El TSJ asume la causa de la basura de Torrevieja

ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha asumido la causa contra el exalcalde de Torrevieja y actual diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental por la adjudicación en 2004 del contrato de recogida de basura de la ciudad. En su condición de aforado, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ asumirá las diligencias del juzgado de instrucción nº4 de Torrevieja y será el nuevo magistrado instructor, Juan Climent, quien asuma la finalización del proceso.
La imputación de Hernández Mateo es consecuencia de la denuncia que presentó en enero de 2007 el edil de Los Verdes José Dolón García por la que el exalcalde torrevejense ya declaró como imputado en el juzgado de instrucción que asumió el procedimiento.

En su escrito de exposición motivada al TSJ para su inhibición, la instructora resaltó que Hernández Mateo adjudicó el contrato de la basura, a pesar de los informes desfavorables de los técnicos municipales, con la argucia de presentar un informe externo que, según dijo a la juez, "había cursado personalmente a tres despachos de abogados". Sin embargo, en su declaración en el juzgado, dos de ellos lo negaron.

Además, la juez instructora destaca que el exalcalde encargó finalmente el informe jurídico a un despacho profesional que en aquella época trabajaba habitualmente para la empresa Necso Entrecanales, a la que posteriormente le fue adjudicado el contrato en base al informe.

Hombre de Camps

Hernández Mateo accedió a la alcaldía de Torrevieja en 1987 y se mantuvo en el cargo hasta mayo de este año, cuando consiguió el escaño en las Cortes. Considerado uno de los hombres fuertes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la provincia, no tendrá una legislatura fácil porque a esta imputación suma otras dos.

Una, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información relacionado con la compraventa de una finca rústica que le reportó unas plusvalías de 5,2 millones de euros.

Otra, por la comisión de un supuesto delito electoral en los pasados comicios municipales por la celebración de un mitin que había prohibido la Junta Electoral de Zona, al que acudió, entre otros cargos, el mismo Camps. Hernández Mateo era, además, el representante legal del PP ante la junta de La Vega Baja.


* El País - A. BALAGUER - Alicante - 10/09/2011
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com

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Sanlúcar la Mayor.- La Justicia anula la compra de una casa por carecer del club social prometido

20MINUTOS/Sevilla* : Puede que tarde, pero cada vez más veces la Justicia acaba dando satisfacción al consumidor. La compra de una casa no es poca cosa, de modo que al compromiso asumido por la constructora o inmobiliaria le exigimos todo. Si promete vistas, que tenga vistas; si promete buenos acabados, que los tenga; y si promete un club social, deberá tenerlo.
Es lo que ha ocurrido en Sevilla. La promotora prometía un club social que a la hora de la verdad no existía. Ahora, la Audiencia de Sevilla ha confirmado el derecho de una pareja a rescindir la compra de su vivienda porque la urbanización donde está situada no ha construido el prometido club social. Según el juez, ésto constituye "un incumplimiento grave de un elemento esencial del contrato" ya que dado el lugar donde se ubica la urbanización, la casa "sin duda se destina no solamente a morada de los adquirientes, sino que incluye entre sus posibilidades las del ocio deportivo y social".

Sentencia similar del Supremo

Además, la promotora indicaba esas posibilidades de ocio "como uno de los elementos esenciales de la urbanización" cuando anunciaba su venta.

Las sentencia sucede en el tiempo a una de similar contenido del Tribunal Supremo, el pasado mes de agosto. En ese caso, el Supremo ratificó una sentencia de la Audiencia de Málaga que condenaba a una empresa inmobiliaria a resolver el contrato de compraventa de una vivienda que, según el folleto publicitario, tendría vistas a campo de golf, montaña y mar, lo que no se ajustó a la realidad.


Sin club social 3 años después de comprar

La Sección Octava de la Audiencia confirma la obligación de los promotores de devolver al comprador 49.125 euros, incrementados en los intereses legales, así como a pagar las costas del juicio en primera instancia y en la apelación.

El matrimonio compró el 4 de febrero de 2006 una vivienda en la urbanización Camino Real de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en un contrato que recogía como elementos comunes de la urbanización un club social de 400 metros cuadrados construidos y otros 3.000 metros de zonas verdes, con "restaurante, bar, comedor, dos pistas de pádel, gimnasio, dos saunas, piscina de 200 metros cuadrados y zona comercial".

En junio de 2008, fecha de entrega de la vivienda, no se habían concluido los equipamientos ofertados y consta que hasta julio de 2009 no se terminó la piscina. Además, en noviembre de 2009 no se había obtenido aún autorización para la construcción del club social, recoge la sentencia.


* 20 Minutos - EFE - 11.09.11
Foto: Nueva promoción de chalets adosados. (EFE)

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El Puerto.- La Audiencia rechaza demoler una casa ilegal porque hay muchas en la zona

DIARIODECÁDIZ* : La sentencia condena a 18 meses de prisión a la acusada de construir la vivienda en El Puerto y dice que desobedeció órdenes de paralizar las obras y de derribo y que la vendió engañando al comprador.
Una sentencia de la Audiencia ve probado que I.M. construyó en El Puerto sin licencia, en suelo no urbanizable, una unifamiliar de 142 metros cuadrados. La resolución explica que la procesada desobedeció la orden de paralizar las obras que le dio en su día el Ayuntamiento, que rompió los precintos y continuó construyendo. También que hizo caso omiso de otra orden de derribo y que vendió la casa sin decirle al comprador que era ilegal. Todo eso le costará a la procesada un par de multas y un año y medio de prisión por tres delitos, entre ellos desobediencia y estafa; esto es, una pena con la que probablemente eludirá la cárcel. La vivienda también saldrá bien librada: fue construida ilegalmente pero seguirá en pie.

El fiscal solicitó al tribunal que acordase en la sentencia la demolición de la casa pero los magistrados consideran que eso es "una medida desproporcionada". Vienen a explicar que en la zona en la que fue construida la vivienda, en la carretera de Sanlúcar, cerca de la venta El Pájaro, hay muchas otras casas similares, esto es, ilegales. Que ya en 2005, cuando fue levantada la casa, en el lugar había muchas viviendas. Y que, en fin, el bien jurídico protegido por el artículo 319,3 del Código Penal no es tanto la normativa urbanística como "el valor material de la ordenación del territorio, en su sentido constitucional de utilización racional del suelo orientado a los intereses generales".

"La filosofía que emana de las normas constitucionales es la de castigar las conductas objetivamente más graves, que originen consecuencias trascendentes para la ordenación del territorio", añade el tribunal al exponer las razones que le llevan a rechazar lo solicitado por el fiscal: el derribo de la casa que fue construida ilegalmente y que, como señala la sentencia en su apartado de hechos probados, no era legalizable cuando fue construida "ni actualmente".

Eso lo dice la sentencia inmediatamente antes de aclarar, también en el apartado de hechos probados, que "en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas similares".

La resolución es de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz. Según explica, en 2005, I.M., domiciliada en Jerez, promovió como administradora y representante de una entidad mercantil la construcción de una unifamiliar en una parcela de El Puerto, en la zona de la carretera de Sanlúcar, cerca de la venta El Pájaro. Lo hizo sin la preceptiva licencia municipal. Algo que no podía conseguir, y de lo que era consciente la procesada, porque la vivienda está en terreno clasificado como suelo no urbanizable en el Plan General de Ordenación de El Puerto, afirma el tribunal.

El Ayuntamiento de El Puerto decretó en mayo de 2005 la inmediata suspensión de las obras de la vivienda y la precintó. No obstante, señala la sentencia, I.M. continuó con las obras. Y en septiembre de ese mismo año, añade, vendió la parcela con la vivienda a J.N. por 90.151 euros.

La resolución indica que I.M. le ocultó al comprador la existencia de un expediente sancionador y también lo relativo a las órdenes de suspensión de las obras y al precinto. Concertada la compraventa, el Ayuntamiento notificó a I.M. el acuerdo de demolición de la vivienda y le concedió 30 días de plazo para derribarla. I.M., dice la sentencia, no informó de ello al comprador, que ha ejercido la acusación particular en el procedimiento penal.

El fiscal solicitó penas más elevadas que las acordadas en la sentencia: pidió dos años y tres meses de prisión por dos delitos, contra la ordenación del territorio y desobediencia. La acusación particular sumó a esos dos un tercer delito, estafa, por el que pidió 4 años de cárcel. La sentencia impone un total de un año y seis meses de prisión por los tres delitos (penas mínimas) porque la procesada carece de antecedentes penales y porque aplica una atenuante de dilaciones indebidas debido a un retraso injustificado en la tramitación de la causa.

El tribunal explica que la causa, iniciada en 2005, estuvo paralizada desde noviembre de 2007 hasta febrero de 2009: desde que el Juzgado de Instrucción pidió a la Junta de Andalucía un informe sobre una ortofotografía digital solicitado por el fiscal hasta que se recibió ese informe.

Además de la demolición de la vivienda, el fiscal reclamó el comiso de los efectos y ganancias procedentes del delito.

La sentencia también rechaza adoptar esa medida, que el tribunal igualmente considera "desproporcionada" en los delitos contra la ordenación del territorio. Máxime, explican los magistrado en la resolución, cuando ha sido rechazada la demolición de la vivienda por desproporcionada y, además, por "la dificultades que plantearía decomisar la construcción".


* Diario de Cádiz - 9,09,11
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es

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Parcent anula el PGOU y entierra el urbanismo depredador del PP

ELPAÍS/Alicante* : Más de cinco años le ha costado a Parcent cerrar definitivamente todos los caminos que abrió el PP entre 2005 y 2006 para aprobar tres planes parciales en suelo no urbanizable y construir 1.800 viviendas. El Consistorio, gobernado ahora por Coalició Democràtica de Parcent (CDP) con mayoría absoluta, aprobará en la sesión plenaria de finales de mes renunciar a la adjudicación de un contrato para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana que licitó el Gobierno del PP en octubre de 2006.
Esta decisión estaba pendiente de resolución y es la última de gran calado que deberá adoptar el CDP. Nada más alcanzar el poder, un pleno extraordinario del 2 de julio de 2007 sirvió para tomar la primera: desistir ante la Consejería de Territorio y Vivienda de la tramitación del concierto previo del Plan General de Parcent, basándose en la necesidad de "adaptar el futuro planeamiento a las necesidades reales de la localidad".

Ese concierto recogía la aprobación el 30 de enero de 2006 de tres alternativas técnicas para desarrollar los planes parciales El Replà, La Solana y El Cantalar, impulsados por las promotoras Terres de l'Horta, SL -del Grupo Ballester-, Arenal Parcent, SL, e Inmobiliaria Costa Villas. El objetivo era construir 1.800 viviendas en 1,4 millones de metros para quintuplicar la población de un municipio de La Vall de Pop de apenas 1.000 habitantes.

Pero la consejería decidió a finales de septiembre de 2009 no aprobar unos desarrollos urbanísticos que para entonces ya eran conocidos por generar la llamada doctrina Parcent. Primero porque fueron paralizados cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia. Después, porque la tenacidad vecinal provocó que el presidente del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo remitiera una carta de queja al Consell.

Aunque la próxima anulación de la redacción del PGOU se sustenta en cuestiones legales y en la aprobación desde su licitación hasta hoy de "múltiples normativas estatales y autonómicas" que haría inviable el contrato, el alcalde de la localidad, Máximo Revilla, pretende volver a sacarlo a concurso para su redacción "desde el sentido común y contando con la participación ciudadana". Revilla sostiene que "el anterior Plan General se hizo con un recorrido a la inversa, adjudicando primero los PAI para luego incluirlos en la redacción".

Sin embargo, al urbanismo de Parcent todavía le queda recorrido judicial, ya que el Consistorio recibió anteayer la demanda contencioso administrativa que ha presentado la mercantil adjudicataria de El Replà, donde Terres de l'Horta, SL, pretendía levantar 1.423 viviendas. A pesar de que su plan parcial fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento y desestimado finalmente por la consejería, la empresa del Grupo Ballester ha presentado la demanda contra el municipio para exigir una indemnización de 2.275.282 euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

La misma empresa ya presentó una querella por prevaricación contra el alcalde, los otros cuatro concejales de su primer Gobierno y el secretario municipal. Todos ellos tuvieron que prestar declaración en el juzgado a finales de 2009, aunque casi dos años después no han recibido noticia alguna. La querella fue interpuesta porque en octubre de 2007 Parcent aprobó en un pleno reclamar a la consejería de Territorio toda la documentación relativa a los planes parciales, una actuación que Terres de l'Horta interpretó como obstaculizadora para su tramitación.

Coalició Democràtica de Parcent consiguió desbancar al PP del poder en las elecciones de 2007, cuando obtuvo la mayoría absoluta. En 2011 creció y sumó el 63,54% de los votos. Desde entonces, su alcalde a título personal y el Ayuntamiento son perseguidos judicialmente.


* El País - ARTUR BALAGUER - Alicante - 09/09/2011
Foto: Parcent (Alicante), protesta vecinos (archivo) - levante-emv.com


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Del 15-S al 15-O: citas para calentar el otoño indignado

DIAGONAL* : El verano de 2011 en el Estado español ha sido anómalo por la intensidad y continuidad de las luchas sociales. Sin embargo, la persistencia de las políticas de austeridad con las que se está respondiendo a la crisis en EE UU y la Unión Europea hace que resulte previsible una nueva temporada de protestas. Las redes ya preparan sus debates y acciones. El reto es combinar la participación abierta con las respuestas rápidas a las maniobras de los gobiernos y las agencias al servicio de la élite. El “otoño caliente” es una clásica expresión sindical para presionar a los gobiernos y las patronales cuando los titulares del verano languidecen. Este año se cumplirá por otras vías.
ENCUENTRO INTERESTATAL DEL 15M - El 10 Y 11 de septiembre en Madrid, tercer encuentro interacampadas.
El primer encuentro de acampadas celebrado el 4 y 5 de junio fijó al menos dos fechas comunes de acción que luego se han demostrado importantes para el movimiento: el consenso en torno al 19 de junio como fecha de movilización conjunta y la celebración de las marchas indignadas, que confluyeron en Madrid el 23, 24 y 25 de julio. Con la idea de que la coordinación entre las diferentes acampadas y grupos de trabajo se ha mostrado útil, un grupo de personas de diferentes puntos del territorio ha preparado un nuevo encuentro para el 10 y 11 de septiembre en el parque del Retiro (Madrid). El grupo convocante se está organizando en la red social N-1 con el nombre de “Coordinación estatal 15M”. “Uno de los objetivos del encuentro es hacer posibles herramientas para crear agendas comunes con la mayor antelación que sea posible” explicaban en el correo de la convocatoria. El programa está abierto a la discusión en N-1 a cualquier participante en asambleas, comisiones o grupos de trabajo del movimiento. En caso de que la reunión resuelva los aspectos técnicos, se discutirán las estrategias coordinadas para el otoño y la época preelectoral.

HUB MEETING
Antiglobalización actualizada: 15-S

La organización del Barcelona Hub Meeting espera una afluencia de cerca de mil personas para el encuentro de redes globales del 15 al 18 de septiembre. La cita, convocada por Democracia Real Ya-Barcelona, pretende estrechar lazos para la movilización internacional del 15 de octubre contra las políticas de austeridad y por la democracia de base.

La composición de los participantes que ya han confirmado la asistencia refleja la evolución reciente de las luchas globales. En Barcelona estarán algunos de los grupos que han evolucionado desde el ciclo de luchas del llamado movimiento antiglobalización (el caso de diferentes nodos europeos de la red por la justicia fiscal ATTAC), pero también luchas emergidas en los últimos meses, como el movimiento marroquí 20 de febrero.

La defensa de la neutralidad de la red y del conocimiento libre, que fue una de las reivindicaciones que impulsó la convocatoria del 15 de mayo, estará presente a través de uno de los colectivos europeos que más la han dinamizado: la Agencia X-Net (antes conocida como La Ex). Otro elemento común con las protestas transnacionales anteriores a las revoluciones árabes es la participación de redes globales en torno a la educación: Edu-Factory y Knowledge Liberation Front, que aportaron valiosos elementos de análisis para las luchas europeas de estudiantes y precarios, también estarán en Barcelona.

OCCUPY WALL STREET CONVOCA A 20.000 PERSONAS PARA ACAMPAR EN LA “GOMORRA FINANCIERA DE AMÉRICA”
#TOMALABOLSA
Wall Street sigue el camino de Sol: 17-S

Las máscaras de Anonymous van camino de convertirse en icono global de la respuesta a la recesión internacional. Uno de los mensajes de este grupo de activistas advierte a los ejecutivos financieros de la próxima ocupación, el 17 de septiembre, de Wall Street, el corazón financiero de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York.

Los organizadores de esta acción anuncian que la táctica utilizada será la misma que desde la toma de la plaza Tahrir en Egipto se ha expandido por el Estado español, Alemania o Israel, una acción no violenta para la que se requieren tiendas de campaña, cocinas portátiles y se preparan pequeñas barricadas con el objetivo de permanecer “algunos meses” en esta zona de Manhattan. Además, la organización del acto ha explicitado que, en ningún caso se deben portar armas y que se resistirá pacíficamente la previsible intervención de la policía. Occupy Wall Street convoca a 20.000 personas para hacerse simbólicamente con la “Gomorra financiera de América” tal y como se explica en la web adbusters.org.

La convocatoria del 17 de septiembre ha tenido un efecto rebote y el mismo día se han convocado acciones similares en Norteamérica: El conocido como Wall Street del Oeste, la calle Montgomery en San Francisco (donde tienen sedes el Bank of America y Goldman Sachs) y Bay Street (Toronto) la plaza financiera más importante de Canadá, también serán ocupados el día 17. Asimismo, hay acciones convocadas en Sidney (Australia) y Tokyo (Japón). En la Unión Europea, también se llevarán a cabo protestas en Frankfurt, Milán, Londres y Madrid.

POR LO PÚBLICO
La educación y la sanidad, protagonistas: 18-S

Cortes de tráfico, acampadas en más de diez centros de atención primaria, concentraciones, marchas e incluso la ocupación de un centro de salud por parte del vecindario del Centro de Atención Primaria Can Tries, de Viladecavalls (Barcelona). El verano en Catalunya no ha traído un parón de las protestas sino que éstas han mantenido el mismo ritmo desde que el 14 de abril miles de personas tomaran la plaza de Sant Jaume en Barcelona contra el anuncio de recorte presupuestario realizado por el Gobierno convergente de Artur Mas.

Si el Gobierno de esta Comunidad se ha adelantado a los recortes en servicios públicos, desde la madrileña CAS estiman que la reforma de la constitución impulsada por PSOE y PP para limitar el déficit al 0,4% anual tendrá un efecto sobre el gasto público de unos 70.000 millones cada año hasta 2020.

Fanni, una de las integrantes de la asamblea de salud de la acampada de Barcelona cree que estas movilizaciones servirán para calentar el ambiente antes del 18 de septiembre. Ese día está convocada una movilización estatal de defensa de los servicios públicos, aunque, al cierre de esta edición, sólo están confirmadas dos manifestaciones, la de Barcelona y la de Madrid. La convocatoria se consensuó el fin de semana del 24 de julio, coincidiendo con la llegada a Madrid de las marchas populares indignadas, durante una asamblea del 15M interregional de grupos de sanidad. Además de los grupos de salud, educación, cultura y medioambiente del 15M, a la misma movilización se han sumado grupos que ya venían trabajando por los servicios públicos, como es el caso de Soy Pública, Matusalen o CAS Madrid. “El objetivo”, explica Antonio Gómez Liébana, de CAS Madrid, “es sumar a otros sectores públicos como servicios sociales o justicia”. Sólo en la Comunidad de Madrid, el curso escolar comenzará con 3.000 docentes menos, mientras los abogados del turno de oficio denuncian la privatización encubierta de la justicia gratuita.

LOS HOGARES HIPOTECADOS SE MANIFESTARÁN POR EL DERECHO A LA VIVIENDA EN AL MENOS 28 CIUDADES EL 25 DE SEPTIEMBRE

HIPOTECAS
Los hogares hipotecados salen a la calle:25-S

La movilizaciones contra los desalojos continúan y preparan un otoño caliente. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya ha convocado una manifestación a nivel estatal, el 25 de septiembre. Las protestas se repetirán de forma simultanea en 28 ciudades, e incluso aún está previsto que se sume algún municipio más.

Según el portavoz Plataforma de Afectados por la hipoteca de Madrid, Eloy Morte, la manifestación reclamará "el derecho a la vivienda, la dación en pago retroactiva, el fin de los desahucios y un parque de viviendas públicas de alquiler social". Morte también explica que el pasado el 31 de agosto se celebró una acción de protesta frente a la sede de Ibercaja, en la calle Alcalá 29. Además, el 8 septiembre se celebra la asamblea general de la PAH y confirma que ya se están preparando para impedir dos desalojos previstos en Madrid, el 3 de octubre en Getafe y el 5 de octubre en el barrio de la Elipa.

Por su parte, Miguel Marín, de la PAH de Murcia, informa de que en la comunidad murciana están previstos para estos meses "muchos desahucios, de los que ya nos han avisado, de otros tantos no nos enteramos. Según los datos oficiales que tenemos, en Murcia, casi a diario, unas 15 familias pierden su casa", asegura Marín. La plataforma murciana moviliza a una media de 100 personas cuando las familias les solicitan apoyo "son los inmigrantes los que suelen avisarnos, se movilizan más, los trabajadores españoles cuentan con el colchón familiar, aunque cada vez recurren más a la plataforma porque ven que la presión es efectiva", dice Marín. Añade que el mes de julio fue especialmente grave: "Todos los días teníamos algún aviso", apunta el portavoz de la plataforma murciana, que ha conseguido parar 30 desahucios desde que se pusieron en marcha el mes de febrero.

Según el portavoz de la plataforma, en septiembre y octubre está prevista en la región el tercer intento de de desahucio de ocho familias. “La justicia antes tardaba entre tres y cuatro meses en ordenar el desalojo, ahora se han acortado los plazos y en un mes llegan las notificaciones del juzgado”, informa Marín. Sobre la connivencia de los bancos en esta comunidad para lucrarse de las hipotecas y luego quedarse con la vivienda, explica que “ha sido escandaloso. Se han dado créditos a familias trabajadoras, muchas inmigrantes, que trabajaban en el campo a media jornada y no todos los días. Se les daba el 80 por ciento de la hipoteca y el resto en préstamos personales al 24%. ¿Cómo se puede dar 80.000 euros a un matrimonio que ganaba cada uno 400 euros al mes?, se pregunta. "Los documentos están ahí", concluye Marín.

En la misma línea, Rafa Mayoral abogado, responsable del departamento jurídico de la PAH-Madrid explica cómo la ley hipotecaria está hecha pensando en los bancos y para especular. "El Gobierno ha estado financiando ahora con dinero público a las entidades que han provocado la crisis, siendo ellos los responsables de los créditos basura para hacerse posteriormente con las viviendas", dice Mayoral. Añade que las entidades generaron productos financieros basura sabiendo que muchas familias no iban a poder pagar. "Captaron clientes y les dieron los préstamos haciendo encadenamientos de avales, con sobretasación de viviendas..., vieron ese filón de mercado en inmigrantes que mandaban remesas de dinero a sus países de origen, y que sabían perfectamente cuál era su situación lo mismo hicieron que con los trabajadores españoles humildes, también trabajadores de la construcción", dice el asesor jurídico de la PAH.

Para los representantes de la PAH las medidas tomadas por el Gobierno de Zapatero en el consejo de ministros de junio no han servido para paliar los desahucios. "Han tratado de paliar la alarma social", pero son incapaces de resolver la situación. "El Ejecutivo ha basado las medidas en planteamientos patrimoniales e hipotecarios, no en la dación en pago y en un parque móvil de viviendas de alquiler. No se mejora la deuda perpetua y la seguridad habitacional", dice Mayoral. Además, subraya que según el ordenamiento jurídico internacional no se puede llevar a cabo un desalojo forzoso si no existe una alternativa habitacional. "El Estado español viola así los derechos humanos, pero también los bancos que dejan en la calle a cientos de personas y que además hacen negocio acaparando el mercado inmobiliario", incide Mayoral.

CITA GLOBAL
Prueba para la #globalrevolution: 15-O

La convocatoria de una movilización global para el 15 de octubre no es nueva. Manje, un veterano del ciberactivismo, destaca que la fecha empezó a circular casi a la vez que la del 15 de mayo. Entonces, la pregunta que se lanzaba a los grupos de Democracia Real Ya era: “y después del 15 de mayo, qué?”. Inspirados por el movimiento islandés, que ha presionado y aportado propuestas en el proceso de reforma constitucional, los promotores del 15 de octubre trabajan en un Plan de Rescate Ciudadano para lanzar como propuesta en la cita, que será secundada por ATTAC Europa y otras redes transnacionales.

SINDICATOS POR UNA AGENDA COMÚN
Diferentes sindicatos de base discuten un calendario común de lucha

Una agenda común de lucha “hacia una huelga general contra las políticas de recortes y pérdida de derechos impulsada por el Gobierno y las instituciones europeas” es el objetivo de diferentes sindicatos de base para este otoño.

Desde comienzos de verano, los sindicatos CGT, CNT, Solidaridad Obrera, Co.Bas y la Coordinadora Sindicalismo de Clase han aparcado sus diferencias para “extender a los centros de trabajo la dinámica de movilización social generada por las asambleas en las plazas y los barrios”, en un explícito guiño al 15M.

Al cierre de este número, un nuevo encuentro previsto para el 2 de septiembre debía empezar a concretar las fechas conjuntas en torno a un día de lucha para el mes de octubre, “con la intención de combinar el efervescente movimiento social con la lucha y las herramientas de los sindicatos de clase y anticapitalistas en una respuesta unitaria y sin protagonismos”.

Las organizaciones convocantes hacen un llamamiento a la participación de todos los sindicatos y colectivos de trabajadores contrarios “a la política de pacto social y desmovilización impulsada por CC OO y UGT”. Al cierre de esta edición, las dos centrales convocaban una manifestación para el 6 de septiembre.

¿DÓNDE ENTERARSE DE TODO?

Estas recomendaciones son para seguir la actualidad minuto a minuto. Para participar activamente en grupos de trabajo y reuniones, nada como dirigirse al nodo local del 15M o colaborar en los grupos de la red social N-1: https://n-1.cc/

PÁGINAS PARA NO PERDERSE NADA

BCNHUBMEETING
El blog del encuentro para preparar el 15-O, alojado en
bcnhubmeeting.wordpress.com

POR LO PÚBLICO Para seguir las citas del 18S:
defiendelopublico.wordpress.com

HIPOTECAS y 25-S
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com

EN TWITTER

@15OCTOBERNET La cuenta de la convocatoria global para el 15 de octubre.

@DEMOCRACIAREAL El perfil más seguido del 15M, con casi 100.000 ‘followers’.

@ACAMPADASOL Todas las novedades de asambleas y grupos de trabajo 15M en Madrid.

@ACAMPADABCN Quieren acampar frente a Wall Street el 17S. Van en serio. El 15M barcelonés, con iniciativas propias como Universitat Indignada.

@TAKETHESQUARE La consigna ‘toma la plaza’ se internacionaliza.


* DIAGONAL - P. ELORDUY, M.J. ESTESO Y D.S. PARATCHA - 8.09.11

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Andratx.- Jaume Massot se enfrenta a tres años y medio de cárcel

DIARIODEMALLORCA* : La Audiencia de Palma juzgará al exdirector general del Territorio y exjefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, por una pieza del caso Andratx sobre la construcción supuestamente ilegal de una casa en suelo rústico, en la que el fiscal pide contra él 3 años y medio de cárcel. Massot se sentará en el banquillo de la sección 2ª de la Audiencia a partir de las 10.00 horas y el día 16 de septiembre para responder de los supuestos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio que le imputa el fiscal.
Otras siete personas también se enfrentan a diferentes penas dentro de esta pieza del caso Andratx, la número 9 de esta extensa causa de corrupción urbanística en el municipio mallorquín durante la legislatura 2003-2007 del PP.

Otros de los acusados son la propietaria del terreno donde se construyó la casa, María Jesús González, su marido y constructor, Emilio Martínez, y el hijo de ambos, Pedro Martínez, para quienes el fiscal pide 3 años y 8 meses de cárcel por los delitos de prevaricación urbanística, delito urbanístico y falsedad.

La Fiscalía también pide 3 años y medio de cárcel para la funcionaria de Urbanismo del Ayuntamiento Ángela Hernández por falsedad y un delito contra la ordenación del territorio; 2 años para el arquitecto director de las obras, Luis Ros, y 6 meses para el técnico del Ayuntamiento de Andratx Gabriel Vicens y el asesor jurídico del consistorio Jacobo Rodríguez Miranda por prevaricación urbanística.

Los hechos se remontan al año 2002, cuando María Jesús González adquirió una parcela rústica protegida en Andratx en la que, según el fiscal, no existía ninguna vivienda, sino simplemente una caseta de aperos en ruinas de 12 metros cuadrados.

En estas condiciones, afirma el escrito, era "imposible" autorizar la construcción en este terreno de una vivienda de nueva planta ni existía ninguna casa que se pudiera reformar.

Sin embargo, tanto la propietaria como su marido y su hijo comenzaron a hacer obras sin licencia en la casa de aperos, reconstruyéndola y ampliándola para que pareciera que la vivienda ya existía en el terreno cuando lo compraron.

El constructor era, según el fiscal, amigo tanto de Massot como del exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, lo que le permitió conseguir que el primero interviniera para obtener la licencia de obras.

Fue Massot, afirma el fiscal, quien le dijo a la funcionaria de Urbanismo acusada que hiciera constar que en la finca existía una vivienda de 50 metros cuadrados, un documento con el que el constructor acudió al Ayuntamiento para pedir una licencia de ampliación.

En el proyecto arquitectónico participaron el acusado Luis Ros y en la concesión de la licencia el abogado Jacobo Rodríguez Miranda, quien emitió un informe favorable en julio de 2005 cuando, según el fiscal, no le acreditaron que se cumplían las condiciones para ello.

Con esta licencia, que ratificó la junta de gobierno del consistorio, la propietaria y su familia construyeron una vivienda unifamiliar de nueva planta de 139 metros cuadrados de dos alturas durante los años 2005 y 2006.


* Diario De Mallorca - 8.09.11
Foto: Andratx (Mallorca), construcciones costa - efe, diariodemallorca.es

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Vigo suspende obras por 4,8 millones para pagar casi 11 a una inmobiliaria

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Vigo tendrá que modificar los presupuestos del actual ejercicio para detraer 4,8 millones de euros del capítulo de inversiones (varias humanizaciones de calles, la construcción de escuelas infantiles y de instalaciones deportivas, mejoras en el Casco Vello y otras partidas) para afrontar el pago inmediato de una deuda de 10,7 millones de euros con la promotora inmobiliaria Miraflores. Para cubrir los 5,9 millones restantes de esa deuda recurrirá al remanente de tesorería.
El problema viene coleando desde 1992. Entonces, con el socialista Carlos González Príncipe en la alcaldía, el Ayuntamiento acordó una permuta de terrenos con la promotora Miraflores por la que esta cedía terrenos -enfrente de la estación de autobuses, al otro lado de la avenida de Madrid- para construir el primer cinturón de circunvalación a cambio de otros para edificar en A Bouza.

La promotora no pudo edificar e inició el proceso para reclamar al Ayuntamiento una compensación que los sucesivos Gobiernos locales han ido aplazando, alargando el litigio, hasta tocar ahora fondo, cuando la suma de intereses, 5,1 millones de euros, ya es superior al principal de la deuda y los tribunales obligan a pagarla a tocateja y de una tacada.

El actual alcalde, Abel Caballero, intentó en el anterior mandato afrontar la indemnización vendiendo dos parcelas municipales, pero no encontró comprador para ellas y los tribunales tampoco aceptaron su pretensión de saldar la deuda a plazos. Ayer se dolía de la herencia que le corresponde por aquella "operación lastimosa y nefasta" de González Príncipe, con quien, a su vez, mantiene en el seno de la agrupación socialista local un ácido pulso, con un expediente de expulsión abierto al exalcalde como último episodio.

Caballero tachó ayer la gestión de González Príncipe de "catastrófica", aunque también recordó que ninguno de los regidores posteriores resolvió el problema. Ahora sí, según él, gracias a "la buena gestión" de su equipo y a que la economía municipal está saneada y puede asumir el pago de la deuda "con coste cero" para los vigueses, ya que las inversiones de las que se detraerán los 4,8 millones no se cancelan, sino que solo se aplazan para el próximo año.

"El tiempo nos da la razón y en este época de crisis tendremos que hacer frente al mayor desembolso de la historia de la ciudad, derivado de actuaciones urbanísticas de anteriores gobiernos socialistas", despachó ayer mismo el concejal Antonio Bernárdez, del PP, que acusó al PSOE de no haber tenido en los últimos años "la más mínima intención" de saldar la deuda y de no ofrecer alternativas de acuerdo con la promotora.

No obstante, el PP votará a favor de la modificación presupuestaria, que será aprobada mañana en un pleno extraordinario.


* El País - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 07/09/2011
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

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Costas denuncia al Ayuntamiento por reformar la plaza de La Mata sin permiso

INFORMACIÓN/Alicante* : Las obras de remodelación integral de la Plaza Encarnación Puchol, el principal espacio público de la pedanía de la Mata, no cuentan con autorización administrativa del Servicio Provincial de Costas. Ni tampoco con autorización de la administración autonómica, en este caso, de la Conselleria de Infraestructuras. Algo que desveló ayer Los Verdes (LV) adjuntando la denuncia de Costas y que la concejalía de Urbanismo negó horas después, admitiendo, por otra parte, que se solicitó autorización en mayo. En ese momento las obras ya estaban avanzadas y la fecha coincide con el registro de la denuncia en el Ayuntamiento.
Estas autorizaciones e informes, según la legislación, deberían ser anteriores al comienzo de las obras de la plaza al afectar a la servidumbre de tránsito y protección del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Así se recoge en el expediente emitido por la dirección general de Puertos y Costas de la Conselleria de Infraestructuras el 16 de mayo. Ese documento recoge a su vez la denuncia del Servicio de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, realizada en marzo, avalada con un reportaje fotográfico.

El documento insta al Ayuntamiento a solicitar la autorización en materia de Costas para las obras que se están realizando, presentando por duplicado, copia del proyecto de la actuación. Y expone que se debería "suspender" su ejecución porque resultan afectadas por el DPMT hasta que se obtenga la correspondiente autorización.
El grupo municipal de Los Verdes (LV) denunció ayer "la sistemática violación de la Ley de Costas que viene caracterizando la gestión del PP". Y ponen como ejemplo las "obras ilegales" del Paseo Juan Aparicio multadas con 800.000 euros y el "esperpéntico espectáculo ofrecido con las obras ilegales del malogrado balneario de lodos", también sancionadas.

"Afán de confusión"
El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, acusó a LV de intentar "desestabilizar al equipo de Gobierno" con declaraciones "falsas e insidiosas, confundiendo conceptos legales con el afán de la confusión perpetua (por eso), salgo en defensa de los técnicos de Torrevieja". El edil del PP aseguró que existe petición expresa a Costas y a la Generalitat en un proyecto que incluso "libera" parte de la servidumbre de protección (al derribarse las antiguas escuelas)". De hecho, el exalcalde Pedro Hernández vendió el derribo de este viejo edificio -algo que no gustaba a los materos- en el cumplimiento de una ley que se aprobó después de su construcción. Moreno aseguró que la petición "está tramitándose desde mayo" en la Conselleria (las obras comenzaron en febrero y están ejecutadas en un 90%). Este verano "se han paralizado para evitar molestias a los turistas", aseguró. "La pretensión es que, cuando la plaza esté acabada, llegue la autorización de uso como plaza pública y si hay que hacer cambios, se harán". Moreno defendió la legalidad de las obras porque "la plaza sigue siendo plaza y esos usos ya estaban autorizados".

El informe de costas
Una ampliación junto al mar
La remodelación de la plaza Encarnación Puchol fue uno de los últimos proyectos del exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo. En febrero acudió a La Mata para comprobar "in situ" el inicio de las obras de la plaza que ha visto ampliada su superficie hasta llegar los 8.000 metros cuadrados. El proyecto conlleva una reordenación del tráfico rodado y peatonal, así como mejoras de acceso y modificación en la entrada de la parroquia de La Mata. La obra está siendo financiada en su totalidad por el Ayuntamiento con una inversión de 600.000 euros. Inicialmente estaba previsto construir en la plaza de la Mata un aparcamiento subterráneo pero el concurso público no interesó a ninguna empresa y quedó desierto.


* Información - 6.09.11
Foto: Imagen de la plaza de Encarnación Puchol, prácticamente terminada en el centro de La Mata - información

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Sevilla.- La Fiscalía denuncia en el juzgado la obra "ilegal" de la Casa de la Moneda

DIARIODESEVILLA* : La obra de la Casa de la Moneda seguirá paralizada después de que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico haya presentado en el juzgado una querella contra el arquitecto y los promotores de una rehabilitación que el Ministerio Público considera "ilegal". La querella de la Fiscalía, que se dirige en principio contra el arquitecto del proyecto, Fernando C. F., el coordinador de seguridad y salud, Rufo J.S.P., y los representantes de la sociedad Patio del Tesorero, considera que el proyecto incluyó "datos falsos" en relación con un ático "que nunca existió" y denuncia que además se demolieron sin autorización diversos tramos de los muros preexistentes de las crujías originales del edificio, que datan de los siglos XIII, XVIII y XIX.
La querella de la Fiscalía, que ya está investigando el juzgado de Instrucción nº14 de Sevilla, recuerda que la Casa de la Moneda es un edificio declarado Bien de Interés Cultural, inscrito en el catálogo general de Patrimonio Histórico andaluz con un nivel de protección "B".

Las obras fueron inicialmente autorizadas por la comisión provincial de Patrimonio en septiembre de 2009 y consistían en la construcción de diez viviendas y dos locales pero, según el Ministerio Público, la "intención de los querellados era llevar a cabo sobre el edificio singularmente protegido obras legalmente prohibidas".

La Fiscalía sostiene que tanto el reformado del proyecto básico, como en varios documentos anteriores presentados por la promotora y el arquitecto, preveían obras "irregulares sobre el ático", aunque el proyecto definitivo reflejaba una superficie construida preexistente de 6,30 metros cuatros menos que los anteriores (115,82 metros cuadrados frente a 122,12). En cualquier caso, para la Fiscalía de Urbanismo, el reformado del proyecto hacía constar un estado del ático "que no se correspondía con la realidad histórica", porque se "dibujó un remonte por encima de la segunda planta que nunca existió".

La Fiscalía asevera que el "objetivo del arquitecto y de los representantes de la promotora era hacer creer que la superficie construida total preexistente era sustancialmente superior a la real", por lo que "en absoluto recuperaban el estado original del edificio" como exigen las ordenanzas del catálogo del plan especial del sector 13.1 Casa de la Moneda.

Con estos "datos falsos" incluidos en el proyecto, el fiscal entiende que los querellados "indujeron a error" a la comisión de Patrimonio y obtuvieron la autorización de la delegación de Cultura, al tiempo que ejecutaron las obras "incumpliendo lo autorizado", pues no está permitido ninguna demolición salvo que se haya declarado firme la situación de ruina y previo informe de determinadas instituciones.

Las demoliciones practicadas, por la antigüedad del edificio y su valor histórico, causaron "daños de imposible reparación", que han alterado "gravemente" el estado original del inmueble de la Real Casa de la Moneda y que inicialmente han sido calculadas -a pesar del "incalculable valor histórico"- en unos 225.268 euros, señala la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico, y ha solicitado al juez que cite a declarar como imputados a los promotores y a los técnicos que intervinieron en el proyecto.


* Diario de Sevilla - 8.09.11
Foto: La fotografía muestra el estado actual de las obras de la Casa de la Moneda, paralizadas desde enero pasado.- diariosevilla

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Arranca en Brasil el movimiento de los indignados contra la corrupción

ELPAÍS* : La celebración del Día de la Independencia este 7 de septiembre en Brasil viene marcada por la protesta. El movimiento de indignados contra la corrupción ha escogido esta fecha para empezar sus movilizaciones, que recorrerán 35 ciudades de 20 Estados de todo el país en los próximos días. Todas han sido convocadas a través de las redes sociales con la participación de 130.000 internautas.
Hoy ha sido el turno, entre otras, de São Paulo, con cinco marchas simultáneas en diferentes puntos de la ciudad, y Brasilia. En Río de Janeiro la manifestación se ha convocado para el 20 de septiembre en la céntrica y mítica plaza de Cinelandia, escenario histórico de protestas civiles. En Brasilia, la manifestación ha reunido a 25.000 personas, según la policía. La protesta discurre a 300 metros del desfile nacional de la independencia, presidido por la jefa de Estado, Dilma Rousseff.

Las fuerzas del orden no han permitido a los participantes acercarse a la ceremonia oficial pese a que las manifestaciones han sido anunciadas por los organizadores como pacíficas y desligadas de cualquier partido, "en la línea del 15-M de Madrid", según destaca el diario O Globo. Al revés, como han indicado los nueve senadores que han creado un grupo de apoyo a las manifestaciones contra la corrupción, se trata más bien de "defender la iniciativa de la presidenta de endurecer sus acciones contra la ilegalidad, vista con malos ojos hasta por políticos de su mismo partido y de algunos partidos aliados del Gobierno que han perdido ya cuatro ministros".

Los manifestantes, tanto en Brasilia como en São Paulo y en las otras ciudades han salido con pancartas contra la corrupción y la impunidad, en las que se leían frases como "no, vosotros no podéis"o "el lugar de los políticos corruptos es la cárcel". Con las caras pintadas, muchos vestidos de negro en señal de luto o con narices de payasos y haciendo ruido con todo lo que podían, los manifestantes no han provocado ningún altercado que haya precisado la intervención de la policía.

Entre las reivindicaciones de los indignados de Brasilia estaba que el Supremo juzgue y condene a los 37 acusados del gran escándalo político de 2005, con el soborno a los diputados por parte del Gobierno que casi le costó el cargo al entonces Presidente Lula.

Aunque el grueso de los manifestantes lo componían los jóvenes, en las marchas también se ha visto a niños y personas mayores. Los miles de manifestantes que han salido a la calle en todo el país tienen un mérito especial, según ha dicho el senador Cristovam Buarque -uno de los nueve miembros de la Cámara Alta que apoyan a los indignados- porque a la misma no se han adherido ni el Partido de los Trabajadores (PT), que en el pasado siempre ha estado al frente de todas las grandes protestas sociales, ni movimientos como los Sin Tierra, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) o los grandes sindicatos.

El procurador general de la República, Roberto Gurgel, sí ha dado su apoyo a las manifestaciones. Las apoyan también el Colegio de Abogados de Brasil (OAB), la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB) y la Federación de Industria de Río (Firjan), que además ha lanzado el Manifiesto de empresarios brasileños a favor de la ética en la política.

A través de las redes sociales se ha pedido a los manifestantes que salgan con las caras pintadas de negro en señal de luto por la corrupción que humilla al país. Walter Magalhães, de 28 años, uno de los organizadores de la marcha de Brasilia, comenta: "No basta con quedarse sentados cómodos en el sofá. Necesitamos hacer algo para demostrar que estamos vivos y en contra de toda esa corrupción".

Como las manifestaciones han sido organizadas a través de Internet por las redes sociales, es imprevisible el número de participantes, aunque, como destacan los analistas políticos, lo importante es que "el fuego ya ha prendido".


* El País - JUAN ARIAS | Río de Janeiro 07/09/2011
Foto: Los indignados comienzan a organizarse en Brasil- FERNANDO BIZERRA JR. (EFE)

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La Junta intentó legalizar otros 50 ‘Algarrobicos’ en el parque natural de Cabo de Gata

ELCONFIDENCIAL/Almería* : El Algarrobico es la metáfora, la imagen mediática, de la destrucción costera en el Mediterráneo. Aún siendo grave la construcción del mastodóntico hotel, en el mismo Parque natural del Cabo de Gata existían otros 50 Algarrobicos listos para ser aprobados por la Junta de Andalucía. Las denuncias ecologistas paralizaron este medio centenar de zonas ilegales que estaba dispuesto a autorizar el Gobierno andaluz.
“Algarrobico supone una gota de agua minúscula en los planes urbanísticos que se quieren desarrollar en esta zona y en todo el Levante almeriense”, explica a El Confidencial Jaime del Val, portavoz de Salvemos Mojácar, que se unió ayer al encierro de Greenpeace en el hotel almeriense. Estos 50 Algarrobicos figuraban en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar (Almería) en el que también está incluido el complejo turístico a medio terminar del término municipal de Carboneras. El Tribunal Supremo (TS) decidirá el próximo 21 de septiembre si cumple la suspensión cautelar del PORN aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tildó el “efecto devastador” del hotel de la promotora Azata del Sol.

Salvemos Mojácar no tiene muy claro si la medida de Greenpeace en el Algarrobico tendrá éxito. Lo consideran “una batalla a largo plazo ante la nula voluntad de las administraciones par solucionar el problema”. La medida de reducir el IVA para la compra de vivienda del 8% al 4% no supondrá “un cambio de modelo como se pretendía; es más, propiciará de nuevo el pelotazo y el ladrillo”, según Del Val.

Los grupos conservacionistas consideran que el proyecto de Playa Macenas de la provincia de Almería reúne más ingredientes negativos ambientales que ese “disparate” llamado Algarrobico. Se trata de un complejo de 1.400 viviendas, dos hoteles y dos campos de golf ubicados íntegramente en suelo protegido del LIC de Sierra Cabrera.

Como ya adelantó El Confidencial, uno de los campos de golf ocupa íntegramente la rambla de Macenas, para lo cual se ha transformado su cauce “con más de un millón de metros cúbicos. “Con el abuso ilegal y obsceno de los recursos hídricos para una población de entre 16.000 y 30.000 habitantes, con el riego intensivo que se hace en los meses de verano”, denunció Del Val.

La Junta de Andalucía estaba intentando aprobar un decreto para convertir el Algarrobico en urbanizable. Un auto del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) del año pasado sentenció que el edificio no tenía otra opción que el derribo. El edificio, de 22 plantas, contemplaba 411 habitaciones, se empezó a construir en mayo de 2003 y está paralizado desde febrero de 2006.


* El Confidencial - Agustín Rivera.- 06/09/2011
Foto: Mojácar (Almería), urbanización Macenas - ideal

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El TSJ valenciano juzgará a un diputado del PP por prevaricación urbanística

ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para juzgar a Jorge Bellver, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y actual parlamentario autonómico, por un supuesto delito de prevaricación urbanística. La acusación lo señala como responsable de haber aprobado la construcción de un aparcamiento subterráneo junto a los Jardines de Monforte, un bien protegido desde hace 70 años, y pese a no contar con la obligatoria autorización del servicio de Patrimonio de la Generalitat.
En el momento en el que fue denunciado, Bellver no tenía la condición de aforado puesto que únicamente ocupada un puesto de concejal de Urbanismo de Valencia, considerado como el “delfín” de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Fue esta quien impulsó su inclusión en la candidatura autonómica, en la ocupó un puesto de salida que le ha llevado a ocupar un escaño en el parlamento valenciano. Como diputado, ha obtenido la condición de aforado y ahora el TSJ valenciano se ha declarado competente para juzgarlo. La fiscalía pide para el popular ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público y el juicio podría celebrarse antes de que acabe el año.

Tras varios recursos, en abril, la sección segunda de la Audiencia Provincial confirmó el auto del juzgado al entender que existían "bastantes razones" para considerar que el hecho de no haber pedido una autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para construir el aparcamiento podía constituir, dadas las características de las obras, "una manifiesta contravención o incumplimiento de la legalidad". Además, se imputó a tres funcionarios al considerar que los técnicos conocían, por su dedicación profesional y su formación, la "necesidad" de pedir esa autorización a Patrimonio.

Coincidiendo con la construcción del aparcamiento, el jardín histórico sufre serios problemas de drenaje, lo que ha provocado su cierre, durante meses, con el fin de solucionar, entre otros problemas, la excesiva acumulación de agua y de humedad, así como a la restauración de paseos y estatuas.


* El País - MARÍA FABRA / IGNACIO ZAFRA - 8.09.11
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia

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Marbella.- Marchantes de arte declaran que no sospecharon de los negocios de Roca

SUR/Málaga* : Juan Antonio Roca era una persona «respetable» en Marbella. Un experto en urbanismo y empresario de éxito que tenía como afición gastar millones de euros en cuadros, cerámicas y demás obras de arte. Así lo veían los galeristas y marchantes que hicieron negocios con él y que no vieron «nada raro» en sus negocios, según declararon ayer en el juicio por el 'Malaya'.
Pese a que la Fiscalía Anticorrupción ve en la compra de cuadros uno de los mecanismos de Roca para blanquear dinero, los vendedores de las obras se desmarcaron totalmente de cualquier operación relacionada con el blanqueo y aseguraron que nunca tuvieron sospechas de un posible origen ilícito del dinero. Ellos solo veían un cliente de nivel, que compraba habitualmente y que pagaba bien.

Jean Fournets, experto francés en arte, fue uno de los principales suministradores de obras de Roca. Durante su intervención -con la ayuda de un intérprete de francés-, el acusado explicó que Roca era un empresario «que sabía mucho de cuadros» y que en su trato comercal con él «no había operaciones extrañas». « Cómo podía yo sospechar de que este señor, que aconsejaba en materia de urbanismo al Ayuntamiento, era una persona que traficara con dinero?», se preguntó el acusado; «los primeros que deberían haberse dado cuenta son la Policía, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, pero no yo». Para argumentar que el jefe de la trama 'Malaya' era una persona influyente y no un «cliente dudoso», el empresario incluso dijo que un amigo le comentó que Roca «estaba comiendo con un ministro». El acusado también relató al tribunal que Roca le debe 2,5 millones de euros de cuadros que no le llegó a pagar tras su detención.
Fournets, que se mostró en el juicio muy enfadado por su vinculación con este caso y por los perjuicios económicos que le ha ocasionado, incluso fue recriminado por el juez José Godino por un comentario que hizo. El marchante declaró que Roca era «respetable e inteligente, lo que es muy raro en Marbella». El presidente del Tribunal, al final del juicio, le contestó: «Esa afirmación sobre la inteligencia de los ciudadanos de Marbella nos ha parecido gratuita e innecesaria, que la sala no comparte».
«Cifras mareantes»
Otro de los empresarios que declaró como imputado es Pedro Peña, un conocido decorador de Marbella. Cuando le preguntaron en la sala por si en algún momento tuvo consciencia de colaborar en una red de blanqueo dijo: «Si la hubiera tenido, yo no me hubiera arriesgado porque llevo toda la vida trabajando en un negocio que me gusta mucho», dijo ; « nunca he pensado que hubiera hecho nada extraño, además, es que todo lo que he hecho es legal, con facturas», afirmó.
El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, trató de que los acusados opinasen sobre las «cifras mareantes» que gastaba Roca en productos de lujo, como los 400.000 euros que se gastó en 2001 en relojes. El intermediario que facilitaba estos relojes, Sabino Falconieri, afirmó que Roca era su «cliente más importante». «No me pareció nada extraño. Él decía que los relojes eran para regalo», dijo.


* SUR - E.Miranda - 8.09.11
Foto: Marbella, registro vivienda Roca (archivo) - diariosur.es

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Orihuela se pone a disposición de Europa para anular la construcción en Cala Mosca

INFORMACIÓN/Alicante* : El equipo de gobierno de Orihuela (LV, PSOE y CLr-Claro) se ha puesto a disposición de la Unión Europea para revisar o echar para atrás definitivamente el proyecto de urbanización de Cala Mosca, el último reducto virgen del litoral de Orihuela Costa en el que está prevista la construcción de 1.800 viviendas en primerísima línea de playa por parte del grupo inmobiliario "Gomendio".
Antonia Moreno, teniente de alcalde, anunció ayer que el Ayuntamiento así lo ha hecho saber en una carta remitida a la Secretaria de estado para la Unión Europea (dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores), en respuesta a las preguntas llegadas desde el Parlamento Europeo, que reclama saber si existe evaluación del impacto ambiental del proyecto. La respuesta del Ayuntamiento oriolano reconoce ante la Unión Europea que no existe tal evaluación, y explica que fue el equipo de gobierno dirigido por José Manuel Medina (PP) el que, en febrero de 2007 (a tres meses de acabar el mandato) aprobó este proyecto urbanístico con toda la oposición en contra.

Moreno recordó que el grupo socialista presentó un recurso de reposición al pleno subrayando la inexistencia de la evaluación ambiental y después un contencioso en el juzgado que se archivó porque el partido no se personó. Asimismo, añade en la carta que también la Generalitat Valenciana aprobó el plan urbanístico sin cumplir el trámite.
Esta evaluación, que es obligatoria desde que se traspuso una directiva europea de 1985, habría sido "burlada" por el PP por miedo a que su resultado impidiera seguir adelante con la urbanización. Según la concejala socialistas, en diciembre de 2010 la Unión Europea ya pidió explicaciones al Ayuntamiento y éste (siendo regidora Mónica Lorente) respondió que este proyecto urbanístico no precisaba de evaluación ambiental porque la zona era urbanizable cuando se expuso al público el Plan General de Ordenación Urbana, en 1984.

Treta
Una treta, según Moreno, porque el PGOU se aprobó en 1990 y el proyecto de Cala Mosca en 2007: "El Ayuntamiento ha estado tomando el pelo a la Secretaría de Estado, y el Ministerio de Asuntos Exteriores vuelve a reclamar por la vía de urgencia una nueva respuesta "que sea concisa y se limite a las cuestiones planteadas"". Es entonces, el 29 de julio de este año, como avanzó este diario, cuando el equipo de gobierno -antes en la oposición- se entera de que el Parlamento Europeo está reclamando información sobre Cala Mosca y poniendo en tela de juicio que su aprobación sea correcta.
Según Moreno, el Ayuntamiento no dará licencia ni permisos de obra para construir en Cala Mosca si no se cumple el trámite y se completa el proyecto con una evaluación ambiental.

EXPROPIACIÓN
Indemnización por el desdoble de la N-332
La Junta de Gobierno de ayer aprobó también ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que eleva de 36.000 a 200.000 euros la indemnización que se ha de pagar a los propietarios de una parcela expropiada para desdoblar la Nacional 332 a su paso por Orihuela Costa.
Por otro lado, también se acordó "patrimonializar" (incluir en el inventario municipal) la furgoneta que cedió Caja Murcia en marzo para trasladar a los usuarios de la asociación de discapacitados Adis Vega Baja desde Orihuela hasta el centro "Azahares" de Albatera y que fue localizada tapada con una lona y escondida tras una maderas en el almacén municipal de Festividades.


* Información - 7.09.11
Foto: Orihuela (Alicante), cala la mosca - google


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El alcalde de A Guarda recibe otras 4 multas por no ejecutar derribos

LAVOZ/Pontevedra* : El regidor podría pagar 5.000 euros por no demoler casas de vecinos.
El tiempo pasa, pero sigue jugando en contra de los afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló 21 licencias de construcción para otras tantas viviendas unifamiliares en A Guarda, cuya concesión se remonta a 1997.
En diciembre del 2009 las máquinas derribaron tres de ellas, una habitada por la familia propietaria. Al año siguiente por las mismas fechas, el regidor guardés, José Manuel Domínguez Freitas, asumió una multa coercitiva por no ejecutar otra sentencia de derribo. A estas alturas del año, el alcalde acumula ya al menos otros cuatro apercibimientos de multa por no llevar a efecto órdenes similares.

Domínguez Freitas se limitó ayer a confirmar la existencia de estos nuevos requerimientos sin precisar cantidades, ni de expedientes ni del monto de las posibles sanciones. El regidor socialista, que ya abonó de su bolsillo la primera, de 1.200 euros, se ratificó en lo que manifestó entonces: «Imos agotar tódalas vías para evitar derribos; os veciños son só vítimas».

Las multas no son similares en todos los casos, al igual que tampoco lo es la situación de cada edificación. En todo caso, las amonestaciones oscilarían entre los 600 y los 1.500 euros, por lo que, en números redondos y haciendo una media, rondarían los 4.000 euros en conjunto. La rebeldía del alcalde, cuya consigna siempre fue «os veciños non poden pagar o erro das Administracións», va a tener que pagarla. Y la factura le saldrá por unos 5.000 euros, si se suma la multa que ya abonó en su momento.

Cuatro años después de que el TSXG dictaminase la nulidad de las licencias concedidas por hasta tres equipos de gobierno distintos presididos por alcaldes del PP y del PSOE, los pleitos continúan, pero aún no se han dirimido responsabilidades. Los propietarios, convidados de piedra a una pesadilla que dura años, tienen además que pagar en metálico una defensa legal que se suponía refrendada por los informes, permisos y licencias visados en su día por el Ayuntamiento. Pero todos ellos se convirtieron en papel mojado tras una sentencia del TSXG que los deja a la intemperie legal por actuaciones de terceros.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia puso fin a las batallas judiciales que se dirimieron hasta enero del 2007 -a veces incluso sin conocimiento siquiera de los afectados- en dos juzgados de Pontevedra que también sentenciaron de manera diferente.

Finalmente, el TSXG declaró entonces la nulidad de todas las licencias por estar en suelo de protección paisajística.


* La Voz Galicia - 8.09.11
Foto: A Guarda (Pontevedra), derribos (archivo) - lavozdegalicia.es

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Greenpeace traslada la protesta de El Algarrobico a La Moncloa

ELPAÍS/Almería* : Los activistas de Greenpeace que el pasado lunes ocuparon el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) para pedir su demolición, en el quinto aniversario de la declaración de ilegalidad sobre su licencia de obras, han dejado las instalaciones a primera hora para entregar esta mañana en el Palacio de La Moncloa, en Madrid, una carta respaldada por las 27.000 firmas recogidas en las últimas 72 horas para que se ejecute su demolición. "Hoy termina la cuenta atrás para la credibilidad ambiental del Gobierno de España y la Junta de Andalucía. El Ejecutivo debería anunciar hoy que va a ratificar por escrito un acuerdo entre ambas administraciones para cofinanciar la demolición del hotel", ha declarado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
Las firmas, que serán entregadas en los próximos días de forma física, han sido recogidas, según Greenpeace, "en distintos puntos de la geografía española y también de forma electrónica". "El ministerio está esperando a que salgan las sentencias pendientes, ya que no podrían meter una máquina porque el juez la podría parar", ha explicado Julio Barea, uno de los representantes, tras la corta reunión mantenida hoy en la Moncloa.

Los ecologistas han sido recibidos por miembros del gabinete de Presidencia, que les han trasladado que "el Gobierno intentará agilizar los trámites", ya que el ejecutivo "ve clara la inviabilidad del hotel", según Barea.

De hecho, Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, aseguró ayer que su departamento está "comprometido" con la Junta de Andalucía en el objetivo de "dejar al Cabo de Gata libre de Algarrobico". Aguilar hizo estas declaraciones en rueda de prensa, tras reunirse en Pozoblanco (Córdoba) con el consejo rector de la cooperativa agroganadera Covap.

La ministra dijo que, más allá de la exigencia que hace la organización ecologista Greepeace de que se derribe de inmediato el hotel, hay que esperar a que se pronuncien los tribunales sobre dicha cuestión. Pese a esto, dijo, aún no siendo su competencia, el Ministerio está "comprometido en arrimar el hombro, en ayudar a la Junta de Andalucía" para tal fin. "En el Ministerio tenemos un compromiso firme y claro", en el deseo de que, "cuanto antes, podamos poner punto y final al Algarrobico" y, para ello, "la Junta de Andalucía tiene nuestra mano tendida, nuestra disposición plena para operar y para actuar", dijo.

A la expectativa del auto del Supremo

La organización ecologista pide que las tres administraciones implicadas -Junta de Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y Ayuntamiento de Carboneras- convoquen una reunión pública antes del próximo 21 de septiembre, fecha en la que el Tribunal Supremo debe declararse pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del pasado 28 de octubre que defiende que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales vigente es el de 1994. Este PORN dice que El Algarrobico es "espacio natural protegido, no urbanizable". En dicha reunión, Greenpeace quiere que quede fijada la hoja de ruta sobre la demolición de las instalaciones.

"Durante estos últimos días la Junta de Andalucía ha seguido exhibiendo una actitud urbanizadora del Parque Natural y, a pesar de que la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, anunció que iban a trabajar codo con codo con la Administración andaluza, la Junta todavía no se ha comprometido por escrito a nada: ya es tiempo de que lo hagan", ha añadido Marcos.

Tras la ocupación de las instalaciones, de 20 plantas de altura y más de 400 habitaciones, ayer continuaron haciendo actividades en el hotel, entre otras, un mural elaborado junto al artista 3ttman, despliegue de pancartas, la instalación de una bola de demolición simbólica y una concentración en la playa, en el entorno del hotel, para reclamar la demolición. Según la organización, dicha convocatoria reunió a "cientos de personas". Varios representantes de diferentes grupos ecologistas, entre ellos Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar y la asociación de Amigos de la Alcazaba, leyeron un manifiesto en el que pedían a las administraciones implicadas un compromiso firme para demoler el hotel.

Sin embargo, la concentración también se encontró con la firme oposición de medio centenar de vecinos, que defendieron el complejo hotelero como fuente de riqueza y empleo. Estos vecinos dijeron representar el "sentir general" del pueblo. Además, insistieron en que, si el hotel es ilegal, debería haberse evitado su construcción y no reivindicar ahora su demolición, cuando la inversión ya está hecha y podría servir de impulso turístico y laboral para Carboneras.

Los vecinos se situaron a unos metros de los ecologistas y les gritaron "fuera, fuera"; "sinvergüenzas", "mercenarios" y "queremos trabajo". Los participantes en la concentración ecologista, que mantuvieron un tono pacifista, gritaron "Algarrobico, demolición", "Es ilegal este hotel" y "No hay pan para tanto chorizo". Aunque hubo momentos de cierta tensión verbal, no se produjeron mayores incidentes.


* El País - 8.09.11
Foto: Activistas de Greenpeace, a su llegada a La Moncloa para entregar las firmas recogidas para la demolición del hotel El Algarrobico, en Almería- GREENPEACE

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Madrid.-Desde 2008 se ha gastado en 'publicidad y autobombo' la misma cantidad que costaron los nuevos hospitales

CASMadrid* : Esperanza Aguirre mintió: sí había dinero para construir los Nuevos Hospitales.
Para la construcción pública “no había dinero”, pero sí para el autobombo de la presidenta y del PP. La construcción de los 8 nuevos hospitales de gestión privada de Madrid (Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Coslada, Parla, Aranjuez, Arganda, Valdemoro) supuso un desembolso de 700 millones de € por parte de una serie de empresas (Acciona, FCC, Apax Partners, Begar-Ploder, Hispánica, Caja Madrid, Dragados, Sacyr,..) que, huyendo de la explosión de la “burbuja inmobiliaria”, aterrizaron en la sanidad pública ante la promesa de lograr suculentos beneficios económicos, sin riesgo alguno, durante décadas.
El discurso de los políticos era que no había dinero para construir dichos hospitales y que era necesario recurrir a la “iniciativa privada” para poner en marcha unos hospitales que iban a acercar la atención sanitaria a la población, atendiendo el 90 % de sus problemas de salud. Hoy, 4 años después de su apertura, sabemos que ambas cosas eran falsas.

· Dichos hospitales no atienden más que una parte mínima de la demanda de su zona, ya que siguen dependiendo de los grandes hospitales públicos de referencia (a los que se les han recortado recursos y medios), y la mayoría sólo tienen abiertas la mitad de sus camas posibles.

· Esperanza Aguirre se ha gastado 620 millones de € en publicidad desde 2008, dinero que habría permitido construirlos de forma pública y, por tanto, no estar atados de pies y manos con contratos de alquiler por 30 años (hasta 2037) con las empresas citadas, lo que va a suponer pagar 5 más de su valor. Incluso, este año el gobierno regional del PP tiene previsto gastar 111 millones de € en publicidad, cantidad similar al coste de obra y equipamiento de un hospital de 250 camas como el de Vallecas.

Ver noticia de El País:
La publicidad se come las cuentas del Gobierno de Esperanza Aguirre.


* Coordinadora anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid - 7.09.11
Foto: Madrid, presidenta Comunidad E.Aguirre - publico

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Toledo.- Bono acelera el carpetazo al “caso Seseña” tras la denuncia del Tribunal de Cuentas

ELCONFIDENCIAL* : El presidente del Congreso, José Bono, tiene sus particulares urgencias de fin de legislatura y la primera es dar carpetazo al caso Seseña (el de “el Pocero”) por la parte que le toca. El correspondiente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que incluye la denuncia de la dejación de funciones de la Junta de Castilla-La Mancha (presidida por Bono) en el escándalo, está en la Cámara, donde se acaba de registrar el primer debate y se votará el próximo día 20 ante las prisas de la tercera autoridad del Estado.
El consejero del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda, explicó que ante los claros indicios de delito el asunto ha pasado a la sección de enjuiciamiento y a la Fiscalía. Las autoridades locales están en el punto de mira de la Justicia, pero falta por ver las responsabilidades del gobierno de la comunidad autónoma que autorizó o no vio irregularidad alguna en una macro operación urbanística impulsada por el constructor Francisco Hernando “El Pocero”que afectaba a 5 millones de metros cuadrados de un término municipal para construir 25.800 viviendas en los límites de la provincia de Toledo con Madrid.

“Hubo dolo”, remachó el representante del Grupo Popular, el senador Juan Ramón de las Heras haciendo énfasis sobre un sustantivo que suena casi igual que el apellido del presidente de las Cortes. Se refería al cúmulo de irregularidades de todo tipo en las recalificaciones y licencias urbanísticas del “caso Seseña”.

De las Heras insistió en destacar que una localidad con 2.000 habitantes no se puede meter en semejante operación porque, entre otras cuestiones, no tiene competencias para ello, dado que la planificación y el urbanismo dependen de la comunidad autónoma, que es la instancia que falló en el caso al no enterarse de nada. En el caso de Castilla-La Mancha su presidente fue José Bono en todo el desarrollo del proyecto y las relaciones entre el actual presidente del Congreso y el constructor eran públicas. El senador no dio nombres pero reiteró que si hay delitos imputables a los concejales y al alcalde de Seseña, también hay que reclamar responsabilidades a la autoridad autonómica de esa etapa.

Bono a través del Grupo Socialista, ha impuesto en la comisión parlamentaria que lleva las relaciones con el Tribunal de Cuentas el trámite del carpetazo urgente. En junio, después de las elecciones municipales, le entraron las prisas. La oposición quería más tiempo por si el nuevo gobierno autonómico (presidido por María Dolores de Cospedal) y el nuevo equipo municipal de la localidad toledana podían aportar más datos al expediente.

El presidente de las Cortes ha decidido lo contrario y en julio se ocupó de que el informe se viera en las primeras semanas hábiles después de las vacaciones parlamentarias. Si se mantiene el pacto entre el PSOE y los nacionalistas en este tipo de asuntos, la comisión mixta de relaciones Congreso-Senado con el máximo órgano fiscalizador del Estado cerrará el caso, con la correspondiente votación, en su reunión del próximo día 20, una semana antes de que termine la legislatura.


* El Confidencial - Ángel Collado.- 07/09/2011
Foto: Seseña (Toledo), calle desierta - elmundo.es

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Valencia.- Síndic pide a la Conselleria que abone ya unas ayudas para vivienda protegida

ADN* : El Síndic de Greuges en la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha pedido a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que adopte las medidas oportunas para abonar íntegramente unas ayudas por 7.252 euros que reconoció hace dos años para la adquisición de vivienda protegida.
La recomendación del Síndic se produce a raíz de una queja formulada por una persona que exponía que el 15 de septiembre de 2009 la Generalitat le reconoció una ayuda financiera para la adquisición de una vivienda protegida. En concreto, se le reconocieron 4.900 euros en concepto de cheque vivienda, y 2.352 euros en concepto de 25% de la cuota de los tres primeros años del préstamo. Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, el autor de la queja exponía que no había recibido el abono de dichas cantidades por parte de la Generalitat.

El Síndic de Greuges se dirigió entonces a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que expuso que las resoluciones de concesión de ayudas advierten a los interesados de que, según lo establecido en la ley de Hacienda pública de la Generalitat, se les abonarán en el momento en que exista crédito presupuestario que dé cobertura a la subvención.

La Conselleria constataba, tras consultar su base de datos, que a fecha de la emisión del informe el reconocimiento y el pago de la subvención del cheque acceso a la vivienda y la subsidiación de la cuota "está pendiente por falta de disponibilidad presupuestaria".

No obstante, el informe de la Conselleria aseguraba que, dado que "se continúa con la gestión, en el momento en que se pueda tramitar su expediente se procederá a su abono con la mayor diligencia posible".

El Síndic de Greuges afirma que es consciente de las dificultades financieras que tienen las Administraciones públicas para hacer frente al pago puntual de las subvenciones reconocidas a los ciudadanos durante la grave crisis económica actual.

Sin embargo, Cholbi recuerda que el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana dispone que la Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos, y que por ley se regularán las ayudas para promover este derecho.

Por ello, e Síndic de Greuges pide a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que, teniendo en cuenta el periodo de tiempo transcurrido, adopte las medidas oportunas para abonar íntegramente la ayuda reconocida al autor de la queja el 15 de septiembre de 2009.


* ADN - EFE - 8.09.11
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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Greenpace instala una bola de demolición simbólica en El Algarrobico

ELPAÍS/Almería* : La acción que Greenpeace comenzó el pasado lunes en el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) con el encierro de un grupo de activistas, continúa hoy con la instalación, en una de las cuatro grúas situadas en el hotel, de una bola de demolición simbólica. Los activistas llevan encerrados tres días en las instalaciones del hotel para lograr que Junta de Andalucía y Gobierno central se comprometan en la demolición del edificio.
El grupo de activistas asegura haber pasado la noche con "normalidad". Desde que se instalaron en la séptima planta, en la que instalaron una oficina simbólica, los activistas han realizado diferentes actividades, como la elaboración de un gran mural en una de las fachadas del edificio para lo que están contando con la colaboración del artista francés 3ttman. Todo lo narran en directo a través de su página web.

Greenpeace ha convocado también para hoy, a las ocho de la tarde, una concentración frente al hotel en la que participarán diferentes colectivos ecologistas y sociales, entre los que están Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar. Ecologistas en Acción junto a la asociación de Amigos de la Alcazaba fletarán un autobús para asistir a la protesta con salida a las seis de la tarde desde el Auditorio Maestro Padilla de Carboneras.

El grupo ecologista decidió comenzar esta acción el pasado lunes por cumplirse tres años de la sentencia del juzgado número 2 de Almería en la que se declaró nula la licencia de construcción del hotel. El próximo 21 de septiembre, el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del pasado 28 de octubre que defiende que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales vigente es el de 1994. Este PORN dice que El Algarrobico es "espacio natural protegido, no urbanizable".

Los empresarios de Carboneras piden a Greenpeace que "cesen las presiones"

También hoy la Asociación de Empresarios Turísticos de Carboneras (AET) ha pedido a Greenpeace en un comunicado que "cesen las presiones hacia jueces y Gobierno". "El futuro y apertura de este hotel está ahora mismo en manos de los jueces y debemos dejar que sean sólo ellos los que decidan", recoge el texto. Además, los empresarios lamentan las actuaciones del los grupos ecologistas: "Si tenían alguna objeción que hacer al hotel la deberían de haber manifestado antes de su construcción, cumpliendo con los periodos legalmente establecidos, y no ahora cuando el daño que está ocasionando su paralización es incalculable para el pueblo de Carboneras".

La destrucción del hotel, continúa el comunicado, "produciría mucho más perjuicio al entorno natural del Parque Natural y de la playa de El Algarrobico". Según la opinión de la AET, Carboneras necesita una zona de expansión natural, y "debido a las limitaciones de las áreas industriales y protegidas del Parque Natural, la zona del Algarrobico es la única zona de desarrollo posible para el futuro de ésta y próximas generaciones".


* El País - EP - 7.09.11
Foto: Un activista de Greenpeace en El Algarrobico- GREENPEACE

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