PÚBLICO/Madrid* : Los indignados vuelven a la carga. Ayer, tras el intento infructuoso de miles de personas de entrar en la madrileña Puerta del Sol, para protestar por los desalojos de aquella madrugada , los indignados realizaron una manifestación improvisada por las calles aledañas que se saldó con dos detenidos, acusados de desórdenes públicos. Después, ante la imposibilidad de entrar en el Kilómetro Cero, se reunieron en asamblea en la plaza Mayor. Una veintena decidió acampar hasta ser desalojadas de nuevo por la policía esta mañana.
Hoy los indignados intentarán de nuevo recuperar Sol. Las redes sociales vuelven a servir de conectoras y a esta hora corren varias convocatorias para esta tarde.A las 18:00 horas han convocado una concentración en la plaza Jacinto Benavente, desde donde pretenden entrar en la Puerta del Sol aprovechando el horario comercial. En caso de que no lo consigan celebrarán una asamblea y volverán a intentarlo más tarde, a las 20:00 horas, esta vez en una marcha desde Atocha, informan desde @acampadasol. Igual que ocurrió ayer, los trenes de metro y cercanías no efectuarán parada en Sol a partir de las 18:00 horas.
En estos momentos hay un fuerte dispositivo policial en los diferentes accesos al Kilómetro Cero y la desembocadura de la calle Carretas se encuentra vallada. Están desalojando poco a poco la plaza y cortando los accesos. En la plaza Jacinto Benavente se ha concentrado más de un centenar de personas, que se disponen a celebrar una asamblea. Los puntos del orden del día son la valoración de los hechos ocurridos ayer y la propuesta de próximas acciones.
El 15-M reacciona en varios puntos de España
En otras ciudades del país, como Sevilla, León, Bilbao o Vitoria, se han convocado concentraciones de apoyo para esta tarde. En Valencia planean incluso construir un punto de información, como el que han desmantelado en Sol, en la que han bautizado como la plaza 15 de Mayo (la plaza del Ayuntamiento).
Los indignados de Barcelona han convocado a las 17:00 horas una asamblea en la plaza de Catalunya para decidir las acciones de apoyo a los madrileños. "No lo olvidéis, esta tarde a las 19:00 horas haremos que el Sol salga en Gasteiz", convocan esta tarde los indignados en Vitoria.
* Público - 3.08.11
Foto: Los indignados se concentraron en los accesos a la Puerta del Sol - EFE
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ELPAÍS/Barcelona* : El presidente Artur Mas ha decidido malvender el patrimonio de la Generalitat para hacer frente a la delicada situación financiera del Gobierno catalán. El Departamento de Economía, cuyo titular es Andreu Mas-Colell, ha puesto a la venta 37 edificios, con los que espera ingresar hasta 550 millones de euros. La venta de estos inmuebles en la actual situación de crisis causará cuantiosas pérdidas a la Generalitat, que en el caso de cuatro de los últimos inmuebles comprados ascenderán a 42,4 millones de euros. Otros dos, adquiridos en 1994 y 1999, han sido puestos a la venta a un precio muy similar al de su compra, pese a que los precios en el mercado de oficinas se ha triplicado en este tiempo. Con la mayoría de edificios, sin embargo, no es posible cuantificar las minusvalías ya que se trata de inmuebles que ya eran de la Generalitat o esta los ha recibido transferidos de otras administraciones.
Los edificios en venta se han distribuido en dos lotes. Por el primero, compuesto por 26 inmuebles, la Generalitat espera conseguir al menos 450 millones. El segundo lote, cuya venta ha salido a concurso a través de ICF Equipaments, está compuesto por otros nueve locales, una nave y la sede de Territorio, por 97 millones más.
El tripartito inició una oleada de compras poco después de llegar al Gobierno. Según un estudio que elaboró la Generalitat, los elevados alquileres a los que hacían frente consejerías y organismos oficiales eran un dispendio que se podía evitar comprando los inmuebles. Bajo esa justificación, inició un plan de adquisiciones que ahora el actual Gobierno desactiva, a costa de vender por debajo del precio de compra.La sede de Territorio, junto a la estación de Sants, se compró por 60 millones de euros en 2010. Se ha puesto a la venta un año después por un mínimo de 56 millones. El Ecourban, situado en el barrio 22@ y sede de la Agencia Catalana de Comercio y del Instituto Catalán de Energía (Icaen), fue adquirido por 31,8 millones en 2008. Ahora sale a la venta por 19,8 millones. El edificio de Agricultura de la avenida de la Meridiana fue comprado en 2003 por 19,7 millones y su precio de salida es ahora de 10,3 millones. La antigua consejería de Trabajo, en la calle de Sepúlveda, se compró por 27,5 millones en 2004 y siete años después se vende hasta 110.000 euros más barato.
En el caso del edificio de Economía en Gran Via número 639, se vende por 9,8 millones, pese a que se compró por 26 millones. Esta venta, sin embargo, permitirá a la Generalitat ahorrarse los gastos del censo enfitéutico. Este sistema de compra, utilizado por el Gobierno desde los noventa, es una figura medieval que permite comprar sin desembolsar toda la cantidad o con hipoteca, ya que las cuotas se pagan al propietario, pero los gastos que comporta son muy elevados.
De entre los precios conocidos de compra años atrás (extraídos de los presupuestos de la Generalitat de diversos años), solo los inmuebles adquiridos antes del año 2000 se venden con una plusvalía considerable. Pero hay que tener en cuenta que han pasado más de 10 años y el metro cuadrado de oficina, según cifras del Ayuntamiento de Barcelona, ha más que doblado su valor en el centro de la ciudad. En 1997, año de compra de varios inmuebles, en el Eixample el metro de oficina valía de media 1.064 euros. En 2010, en la misma zona, se vendió a 3.467 euros de media.
La dirección general de Agricultura, en Gran Via de les Corts Catalanes número 612, con 12.879 metros cuadrados, se compró en 1994 por 25 millones y se vende ahora por 26,9 millones. Otro inmueble de Trabajo en Puig i Xoriguer, de 2.349 metros cuadrados, se compró en 1999 por 2,7 millones y se vende por 3,2 millones.
Una portavoz de Economía señaló ayer que los edificios se han tasado según el precio actual del mercado, y recordó que los publicados son los precios mínimos por los que puede negociar "y quizá se acabe vendiendo por más". El mercado, explicó, no está en su mejor momento y los edificios no se venden vacíos, sino que incluyen un inquilino, ya que, una vez vendidos, la Generalitat no los desocupará, sino que seguirá en ellos en régimen de alquiler.
La renta, según el acuerdo de Gobierno, estará garantizada al menos durante 25 años. En el caso, por ejemplo, del edificio de la Bolsa de Barcelona, que se vende a partir de los 57,4 millones en paseo de Gràcia número 19, el alquiler anual pactado ascenderá a 4,7 millones. La sede de Trabajo de Sepúlveda tiene un alquiler pactado de 2,2 millones al año.
El primer lote, de 26 edificios valorados en 450 millones, está siendo gestionado por la consultora PWC. Contiene muchos inmuebles en la llamada zona prime de la ciudad, cerca de paseo de Gràcia, Via Laietana y Diagonal. El segundo bloque, que ha salido a concurso a través de ICF Equipaments, incluye por 97,8 millones la sede de Territorio de Josep Tarradellas, una nave en el polígono de Molí del Racó en Sant Sadurní d'Anoia y nueve oficinas de empleo. Estas últimas están en Vilanova i la Geltrú, Tortosa, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès, Berga, Rubí, Esplugues de Llobregat y Cambrils. Todas las oficinas tienen entre 400 y 1.000 metros cuadrados y la mayoría se construyó después de 2000.
En el pliego del concurso de ICF Equipaments se especifica que la empresa que se encargue de la venta de este lote deberá colocar el paquete completo, que es indivisible. Además, especifica que la compañía que se encargue de la venta se embolsará un 2% del precio total si vende en menos de seis meses, es decir, un mínimo de 1,9 millones de euros, sin IVA. El porcentaje de beneficio desciende conforme aumente el tiempo de venta, y si tarda seis meses baja hasta el 1,6%. La fecha máxima para que se formalicen las escrituras públicas es el 16 de diciembre.
Reportaje gráfico de Joan Sánchez y Carles Ribas.
* El País - CRISTINA DELGADO - Barcelona - 03/08/2011
Foto: Sede de Consumo, Icaem y Energía - elpais
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DIARIODEAVISOS/Tenerife* : Una costa sin vida. Una angulosa y gris estructura, el esqueleto del edificio La Costa, un gigante de cemento abandonado hace varias décadas, encarna la situación actual del litoral Este de la Isla: descuido, desinterés y la absoluta soledad del abandono. Mientras Santa Cruz comienza a descubrirse al mar con la reapertura del Parque Marítimo César Manrique el pasado junio y la mejora de las condiciones de baño en la playa de Las Teresitas en julio, los vecinos de Añaza y Acorán en el Distrito Suroeste continúan preguntándose qué ha pasado la rehabilitación de su costa.
“Es una obra que comenzó hace 21 años y ha quedado paralizada”, explica a este periódico Luis Celso García Guadalupe, presidente de la Asociación de Vecinos 8 de Marzo de Añaza, al tiempo que describe el disgusto de esta población santacrucera que solo quiere “que los proyectos salgan adelante”.
Una gran explanada a la que se accede por una carretera asfaltada preside la zona de equipamiento litoral del barrio de Añaza donde, en lugar de un paseo marítimo que aproxime a los usuarios a la esencia y orografía del lugar, solo existen canchas desamparadas, unas escaleras con los balaustres en ruinas, un edificio a medio terminar y basura acumulada. “A Añaza solo le falta una playa en condiciones”, comenta a DIARIO DE AVISOS Domingo Reyes, un vecino que aprovechaba la mañana ayer lunes, primero de agosto, para “pasar el rato pescando” junto al varadero construido en este lugar.
Ya los arquitectos José David Izquierdo, Raquel Guanche y David Espejo Campos, con motivo del concurso de ideas convocado en 2003 por la Gerencia Municipal de Urbanismo para rehabilitar el frente marítimo de esta costa, trazaron el proyecto ‘Pasea’ -que se alzó con el primer premio de 12.020,24 euros- en el que apostaron por reorganizar los espacios libres y equipamientos que ofrece la superficie para integrar, según la memoria, “espacios deportivos, recreativos y de descanso relacionados con la naturaleza, el mar y el paisaje”. Pero lo cierto es que la merma de recursos económicos y la falta de acuerdo con la Dirección general de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en lo que respecta al deslinde marítimo, han impedido llevar a cabo este proyecto que lleva siete años en el olvido.
Fuentes del Consistorio capitalino consultadas por este periódico aseguran que la rehabilitación del frente marítimo de la costa de Añaza y Acorán es un tema al que pretenden “poner solución” en el marco de las reuniones que periódicas que se están celebrando con la Demarcación de Costas con el objeto de tratar temas referentes a la mejora del litoral de Santa Cruz. Si bien la Corporación municipal estima que la toda costa capitalina precisa ser mejorada en beneficio de la ciudadanía, la superficie correspondiente a este rincón del Suroeste será tratada en la próxima reunión que tendrá lugar en el mes de septiembre.
Cada vez menos vida
Los usuarios del litoral de Añaza han ido decreciendo con el paso de los años, ya que el abandono por parte de las autoridades competentes, unido a las señales que ha dejado el embate del mar, han contribuido a que en la actualidad este espacio “no está en condiciones de baño”, asegura Luis Celso García. “Se ha deteriorado mucho y la gente ya no está viniendo”, indica Domingo Reyes, quien señala los lugares de preferencia para el baño de los grupos de jóvenes que acuden a disfrutar de las aguas cristalinas de la zona.
La escasez de dotaciones y la inseguridad han sido los principales condicionantes para que los habitantes de Añaza y Acorán, aún teniendo su propia costa, prefieran hacer uso de otros lugares cercanos como Playa de La Nea o Tabaiba, en El Rosario.
El propio varadero no solo está en desuso sino que muestra cómo la acometida impetuosa del mar ha estropeado el firme de cemento, convirtiendo su uso en una actividad peligrosa. “Es una zona muy bonita pero se ha estropeado mucho”, argumenta el presidente de la AA. VV. 8 de Marzo, quien reclama una mayor implicación por parte de las autoridades competentes. “La lucha de los vecinos de Valleseco ha sido muy bonita -apostilla- pero nuestro proyecto estaba antes”.
La idea presentada por el arquitecto José David Izquierdo dibujaba una interactuación entre la orografía abarrancada de la zona costera comprendida entre Añaza y Acorán y las dotaciones deportivas y de ocio planificadas. Todo ello estaría enlazado por un paseo marítimo que uniría ambos núcleos poblacionales, siempre y cuando el hotel La Costa fuera derruido. Así, el proyecto ‘Pasea’ proponía aprovechar los salientes de la costa para construir piscinas naturales, que estarían diferenciadas de las dotaciones destinadas al ocio -un restaurante y una plaza- y al deporte. Por otra parte, el tan ansiado parque marítimo del Suroeste contaría con una superficie natural en la que se crearía “un gran palmeral” en la zona cercana a Acorán.
De esta manera, los barrios de Añaza y Acorán contarían con una zona de baño segura, habilitada para usuarios de todas las edades, en la que los elementos naturales se imbricarían con las infraestructuras de tiempo libre y deporte, que llenarían de vida el litoral capitalino.
* Diariode Avisoso - 1.08.11
Foto: Los vecinos de la zona llevan 21 años demandando una costa en condiciones. / FRAN PALLERO- diarioavisos
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ELPAÍS/Galicia* : Un "compendio de arbitrariedades" es la definición que hace la asociación ecologista Adega de la propuesta de Plan Director de Rede Natura de la Xunta. Tanto, dicen, que las zonas de máxima protección podrían acoger plantas de tratamiento de residuos, desde cualquier pequeña instalación a una gran incineradora al estilo Sogama, si el Gobierno de turno así lo decidiese. El plan establece dentro las medidas de gestión referidas a ordenación del territorio y urbanismo como "usos y actividades autorizables" las infraestructuras "de gestión y tratamiento de residuos, en los municipios con más del 40% de su superficie clasificada como suelo rústico de especial protección de espacios naturales" dentro de la zona 1, la que alberga las áreas distinguidas por sus valores naturales o por albergar hábitats prioritarios o especies endémicas de Galicia. El único requisito que tendrán que cumplir es que estas plantas se ubiquen en municipios en los que más del 40% de la superficie esté clasificado como suelo rústico de especial protección, el tipo de terreno más restrictiva que establece la ley de ordenación urbanística y que corresponde a un espacio natural protegido.
Si en la zona de máxima protección se establece esta limitación del 40%, el requisito desaparece para las otras dos zonificaciones de la Red Natura en Galicia, que no lo exige ni en el área de conservación ni en la de uso general. "Las incineradoras son autorizables en las tres zonas", resumió el secretario ejecutivo de Adega, Fins Eirexas. Entre los deberes inmediatos de la Consellería de Medio Ambiente está el de elegir una ubicación para la segunda planta incineradora de Galicia. Además de la nueva Sogama, que se planea situar en el sur de la Comunidad, el plan de residuos proyecta la construcción de seis plantas de compostaje y una nueva de selección de envases ligeros. Al igual que espacios para la gestión de residuos, en las zonas más sensibles se podrán autorizar también infraestructuras de abastecimiento, tratamiento, saneamiento y depuración de aguas.
Casi un mes después de que la Consellería de Medio Rural presentase su plan, han llegado las alegaciones de los ecologistas. A las quejas iniciales por la carta blanca para instalar plantas acuícolas en cualquier punto de la Red Natura, añaden ahora la arbitrariedad. Aseguran que las actividades autorizables "son discrecionales" y "quedan en manos del conselleiro". Si la instalación de piscifactorías se permite en las zonas de máxima protección es gracias a la fórmula del interés público de primer orden que le aplicó la Xunta semanas antes de presentar el plan director, una salida que permite la directiva hábitat de la UE para casos excepcionales. "Mañana pueden declarar compatible cualquier cosa, como aquel decreto de [Manuel] Fraga que declaraba los parques eólicos compatibles con el paisaje gallego", explica Eirexas. Para los ecologistas el plan director supone la "liquidación de los espacios protegidos".
Desde Adega insisten en que no ven la Red Natura como una "reserva cerrada" en la que no se pueda autorizar ninguna actividad. "Puede ser un motor, pero en base a poner en valor sus cualidades naturales". Los ecologistas avisan de que sus reclamaciones sobre el "sinsentido" del plan director llegarán a la UE. "Europa está con las orejas arriba a ver qué se hace en este rincón". El plan director es un vieja reclamación de la UE y en diciembre acabaron las prórrogas de Europa para presentar las líneas de gestión de los espacios naturales. Ahora, con el plan director a la espera de alegaciones, falta la prometida ampliación de la Red Natura, que el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, estimó que estará lista a finales de año.
El plan "no asegura" la conservación
El análisis de Adega sobre el documento concluye que la zonificación propuesta por Medio Rural "no asegura de forma suficiente" la consecución de los objetivos de conservación que establece la directiva de hábitats de la Unión Europea por la que se creó la Red Natura. El plan de la Xunta distribuye este territorio protegido en tres zonas, entre las que los ecologistas echan en falta una de reserva para los territorios con los máximos valores. Se trata de áreas con presencia de "hábitats y especies raras, frágiles, de gran singularidad o muy amenazadas" en las que "no estaría permitido ningún uso salvo los científicos o de manejo del medio natural por parte de las administraciones competentes".
En la segunda zona por nivel de protección, la llamada de conservación, se permiten "actividades no tradicionales a pesar de la presencia de hábitat prioritarios". Adega lamenta las áreas de uso restringido y moderado -como recogía la propuesta de plan director redactada por el bipartito- se agrupasen en este espacio de conservación, ya que "rebaja el grado de protección de más de la mitad" de la Red Natura y "amenaza los objetivos de conservación".
Las alegaciones de la asociación ecologista recogen también su rechazo a incluir plantas de acuicultura en esta red ecológica. Aunque los aprovechamientos hidroeléctricos -como los parques eólicos y las minas a cielo abierto- están vetados en toda la Red Natura por el plan director, Adega reclama que para las modernizaciones, que sí están permitidas, se prohíban cuando supongan un aumento del caudal turbinado o una disminución del caudal ecológico. La caza es otra de las actividades que, según el parecer de Adega, no debería permitirse dentro de todo el territorio protegido, que sería así una zona libre de actividades cinegéticas.
La discrecionalidad de la norma de la que hablan los ecologistas "permitiría construir bloques [de edificios] en las aldeas de O Vilar [dentro del Parque Natural de Corrubedo] o rallyes en las dunas", ejemplifica Eirexas en referencia a que el plan permite excepcionalmente exceder el 50% del volumen de la edificación originaria siempre y cuando cumplan las condiciones generales de edificación de la ley de ordenación urbana. Adega reclama que se elimine este uso autorizable, al igual que la posibilidad de cambiar la clasificación de terrenos de suelo rústico de especial protección en los ayuntamientos que tengan más del 40% de su superficie con esta figura. Esta modificación que deberá ser contigua a suelo urbano será posible, reza el plan director, siempre que resulte imprescindible para su desarrollo urbanístico sostenible.
* El País - MARÍA PAMPÍN - Santiago - 03/08/2011
Foto: Xunta GAlicia - elderecho
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ELPAÍS/Madrid* : Al alba, con la ciudad a medio gas -pero llena de turistas- por el inicio de las vacaciones de agosto y a dos semanas de la visita del Papa, un batallón de policías del Ministerio del Interior y del Ayuntamiento de Madrid desalojaron ayer al alimón a los últimos 20 acampados de la Puerta del Sol, que decían sostener el testigo del Movimiento 15-M aunque el grueso de ese grupo abandonó la acampada en junio. Horas después, para evitar nuevas concentraciones, la Delegación del Gobierno ordenó cortar totalmente el acceso a la plaza madrileña, cerró la estación de metro y cercanías -una decisión, esta última, insólita desde que nació el 15-M- y prohibió la entrada a periodistas y viandantes, indignados o no.
Pero, apenas recuperada la plaza por los agentes, las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes que invitaban a darse un "paseo" por Sol para protestar contra el desalojo. Los policías continuaron desplegados en la plaza y sus alrededores durante todo el día.
Las medidas de control reavivaron el movimiento y dieron alas a los manifestantes, que decidieron diversificar las protestas. Mientras unos se mantenían frente al cordón policial, miles de personas marcharon por el centro de Madrid para regresar de nuevo a las inmediaciones del kilómetro cero al grito de "Esto es lo que pasa por echarnos de la plaza". Algunos concentrados gritaban a los antidisturbios parapetados en Sol: "¡Suelten las armas, están rodeados!".
El incidente más relevante se produjo en la calle de la Montera, después de que se acordonase la Puerta del Sol. La policía desalojó a un grupo de 30 personas que hacía una sentada y los sacó del interior del cordón. Las medidas de presión fueron en aumento y los agentes activaron una doble barrera en toda la plaza. Las Fuerzas de Seguridad no dejaban entrar a nadie y se podían contar 50 furgones desplegados por los accesos y la zona central de la céntrica plaza madrileña.
Hacia las once de la noche, se volvieron a registrar algunos momentos de gran tensión, coincidiendo con el regreso de los manifestantes al kilómetro cero. La policía cargó contra algunos manifestantes que querían acceder a la plaza desde una de las calles.
Mientras, los indignados de Barcelona no se quedaron de brazos cruzados. Tras los desalojos de Madrid, decidieron concentrarse en la plaza de Catalunya, donde pretendían pasar la noche, en protesta por la actuación de las Fuerzas de Seguridad. También en Valencia, otro grupo, se reunió en la plaza del Ayuntamiento con el mismo propósito.
El desalojo y cerco de Sol puso fin a 79 días de acampada en el corazón de Madrid, una protesta ciudadana pacífica que surgió el pasado 15 de mayo en plena campaña electoral de las municipales y que se extendió por toda España. Según la policía, los últimos de Sol eran en su mayoría indigentes y la protesta había degenerado en una ocupación de la vía pública sin más trasfondo.
Esa situación se vivía desde el 12 de junio, cuando el núcleo del colectivo -en Sol llegaron a concentrarse 25.000 personas en los días más vibrantes de mayo- decidió poner fin a la acampada y continuar las protestas con iniciativas nuevas en barrios y ciudades, desmarcándose de los que optaron por quedarse.
Gobierno y Ayuntamiento han esperado al 2 de agosto para desalojarlos. Con ellos se va también el punto de información que el 15-M había dejado en la plaza. En la misma operación fueron expulsadas las 50 personas que acamparon hace una semana en el paseo del Prado.
"Despertaos. Tenéis cinco segundos para recogerlo todo". A las 6.15, un dispositivo de 300 agentes -200 del Cuerpo Nacional de Policía y un centenar de Policía Municipal- se desplegó por Sol y el paseo del Prado. La decisión de intervenir finalmente la habían tomado la víspera "de común acuerdo" el equipo del ministro del Interior, Antonio Camacho, y el del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, según fuentes de ambos Gobiernos. Las dos Administraciones (central y municipal) tienen competencias para desalojar, y podían haberlo hecho desde un primer momento: la Policía Nacional, porque se trataba de una concentración no autorizada de más de 19 personas (el mínimo que exige la ley); la Policía Municipal, porque los acampados estaban ocupando una vía pública sin los permisos oportunos. Al final acordaron hacerlo de forma conjunta.
"Lo hemos hecho de una forma muy prudente y proporcionada, no queríamos generar un mal mayor. La operación ha salido muy bien y no se han producido altercados, que era lo que buscábamos", destacaron fuentes de la Delegación del Gobierno. "La verdad es que los chavales no han opuesto ninguna resistencia. Estaban muy cansados y algunos casi daban gracias de que los desalojáramos. Es muy duro pasar tanto tiempo en estas condiciones", señaló un mando policial.
Algunos concentrados no lo vivieron tan plácidamente: aseguran que no les dejaron llevarse sus enseres y que en la operación fue destruida una exposición con un centenar de fotos y seis lienzos que iban a ser trasladados en breve a un centro okupado. "Nos íbamos a llevar la enfermería y la cocina hoy mismo, no nos han dado tiempo. Han entrado con las máquinas y nos han tirado todo lo que había", protestaba Juan.
Los policías tomaron los datos a todos los desalojados para remitirlos al juez, en caso de que este los pida, o a la Delegación del Gobierno por si decide denunciarlos. Después, trabajadores del Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento dejaron la zona impoluta en cuestión de tres horas (se recogieron más de 25 toneladas de residuos). La Puerta del Sol retomaba así después de tres meses su aspecto original, que un fuerte despliegue policial trató de mantener durante todo el día.
Los lemas y las propuestas
- "¡No nos representan!". Los indignados reclaman el control del absentismo de los políticos, la supresión de sus privilegios en las pensiones, la eliminación de su inmunidad, que los delitos de corrupción no prescriban, la publicación obligatoria de su patrimonio y la reducción de los cargos de libre designación.
- "¡Estas son las llaves de la casa de mi padre!". El Movimiento 15-M reclama la expropiación de las viviendas no ocupadas y alquilarlas en un régimen protegido. Exige ayudas al alquiler para jóvenes y personas sin recursos y que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.
- "¡Los banqueros, usureros!". Piden la prohibición del rescate a los bancos. Que quiebren o se nacionalicen los que estén en dificultades. Elevación de impuestos a la banca por su mala gestión de la crisis. Sanciones a la especulación. Devolución de todo el capital público aportado.
- "Lo llaman democracia y no lo es". Reforma de la Ley Electoral para adoptar un sistema más proporcional. Referendos para cuestiones de gran calado. Mecanismos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.
* EL PAís - F. J. BARROSO / M. HERVÁS D. NELSON - Madrid - 03/08/2011
Foto: Cientos de personas marchan a la caída de la tarde por la Gran Vía, cortando la calle, después de que la policía les impidiera acceder a la Puerta del Sol.- ALBERTO MARTÍN /ElPaís
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ABC* : La sentencia, a la que ha tenido Efe, señala que el teniente de alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo impuso a esta vecina la multa por la construcción de una vivienda en el paraje "Valle del Sol", de la pedanía de Gea y Truyols, sin disponer de la preceptiva licencia.
La Sala, que anula una resolución del Juzgado de lo Contencioso nº5 de Murcia, que entendió que no había problema para reiniciar un expediente caducado en tanto no haya prescrito la infracción, ha dado la razón a la recurrente. El TSJ indica que en octubre de 2004 se abrió un primer expediente sancionador, que fue declarado en situación de caducidad en diciembre de 2006, abriéndose entonces otro que corrió la misma suerte. En febrero de 2009 fue incoado el tercer expediente, que culminó con la imposición de la multa por una infracción urbanística que fue calificada de grave.
La Sala señala que "no consta nada nuevo en el procedimiento que ahora nos ocupa ni tampoco ninguna razón para que los dos expedientes sancionadores anteriores caducasen".
Añade que "una infracción que fue detectada en 2004 ha venido a sancionarse en el año 2009, es decir, casi cuatro años después, lo que supone un injustificado alargamiento del plazo de un año de que dispone la Administración para resolver y notificar el procedimiento sancionador, y ello, sin causa alguna que lo justifique".
A juicio de la Sala, "esta actuación constituye un manifiesto abuso de derecho, lo que determina la estimación del recurso".
* ABC - 2.08.11
Foto: Valle del Sol (Murcia) - laverdad
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LAOPINIÓN/A Coruña* : La Corporación local de Cabanas sacará a contratación, por un importe total de 368.897 euros, los trabajos de derribo de la segunda fase del edificio O Penso, también conocido como Elpidio, sobre el que pesa una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del año 2006 por incumplir la normativa urbanística.
Con un plazo de ejecución de cuatro meses y a la espera de tramitar el crédito bancario necesario para sufragar el coste de las obras, el Concello advierte de que es imposible cumplir con el plazo fijado por el Tribunal, que obligaba a la Administración local a ejecutar el derribo antes del próximo 30 de septiembre, por lo que, según explica el alcalde, Germán Castrillón, solicitará una prórroga para poder llevar a cabo los trabajos antes del 31 de diciembre del presente año.
"Por culpa de los recursos presentados y la tramitación necesaria es imposible cumplir con este plazo por lo que espero que concedan el aplazamiento", sostiene el regidor popular.
Fue en el pleno celebrado el pasado jueves, primera sesión ordinaria de la presente legislatura cuando, con los votos a favor del Partido Popular (PP) y Agrupación de Electores de Cabanas (AEC) y las abstenciones del concejal Luis Fachal (AEC) y Partido Socialista y la negativa del Bloque Nacionalista Galego (BNG), se dio luz verde al expediente de contratación que reduce los costes, debido a "unos últimos ajustes", según Castrillón.
De los más de 400.000 euros previstos inicialmente por el Ayuntamiento, el presupuesto se reduce hasta los 368.897 euros, trabajos que se adjudicarán mediante procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente.
La tramitación del expediente queda condicionada a la formalización de la operación de crédito que deberá producirse antes de la adjudicación de las obras. Este crédito únicamente cubrirá los gastos del derribo por lo que quedan pendientes 663.800 previstos para indemnizaciones, seguros y otros gastos.
El Superior declaró nula la licencia de la segunda fase de la construcción en 1994. El motivo es que el inmueble incumple las normas subsidiarias que, a falta de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), rigen el urbanismo en el municipio de Cabanas, normas aprobadas en 1988, un año antes de que el Ayuntamiento autorizase la ejecución de la primera fase del Elpidio.
Según el planeamiento urbanístico en vigor, en el lugar en el que se levanta el edificio sólo se permitía la construcción de una planta baja, dos altas y bajocubierta. Sin embargo, la promotora aprovechó el desnivel del terreno para levantar cinco plantas más bajocubierta. La primera fase también fue denunciada y una sentencia de 1996 revoca la licencia concedida por el Concello.
* La Opinión A COruña . 2.08.11
Foto: Edificio O Penso, también conocido como Elpidio.- laopinion
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PÚBLICO/Madrid* : Agentes de la Policía han iniciado esta mañana el desalojo de los 'indignados' que permanecían acampados en el Paseo del Prado y en la Puerta del Sol de Madrid, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía y los propios 'indignados' en Twitter.
A las 6:00 llegaban a la madrileña Puerta del Sol unos 200 agentes de la Policía Nacional para comenzar el desalojo de una plaza que cuenta con la presencia de 'indignados' desde el pasado 15 de mayo, aunque el desalojo se ha desarrollado de forma tranquila y sin incidentes. Según testigos, los agentes han anunciado "ya está, hay que irse" y les han dado tres minutos para recoger sus cosas y salir. Mientras tanto, un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona para registrar cualquier tipo de incidente.
Tal y como han confirmado miembros del propio movimiento 15-M en Twitter, a las 8:40 el despliegue policial impedía el acceso a la Puerta del Sol. Reconocían que era imposible una concentración que evitase el desalojo, y aún así, hacían un llamamiento "para acudir a ayudar" desde #nopararemos .
En Twitter no han cesado los mensajes de apoyo con ideas como "Podrán desalojar Sol y el Prado pero detrás de todo eso hay ideas" o "Podrán desalojar acampadas, pero no podrán desalojar nuestras conciencias".
Pero también se mueven las especulaciones. Mientras se organiza una reunión en la Puerta del Sol para esta tardea a las 20:00, otros usuarios de la red social dudan sobre las verdaderas razones del desalojo. "Desalojan Sol y Prado, para limpiar, ¿sus conciencias ante la cara visita del Papa?".
Una idea que Gaspar Llamazares ha compartido: "Con agosticidad, el gobierno desaloja a los indignados, para ocultar el conflicto social a las visitas. Las causas y el movimiento continúan" Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Congreso, en su Twitter @GLlamazares
Los servicios de limpieza municipales han anunciado que están preparados para proceder a retirar los objetos y residuos que queden en ambos campamentos. En respuesta, los 'indignados' ya han anunciado que implantarán un nuevo punto de información.
"La información es un derecho de todas las personas, y en InfoSol se hacía eso, comunicar a las personas cómo podían participar de la conciencia global de pensamiento que se ha desatado con el Movimiento 15M", han publicado en su Web.
Desde el 15 de mayo y tras la primera manifestación del movimiento, los 'indignados' ocupaban la Puerta del Sol de Madrid como centro del las acampadas de las principales plazas españolas. Desde el principio se temía un desalojo, pero finalmente y tras más de dos meses de reivindicaciones, los 'indignados' abandonaron la plaza por propia voluntad y bajo acuerdo asambleario el 12 de junio.
Desde ese momento el objetivo era centrarse en el trabajo en los barrios y pueblos de toda la Comunidad, aunque sin olvidar el trabajo en acciones a gran escala como la manifestación que recorrió las calles de Madrid y otras ciudades, partiendo de cada uno de los barrios y terminando en la unión de los manifestantes es Cibeles, el pasado 19 de junio.
Las marchas que salieron de diferentes puntos de España bajo el nombre de "Marcha Popular Indignada" y culminaron en la manifestación del 24 de julio, ha sido otra de las grandes acciones del movimiento donde participó gente de Galicia, Murcia, País Vasco, Catalunya, Andalucía, Extremadura y Valencia.
De estas marchas nació un nuevo campamento cuando un grupo de integrantes del movimiento 15 de mayo decidió acampar en la mediana del Paseo del Prado. Junto a él, todavía quedaba un punto de información con unas 30 personas en Sol con el que pretendían seguir extendiendo las ideas y reivindicaciones del movimiento, así como expresar su indignación contra el sistema político, económico y social.
* Público - NATALIA CASTRO MADRID 02/08/2011
Foto: Un operario limpia la Puerta del Sol tras el desalojo de los 'indignados'.- publico
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JOSÉ MANUEL LÓPEZ* : Ha llegado el momento de plantear esta cuestión y que los expertos nos digan si tenemos razones o no para reclamar. En mi opinión, los banqueros han ocasionado un enorme perjuicio, susceptible de ser indemnizado, concediendo hipotecas a familias que sabían de antemano que no las podrían afrontar. Cuando menos cambiaron las normas en materia de concesión de hipotecas que se adoptaban hasta ese momento. Además de las hipotecas concedidas a personas solventes, abrieron otro mercado muy rentable respaldados por la situación del momento. Pensaron que sería incluso más rentable ejecutar hipotecas a las familias que, tras varios años de hacer malabares para poder pagarlas, finalmente tiraron la toalla hartos de ese sinvivir constante, de esa espada de Damocles preparada para caer sobre sus cuellos en cualquier momento.
Llegados a este punto, el cliente vendía su casa cuyo valor se había multiplicado por dos en unos años y cancelaba su hipoteca pagando suculentas comisiones al banco. En cierta época, el cliente recuperó el dinero que había pagado durante esos años e incluso ganó algún milloncejo, aunque los principales beneficiarios de esta situación fueron los bancos y las inmobiliarias. Progresivamente esto empezó a cambiar y, de ganar algo, se pasó primero a recuperar por los pelos lo invertido, más tarde a perder lo puesto durante esos años pero permanecer sin deudas, para terminar vendiendo por veinte millones una casa que costó treinta y que tras añadir comisiones e intereses, aumentó su precio a cuarenta. Esto dejaba a una familia en la calle y debiendo aún al banco un dineral. Pero en el caso de ejecución de la hipoteca por la deuda acumulada, se daba el caso de que la casa era embargada por una deuda de 30 ó 40 mil euros, quedándose la familia sin casa y debiendo aún el resto de la hipoteca. Los beneficiados aquí, bancos y subasteros sobre todo.
En ningún caso pierde el banco, es más, multiplica sus posibilidades de negocio sumando estas hipotecas a las que se ha dado en llamar "hipotecas basura", a las concedidas con todas las garantías.
Para colmo el gobierno decide prestar una millonada a los bancos a cambio de nada. ¿Cómo se le queda la cara a una de estas personas embargadas al saber que el dinero de sus impuestos se utiliza para ayudar a la gente que le ha arruinado la vida?
Pues bien, en mi opinión, si se ha causado un perjuicio, obrando con mala fe como ha sido el caso, al no importarles el daño que se iba a causar a la familia a la que se concedía la hipoteca, procede una indemnización por daños y perjuicios.
Está claro que se concedieron hipotecas que en ningún caso debieron de haberse concedido y que como consecuencia de ello, muchas familias se vieron en la ruina. Ya fuera a sabiendas o por incompetencia, muchas familias se vieron gravemente perjudicadas, por lo que deberían ser indemnizadas. Como consecuencia de la avaricia de los bancos o de su incompetencia, la economía de muchas familias no se recuperará jamás.
Por favor, no permitamos que salgan impunes de esto.
* Rebelión - Opinión - 1.08.11
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ELPAÍS*: El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Corina Porro, a la sazón presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, inauguraron en diciembre, en el relleno de Bouzas, un silo para el almacenamiento de coches en altura cuya construcción costó más de 23 millones de euros y que a día de hoy sigue ostensiblemente vacío, sin que la Autoridad Portuaria ofrezca ninguna explicación de los motivos de esa inutilización ni de las expectativas que alienta en relación con el edificio. Tampoco informa del grado de ocupación de 40 almacenes para armadores inaugurados en 2008 y que costaron 3,5 millones.
El relleno de Bouzas, de cerca de un millón de metros cuadrados de superficie, reserva unos 350.000 metros cuadrados para estacionamiento de coches. Pueden aparcar en él unos 14.000 vehículos, que van rotando así se embarcan o se movilizan tierra adentro, hasta sumar el paso de unos 600.000 vehículos al año. La gran mayoría proceden de la factoría PSA Peugeot Citroën, que utiliza esa plataforma para sus tráficos diarios con Francia. Otros 50.000 vehículos corresponden a otras marcas. En el contexto de estos tráficos se proyectó el silo, de cuyo uso Citroën enseguida se desmarcó aduciendo que restaba operatividad a su logística. La obra era indicada para almacenar coches que precisaran esperas más largas en el puerto.
Los fondos europeos financiaron 14,5 millones de euros del coste del silo. El edificio ocupa casi 20.000 metros cuadrados de suelo y en total ofrece 59.000 para estacionar 4.000 coches en tres plantas. Se trata de una "estructura metálica desmontable" en la que se emplearon 4.600 toneladas de vigas de acero, forjados de tramex (estructura metálica muy resistente a grandes cargas) y otros aditamentos modernos como los paneles fotovoltaicos integrados en vidrio traslúcido de color azul, que generan una potencia instalada de 100 kilowatios para generación eléctrica de venta a red.
Pero el edificio no se ocupa y, consecuentemente, no genera los ingresos que justificarían la inversión en él. El único dato constatable es el gasto, este año, de 120.000 euros para mantenimiento, para obras complementarias o para liquidar su construcción: el silencio de la Autoridad Portuaria impide ninguna certeza. El colectivo Bouzas-Móvete, y a su través la red ecologista A Ría non se Vende, lo considera "una obra absurda e ilegal" -porque nadie la demandó y porque se construyó en ausencia del plan de usos portuarios, ahora Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, que sigue brillando por su ausencia en el puerto de Vigo-, un "pegote" de 10 metros de altura que provoca "una barrera visual como pantalla permanente", y lo denunció en los tribunales.
En su inauguración, sin embargo, Porro consideró la consideró una infraestructura "clave". "En pocos lugares se mezcla con tanto acierto la cadena del mar y las necesidades de la industria", alabó Feijóo. Ambos emplazaron la funcionalidad del silo a la inminente apertura de la autopista del mar, que no obstante tampoco acaba de producirse. "Vigo hizo ya todos sus deberes, la pelota está ahora en el tejado de los Gobiernos de España y Francia", sentenció la semana pasada Ignacio López-Chaves, actual presidente del Puerto vigués, sobre la demora acumulada.
Por su parte, los almacenes construidos en el mismo área de Bouzas con financiación europea permanecieron absolutamente vacíos durante dos años porque los usuarios a los que fueron destinados consideraban muy altas las tarifas requeridas por su utilización. En 2009 se lo comunicaron así a Corina Porro, apenas tomar ella posesión de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo, para que tomara cartas en el asunto. A día de hoy, según fuentes ajenas a la Autoridad Portuaria, su ocupación es imprecisa, pero en todo caso "mínima".
La autopista del mar
Las primeras noticias sobre la implantación de la autopista del mar en Vigo, entre su puerto y el francés de Saint Nazaire, señalaron su apertura en 2009. La demora que se ha ido acumulando se atribuyó primero a una falta de acuerdo entre las empresas Acciona Transmediterránea, que fue la adjudicataria de la explotación pero no reunía los tráficos necesarios, y la Compañía Marítima Hispano Francesa (CMHF), que ya realiza los fletes para Citroën. Ambas compañías firmaron finalmente el pasado mes de enero, con gran solemnidad, un acuerdo para el traspaso de competencias que se presentó como el pistoletazo de salida. En abril se anunció que comenzaría a funcionar al cabo tres meses. Las últimas noticias apuntan que en septiembre.
Para acceder a las importantes subvenciones comunitarias que acompañan la explotación de la ruta -en tanto que elimina tráficos por tierra menos eficientes y más contaminantes-, la CMHF ha de garantizar unas frecuencias y volúmenes de transporte que no termina de alcanzar. Es el obstáculo que López-Chaves traslada a los arcanos de la negociación entre los Gobiernos de España y Francia y que supuestamente sería la causa de que el silo de Bouzas permanezca tan vacío como el día de su estreno.
* ElPaís - 1.08.11
Foto: VistaPuertoVigo-vigo
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MÁSSALAMANCA*: La Asociación denuncia que la desaparición del histórico teatro se debió al "desinterés político" y a un acuerdo "torpe e injustificado".
La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio”, premio Gregorio Arcos a la Conservación del Patrimonio Teatral en 2010, cuando se cumple un año del inicio del derribo definitivo del Teatro Bretón de Salamanca, quiere reiterar su oposición a tal derribo y reafirmarse, aun más si cabe, en su oposición al mismo, visto el devenir de los acontecimientos.
COMUNICADO DE "CIUDADANOS POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO"
"Tal día como hoy, del año 2010, el entonces Concejal de Urbanismo y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el portavoz de Los Verdes – Foro de Izquierdas anunciaban en ruedas de prensa simultáneas un acuerdo por el que el partido político demandante retiraba su denuncia en los juzgados y, por tanto, el derribo paralizado podía seguir su curso.
Sobre aquel acuerdo (por lo que parece verbal), que las tres partes entendieron como muy favorable para sí y para la ciudad, poco o nada sabemos a día de hoy los salmantinos. Sólo que se llevó por delante al más antiguo de los teatros de Europa, como así atestigua la documentación que esta Asociación posee, y que fue menospreciado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura.
Por parte de la empresa propietaria de la parcela, una vez documentados los restos arqueológicos del primitivo Corral de Comedias, también menospreciados por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, se han difundido diversas informaciones claramente contradictorias sobre la documentación y proyectos presentados en las Administraciones Públicas.
Ahora, un año después de aquel apresurado e injustificado acuerdo, los salmantinos todavía no sabemos qué se va a construir en la parcela que ocupaba el Teatro Bretón. Por otra parte, nos sorprende el silencio vecinal ante la incertidumbre de este solar mal vallado y en medio de la ciudad. Tal actitud nos hace sospechar que buena parte de las pasadas quejas vecinales estuvieron orquestadas desde la empresa propietaria para defender sus intereses, no los de la ciudad. Había mucha prisa por derribar, por deshacerse del Teatro Bretón…
Por último, queremos manifestar (con enorme tristeza) que el objetivo de “Ciudadanos por la defensa del Patrimonio” respecto a la catalogación del Teatro Bretón como Bien de Interés Cultural, por vía judicial, no era tan descabellado como se transmitió a la ciudadanía desde algunas instancias y colectivos. Hace un mes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la Comunidad de Madrid a incoar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural para el Teatro Albéniz de la capital por su riqueza teatral, un valor intangible. Ni más ni menos que lo que nuestra Asociación pretendía para el Teatro Bretón".
* Más Salamanca - 1.08.11
Foto: Salamanca,teatro Breton-massalamanca
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LAOPINIÓN/Málaga*: El titular del Juzgado nº3 de Ronda, una vez culminadas las diligencias previas y la investigación, ha decretado el procedimiento abreviado (fase previa a la celebración de juicio) en el caso que se sigue contra el exalcalde de Ronda, Antonio Marín (PSOE), y el exdelegado municipal de Obras y Urbanismo, José Herrera (PP), por un presunto delito contra la ordenación del territorio, al considerar que existen «indicios racionales de criminalidad», dice en su auto. Además da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Ecologistas en Acción puso en conocimiento de la Policía Autonómica en el año 2006 la existencia de una edificación (una nave agrícola) en la Hoya del Tajo, que a su vez remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, organismo que tras analizar el expediente pidió al juzgado rondeño la apertura de este caso al entender que se ha vulnerado la Ley urbanística, ya que la zona donde se levanta el inmueble está catalogada como no urbanizable de protección integral.
Además del exalcalde y el exconcejal de Obras, también resultó imputado el propietario de la construcción denunciada, A.F.D.R., afirmando su abogado que edificó la nave en la seguridad de que tenía todos los permisos y estaba dentro de la legalidad.
Marín Lara, en su declaración ante el juez eludió cualquier tipo de vinculación con este asunto, argumentando entonces que el acuerdo para realizar estas obras «no se ajusta en modo alguno a la legalidad en cuanto a procedimiento reglado administrativo» e indicó que todas las competencias en materia urbanística estaban en esa fecha en manos del entonces delegado municipal de Obras, el popular José Herrera.
Tras conocer que el juez ha decretado el procedimiento abreviado, el ex regidor dijo que «se trata de un trámite judicial más» e insistió en que él no tuvo nada que ver en esta obra y que no tuvo conocimiento de la misma.
Mientras, Herrera, que ha presentado un recurso contra el procedimiento abreviado, puntualizó que «siempre hemos actuado dentro de la legalidad».
La Hoya del Tajo, el punto más caliente
Los tres juzgados rondeños, así como la Fiscalía de Málaga, vienen investigando desde hace años una decena de actuaciones urbanísticas dentro del término municipal de Ronda que han sido denunciadas por incumplir la Ley vigente, según han informado Ecologistas en Acción. Se da la circunstancia de que algunos de estos casos se denunciaron en el año 2003 y aún no han sido resueltos por los tribunales, que mantienen abiertas las correspondientes diligencias.
El punto más caliente en cuanto a la proliferación de edificaciones, presuntamente ilegales, está situado en la Hoya del Tajo. Y es que en este lugar se han abierto diligencias previas para averiguar si cuatro edificaciones de reciente construcción incumplen la Ley, tal y como ha denunciado Ecologistas en Acción y las fuerzas de seguridad, como por ejemplo la Policía Autonómica y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
En marzo de este año la titular del Juzgado número 1 emitió un auto por el que se inicia el procedimiento abreviado (fase previa a la celebración de juicio), en relación al «caso Caballerizas», en el que han sido imputados de un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra la Administración de Justicia un promotor y diez concejales de la anterior legislatura, pertenecientes al PSOE, PP y GIL.
Todos los que participaron en una Comisión Municipal de Obras celebrada en 2005 y en la que se dio el visto bueno a la construcción de una vivienda y unas cuadras en la Hoya del Tajo, un lugar de máxima protección ambiental.
* La Opinión Málaga - 1.08.11
Foto: Ronda, ayuntamiento - flickr
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ELPAÍS/Ourense* : La sucesión de embalses en que se ha convertido el río Miño a lo largo de la provincia de Ourense continúa. Desde Valdeorras hasta Os Peares, o pai Miño apenas existe. Las centrales hidroeléctricas lo han roto en infinidad de pedazos y lo han secado en varios tramos. En uno de estos, entre los pantanos de Belesar y Os Peares, la hidroeléctrica Gas Natural Fenosa construye dos nuevas centrales -ampliación de las existentes desde finales de 1940- con autorización del Ministerio de Medio Ambiente, que no consideró necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio -y de las consellerías de Medio Ambiente y Cultura-, en 2007, que permitirá a la empresa obtener mayor productividad mediante la instalación de nuevas turbinas, se basa en el "profundo deterioro" del entorno causado "por los aprovechamientos preexistentes".
A la vista del deterioro medioambiental, con un tramo de un kilómetro del río seco desde hace décadas, Medio Ambiente entiende que la obra "mejorará el entorno". Gas Natural Fenosa comenzó a primeros de junio la ampliación de las centrales de Belesar y Os Peares, ubicadas ambas en el Miño y responsables de su amputación. La obra tiene un fin economicista: duplicar la potencia energética de la hidroeléctrica mediante un mayor aprovechamiento del mutilado río. Gas Natural Fenosa invertirá 52 millones de euros en la obra, que durará dos años.
El ministerio autorizó la construcción de las dos nuevas minicentrales (Peares II y Belesar II) sin someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. "No lo consideró necesario porque la obra supondrá una mejora para el río", sostienen fuentes de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
La Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental estimó que la construcción de las nuevas centrales no produciría impactos ambientales "significativos", dado que "al emplear infraestructuras preexistentes se minimiza el impacto durante la fase de construcción". También valoró que el diseño "minimiza el impacto paisajístico" y que con el proyecto "se recuperarán tramos de río que actualmente se encuentran en seco". La Dirección Xeral de Conservación da Natureza estimó en 2007 que la obra "no afecta a ningún espacio natural protegido ni a ningún hábitat clasificado".
La Consellería de Medio Ambiente resumió la justificación: "El impacto no será significativo por afectar a un medio profundamente alterado por la construcción de sendas presas". Esto es, la aprobación de las dos nuevas centrales se justifica en "el deterioro" causado hasta la fecha por la misma empresa.
El ministerio reconoce que el ecosistema está "actualmente muy degradado o casi inexistente entre las presas y los respectivos retornos" y considera que el principal efecto ambiental del proyecto, con el que se turbinará el doble de agua, "será la recuperación del ecosistema fluvial sobre unos tramos de cauce en que el Miño está actualmente seco por efecto de los aprovechamientos preexistentes".
"Para garantizar que se cubra de agua la parte seca del embalse situada entre las dos presas, la hidroeléctrica tiene que soltar 10 metros cúbicos de agua por segundo", sostiene Pedro Brufao, presidente de la asociación Ríos con Vida. Ha sido una de las condiciones que el ministerio puso a la empresa, que la ha recurrido.
Los embalses de Os Peares y Belesar forman parte del rosario de centrales que se suceden en el Miño, fragmentándolo. Pese su proximidad al Cañón do Sil, declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), el ministerio destaca que "ninguna de las actuaciones" se desarrolla en el lugar protegido. Tampoco prevé impacto, salvo el que pudiera causar "una eventual contaminación en el río Miño derivada del proyecto", aunque "con las medidas preventivas señaladas por el promotor, resultaría muy poco afectado" el entorno. Tampoco vislumbra "ningún impacto sobre el patrimonio cultural", ni ninguno otro significativo.
* El País - CRISTINA HUETE - Santiago - 31/07/2011
Foto: embalse rio sil - panageos
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ELPAÍS* : La intervenida Caja Mediterráneo (CAM) avaló en septiembre de 2007, en la antesala del estallido de la crisis del ladrillo, con 24 millones de euros al promotor Enrique Ortiz en una operación inmobiliaria que finalmente resultó fallida. El objeto del aval era cubrir los riesgos del incumplimiento del contrato, la venta de una parcela en Benidorm, propiedad de Ortiz, a la sociedad Unibail Rodamco, uno de los mayores grupos comerciales de Europa y propietario de la red de supermercados Eroski.
El grupo comercial adquirió el suelo al promotor Ortiz con el objeto de levantar un centro comercial, pero a fecha de hoy el complejo no está construido. El proyecto incluía unos 49.000 metros cuadrados de galería comercial, unos 13.000 de hipermercado, aparcamiento en superficie y sótano de unas 2.300 plazas y unos 14.000 de zonas comunes.
La escritura se firmó el 6 de septiembre de 2007 en una notaría de Alicante.
De acuerdo con el documento mercantil al que ha tenido acceso este períodico, Enrique Ortiz, en representación de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, SA, vendió una parcela de 71.091,31 metros cuadrados, en el término de Benidorm, a Thomas Orchard, en representación de la mercantil Rodamco Benidorm, SL [está firma está participada al 50% por la sociedad Unibail Rodamco]. El precio de la venta fue de 96.135.356,68 euros, más IVA (en total 110.357.013, 75 euros).
La forma de pago fue la siguiente: la cantidad de un millón de euros, más el IVA correspondiente, fue hecha efectiva con anterioridad a la firma de la escritura mediante dos cheques bancarios; y la cifra restante (95.135.356,68 euros), más IVA, lo abonó el comprador en el acto de la firma de contrato, igualmente mediante cheque bancario.
El comprador y vendedor incluyeron una serie cláusulas que de no cumplirse podrían anular o "modificar" el precio de la operación. En este último apartado, Ortiz se comprometió a rebajar el precio en 24.033.839,71, euros y como garantía de pago aportó el aval de la CAM.Las obligaciones entre las partes de compraventa de la parcela de Ortiz en Benidorm al grupo comercial Unibail Rodamco recogidas en la escritura son las siguientes: inscribir la parcela en el Registro de la Propiedad, como finca independiente, a nombre de la mercantil vendedora; obtener la aprobación definitiva y firma de la modificación de los instrumentos urbanísticos para la construcción del centro comercial; y obtener la concesión, con carácter definitivo y firme por parte de la Generalitat Valenciana para la construcción y explotación del centro comercial.
El plazo para la ejecución de la primera cláusula era de seis meses y para la segunda y tercera, de 36 meses. A la fecha de hoy, en el lugar donde estaba previsto levantar el centro no se ha colocado ni una piedra. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benidorm para instalar en ese sector el centro comercial tampoco ha sido aún tramitada.
La escritura señala que en el caso de que se produjeran algunos de los supuestos que implicara la resolución de la compraventa, el precio final de la operación se reduciría en 24.033.839,17 euros, lo que significaba que el valor último de la venta sería de 72.101.517,51 millones de euros, más el IVA correspondiente.
En garantía de esa rebaja del precio, Ortiz aportó en el acto de compraventa un aval de la CAM por la misma cantidad en la que se comprometía a rebajar el valor de su parcela. Ortiz estaba obligado a devolver la diferencia del precio al comprador si no se ejecutaba la completa urbanización de la parcela, es decir, servicios, conexiones exteriores y accesos.
El aval fue emitido por la CAM el 6 de septiembre de 2007 con una validez de hasta el 6 de diciembre de 2010.
El Ayuntamiento de Benidorm dio luz verde a la modificación del PGOU para acoger nuevas grandes superficies comerciales, entre ellas el proyecto que impulsaba el grupo Unibail Rodamco, en diciembre de 2008. No obstante, un mes más tarde la multinacional pidió al Consistorio la suspensión temporal de la tramitación de la modificación del PGOU hasta que no se resolvieran los accesos al sector. La mercantil tomó esa decisión tras tener conocimiento de que la Dirección General de Carreteras informó desfavorablemente a las obras de urbanización y decretó su paralización. Las obras de urbanización, que tenía que acometer el promotor Ortiz, no han sido recepcionadas oficialmente por el Ayuntamiento. El promotor, según fuentes del anterior equipo de gobierno municipal de Benidorm, intentó entre los meses de agosto y septiembre de 2010 obtener el acta oficial de recepción de las obras de urbanización. Ortiz obtuvo una certificación emitida por dos ingenieros municipales que no fue validada, por Jaume Llinares, entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento.
Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del promotor Enrique Ortiz sobre esta operación inmobiliaria fallida en Benidorm. El empresario alicantino es uno de lo clientes de mayor envergadura de la intervenida CAM, en operaciones con su grupo empresarial (primero Ortiz e Hijos y ahora grupo Cívica). El promotor está imputado en el sumario del caso Brugal que investiga supuestas irregularidades en el Plan General de Alicante. En esa causa está imputado un exdirectivo de la caja por una compra de suelo con Ortiz para recalificarlo.
* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 31/07/2011
Foto: CAM - google
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ANTÓN GARCíA-ABRIL* : La rehabilitación se torna en reciclaje como estrategia frente al crecimiento en esta XI Bienal de Arquitectura Española de Comillas. La investigación gana enteros frente a la monumentalidad y los grandes nombres dan el relevo a jóvenes arquitectos más preocupados por la escala humana y las necesidades sociales. Han sido más de 200 los proyectos seleccionados. He aquí las claves.
La XI Bienal de Arquitectura española se presenta este año con su acrónimo BEAU XI. Pudiera parecer un galicismo que aludiera a la belleza para describir cómo evoluciona la presente arquitectura española, aunque, en esta edición prima lo inmediato, lo útil. No es la belleza, la estética o la investigación sobre los sistemas que expresan y ponen en consonancia cultural la arquitectura con la sociedad que la construye y la usa lo que se ha valorado en esta selección de edificios y proyectos.
Lo necesario, lo próximo está relacionado con la vida del hombre, con sus necesidades cotidianas. Se sugiere en el decálogo ideológico que ha presentado el jurado, que hemos estado viviendo una fase de excesos sociales que han tenido repercusiones automáticas en aspectos directamente relacionados con la vida de las personas, en sus economías, en sus viviendas, en su ciudad. Se busca ahora una arquitectura que responda a necesidades sociales (“la monumentalidad es también una necesidad social”, apunta José Miguel Iribas, prestigioso sociólogo ligado a la redefinición conceptual del urbanismo).
Belinda Tato, que lidera junto a José Luis Vallejo la oficina Ecosistema Urbano, nos recuerda que dicha necesidad se debe a que la ciudad es el espacio para la democracia, donde todo el mundo debe sentirse reflejado en ella. Es necesaria la identificación del ciudadano con su ciudad. Reactivar la conciencia por el respeto en el diseño del territorio es la consigna que Tato promulga para el futuro.
La vivienda pública, la calidad urbana, son aspectos prioritarios en la definición de lo necesario para Antonio Font, también miembro del jurado. Joaquin Sabaté Bell, codirector de esta XI Bienal, sentencia que una sociedad que no respeta su territorio, no se respeta a sí misma. Y ya no se puede hablar de la rehabilitación como técnica regeneracionista de la ciudad, sino del reciclaje como estrategia frente al crecimiento, como nuevo paradigma urbano que aúne los valores de la sostenibilidad al modelo de diseño urbano, nos sugiere Jordi Ludevid. Reformar, completar, corregir, son estrategias más acordes con las necesidades de desarrollo contemporáneas, que difieren de los grandes planes urbanos y operaciones de extensión que nos han acompañado los últimos años.
Para ello, la investigación era, más que una novedad, algo pendiente en las Bienales de Arquitectura Española, como afirma su director Félix Arranz. No repetir banalmente caminos trillados, no conformarse con los que hay o se hace habitualmente y aportar innovación es la definición con la que José María Ezquiaga, arquitecto urbanista, nos distingue a los proyectos destacados en urbanismo. La investigación, según Iribas, es la ligazón entre el conocimiento extraído de la experiencia, y Llatzer Moix lo sintetiza con la búsqueda obligada de los arquitectos de nuevas respuestas a viejas preguntas. Trabajadores muy conscientes del tejido social, y no grandes héroes. Una arquitectura no ligada al nombre del arquitecto, sino a la solución.
Los reconocimientos. Esta apología del anonimato, del trabajo bien hecho, de la humildad que la explicación coral de los miembros del jurado de la XI Bienal ofrecen para proponer su selección, tiene su mayor representación en sus premios, donde nombres menos conocidos han prevalecido frente a arquitectos de mayor proyección. Quizá este aspecto identificará esta bienal, a modo de apuesta renovadora de la arquitectura premiada institucionalmente, si bien los grandes perdedores se han conformado con “reconocimientos”, como el Museo Arqueológico de Álava, de Francisco Mangado, El Museo Can Framis, en Barcelona, de Jordi Bahia y Jordi Framis y El Museo del Agua en Lanjarón, Granada, de Juan Domingo Santos. Estos tres reconocimientos, que no premios, saben a poco.
Igualmente se queda en un reconocimiento la intervención en la playa de Benidorm de Carlos Ferrater, dentro de la modalidad de urbanismo, que ha cambiado la fisonomía del borde urbano de la ciudad levantina. Las menciones van todas a la arquitectura gallega. Siempre elegante, Víctor López Cotelo interviene en Santiago de Compostela incorporando en silencio la alta arquitectura que practica a las tradiciones constructivas locales. También Carlos Quintans recibe mención con una casa en un entorno rural en Lugo. Las menciones en urbanismo también reconocen una hábil intervención en el puerto de Malpica, en el corazón de la hermosa costa da Morte Gallega, y el proyecto de Herreros en Oslo, rodeando el Museo Munch. Me permito rescatar con sorpresa entre los no reconocidos en esta bienal grandes proyectos, como el Mercado de Barceló, instalación temporal de Nieto y Sobejano; el hotel Atrio, de Tuñón y Mansilla, o el mejor plan urbano que ha tenido Madrid, el Proyecto Madrid-Río, de Garrido y Burgos, asociados con el estudio de paisaje holandés West 8.
Analizamos los proyectos presentados, contemplando las circunstancias actuales de recesión económica, cristalizadas en los mismos. Son ahora más pequeños, de mayor contención económica, intervenciones en edificios existentes, operaciones de cirugía urbana. El urbanismo, destacado espíritu de esta bienal, reclama igualmente la investigación, propuestas de “no conformidad”, desde planteamientos más participativos, con mayor visión estratégica.
Los premiados.
Se presentaron más de 700 proyectos, se seleccionaron más de doscientos, se destacaron cien y cuarenta llegaron a finalistas, siendo el premio de esta XI Bienal para los jóvenes arquitectos Bernardo Angelini y David Casino, (Zigzag Arquitectos) por su edificio de viviendas protegidas en Mieres, magnífico y casi único ejemplo construido del programa de vivienda pública que el Ministerio de la Vivienda inició. Destacan algunos valores que atesora este trabajo: su inserción en el entorno urbano, el diseño de sus pieles y su discreción proyectual y ambiental. Es patente la gran formación recibida en Madrid en sus comienzos profesionales por el arquitecto Angelini, demostrando ya una gran madurez reconocida por el jurado en el diseño de las viviendas, uno de sus primeros encargos profesionales.
El premio de investigación recae sobre el Edificio Media-Tic, de Enric Ruiz Geli, por su manifiesto en el que técnica, energía, conectividad, medioambiente e información son los ingredientes materiales de su arquitectura. Y el premio de Proyecto Joven, cualidad que comparte José María Sánchez García con los premiados Angelini-Casino, se concede al Centro de Remo en Alange (Badajoz).
En general se resalta lo colectivo, reconociendo los modos de hacer, “que no tanto celebran la competencia de la excelencia, lo ya materializado, o el premio individualizado”. Diluir los brillos individuales entre la unánime producción arquitectónica, clara contradicción de una Bienal de arquitectura que debe mostrar y destacar entre lo más excelente, y resaltar sus logros más individuales, para así ofrecer el mejor aroma de todo un colectivo profesional, pero también el pulso de una sociedad y su cultura.
* EL Cultural - 31.07.11
Foto: Premio de Arquitectura: edificio de 131 viviendas protegidas en Mieres (Asturias), de B. Angelini y D. Casino - elcultural
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EUROPAPRESS* : El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía, una norma que será sometida a debate en el Parlamento autonómico tras el verano, cuyo tramite se pedirá por la vía urgente y que recoge, entre sus principales novedades, que la salud pública se convierta en un elemento transversal de todas las políticas de gobierno.
En la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno, Montero ha explicado, tal y como ya avanzó hace dos años cuando dio a conocer que su departamento trabajaba en este texto, que la principal misión de la ley será la de velar para que en cualquier acción de Gobierno, "como por ejemplo cuando se está ordenando el urbanismo o se instala una industria dentro de una ciudad", exista un informe previo e indispensable de salud pública que permita proteger la salud de los ciudadanos de ese entorno y que sea indispensable para la autorización de esa instalación industrial.
Así, las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de dicho informe de evaluación de impacto en la salud colectiva. Este ámbito de acción engloba, de esta forma, especialmente los ámbitos relativos al empleo, la vivienda, el deporte, el urbanismo o la educación.
En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales.
Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.
"Los andaluces tendrán derecho a zonas verdes en sus lugares de convivencia, a que sus edificios y viviendas se construyan con materiales seguros y que no comporten riesgos para la salud, y a que se les garantice la existencia de un perímetro de seguridad alrededor de las áreas industriales", ha ahondado Montero acerca de las bonanzas de una nueva ley, que implicará que de las evaluaciones y resultados que se emitan sobre el impacto en la salud de un proyecto dado, se verá afectado los planes y programas de la Junta.
Así, y a modo de ejemplo, la titular del ramo ha ahondado que la norma, "que conceptualmente es la primera del tipo que se pone en marcha en el conjunto del Estado", obligará a los ayuntamientos "a contar con estrategias de movilidad sostenible, que propicien la disminución de las emisiones contaminantes o a dotarse de espacios para peatones".
DERECHOS DE "TERCERA GENERACION"
"Se trata de nuevos derechos que los ciudadanos podrán reclamar, ya que se formulan regulados por esta ley", ha proseguido Montero, quien ha llegado a calificar estas nuevos derechos de 'tercera generación' y que otorgará al ciudadano "su derecho a conocer el estado epidemiológico del entorno donde viva, sobre salud ambiental y las características de las condiciones que regulan su alimentación".
Entre los derechos regulados también destaca el relativo al conocimiento y que obligará a la Administración "no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta, sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud".
El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización.
De igual modo, se establecen los derechos a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno establece también el principio de equidad generacional como la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía en esta materia.
Entre estas obligaciones para la población destacan las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida. No obstante, sobresale la de no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.
"También el cuidado de la salud será exigible al ciudadano cuando se deriven algún riesgo o perjuicio para la salud de terceras personas", ha enfatizado Montero, en referencia a situaciones de crisis epidemiológicas causadas por la negativa, por ejemplo, a no vacunarse. "Cuando una conducta individual produce daños a terceros es necesario y conveniente que se corrija esa conducta", ha zanjado.
Finalmente, el proyecto de ley atribuye a la Consejería de Salud la gestión en esta materia a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, además de disponer la creación del Centro de Investigación (que funcionará en red) y del Observatorio de la Salud Pública de Andalucía. De igual modo, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir los informes de evaluación de impacto.
* Periodista Digital - EP - 31.07.11
Foto: Las polémicas 'Setas de la Encarnación' de Sevilla - glomedia
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ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento deberá enfrentarse a una nueva sentencia desfavorable. A otro fallo relacionado con el urbanismo en la ciudad. La jueza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha reconocido el derecho de los propietarios de la finca 'La Perucha', situada a tan solo 39 metros del monumento prerrománico de Santa María del Naranco, a rehabilitar la construcción que allí se ubica. La magistrada dio a conocer sus conclusiones, contrarias al Consistorio, el pasado miércoles, aunque el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, aún no ha tenido acceso a la sentencia: «No quiero hacer la crítica antes de haber leído el libro. No quiero especular hasta que conozca toda la información», dijo.
Posible recurso municipal. En todo caso, cualquier intento para edificar en los alrededores de un Bien de Interés Cultural (BIC), como es Santa María del Naranco, «resulta inquietante» para el equipo de gobierno. «En este caso lo que queda claro es que no se puede iniciar una nueva construcción. Y quiero destacar que las licencias no se conceden o deniegan por voluntad de nadie. Hay unos informes de técnicos y aparejadores que argumentan las decisiones», resaltó Mortera.
Las conclusiones de Licencias en este caso fueron que la finca se encontraba en un entorno protegido y que tenía carácter no urbanizable. «Si la finca tiene la consideración de no urbanizable de protección recurriremos, aunque de ser así me extrañaría el fallo de la jueza. Hay que comprobar que la parcela quedó asentada con esa calificación en el Plan General de Ordenación Urbana», subrayó el edil. Habrá que tener en cuenta también a los grupos de la oposición. Porque para aprobar la apelación será necesaria la mayoría, que ya no tiene el Partido Popular.
En los próximos días se conocerá la intención del Consistorio sobre el posible recurso. De todas formas, Mortera hizo hincapié en que las ruinas existen, «como muchas otras en el Naranco», desde hace años.
La protección sólo da permiso para mantener los tejados y las edificaciones «en estado adecuado» y los usos «son para cobertizos y funciones agrarias», puntualizó ante una posible reedificación de la casa frente a la iglesia prerrománica. Y, además, en todo el proceso la Consejería de Cultura también da su punto de vista.
«Tuvo que haber un pronunciamiento de Cultura porque estamos hablando de un entorno de protección de un Bien de Interés Cultural. Siempre que piden una licencia en estas áreas, debemos dar traslado. Habrá que verificar también qué dijeron en este caso», apuntó el concejal.
El proceso comenzó hace un año. Los propietarios de la finca 'La Perucha' solicitaron una licencia para rehabilitar la vivienda, que sólo conserva los muros perimetrales, y el Ayuntamiento denegó tal permiso. Ahora la jueza reconoce el derecho de los dueños a realizar las obras.
* El Comercio - 31.07.11
Foto: La finca está dentro del entorno de protección de Santa María del Naranco.- elcomercio
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