivo de diferentes sindicatos de base para este otoño.

Desde comienzos de verano, los sindicatos CGT, CNT, Solidaridad Obrera, Co.Bas y la Coordinadora Sindicalismo de Clase han aparcado sus diferencias para “extender a los centros de trabajo la dinámica de movilización social generada por las asambleas en las plazas y los barrios”, en un explícito guiño al 15M.

Al cierre de este número, un nuevo encuentro previsto para el 2 de septiembre debía empezar a concretar las fechas conjuntas en torno a un día de lucha para el mes de octubre, “con la intención de combinar el efervescente movimiento social con la lucha y las herramientas de los sindicatos de clase y anticapitalistas en una respuesta unitaria y sin protagonismos”.

Las organizaciones convocantes hacen un llamamiento a la participación de todos los sindicatos y colectivos de trabajadores contrarios “a la política de pacto social y desmovilización impulsada por CC OO y UGT”. Al cierre de esta edición, las dos centrales convocaban una manifestación para el 6 de septiembre.
¿DÓNDE ENTERARSE DE TODO?

Estas recomendaciones son para seguir la actualidad minuto a minuto. Para participar activamente en grupos de trabajo y reuniones, nada como dirigirse al nodo local del 15M o colaborar en los grupos de la red social N-1: https://n-1.cc/

PÁGINAS PARA NO PERDERSE NADA

BCNHUBMEETING
El blog del encuentro para preparar el 15-O, alojado en
bcnhubmeeting.wordpress.com

POR LO PÚBLICO Para seguir las citas del 18S:
defiendelopublico.wordpress.com

HIPOTECAS y 25-S
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com

EN TWITTER

@15OCTOBERNET La cuenta de la convocatoria global para el 15 de octubre.

@DEMOCRACIAREAL El perfil más seguido del 15M, con casi 100.000 ‘followers’.

@ACAMPADASOL Todas las novedades de asambleas y grupos de trabajo 15M en Madrid.

@ACAMPADABCN Quieren acampar frente a Wall Street el 17S. Van en serio. El 15M barcelonés, con iniciativas propias como Universitat Indignada.

@TAKETHESQUARE La consigna ‘toma la plaza’ se internacionaliza.


* DIAGONAL - P. ELORDUY, M.J. ESTESO Y D.S. PARATCHA - 8.09.11

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Andratx.- Jaume Massot se enfrenta a tres años y medio de cárcel

DIARIODEMALLORCA* : La Audiencia de Palma juzgará al exdirector general del Territorio y exjefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, por una pieza del caso Andratx sobre la construcción supuestamente ilegal de una casa en suelo rústico, en la que el fiscal pide contra él 3 años y medio de cárcel. Massot se sentará en el banquillo de la sección 2ª de la Audiencia a partir de las 10.00 horas y el día 16 de septiembre para responder de los supuestos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio que le imputa el fiscal.
Otras siete personas también se enfrentan a diferentes penas dentro de esta pieza del caso Andratx, la número 9 de esta extensa causa de corrupción urbanística en el municipio mallorquín durante la legislatura 2003-2007 del PP.

Otros de los acusados son la propietaria del terreno donde se construyó la casa, María Jesús González, su marido y constructor, Emilio Martínez, y el hijo de ambos, Pedro Martínez, para quienes el fiscal pide 3 años y 8 meses de cárcel por los delitos de prevaricación urbanística, delito urbanístico y falsedad.

La Fiscalía también pide 3 años y medio de cárcel para la funcionaria de Urbanismo del Ayuntamiento Ángela Hernández por falsedad y un delito contra la ordenación del territorio; 2 años para el arquitecto director de las obras, Luis Ros, y 6 meses para el técnico del Ayuntamiento de Andratx Gabriel Vicens y el asesor jurídico del consistorio Jacobo Rodríguez Miranda por prevaricación urbanística.

Los hechos se remontan al año 2002, cuando María Jesús González adquirió una parcela rústica protegida en Andratx en la que, según el fiscal, no existía ninguna vivienda, sino simplemente una caseta de aperos en ruinas de 12 metros cuadrados.

En estas condiciones, afirma el escrito, era "imposible" autorizar la construcción en este terreno de una vivienda de nueva planta ni existía ninguna casa que se pudiera reformar.

Sin embargo, tanto la propietaria como su marido y su hijo comenzaron a hacer obras sin licencia en la casa de aperos, reconstruyéndola y ampliándola para que pareciera que la vivienda ya existía en el terreno cuando lo compraron.

El constructor era, según el fiscal, amigo tanto de Massot como del exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, lo que le permitió conseguir que el primero interviniera para obtener la licencia de obras.

Fue Massot, afirma el fiscal, quien le dijo a la funcionaria de Urbanismo acusada que hiciera constar que en la finca existía una vivienda de 50 metros cuadrados, un documento con el que el constructor acudió al Ayuntamiento para pedir una licencia de ampliación.

En el proyecto arquitectónico participaron el acusado Luis Ros y en la concesión de la licencia el abogado Jacobo Rodríguez Miranda, quien emitió un informe favorable en julio de 2005 cuando, según el fiscal, no le acreditaron que se cumplían las condiciones para ello.

Con esta licencia, que ratificó la junta de gobierno del consistorio, la propietaria y su familia construyeron una vivienda unifamiliar de nueva planta de 139 metros cuadrados de dos alturas durante los años 2005 y 2006.


* Diario De Mallorca - 8.09.11
Foto: Andratx (Mallorca), construcciones costa - efe, diariodemallorca.es

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Vigo suspende obras por 4,8 millones para pagar casi 11 a una inmobiliaria

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Vigo tendrá que modificar los presupuestos del actual ejercicio para detraer 4,8 millones de euros del capítulo de inversiones (varias humanizaciones de calles, la construcción de escuelas infantiles y de instalaciones deportivas, mejoras en el Casco Vello y otras partidas) para afrontar el pago inmediato de una deuda de 10,7 millones de euros con la promotora inmobiliaria Miraflores. Para cubrir los 5,9 millones restantes de esa deuda recurrirá al remanente de tesorería.
El problema viene coleando desde 1992. Entonces, con el socialista Carlos González Príncipe en la alcaldía, el Ayuntamiento acordó una permuta de terrenos con la promotora Miraflores por la que esta cedía terrenos -enfrente de la estación de autobuses, al otro lado de la avenida de Madrid- para construir el primer cinturón de circunvalación a cambio de otros para edificar en A Bouza.

La promotora no pudo edificar e inició el proceso para reclamar al Ayuntamiento una compensación que los sucesivos Gobiernos locales han ido aplazando, alargando el litigio, hasta tocar ahora fondo, cuando la suma de intereses, 5,1 millones de euros, ya es superior al principal de la deuda y los tribunales obligan a pagarla a tocateja y de una tacada.

El actual alcalde, Abel Caballero, intentó en el anterior mandato afrontar la indemnización vendiendo dos parcelas municipales, pero no encontró comprador para ellas y los tribunales tampoco aceptaron su pretensión de saldar la deuda a plazos. Ayer se dolía de la herencia que le corresponde por aquella "operación lastimosa y nefasta" de González Príncipe, con quien, a su vez, mantiene en el seno de la agrupación socialista local un ácido pulso, con un expediente de expulsión abierto al exalcalde como último episodio.

Caballero tachó ayer la gestión de González Príncipe de "catastrófica", aunque también recordó que ninguno de los regidores posteriores resolvió el problema. Ahora sí, según él, gracias a "la buena gestión" de su equipo y a que la economía municipal está saneada y puede asumir el pago de la deuda "con coste cero" para los vigueses, ya que las inversiones de las que se detraerán los 4,8 millones no se cancelan, sino que solo se aplazan para el próximo año.

"El tiempo nos da la razón y en este época de crisis tendremos que hacer frente al mayor desembolso de la historia de la ciudad, derivado de actuaciones urbanísticas de anteriores gobiernos socialistas", despachó ayer mismo el concejal Antonio Bernárdez, del PP, que acusó al PSOE de no haber tenido en los últimos años "la más mínima intención" de saldar la deuda y de no ofrecer alternativas de acuerdo con la promotora.

No obstante, el PP votará a favor de la modificación presupuestaria, que será aprobada mañana en un pleno extraordinario.


* El País - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 07/09/2011
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

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Costas denuncia al Ayuntamiento por reformar la plaza de La Mata sin permiso

INFORMACIÓN/Alicante* : Las obras de remodelación integral de la Plaza Encarnación Puchol, el principal espacio público de la pedanía de la Mata, no cuentan con autorización administrativa del Servicio Provincial de Costas. Ni tampoco con autorización de la administración autonómica, en este caso, de la Conselleria de Infraestructuras. Algo que desveló ayer Los Verdes (LV) adjuntando la denuncia de Costas y que la concejalía de Urbanismo negó horas después, admitiendo, por otra parte, que se solicitó autorización en mayo. En ese momento las obras ya estaban avanzadas y la fecha coincide con el registro de la denuncia en el Ayuntamiento.
Estas autorizaciones e informes, según la legislación, deberían ser anteriores al comienzo de las obras de la plaza al afectar a la servidumbre de tránsito y protección del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Así se recoge en el expediente emitido por la dirección general de Puertos y Costas de la Conselleria de Infraestructuras el 16 de mayo. Ese documento recoge a su vez la denuncia del Servicio de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, realizada en marzo, avalada con un reportaje fotográfico.

El documento insta al Ayuntamiento a solicitar la autorización en materia de Costas para las obras que se están realizando, presentando por duplicado, copia del proyecto de la actuación. Y expone que se debería "suspender" su ejecución porque resultan afectadas por el DPMT hasta que se obtenga la correspondiente autorización.
El grupo municipal de Los Verdes (LV) denunció ayer "la sistemática violación de la Ley de Costas que viene caracterizando la gestión del PP". Y ponen como ejemplo las "obras ilegales" del Paseo Juan Aparicio multadas con 800.000 euros y el "esperpéntico espectáculo ofrecido con las obras ilegales del malogrado balneario de lodos", también sancionadas.

"Afán de confusión"
El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, acusó a LV de intentar "desestabilizar al equipo de Gobierno" con declaraciones "falsas e insidiosas, confundiendo conceptos legales con el afán de la confusión perpetua (por eso), salgo en defensa de los técnicos de Torrevieja". El edil del PP aseguró que existe petición expresa a Costas y a la Generalitat en un proyecto que incluso "libera" parte de la servidumbre de protección (al derribarse las antiguas escuelas)". De hecho, el exalcalde Pedro Hernández vendió el derribo de este viejo edificio -algo que no gustaba a los materos- en el cumplimiento de una ley que se aprobó después de su construcción. Moreno aseguró que la petición "está tramitándose desde mayo" en la Conselleria (las obras comenzaron en febrero y están ejecutadas en un 90%). Este verano "se han paralizado para evitar molestias a los turistas", aseguró. "La pretensión es que, cuando la plaza esté acabada, llegue la autorización de uso como plaza pública y si hay que hacer cambios, se harán". Moreno defendió la legalidad de las obras porque "la plaza sigue siendo plaza y esos usos ya estaban autorizados".

El informe de costas
Una ampliación junto al mar
La remodelación de la plaza Encarnación Puchol fue uno de los últimos proyectos del exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo. En febrero acudió a La Mata para comprobar "in situ" el inicio de las obras de la plaza que ha visto ampliada su superficie hasta llegar los 8.000 metros cuadrados. El proyecto conlleva una reordenación del tráfico rodado y peatonal, así como mejoras de acceso y modificación en la entrada de la parroquia de La Mata. La obra está siendo financiada en su totalidad por el Ayuntamiento con una inversión de 600.000 euros. Inicialmente estaba previsto construir en la plaza de la Mata un aparcamiento subterráneo pero el concurso público no interesó a ninguna empresa y quedó desierto.


* Información - 6.09.11
Foto: Imagen de la plaza de Encarnación Puchol, prácticamente terminada en el centro de La Mata - información

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