Convocan una jornada playera de protesta contra la especulación urbanística en Trafalgar y su entorno

BAHÍADECÁDIZ* : El movimiento 15-M gaditano “se moja”. Los llamados indignados han decidido unirse al movimiento ciudadano que ya lleva más de año y medio luchando por defender una de las pocas costas cuasi vírgenes que quedan en el país: Trafalgar y su entorno natural. “Una costa que hoy por hoy, es un emblema que distingue a la provincia de Cádiz, y que hasta ahora, se había librado de ese ladrillo depredador que ha devorado nuestras costas, y que tanta responsabilidad ha tenido en la gravísima crisis que ahora estamos atravesando”.
No obstante, “Trafalgar está ahora amenazada por los de siempre. En lugar de preservar esta costa como una joya única, que podría y debería convertirse en un ejemplo mundial de sostenibilidad y turismo responsable, generando verdadera riqueza para los ciudadanos, nuestra clase política vuelve a unirse a los intereses de la banca y de las grandes promotoras, para hacer más de lo mismo: especular con el terreno y embarcarse en macroproyectos que benefician a unos pocos, y que en lugar de atraer más turismo, alejará al que ahora admira y sostiene la zona”, argumentan desde el 15-M en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.

“¡Adiós para siempre a aquello que diferencia a Cádiz del resto y que debería ser la mayor riqueza de una provincia necesitada de innovación sostenible, visión de futuro y apoyo a la economía local! ¿Eso es todo lo que tienen que ofrecer nuestros políticos? ¿Pelotazos urbanísticos a corto plazo? ¿Empleo precario y estacional? ¿Camareros o limpiadores, que tendrían que trabajar 50 años para poder tener una pensión? ¿No sería mejor formar a los ciudadanos, para que sean ellos mismos quienes desarrollen, cuiden y gestionen de forma responsable y sostenible una costa única en nuestro país? ¿No crearía eso mucho más empleo a nivel local?”, apostillan.

Ante ello, se entiende que la ciudadanía “no puede callarse”. Por eso este lunes festivo 15 de agosto, se invita a “tomar la playa para conquistar Trafalgar”. Porque “el futuro no será posible si seguimos con este agotado modelo improductivo que sólo interesa a políticos ávidos de plusvalías y grandes corporaciones que deslocalizan todos los ingresos y ganancias que obtienen”.

UN FIN DE SEMANA DE MOVILIZACIÓN

La movilización del día 15, dará comienzo unos días antes en algunas localidades de la provincia. Así, por ejemplo, en la ‘Casa del Pueblo’ instalada en el antiguo colegio Valcárcel de la capital gaditana por la plataforma Valcárcel Recuperado se llevará a cabo a partir de mediodía unas jornadas centradas en la problemática del urbanismo en las costas.

La jornada del 15-A arrancará a las 12 horas con dos marchas simultáneas, una desde Malcucaña-El Palmar, la ‘marcha norte’ (a la que se unirá otra marcha organizada desde Conil a las 10 de la mañana que partirá del puente sobre el Río Salado) , y otra desde el Faro de Trafalgar, la ‘marcha sur’.

Ambas marchas, a las que se les quiere dar un aire no sólo reivindicativo sino también un carácter de pasacalles festivo, se fusionarán en la playa de Mangueta sobre las 15 horas, donde estará ubicado el campamento base “en el que todas y todos nos reuniremos para un comida popular”. Ya a las 19 horas se celebrará un debate y coloquio popular sobre medioambiente, ecología, turismo responsable y alternativo, y sostenibilidad. La jornada está prevista que finalice sobre las 21.30 horas, coincidiendo con la puesta de sol

El movimiento 15-M convocante de la jornada, resalta que los tres puntos centrales de esta protesta (Malcucaña, Trafalgar y Mangueta; queda exento el Prado de Castilnovo) “son terrenos clave sobre los que ahora mismo nuestros políticos han dado luz verde a la construcción de grandes complejos hoteleros, campos de golf y urbanizaciones de lujo, y sobre los cuales la gran banca ya está tomando posición para llenar sus arcas de espaldas a los verdaderos intereses de los ciudadanos. ¡¡Basta ya!!”.


* Diario Bahía de Cádiz - 12.08.11
Foto: Indignados, cartel 15m Toma la Playa en Trafalgar (Cádiz)

.................................... Leer más...

Jaén.- Cinco demoliciones 'voluntarias'

IDEAL* : Desde el año 2006, los tribunales de Justicia de Jaén han dictado alrededor de un centenar de sentencias por delitos urbanísticos, que incluían entre las penas la demolición de lo construido al margen de la ley. La mayoría afectan a chalés de la capital. En ejecución de estas sentencias, la Gerencia Municipal de Urbanismo procedió hace meses a echar abajo un chalé en la zona de Plaza de Armas, suelo declarado Bien de Interés Cultural en el entorno del yacimiento ibero de Puente Tablas. Luego le pasaron la factura al condenado.
La sección de la Fiscalía que se ocupa de los delitos contra el medio ambiente tiene constancia de otras cinco demoliciones en cumplimiento de las sentencias firmes que hay pendientes de ejecución. Estas cinco han sido derribos ejecutados directamente por los condenados. 'Voluntariamente', ya que la Fiscalía había iniciado contra ellos procedimientos de embargo (pisos de primera residencia, cuentas corrientes, coches o cualquier cosa a su nombre) para que Urbanismo procediese al derribo a su costa. Ante tal contingencia, que dispara los presupuestos de demolición, optaron por anticiparse, hacer ellos el derribo y acreditar vía notarial y por informes de la Policía Local que habían cumplido y que no había por qué embargarlos.

Una de las demoliciones voluntarias, recogidas en un informe de Fiscalía, responde a la ejecución de una sentencia dictada en 2007 por el Penal 2 de Jaén. La resolución judicial tardó tres años en verse satisfecha, pues consta que en 2010 el condenado echó abajo su vivienda, construida sobre suelo no urbanizable protegido por interés agrario, en zona de policía y servidumbre de un río en término de Jaén.
También en suelo protegido por interés en Jabalcuz hubo otra demolición tras sentencia de 2010. Otra fue el cerramiento de una parcela en Plaza de Armas. Y otra casa en una zona de interés forestal que invadía además un camino. El quinto derribo voluntario no fue en Jaén, sino en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una nave.
Acuerdo municipal
Decenas de condenados de Jaén respiraron aliviados cuando en noviembre el Ayuntamiento aprobó en pleno su intención de legalizar todas las urbanizaciones de la periferia. En el acta plenaria se incluía hasta la Plaza de Armas. Los derribos se paralizaron. Los juzgados comenzaron a acordar suspensiones de las demoliciones hasta que se concretase la posible legalización.
Sin embargo, la Audiencia Provincial confirmó a finales de julio la demolición de un chalé ilegal en Plaza de Armas, en suelo especialmente protegido y declarado Bien de Interés Cultural por pertenecer al entorno del yacimiento arqueológico de Puente Tablas.
La Audiencia desestima el recurso del propietario, que intentó parar el derribo alegando que está previsto legalizar la zona: el acuerdo plenario del 25 de noviembre pasado era para calificar ese suelo como «urbano consolidado». «No le corresponde (al Ayuntamiento) decidir sobre la posibilidad de legalización de las construcciones realizadas sobre este tipo de suelo (protegido)», advierte la Audiencia. Los derribos continúan.


* Ideal - 14.08.11
Foto: Demolición de un chalé en las inmediaciones del Puente Tablas, el año pasado. :: IDEAL

.................................... Leer más...

Ciudades.- "La falta de recursos genera violencia"

ELPAÍS/Entrevista* : "Uno de los principales desafíos sanitarios en el siglo XXI son las grandes ciudades y sus habitantes", afirmó Jacob Kumaresan, director del centro para el Desarrollo de la Salud de la OMS en Kobe (Japón), en el Foro Global sobre Salud y Urbanismo organizado por la OMS en Kobe el pasado noviembre. En esa reunión se llamó la atención sobre "las importantes situaciones de desigualdad presentes dentro de una misma ciudad", algo que, Kumaresan comenta por teléfono, "deberían tener muy en cuenta los dirigentes". El informe de la reunión destaca además que "el crecimiento urbano ha superado la capacidad de los Gobiernos para proporcionar infraestructuras básicas, de forma de que uno de cada tres residentes vive en chabolas o asentamientos informales".

Pregunta. ¿Es un lujo preocuparse por la salud mental de los ciudadanos cuando en las grandes ciudades crecen los suburbios con dificultades para acceder a los servicios sanitarios básicos?

Respuesta. En absoluto. Ocuparse de la salud mental de los ciudadanos no es un lujo. Las ciudades están creciendo en todo el mundo porque las personas acuden en busca de una mejor calidad de vida, con más educación, más servicios médicos y más oportunidades de trabajo. Si no encuentran eso, el riesgo de padecer enfermedades mentales como la depresión aumentará, lo que complicará aún más su situación y la de toda la sociedad. Si estás deprimido es más difícil encontrar trabajo, formarte... Y en última instancia una situación de falta de recursos genera más violencia, por ejemplo.

P. ¿Es esto un riesgo también en ciudades de países desarrollados?

R. Por supuesto, esto deben tenerlo en cuenta también los dirigentes de ciudades como Madrid o Barcelona. También en ellas se dan diferencias entre barrios, y nos parece muy importante analizarlas. Es muy importante obtener más datos sobre la población de zonas menos favorecidas dentro de una misma ciudad. Un ejemplo claro es la incidencia de tuberculosis en las ciudades japonesas: en Osaka, el número de nuevos casos de tuberculosis por 100.000 habitantes oscilaba en 2006 entre los 31,6 en el distrito de Tsurumi y los 284,3 de Nishinari. Algo parecido ocurre en Nueva York. Los datos de esta ciudad muestran que los peores indicadores de salud de la población se dan en los barrios más pobres, en general. En 2001, la esperanza de vida de los neoyorquinos de estas zonas era ocho años más corta que la de los habitantes de barrios ricos.

P. ¿Cree que la actual crisis económica afectará negativamente el desarrollo de las megaciudades?

R. Sí, esta es una amenaza global. Pero los dirigentes deberían tener muy en cuenta que su objetivo es precisamente ocuparse de esto, de la calidad de vida de las personas.

P. ¿Lo que habría que hacer es invertir más en servicios de salud?

R. No solo eso. Algunos de los principales problemas en las grandes ciudades tienen que ver con el tráfico, por ejemplo, que contamina el aire urbano. Las medidas para evitar los accidentes y para paliar la contaminación no son del sector de salud. Mejorar la salud de los habitantes de las ciudades es un reto que implica a muchos sectores sociales.


* El País - 14.08.11
Foto: Río de Janeiro (Brasil), favelas - kaosenlared.net

.................................... Leer más...

Reus.- Los vecinos piden que se paralice el proyecto del polígono industrial

DIARIDETARRAGONA* : La creación de un polígono industrial en la zona de la carretera del Morell fue uno de los proyectos más polémicos del anterior mandato, ya que los vecinos que viven en esta zona se revolucionaron porque se negaban a abandonar sus viviendas y sus fincas. Ahora, parece ser que la crisis es su principal aliada, ya que, pese al empeño del anterior concejal de Urbanismo, Jordi Bergadà, esta actuación se paró hace ya más de seis meses y, por el momento, no se han producido más avances. Desde entonces, la incertidumbre se ha apoderado de los propietarios de los terrenos afectados, quienes, pese a su relativa tranquilidad, quieren garantías que les aseguren que el proyecto no seguirá adelante.
«Nosotros estamos convencidos de que no es viable por muchas razones, y la crisis hace que todavía nos reafirmemos más en nuestra posición», manifestaba Manel Llauradó, presidente de la Plataforma Martí Verd, que se creó hace más de dos años precisamente para para intentar paralizar un proyecto que siempre han considerado «una aberración».

En su última reunión, los miembros de la Plataforma acordaron que después del verano pedirán reunirse con el nuevo concejal de Urbanisme, Miquel Domingo, para ver cuál es el posicionamiento del actual Gobierno Municipal. De hecho, hace tiempo que tuvieron un encuentro con él como técnico, y están convencidos de que «será más dialogante que Bergadà, que nunca quiso escucharnos», relató Fina Isern, también miembro de la plataforma.

Los vecinos confían en que esta actuación finalmente quede en papel mojado, pero no respirarán tranquilos hasta que esto se recoja en el nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Ellos creen que los polígonos son importantes, pero que esta actuación en concreto es «una barbaridad».

Seguirá parado

Por su parte, el concejal de Urbanisme, Miquel Domingo, aseguró al Diari que, por el momento, el proyecto seguirá parado, y que ahora mismo no es una actuación prioritaria. Asimismo, el concejal subrayó que sería difícil echarse atrás cuando está en marcha desde los años 90, pero que su intención es reconsiderarlo y actualizarlo a la nueva época «Desde que se empezó a plantear han pasado 15 o 16 años, y en este tiempo las cosas han cambiado mucho y ahora está desfasado», quiso añadir.

Por lo que se refiere al encuentro con los vecinos, el concejal se mostró receptivo y asegura que está abierto a reunirse con ellos para intercambiar impresiones entorno a esta actuación.

Mientras tanto, los propietarios siguen organizando periódicamente visitas guiadas a sus fincas, para demostrar el valor de una zona que califican como «un pulmón verde importante para el mantenimiento de la flora y la fauna de nuestro territorio».


* Diari de Tarragona - MÒNICA JUST | 11/08/2011
Foto: Fina Isern, una de las afectadas por la actuación, mostrando parte de las fincas que podrían convertirse en naves industriales.- diaritarragona

.................................... Leer más...

El fin de la libertad en la generalización de lo urbano

MIQUEL AMORÓS* : Si como dijo Hegel el aire de la ciudad nos hace libres, en la misma medida el aire de la conurbación nos hace esclavos. Si el ágora, el foro o la plaza pública hicieron posible la libertad y la igualdad, su desaparición las aniquila. La conurbación que sustituye a la ciudad -y que algunos llaman posciudad-tiene características bien diferentes. La conurbación es exactamente lo contrario de la ciudad, lo opuesto de un lugar a la medida del habitante: es una no-ciudad, un espacio hecho a la medida del automóvil. Un amontonamiento aleatorio de edificios desparramándose por el territorio sin más orden que el que imponen los cinturones y ejes viarios. Lo que define la ciudad es el espacio público, el terreno común donde se dan las condiciones de una vida pública, allí donde los habitantes, a los que llamamos con propiedad ciudadanos, pueden expresarse; allí donde pueden formular y defender un proyecto colectivo. Gracias a esa dimensión política, la polis, es decir, la ciudad, fue el lugar privilegiado de la historia, de la historia como despliegue de la libertad. En cambio, en la conurbación no existe espacio público; se sigue llamando así a una zona neutral donde son imposibles las relaciones urbanas, el diálogo político o la gestión ciudadana; un espacio-espectáculo que no llama a prácticas comunitarias sino a circos que consagran la pasividad. Lo que define a la conurbación es el espacio circulatorio, el asfalto, que abarca prácticamente todo el espacio no construido. Un espacio donde se puede ir de un lado a otro sin tocarse, pero donde los encuentros son imposibles; un lugar muerto en el que se deshacen la libertad y la historia. Desde que la ciudad no es ciudad, los ciudadanos no son ciudadanos. Los que ahora se llaman así son sólo votantes, sin un sentido particular de pertenencia, puesto que la conurbación no pertenece a los que la habitan. El urbanismo ha sido el instrumento de esa desposesión.

El urbanismo surge cuando los destinos de la ciudad caen en poder de la burguesía. El urbanismo no es más que la proyección de la ideología burguesa en el espacio ciudadano, o lo que es lo mismo, la herramienta mediante la cual se convierte la ciudad en un centro de acumulación de capital. Sus primeros pasos son quirúrgicos: a costa de los huertos conventuales desamortizados, de las murallas y de las venerables callejuelas, se ensanchan plazas y se abren vías rectas de penetración que establecen el primer peldaño en el predominio de la circulación sobre el lugar: circulación de tropas, de mercancías, de carruajes..., de capital en suma. La mercancía coloniza las relaciones sociales e introduce un nuevo concepto del tiempo: el tiempo es oro. Las masas ciudadanas se ponen en movimiento espoleadas por la prisa que les impone la economía. La ciudad crece porque ha de absorber los excedentes depauperados de población campesina que fluyen a ella en busca de trabajo y porque la nueva clase dominante necesita un espacio propio. La burguesía mediante reformas interiores, fabrica nuevos centros donde concentrar la actividad comercial y financiera. El centro se segrega de la periferia, adonde se instalan las actividades industriales, se trasladan los mataderos, los cementerios, los manicomios y las cárceles. Para vivir la burguesía construye nuevos barrios, los ensanches, separados de los viejos barrios de artesanos y obreros. El espacio público al aburguesarse, desaparece; la burguesía es una clase que sobrevalora su intimidad. En los exclusivos ensanches los edificios son altos, con amplias viviendas, las calles espaciosas, con comercios y establecimientos de lujo. La idea burguesa de edificio público no es el palacio, ni la modesta “casa del pueblo”. El inmueble grandioso representa la ideología burguesa de progreso. Así se construirán gracias al uso del hierro los nuevos consistorios, preferentemente en un estilo ecléctico, las centrales de Correos y Teléfonos, los mercados municipales, las estaciones del ferrocarril y todas las sedes de bancos y grandes empresas. La función de la mole de ladrillo, hierro y cemento no es otra que la de plasmar en el espacio la nueva jerarquía social que rige en la ciudad, preocupada exclusivamente por el movimiento de mercancías y dinero. Con su imponente presencia el inmueble ha de inhibir cualquier práctica cotidiana típica de una sociedad igualitaria, paralizar la dinámica social a su alrededor; en resumen, ha de mantener el orden.

El diseño en cuadrícula u ortogonal no da significación alguna a valores colectivos, más bien revela una parcelación del terreno que obedece a razones económicas: la creación del mercado inmobiliario. Al mismo tiempo que la burguesía hace negocio con los terrenos, consagra la privacidad como valor supremo, pues al contrario de lo que sucede en los barrios obreros, en los ensanches se prima lo interior sobre lo externo y, como consecuencia, se desvaloriza la vida social. La preponderancia de la circulación sobre el lugar es también la de la vida privada, urbanísticamente representada por la isla de casas, la manzana. La ciudad burguesa es una ciudad rota, en la que cada fragmento cobra autonomía: el centro político, el centro comercial y financiero, el ensanche residencial burgués, las barriadas obreras, los suburbios fabriles, la plaza de toros... Los espacios antaño comunes pierden su capacidad de relación y de comunicación, las calles separan las casas, las escaleras separan los pisos y los vecinos, encerrándose en ellos, se separan del mundo. El movimiento repetido al infinito acaba con la experiencia del espacio. Separa el espacio del tiempo y de la memoria; los monumentos son homenajes al olvido. Al someterse a la circulación la ciudad pierde su ritmo. La calle ya no se habita; es solamente un lugar de paso para ir de compras o al trabajo.

En el estado español, a finales de los años cincuenta del siglo pasado, las grandes ciudades dieron un salto cualitativo en la urbanización. Los Planes de Desarrollo y la entrada de capital foráneo fueron para la época el equivalente de lo que fueron derribo de las murallas y la llegada del ferrocarril para el periodo anterior. La actividad industrial pasó a ser preponderante y a concentrarse alrededor de las ciudades, forzando un vaciado de población rural. En quince años la población de muchas ciudades llegó a duplicarse. La oleada migratoria apenas pudo ser albergada en bloques de pisos, polígonos y grupos de viviendas, de arquitectura pésima, vertical y barata, ubicados según el precio del suelo con el objetivo de contener el mayor número posible de habitantes por metro cuadrado. La manzana como unidad edificatoria fue definitivamente abandonada y el bloque abierto pasó a ser la unidad celular del tejido urbano. Espacialmente significaba un grado myaror de privatización y de anonimato. Aunque por primera vez, o casi, el crecimiento estuvo planificado, los Planes Generales de Ordenación no sirvieron más que para rellenar con total permisividad los terrenos situados entre la ciudad histórica y una ronda viaria diseñada ex profeso, plasmando un esquema de crecimiento concéntrico -como una mancha de aceite— que nunca será modificado. El deterioro de los barrios populares provocó la huida de las clases medias a la periferia, lo que a su vez obligó a largos desplazamientos y generalizó el uso del automóvil. La ciudad se sale de sus límites merced al vehículo de motor. Al expandirse se multiplican las distancias y pierde la forma, exigiendo cada vez más medios de transporte. El tráfico rodado aparece tímidamente y toma posesión de las calles. En pocos años será el amo absoluto de la ciudad industrial. Durante los años sesenta las ciudades no solamente se extendieron sino que se suburbializaron. La motorización de la población, el almacenaje masivo de gente en los extrarradios, la degradación de los centros históricos y la destrucción de los huertos urbanos fueron fenómenos simultáneos. A los problemas económicos se añadieron los relativos a la miseria cotidiana, o, dicho con palabras prestadas de la sociología, a la “mala calidad de vida”.

Pero mientras que cualquier manifestación pública era reprimida, el coche propio, la televisión y una mínima capacidad de consumo ensanchaban los límites de lo privado. El fútbol sucedió a los toros como primer espectáculo de masas. La zonificación como principio exclusivo, la privatización equipada y la dictadura de la circulación caracterizaron el urbanismo desarrollista, dando como resultado una aglomeración de individuos con escasos vínculos entre sí, indiferentes al lugar, automovilistas esclavos de las leyes dictadas por las “infraestructuras”, bien fuesen circunvalaciones o autovías radiales.

El desarrollismo no fue sin embargo un rasgo específico de la dictadura franquista. Formulado por primera vez por el presidente norteamericano Truman en 1949, fue la doctrina oficial de todas las clases dirigentes y de todos los que hablaban en nombre de las clases oprimidas. Por eso el cambio de régimen alumbró una clase política separada pero no supuso un cambio de orientación en el fascismo urbanizador y mucho menos un retorno de la vida pública. Tras un corto espejismo se produjo una profesionalización acelerada de la política y el sindicalismo a la par que una desactivación del movimiento vecinal, procesos que sustituyeron a los mecanismos represivos anteriores de forma mucho más eficaz. España siguió siendo “una, grande y urbanizable”. Los nuevos PGOU eran trajes aparentemente distintos pero hechos a con los mismos patrones. Unos pocos zurcidos, más verticalidad, mayor zonificación, mucha más motorización y de nuevo un desarrollismo sin otra justificación que la continuidad del proceso especulativo, puesto que la población dejó de crecer durante casi dos décadas. Bajo la consigna “la tierra para el que la recalifica”, los especuladores colmaron de edificios los huecos de las ciudades hasta un segundo, tercero o cuarto cinturón, consumiendo el suelo de uso industrial periclitado y lo que quedaba de suelo agrícola, para soldarse luego con las ciudades y pueblos circundantes y constituir una gran área metropolitana. El fenómeno ha sido llamado “periurbanización”. Las antiguas barriadas céntricas se despoblaron y fueron parcialmente reocupadas por población marginal, acentuándose el deterioro de los lugares. Los viejos ensanches también empezaron a perder gente; buena parte del relevo generacional buscó casa en la primera o segunda corona metropolitana, ya por deseo de mejor entorno, ya por precios más asequibles. Gracias a la derrota del movimiento obrero pudieron pacificarse los escasos lugares liberados a la vida pública y lograron disolverse las ansias emancipadoras en un océano de consumismo y evasiones lúdicas. El subdesarrollo intelectual del habitante resultaba tan acentuado por el urbanismo que era muy fácil de adoctrinar para el consumo y las hipotecas. El desarrollismo exacerbó todas las taras del urbanismo burgués: la fragmentación de la ciudad, la destrucción del territorio, la masificación, la inmadurez mental, el predominio de la movilidad sobre los lugares, la urbanización sin límites... Los materiales prefabricados prepararon a los consumidores para una la uniformidad absoluta a traves de unos cualtos milllones de pisos, apartamentos y casas idénticos. Una arquitectura anónima entraña un modo de vida impersonal, insensible a la belleza tanto como a la fealdad, regido por una idea de confort privado que descansa en el ascensor, las cristaleras, el aire acondicionado, los cuartos de baño y sobre todo en la bunkerización, a base de alarmas, códigos de acceso y puertas blindadas. El desarrollismo urbano, tanto en la Dictadura como en la Democracia posdictatorial, transformó la ciudad en mero soporte de la circulación autónoma y de ahí vino lo demás. Al resultado final ya no se le podía llamar ciudad, puesto que se trataba de una extensión urbanizada sin fronteras, sin forma y sin carácter; un nódulo, o un “hub”, o un punto de articulación del retículo de la economía mundializada, semejante a cualquier otro. Patrick Geddes tempranamente llamó a eso “conurbación”; otros le llamaron “sistema urbano”. No era un fruto de la globalización; era la conditio sine qua non de su funcionamiento. La globalización descansa sobre una red de territorios hiperurbanizados por donde se mueven en tiempo real la información y los capitales; sobre un racimo pues de conurbaciones.

La conurbación de la era globalizadora tiene tres rasgos que la acompañan: ausencia de límites (“generalización de lo urbano”), diversidad de centros (“multipolaridad”) y desagregación social extrema (atomización). Son los trazos requeridos por una economía terciaria que, al separar geográficamente el proceso productivo de los lugares de consumo, eleva la circulación al rango de actividad preponderante. Y con la circulación todos los aspectos relacionados: el almacenamiento, la manipulación, la distribución y transporte. Para adaptarse a una economía de servicios, la conurbación debe por una parte sobrepasar un determinado tamaño crítico que la haga rentable como mercado; por la otra, disolver su centro en una red eficaz de polos especializados. La población necesaria viene de lejos, expulsada de sus países por la liquidación de las formas de sociedad anteriores a la globalización. Finalmente, la conurbación ha de conectarse con las demás de todas las maneras y a toda velocidad. La permanencia dentro de la red de flujos capitalistas exige grandes infraestructuras, suministro regular de gasolina, una mayor oferta de servicios a las empresas y un márketing espectacular a base de eventos mundiales de tipo deportivo o cultural. La conurbación es un territorio-empresa en perpetua exposición y promoción, cuya entrada ha de ser cómoda y la salida, fácil. La actividad a la que sus habitantes dedican el mayor tiempo es circular, ir desde su suburbio-dormitorio al trabajo o al centro comercial. El espacio urbano es ahora un espacio sin conflictos, sin sucesos, donde nunca pasa nada; un espacio sin pasado, y, por lo tanto, sin historia. Las torres de veinte o treinta pisos son el paradigma de la soledad y de la paz urbana. Un lugar inhóspito, donde nadie entabla relaciones gratificantes, ni establece sólidas ataduras, ni piensa en quedarse para siempre. Un lugar peligroso donde el azar reparte la mala suerte, puesto que pesar de que los individuos han sacrificado su libertad, su independencia e incluso su salud a la protección que les brinda la economía y al Estado, la sensación de inseguridad es considerable. Un lugar apto para personal gregario y gente infeliz y depredadora.

La memoria histórica ha sido borrada gracias a la destrucción o a la museificación de los lugares donde alguna vez hubo vida y hubieron tensiones. Su significación ha sido extirpada de cuajo o desnaturalizada por el relato entre aséptico y feliz de los paneles para visitantes. Los recorridos por ellos se ordenan al ritmo del museo, confundiéndose con los itinerarios turísticos. La conurbación ha perdido toda seña de identidad, cualquier significado cultural o histórico, cualquier especificidad: puede ser cualquier parte, un lugar provisional y estéril, un no-lugar. Los dirigentes intentan ofrecerle una identidad nueva a través de la arquitectura monumental de “marca”. Dicha arquitectura es independiente del lugar donde se ubica; igual podía estar en cualquier otro lado y por eso resulta ideal para la conurbación: refleja fidedignamente la disolución de la ciudad, el desarraigo reinante sobre el cadáver de los valores comunitarios. El arquitecto “artista” es indiferente al ambiente, enemigo de la trama, hostil al equilibrio con el entorno. El exabrupto tecnológico, la salida de tono, en fin, la grosería edificada, es justamente lo que busca, su “firma”. El alarde constructivo no ha de arraigar para nada, solamente aterrizar. Tiene por eso un regusto extraño, como venido de una realidad “marciana”. No puede establecer una relación mínima con los habitantes, pues estos, en cierto modo, también son “marcianos”. Los monumentos de la era de la globalización desrealizan los lugares, los acercan a la virtualidad. En tanto que imágenes, son señas de una realidad aparte, donde todos han de comportarse como espectadores. Son como los macroacontecimientos: enormes operaciones de publicidad que de paso hacen tabla rasa con la historia. Su presencia en ese caos neutralizado materializa la concepción del mundo que tienen los responsables del totalitarismo urbano, y afirma con contundencia el modelo criminal de sociedad que estos ha elegido en nombre de todos.

Si la política de infraestructuras tiene un punto débil, ese no es el suministro de agua potable, la producción ingente de residuos o la generalización de conductas anormales; hace mucho tiempo que la conurbación dejó atrás las condiciones humanas de vida. El talón de Aquiles es el petróleo. El avance de los suburbios depende de la proliferación de automóviles y de la disponibilidad ilimitada de carburante. Así pues, el final del ultradesarrollismo urbanizador -del capitalismo— no vendrá de la mano de un cambio climático o de una epidemia mortífera sin igual, sino de una sencilla crisis energética. Los combustibles fósiles hicieron posibles las industrias, los transportes, y, por lo tanto, las conurbaciones. Están tan íntimamente ligados a la economía global que cuando empiecen a escasear ésta no sobrevivirá. El crecimiento en un contexto de recesión de la producción petrolífera conduce al colapso social. Hoy por hoy ninguna energía, ni siquiera la nuclear, puede tomar el relevo. Todo el sistema económico dejará de ser rentable. Las conurbaciones, sin automóviles, no serán viables. Millones de segundas residencias quedarán vacías o serán ocupadas por fugitivos de las metrópolis. Y eso es lo que sucederá dentro de unas décadas, pocas. De nuevo volverán condiciones objetivas que empujen a los individuos proletarizados a mirar el mundo fríamente y actuar en consecuencia. No se trata pues de sentarse y esperar a que pase por la puerta el cadáver del capitalismo. Conviene ir sabiendo por donde hay que tirar. La lucha por liberar el espacio urbano será la nueva lucha de clases. Un programa radical ha de oponerse al desarrollismo y reclamar un retorno a la ciudad, es decir, al ágora, a la asamblea. Ha de proponerse fijar límites al espacio urbano, devolverle la forma, reducir el tamaño, frenar la movilidad. Reunir los fragmentos, reconstruir los lugares, restablecer relaciones solidarias y lazos fraternales, recrear la vida pública. Desmotorizarse, vivir sin prisas. Olvidarse del mercado, relocalizar la producción, mantener un equilibrio con el campo, demoler las tres cuartas partes de lo construido, deshormigonar el territorio. La economía ha de volver a ser un simple asunto doméstico. Salir del anonimato. El individuo ha de desarrollarse hasta encontrar su punto en la colectividad y echar raíces. La ciudad ha de generar una atmósfera que al respirarla haga libres a sus habitantes.

* Miquel Amorós
Conferencia dada en el Ateneo Libertario de El Cabanyal, Valencia, 16-VI-2007.


* Tortuga - 1.07.07

.................................... Leer más...

Un edil del PP es dueño del suelo del PAI de Callosa

ELPAÍS/Alicante* : Javier Vidal Balaguer, concejal del PP en Benimantell (Alicante), participa en la empresa propietaria del suelo donde la población vecina de Callosa d'En Sarria ha impulsado un PAI para construir 2.000 viviendas y un campo de golf. Callosa d'En Sarrià aprobó el proyecto en 2006 con el apoyo de todos los grupos, PP, PSPV y Bloc. El plan parcial Anibits-Margequevir, que el Tribunal Superior de Justicia valenciano paralizó hace dos años, supone la construcción en la falda de la sierra de Bèrnia de más de 2.000 viviendas y un campo de golf en una porción de suelo de 1,6 millones de metros cuadrados. La empresa Miragolf Playa, SA es la propietaria de más del 96% del suelo del sector. Uno de los tres accionistas de esta mercantil es Javier Vidal Balaguer. Los otros dos accionistas son el hermano del edil popular, Sergio Vidal Balaguer, y Alfredo Castor Ulloa Gómez.
Miragolf Playa impulsó este PAI en 2005 sobre suelo rústico y le fue aprobado por el Ayuntamiento en enero de 2006, justo antes de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, es decir, amparándose en la ley anterior. Pero el recurso de un particular consiguió que el TSJ acabara anulando en julio de 2009 la decisión plenaria, calificada por el Alto Tribunal como "una desviación de poder" por aprobarse antes que el planeamiento urbano del municipio.

Entonces, el alcalde de la localidad, Batiste Saval, decidió tramitarlo por la vía pública. Es decir, el mismo Consistorio se ha dedicado durante casi dos años a la promoción de viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en plena crisis del sector inmobiliario y en una zona de la sierra declarada Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de Aves. Esto último ha obligado al alcalde a renunciar a construir el helipuerto que contemplaba el proyecto, ubicado a unos cinco kilómetros del casco urbano.

Saval ha conseguido incluso el aval de la Confederación Hidrográfica del Júcar tras cinco visitas a la sede del organismo para justificar la existencia de recursos hídricos. Y tiene clara la contraprestación por la aprobación del PAI: "Queremos dinero para sanear el Ayuntamiento y hacer varias obras y si los propietarios del suelo no nos pagan, lo sacaremos a pública subasta para conseguir liquidez". Dice que están estudiando tres modelos de convenio urbanístico para aprobar uno de ellos en septiembre, que afectará a Miragolf y "16 ó 17 pequeños propietarios". Saval asegura que "hay gente interesada en invertir en el proyecto", que puede significar una inversión de unos 400 millones de euros. No le asusta la crisis y está convencido de que el desarrollo de este plan parcial supondrá la salvación de un municipio de apenas 8.000 habitantes dedicado mayoritariamente a la agricultura.

La empresa aseguró a través de un comunicado enviado tras la llamada de este periódico a Sergio Vidal Balaguer, representante y apoderado de la mercantil, que "una vez que el Ayuntamiento ultime todos los trámites urbanísticos necesarios, el Programa de Actuación Integrada (PAI) y el proyecto de reparcelación, Miragolf presentará su proyecto y los detalles acerca del plan de inversión y financiación", añadiendo que "en la actualidad, todos los proyectos de Miragolf a nivel nacional e internacional cuentan con la financiación necesaria para su desarrollo".

Miragolf dice estar al corriente del pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, según los acuerdos que firmó con ambas entidades el 6 de septiembre y el 17 de noviembre de 2010. Sin embargo, entre el 7 de febrero de 2009 y el 24 de noviembre de 2011, una fecha posterior a los acuerdos alcanzados, la empresa acumuló cuatro impagos con cajas de ahorro por importe de 951.592,99 euros, de los que 753.072,41 (el 79,1% del total) estaban siendo reclamados en el juzgado, además de tres embargos de la Seguridad Social, otro del Ayuntamiento de Alcobendas, donde la mercantil tiene su sede, siete notificaciones de ejecución de la Agencia Tributaria y 34 notificaciones de ejecución de la Seguridad Social por un importe total de 138.264,20 euros.

Los datos ofrecidos por la empresa cifran sus fondos propios en 2010 en 54,7 millones de euros y sus activos en 158,54 millones de euros. Miragolf tiene un capital social de 10,6 millones de euros y declaró haber ganado más de cuatro millones entre los dos últimos ejercicios.


* El País - ARTUR BALAGUER - Alicante - 13/08/2011
Foto: Callosa d'en Sarria (Alicante) - tours

.................................... Leer más...

El 15-M pedirá transporte público gratuito para "desempleados y precarios"

PÚBLICO* : El movimiento considera que el precio limita sus posibilidades de desplazarse para buscar trabajo. Los indignados han consensuado en su última asamblea dar una respuesta al aumento del precio de los billetes de Metro y de autobús en Madrid . Un grupo de trabajo perteneciente al Movimiento 15-M en Madrid ha convocado para el próximo martes a mediodía una concentración frente al Consorcio Regional de Transportes para protestar contra dicho aumento.
La convocatoria procede del grupo de trabajo de Acción de la Asamblea de Desempleados y Desempleadas de Acampada de Sol, que ha exigido que el transporte público sea gratuito para los trabajadores "desempleados y precarios".
En este sentido, han concluido que a la "ya de por sí difícil situación económica" que sufren los trabajadores, éstos "ven cómo se reducen sus posibilidades al carecer de recursos suficientes para pagar un transporte público que les permita desplazarse hasta los centros de trabajo a depositar su currículum vitae o hacer una entrevista".

Según ha informado este grupo, será el próximo martes 16 de agosto a las 12 horas frente a la sede de este ente público, situado en la plaza Descubridor Diego de Ordás. Tras la concentración se procederá a la entrega de un documento que recoja sus reivindicaciones.

El billete sencillo de Metro y autobús en Madrid pasó a costar 1,50 euros desde el pasado 8 de agosto, lo cual supuso un incremento del 50% y situó al transporte público de la capital como el más caro de toda España. Los billetes de algunos de los autobuses interurbanos también se incrementaron en 10 céntimos.


* Público - 12.08.11
Foto: Asamblea de los indignados del pasado miércoles, en la que se debatió la iniciativa.- EFE

.................................... Leer más...

Los ecologistas piden indagar el vínculo entre la CAM y Hansa Urbana

ELPAÍS/Alicante* : Los ecologistas han solicitado al Banco de España que investigue los vínculos de la intervenida Caja del Mediterráneo (CAM) con una de sus promotoras urbanísticas más destacadas, la firma Hansa Urbana. Estos grupos conservacionistas, entre ellos Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México, han exigido, mediante una carta remitida ayer a los nuevos administradores de la caja, que frene los proyectos "especulativos y depredadores" relacionados con el turismo inmobiliario impulsados por la promotora y financiados por caja, y especialmente los programados en el Caribe.
Según los ecologistas, la CAM posee el 30% de las acciones de la promotora Hansa Urbana, "y siempre ha atendido las peticiones de financiación planteadas por la empresa". Entre esos proyectos, destacan la urbanización Novo Cartagho (Murcia) con un préstamo de 95 millones de euros. En el ámbito internacional, los ecologistas resaltan el proyecto de Nuevo Cancún (México) y la compra de 3.850 hectáreas en la Baja California para un proyecto turístico llamado Cabo Cortés. Este incluye, además de hoteles, campos de golf, puerto deportivo y aeropuerto privado. Cabo Cortés se encuentra en la zona colindante con el parque nacional marino de Cabo Pulmo, un área protegida desde 1985 y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

Los ecologistas también solicitan una entrevista con los administradores de la CAM y reclaman "que se investiguen hasta el final estas inversiones y proyectos y que se dé a conocer y ponga fin a la irresponsable gestión en esta materia que hasta el momento han llevado a cabo los directivos de la CAM".

Sueldos escandalosos

Por otro lado, el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes Valencianas, Francisco Toledo, instó al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a que tome medidas contra José Luis Olivas y Rodrigo Rato, "los militantes del PP que son quienes se han puesto sueldos escandalosos al frente de las cajas". "Y si se decide a actuar, cosa poco probable, que aproveche la inercia para exigirle explicaciones a Fabra y Camps, responsables políticos de la situación actual de la CAM", añadió.

Mientras, un colectivo ciudadano inició ayer la recogida de firmas para pedir al Banco de España que no privatice la CAM y que "se enjuicie a los responsables".


* El País - S. N. - Alicante - 12/08/2011
Foto: Cartagena, maqueta urbanización Novo Carthago - JM.Rodríguez, laverdad.es

.................................... Leer más...

Llanes.- Avall propone que sea la CUOTA quien redacte el Plan General

ELCOMERCIO/Asturias* : La Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes se ha puesto en contacto con la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para poner en conocimiento del departamento que encabeza Isabel Marqués García las «graves irregularidades» detectadas por este colectivo en el expediente de liquidación del contrato al grupo Malt, la empresa redactora del Plan General de Llanes. Desde Avall entienden que esta situación, sumada a la «ya inenarrable sucesión de anulaciones judiciales sufridas con anterioridad, no auguran para este concejo ninguna seguridad jurídica y sí enormes pérdidas en tiempo y dinero», por lo que piden al Gobierno regional que tome medidas al respecto.
En concreto, la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes propone que sea la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) la que se haga cargo de la redacción del nuevo Plan General, y no los servicios municipales de Llanes, tal y como proponen desde el equipo de gobierno local.

Y es que, argumentan desde Avall, existe un informe del arquitecto municipal que asegura que el Ayuntamiento de Llanes «carece de medios técnicos y humanos para tal fin». En su opinión, la CUOTA no sólo dispone de estos medios, sino que ofrecería a los vecinos de Llanes «todas las facilidades para acceder a la obligatoria opción de participación e información pública de su tramitación, evitando así esta larga agonía al concejo».
El colectivo vecinal manifiesta igualmente su «honda preocupación» por la situación urbanística en la que se encuentra el municipio de Llanes y advierte de que, «tras 24 años», el PSOE «no ha sido capaz, sumido en prácticas trapicheras, de proporcionar a Llanes la normativa necesaria, imprescindible, en este materia», por lo que «rogamos encarecidamente» al Gobierno del Principado «que tome cuanto antes parte en el asunto».


* El Comercio - 10.08.11
Foto: Llanes (Asturias) - lavozdegalicia.es

.................................... Leer más...

El Tribunal Europeo tramita una denuncia contra el oscurantismo frente al puerto de Granadilla

REBELIÓN/Gran Canaria* : El Tribunal Europeo ha admitido a trámite la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, por ocultación de información respecto al puerto de Granadilla. Estos informes, que estaban en posesión de la Unión Europea, se mantenían ocultos porque las autoridades españolas, de donde los documentos son originarios, no se mostraban conformes con su publicación, dado que ésta afectaría el desarrollo de procedimientos judiciales en curso.
Cabe recordar que el Defensor del Pueblo Europeo, a finales del pasado año, había emitido un informe en el que reconocía el derecho al acceso a este tipo de información, a la vez que juzgaba inválidos los argumentos que España esgrimía para no autorizar su difusión. Sin embargo, España ha desoído los argumentos de la institución europea, y la Comisión Europea sigue sin poder facilitar el acceso a estos informes. Ben Magec – Ecologistas en Acción recuerda que los documentos ocultados corresponden, en su mayor parte a los informes sobre las alternativas al puerto de Granadilla.

Para Yasmina Encinoso, portavoz ecologista “la evidencia de la existencia de estas alternativas invalidaría los argumentos con los que España convenció a la Unión Europea para que autorizase la construcción del puerto de Granadilla. La afección a los Sebadales del Sur, protegidos dentro de la Red Natura 2000, está condicionada por lo dispuesto en la Directiva Hábitat, que advierte que sólo se autorizarán proyectos que, siendo de interés general, carezcan de cualquier tipo de alternativa que no destruya estas zonas protegidas a nivel europeo. En caso de que se evidencie que habían informes que reconocían las alternativas al proyecto, se estaría constatando públicamente que se ocultaron datos relevantes para salvar la norma comunitaria y que por eso se incurrió en un delito que será denunciado ante todas las instancias competentes”.

Por otra parte, Ben Magec-Ecologistas en Acción recuerda que el Parlamento Europeo ha advertido que no dispondrá fondos a una obra que se encuentre en trámite judicial, por lo que entiende que esta afirmación se aplica a este caso. La admisión a trámite del Tribunal Europeo, y la evidencia de las irregularidades y las mentiras en el procedimiento de aprobación del puerto, podrán suponer un verdadero varapalo a la autorización europea, por lo que los ecologistas advertirán a Europa que, atendiendo a su propio criterio, no debe comprometer fondos para este puerto.

La Federación ecologista recuerda que el puerto de Granadilla aún mantiene abiertos varios frentes jurídicos que en cualquier momento podrían dar lugar a sentencias en contra del proyecto. Según Encinoso “de iniciarse las obras, la multa que tendría que asumir el Estado Español o la Comunidad Autónoma, más el dinero que ya se está desperdiciando, debería hacer pensar a las autoridades si en un momento de crisis estamos en situación de arriesgar tantos fondos del erario público. Es más, la destrucción de los Sebadales del Sur, así como del resto de ecosistemas y especies amenazadas que se verán afectados, será irreversible. Llegado el momento, exigiremos responsabilidades personales y patrimoniales a quienes están provocando esta catástrofe anunciada”.


* Rebelión - 9.08.11
Foto: granadilla puerto - viñeta Azagra

.................................... Leer más...

Vigo.- El Concello se compromete 'ahora' a reactivar un urbanismo moribundo

ATLÁNTICO* : El urbanismo vigués lleva cuatro años paralizado por completo, fracasando en la puesta en marcha de proyectos de la envergadura de la plaza de España, A Seara o Barrio do Cura.
Por este lado, todo bien conocido. La novedad es que ahora la concejala Carmela Silva reconoce que busca soluciones para al menos sacar adelante algunos de los grandes ámbitos y mover así el sector de la construcción, en situación límite por el parón absoluto. A Seara, con cuyos vecinos se reunió ayer, es uno de los polígonos; otro, plaza de España. En Vigo la situación resulta especialmente grave al añadirse a la crisis generalizada el evidente desinterés del alcalde durante el anterior mandato, quien no movió un papel.
La reunión con los vecinos de A Seara había sido solicitada por estos para explicarse a Silva su total rechazo a que se ponga en marcha la urbanización tal y como ha quedado aprobada las bases y estatutos de la junta de compensación que se encargaría de su desarrollo. Los propietarios consideran que la empresa Vialmar no cuenta con el 55 por ciento del terreno, como pregona, sino una parte muy inferior, y que además no podría iniciar ninguna operación ya que Hacienda vigila sus cuentas.

Según explicaron los vecinos a Carmela Silva, no habría otra opción para desarrollar el polígono anulando la junta y dejando la ordenación en manos de los propietarios con colaboración con el Concello, que cuenta con el 15 por ciento del total de la superficie. Silva reconoció no estar muy al corriente del asunto, pero se comprometió a dar una respuesta en otro encuentro, fijado para la primera quincena de septiembre, ya con datos en la mano. Según señaló un portavoz vecinal a este diario, la sensación 'fue buena, porque al menos hemos visto interés por parte del Concello para que A Seara se ponga en marcha de una vez', indicaron. Lo cierto es que esta urbanización, que figura en el PGOM como estudio detallado para facilitar su desarrollo, es una de las piezas clave por encajar en el centro urbano, y además hay acuerdo entre los propietarios de los solares, unos 40 en la actualidad, que están deseando una solución.

En A Seara, un entorno de 54.000 metros cuadrados, se contempla la construcción de hasta 400 viviendas, de las que el 35 por ciento tendrían que levantarse sobre suelo para pisos protegidos, por lo que se podría generar un volumen de negocio de 75 millones de euros por el precio de los solares y la edificación de los distintos sólidos. Y sobre todo, se ordenaría una amplia zona del cogollo urbano.

Barrio do Cura suma ya diez meses de paralización forzosa

El caso más sangrante de los cuatro últimos años es Barrio do Cura, la urbanización más importante del centro urbano, paralizada por una decisión tomada por el alcalde, quien pese a prometer el impulso de este ámbito decidió alargar trámites. Barrio do Cura solicitó licencia de demolición del asilo y unos 30 edificios y cuando habían transcurrido seis meses sin respuesta, el plazo máximo legal, Urbanismo remitió todo el documento a la Consellería de Cultura para que hiciera un nuevo informe, pese a que no era necesario porque ya contaba con evaluación de impacto y garantía de desafección arqueológica. Desde abril está en manos de la Xunta, que sigue sin tener una fecha para su entrega, añadiendo más espera a un proyecto que contaba con financiación y demanda y que ahora, como reconoce la empresa de Karpin, ya no puede esperar más. 'O se da vía libre o el proyecto se muere, porque está fuera de plazo', señalan en la promotora, que hace meses colocó un visible cartel exponiendo sus ideas.

Lo cierto es que el alcalde mantiene que 'tan pronto como ese informe esté aquí nosotros le daremos prioridad absoluta porque es una actuación urbanística que nos parece de gran interés, así lo dije en público en su momento y lo sigo manteniendo”. Pero no es esa la impresión generalizada: un panel gigante en uno de los laterales del asilo explica las actuaciones que se llevarían a cabo en este ámbito como una pasarela hasta el Paseo de Alfonso, una guardería, un aparcamiento, 5.696 metros de nuevos viales y aceras o un mirador a la Ría.


* Atlántico - 11.08.11
Foto: A Seara es ahora una anomalía al haberse quedado al margen de la ordenación urbanística de la ciudad.- atlantico

.................................... Leer más...

Los procesados del 'caso Arona' ya llevan gastados 150.000 euros públicos en su defensa

CANARIASAHORA* : Sí se Puede critica "el silencio cómplice" de los partidos y recuerda que otro juez investiga más denuncias. El comité local de Alternativa Si se Puede en Arona ha pedido este sábado que se deje de pagar el sueldo a los ediles de la actual junta de Gobierno en ese Ayuntamiento procesados por el juez Nelson Díaz Frías, entre otros, el alcalde José Alberto González Reverón, al que se le imputan un delito de prevaricación, otro de prevaricación urbanística continuada y otro delito continuado de tráfico de influencias.
SÍ se Puede, en una asamblea celebrada en Arona, denunció que el alcalde y toda la anterior junta de Gobierno local, procesada por diversos delitos contra la ordenación del territorio, cuenten con dinero de las arcas municipales para su defensa jurídica, según manifestó a CANARIAS AHORA Julio Concepción, secretario del comité local de la formación política en Arona.
En total, han sido procesadas 30 personas, de las que solo en la defensa de José Alberto González Reverón, el Ayuntamiento aronero se gastó el año pasado 60.000 euros, pagados al abogado José Ramón Pitti Reyes.

A esa cantidad hay que añadir otros 81.900 euros, aprobados por la Junta local en septiembre de 2010, para las defensas de Manuel Reverón González (CC, acusado de prevaricación y tráfico de influencias); Clara María Pérez (CC. Prevaricación y tráfico de influencias); Antonio Luis Sosa (CC. Portavoz del grupo municipal de este partido, acusado de un delito de prevaricación y tráfico de influencias, y otro delito de malversación de caudales públicos), y María Candelaria Padrón (CC, Prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar delitos).

Hay un cuarto concejal que se beneficia de las arcas municipales para pagar a su abogado: Manuel Barrios, de Centro Arona Nacional (CAN-CCN), ex concejal de urbanismo.

Sí se Puede también denunció en la asamblea de este sábado “el silencio cómplice de todas las formaciones políticas en relación a uno de los casos de corrupción política más sonados de España. La gravedad del asunto requiere de una pronunciación ante los medios de comunicación social y ante los ciudadanos, lo que no han hecho ni CC, ni PP ni CAN. Y aunque sea porque hay un consejero procesado (José Luis Delgado), el PSOE también debería pronunciarse”.

“No nos explicamos como la dirección de CC no ha tomado medidas ante los nuevos acontecimientos judiciales, y más dado que la segunda parte del ‘Caso Arona’ está en instrucción, es decir, que se añadirán delitos a los ya existentes”.

No solo CC no se ha pronunciado, sino que el portavoz municipal y también procesado a Antonio Luis Sosa, anunció un recurso contra el auto de procesamiento que dictó el magistrado Díaz Frías el pasado 28 de julio. Las acusaciones deben ahora la apertura de juicio oral, un juicio que según fuentes judiciales podría tener lugar en abril próximo.

“Hago lo que hace cualquier alcalde”

José Alberto González Reverón, por su parte, se considera inocente y este sábado manifestó a Radio Club Tenerife que “jamás he estafado a nadie. No he hecho nada que no hagan otros alcaldes en Canarias y en el resto de España”.

Es lo mismo que declaró a la prensa en julio del año pasado, después de más de diez horas de declaración ante el magistrado Nelson Díaz Frías, cuando señaló que “ayudar a los vecinos” es la obligación de cualquier mandatario.


* Canarias Ahora - 7.08.11
Foto: Arona (Tenerife), playa Las Américas - greenpeace.org

.................................... Leer más...

Ecologistas de Massarrojos recurren el centro social vinculado al Opus Dei

ELPAÍS/Valencia* : La Colla Ecologista de Massarrojos ha recurrido la decisión del exconsejero de Territorio Juan Cotino de modificar una parcela de terreno de la fundación Mainel, vinculada al Opus Dei, para que pueda construir un centro socio-deportivo privado en Valencia. Cotino, ahora presidente de las Cortes, empezó a tramitar el cambio de uso del suelo de la parcela después de las elecciones del 22 de mayo, justo antes de abandonar la consejería. Su intención era convertir el suelo no urbanizable de la parcela en zona de interés común. Este proceso, la declaración de interés común de una parcela, se emplea cuando un municipio no posee espacio suficiente para levantar una infraestructura que considera necesaria. El municipio, en este caso Valencia, guarda miles de metros cuadrados para centros como el que pretende construir la fundación Mainel.
En el escrito de recurso de la Colla de Massarrojos, pedanía de Valencia, se explica además que "la parcela corre riesgo de inundación según el Plan de Acción Territorial sobre Riesgos de Inundación" y que "el terreno donde se pretende actuar se encuentra justo en medio de cuatro elementos patrimoniales de gran importancia": el gran riurau del Mas de Fondo, un acueducto romano y el poblado íbero y las canteras medievales del Tos Pelat.

La polémica en torno al lugar y la forma de declarar parcelas como zonas de interés común no acaba aquí. A pocos kilómetros del terreno de la fundación Mainel, Territorio tramita otra modificación de terrenos para convertir una parcela de 100.000 metros de suelo no edificable en zona de interés común. El propietario quiere levantar aquí un centro deportivo y de ocio. Además, el lugar espera la construcción de una carretera, la CV-310, que daría servicio a ambos complejos y que costaría en torno a cinco millones de euros.


* El País - P. FERRI - Valencia - 11/08/2011
Foto: Massarrojos (Valencia) - iberpisos

.................................... Leer más...

Sanxenxo.- El Supremo declara ilegal un edificio de la promotora de Telmo Martín

ELPAÍS/Pontevedra* : La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble.
El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo.

El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior.

López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra.

El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado".


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 11/08/2011
Foto: Playa de Silgar y al fondo, con toldos granates, el edificio levantado por la constructora de Telmo Martín.- CARLOS PUGA.- elpais

.................................... Leer más...

Valencia.- Las universidades se alquilan

LEVANTE* : El precio de los campus. Los espacios universitarios se han convertido en una suculenta fuente de ingresos para las instituciones académicas de Valencia que alquilan algunas de sus magníficas instalaciones a otras entidades para la realización de actos culturales, conferencias, presentaciones de libros o la celebración de acontecimientos. Están disponibles aulas y paraninfos, pasando por pistas deportivas o solares.
Sin llegar a sucumbir a opciones tan pintorescas como la realización de banquetes de bodas, práctica que este año ha iniciado el Palau de les Arts, las dos universidades públicas de Valencia ponen a disposición del ciudadano algunas de sus instalaciones más emblemáticas, previo pago de un alquiler.
Los exámenes de la Junta Qualificadora, olimpiadas infantiles de matemáticas, congresos políticos o sindicales, elecciones presidenciales para ciudadanos inmigrantes, ponencias de ex presidentes, presentación de jornadas o de libros, conferencias, debates ciudadanos, son algunas de las actividades que se han desarrollado en las diferentes dependencias universitarias, a las que se suman las de ámbito deportivo.

Ambas instituciones disponen de un listado de precios de alquiler de varias aulas, salones, paraninfos e instalaciones deportivas. Tarifas que varían dependiendo de la duración, los servicios (luz, informática) y sobre, todo, la procedencia (universitaria, entidades sin ánimo de lucro o lucrativas). Incluso, en la Politècnica facilita, a através de una oficina dedicada a su gestión, desde azafatas a "catering" o su capacidad multimedia y de traducción simultánea.
Acostumbradas a ser noticias por el coste de sus infraestructuras y las inversiones, las universidades también saben sacar partido de las bien dotadas instalaciones académicas culturales y deportivas, y así ingresar dinero con estos recursos.
A entidades con finalidad lucrativa, la Universitat cobra por alquilar los espacios del edificio histórico, en pleno centro de Valencia (en la calle de La Nau), distintos precios. Así, por la capilla percibe 3.400 euros si es el día completo o 1.900 por sesión; por el aula magna, son 2.800 y 1.600 euros; por el claustro, 2.400; por el paraninfo, de 3.400 a 1.900 y por la sala Matilde Salvador, en donde se pueden realizar representaciones teatrales o musicales, 4.400 o 2.400 euros. Estos precios son sin IVA y se incrementarán un 50 por ciento cuando la actividad se lleve a cabo en sábado o festivo.
A los universitarios, el alquiler les supone una reducción del 50 % y a entidades sin ánimo de lucro, de un 30 %.
También pone a disposición los servicios de personal de seguridad (20 euros el día laborable); el personal de limpieza (12 euros), y de la misma Universitat (96,93); cantidades que se elevan si es de noche o en día festivo.
La Politècnica, por su parte, incluye una serie de aulas para rentar que van de las que tienen hasta 50 plazas, con precios de 108,77 euros por medio día y de 217,55 por la jornada completa a los 870 por la tarifa de un día por aulas informática o los 870,17 por salones de congresos y 1.450,40 por el paraninfo.
Las instalaciones deportivas tienen un listado para eventos o competiciones que van de los 1.266,9 euros por día del pabellón a los 6,33 la hora de la pista de tenis sin luz.


* Levante - 11.08.11
Foto: Valencia, campus politécnica - public

.................................... Leer más...

Nuevas propuestas sobre vivienda de los "indignados"

IDEALISTA* : Los “indignados” del movimiento 15-m continúan lanzando propuestas en materia de vivienda. si hace unos días la asamblea popular del barrio madrileño de lavapiés lanzaba sus demandas, el turno le llega ahora a los integrantes de las palmas de gran canaria. gravar con un contundente impuesto los pisos vacíos y crear un fondo de compensación para resarcir a los afectados por abusos inmobiliarios son algunas de sus propuestas.
Según la web de los indignados de las palmas, la comisión ideológica plantea una serie de medidas para garantizar el acceso a una vivienda. parte de la necesidad de que ésta deje de depender del mercado, para lo que plantea lo siguiente:
Dar uso a las viviendas vacías existentes
el objetivo es dar un uso social (que se habiten) a los más de tres millones de viviendas vacías existentes (sin incluir los cuatro millones de segundas viviendas).

Pasos para lograrlo:

1. identificar las zonas con “necesidad urgente de vivienda” (nuv) en función de la demanda de viviendas en cada municipio y territorio

2. establecer un censo actualizado y supervisado de viviendas vacías para los municipios con necesidad urgente de vivienda. para ello se debe definir y acotar previamente el concepto de “vivienda vacía”, en base a inspecciones, a los datos de empadronamiento y los consumos básicos del hogar (luz, agua), entre otros criterios posibles

3. en las zonas nuv, una vez identificada una vivienda vacía, se dará un plazo (3 meses por ejemplo) a los propietarios para que demuestren que están habitadas. transcurrido el plazo, si el propietario no puede acreditar la ocupación de la vivienda tendrá dos opciones:

- inscribir la vivienda vacía en una bolsa de alquiler social, a través de la cual se gestionaría todo lo relacionado con el uso y alquiler de esa vivienda. el precio del alquiler se fijaría en función de los costes de conservación y mantenimiento del edificio y la vivienda, de forma que se mantenga en perfecto estado de habitabilidad para el momento que el propietario pueda reclamar un uso legítimo de la vivienda

- si opta por mantener la vivienda vacía allí donde hace falta, se la considerará un bien de lujo y será gravada, por tanto, con un contundente impuesto cuya cuantía desincentive el mantenerla desocupada

política pública de vivienda

allí donde el parque de vivienda existente no sea suficiente para cubrir las necesidades de alojamiento de la población, la iniciativa pública generará suelo barato para promover vivienda social en alquiler. el objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social fuera de los mecanismos de mercado

1. abaratar el suelo para uso social
declarar todo el suelo inicialmente protegido y no urbanizable. la generación de nuevo suelo urbano y urbanizable deberá responder al interés social general y ser gestionado con criterios democráticos mediante la participación activa de la ciudadanía. desligar el valor del suelo del precio de mercado, que incorpora expectativas inmobiliarias. cuando el suelo se expropie para generar vivienda social, se expropiará pagando un precio ligado a su aprovechamiento agropecuario o similar

2. construcción de viviendas públicas de alquiler
el objetivo es constituir un amplio parque público de viviendas de alquiler reducido (al coste de mantenimiento y reposición) gestionado mediante bolsas públicas de alquiler. estas viviendas se edificarían a través de una constructora pública, lo que garantiza unas condiciones laborales dignas y no precarias a los trabajadores que las construyan y además, abarata su construcción al eliminar el margen de beneficios con el que operan las empresas privadas del sector

para lograrlo, todo el gasto público en vivienda debe destinarse a promover la vivienda social de alquiler. para ello debe reorientarse la política actual, centrada en subsidiar la compra de vivienda, eliminando progresivamente la deducción del irpf por compra, incorporada al precio de la vivienda y por tanto, convertida en una transferencia de renta al vendedor

las diferentes administraciones públicas deberán garantizar este parque público de alquiler en el plazo más breve posible. por ejemplo, los presupuestos generales del estado de 2007 prevén destinar 9.000 millones de euros a vivienda, principalmente a bonificaciones fiscales y deducciones por compra de vivienda. con ese dinero se podrían construir hasta 150.000 viviendas públicas en alquiler. si fueran necesarias más, se podría aumentar el gasto público en vivienda reasignándolo de otras partidas presupuestarias menos prioritarias o revertiendo las regresivas reformas fiscales de los últimos años para disponer de recursos adicionales

urbanismo al servicio de los ciudadanos, no al del mercado

articular el territorio con criterios de sostenibilidad, al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades y no las de los propietarios del suelo, promotores y constructores. para lograrlo es imprescindible la participación democrática real de la ciudadanía en el desarrollo urbanístico del territorio y someter a referendum la aprobación de los planes urbanísticos. un urbanismo al servicio de los ciudadanos debe pasar por consolidar y mejorar la ciudad ya existente, con una edificación en altura razonable (ni adosados ni rascacielos), con bloques de viviendas en manzanas abiertas a la ciudad y a la calle y no como prisiones encerradas sobre si mismos, promoción de los espacios gratuitos de socialización ajenos a la lógica comercial (plazas, parques, centros sociales, espacios deportivos), apuesta por el transporte colectivo (intermodal) y la accesibilidad (peatonalización), mezcla de usos del suelo no excluyentes entre si, evitando la especialización extrema del espacio urbano, la creación de zonas marginales (“guettos”)…

la creación de un fondo de compensación para resarcir de manera cautelar a los afectados por retrasos, delitos o abusos inmobiliarios, en espera de que se depuren responsabilidades por vía judicial y, si llega el caso de insolvencia, quiebra o desaparición de la sociedad responsable; la asunción final de la deuda

la creación de una agencia de control del fraude inmobiliario que en base a una ley integral de la vivienda, prevea unas garantías mínimas en la oferta inmobiliaria, bien sea en obra nueva o en vivienda usada. esta agencia también debería disponer de un cuerpo de inspectores eficaz que acabe con los abusos y el fraude inmobiliario sobre la vivienda libre o en régimen de alquiler y, en el caso de viviendas protegidas, que realice un control estricto sobre los sobreprecios impuestos por el promotor y el uso que se hace de las mismas por parte de los adjudicatarios, de manera que se evite a toda costa que esas viviendas protegidas vuelvan a engrosar la oferta a precios de mercado

la prohibición expresa de la subasta como medio de adjudicación de suelo público y de cualquier otro método que fomente el crecimiento artificial de los precios. también, el establecimiento de sanciones, transcurrido un periodo máximo, para aquellos suelos de titularidad privada catalogados como urbanizables que se mantengan sin edificar dentro de los núcleos urbanos

la creación de un fondo de compensación para resarcir de manera cautelar a los afectados por retrasos, delitos o abusos inmobiliarios, en espera de que se depuren responsabilidades por vía judicial y, si llega el caso de insolvencia, quiebra o desaparición de la sociedad responsable; la asunción final de la deuda

el establecimiento por ley de un tiempo de retorno máximo de los préstamos hipotecarios de 15 años y la obligatoriedad de un seguro hipotecario que preste cobertura ante situaciones de paro o enfermedad grave

denunciar al estado español por no hacer cumplir el artículo 47 de la constitución española que dice así:

“todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 constitución española)”.


* Idealista - 11.08.11
Foto: Indignados 15M, marcha a Bruselas 26Julio - 20minutos

.................................... Leer más...

Un exalcalde de Navacerrada permitió a sus hermanos unas obras ilegales

ELPAÍS/Madrid* : La inacción del Ayuntamiento de Navacerrada ante un vertido ilegal de tierras en una finca propiedad de los hermanos y del propio exalcalde de esta población, Pablo Jorge Herrero, del PP, puede costar caro ahora al Consistorio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid ha ordenado al Ayuntamiento que abra expediente y, en su caso, retire de inmediato el descomunal vertido de tierras hecho sobre una finca del exalcalde y sus hermanos sin que el Consistorio, regido entonces por Herrero, moviera un dedo para impedir la ilegalidad.
El vertido de tierras se hizo sin permiso municipal y desoyendo el exregidor y demás ediles las denuncias de un vecino de Navacerrada, el abogado Ramón Mesonero, sobre esta ilegalidad. El letrado acabó presentando una demanda en los tribunales ante el constante "silencio administrativo" con el que respondía el Ayuntamiento a sus denuncias. Según vecinos del municipio, la intención del alcalde y sus hermanos era verter tierras en esa finca, protegida y cercana a un río, para elevarla y equiparar su altura a la de una carretera adyacente, con vistas a hacer algún negocio en el futuro.

La sentencia del Juzgado arremete contra el que fuera alcalde de Navacerrada hasta los comicios de mayo de este año, pues fue durante su mandato cuando se efectuó el vertido ilegal de tierras sin la preceptiva licencia municipal. La finca en cuestión se halla en la confluencia de la calle de los Robles con la carretera M-606 y tiene la calificación de "suelo no urbanizable de protección", según indica la sentencia.

Convencido de que la inacción municipal se debía al propio alcalde Herrero (el PP no lo renovó como candidato en las pasadas elecciones), ante la falta de respuesta del Consistorio a sus peticiones, Mesonero presentó una demanda contra el Ayuntamiento y el alcalde. El juzgado le da ahora la razón. El magistrado, José Luis Sánchez-Crespo, da por sentado que la finca en cuestión pertenecía a la familia de Herrero (y ahora también a él) y que el Ayuntamiento "no llevó a cabo ninguna actuación" ante la denuncia de Mesonero pese a que el vertido de tierras realizado "requiere de licencia municipal".

La sentencia señala: "Los servicios municipales, al tener conocimiento de la información que les había aportado el hoy recurrente (...) debieron proceder a su paralización y a solicitar a los responsables que instasen a la legalización de las actuaciones que llevaban a cabo sin licencia".

El juez exige al Consistorio que abra el oportuno expediente "a fin de proceder a la reposición de la legalidad urbanística [retirada de los escombros] en caso de no resultar legalizables" los movimientos de tierra efectuados. La patata caliente la tiene ahora la actual alcaldesa, también del PP.


* EL País - NÉSTOR C. VICENTE - Madrid - 10/08/2011
Foto: Navacerrada nevado - economista

.................................... Leer más...

El Supremo tumba por un defecto en la tramitación un PAI en Valencia

ELPAÍS* : El plan para el desarrollo urbanístico de una zona del barrio de Torrefiel en Valencia vuelve a la casilla de salida. En una sentencia del pasado 3 de junio, el Tribunal Supremo explica que el Ayuntamiento, presidido por la popular Rita Barberá, tramitó mal la adjudicación del proyecto, que suponía la construcción de cientos de viviendas. El Supremo argumenta que el Gobierno local no razonó adecuadamente por qué la oferta de una empresa resultaba mejor que la de la otra que se presentaba. Ahora, con las obras a mitad y algunos edificios ya construidos, el proceso vuelve a empezar.
El 31 de enero de 2003, el pleno del Consistorio aprobó una modificación en el uso del suelo del plan de Torrefiel. En teoría, ese terreno debía acoger edificios industriales, pero el Consistorio prefirió la opción de construir viviendas. Así, a propuesta de la mercantil Expocasa, el Ayuntamiento aceptaba convertir una futura zona industrial en un nuevo barrio con sus casas de protección oficial, su colegio y sus zonas verdes. Pero erró en el proceso.

Para cambiar el uso del suelo, la ley exige que la Administración razone debidamente los motivos. El Ayuntamiento argumentó que la oferta de Expocasa resultaba "más acorde con el entorno y de menor impacto ambiental" que la presentada por Hogarval, la otra empresa que pretendía desarrollar el suelo de Torrefiel. Hogarval recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano y luego ante el Supremo. El alto tribunal, que le ha dado la razón, refuta al Ayuntamiento y critica que "la motivación no se puede basar sobre intuiciones o perspicacias sino sobre certezas". El Gobierno local, añade la sentencia, "no explica por qué el cambio de uso proporciona una mejora ambiental ni manifiesta la trascendencia y relevancia que tiene para realizar la elección de dicha alternativa técnica".

El arquitecto de Expocasa en la época era Alejandro Escribano, redactor del planeamiento urbanístico de Valencia. El planeamiento fija las reglas para desarrollar zonas de la ciudad. La esposa de Escribano administraba la firma Expocasa.

Una tradición de planes anulados
El Ayuntamiento de Valencia ha visto en los últimos años cómo los tribunales han anulado varios planes urbanísticos en la ciudad. Además del de Torrefiel, que el Supremo tumbó el pasado junio, el Gobierno local ha sufrido varapalos jurídicos en los barrios de Orriols, Patraix y la Font de Sant Lluís. En los tres casos, los tribunales critican una interpretación interesada de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada por la Generalitat en 1994. La forma de actuar era la siguiente: el Ayuntamiento plantea un proyecto, varias empresas se presentan, una de ellas introduce una mejora sin avisar a las demás y el Ayuntamiento, que tampoco avisa, da por bueno el proceso y adjudica el proyecto. En Orriols ocurrió así. Una empresa presentó su oferta, igual que tantas otras, luego la mejoró y el Consistorio, que debería haber avisado a las demás y ampliarles el plazo de presentación, aceptó a la primera. Otra firma denunció, ganó el caso y obligó al Gobierno local a iniciar de nuevo los trámites para adjudicar el desarrollo de la zona. El arquitecto de la empresa que se hizo con el proyecto en ambas ocasiones, por cierto, era Alejandro Escribano, redactor del planeamiento urbanístico de Valencia. En Patraix, la situación es parecida y ahora el asunto está en el Tribunal Supremo. En la Font de Sant Lluís, otras tres actuaciones siguen el mismo camino y todo porque el Ayuntamiento no actuó de acuerdo con la ley.


* El País - PABLO FERRI - Valencia - 10/08/2011
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org

.................................... Leer más...

Detenidos cuatro 'indignados' al intentar detener un furgón policial en Málaga

PÚBLICO* : Cuatro integrantes del Movimiento 15M que estaban concentrados frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, con el objetivo de impedir la deportación de Sid Hamed Bouziane, amenazado de muerte en su país y al que se le ha denegado la solicitud de asilo político, han sido detenidos por la Policía, después de que intentarán parar un vehículo policial para ver si dentro estaba el joven argelino. Los cuatro fueron liberados horas más tarde con cargos por desobediencia y alteración del orden público.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, ha indicado que estos manifestantes "han actuado de forma violenta para impedir la salida de un vehículo policial, que nada tiene que ver con ningún interno". Desde el Movimiento 15M han informado de que un grupo de personas decidió pernoctar frente al CIE esta pasada noche, y cuando sobre las 08.00 horas ha salido un furgón "con alguien dentro, que no sabíamos quién era, los que estaban allí han intentado detenerlo el máximo tiempo posible para hacerles ver a los policías que estamos intentando evitar que deporten a una persona que si vuelve a su país, será asesinada porque está amenazado de muerte en Argelia".

"Cuando se estaba intentando parar y hacer presión para que no pasara el furgón ha sido cuando la Policía ha empezado a señalar a algunos", han precisado, al tiempo que han añadido que, después, "muchos han empezado a correr y ocultarse en calles aledañas, pero han cogido al menos a cuatro". Además de los detenidos, también ha habido heridos, según han comentado desde este colectivo.

El subdelegado del Gobierno en Málaga ha asegurado que, "lógicamente, la policía ha tenido que actuar porque se ha producido de forma violenta por parte de estas dos personas", agregando, al respecto, que los manifestntes "han arrojado basura, contenedores, etcétera y han tenido que ser detenidos", ha sentenciado. Es más, López Luna ha explicado que, en un principio, los individuos fueron retenidos y después, "al continuar con su actitud violenta, los agentes han tenido que detenerlos".

Asilo político
Por otro lado, la solicitud de asilo político para el ciudadano argelino Sid Hamed Bouziane, por el que desde el pasado lunes integrantes del Movimiento 15M están concentrados frente CIE para evitar la deportación a su país, ha sido denegada, según ha informado el subdelegado del Gobierno.

Así, ha indicado que se ha denegado porque Bouziane "no aporta ninguna prueba que pudiera acreditar que procede el derecho de asilo", al tiempo que ha explicado que al joven se le ha notificado la denegación y podrá recurrirla en un plazo de 48 horas.

"Por parte del Gobierno no hay ningún interés cerrado a este tema, pero es que no hay ningún elemento de juicio ni de prueba para dictar una solución favorable", ha aseverado, al tiempo que ha explicado que, "mientras que no se conceda la orden, la expulsión sigue vigente, como es lógico".

También el subdelegado del Gobierno en Málaga ha informado de que ha intentado ponerse en contacto con el abogado que tramitó en su día un escrito interesándose por el interno para ver si "puede aportar cualquier medio de prueba que pudiera dar alguna solución positiva".

"Intolerable" para el movimiento 15M
Integrantes del Movimiento 15M han calificado de "intolerable" la denegación de asilo político al joven argelino, explicando, al respecto, que se ha producido, entre otras razones, por "estar basadas en alegaciones insuficientes, irrelevantes o inverosímiles y por ofrecer relatos con falta de lógica y sin apariencia de verosimilitud".

Así, han explicado que, como consta en la resolución, el solicitante entró en España en noviembre de 2008 y no ha solicitado asilo hasta agosto de 2011, indicando, al respecto, que no se ha pedido porque "los cuatro hermanos de Bouziane fueron asesinados en Argelia" y, además, su "madre y sus seis hermanas están amenazas de muerte en ese país". También han explicado que el joven, en su declaración de los hechos, pese a no hablar de forma fluida español por su condición de extranjero, "no recibió la asistencia de un traductor" y "sólo había un redactor".

En este sentido, en relación con la falta de lógica del relato, han apuntado que el joven no puede acreditar tener "papeles que certifiquen que la Policía lo abordó en tres ocasiones". "No hay papeles, pero además, el redactor, al estar tomándole declaración en español, es posible que al escribir el relato, éste tuviera incoherencias", han señalado, asegurando que se solicitó un traductor de árabe que "se denegó".

Incumplimientos
También, según el Movimiento 15M, la resolución incumple la directiva 85/2005, ya que "no se ha dado tiempo a que la Comisión de las Naciones Unidas de Ayuda al Refugiado realizara el informe de rigor que contempla la Unión Europea, en relación con las peticiones de asilo internacionales. Asimismo, han calificado de "curioso" que "en sólo un día se deniegue esta solicitud cuando hay algunas que tardan meses en darlas".

Acciones
Por otro lado, han señalado que disponen de dos días para solicitar que se examine este caso de nuevo, por lo que "si ésta solicitud se denegara, la Subdirección General de Asilo tiene dos días hábiles --viernes y martes-- para recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para continuar adelante". "Es una persona cuyo único delito es vivir en un país sin tener los papeles legales, pero que no ha cometido ningún delito, porque si lo hubiera hecho, estaría en la cárcel y no en el CIE", han explicado.

Por otro lado, han informado de que este jueves, a las 20.00 horas, habrá una concentración en Málaga, Madrid y Granada, por lo que cada "vez son más las acampadas y movimientos 15M que se nos unen para hacer concentraciones a la vez". Asimismo, se está preparando una concentración especial en la Subdirección General de Asilo del Ministerio del Interior en Madrid este viernes, a las 13.00 horas, para "hacer presión".

Además, los integrantes del 15-M de Málaga han habilitado un blog en el que irán subiendo las convocatorias de acciones e información relativa al caso de Bouziane. Para mañana han fijado una concentración, que esperan sea secundada por todos los indignados del país, a las 20.00 horas frente a todos los CIE o subdelegaciones de Gobierno.


* Público - EP - 10.08.11
Foto: Málaga, protesta en el CIE - flickr

.................................... Leer más...

¿Cuánto vale expropiar un terreno rústico?

ELECONOMISTA* : Si el propietario de un terreno rústico ubicado en una zona en la que se ha planificado la construcción de una carretera o aeropuerto sufre la expropiación de su parcela para dar cabida a la nueva construcción, ¿cómo debe calcular el Estado la suma con que recompensar al afectado por su pérdida?
Hasta hace unos años los jueces mantenían la tendencia de valorar ese suelo, de cara a fijar el justiprecio, como suelo urbanizable, aunque aquella no fuera su naturaleza formal. Una solución que obligaba a compensar en mayor medida al expropiado y que, enmuchos casos, enriquecía al propietario al valorarse su terreno no por lo que valía realmente, sino por lo que podría valer en un futuro. Sin embargo, el Supremo ha ido acotando esta doctrina para reconocer el derecho a beneficiarse de este cálculo sólo cuando se espere crear ciudad a raíz de la expropiación. Una nueva sentencia, dictada en relación a una finca expropiada para las obras del Aeropuerto de Burgos, se suma a las que vienen defendiendo esta doctrina.

Se trata de una cuestión que arrastra una ya clásica polémica, especialmente teniendo en cuenta la gran diferencia que supone una u otra valoración: en este caso, mientras que en instancia se valoró el justiprecio en 2.570 euros, el Supremo fijó la suma, finalmente, en 54.241 euros.

El fallo, dictado el pasado 5 de julio de 2011, viene del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León y resuelve estimando la pretensión del expropiado, que alegaba una incorrecta valoración de su terreno precisamente por haberse considerado éste como suelo rústico a efectos de pago. Su alegación se basó en la llamada doctrina de los sistemas generales: en principio, un aeropuerto se considera un sistema general -es decir, aquel que, sin perjuicio de la clasificación del suelo, es destinado por un Plan de Urbanismo al establecimiento de elementos públicos para el desarrollo urbano-, con una función estructural, además, "esencial y determinante del desarrollo urbano de la ciudad", motivo por el cual debía valorarse el terreno como urbanizable, al ser una zona que, previsiblemente, crecería de forma urbana.

Así, el afectado entendió que la interpretación contraria vulneraba "tanto la legislación como la jurisprudencia existentes y aplicables al caso." Y ello porque existe una "doctrina establecida desde enero de 1994, relativa a la valoración de los sistemas generales y de otras infraestructuras en suelo no urbanizable", en la que se concluye que ese suelo "debe valorarse como suelo urbano o urbanizable, pero en ningún caso como no urbanizable, aunque estuviera clasificado como tal".

'Crear ciudad' como criterio
La propia sentencia aclara y acota desde el principio dicha doctrina al establecer que, aunque la regla general es la valoración de los terrenos según su clasificación urbanística, "nuestra jurisprudencia ha sentado que, en los casos en los que unos terrenos destinados a sistemas generales se encuentren clasificados como no urbanizables o carezcan de clasificación específica, procede valorarlos como urbanizables siempre y cuando se destinen a crear ciudad, salvo que, por reunir los requisitos señalados por el legislador, su calificación como urbanos resulte obligada".

Una condición que se cumple en este caso, ya que se trata de una obra de aeropuerto, lo que constituye "un sistema de equipamiento eminentemente dotacional de carácter local y de naturaleza urbana", tal y comosientan los criterios de la Ley del Régimen del Suelo. Y es que el Supremo ha generalizado la pauta de atenerse fundamentalmente al objetivo y destino primordial de la expropiación, que, en este caso, es "el adecuado desarrollo urbanístico y logístico de la ciudad de Burgos".

Son muchos los fallos dictados por el Supremo en este sentido para distintas obras de gran calado, como la de la Autopista de PeajeMadrid-Navalcarnero, la Autopista Sol-TramoEstepona-Marbella, o la Variante Ferroviaria de la Línea Madrid-Hendaya en Burgos.

El caso de Barajas
Pero en materia aeroportuaria, el paradigma fue el caso de la ampliación del Aeropuerto madrileño de Barajas: la jurisprudencia en aquel momento logró que se incrementaran exponencialmente los justiprecios pagados a los afectados por las expropiaciones, y sentó un precedente a la hora de considerar los aeropuertos como sistemas generales con carácter urbano. Precisamente la doctrina sentada por las sentencias relativas a Barajas fue la invocada por la protagonista de la sentencia sobre el Aeropuerto de Burgos.

Una larga serie de fallos relativos a la ampliación de aquel aeropuerto explicaban que lo razonable es que una construcción de estas características se lleve a cabo en zona alejada al casco urbano y, por lo tanto, usando normalmente terrenos rústicos, "por exigencias obvias de espacio y seguridad". Pero el hecho de que éste se encuentre lejos de la zona urbana no significa que se deba dejar a un lado el hecho de que "cuando una ciudad mejora sus comunicaciones,mejora también su potencial económico y las condiciones de vida de sus habitantes".

Además, se reconoce en estos fallos que no es infrecuente que alrededor de un nuevo aeropuerto surjan zonas de industrias y servicios, lo que provoca un ulterior efecto multiplicador de la expansión urbana. "Es escasamente discutible, por ello, que un nuevo aeropuerto es un modo de expansión urbana".

Sin embargo, el hecho de que se proyecte una obra de gran escala, como lo es una instalación aeroportuaria, no es sinónimo de que se prevea un crecimiento urbano, por lo que esta valoración puede peligrar en algunos casos. La cuestión fue acotada, entre otras, por una sentencia del Supremo de 9 de abril de 2010 -existe una segunda para un caso idéntico-, dictada en relación a una expropiación en el marco del proyecto 'Construcción de Instalaciones Aeroportuarias de la provincia de Castellón', en la que se estableció que existe la posibilidad de que ciertos aeropuertos, por su ubicación y por la finalidad para la que han sido construidos, no contribuyan a crear ciudad.

Se trata de una cuestión excepcional, tal y como afirma el propio texto, del que fue ponente el magistrado Díez-Picazo Giménez. La sentencia sienta que, en este caso, el terreno expropiado debía valorarse como suelo rústico, algo que ocurre cuando éstos no están específicamente vinculados a una determinada ciudad o área metropolitana. Si esto ocurriera, habría que concluir que, como excepción a la regla general, "ese aeropuerto no es una infraestructura que ayuda a la expansión de la ciudad y, por tanto, los terrenos rústicos expropiados para su construcción no habrán de ser valorados como si de suelo urbanizable se tratase".

En resumen: no puede descartarse que se produzcan casos en que no exista la expectativa razonable de que la construcción del nuevo aeropuerto traiga consigo inmediatamente una transformación de su entorno en suelo urbanizable.

La nueva doctrina

La doctrina ha ido asentando, de este modo, diversos criterios de aplicación a lo largo de los años en función de las peculiaridades de cada tipo de construcción. Todo ello partiendo del origen del cambio: la nueva redacción del artículo 25 de la Ley del Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 1998, introducida en 2002 a raíz de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre de aquel año. Según este precepto, en su párrafo segundo -en el que se basa el cambio doctrinal- "la valoración de los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, autonómico o estatal, tanto si estuvieran incorporados al planeamiento urbanístico como si fueran de nueva creación, se determinará según la clase de suelo en que se sitúen o por los que discurran".

Una redacción que puede llevar a concluir que los terrenos expropiados para dar cabida a sistemas generales deben dejar de valorarse como suelo urbanizable para serlo por su naturaleza no urbanizable, si es que se encuentran en este tipo. Los tribunales, ante ello, han matizado esta idea a través del criterio del destino urbano o no de la tierra expropiada, con el fin de alcanzar una indemnización justa.

Así, la nueva doctrina sienta también que, ante la tendencia anterior -que era la de considerar que siempre que nos encontrásemos ante un sistema general, el terreno debía valorarse como urbanizable-, deben establecerse ciertos matices: no es acertado que, por el mero hecho de que una obra aparezca nominalmente designada como sistema general, se deba aplicar la doctrina jurisprudencial sobre valoración de sistemas generales como suelo urbanizable. Y en sentido contrario, tampoco es trascendente que un Plan General no considere cierta obra como sistema general para que su terreno se valore como urbanizable. En esta última línea apunta una de las sentencias para la ampliación del Aeropuerto de Barajas, dictada por el Supremo de 26 de febrero de 2004.

En definitiva, tal y como señala la sentencia del caso del Aeropuerto de Burgos, "no todos los terrenos expropiados para ejecutar infraestructuras o servicios tendrán que ser valorados como suelo urbanizable, como tampoco lo tendrán que ser necesariamente en toda la extensión de la infraestructura". Hay que atender a las circunstancias de cada caso en cuanto a su contribución a conformar la estructura urbana.

Distribución de cargas
En torno a esta idea, y en una interpretación amplia del artículo 25, la jurisprudencia ha ido vertebrando ese criterio de creación urbana, que se perfila como el más justo al basarse en que, cuando se trata de implantar servicios para la ciudad, ello no puede hacerse a costa del sacrificio singularizado de unos propietarios, de modo que, aunque el suelo afectado se haya considerado por el planificador como rústico, debe estimarse como una obra de infraestructura básica adscribible al suelo urbano o al urbanizable.

La idea es relativizar criterios y atender al caso concreto, de forma que las clasificaciones del suelo, tanto por su calificación como por su pertenencia a una u otra zona, no determinen de forma estanca su valoración de cara al justiprecio. En esta línea, por ejemplo, la jurisprudencia afirma que el hecho de que una infraestructura tenga carácter supramunicipal no significa que no pueda incidir en la ordenación urbanística.

El leitmotiv de esta doctrina se encuentra en el principio de equidistribución de las cargas y de los beneficios derivados del planeamiento, de tal modo que, en algunos casos, de no valorar los terrenos expropiados comourbanizables, sus propietarios se sacrificarían a cambio de la retribución correspondiente al suelo rústico para que los demás se beneficien de la expansión ciudadana y del consiguiente incremento de valor de sus terrenos.

Por lo tanto, "esta doctrina parte del criterio legalmente establecido de valoración del terreno expropiado conforme a su clasificación urbanística [tal y como recoge el citado artículo 25]", pero, a la vez, teniendo en cuenta que la idea es atribuir a los distintos propietarios la carga en proporción a sus participaciones de forma que el sacrificio de la expropiación sea proporcionado, y sin que el expropiado tenga que soportar de manera singular o absoluta el sacrificio patrimonial que se le impone en beneficio de un determinado entorno urbanístico.

En definitiva, la idea es mantener ese principio esencial de proporcionalidad, que es lo que "ha llevado al desarrollo de esta doctrina" precisamente "con el objeto de superar las previsiones formalmente recogidas en el planeamiento, o la ausencia de éstas, cuando es otra la realidad material de la situación en que se encuentran los terrenos expropiados" y con ello el sacrificio que realmente supone para el expropiado la privación legal de sus bienes. Una cuestión que "no puede desconocerse a efectos de la valoración, bajo pena de cargar al propietario, que se encuentra con un sacrificio patrimonial que no responde a las previsiones constitucionales", tal y como establece el propio Tribunal Supremo.

Caso sí, caso no
Partiendo de esta doctrina, el Supremo ha acumulado un importante número de fallos en los que perfila y acota las condiciones en que se cumple ese crecimiento urbano y las que no, tal y como ocurría en el caso de las obras del Aeropuerto de Castellón. En este sentido, los tribunales entienden, por ejemplo, que sólo el terreno expropiado para una vía interurbana integrada en un municipio con la clasificación de Red Viaria de Interés puede valorarse como suelo urbano; que las vías de comunicación de las grandes áreas metropolitanas, aún cuando afecten a términos municipales distintos, pueden llevar a valorar esos terrenos como urbanizables; o que el suelo expropiado para construir un centro penitenciario no puede valorarse como suelo urbanizable.

El Constitucional, por su parte, marcó la pauta al pronunciarse sobre estamateria en su sentencia de 26 de marzo de 1986 -entre otras-, analizando la doble naturaleza de la expropiación, destinada a la consecución de los intereses públicos y a garantizar el derecho a la propiedad privada. En definitiva, la indemnización, debido a esta doble naturaleza, debe corresponder al valor real de los bienes y derechos expropiados, "pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación". Un criterio que, sin embargo, tiene una complicada traslación al plano real, quedando en manos de los jueces la tarea de fijar qué cantidad es la justa cuando el Estado ejercita su derecho a la expropiación.


* El Economista - Lucía Sicre - 8.08.11
Foto: Viñeta dinero campo - eleconomista

.................................... Leer más...