ELPAÍS/Barcelona* : La Audiencia de Barcelona condenó ayer al expresidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez Clemente y a su hijo José Luis Núñez Navarro a seis años de cárcel a cada uno por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental. La misma sentencia impone 13 años de prisión al que fuera máximo responsable de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y penas igualmente severas para otros tres altos funcionarios de ese departamento por amañar las actas de inspección a diversas empresas de Barcelona a cambio de sumas millonarias de dinero o de viviendas a precios muy ventajosos.
El caso culmina un proceso judicial que ha durado más de una década, iniciado a raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS, y que en 1999 acabó con las aspiraciones de Josep Borrell. Este dimitió como diputado y candidato socialista a La Moncloa porque siendo secretario de Estado de Hacienda había nombrado a Josep Maria Huguet, ahora condenado, y a su número dos, Ernesto de Aguiar, que estuvo imputado en su caso pero pudo eludir el banquillo.
El tribunal también condena por los mismos delitos de cohecho y falsedad a los inspectores Álvaro Pernas, Manuel Abella y Roger Bergua, a penas que suman 12, 11 y 9 años de prisión, respectivamente. Del mismo modo, la sentencia impone seis años de cárcel a Salvador Sánchez Gui, el asesor fiscal del grupo de empresas Núñez y Navarro. También ha sido condenado a siete años y medio de prisión Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y que acumula penas diversas en varios procesos del caso KIO. Folchi fue consejero de Economía de la Generalitat provisional con Josep Tarradellas y directivo del FC Barcelona durante la época de Núñez como presidente. Folchi fue también durante años asesor fiscal del financiero Javier de la Rosa, con el que acabó enemistado, precisamente a causa de este proceso, porque durante la instrucción de la causa le implicó en una declaración y De la Rosa acabó imputado en el proceso.
Precisamente De la Rosa y su asesor fiscal, Jorge Oller, son las únicas dos personas, de los 16 acusados, que han sido absueltas. Entre los condenados también figura Eduardo Bueno (dos años de prisión), presidente de la inmobiliaria Ibusa, exdirectivo del FC Barcelona y que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984. Otro condenado es Juan Antonio Sánchez Carretera (dos años y medio de cárcel), el que fuera asesor fiscal personal de Jordi Pujol y anteriormente condenado también en otro caso a dos años de prisión y después indultado parcialmente por el Gobierno del PSOE. El tribunal ha convocado para la mañana de hoy una vista, a petición de los fiscales del caso, Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez, en la que solicitarán medidas cautelares para siete de los condenados.
Fuentes judiciales explicaron que una de esas peticiones será el encarcelamiento inmediato de los cuatro inspectores de Hacienda condenados para evitar que huyan. Se trata de una decisión excepcional, pues lo habitual en estos casos es esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra la sentencia, lo que puede tardar dos o tres años en llegar.
Fuentes judiciales explicaron ayer su temor de que el inspector Álvaro Pernas, condenado ahora a 12 años de prisión, haya huido de España pues se encuentra aquejado de un cáncer en estado muy avanzado. El tribunal constata que Pernas ha hecho desaparecer 3,7 millones de su patrimonio personal, después de verse implicado en una pieza separada de este asunto referida a las inspecciones realizadas a la constructora Metro-3 que le acarreó otra condena de nueve años de prisión. La sentencia también le obliga a indemnizar a Hacienda con 583.000 euros por el perjuicio causado a causa de su insolvencia punible.
Las mismas fuentes judiciales explicaron que, en el caso de Núñez y su hijo, la fiscalía podría solicitar su obligación de comparecer con cierta periodicidad en el juzgado para asegurarse que siguen en España.
La sentencia también ordena el comiso de los beneficios obtenidos por los inspectores de Hacienda corruptos, que superan los cinco millones de euros. Igualmente, condena a José María Huguet, Juan José Folchi y Manuel Abella a indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda pública con casi ocho millones de euros por el impuesto de sociedades que quedó sin tributar como consecuencia de las actas realizadas a las empresas del Grupo Torras, que ejerció la acusación particular.
Núñez, padre e hijo, así como a su asesor fiscal y el inspector Abella, son condenados también a abonar a Hacienda otros seis millones de euros por las cuotas derivadas de las inspecciones realizadas a las empresas de su grupo constructor que dejaron de ingresarse.
El oasis catalán que terminó en cloaca
José Luis Núñez Clemente ha notado los efectos de la crisis del ladrillo, pero su imperio empresarial todavía sigue siendo rentable, con 700 empleos directos y dos mil indirectos A punto de cumplir 80 años, el que fuera presidente del FC Barcelona entre 1978 y 2000 ha dejado la huella de su constructora en decenas de esquinas de la capital catalana, aunque de un tiempo a esta parte ha diversificado su negocio al mercado de alquiler.
Distanciado y hasta enfrentado con CiU desde hace años, José Luis Núñez Clemente es un exponente de lo que en su día se calificó el "oasis catalán", en el que parecía existir un comportamiento ejemplar de su clase política y su sociedad, pero que acabó en cloaca por la aparición de diversos casos de corrupción.
En aquel palco del Camp Nou se tejieron todo tipo de negocios y actividades dentro y fuera de la ley, con unos empresarios que años después han acabado condenados en varios procesos judiciales. Como el que acabó con el juez Luis Pascual Estevill, que llegó a vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU, y condenado por extorsionar a empresarios para no encarcelarlos. O Javier de la Rosa, al que Jordi Pujol calificó en su día como "empresario modelo" y condenado en una ristra de procesos. O Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Pujol en el caso Banca Catalana.
* El País - 30/7/2011
Foto: José Luis Núñez sale de la Audiencia de Barcelona.- TONI GARRIGA (EFE)
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ELPAÍS/Santiago* : Medio centenar de profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura se reunieron ayer en la sede de la fundación María Martínez Otero de A Estrada, para participar en unas jornadas en las que diversos ponentes hablaron sobre las relaciones entre la arquitectura y el territorio rural. Durante el debate que se desarrolló después de una de las conferencias, varios arquitectos señalaron como uno de los graves problemas de la planificación urbanística en España en general y Galicia en particular la poca participación de los ciudadanos en el diseño de las actuaciones.
Durante el coloquio, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, José Manuel Casabella, apuntó que una de las dificultades con las que se encuentran los arquitectos a la hora de poner en marcha sus proyectos es la casi nula presencia de los ciudadanos en los mismos. "Los planes urbanísticos se exponen durante unos días y las alegaciones que se presentan son por el interés particular de cada uno, pero casi nadie se preocupa por cómo afecta ese plan al espacio público", indicó Casabella, quien también destacó que los políticos se preocupan principalmente de aprobar los planes de ordenación urbana con rapidez y no por el cuidado de los espacios públicos presentes en esos planes. Casabella añadió que la responsabilidad no es exclusiva de los políticos ya que las dificultades que existen para cambiar los planes urbanísticos de los municipios hacen que estos busquen "la mayor operatividad posible".
Por su parte, el organizador de las jornadas, José Valladares, de RVR Arquitectos, explicó que en la elaboración de los planes urbanísticos las mayores preocupaciones son por el "qué" y no por el "cómo" y eso lleva a que el papel de la arquitecto cada vez sea menos importante. Valladares pidió una reflexión sobre este asunto ya que, a su juicio, la arquitectura ha abandonado campos que no debía haber dejado de lado y eso hace que los planes urbanísticos cada vez dependan más de cuestiones jurídicas y menos de los criterios técnicos para diseñar los espacios adecuados para el disfrute de los ciudadanos.
Durante las jornadas presentaron sus ponencias el artista visual Alvaro Negro y los arquitectos Bert Gellynck, Nadia Casabella, Juan Creus, Covadonga Carrasco y Carlos Quintáns. Nadia Casabella explicó que en Bélgica se ha puesto en marcha en los últimos años una nueva normativa que puede ser interesante para Galicia, ya que contempla la aparición de nuevos instrumentos en la elaboración de planes urbanísticos que tienen más en cuenta a los ciudadanos y facilitan su participación.
* El País - 30.07.11
Foto: Santiago de Compostela - flickr
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NORTECASTILLA* : El Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la constructora Mahía Grupo Inmobiliario contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2007 declaró ilegal el estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento de Arroyo, con el que se permitió aumentar la edificabilidad de 500 a 650 viviendas en el sector conocido como SAU 13, junto al centro comercial Hipercor.
La sentencia del Supremo no admite ninguna las argumentaciones de la empresa contra el fallo del TSJ y «comparte» con este los motivos que le llevaron a anular el estudio de detalle con el que se abordó la modificación del Plan General del municipio. Entre ellas, que este sector de suelo no se podía considerar como 'urbano consolidado', porque en el PGOU estaba clasificado como 'urbanizable delimitado' y tampoco tenía carácter urbano, ya que las obras de viario y calles no se habían ejecutado ni recepcionado en su totalidad. Además, se aumentaba la densidad de viviendas por hectárea, de 30 a 34,8, lo que suponía un incumplimiento de los límites previstos en la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Este exceso de edificabilidad debería haber llevado aparejada la reserva de más espacio para dotaciones y espacios libres públicos.
En la sentencia del TSJ de Castilla y León también se apostillaba que la figura del estudio de detalle utilizada para la operación urbanística incumplía el artículo 45.2 de la Ley de Urbanismo, que exige que las modificaciones deben justificarse adecuadamente desde el punto de vista del interés general. Un extremo que no se produjo al no merecer tal consideración el incremento de dotaciones por no cumplir los requisitos de cesión completa del dominio.
El Alto Tribunal de la comunidad consideró que este menoscabo al interés general no puede paliarse con la construcción de las instalaciones deportivas, en las que Mahía invirtió 250.955 euros, ni con los 833.125 euros que entregó al Ayuntamiento como aportación para la ejecución de sistemas generales, pues tales compensaciones no justifican 'per se' la modificación del planeamiento, máxime cuando no se prevé la cesión del 10% del incremento del número de viviendas en el sector.
* El Norte de Castilla - 30.07.11
Foto: Viviendas de Mahía en el sector SAU 13 de Arroyo de la Encomienda.- nortecastilla
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GRANADAHOY* : Que en principio nadie irá a la cárcel y que el centro comercial de Tomás Olivo podrá por fin ser terminado y abrir sus puertas, son los dos principales mensajes que deja una lectura en positivo de la sentencia definitiva del caso Nevada. La resolución, no obstante, tiene más malo que bueno para los procesados, puesto que endurece las penas que el verano pasado les impuso el juez de Penal 3 y amplía la lista de 'culpables', que pasa de tres a siete, al ser condenados también los otros cuatro ediles de Armilla que fueron procesados.
Lo que ha hecho la Audiencia de Granada exactamente ha sido doblar las penas de cárcel que se establecieron hace un año al empresario Tomás Olivo, para el ex alcalde socialista José Antonio Morales Cara y al ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate. Así, ha elevado de siete a 15 meses los castigos de prisión para el ex primer edil y el ex concejal de Armilla, imponiéndoles además duras penas de inhabilitación: ni uno ni otro podrán ser concejal o alcalde durante los próximos ocho años y medio.
Para el empresario, dueño de General de Galerías Comerciales S.A., el tribunal impone igualmente 15 meses de prisión, un período en el que asimismo estará inhabilitado para ejercer su profesión de promotor inmobiliario. Además, tendrá que pagar una multa de 10.800 euros.
En cuanto a los delitos, no hay cambios, ya que la Audiencia coincide con el juez que enjuició el caso, el magistrado Antonio Aguilera (Penal 3), en que el ex regidor y los munícipes cometieron un delito de prevaricación urbanística, al votar a favor de otorgar la licencia al promotor pese a existir informes negativos. El 'pecado' cometido por Olivo fue, en su caso, ocupar con ladrillos y cemento suelo que estaba destinado a zonas verdes, esto es, cometer un delito urbanístico o contra la ordenación del territorio.
Y es en este punto donde la Audiencia también agrava la condena, ya que añade otros mil metros cuadrados a la superficie construida ilegalmente que las máquinas deberían de tirar. Se trata de la parte del edificio que ha invadido "el camino viejo de Alhendín" y que habría que derribar salvo que, como advierte el magistrado ponente de la resolución, Pedro Ramos, "en ejecución de sentencia sean compensados estos metros con otros de los terrenos adyacentes". Cabe recordar en este punto que el juez Aguilera ya dispuso que se demolieran 1.446 metros cuadrados de la esquina suroeste del centro para que allí se ubiquen los jardines previstos, demolición que no revoca la Audiencia y que, por tanto, se tendrá que llevar a cabo.
Así las cosas, el mapa del Nevada, en principio, no sufriría más cambios que los que ya dispuso el juez en primera instancia y los que acuerden promotor, Junta y Ayuntamiento de Armilla para legalizar completamente el edificio una vez se pronuncie la jurisdicción contencioso-administrativa, donde existe otro frente judicial abierto por la licencia concedida.
Lo que sí cambia, o mejor dicho, se amplia es, como se ha dicho antes, el listado de culpables, con la inclusión de Miguel Ángel Porcel, Dina Romero, José Pérez y Francisco de Sales Ocaña. A ellos, la Audiencia los considera tan autores del delito de prevaricación como a Morales y Cañavate, pues participaron y votaron en el mismo acto por el que éstos fueron condenados: la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2005, en la que se dio luz verde a la construcción del Nevada pese a no contar con el informe jurídico preceptivo -desapareció del expediente- y existir otros en sentido desfavorable. La pena para ellos es menor: el tribunal los condena a 8 meses de prisión y 8 años de inhabilitación. Según el fallo, su actuación "infringió las más elementales normas" que debían observar como miembros de un órgano de ese tipo, ya que "no deben limitarse a votar, sino que su obligación es cerciorarse que sus decisiones se ajusten a la legalidad, máxime cuando hay reparos por los técnicos".
Tras la decisión de la Audiencia, todo apunta a que pronto regresarán a sus puestos de trabajo -la obra está paralizada desde el 26 de abril de 2007- los obreros del Nevada, pues la sentencia es firme y pone fin al proceso judicial en la vía penal. Sólo podrían ahora los acusados acudir al Constitucional en caso de que consideren vulnerado algún derecho fundamental.
El caso Nevada fue investigado por el juez de Instrucción 6 de la capital,Miguel Ángel del Arco, tras la denuncia que formuló a principios de 2007 la Fiscalía del TSJA contra los tres principales culpables. Fue el PP quien le comunicó sus sospechas de posibles irregularides en la tramitación y construcción del edificio. El juicio sentó hace un año a un total de 11 personas en el banquillo: las siete que han resultado condenadas y otras cuatro (un abogado, una letrada de la Diputación y dos arquitectos), cuyas absoluciones ha confirmado también la Audiencia.
El tribunal de la Sección Primera, en su extensa resolución -de 114 páginas-, desestima todos los recursos de las defensas y estima parcialmente los que interpusieron las acusaciones: el fiscal del caso, Valentín Ruiz; el letrado del PP, Javier López García de la Serrana; y los abogados de Los Verdes, y de Adobe (Arquitectura y compromiso social) y Ecologistas en Acción, Rosa Gil y José Antonio García Cabrera, respectivamente.
Las fuentes consultadas indicaron que ninguno de los condenados tiene antecedentes penales, por lo que al ser las penas inferiores a dos años de cárcel, en principio, nadie será encarcelado, ya que todos cumplen los requisitos para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Olivo es quizás quien tendría mayor riesgo potencial de pisar el presidio, pues está pendiente de la resolución del caso Malaya.
* GRanada Hoy - 30.07.11
FoTo: El Centro Comercial Nevada, levantado en Armilla, se encuentra paralizado desde 2007.- granadahoy
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EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción ha presentado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta un conjunto de propuestas en relación con el borrador del Decreto por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma andaluza, en el que muestra su oposición al mismo y alerta sobre el "efecto llamada" que supondrá para el urbanismo ilegal en la comunidad, así como refleja que "puede provocar un desastre urbanístico, territorial y ambiental".
Según ha informado el grupo ecologista en una nota, esta propuesta es de "suma gravedad" por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente "muy peligroso" para los actos delictivos contra la ordenación del territorio, ya que con un decreto se pretende "eludir las estrictas normas de la Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo (LOUA) y del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en relación con las condiciones para la construcción de viviendas en suelo rústico, que excluyen las viviendas no ligadas a las explotaciones agropecuarias, prohíben las segundas residencias y los nuevos núcleos de población".
"El decreto es un aval para el urbanismo salvaje", ha asegurado Ecologistas en Acción, que ha añadido que esta "regularización ignora los límites de crecimiento que estipula el POTA, que para un periodo de vigencia del planeamiento municipal (PGOU) de ocho años, el suelo urbano o urbanizable no puede crecer más del 40 por ciento y las previsiones de nuevas viviendas se deberían dimensionar para un incremento máximo de población del 30 por ciento". "Habrá muchos municipios que, al legalizar estas viviendas, aumentarán la superficie urbanística muy por encima de estas limitaciones", ha advertido.
La "regularización" de cientos de urbanizaciones y decenas de miles de viviendas ilegales desgajadas de los núcleos de población provocará "un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión".
Asimismo, ha señalado que "provocará una pérdida del patrimonio paisajístico irreversible, pues este urbanismo se sitúa en las antípodas de la sostenibilidad, consume mucha más agua y energía, y produce residuos difíciles o imposibles de tratar".
Por otro lado, ha precisado que este decreto "no aclara qué pasará con las miles de viviendas y cientos de urbanizaciones que no podrán ser regularizadas por estar en suelo protegido, incumplir normas de rango superior o no haber prescrito las infracciones en base lo estipulado en la LOUA, por lo que sería imperativo proceder a la restauración de la legalidad urbanística y a la demolición de las mismas".
"La Junta deja así en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé la ejecución de 'derribo express' por parte de los Ayuntamientos", ha manifestado. Del mismo modo, ha señalado que "creará un efecto llamada y un gravísimo precedente, cualquier persona podrá hacerse una vivienda, con o sin licencia municipal, porque al final será legalizada".
En este sentido, ha lamentado que este decreto viene a "echar por tierra el ingente trabajo desarrollado por las organizaciones ecologistas en estas dos últimas décadas de denuncia de la desaforada especulación y corrupción urbanística a lo largo y ancho de toda Andalucía".
Como conclusión, Ecologistas en Acción considera que las soluciones planteadas en este borrador de decreto significa "un respaldo de la Junta de Andalucía al cáncer de la especulación y la corrupción urbanística", por lo que solicita a la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, que "solo se puedan regularizar aquellas viviendas y urbanizaciones que cumplan con las normas de la LOUA y del POTA y que sea imprescindible para que un Ayuntamiento pueda acogerse a los mecanismos de regularización de viviendas que haya elaborado, aprobado y ejecutado su Plan Municipal de Inspección Urbanística, y muy en especial, que se haya procedido a la demolición de todas las edificaciones no legalizables en las que no hayan prescrito las infracciones urbanísticas en un plazo no superior a dos años".
Además, pide que los ayuntamientos cataloguen y registren como edificaciones fuera de ordenación a las viviendas que haya prescrito la infracción urbanística y no se encuentren en suelos del tipo señalado en el apartado anterior, pero con las restricciones señaladas en la LOUA y que se acometa un proceso político y jurídico para hacer "más efectiva las competencias subsidiarias de la Junta de Andalucía y la labor de investigación de los equipos especializados en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística de los cuerpos y fuerzas de fuerzas de seguridad del Estado".
* Europa Press - 28.07.11
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
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NORTECASTILLA* : El tribunal confirma que el alcalde debió abstenerse al ser consejero de la compañía. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal, convocará a las tres constructoras afectadas por la sentencia que anula la recalificación de los terrenos de Ebro frente al centro comercial Vallsur, para buscar las posibles soluciones y ejecutar el fallo. La edil, quien ayer estaba en Madrid, está pendiente de analizar a fondo la sentencia del Supremo, que ratifica una anterior del TSJ, antes de tomar decisiones.
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la operación urbanística por la que se modificó el PGOU en las zonas de la Azucarera de Santa Victoria y en la antigua Fábrica de Piensos Cía, un terreno donde hay construidas más de 400 viviendas en un gran bloque. El acuerdo alcanzado en 2002 entre el Consistorio y Ebro establecía que el Ayuntamiento se quedaba con la propiedad de las nueve hectáreas que ocupaba la factoría de la Azucarera Santa Victoria para la construcción del parque de Las Norias. A cambio, daba su visto bueno al traslado de más de 30.000 metros cuadrados de edificabilidad de esta parcela a la fábrica de Piensos Cía, en el Paseo de Zorrilla. Así, se construyeron más de 400 viviendas donde en principio únicamente cabían 160.
En la sentencia del Supremo, de fecha 28 de junio, se desestiman los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento de Valladolid y las promotoras Parquesol, Edificasa 2000 y Metrovacesa contra la sentencia del TSJ de Castilla y León de 2007, que anuló la orden de la Consejería de Fomento de aprobación de esa modificación del PGOU. El Supremo confirma todos los extremos de la sentencia del TSJ. Entre ellos, que el alcalde debió abstenerse en la votación, ya que era también miembro del consejo de administración del Ebro y podía haber interés personal en su decisión.
En principio, Vidal descarta por completo la demolición de este inmueble residencial. La solución para ejecutar la sentencia podría pasar por la cesión de suelos por parte de las constructoras al Ayuntamiento para compensar el exceso de edificabilidad o bien el pago en metálico, ya que la finca de Piensos Cía debió clasificarse como suelo urbano no consolidado en vez de consolidado, lo que llevó aparejado menos cesiones de suelo para dotaciones públicas.
El PSOE aseguró que esta sentencia es otra muestra de la política urbanística de León de la Riva, quien «tensa la cuerda hasta romperla». Acusa al regidor de ser el culpable de esta situación, porque «votó en ambos lados de la mesa, como propietario de los terrenos al ser del consejo de Ebro y como alcalde».
* El Norte de Castilla - 27.07.11
Foto: Bloque residencial afectado por la sentencia - nortecastilla
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LAVANGUARDIA* : El analista Gonzalo Bernardos considera que "los bancos viven en otro planeta" y defiende iniciativas como la transformación de pisos embargados en alquiler social.
Una de las metamorfosis más visibles del movimiento 15M, tras la etapa de acampadas, son las concentraciones de apoyo a familias amenazadas por un desahucio. En el último mes, grupos de activistas de toda España han impedido ejecuciones hipotecarias en Carabanchel, Sevilla, Badalona, Orkoien, Palma de Mallorca y Vallecas, por citar algunos ejemplos. Últimamente, sin embargo, la contundencia policial ha superado la resistencia pacífica de los 'indignados', como se ha visto en Clot esta semana y en Madrid la anterior.
Sin embargo, sus reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda van mucho más allá. Aunque con matices según las proposiciones literales que aprobó cada asamblea local, en conjunto defienden que deben abolirse las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler e hipotecas, que las entidades bancarias deben estar más y mejor controladas, que la tasación de los pisos debe ser objetiva tanto al comprarlos como al confiscarlos por impago. También propugnan la derogación de la Ley de Desahucios Exprés y la aprobación de la ILP sobre dación en pago en caso de impago hipotecario, con opción a que los que han perdido el piso puedan quedarse en él como inquilinos.
Para explorar los caminos por los que podrían hacerse realidad estas peticiones, hemos hablado con Gonzalo Bernardos (Barcelona, 1962), analista y consultor económico e inmobiliario, vicerrector de Economía de la UB, profesor de esta facultad, de la UOC y del centro IBEI y director de varios másters. Próximamente media docena de académicos y profesionales en activo nos ayudarán a otear caminos de viabilidad en el resto de ámbitos de reivindicación del 15-M, como el mercado laboral, los derechos de autor o la Ley Electoral.
Éstas son las principales demandas de los 'indignados' en materia de vivienda y las conclusiones de Bernardos:
1) 'Control ciudadano' de las entidades bancarias
Se puede conseguir indirectamente, a través de una adecuada supervisión del Banco de España, que lo ha hecho muy mal estos años. Primero, porque permitió que se dieran créditos a quien no se debía. Segundo, porque pensó sólo en los resultados a corto plazo. Y tercero, porque se olvidó de la función primordial de la banca, que es trasladar el ahorro hacia la inversión, sin pasar por la especulación. Los ejecutivos de los bancos y cajas, además, tampoco se portaron nada bien. Pero aún así no hubiéramos tenido esa enorme burbuja inmobiliaria si el Banco de España hubiera impedido, como le tocaba, que más del 40% del crédito que se dio en los años de bonanza fuera directo al sector inmobiliario. Tenía que haber actuado con criterios más técnicos y menos políticos.
2) Fin de las cláusulas abusivas
Hay que regularlas con una normativa y con un código ético, ambas cosas. Las hay manifiestamente ilegales que los notarios no deberían firmar. Antes de firmar tú una hipoteca, el notario la valida con su firma. ¡Y hay un montón de cláusulas que tienen una pinta terrible! Por ejemplo, tener que poner otros bienes tuyos como garantías extraordinarias por si el precio del piso cambia bruscamente. Un juzgado puede tumbar muchas de estas cláusulas por ser abusivas, además. También hay que hacer obligatorio que los contratos sean claros, sencillos y breves. ¿Cómo puede ser que tu contrato hipotecario ocupe cuatro páginas de letra minúscula y en lenguaje técnico? Así nadie los entiende y se acaban firmando por confianza, no por comprensión de las consecuencias. Además, cada entidad te impone sus cláusulas y siguen inventándose nuevas condiciones para protegerse aún más.
3) La Ley de Desahucios Exprés
La ley actual no diferencia a los morosos circunstanciales e involuntarios de los jetas profesionales. Estoy de acuerdo con que se desahucie cuanto más rápido mejor a un moroso, porque sino ese piso quizá no vuelva a ponerse en alquiler. Y eso nos perjudica a todos, porque si baja la oferta de pisos en alquiler, subirán los precios. Pero la cosa cambia si hablamos de alguien que está hipotecado y se queda sin poder pagar las cuotas. Hay que buscar alternativas, como mantenerle en el piso como alquilado, para evitar el doble trauma que ahora vive: perder la propiedad de su piso y encima quedarse en la calle.
4) Dación en pago y transformación de hipotecas en alquileres sociales
Todo aquello que los bancos perdonen a los ciudadanos podría ir a cambio de lo que nosotros cada año les regalamos. Si perdonan 15, les daremos 15. ¡Pero sólo 15! No tiene sentido que la sociedad les regalemos un montón de dinero y ellos sean incapaces de perdonar nada a nadie. Además, ¿alguien cree que llegarán a cobrar las deudas todavía pendientes de los que han perdido su piso? Ahora amenazan con no dar hipotecas, pero bueno, ya las darán. Sin hipotecas no hay negocio. Es la tipología de crédito con menos riesgo asociado, así que si no quieren concederlas, en un periquete vendrá la banca extranjera a ofrecerlas corriendo. Nuestros bancos viven en otro planeta, porque si no, no lo entiendo. Con el prestigio por los suelos y la oposición social en la calle, ¿creen que podrán seguir como hasta ahora muchos años? ¡Si yo fuera banquero no tendrían que convencerme! No son conscientes que se arriesgan al surgimiento de una banca pública o a la nacionalización de algunas entidades.
5) Reducción de la deuda hipotecaria en proporción a una tasación objetiva del inmueble
Las empresas tasadoras hacen la tasación que les dice el banco, muy a la baja, porque así éste se queda el piso embargado al 50% del precio tasado, que en realidad es una cifra mucho menor a la mitad del precio original. Se lo están al 30% o 25% en vez de lo que marca la ley, que es el 50%. Para que se tome como referencia el precio real, hace falta que la empresa tasadora sea realmente independiente. Y eso se conseguiría con agencias estatales que no tengan intereses en el mercado.
6) Reforma de la LAU para que el precio de los alquileres no supere el 10% de los ingresos de la unidad familiar
No me parece adecuado para el mercado libre, porque cada familia o individuo debe poder tomar sus decisiones, responsabilizarse y calcular qué puede asumir. En los pisos sociales es diferente y hay cosas que mejorar. Se calcula en los últimos cuatro años se han acumulado un millón y medio de pisos nuevos en manos de promotores, bancos y constructoras. ¡Y muchos de ellos son invendibles, que no se engañen! En especial si están a más de 30 kilómetros de Barcelona o son de veraneo. Y tenerlos cerrados tres o cuatro años sí les cuesta dinero, aunque ahora no lo vean. En poco tiempo habrán perdido casi todo su valor, porque se habrán deteriorado, habrán entrado okupas... Se nota que los bancos no tienen ni idea del mercado inmobiliario y encima muchos están fichando a profesionales que tuvieron poco éxito en este sector. En vistas de lo que se les viene encima, lo mejor que pueden hacer es transformar su estoc en pisos sociales, mediante un acuerdo con la Generalitat para que ésta los dinamice. ¡Más vale cobrar algo y regularmente, aunque sea poco dinero, que no cero y con riesgos!
* La Vanguardia - MERITXELL M. PAUNÉ - 28.07.11
Foto: Barcelona, indignados frente Hospital - elperiodico
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ELPAÍS/Tenerife* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Arona ha abierto diligencias previas contra el alcalde, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, al que se le imputan varios delitos relacionados con la ordenación urbanística además de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se desprende que de las diligencias de investigación ha quedado acreditada, en relación con Reverón y de otros 30 imputados que conformaron la junta de gobierno del Ayuntamiento de Arona desde 2003 a 2007, la comisión de un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. El juez observa indicios de prevaricación en la actuación de los miembros del gobierno local, quienes votaron "sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para ejecución de obras, reformado de obras, demolición y licencias de primera ocupación" a pesar de los informes desfavorables tanto de los técnicos del Servicio de Urbanismo como del secretario.
Según el auto judicial, las investigaciones preliminares han acreditado la comisión de un presunto delito continuado de tráfico de influencias y prevaricación por parte del alcalde, quien presuntamente favoreció a su primo Manuel Reverón González, edil de Coalición Canaria desde 2007 en el consistorio aronero.
El auto judicial describe cómo Manuel Reverón González, primo del regidor, construyó en 2001 una vivienda ilegal de la zona de Buzanada, por lo que fue sancionado con una multa de 150.000 euros y la orden de demoler la construcción, pero el alcalde "trató de influir en su compañera de partido, María del Pino de León, consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, a fin de conseguir que la sanción impuesta no se llevase a la práctica".
El abogado que denunció el caso, Felipe Campos, espera que se celebre pronto el juicio y se "castigue el desastre que han realizado en este municipio". El caso Arona ha tenido una honda repercusión en Canarias, pero ello no ha impedido que Reverón sea alcalde con mayoría absoluta.
El caso Arona dura ya cuatro años. Se destapó tres meses antes de las elecciones municipales de 2007. A finales de 2006, el Partido Socialista de Canarias (PSC) puso en conocimiento de la fiscalía los expedientes relativos a la concesión de unas 200 licencias de obras permitidas a pesar de los informes desfavorables por parte de los servicios jurídicos y de la secretaría, además de unas 80 contrataciones de obras públicas también, al parecer, con el informe contrario de Intervención. En la localidad al sur de la isla de Tenerife ya regía el mismo equipo de Gobierno.
* El País - PEDRO MURILLO - Santa Cruz de Tenerife - 28/07/2011
Foto: Arona (Tenerife), vista - D.Garuti, laopinion.es
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PÚBLICO* : En pleno verano, bajo el sol abrasador del mediodía, más de 150 indignados se han concentrado en las inmediaciones del Banco de España para realizar un recorrido por las diferentes sedes de las agencias de calificación de riesgo que se encuentran en Madrid.
A las 12:00 se iniciaba la marcha tras haber entregado en el Banco de España un manifiesto en el que reivindican su postura acerca de la deuda contraída por los Estados. Los indignados consideran que la situación crítica de las arcas públicas ha sido provocada por la temeridad premeditada de las agencias de calificación, mucho más benevolentes con las calificaciones que otorgan a los grandes bancos, y la permisión de las grandes entidades europeas.
Aprovechando que la institución, por ser pública, tiene la obligación de admitir a trámite los documentos de los ciudadanos, han registrado y sellado una copia del manifiesto, que más tarde leerían en cada una de sus paradas reivindicativas, para que llegase a manos del director de la entidad, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.
Según el itinerario previsto, los indignados se han colocado a las puertas de Fitch, Standard&Poors y Moody's para denunciar la responsabilidad de estas agencias de rating en lo que consideran un "endeudamiento orquestado" de los Estados. Unas agencias contra las que el pasado mes de febrero varias organizaciones presentaron una querella criminal ante la Audiencia Nacional que ha sido recientemente intervenida por la Fiscalía Anticorrupción, al no considerar que haya indicios suficientes para la tramitación de la demanda.
Y ha habido espacio para la espontaneidad. A su paso por las sedes de Barclays y la Comisión Europea, los indignados se han detenido para leer también allí su manifiesto. Además, continuando con la iniciativa que ayer llevaron a cabo un grupo de indignados, que decidieron aparcar su vestimenta habitual para pasar desapercibidos como activistas e introducirse en el Congreso, varios de ellos se han 'puesto guapos' para la lectura del texto.
También ha estado allí el profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Álvarez, que ya había ofrecido una conferencia en el I Foro Social del Movimiento, celebrado el pasado lunes en el Parque del Retiro. A él se le ha pasado el megáfono a su llegada a la agencia S&P para que leyese el manifiesto.
El momento artístico de la jornada se ha producido justo después, cuando han realizado una pequeña performance. Tumbados en el suelo, las decenas de indignados se han dejado arrollar por un euro gigante de poliespan, en lo que pretendía ser un acto simbólico.
Los miembros del movimiento, escoltados por la policía durante el recorrido, han comunicado a Público.es que su relación con ellos ha sido cordial en todo momento y que incluso han reivindicado sus derechos, que "pueden verse perjudicados por los recortes públicos que augura el Pacto del Euro", ha afirmado un portavoz de la comisión madrileña de economía.
* Público - THAÏS MUÑOZ Madrid 28/07/2011
Foto: Madrid, indignados manos arriba - elpais
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ELPAÍS/Madrid* : La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado esta mañana "bastante improbable" que su Gobierno "mande las maquinas a levantar la carretera" M-501, a pesar de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a deshacer las obras realizadas y a dejar la carretera como estaba por considerar la zona de protección ambiental. Aguirre, que ha hecho estas declaraciones tras el Consejo de Gobierno regional, ha explicado que procederá del modo que dicten los servicios jurídicos de la región.
El TSJM ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia de este mismo órgano judicial dictada en 2008 y que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la llamada carretera de los pantanos e insta a que los terrenos se restituyan a su estado inicial, según informó ayer Ecologistas en Acción. Es más, le da 15 días para hacerlo.
Los servicios jurídicos de la Comunidad analizan desde ayer el auto del TSJM y, según informa un portavoz de la Consejería de Transportes, presentarán alegaciones para "garantizar" la defensa de los intereses de los madrileños en cuanto a seguridad vial y conservación del medio ambiente. La comunicación del TSJM se produce después de que el pasado 12 de junio venciera el plazo legal concedido para que la Comunidad cumpliera "de forma voluntaria" con la sentencia.
El proyecto regional fue declarado también ilegal hace cinco meses por el Tribunal Supremo, por incumplir los trámites administrativos, informa Jesús Sérvulo González. La ampliación de la carretera de los pantanos, M-501, acumula un largo historial de procesos judiciales. Fue un proyecto personal de la presidenta. En 2005 defendió el desdoblamiento entre Quijorna y Navas del Rey debido al "interés general, por razones imperiosas de seguridad vial".
La presidenta obvió los informes en contra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -suscrito en 2006 por más de 150 científicos-. Aguirre emprendió las obras en medio de una zona de alta protección ambiental, el parque regional del río Guadarrama. Y desoyó las recomendaciones de los expertos que proponían medidas para reducir los accidentes menos agresivos para el entorno.
Enseguida las asociaciones ecologistas comenzaron la batalla para frenar el proyecto. En febrero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la organización ecologista y ordenó la paralización de las obras, que costó unos 100 millones. La sentencia ordenaba "reiniciar el proceso administrativo y, en su caso, restituir a su estado anterior la zona afectada".
La Comunidad de Madrid se resistió a cumplir la sentencia y buscó todos los resquicios jurídicos para justificar su decisión. Recurrió la decisión del tribunal. Elaboró una declaración de impacto ambiental sobre el proyecto. Este documento obligatorio, que el Gobierno regional evitó entregar hasta el final, recoge las afecciones ambientales en la zona y sus posibles soluciones. Mientras tanto, la Consejería de Transportes terminó la obra de desdoblamiento de la veintena de kilómetros e inauguró el tramo por todo lo alto.
Al ver que la Comunidad de Madrid eludía el cumplimiento de la sentencia del TSJM, Ecologistas en Acción reclamó ante los tribunales su ejecución y así lo han hecho. Desde Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto señala que la orden del TSJM "deja en evidencia la falsedad de los responsables regionales que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia". .
* El País - 28.07.11
Foto: Un tramo desdoblado de la M-501, conocida como carretera de los pantanos.- elpais
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PÚBLICO/Sevilla* : El centro de Sevilla volvió a erigirse ayer como punto de reunión para los indignados de la capital hispalense. Más de 400 personas se reunieron ayer frente al Ayuntamiento de Sevilla para protestar contra la derogación del denominado Plan Centro, que imponía desde finales del pasado 2010 un acceso restringido al casco antiguo hispalense para los vehículos privados, con lo que se descongestionaba el centro. El Gobierno municipal, liderado por el conservador Juan Ignacio Zoido, optó por levantar la medida de forma unilateral y a tan solo tres días del pleno del Ayuntamiento.
Zoido cumplía así una promesa electoral que abanderó durante la última campaña electoral, pero se ganaba la enemistad de los ciudadanos que reprobaban su medida respaldados por miembros del Movimiento 15-M, Ecologistas en Acción y diversas asociaciones de vecinos.
Moisés Olmedo, coordinador local de Greenpeace pidió a Zoido "que al menos escuche a los vecinos, debata con la oposición y lo lleve a pleno" antes de que "aumente la contaminación acústica y atmosférica del casco histórico de Sevilla".
Adriana Espinosa, vecina del centro, desmentía que la derogación favoreciera a los comerciantes del distrito: "cuando empiecen los atascos, los pequeños comercios van a ver como la gente se va a las grandes superficies a comprar porque es más cómodo". Según sostuvo Espinosa, gracias a "esta medida revanchista contra el PSOE", volverán los atascos al centro.
Durante la protesta, los manifestantes, al grito de "manos arriba, esto es un atasco", realizaron una performance a modo de cuento en la que usaron tres coches y un autobús de cartón para recordar que "el centro de la ciudad se hizo antes que los vehículos y sus calles angostas no están hechas para que circulen los coches".
Imposición por "decretazo"
Unas horas antes de la manifestación, Francisco Pérez, portavoz del grupo conservador en el Ayuntamiento de Sevilla, tildaba en rueda de prensa al Plan Centro de "fraude con irregularidades desde el principio". Pérez se defendió de las acusaciones del PSOE que inculpaba a su partido de haber aplicado la derogación mediante un "decretazo". "El Ayuntamiento emite resoluciones de alcaldías y eso es lo que hemos hecho, no se podía derogar de otra manera", sostuvo el portavoz del PP, quien reconoció que durante el pleno que se celebra el próximo viernes se tratará el asunto, aunque no avalarán un plan que, según sostuvo está "preñado de irregularidades".
Por su parte, Antonio Muñoz, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, defendió la permanencia del plan por sus efectos beneficiosos a "la salud, el medioambiente y para la conservación del patrimonio artístico". "Le pedimos al Gobierno que nos sentemos a dialogar en septiembre para abordar las posibles modificaciones en una mesa de trabajo".
La forma en que el PP ha finalizado con la medida tampoco ha sentado bien entre los sevillanos. Ricardo Marqués, presidente de A Contramano, criticaba la medida de Zoido "en forma y contenido". "El alcalde ha tomado esta decisión sin argumentos, sin alternativas sobre la mesa y sin dialogo", concluyó Marqués.
* Público - FRAN GRIMALDI SEVILLA 28/07/2011
Foto: manifestantes ante el ayuntamiento de Sevilla para protestar contra el decreto que deroga el denominado Plan Centro. EFE
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PÚBLICO/Madrid* : Jornada tensa para el 15M. Los indignados estaban acampados en las inmediaciones del Congreso con la intención de aprovechar el último pleno extraordinario del Congreso antes de las vacaciones para hacer llegar a los diputados las reclamaciones de las decenas de pueblos por las que durante el pasado mes se detuvieron las columnas de indignados.
Así lo decidieron la noche anterior en una asamblea, en la que acordaron enviar mensajes informativos a los diputados que están registrados en la red social Twitter y entregar a primera hora su documento en el Congreso, habiéndolo registrado y sellado previamente de acuerdo con los trámites burocráticos establecidos.
En caso de que finalmente no se les permitiera acceder al Congreso, los indignados habían barajado la opción de conseguirlo poniéndose sus mejores galas para pasar desapercibidos y que la policía les abriese la zona cercada a la que sólo se ha estado permitiendo el paso a gente bien vestida.
Pero la mañana iba a impedir que los acontecimientos se sucediesen según lo previsto. Al desalojo que ha tenido lugar a primera hora de la mañana en las calles aledañas al Congreso y al posterior acordonamiento de la zona, les han seguido los momentos de tensión que se vivieron hacia las 9:30 horas. Según ha trasmitido a Público.es una portavoz de la comisión de comunicación del movimiento, ante la sospecha de que los policías iban a desalojar la zona del Paseo del Prado en que los marchantes permanecen acampados, los indignados organizaron una sentada pacífica en el asfalto del paseo que de inmediato fue intervenida por el cuerpo policial.
El altercado se ha saldado con unos 10 heridos leves, según fuentes del movimiento que recalcaban que los policías trataron de evitar hacer uso de la fuerza. Una vez efectuado el desalojo, los indignados se dispusieron a leer a los policías el texto que pretendían hacer llegar al Congreso mientras un indignado de valencia, motu proprio, utilizaba sus contactos para hacer llegar el documento al Congreso, después de que les hubiesen informado de las escasas probabilidades de que el texto llegase a los diputados. Pero únicamente IU decidió tender su mano al movimiento.
Los indignados, una vez enterados de que el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares, era el único que estaba dispuesto a acercar el altavoz a sus reivindicaciones, decidieron por consenso aceptar su colaboración, con la condición de que se subrayase la independencia política del movimiento. Para ello, el texto entregado al representante de IU durante la reunión de los diputados, se ha acompañado de un anexo que remarcaba las condiciones en las que se hacía entrega del documento.
Cinco indignados, tres de ellos ataviados con los atuendos con los que ayer habían planeado pasar desapercibidos en el Congreso, han entregado su documento al representante de IU, Pepe Moreno, que se lo ha hecho llegar a un bedel que ha entrado en el pleno para entregárselo en mano a Llamazares.
El portavoz de IU, que ha informado al pleno durante su turno de palabra , haciendo llegar el texto a José Luis Rodríguez Zapatero, no ha recibido respuesta alguna por parte del Gobierno, que ha obviado referirse a la carta. Tampoco la ministra de Economía, Elena Salgado, ha aceptado pronunciarse sobre el documento cuando unos indignados que conseguían acceder al Congreso le han ofrecido el documento. La ministra, dando las gracias a los ciudadanos, se ha negado a recogerlo alegando que su partido ya contaba con una copia.
Ante las críticas que ha despertado la colaboración de Gaspar Llamazares, por la que algunos le han acusado de apropiarse del movimiento, el portavoz de IU ha asegurado estar "muy honrado de actuar como cartero del 15M" y ha apostillado que en ningún caso actúa como su portavoz, pese a que considera que el partido al que representa comparte no sólo su indignación, sino también buena parte de sus propuestas.
Las acampadas continuan
En torno a las 20.00 horas, los indignados madrileños y sus homólogos marchantes se reunirán en las proximidades de la Puerta del Sol para organizar nuevas acciones y gestionar el futuro de la acampada. Pese a que los marchantes acordaron con la policía permanecer en el Paseo del Prado hasta el pasado martes, muchos de ellos se plantean seguir allí hasta el próximo domingo, pero será esta tarde cuando la asamblea llegue a una conclusión al respecto.
Entre sus nuevas iniciativas, los indignados de Madrid y Barcelona planean dirigirse a los pueblos a los que las anteriores columnas no pudieron acercarse para atender sus reivindicaciones.
* Público - THAÏS MUÑOZ Madrid 27/07/2011
Foto: Un indignado a las puertas del Congreso antes de que consiguiesen entregar el documento. -publico
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ELPAÍS* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz reconoce en su memoria de 2010 las dificultades para que los jueces condenen con órdenes de demolición los delitos contra la ordenación del territorio en la proliferación de viviendas ilegales en la provincia gaditana. El Ministerio Público defiende que mantiene el criterio general de reclamar siempre el derribo pero los jueces apenas atienden esta reclamación, salvo contados casos. Para que estos delitos no queden impunes la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, reclamó ayer que en las sentencias condenatorias que no incluyan demoliciones, al menos, sí se ordene la incautación de las viviendas, para que su promotor no pueda disfrutarla. También anuncia mano dura contra las administraciones, fundamentalmente alcaldes, que no ejecutan los derribos ordenados en fallo judicial.
Según recuerda Ayuso, Cádiz fue pionera en contar con fiscales dedicados en exclusiva a Medio Ambiente y Urbanismo. El propósito fue atender los cientos de casos que llegaban a los juzgados sobre construcciones ilegales. La preocupación era enorme por la ausencia de órdenes de derribo. Era lo que la fiscalía consideraba "favorecer el efecto llamada".
La perseverancia del Ministerio Público propició que comenzaran a llegar las primeras demoliciones dictadas por algunas secciones de la Audiencia Provincial, que sí atendieron la demanda de los fiscales. Pero estas sentencias han sido minoritarias. Ha sido criterio general de los tribunales gaditanos considerar estas viviendas sin licencia como parte de un núcleo de población consolidado. "No es lógico acordar una demolición de una construcción aislada puesto que con ello solo se causaría un perjuicio innecesario", argumentan los jueces.
La Fiscalía de Cádiz advirtió de que la aplicación de esta máxima podía favorecer la extensión ilimitada de los municipios y también amparaba a los que seguían construyendo a pesar de haber sido alertados de que su acción era ilegal. El Ministerio Público logró convencer con estos dos argumentos en algunas sentencias pero está lejos de que la aplicación de su criterio sea mayoritaria.
Por eso ahora la fiscal jefe Ángeles Ayuso se agarra a una reforma del Código Penal aprobada en diciembre de 2010, que permite, al igual que con los bienes incautados a los narcotraficantes, decomisar las viviendas construidas ilegalmente. "La casa seguiría en pie pero sus promotores no podrían hacer uso de ella porque pasarían a manos del Estado, que la ofrecería en una subasta pública. Al menos, el infractor no podría disfrutarla". Ayuso, con todo, admite que, de atenderse su petición, solo valdría para denuncias que hayan llegado después de la reforma.
* El País - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 27/07/2011
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales Pago del Humo - diariodecadiz.es
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ELPAÍS/Lugo* : En la rueda de prensa del último Consello de la Xunta, Feijóo tuvo tiempo para detallar hasta un informe de actividades de la Fundación Illa de San Simón. Se le quedó en el tintero una de las decisiones más importantes que acababa de adoptar su Gobierno: la retirada de 21 recursos judiciales presentados por el anterior Ejecutivo gallego contra otras tantas promociones ilegales en el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el PP, lo que supone el desbloqueo definitivo de 3.174 viviendas levantadas en zonas que carecían del menor servicio. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, completa así el tenaz camino emprendido para la legalización de unas viviendas de las que cientos de ellas ya han sido declaradas ilegales.
La retirada de los 21 recursos, que se corresponden con otras tantas promociones inmobiliarias, confirma la existencia de un acuerdo de Agustín Hernández con la asociación de promotores de la localidad lucense, cuyo presidente aseguró contar con el compromiso del conselleiro para la retirada del recurso antes de agosto.
Los responsables de las promociones tenían prisa para intentar vender los pisos en agosto, un mes clave en el negocio por la visita de turistas a A Mariña de Lugo.
La retirada de los recursos no fue mencionada en la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo ni apareció en la reseña de los acuerdos que la Xunta cuelga después de cada Consello en Internet. Fuentes de la Consellería de Territorio negaron que esa omisión tuviese voluntad de silenciar la retirada de los recursos. "Son actos jurídicos rutinarios de los que no se acostumbra a informar", afirmó un portavoz del departamento.
Con intención o sin ella, lo cierto es que la retirada de los recursos culmina dos años de esfuerzos de la Xunta para desandar el camino que emprendió el Gobierno bipartito en 2006, cuando suspendió las normas urbanísticas de Barreiros ante la autorización municipal en menos de un año de 5.800 viviendas en un ayuntamiento de apenas 3.200 habitantes. Después de tomar esa decisión, la Xunta de Emilio Pérez Touriño emprendió a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) un contencioso contra la autorización de licencias en zonas sin servicios básicos, como abastecimiento y saneamiento de agua o infraestructuras viarias.
La Consellería de Territorio considera la retirada de los recursos parte del "proceso lógico" después de que se aprobara la memoria ambiental del proyecto sectorial urbanístico de la zona. Este documento se desarrolló después de que Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Barreiros firmaran un convenio por 14 millones de euros para dotar a las zonas afectadas de los servicios que impiden su consideración de solar, por lo que los juzgados las consideran en sus primeras sentencias suelo no urbanizable. De acuerdo con la ley, esas obras deberían correr a cargo de los promotores inmobiliarios.
Dicha memoria ambiental da por buena la previsión, incluida en el plan sectorial, de que en plena crisis demográfica y del sector inmobiliario, el Ayuntamiento de Barreiros multiplique su población por siete, para pasar de sus 3.200 habitantes a 23.500. Para hacer ese cálculo, el plan tiene en cuenta las propias viviendas objeto de la polémica.
La actuación del conselleiro Agustín Hernández en el caso de Barreiros provocó su denuncia ante el fiscal por parte de la asociación Adega, que le acusa de prevaricación y de delito contra la hacienda pública. Con el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración renuncia a la cesión obligatoria del 10% y asume costes de urbanización que deberían ser asumidos por los promotores. Adega calificó el plan de "recalificación encubierta" del suelo, lo que implicaría "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a los que se les permite triplicar la edificabilidad de sus terrenos.
* El País - PABLO LÓPEZ - Santiago - 27/07/2011
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial. El plazo concedido para informar de las medidas adoptadas es de quince días y el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar multas coercitivas para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, así como derivar en responsabilidad penal.
El pasado 12 de junio se cumplió el plazo legal concedido para que la Comunidad de Madrid cumpliera de forma voluntaria con la sentencia firme emitida por el Tribunal Supremo sobre el desdoblamiento de la carretera M-501. Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido la sentencia, el pasado 2 de julio Ecologistas en Acción, solicitó la ejecución forzosa.
Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante acuerdo de 15 de julio de 2011, notificado a Ecologistas en Acción el 26 de julio de 2011, ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial.
El plazo para que la Comunidad de Madrid informe al Tribunal Superior de Justicia de las medidas adoptadas es de quince días (plazo que cumplirá a mediados del mes de septiembre al considerarse inhábil el mes de agosto). A partir de ese momento, el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar, previo apercibimiento del secretario judicial y audiencia de las partes, la adopción de medidas necesarias para su efectividad, multas coercitivas para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, así como derivar en responsabilidad penal. Así consta en el acuerdo tomado por el Tribunal.
Ecologistas en Acción valora muy positivamente el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y espera que la Comunidad de Madrid cumpla con el mandato legal sin más dilación. Este acuerdo judicial deja en evidencia la falsedad de las declaraciones de algunos responsables políticos del Gobierno Regional, entre ellos el vicepresidente primero Ignacio González, el ex vicepresidente segundo Francisco Granados y el ex consejero de transportes José Ignacio Echeverría que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia.
* Ecologistas en Acción Madrid - 27.07.11
Foto: Madrid, protesta M-501 - ecologistasenacción
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20MINUTOS* : Una treintena de jóvenes 'indignados', de diversas ciudades de España, han iniciado esta tarde desde la Puerta del Sol una marcha a pie hasta Bruselas. En un principio eran diez, más tarde la cifra se redujo a cinco, pero al final la ilusión por difundir el mensaje de cambio del movimiento 15-M ha reunido a una treintena de personas. Partieron este martes, a las seis de la tarde, de la Puerta del Sol y tienen previsto llegar a Bruselas caminando con la intención de dar continuidad a las movilizaciones. En total andarán más de 1.500 kilómetros.
Estudiantes y parados de distintos puntos del país tienen previsto alcanzar la capital belga el 8 de octubre. La idea es llegar a tiempo para participar en la gran manifestación europea Democracia Real Ya, del 15 de octubre, a la que asistirán ‘indignados’ de toda la UE. Durante los 80 días que durará el trayecto difundirán el mensaje del movimiento por todas las ciudades y pueblos por donde pasen y recogerán las propuestas de sus vecinos. El martes acamparon en Alcobendas, a 18 km de la capital.
Asambleas de otros países de la UE también partirán a pie hacia Bruselas. Por el momento, grupos de ‘indignados’ de Toulouse (Francia) o de la ciudad alemana de Aachen ya han anunciado que se unirán.
Quejas en el Congreso
Los ‘indignados’ tienen previsto entregar este martes en el Congreso de los Diputados un documento reivindicativo en el que se recogen problemas detectados por miembros del movimiento 15-M a su paso por diferentes zonas de España durante la marcha que iniciaron hace un mes y que culminó el pasado sábado en Madrid.
La Marcha Popular Indignada partió dividida en siete columnas, procedentes de Galicia, Murcia, el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Extremadura y Valencia. Ahora camina unida rumbo al corazón político de la UE.
Los protagonistas de #marchabruselas
"Salgo con cero euros y mucha ilusión"
Laura Vacas, 24 años, estudiante. Salió de Córdoba hace un mes y va a seguir. Explica que no tener dinero no es una excusa para no ir porque la gente es muy solidaria.
"Deberíamos ser más de 100.000"
Abbelatif, 63 años, vive en la calle. Es el más veterano del grupo. Vino a pie desde La Rioja y asegura que si no hay un percance, llegará hasta Bruselas porque la causa lo merece.
"No tenemos nada que perder"
36 años, Santander. He conocido la historia de muchas familias que lo han pasado muy mal durante la marcha a Madrid. "Solo por eso merece la pena seguir rumbo a Bruselas", explica.
* 20 Minutos - JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.. 26.07.2011
Foto: Indignados 15M, marcha a Bruselas 26Julio - 20minutos
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ELPAÍS/A Coruña* : Los vecinos de Ferrol Vello iniciaron una cruzada contra los planes de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil de construir el tanque de tormentas de la depuradora de la ría sobre el jardín de La Ranita, junto al puerto interior de Curuxeiras. Cada viernes, desde hace un mes, padres, abuelos y nietos invaden el parque a última hora de la tarde con una protesta lúdica de juegos tradicionales, cánticos y pancartas en oposición al proyecto ambiental para limpiar la ría que, paradójicamente, supondrá la destrucción de la única zona verde del muelle. Le exigen al Ministerio de Medio Ambiente, que acomete la obra, el traslado del contenedor a unos terrenos desocupados a pocos metros a fin de preservar La Ranita, el corazón verde de un barrio pendiente de rehabilitar y protegido por la Xunta como Bien de Interés Cultural.
La obra pasa por construir un gran recipiente hormigonado para almacenar aguas pluviales y fecales sobre la parcela que ocupan los jardines desde principios del siglo XX. El tanque quedaría soterrado y se cubriría con un edificio de mantenimiento de 180 metros cuadrados y cuatro metros de altura que borraría el césped y la popular fuente de delfines y ranitas que da nombre al jardín. La vecindad cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la cofradía de mariscadores.
El tanque forma parte del macroproyecto del Gobierno central para construir la primera depuradora de la ría de Ferrol, para tratar los vertidos de los 125.000 habitantes de Ferrol, Narón y Neda. La Confederación ya ha finalizado la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Prioriño y la planta de bombeo de A Cabana y acomete la obra del colector general desde el fondo de la ría hasta la bocana, mediante un sistema de tuberías que peina la ribera norte atravesando la ensenada de Caranza hasta el puerto interior, junto al jardín.
El gran cubo soterrado funcionaría como aliviadero en los días lluviosos, para evitar el colapso de las tuberías que llevan el agua fecal a la depuradora. Para construirlo en el emplazamiento previsto, Medio Ambiente tendría que talar, al menos, media docena de palmeras canarias con más de 80 años, acacias y otros arbustos y plantas exóticas como evónimos y drácenas.
"Es nuestro pequeño jardín botánico y el escaparate de entrada a la ciudad para casi todos los visitantes", destaca Anxo Vilariño, que habita Ferrol Vello desde 1985. La intención del ministerio es iniciar esta última fase (el tramo A Gándara-A Malata) en septiembre, pero antes deberá responder al aluvión de alegaciones formuladas por el puerto, la cofradía y los propietarios de un chiringuito de madera en La Ranita. El presidente del puerto de Ferrol, Ángel del Real, rebate la futura ubicación del tanque en La Ranita en un documento de 12 páginas que alerta de la posible contaminación de la lámina de agua próxima al muelle por los vertidos sólidos que rebosen del contenedor cuando arrecie la lluvia y la pérdida de calado en el fondo que "afectaría a la seguridad de la navegación".
Además, el puerto ferrolano alega que la obra conllevaría la innecesaria destrucción de los jardines de La Ranita, que define como "un pequeño jardín botánico con árboles de gran porte" y plantea hasta cuatro ubicaciones alternativas en tres parcelas próximas cedidas por la Autoridad Portuaria y una cuarta en la factoría de subsistencias de la Armada, en terrenos de Defensa.
El proyecto tampoco gusta a los mariscadores, que tienen su centro de operaciones en una lonja próxima, y mucho menos a los dueños de la pequeña cafetería de madera con gran terraza entre el puerto y los jardines, que hace caja verano e invierno por su privilegiada ubicación.
Manuel Zapata, portavoz vecinal, cuenta que Medio Ambiente publicó el proyecto en el Boletín Oficial del Estado el 23 de febrero del 2011. Sin embargo, pasó desapercibido tres meses hasta que un vecino se interesó "casualmente" por el tema. La noticia corrió por Ferrol Vello de boca en boca y se montó una primera protesta "espontánea" a la que siguieron otras cuatro.
Las quejas llegaron al pleno municipal. Los portavoces vecinales critican que la anterior corporación socialista "tapó" la ubicación. Luego fue demasiado tarde para las alegaciones.
El PP llevó al primer pleno de su mandato una moción en defensa de los jardines que logró el respaldo de los cinco grupos de la corporación. El alcalde, José Manuel Rey Varela, presume de haberle arrancado al presidente de la Confederación, Félix Fernández, la promesa de estudiar una alternativa. Los vecinos han recabado 4.775 firmas contra la ubicación. Si las máquinas aparcan en La Ranita, acamparan en el jardín para evitar su destrucción.
* El País - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 25/07/2011
Foto: Ferrol (A Coruña), barrio antiguo - lavozdegalicia.es
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ELPAÍS* : Los 40.000 metros cuadrados de naves ilegales levantados en Córdoba por Arenal 2000, la empresa constructora de Rafael Gómez, Sandokán, no han encontrado respaldo judicial en el Tribunal Supremo. Un fallo ha desestimado el recurso de Gómez contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) que anulaba el plan urbanístico especial de la carretera de Palma del Río que, en 2006, iba a dar cobertura legal a esa enorme construcción, levantada por el hoy concejal y presidente del segundo partido en la ciudad, Unión Cordobesa. Un segundo plan, que legalizaría más de la mitad de las naves, espera su aprobación en el pleno municipal.
Sin ahondar en la ilegalidad o no de las naves de Sandokán, el TSJA cimentaba su nulidad en el hecho de que el primer plan urbanístico que las iba a legalizar había surgido de la iniciativa privada, concretamente de la propia empresa interesada: Arenal 2000. El plan llegó a aprobarse en el Ayuntamiento de Córdoba con los votos a favor de IU, que gobernaba con Rosa Aguilar como alcaldesa, y del PP. El PSOE se opuso de lleno a aquel documento, alineándose con la Consejería de Obras Públicas, que ya anunciaba el recurso ante el máximo tribunal andaluz.
Una vez que el TSJA ratificó la nulidad del plan del Ayuntamiento cordobés, fue Sandokán quien respondió con su último cartucho: recurrir ante el Supremo. Pero en su argumentación, el Tribunal Supremo recuerda que para rechazar el Plan Especial, el TSJA se ciñó a la legislación urbanística autonómica y que contra ésta no se puede recurrir ante el Supremo. "No cabe revisar aquí la interpretación que hace la sala de instancia de la normativa autonómica aplicable al caso, debiendo ser desestimado el motivo de casación", señala la sentencia.
El fallo del Supremo devuelve el turno de jugada al Ayuntamiento, que no se había personado en este recurso. Pero que tampoco se ha estado quieto. En estos tres años ha tenido tiempo de redactar un nuevo Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, que reordene el caso de la naves de Sandokán. De hecho, el veredicto del Supremo era la señal que se estaba esperando para poder aprobarlo definitivamente en el pleno. Este segundo documento contempla la demolición de solo 15.000 metros cuadrados, lo que dejaría en pie y legalizados el 62,5% de los inmuebles.
Después de que el primer plan para regularizar las naves de Sandokán fuese anulado por ser de iniciativa privada, el Ayuntamiento se aseguró de que el nuevo documento partiese desde lo público. Y de que contase con el consenso de los partidos y de la Junta. El momento no podía ser mejor. Cuando se redactó, Rosa Aguilar, la exalcaldesa que había protagonizado ásperos debates con el PSOE por este asunto, se había pasado al Gobierno autonómico del PSOE de José Antonio Griñán. Y no a una cartera cualquiera, era la consejera de Obras Públicas, la misma área que había recurrido su primer plan. De esta manera, la tesis tradicional mantenida por la Junta de demoler al menos el 50% de las naves se volvió más flexible, aceptando finalmente el 37,5%. Cuando salió aprobado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la espera de la próxima votación en el pleno, contó con el apoyo de IU y PSOE. El PP se abstuvo.
El PP pide garantías a la Junta de que no habrá problemas
El Ayuntamiento de Córdoba ha cambiado de color. La mayoría absoluta del PP ha sustituido a la coalición de IU y PSOE, la misma que alcanzó un acuerdo para ultimar el nuevo plan de la carretera de Palma del Río y que legalizaría más de la mitad de las naves ilegales. Pero el PP tiene dudas. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín, pidió ayer que se resolviesen varias cuestiones con la Consejería de Obras Públicas. "Queremos que se aclare aspectos sobre el tamaño final de las naves y los usos que se permiten", explicó.
Estos detalles no son casuales. Coinciden en lo básico con las críticas aparecidas el año pasado en un informe de la propia Delegación de Obras Públicas en Córdoba. El delegado, entonces y ahora, es Francisco García, quien recientemente protagonizó una sonora dimisión como responsable del PSOE local en Córdoba, abriendo una brecha a Juan Pablo Durán, secretario provincial de los socialistas. Ambos ya habían chocado por culpa del problema de las naves.
En este sentido, el alcalde, José Antonio Nieto, pidió ayer garantías. El regidor no habló de la posible aprobación del nuevo plan de la carretera de Palma del Río ni tampoco del limitado volumen de derribo que plantea. Sí consideró que es "obligatorio poner fin y terminar con el debate" en torno a la legalización de las naves. Este acuerdo quiere hacerlo "por la vía de la transparencia y la legalidad". Y con tal fin ve "preciso alcanzar un acuerdo con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta, para que la decisión que se adopte no sea controvertida y no sigamos con el espectáculo en torno a algo que comenzó mal, siguió mal y acaba mal".
* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 26/07/2011
Foto: Córdoba, naves Arenal 2000 - eldiadecordoba.es
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ALBA CASANOVAS /KAOSENLARED* : El desahucio de ayer en El Clot acabó con 40 denunciados, 10 heridos y la familia en la calle desamparada.
"Esto es una vergüenza", lamentaron "indignados" ayer Verónica y Eliseo en la calle, después de que los Mossos d'Esquadra abrieran paso a la comitiva que tenía que ejecutar su orden de desahucio. La familia tuvo que salir a la fuerza del piso que habitaba desde hacía 26 años en el barrio de El Clot de Barcelona. Y lo hizo con lo puesto. La policía no les permitió coger sus enseres, apenas un par de bolsas llenas hasta los topes.
Más de 200 personas se plantaron a primera hora de la mañana ante el nº22 de la calle de Andrade para evitar el desahucio de la pareja y sus tres hijos. Formaron un cordón humano, pero no consiguieron su propósito. El desalojo derivó en enfrentamientos entre la policía y los vecinos que trataron de impedirlo. Los Mossos denunciaron a 34 personas: 13 por desobediencia leve a la autoridad, 17 por desobediencia grave y 4 por atentado contra la autoridad.
La refriega acabó con 10 heridas leves (siete de ellos, mossos), según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los vecinos denunciaron brutalidad policial. Un portavoz del cuerpo aseguró que en ningún momento hubo cargas contra los manifestantes, que, en cambio, sí pudieron observar los allí presentes.
Una decena de furgones y una treintena de agentes cercaron el edificio. La policía sacó a la fuerza, con golpes, empujones y porrazos, a todos los allí reunidos. "Lo que están haciendo no tiene perdón", gritaba incrédula Verónica desde su balcón. Uno a uno, los Mossos sacaron a quienes se encontraban en el portal, en la escalera y en el interior del piso. Uno de ellos, Jorge Sánchez, explicó que "resistían pacíficamente", pero la policía los "arrancó" del cordón "con insultos despreciativos y golpes".
Luego, una decena de agentes accedieron al inmueble por el balcón y por la parte trasera mediante dos escaleras, mientras la inquilina intentaba evitarlo. Una hora después, a las tres de la tarde, los Mossos desalojaron a la familia. "No son personas, son mercenarios", gritaban el centenar de personas que quedaban en la zona. Los Mossos recibieron una cascada de insultos.
"Los jueces y la policía han traspasado la línea roja", denunció ayer el presidente de la Asociación 500 x 20 contra los desahucios, Salvador Porta. La familia tenía un contrato de renta antigua e indefinido desde que entraron en el piso. Pagaban 270 euros de alquiler. Hace cuatro años, sin embargo, el propietario les pidió renovar el contrato, como a muchos otros inquilinos de la finca. Se negaron. Y ahí empezaron sus problemas. "No nos dejaron dialogar, el propietario del piso nos llevó directamente ante la justicia", explicó Verónica. Aseguró que nunca han dejado de pagar el alquiler "ni un mes". Pero no abonaron el sobreprecio que, según vecinos con el nuevo contrato, es tres veces superior.
Es la segunda vez que un desalojo acaba con denunciados en Cataluña. En Vic, 13 personas fueron juzgadas por desobedecer a los Mossos y tratar de impedir que echasen de su piso a una mujer embarazada y a su familia, el pasado 9 de febrero.
50 antidisturbios para desahuciar a una familia
Un matrimonio de Barcelona con tres hijos, a la calle pese a pagar el alquiler
ROSA FERNÁNDEZ
La concentración de vecinos e indignados no impidió el desahucio de una familia en la calle de Andrade de Barcelona, en El Clot, un barrio obrero de la ciudad. Un matrimonio de origen senegalés y sus tres hijos se quedaron sin vivienda después de que efectivos de los Mossos d’Esquadra se encaramaran a una escalera y entraran al piso por el balcón. La madre, Verónica, acabó inmovilizada en el suelo y su hijo de 12 años, el único que en esos momentos estaba en el hogar, reducido con las dos manos en la espalda sujetadas por un agente.
La acción policial generó un intenso clima de tensión en la calle, donde se habían reunido unas 300 personas convocadas por la asamblea social del barrio y la asociación 500x20. Las porras volvieron a ser usadas con contundencia con quienes se negaban al desalojo o reprochaban la acción de los 50 mossos desplegados, que acudieron al barrio con una decena de furgones.
La actuación se saldó con tres heridos leves –un hombre de 52 años con una brecha en la cabeza abierta por un golpe de porra, y dos agentes– y cuarenta denunciados a los que la Policía autonómica acusa de desobediencia a la autoridad. Quince de ellos se habían encerrado en la vivienda junto a la familia y el resto estaban dispersos entre la portería y la puerta del piso para impedir el acceso a la comisión judicial que tenía que ejecutar el desahucio.
Tras la entrada de los Mossos, los manifestantes fueron obligados a salir uno a uno para instruir las denuncias. Poco después abandonaban la vivienda los miembros de la familia portando algunas bolsas con enseres personales. También se pudo ver a operarios transportando muebles y electrodomésticos de la vivienda.
Inquilinos durante 26 años
La familia residía en el piso desde hace 26 años gracias a un contrato de alquiler y estaban al corriente del pago de las mensualidades, según explicaron. El origen del litigio se debe a que el propietario de la finca, Alberto Viñas Tous –que formó parte de órganos vinculados al Ministerio de Cultura durante el franquismo–, quiere encarecer de forma significativa el precio del alquiler. Su intención es situarlo en torno a los 800 euros, al considerar que el contrato no era indefinido.
El matrimonio se negó a asumir el incremento y llevó el caso a los tribunales. Vencieron en primera instancia, pero las posteriores apelaciones acabaron dándole la razón al propietario. Hasta la dura jornada que tuvieron que aguantar ayer.
La contundencia de los Mossos volvió a generar un aluvión de protestas. En un comunicado, cuatro entidades –entre ellas la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca– reclamaron la dimisión del conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, a quien acusaron de “intentar resolver los problemas sociales de Catalunya a través de la represión policial”.
* Kaos en la Red - 26.07.11
Foto: Barcelona, desnonament con policía al Clot - kaosenlared
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