Los indignados 'sientan en el banquillo' a instituciones y bancos

ELPAÍS/Madrid* : Los indignados mantienen su ofensiva en las calles de Madrid. Centenares de personas volvieron a manifestarse ayer en una marcha que, aunque menos numerosa que las anteriores, sirvió para recordar que siguen ahí. "No podrán pararnos", advertían las pancartas. El breve recorrido entre Cibeles y Sol dio para mucho. En poca más de una hora y media los indignados tuvieron tiempo de sentar en el banquillo a cuatro organismos y grandes empresas. El Banco de España, el Ministerio de Educación, el BBVA y la sede del Gobierno regional, que no tuvieron derecho a réplica, fueron sentenciados culpables desatando los aplausos de los manifestantes.
Alicia, con una camiseta a favor de la enseñanza pública, fue la encargada de dar los veredictos ante las sedes de cada organismo. El primero, el Banco de España, que fue declarado "culpable de genocidio, de atentado contra la salud de las personas y de estafa" entre algunos otros delitos. Unos metros más arriba le tocó escuchar la sentencia al Ministerio de Educación: "Culpable por alienar nuestro pensamiento crítico, por prolongar la vida de este sistema social, por imponernos una forma de vida coartando cualquier otra idea, por hacernos creer que somos un rebaño".

En el orden del día estaba la sentencia al BBVA, pero el edificio no aparecía por ninguna parte y Sol se veía cada vez más cerca. Cuando ya estaban a punto de emitir su veredicto ante un pequeño cartel de la entidad, alguien señaló el edificio de BBVA Seguros, y allá se fueron. Los cargos no fueron menores: crímenes de lesa humanidad, expolio, conspiración y apoyo al crimen organizado. El banco fue declarado "culpable" de todos los delitos y la sentencia "del tribunal del pueblo" incluyó desde la "destrucción de todas las sedes inmobiliarias y de negocios de la entidad hasta la inhabilitación de su consejo directivo y la mutilación de un dedo a todos sus miembros para que en el futuro si alguien quiere negociar con ellos sepa a quién tiene delante". Los gritos de "culpable" llenaron la calle y al oír la sentencia otro lema brotó al instante: "¡Sin piernas, sin brazos, banqueros a pedazos!".Calle de Alcalá arriba, el edificio del Banco Santander volvió a detener la marcha. Aunque parecía que la entidad iba a librarse esta vez de las iras de los indignados, los manifestantes profirieron multitud de gritos contra su presidente, Emilio Botín.

Al último tramo de la marcha se unió más gente y la manifestación entró en Sol con casi mil personas. "Ya estamos en casa", gritaron algunos al ver la plaza. Los recibieron los últimos voluntarios que aún mantienen las tres carpas que han quedado del campamento y centenares de turistas y transeúntes. Ya bien rodeados, los indignados emitieron su último veredicto contra la sede del Gobierno regional y la presidenta, Esperanza Aguirre. "Culpables". Aguirre y sus consejeros fueron condenados a una pena de "catapultamiento" y la Real Casa de Correos a una "voladura". "Hoy son solo palabras", advirtió Alicia en tono de broma desde el micrófono, "pero algún día serán hechos". Los indignaos estallaron en aplausos al grito de "no podrán pararnos".

Una vez disuelta la manifestación la gente fue tomando asiento en el suelo para celebrar una asamblea, en la que los indignados volvieron a tropezar con su mayor problema desde que nació el Movimiento 15-M: la toma de decisiones. La asamblea se prolongó durante más de dos horas, todo un contraste con lo sucedido esa misma tarde, en la que en solo una hora media y unos cuantos metros de recorrido emitieron cuatro sentencias: "Todos culpables".


* El País - 4.07.11
Foto: Cabecera de la marcha que los indignados realizaron ayer entre Cibeles y la Puerta del Sol - elpais

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Vitoria.- Urbanismo copa uno de cada cuatro casos que analiza el Síndico

ELCORREO/Álava* : Los informes del Síndico constituyen la más fiel radiografía de la ciudad y la cruz de la última memoria anual -recoge la actividad desarrollada desde marzo de 2010 hasta el pasado febrero- mira en lo tématico a Urbanismo y en lo geográfico, al Casco Viejo. En ella, el Defensor del Vecino, Javier Otaola, repasa las principales quejas y consultas recibidas en su oficina, más de 2.500 en total. Esta cifra supone un notable incremento de la actividad llevada a cabo en la oficina de la calle San Prudencio respecto a años anteriores. No en vano, el último balance anual recoge 791 consultas más que en el ejercicio anterior y más del doble de las registradas hace dos años.
Por áreas, en cambio, Urbanismo se vuelve a aupar al primer puesto de la lista, muy por delante de Intervención Social y Seguridad Ciudadana. Y es que, mientras que la primera motivó 50 de los 188 expedientes ya resueltos, las otras dos grandes áreas sumaron 37 y 27 quejas, respectivamente. Le siguen en este ranking de dudoso honor Hacienda, Ensanche 21 -la sociedad municipal que gestiona el desarrollo urbanístico de la ciudad- y Tuvisa.

En lo referido a los barrios, el Casco Viejo vuelve a liderar con 24 la tabla de quejas, seguido del Ensanche (14) y Lakua Arriaga (10). No obstante, el origen de las reclamaciones está muy repartido. No en vano, el total de expedientes abiertos el último año alcanza los 220, de modo que estas tres zonas apenas suponen el 23% de los conflictos en los que media el Síndico.
Sólo 22 casos sin resolver
La memoria también recoge el estado de los casos analizados por el Defensor del Vecino, tanto los relativos al periodo escrutado como los que se quedaron pendientes de ejercicios anteriores. Conclusión: sólo 22 de los 220 expedientes abiertos por el 'Ararteko' local siguen sin ser resueltos.
Esta contrastada eficiencia puede ser una de las razones que explican que la inmensa mayoría de los ciudadanos que piden ayuda a Javier Otaola -el 97%, en concreto- valoren su respuesta como «buena o muy buena», y que el 72% de los usuarios hagan una evaluación «positiva o muy positiva» de su intervención. Este mismo porcentaje dice estar, además, «bastante o muy de acuerdo» con la conclusión extraída por el Síndico.


* El Correo - 5.07.11
Foto: Los problemas derivados del urbanismo lideran las quejas.- elcorreo

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Torredembarra.- El TSJC tumba la construcción de 500 viviendas en primera línea

e-NOTÍCIES/Tarragona* : La Sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado mediante Sentencia declarar nulo de pleno derecho el Plan Parcial Muntanyans II. El citado plan parcial fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona el 8/junio/2006 y contra el mismo se interpuso recurso contencioso-administrativo por parte de la Plataforma Salvemos Els Muntanyans. La inmobiliaria Vegas de Guadaira S.L. y La Generalitat de Cataluña se personaron en el procedimiento para oponerse a las pretensiones de la Plataforma.
El plan Urbanístico de Torredembarra se aprobó en el año 2002 y este Plan Parcial Muntanyans II -que preveía la construcción de hasta 500 viviendas en primera línea de mar- lo inició Josep Bargalló que fue concejal de Urbanismo y Medio Ambiente desde el año 2000 hasta el 2003 y el alcalde a partir del inicio de este Plan era Manuel Jimenez del PSC. El plan urbanístico de Els Muntanyans II se aprobó siendo consejero de Política Territorial Joaquim Nadal.
La Sentencia, de fecha 19 de mayo de 2011, señala que procede "la declaración de nulidad de pleno derecho del Plan Parcial por vulnerar la prohibición legal de urbanizar y edificar en zonas inundables".

La Sentencia justifica tal decisión remitiéndose a la "manifiesta claridad" de la prueba pericial practicada: informes de geólogos y hidrogeólogos, así como el informe emitido por la propia Agencia Catalana del Agua de 18 de marzo de 2004. Informe donde se establecía la prohibición de estacionamiento de vehículos en determinadas calles de la urbanización proyectada, la construcción de muros perimetrales de contención del agua, calles que funcionaban como canales a cielo abierto, etc.

Ante esta situación, la Plataforma Salvemos Els Muntanyans ha emitido un comunicado en el que afirma lo siguiente:

"1. Manifestamos nuestra satisfacción y nuestra alegría por la Sentencia. Una Sentencia que para el Plan Parcial Muntanyans II que suponía la destrucción del Espacio de Interés Natural de Els Muntanyans con la proyección de construir más de 500 viviendas y que, en tanto que se trata de una zona de alto riesgo de inundación, ponía en peligro la vida de las personas que pudieran vivir en estos terrenos.

2. Manifestamos nuestro convencimiento más absoluto que esta es una victoria de todas aquellas personas que han apoyado a los postulados de la Plataforma Salvemos Els Muntanyans. El posicionamiento que hemos mantenido desde el primer día, la oposición más absoluta a ningún tipo de edificación en este espacio, ha sido clave para llegar a la Sentencia dictada por el TSJC. Nuestro más sincero y entusiasta agradecimiento a todos aquellos hombres y mujeres que han puesto su grano de arena para ayudar a la Plataforma Salvem Els Muntanyans. El esfuerzo no ha sido en vano.

3. Rechazamos cualquier intento de la clase política de apropiarse de esta victoria judicial y de ponerse medallas que no les corresponden. La totalidad de la clase política no ha estado a la altura de lo que exigían los ciudadanos de Torredembarra. Por mala fe, negligencia o mediocridad, no han sabido -o no han querido- hacer los esfuerzos necesarios para defender los intereses de nuestro pueblo.

4. Constatamos, nuevamente, la falta de transparencia que llevó a la aprobación del Plan Parcial Muntanyans II. A pesar de las numerosas deficiencias existentes y pese a los informes que acreditaban el alto riesgo de inundación de la zona, la Administración prefirió ignorarlos y dar preferencia a la aprobación del Plan.

5. Finalmente, ante el nuevo escenario que dibuja la Sentencia, lo borra del mapa cualquier intento de edificación en este espacio, pedimos a las Administraciones implicadas que lleven a cabo las actuaciones necesarias para recuperar estos terrenos se incorporen definitivamente al Espacio de Interés Natural de Els Muntanyans".


* e-Notícies - 4.07.11
Foto: Torredembarra (Tarragona) - mma.es

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Málaga.- El interior y la capital, las zonas con más delitos urbanísticos

LAOPINIÓN* : Los golpes policiales y judiciales que ha recibido la corrupción urbanística en la Costa del Sol –«Malaya», «Astapa» o centenares de casos por delitos contra la ordenación del territorio– han tenido un efecto curioso: el litoral está más limpio, pero la capital y el interior de Málaga aglutinan la mayor parte de las diligencias previas abiertas por los juzgados de instrucción de la provincia en 2010, según se desprende de la memoria de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía.
A lo largo de 2010 se investigaron en Málaga 227 delitos contra la ordenación del territorio (casas ilegales, en su mayoría): 103 en la capital, 111 en los municipios del interior y sólo 13 en la Costa del Sol. Ello puede tener su explicación en la gran presión policial, judicial y fiscal a la que se ha sometido a la Costa del Sol en los últimos años. Y, cómo no, a la administrativa. No en vano, la Fiscalía se vanagloria en su memoria de que cada vez más consistorios de la provincia han decidido ejercer, de verdad, las competencias urbanísticas que tienen atribuidas por ley. «Se produce una nueva etapa de colaboración con la Fiscalía», indica el autor de la memoria, Juan Calvo-Rubio, coordinador de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de Málaga.

Cada vez más consistorios, por iniciativa propia, acuden al ministerio público a denunciar. La Gerencia de Urbanismo de Málaga interpuso 24 denuncias, más otras cuatro de la Policía Local; el Ayuntamiento de Vélez, por su parte, puso en conocimiento de la Fiscalía ocho asuntos, lo que supone, en ambos casos, un importante retroceso, ya que históricamente han sido las dos administraciones locales que más han apoyado al ministerio público.

A ello se refiere Calvo-Rubio: «Se produce un importante descenso de denuncias procedentes de los dos consistorios que tradicionalmente venían siendo los mayores denunciantes, Málaga y Vélez Málaga, que han pasado de 54 y 53 en 2009, a 24 y ocho, respectivamente».

Pero esta bajada se compensa con la más estrecha colaboración de otros ayuntamientos: por ejemplo, Alhaurín de la Torre y Antequera se mantienen en cifras similares a 2009 –la ciudad del Torcal presentó cuatro denuncias en 2010, frente a las tres del ejercicio anterior–; Villanueva de la Concepción pasa de dos a seis, Alhaurín el Grande de tres a 14 y Álora, de cuatro a 24. En total, las administraciones locales de la provincia presentaron 82 denuncias que motivaron otras tantas diligencias de investigación –paso previo a la presentación de denuncias y querellas por parte del ministerio público–. A ello, el fiscal lo llama asunción real por parte de los municipios «de sus competencias urbanísticas», aun «cuando eso suponga la denuncia de sus propios convecinos». La Guardia Civil presentó 39 denuncias, 12 la propia Fiscalía, hubo 13 comunicaciones anónimas y 76 procedentes de consejerías: 14 de la de Medio Ambiente; 42 de Vivienda; 20 de Gobernación y ninguna de Cultura.

Buena relación con la Junta

Todas estas comunicaciones permitieron la incoación de 298 diligencias de investigación –distintas de las diligencias previas anteriormente enunciadas–: 272 relativas a delitos contra la ordenación del territorio; una por ilícitos contra el patrimonio histórico; 16 por delitos contra el medio; nueve contra la flora y ninguna por incendios.

El fiscal también destaca la «magnífica» relación que hay con la Junta de Andalucía, con la que se han mantenido diversas reuniones de coordinación, especialmente con Vivienda y Ordenación del Territorio; el tirón de orejas se lo llevan Cultura –ni una denuncia– y Medio Ambiente –de 62 a 14–.

En cuanto a los incendios, el hecho de que este año no se haya efectuado una campaña de vertederos ha propiciado una caída en las diligencias por incendio, mientras que se echa de menos «más implicación municipal» en materia de maltrato de animales y en cuanto a vertidos.

La Fiscalía necesita más medios para llegar a todo

Buena parte de la memoria la emplea el fiscal coordinador de la Sección especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo-Rubio, en poner de manifiesto la falta de manos y de medios materiales que arrastra el área, lo que le impide estar en todos sitios o allí donde se le requiere.

Sólo son tres fiscales, cada uno con sus diversas competencias: «Dicha escasez, en cuanto a los fiscales, se traduce en que no se puede hacer el debido seguimiento a las denuncias y querellas; no resulta posible acudir a todos los juicios orales» y tampoco se puede estar pendiente de la ejecución de las sentencias. Sólo dos funcionarias apoyan al ministerio público en sus menesteres, que además han sido sobrecargados con nuevas funciones. Además, en cuanto a delitos contra la ordenación del territorio, en 2010 hubo 56 sentencias, 43 condenatorias y 13 absolutorias. De las primeras, en 35 casos se acordó la demolición de la vivienda.


* La Opinión Málaga - 4.07.11
Foto: Axarquía (Málaga), urbanismo salvaje - laopiniondemalaga.es

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Valencia.- Juicio al delfín de Rita Barberá

ELPAÍS* : El primero de la larga lista de juicios que esperan a diputados de la bancada del PP en las Cortes esta legislatura será el de Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y, tras las últimas elecciones, diputado autonómico. Bellver, quien durante años ha sido visto como probable sucesor de la alcaldesa Rita Barberá, será juzgado por prevaricación, por haber aprobado la construcción de un aparcamiento subterráneo junto a los Jardines de Monforte, un bien de la ciudad protegido desde hace 70 años, omitiendo la obligatoria autorización del servicio de Patrimonio de la Generalitat.
Coincidiendo con la construcción del aparcamiento, que fue impermeabilizado, el jardín histórico sufre serios problemas de drenaje, según confirman fuentes conocedoras de su estado. Al menos un árbol, que asoma sobre la entrada del parking, ha muerto. No es posible saber si los encharcamientos son consecuencia directa de las obras, pero el jardín construido en el siglo XIX lleva meses cerrado por trabajos destinados, en parte, a solucionar la excesiva acumulación de agua y de humedad, así como a la restauración de paseos y estatuas. La inversión asciende a 1,2 millones de euros y se prevé que las obras duren hasta final de año tras encontrarse restos arqueológicos.

La fiscalía y el juez instructor creen que la omisión de la petición del permiso a patrimonio fue a conciencia. Bellver y los otros cuatro funcionarios imputados lo niegan. Los tres magistrados que conocieron sus recursos de apelación contra la decisión del instructor de abrir juicio oral constataron, por su parte, que la omisión del permiso de Patrimonio "facilitaba la construcción del aparcamiento". No es descartable, añadieron los jueces en su auto, que la cadena de olvidos que afectó a tres técnicos en urbanismo del Ayuntamiento, al secretario municipal y al propio concejal "pueda ser fruto de una decisión expresa de omitir la petición de autorización".

La obra fue adjudicada en 2002 al influyente constructor alicantino Enrique Ortiz, imputado en los casos Gürtel y Brugal de corrupción política. En una conversación intervenida a Ortiz por orden judicial en 2008 se le oye destacar la importancia de contar con un "padrino" en los concursos públicos. Respecto al contrato de otro aparcamiento subterráneo, en ese caso en la calle de Serrano de Madrid, el empresario afirmaba: "O tenemos garantía de que nos lo van a dar, o no vamos". Ortiz no está imputado en la causa de los Jardines de Monforte, ni existen tampoco indicios de que la adjudicación de este parking estuviera amañada.

Bellver y el resto de acusados no discuten los hechos que relata el juez instructor, según recoge el auto de la sección segunda de la Audiencia de Valencia del pasado 1 de abril que confirmó el juicio. Rechazan, en cambio, que tuvieran que pedir permiso a Patrimonio (entienden que las obras subterráneas no lo requerían). Y defienden que, en cualquier caso, dicha omisión no sería incardinable en el delito de prevaricación, limitándose sus consecuencias al ámbito administrativo. Fuentes jurídicas señalan que un importante porcentaje de las acusaciones por prevaricación terminan en absolución porque es necesario que la autoridad pública haya tomado una decisión injusta a sabiendas de que lo hacía, y ese componente intencional no es fácil de probar.

"Queremos que se haga un informe a cargo de ingenieros independientes que valore qué repercusiones puede tener el garaje sobre este jardín histórico y único", pide Antonio Marín Segovia, portavoz de Cercle Obert de Benicalap, la asociación que en febrero de 2010 denunció a la fiscalía que el aparcamiento se hizo sin que se pidiera el informe de Patrimonio. Según Marín, él reclamó al Consistorio conocer las características de la obra. "Pero no nos dieron acceso", explica. "¿Está afectando el garaje ya a algunos árboles? No sabemos", agrega. Pero Marín destaca que en otra obra colindante con el Jardín de Monforte, la de la clínica Quirón, el Ayuntamiento sí solicitó el preceptivo estudio de Patrimonio.

Para el portavoz de Cercle Obert, todo este embrollo se habría evitado cubriendo ese trámite. E insiste en que el colectivo estará atento a lo que pase en el interior del recinto. De momento, el intento del Gobierno local de aligerar el muro de Monforte, para permitir una mejor aireación de los árboles, se paró porque alteraba su esencia. La denuncia de Cercle Obert no es la única. La Asociación de Jardines presentó un recurso contencioso para conseguir el acceso al jardín por la entrada histórica, la más cercana al palacete -donde se celebran bodas civiles-. Este contencioso está pendiente de fallo.

El procedimiento contra Bellver se encuentra en fase de traslado desde la Audiencia provincial al Tribunal Superior de Justicia valenciano, ya que tras ser elegido diputado autonómico la mano derecha de Rita Barberá tiene condición de aforado. Su causa ha sido más discreta que las que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros cargos públicos populares. El avance del caso ha generado, sin embargo, alguno de los momentos de mayor berlusconización de la política valenciana. En concreto, por las descalificaciones de la alcaldesa a la labor de los jueces. Barberá llegó a decir que había que replantear el concepto de "independencia judicial".

Lugar único
Monforte es el único jardín histórico que queda en Valencia, además de estar considerado uno de los más bellos y originales de España. Fue protegido por primera vez en mayo de 1941 y en 1992 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Este jardín, con una extensión de 12.000 metros cuadrados, fue en origen un huerto de extramuros de Valencia. Fue vendido en 1849 al Marqués de San Juan por 80.000 reales y este encargó al arquitecto valenciano Monleón Estellés la construcción del jardín, que pasó a llamarse de Monforte tras la boda de la heredera del jardín con Joaquín Monforte Parrés.

Según el Consistorio, el jardín pasó en los setenta a ser propiedad municipal y, tras un proceso de restauración, se abrió al público en 1973. Cuenta con 33 estatuas de mármol y destacan entre los grandes ejemplares arbóreos los magnolios, laureles y ginkgos. Es un magnífico exponente de jardín romántico con elementos neoclásicos, subrayan los especialistas.


* El País - 4.07.11
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia

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El pelotazo de la cultura

PABLO ELORDUY e IRENE G. RUBIO* : El 15M no sólo ha puesto patas arriba el panorama político. Su irrupción cuestiona también la legitimidad del discurso cultural vigente desde la Transición.
“Hay periódicos –como El País– que se especializan en la función de unidad de medida o arquetipo: producen la Realidad y todo lo que no es reflejado en sus páginas es expulsado de ella”. En 1987, el sociólogo Jesús Ibáñez hacía referencia a uno de los actores principales en la producción de nuestro Mátrix particular, o lo que algunos llaman Cultura de la Transición (CT). Sabemos lo que manda y lo que señala como tendencias El País, pero ¿qué es la Cultura de la Transición? Mejores mentes que las nuestras han dicho que es “cultura consensual, cultura desproblematizadora, cultura despolitizadora”. Dirán que aquí cabe todo y llevarán razón, ésa es la idea, desde Severiano Ballesteros a Almodóvar, de Alaska a Russian Red, de Fernando Savater a Stéphane Hessel, agrupados todos hacia el fin de la historia. O no.
Vayamos por partes. La Cultura de la Transición es un concepto desarrollado por el periodista Guillem Martínez. A partir de 1968, según Martínez, la cultura comienza a desactivarse en todo el mundo y a caer en manos del mercado. En el caso español, se da una vuelta de tuerca a este fenómeno: la cultura deja de ser algo problemático para convertirse en un terreno lúdico en el que se suspenden las hostilidades y se dedican los esfuerzos a crear consenso y cohesión social. Define de qué se puede hablar y de qué no, o, como señala el editor Amador Fernández Savater en la revista El Estado Mental, “prescribe ya de entrada los límites de lo posible”.

La CT no sólo desaloja el conflicto, sino que además se alía con el Estado: como explicaba el crítico Ignacio Echevarría en una entrevista en La Página Definitiva, “es determinante del orden cultural surgido tras la muerte de Franco la nueva alianza entre la cultura y el poder, tradicionalmente enfrentados en el transcurso de la historia de España y de pronto congregados en torno al mismo proyecto de modernización y de progreso”.

Los intelectuales de izquierda abandonan el análisis y la polémica para redefinir, como apunta Martínez a DIAGONAL, “la izquierda como ejercicio de buena voluntad”. Varios motivos llevan a pensar que la cultura del consenso se rompe, pero aún está por ver. El País mismo ha pedido a Guillem Martínez en su edición de Catalunya que le haga de terapeuta y le explique si de verdad puede acabarse la CT. ¿Cuáles han sido los grandes éxitos de una CT que ahora parece entrar en crisis? Imaginen que les habla la voz de Victoria Prego y repásenlo como si DIAGONAL fuera Época.

Cheque en blanco

Han pasado dos años desde la victoria del PSOE en las generales y los fondos para la cultura fluyen. “Cuando los socialistas oyen cultura extienden un cheque en blanco”, dice Rafael Sánchez Ferlosio, en aquel 1984, en un artículo titulado “La cultura, ese invento del gobierno”. El escritor anuncia que “la cultura quedará cada vez más exclusivamente concentrada en la pura celebración del acto cultural, o sea, identificada con su estricta presentación propagandística”.

Y lo que pasa es más o menos parecido a esto: Museo bar Chicote (Madrid). Cazatalentos y artista conversan en la barra del bar. Los dos llevan chaquetas de corte fashions, los dos van puestos de anfetamina, los dos forman parte de lo que después se da en llamar ‘la movida’. Esta escena inventada se acopla como turulo en nariz con la imagen que esa belle époque de la CT nos ha dejado a los que ya pasamos la treintena.

El mito, por desvaído que parezca hoy día, puede rastrearse en una entrevista que Francisco Umbral realiza a Ágatha Ruiz de la Prada durante una fiesta “de arlequines, cómics y modelos” en 1984. La modista departe amigablemente con el futuro Príncipe de Asturias de las Letras: “Presiento la pasta en torno, pero la pasta aún no ha llegado” dice Ruiz de la Prada. Unas líneas más adelante, Umbral le pide que concrete: “¿Los ricos o los pobres?”. “Con los pobres se gana mucho más”, contesta ella.

OTAN, de entrada no

Dos años después, el Gobierno se enfrenta con una parte de su base en el referéndum de la OTAN. Durante el último mitin de los partidarios del ‘no’, dos sillas vacías en el escenario para Felipe González y Alfonso Guerra, que en 1981 habían participado en una concentración contra la entrada en la Alianza Atlántica, simbolizan la microrruptura que la consulta genera entre el Gobierno socialista y el mundo de la cultura, representada en aquel acto por Antonio Gala, Imanol Arias, Pastora Vega, Joaquín Sabina, y también por Rafael Alberti.

¿Ruptura? “El referéndum de la OTAN sirvió para limpiar a personas con un pasado extraño, incluso filofranquista. Más que depurarse la vulgata de la Cultura de la Transición, se depura la de la izquierda chachi, que pierde el referéndum pero que es muy simpática y enrollada. Ése es el rol del intelectual de la Cultura de la Transición”, resume Guillem Martínez.

El enfado por el referéndum, además, dura poco. Pocos resisten una invitación para acudir a una velada en la Bodeguilla, en un idilio de la progresía intelectual y artística con el poder político que se alarga hasta nuestros días. “La CT es el jardín plantado por la izquierda española en el terreno donde debía estar su campo de batalla”, resume Ignacio Echevarría.

‘Spain is different’

“La vanguardia es el mercado”, clama un artículo de La Luna de Madrid, revista referente de lo que se da en llamar ‘la movida’. Varios artistas anónimos dialogan, y uno de ellos sentencia que “los mercados internacionales son palabras mayores y requieren un tipo de capitalización adecuado”. La forma de vender la marca España es a través de inyecciones de dinero a una cultura tan desproblematizadora como unas buenas vacaciones, que no ahorra en delirios.

En 1984, el periodista Valentí Puig clama en un artículo en El País contra el organismo que ha pagado por una obra en la que “sólo hay dos filas de espectadores en la representación de aquella tragedia griega por travestidos vestidos de motoristas nazis”. La imagen moderna, simpática y enrollada que se quiere dar al mundo se concreta en la llamada comedia madrileña, que vive su momento álgido cuando Almodóvar es candidato al Oscar con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Los conflictos sociales y la mayor parte de la población se desalojan del cine mainstream.

Películas como Sé infiel y no mires con quién (1985) muestran a personajes de una clase enriquecida que agotan los días entre la ciudad y la despreocupación más absoluta. La fecha 1992, entendida como la (elevada) suma de los Juegos Olímpicos, la Expo, y la conmemoración del quinto aniversario del “descubrimiento” de América, se convierten durante los años previos en una nave nodriza de la que surgen comisiones de festejos para todo. Son los años de consolidación de la marca España. Aunque el deporte empieza a descollar como exportador de bandera, el cine, la gastronomía, la moda y, en dosis más pequeñas, la literatura, el teatro y la música, mantienen viva la llama del Spain is different hasta que todo el mundo puede ver llorar a la infanta durante el minuto de gloria olímpica de su hermanísimo.

Zonas de sombra

Tras la borrachera del ‘92, sobreviene la resaca: crisis económica, un PSOE acosado por la corrupción y, finalmente, victoria electoral de la derecha. Acabada la fiesta, el consenso se articula con un nuevo mantra: la violencia de ETA. “Etarra el que se mueva fue la nueva fórmula para recuperar los vítores al statu quo. Durante esos años, el mundo de la cultura está tan ocupado cerrando filas contra la bestia vasca que el PP pasa su primera legislatura sin despeinarse y arrasa en las siguientes elecciones”, apuntan Albin Senghor y Karim Samba en la revista LDNM. “En la segunda legislatura de Aznar, hubo un momento dado que hasta el PSOE era ETA.

Hubo un momento en que este país era mayoritariamente ETA, según el poder”, añade Martínez. El cierre de filas es tal que, el 11 de marzo de 2004 en Madrid, nadie duda en apuntar a ETA como autora de la masacre cuando así lo proclama el Gobierno. Según las nuevas reglas del juego de la economía, esos años se configura otra cultura complementaria que se ha dado en llamar la Cultura Brunete (CB), acaso por motivo del ‘guerracivilismo’ o revisionismo en cuanto a la Guerra Civil y el Franquismo.

Algo más airada, la Cultura Brunete basa su éxito en huir o criticar con acidez la blandura y afectación de formas de la CT. Guillem Martínez lo ve de esta forma: “La CB es el primo de Zumosol de la CT. Es una cultura importada y pagada con dinero de FAES a los think tanks republicanos”. La cultura financiada por el PP recluta a ideólogos anti-PSOE y polemistas como Fernando Sánchez Dragó, Jiménez Losantos o Albert Boadella, algunos escritores premiados con el Planeta y cantantes que residen en Miami.

ETA ya no da miedo. Muchos artistas pierden la poca aura que les queda entrando con seudónimos en foros tipo Menéame para defender la Ley Sinde. El 15M irrumpe dejando fuera de juego a la progresía de este país. La CT, que anduvo el camino junto a la Cultura del Pelotazo, pierde el paso. Pero no puede decirse lo mismo de la Cultura Brunete, por más que Intereconomía esté a punto de quebrar y Wyoming se jacte de ello en su programa de La Sexta.


* Diagonal - Opinión - 24.06.11

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Indignados 15-M - El Roto




* El País - Viñeta el Roto - junio 2011

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Las detenciones de pirómanos se quedan en papel mojado

LAOPINIÓN/Murcia* : Ninguno de los 22 detenidos o imputados por su vinculación con alguno de los 57 incendios declarados el pasado año en la Región acabó condenado. Así se recoge en la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo 2010, en la que se describe y detalla el funcionamiento de dicha Fiscalía así como los aspectos más destacados de sus diferentes secciones en todas las Fiscalías de España.
En el conjunto del país, fueron 302 las personas detenidas o imputadas por su vinculación con alguno de los 11.465 incendios forestales que se declararon en España en 2010, una cifra menor (en 374) que la registrada en 2009.
En 2010 las fiscalías de medio ambiente de toda España incoaron por incendios forestales 1.780 procedimientos judiciales, lo que supone un 18% menos a igual periodo de 2009. Según la Memoria de la Fiscalía, un 68% de los incendios fueron originados por negligencia o imprudencia. La mayoría de ellos se debieron a la quema de restos de residuos forestales, agrícolas y generación de pastos (62,21%).

Los fumadores, vehículos y trabajos forestales suman la segunda causa que más siniestros origina (18,02%); el empleo de máquinas de corte en el medio forestal así como otras circunstancias suman un 15,70%, y el mantenimiento de líneas eléctricas, un 4,07%. En cuanto a los siniestros de origen intencionado, en 2010 se han mantenido los porcentajes (32%) respecto al año anterior (32,63%).

No obstante, la Memoria de la Fiscalía presta especial atención a los incendios provocados por pirómanos (45,66%) y a las venganzas (28,38%), por la dificultad a la hora de evitarlos, informa Efe.

Este informe se da a conocer en la época de riesgo más elevado de incendios forestales en la Región, que es la comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Para afrontar esta temporada ‘incendiaria, ya se ha puesto en marcha el dispositivo del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región, para el que se cuenta con el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y las brigadas forestales de defensa contraincendios, de intervención rápida, helitransportadas, y de pronto auxilio, además de los voluntarios de Protección Civil.


* La Opinión Murcia - 4.07.11
Foto: La Región sufrió en 2010 un total de 57 incendios forestales, como este en el paraje de Calblanque.- laopinion

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Chiclana.- Las casas ilegales, otra vez en el limbo

LAVOZ/Cádiz* : Mejor no pensar las cosas en caliente. Por lo menos ayuda el jarro de agua fría que aunque esperado ha sido un duro golpe para el urbanismo de la ciudad y especialmente para las 15.000 casas que se encuentran en el proceso de regularización. El fallo del Tribunal Supremo por el que se declara nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, deja en el limbo de nuevo a todas esas casas puesto que lo más probable es que se derogue la ordenanza que precisamente rige el proceso de regularización de las viviendas.
Un grave problema cuya solución tendrá que volver que llegar tras remar contra viento y marea. Al menos los propietarios ya son conscientes de ello e incluso el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) que precisamente aglutina a los vecinos que tienen este problema. De hecho, desde la formación ya se apunta cuál será uno de los principales problemas que puede acarrear la decisión del Supremo, el aumento en el precio de la regularización de las propiedades. Un aumento que vendrá acompañado de un retraso en los plazos dados para que el proceso se lleve a cabo, o mejor dicho el retraso que se producirá a consecuencia de la sentencia encarecerá los precios acordados de la regularización. «Lógicamente se anula todo lo que dependía de este plan y entre ello se encuentra las ordenanzas por la que se rige el proceso de regularización. Somos conscientes que esto va a significar un retraso y posiblemente a encarecer las acometidas que necesitan muchas zonas de servicios mínimos como el agua, el alcantarillado o la luz», expuso Miguel Pérez Sastre, uno de los responsables de la formación.

Lo que desde el partido también se quiere dejar claro es que tampoco es necesaria una paralización del proceso de regularización ya que considera que las normas subsidiarias, por las que a partir de ahora volverá a regirse la ciudad, dejan margen para que se pueda hacer al menos una reestructuración concreta de las zonas sobre todo de aquellas como es el caso de la Rana Verde. «Lo que está claro que a partir de ahora hay que hablar de núcleos de población de forma separada para tratar su regularización y que se puede llevar a cabo por el margen que dejan las normas subsidiarias. Hay que estudiar caso por caso y buscar soluciones, pues lo que no se puede esperar es que todo se quede en un limbo mientras no se hace el nuevo PGOU».
Sobre todo si se tiene en cuenta que el nuevo documento no estará listo al menos hasta el año 2013, demasiado tiempo para no conseguir ningún avance en un proceso del que dependen unas 15.000 familias en Chiclana. Por eso desde el PRVE se propone analizar de forma fría lo sucedido y en vez de dar un mensaje tremendista ponerse manos a la obra en buscar soluciones que permitan que se sigan dando pasos adelante.
Y es que otra cosa que se tiene clara desde el partido es que tampoco se puede acelerar la creación de un nuevo PGOU que herede los fallos del anterior por la premura. Sino que ahora es tiempo de analizar y existe la posibilidad de crear un documento consensuado que recoja las necesidades de una ciudad como Chiclana. «Es cierto que la ciudad necesita un Plan General y que no puede vivir con unas normas subsidiarias que son una fotografía fija para el municipio, pero tampoco podemos hacer las coas a la ligera sin consideraciones y sin un debate, sobre todo porque cuando pase a exposición pública se puede encontrar con miles de documentos en contra y alegaciones. Lo mejor es que todos los partidos tengan voz en este proceso y se llegue a un acuerdo».
En definitiva, la sentencia del Supremo hace que prácticamente el camino de la regularización de viviendas vuelva a la casilla de salida desde donde deberá partir para tomar un nuevo rumbo si no quiere estar años paralizados. Al menos es la intención del nuevo partido creado precisamente para buscar soluciones a este conflicto que se prolonga en el tiempo y que ha recibido un nuevo varapalo.


* La Voz Digital - 2.07.11
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales Pago del Humo - diariodecadiz.es

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Calp.- Fenoll: "Ese dinero tiene que entrar en la empresa y luego convertirlo en B"

ELPAÍS/Alicante* : Las grabaciones de la pieza del caso Brugal que indaga un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll a concejales y técnicos de Calp por la contrata de la basura incluye una serie de conversaciones entre el empresario y el intermediario de la red, Francisco Artacho, cuñado del exconcejal Juan Roselló, que dejan constancia del supuesto cohecho materializado a través del pago de comisiones y el blanqueo de las cantidades abonadas.
-Ángel Fenoll. (...) Porque ese dinero tiene que entrar en la empresa y luego hay que convertirlo, sabes, cómo hay que convertirlo, convertirlo en B, ¿entiendes o no? ¿Sabes lo que te digo?
-Francisco Artacho. No, no, si entra en la empresa.
-A. F. ¡Ah!
-F. A. Pero estamos hablando que yo puedo ir, coger el dinero en el Ayuntamiento y meterlo en una empresa de la cuenta de Colsur [propiedad de Fenoll] (...)
-Á. F. Tenemos que sacarlo, tenemos que convertirlo en B (...).

Las cintas también revelan las discrepancias y, a veces discusiones, entre ambos sobre las cantidades ya pagadas y cómo entregar el resto.

Ángel Fenoll. Tú date cuenta que nosotros llevamos ya, ¿cuánto llevamos desde que llevamos dándote?

Francisco Artacho. Catorce, al Ayuntamiento catorce (...)

Á. F. ¿Catorce nada más? Catorce (...)

F. A. Más lo de los terrenos.

Á. F. No, los terrenos aparte. Eso...

F. A. Luego, a mí me llevas dado cuatro (...)

En otro pasaje Artacho y Fenoll discuten porque el primero le pide más dinero y el segundo no se fía de su intermediación con el Consistorio calpino.

Ángel Fenoll. No, no. Hasta que no empecemos a trabajar yo no puedo dar más dinero. Ni un duro. Si para hacer esto... Como tú eso no se lo vas a decir, que hemos hecho...

Francisco Artacho. Yo eso no se lo voy a decir y Ángel, el día que se enteren...

Á. F. Si se enteran será porque tú lo dices.

F. A. ¿Yo qué voy a decir?

Á. F. Hombre. Coño.

F. A. Pero a ver si se te escapa en alguna vez que te llamen y digas, oye yo ya tengo puesto y tanto a Paco, sabes...

Á. F. ¿El qué?

F. A. Que te llame mi cuñado [Juan Roselló, entonces concejal del PP de Calp], y eso y tú digas, oye que yo ya tengo tanto puesto, y tanto a Paco y tanto a lo otro (...)

Á. F. Pero, ¿eso les llega a ellos o no les llega?

F. A. Si se lo dices tú, si. Si no, no.

Á. F. Je... ¿Te lo quedas?

F. A. No... ¿Esto? Esto está claro que les llega. ¿No les va a llegar? (...)

Á. F. Yo sé que te lo doy a tí, pero yo...

F. A. ¿Tú crees que me los quedo yo? Si yo estoy más mal que la hostia.

Á. F. Ya, pero como me has dicho a ver si...

F. A. ¿Qué, qué? Ahora mismo en el Ayuntamiento tú tienes catorce.


* El País - S. N. / A. B. - Alicante - 02/07/2011
Foto: Calpe (Alicante), ayuntamiento - ccoo.es

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Murcia.- Los dos pisos de la exconsejera García

LAVERDAD* : La Policía sostiene que el promotor sospechoso de regalar el 70% de un piso a Marqués hizo también una rebaja del 43% a la extitular de Hacienda.
No es lo que cualquiera hubiera esperado de un buen amigo, pero las cosas son como son, y no como uno desearía. Fue Francisco Marqués, ex delegado del Gobierno en Murcia y exconsejero de Sanidad y de Medio Ambiente en distintas legislaturas, quien, en marzo de 2009, tras ser detenido por su presunta implicación en el caso de supuesta corrupción conocido como 'La Zerrichera', puso a los investigadores tras los pasos de su excompañera del Consejo de Gobierno y, al menos hasta ese instante, buena amiga: la consejera de Hacienda, Inmaculada García. Si fue un desliz o fue a conciencia, o quizás un desesperado intento de justificar lo que parecía poco justificable, sólo Marqués lo sabe. El asunto es que, 'motu propio', sin que nadie le preguntara, fue de su boca de donde surgió el nombre. «Reconozco que el precio (del apartamento que en 2004 había adquirido en la Hacienda del Hornillo, de Águilas) fue muy bueno gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima del vendedor, Sebastián (Fernández Rabal, notario lorquino y constructor)», explicó al juez instructor. Y añadió: «Ella misma adquirió dos apartamentos encima del mío». Dando a entender, de alguna forma, que Inmaculada García se había beneficiado de la misma rebaja (en torno al 70%) que el promotor le había hecho a él y que, según se sospecha, fue un regalo (un supuesto cohecho, en términos legales) a cambio de posibles favores desde el cargo público que Marqués ocupaba.

La mención le supo a cuerno quemado a la entonces titular de Economía y Hacienda, quien en ese instante le habría hecho las cruces a su colega y primer valedor ante Ramón Luis Valcárcel (Marqués fue quien la presentó al presidente regional). Además se apresuró a desmarcarse de su examigo. «Yo hice una reserva de dos apartamentos, al mismo precio que todo el mundo, y además renuncié a ellos y no escrituré», señaló García. Y dejó zanjado el asunto.
Para quien no quedó zanjado, sin embargo, fue para los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Dinero (UDEF-BLA), quienes, después de detener al promotor y notario Fernández Rabal por supuesto cohecho a Marqués y de registrar su vivienda y oficinas, se encontraron con los documentos relativos a la reserva de dos apartamentos que había realizado Inmaculada García. Por supuesto, les echaron un vistazo.
Ahora, dos años después, con el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre doce tomos del 'caso Zerrichera', se hace evidente que el asunto no cayó en saco roto. Uno de los informes policiales sostiene que la ya exconsejera de Hacienda se benefició también de una sustancial rebaja en el precio de los pisos, y además vincula el hecho a la supuesta voluntad del vendedor de obtener algún posible trato de favor respecto de los muchos intereses que él tenía en el urbanismo regional.
El citado informe policial (nº 74.187 UDEF-BLA-G24-A) desvela que Inmaculada García y su esposo reservaron el 24 de abril de 2004 los pisos 1º C y 1ºD de Hacienda del Hornillo, al precio de 163.000 y 222.000 euros. Lo primero que llama la atención es que en septiembre de 2004, cuando formalizan los contratos privados de compra y entregan una señal de 12.000 euros, los pisos experimentan ya una sustancial rebaja en el precio: el 1ºC se queda en 143.750 euros, y el 1ºD, en 186.719 euros, lo cual les supone un ahorro de 54.531 euros sobre el precio inicial. La consejera y su esposo aprovecharon ese momento para encargar alguna mejora en los materiales del apartamento, por importe de unos 37.000 euros, según el citado informe.
Como, además, los agentes se incautaron en el registro de los contratos de compraventa de otros clientes de esa urbanización, pudieron comparar los precios a los que éstos habían comprado. Y según establecen en el informe, eran bastante más elevados. Así, ponen el ejemplo de una mujer, que adquirió un 2ºC al precio de 215.000 euros, y también el caso del propio promotor, Sebastián Fernández Rabal, quien se quedó un 2ºD por el que pagó a la sociedad 258.000 euros.
«Un simple cálculo aritmético -exponen los autores de informe policial- nos permite determinar la diferencia hallada entre las dos viviendas aludidas y las correspondientes a Inmaculada García, suponiendo que adicionadas conforman una brecha de 142.723 euros, que en porcentaje nos lleva a cifrar en un 43,2% el 'descuento' practicado».
Es a partir de ahí cuando los policías se preguntan qué podía haber llevado a Fernández Rabal a hacerle una aparente rebaja que ni él mismo se hizo, y concluyen que sería por su interés en obtener posibles favores de la consejera de Hacienda.
«No he sacado provecho»
Inmaculada García no ocultó su estupor cuando este periódico le telefoneó el viernes para preguntarle por estas consideraciones policiales. «Yo reservé esos apartamentos en 2004, cuando ni siquiera había empezado el movimiento de tierras, y lo hice al mismo precio que tenían para todo el mundo. Los precios a los que compraron otras personas no se pueden comparar, porque depende el momento en que los adquirieran. Hay que recordar que en los años del 'boom' inmobiliario, todo subió muchísimo».
La exconsejera explicó que los dos pisos que ella pensó adquirir han sido vendidos recientemente «y han pagado por ellos menos de lo que yo iba a pagar». Y añadió que el promotor aún no le ha devuelto los 12.000 euros que entregó como señal.
Insistió en que ella no se ha beneficiado de nada, «ya que no llegué a escriturar, porque renuncié a los dos apartamentos». El mismo argumento que dio en 2009, cuando Marqués fue detenido. Lo que no señaló entonces García es que, después de mantener el contrato vigente cinco años, renunció a los dos pisos el 20 de febrero de 2009. Apenas dos semanas antes de que Marqués fuera arrestado. Una decisión, la de no escriturar los pisos, por la que ahora, visto lo visto, se estará felicitando.


* La Verdad - 3.07.11
Foto: Aguilas - bahía del hornillo - greenpeace 2006

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La rebelión pacífica de las personas ahogadas por las hipotecas

ÓSCAR CHAVES y GLADYS MARTÍNEZ* : En las últimas semanas, los desahucios frustrados por la acción ciudadana han crecido en la misma proporción y con la misma velocidad con la que se extienden las plataformas de afectados por la hipoteca (PAH) por todo el Estado. Un proceso de empoderamiento de las familias que no se entiende sin el empuje solidario del Movimiento del 15 de mayo.
Julio César Rodríguez ronda los 50 años, aunque por su rostro sombrío bien podían ser diez más. Originario de Quito, en 2006 se dejó seducir por una financiera sin escrúpulos y, a pesar de su modesto sueldo de peón, invirtió los 35.000 euros de ahorros de toda su vida en un piso en Aluche (Madrid), al que accedió gracias al aval cruzado de dos compatriotas. Al principio todo fueron facilidades y los bancos le concedieron créditos sin problemas, pero pronto comenzaron a apretarle, endureciendo las condiciones de los pagos. Luego todo fue de mal en peor. Se quedó sin trabajo, después sin subsidio de desempleo y, tras lograr paralizar in extremis la primera subasta de su casa, acabó perdiéndola en mayo de 2010 al no poder conseguir los 4.100 euros de costas judiciales que le demandaba el juzgado. Desde entonces, no sólo carece de vivienda, sino que acumula una deuda de 325.000 euros entre intereses, escrituras y costas de juicios contra sus avalistas, que están obligados a pagar parte de su deuda. Con cuatro hijos y tres nietos, ante la posibilidad de que sea retenida una posible nómina, parece abocado para siempre a la economía sumergida. “Yo sólo quiero poder volver a empezar de cero, pero dónde voy con esta deuda”, se lamenta Rodríguez, antes de maldecir a unos bancos “que no sólo reciben millones de ayudas del Estado, sino todo el dinero de gente como nosotros”.

De gente como Anuar Kalil, que gracias a la movilización de 500 personas, que acudieron al llamamiento realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, a la que pertenece junto a Rodríguez, consiguió el pasado 15 de junio paralizar el desahucio de su vivienda, en el madrileño barrio de Tetuán. Era el primer desalojo bloqueado por la sección madrileña de este movimiento, cuyo llamamiento fue apoyado masivamente por las asambleas de barrios nacidas del 15M. “Hemos ganado la primera batalla, pero vendrán muchos más desahucios. Vamos tomando fuerza. Van sensibilizándose muchas personas que durante tiempo estuvieron encerradas, sufriendo solas en sus cuatro paredes, sin la oportunidad de salir. Como afectados que hemos sido arrojados a la calle sin ninguna esperanza, consideramos que aquí, en la lucha, está la vida”, aseguró ese día Aída Quinatoa, portavoz de la PAH de Madrid.

A esta pequeña victoria le han seguido varias en diversas localidades. Como en Valencia, donde una PAH recién presentada paraba un primer desahucio el día 17, siguiendo así la estela de resistencia que las más experimentadas plataformas de Cataluña y Murcia han dejado a lo largo de los meses, bloqueando las expulsiones de decenas de familias que iban a quedarse en la calle, sin casa y con una deuda de por vida. Familias como las 15.491 que han sido desahuciadas por los bancos en el primer trimestre de este año, o las 500.000 que en los últimos cuatro años han entrado en una situación de ejecución hipotecaria, quedando en un total desamparo.

La primera, en Barcelona

Y es para hacer frente a esta situación como fueron naciendo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca.La primera de ellas nace en Barcelona hace dos años y medio, formada por personas que trabajaban “en el ámbito de los derechos a la vivienda de diferentes colectivos, como V de Vivienda y las Oficinas de Derechos Sociales”, que detectaron un número cada vez mayor de personas en proceso de ejecución hipotecaria, según explica Ernest Marco. Hoy, uno de sus logros es que “hemos demostrado que con la organización de las personas afectadas, más los vecinos y otras asociaciones, gracias a la presión ciudadana, es posible paralizar los desahucios”. Ahora ya son 11 plataformas en Cataluña –con una actividad frenética en las últimas semanas, gracias a la que han conseguido frenar cinco desahucios en una sola semana– y siguen creciendo.

Desde las PAH de Cataluña y de todo el Estado también trabajan a contrarreloj para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para regular la dación en pago, una petición básica que supondría que, como ocurre en numerosos países, con la entrega de la vivienda, el afectado salda su deuda con el banco. A ello se oponen PP y PSOE, pero los afectados siguen luchando por conseguirlo, amparados ya por una sentencia de un tribunal de Navarra que dictaminó la dación en pago de un piso y calificó la actitud del banco como “moralmente rechazable”. Amparados también por asociaciones de juristas y por Jueces para la Democracia, que califica de “manifiestamente injusta” la situación actual. Y por la opinión pública, ya que esta propuesta de las PAH ha logrado generar un intenso debate, “y yo creo que con la presión social conseguiremos que algún día se haga efectiva”, afirma Ernest.

De todas formas, aclara Quinatoa, la dación en pago es un paso importante, pero sólo un paso. “No podemos permitir que la gente, familias con niños, se queden en la calle. Hay que garantizar el derecho a una vivienda”, indica la portavoz de la PAH madrileña, en cuyo origen ha jugado un papel clave la Federación de Asociaciones Vecinales, Democracia Real Ya y los ecuatorianos de CONADEE, que ya llevaban tres años trabajando con hipotecados. Por ello, reclaman medidas como la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en casas de alquiler social o que el pago de la cuota mensual hipotecaria nunca sea superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar, a un plazo máximo de 20 años.

En la misma longitud de onda se encuentran las demás plataformas. María Jesús Martín pertenece a una asociación de El Palmar (Murcia) que da clases de apoyo a los niños por las tardes. Ante la ausencia cada vez mayor de niños, que no regresaban a las clases, saltaron las alarmas: “Empezamos a preguntar y nos enteramos de que había muchas familias a las que estaban echando a la calle porque no podían pagar la hipoteca. Entonces salimos con una megafonía para convocar una reunión sobre las estafas de las hipotecas”. Fue así como nació la primera PAH de la región, que hoy cuenta con 300 familias afectadas. Hoy son ya ocho plataformas coordinadas. El trabajo se ha multiplicado en los últimos tiempos, y ahora están ayudando al nacimiento de nuevas PAH, no sólo en Murcia, sino también en localidades de Alicante, Valencia, Jaén y Granada. “Ya no llegamos a todo, porque nos llaman de muchos sitios y cada vez tenemos más afectados”, explica Martín.

Ahora, las PAH de Murcia tienen varios frentes abiertos: el primero, la negociación con los bancos, caso por caso, para obtener la dación en pago, un alquiler con derecho a compra o una refinanciación. Si esto falla, las 300 familias pasan a la acción y se trasladan a cualquier punto de la región para impedir que otra familia se quede en la calle, ahora muy arropadas, como destaca Martín, por el movimiento 15M, “que han estado con nosotros desde el principio”. Es así como han logrado parar 16 desahucios en tan solo seis meses.

Ante una situación cada vez más grave, en una región que lleva luchando meses contra los recortes sociales impulsados por el presidente Valcárcel, la plataforma de Murcia se ha visto obligada a multiplicar sus funciones, haciendo de intermediaria con los servicios sociales para intentar lograr ayudas a familias en situación dramática, y también “de psicólogos, porque llegan llorando, desesperados, algunos se quieren pegar un tiro”, dice Martín, que explica cómo directores de escuela se ponen en contacto con ellos porque “los chiquillos se están cayendo de hambre en las escuelas”.

“Primero se han quedado sin trabajo, luego han empezado a dejar de pagar la hipoteca, después el desahucio, y luego ya no tienen ni para comer”, añade. Llegados a este punto, la plataforma también está trabajando para lograr que se abran comedores sociales en todos los pueblos de Murcia “para que por lo menos pueda la gente ir a comer a algún sitio gratis hasta que esto se pueda arreglar”.

Las dificultades a las que se enfrentan las plataformas son grandes. Organizadas en asambleas de afectados y personas solidarias, ofrecen asesoramiento jurídico gratuito y apoyo a todos cuanto lo necesiten, y debido al aumento vertiginoso de afectados, la carga de trabajo no cesa de aumentar. En Valencia, donde los desahucios se han multiplicado por cuatro desde 2007, la recién nacida PAH se afana en organizarse y lograr nuevos apoyos, en formar una comisión jurídica con abogados solidarios y otra para prestar apoyo psicológico a los afectados con ayuda de profesores y estudiantes de la universidad, nos explica Ana Blanco.

Pero uno de sus mayores problemas es la falta de fondos: “Somos una asociación que no recibe ayuda pública, y esto es una limitación porque tenemos que buscar recursos debajo de las piedras”, dice Ernest desde Barcelona. Es lo mismo que le ocurre a Murcia, que se financia con chapas que venden a un euro. “Así sacamos para gasolina, para ir a pueblos a hacer nuevas plataformas y para hacer fotocopias que entregamos al Defensor del Pueblo”.

Mirando al futuro

De este modo se siguen organizando para denunciar una situación que consideran insostenible, y solicitan también la apertura de investigaciones judiciales contra los bancos por una posible “estafa sistemática” materializada en las “hipotecas basura” y en cláusulas hipotecarias abusivas.

Pero también denuncian la responsabilidad de la Administración, que “favoreció que las personas se hipotecaran porque no tiene un parque público de viviendas ni impulsó la vivienda pública de alquiler”, explica Ernest. Sólo así se puede dar la paradoja de que mientras miles de familias son echadas a la calle, haya un parque de un millón de viviendas sin vender.

Hoy por hoy, el número de plataformas de afectados por la hipoteca se multiplica por todo el Estado, al calor de los triunfos ya obtenidos y de un aumento de la conciencia y la movilización. Por ello, afirma Ernest, “nuestro reto en los próximos meses es intentar coordinarnos entre las distintas plataformas, coordinar las campañas y las acciones” para lograr todos los objetivos marcados.

ORGANIZACIÓN DESDE 2008

Todo comenzó con un blog. En el verano de 2008, cuando el Gobierno todavía defendía que la crisis era una tormenta pasajera, el periodista ecuatoriano Erick Játiva montó la página anticrisis. es, motivado por la cantidad de hogares, como el suyo, que tenían que afrontar el problema de las hipotecas de forma aislada. En sólo una semana el blog se llenó de testimonios y solicitudes de asesoramiento. Nació así Ahorcados por la Hipoteca, la primera plataforma creada en el Estado español para reunir a los hogares con hipotecas imposibles de pagar. La ONG Aesco, próxima a al Partido Socialista de Madrid, prestó asesoría jurídica a los ‘ahorcados’, y cumplió un equívoco papel de dirección en las masivas asambleas que vivió el colectivo en el verano y el otoño de 2008. La desorganización, el ataque de Esperanza Aguirre a la justicia gratuita y, sobre todo, el impacto del desempleo y los retornos (hoy los impulsores de Ahorcados viven en Ecuador) hicieron que la llama no terminara de prender.

EL 15M EXPANDE EL MOVIMIENTO

La eclosión y desarrollo del movimiento 15M de las últimas semanas ha tenido un efecto multiplicador en la movilización de las personas “ahogadas por la hipoteca”. Su apoyo directo ha permitido que algunos bloqueos de desahucios promovidos por diferentes PAH en los últimos días se convirtieran en acciones de denuncia multitudinarias, y numerosas acampadas han activado grupos específicos sobre vivienda e hipotecas. En Madrid, buena parte de las asambleas de barrios y pueblos del 15M se ha marcado como una de sus prioridades articular “redes de apoyo mutuo” y activar respuestas locales ante futuros desahucios, y en distritos como Usera o Villa de Vallecas ya hay grupos específicos sobre la materia. Además, los “hacktivistas del 15M” que se han volcado en la cobertura y difusión de las últimas acciones de paralización de desalojos, preparan una “herramienta para bloquear desahucios en todo el país”. Por ende, en lugares como Santiago de Compostela, Avilés o Albacete, el movimiento 15M y sus acampadas están sirviendo de germen para futuras plataformas de personas afectadas por hipotecas abusivas.

COORDINACIÓN ESTATAL

El 18 de junio, medio centenar de delegados de las PAH de Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia, Terrassa, Sabadell, Girona, así como de otros municipios catalanes, se reunieron en el local de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona con objeto de avanzar en una mejor coordinación y consensuar nuevos pasos y estrategias colectivas. En un ambiente atravesado por los éxitos de la última semana, en la que frenaron diez desahucios en diferentes puntos del Estado, las PAH acordaron poner fin a su creciente dispersión comunicativa y crear una web unitaria, con un mismo dominio, que funcionará de paraguas para todas las plataformas. Además, presentarán en estos días en Barcelona, que hace las veces de centro neurálgico del movimiento, una campaña estatal para exigir la regulación legal de la dación en pago.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA
DACIÓN EN PAGO

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca están preparando una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Parlamento el debate de la dación en pago, que consiste en que al entregar el piso al banco se salde la deuda que se tenía contraída con él. Para ello necesitarán 500.000 firmas. En febrero, PP y PSOE rechazaron una moción de IU e ICV que proponía esta medida. Y el 15 de junio volvieron a rechazar una proposición de ley que regule la dación en pago propuesta por el BNG. Plataformas como la de Madrid reclaman una ley que aplique esta medida con carácter retroactivo.

STOP DESAHUCIOS

Una de las líneas de acción prioritarias en las PAH es frenar todos los desahucios posibles mediante el apoyo popular. Para ello es imprescindible la implicación de la persona amenazada. En Cataluña, se han frenado hasta el momento una veintena de desahucios mientras que en Murcia han conseguido parar 16 desde el 21 de diciembre de 2010. También se han logrado frenar dos desahucios en Madrid, uno en Palma y otro en Valencia, pero el número crece de manera incesante conforme se forman nuevas PAH . Cuando una plataforma recibe una fecha de desahucio, activa su red de voluntarios, con objeto de que ese día, un buen número de personas bloquee, de manera no violenta, el acceso de la comisión judicial a la vivienda. Ante esta situación, a menudo los funcionarios del juzgado desisten y aplazan unas semanas el desahucio.

MOCIONES

Las PAH de Cataluña lanzaron en 2010 una campaña para que los ayuntamientos se posicionaran a favor de la dación en pago y contra los desahucios. Hasta el momento, más de 40 consistorios en toda Catalunya y varios en el resto del Estado han aprobado ya estas mociones. En ellas se insta también a los gobiernos municipales a trabajar con asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales para evitar los desahucios o, en última instancia, realojar a la familia en condiciones dignas.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-rebelion-pacifica-de-las.html


* Rebelión - Diagonal - 2.07.11

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Y un día miramos a los ríos

ELPAÍS/Reportaje* : Los ríos no funcionan solos. Y no entienden de fronteras territoriales. Más allá de transportar agua, son corredores biológicos y espacios naturales para la educación, zonas lúdicas y fuentes de fertilidad agrícola. Es cierto que nacen en las cumbres y mueren en otros ríos o en el mar, pero no corren libremente. Un ejército de instituciones -desde comunidades de regantes hasta empresas o asociaciones de protección para el medio ambiente, capitaneados por las confederaciones hidrográficas los vigila, los regula, los amplía y, a veces, los acerca a los ciudadanos. Esto último es lo que viene sucediendo en los últimos años. En España hemos vuelto al río. "El modelo clásico de encorsetamiento del río sigue vigente. Pero la sociedad demanda los valores de la biodiversidad. Por eso surge una nueva oportunidad para dar más espacio a los ríos", explica Alberto Fernández Lop, biólogo del programa de agua y agricultura de la organización ecologista WWF España.
Y así es. El tramo urbano de muchos ríos ha dejado de mirarse con temor a crecidas e inundaciones y se ha convertido en el inesperado pulmón verde de numerosas ciudades españolas.

Este verano, los madrileños disfrutan de ocho kilómetros de parques y jardines junto al antaño raquítico Manzanares. El salón de 35.000 pinos salpicado de juegos, bancos y playas artificiales constituye una obra faraónica, sin precedentes en el mundo. Cerca de 60.000 ciudadanos lo utilizan a diario para pasear, tomar el fresco, jugar a fútbol, ir en bicicleta o mojarse los pies. Pero el nuevo parque no es un reclamo arquitectónico. Ni es un monumento, ni tiene imagen de postal. El trabajo que han firmado los arquitectos de MRío (un colectivo formado por los estudios Burgos & Garrido, Porras & La Casta, y Rubio & Álvarez-Sala), con la colaboración de los paisajistas holandeses West 8, es el proyecto que más ha cambiado Madrid desde que, en 1974, se levantara la circunvalación de la M-30, facilitando la vida de los coches, pero estrangulando la ciudad. Ese cinturón se ha cubierto en parte y hoy un parque de 110 hectáreas (50 directamente sobre su techo) ocupa su lugar. La ciudad que dibujan esas dos decisiones -construir la autovía o cubrirla no puede ser más opuesta.

En plena resaca de la arquitectura espectáculo, el colectivo MRío venció en el concurso a galácticos internacionales como Kazuyo Sejima o Herzog & De Meuron. Lo logró con un proyecto callado. "No es un símbolo. Es un cacho de ciudad", explica el arquitecto Fernando Porras caminando por una de las riberas. Y así es. Decisiones tan lógicas como conectar peatonalmente el centro urbano con la Casa de Campo o sembrar pinos con raíces de crecimiento lateral para arraigarlos en un sustrato de solo un metro de profundidad hicieron posible un jardín que esconde los más de 200.000 vehículos que circulan por la M-30 a diario, ahora parcialmente engullida por los túneles. Sobre ellos crece un nuevo Retiro.

Porras cuenta que todo empezó con una excursión siguiendo el curso del Manzanares. Del Ventisquero de la Condesa, en la sierra de Guadarrama, hasta el Jarama, donde muere, salieron todas las ideas del nuevo jardín urbano. La de un río que une, la de cada una de las especies de los 460.000 arbustos que contribuyen a la humedad y el aroma del nuevo parque. También salió de esa excursión la decisión de trabajar con el granito, como en la reserva granítica de La Pedriza. "La idea de sanear las márgenes de los ríos es artificial. Los ríos tienen su propia regulación y funcionan moviendo sedimentos y ocupando llanuras aluviales", explica Fernández Lop. El arquitecto Ginés Garrido, por su parte, asegura que eso es precisamente lo que buscaron en Madrid: construir una naturaleza artificial con la máxima naturalidad posible. Hoy la conexión de dos barrios históricamente separados ha sepultado los gases y los ruidos de los vehículos. Los vecinos de Usera y Arganzuela, que durante décadas se veían por encima de la carretera, pueden por fin hablar.

En Zaragoza sucedió algo parecido. Durante la construcción de los pabellones para la Exposición Universal de 2008, un obrero rumano bajó al Ebro a lavarse las manos. Un grupo de arquitectos y trabajadores locales lo contemplaban estupefactos. El obrero hizo lo lógico, aprovechar el río, acercarse a la orilla. "Pero nadie lo hacía", cuenta el arquitecto Santiago Carroquino. Se habían olvidado de que un río puede ser algo más que un problema. Atravesamos una pasarela que salva la desembocadura del Huerva, el afluente que atraviesa Zaragoza oculto bajo el asfalto. La idearon Antonio Lorén y Raimundo Bambó cuando rediseñaron esa parte de la ribera urbana del Ebro. Hoy es habitual que ciclistas y paseantes se queden allí parados, contemplando la nueva topografía, una invención artificial para recuperar la naturaleza vegetal de las riberas. Un poco más abajo, los arquitectos Iñaki Alday y Margarita Jover recuperaron el meandro de Ranillas y levantaron el Parque del Agua sobre 125 hectáreas. La idea de recobrar las márgenes se potenció en la Expo de 2008, dedicada al agua, pero es más antigua. "Formaba parte de la primera campaña electoral de Belloch en 1999", comenta Alday, que recuerda que el río más caudaloso de España barrió a los romanos y tiene una historia agresiva. De estiaje a aguas altas hay una diferencia enorme. "Por eso Zaragoza creció seis metros por encima del cauce", cuenta. Hoy el caudal está más regulado y la ciudad ha recuperado las márgenes con nuevos parques. La clave ha sido convertir la zona de crecidas en espacio natural de uso público el resto de los días del año, darle ese doble uso. "La gente está muy orgullosa. La identidad de la ciudad se ha reforzado con el río. Hoy es una referencia cuando antes era una trasera: un lugar para las graveras y los encuentros furtivos. La gente iba a los puentes a ver el espectáculo de las crecidas, pero, por lo demás, le daba la espalda al Ebro", explica el arquitecto. Tras siglos de temor a las inundaciones, la clave de la recuperación de las riberas del Ebro fue perder ese miedo a las crecidas y deshacer la barrera que levantaba entre las dos partes de la ciudad. Iniciar su reconquista era cambiar Zaragoza. Pero ¿qué hizo posible perder el miedo a los ríos? ¿Por qué ahora?

Fue una inundación, la última gran riada del siglo pasado, la que llevó al Ayuntamiento de Lleida a preguntarse qué hacer con el Segre, un río que la noche del 7 de noviembre de 1982 pasó a ser, durante 24 horas, tan caudaloso como el Danubio. Tras vivir dos días desalojados de sus casas, vecinos y ediles trazaron un plan. Ordenaron la margen izquierda con un parque lineal, que rodea el río a su paso por el centro urbano. Con el tiempo, los jardines se han extendido. Al noreste, aprovechando una mediana de tierra entre dos brazos de agua, surgió el parque de la Mitjana, una reserva natural de 90 hectáreas donde los ciudadanos pasean, hacen pic-nic, participan en deportes fluviales o aprenden a conocer mejor la naturaleza. El éxito de las rutas en ese parque ha llevado al Consistorio a construir un Eco-Museo del Agua.

"Las actividades compatibles con las avenidas de los ríos son el uso recreativo y el deporte", cuenta Fernández Lop. Sin embargo, matiza que la rectificación de los cauces aumenta la velocidad del agua, incrementando los riesgos de inundación aguas abajo. El arquitecto Iñaki Alday está de acuerdo en que el río laminado a capas corre más lento, y encajonado, desgasta la cuenca y rompe cuanto encuentra, pero asegura que esta discusión entre biólogos e ingenieros "hace 10 años hubiera sido impensable". Sabe de qué habla. Suyo fue el proyecto pionero de la recuperación de las riberas del Gállego a su paso por Zuera, a 25 kilómetros de Zaragoza. Alday había hecho una plaza de toros como proyecto de final de carrera y se fue a ver al alcalde de ese pueblo. Corría el año 1995, y consiguió que le encargaran un coso a orillas del río. Sin embargo, sobre el terreno, cambió los toros por la recuperación de las riberas. Hoy su parque, capaz de hacer convivir ocio con inundaciones puntuales, se estudia en las escuelas de arquitectura de Holanda y Estados Unidos.

"Las crecidas son predecibles y puntuales. No suponen riesgo para los visitantes de los ríos, pero sí para los que se atreven a construir y obstaculizar las zonas inundables. En la mente de todos está la tragedia del cámping de Biescas", recuerda Fernández Lop. En parte, la rectificación de ese urbanismo ciego y depredador es lo que ha llevado nueva vida a las riberas. Arquitectos y políticos están de acuerdo en que la sociedad lo demandaba. José Luis Infanzón es arquitecto con cargo político. Como subdirector general de proyectos singulares del Ayuntamiento de Madrid, coordinó los ingentes trabajos del Manzanares. Sostiene que "la idea de una ciudad habitable tiene que ver con el reencuentro de los ciudadanos con su espacio público". Y recuerda que los ríos poseen un valor estructural: acercarse a sus márgenes implica llegar a los espacios que conectan esas márgenes. Conexión. Esa es la clave en el proyecto madrileño que permite caminar desde la Casa de Campo, en el norte, hasta el parque del Manzanares, diseñado por Ricardo Bofill, en el sur.

Está claro que ciudades y ciudadanos ganan con los nuevos parques fluviales, pero ¿ganan también los ríos? Desde WWF alertan de que recuperar algunas riberas puede suponer la destrucción completa del ecosistema fluvial, no su resurrección. "Si se cementa o adoquina sobre tierra fértil, se cambia irreversiblemente el río. Entendemos la dificultad de recuperar la naturalidad de los ríos dentro de los cascos urbanos, pero esto no debe servir de modelo para ciudades en las que aún no se ha ocupado el cauce con construcciones ni para futuros crecimientos urbanísticos, que deberían dejar suficiente espacio al río". El biólogo Fernández Lop cree que el ocio puede ser compatible con la conservación, pero si se hace mal, "las personas ganan poco y los ríos pierden mucho".

Tratando de hacerlo bien, Eduardo Alvarado Corrales, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, habla de "dar al río lo que es del río", evitando la invasión de las márgenes por edificaciones. Cuenta el caso de Mérida. Allí se estimó que la forma de evitar presiones urbanísticas junto al Guadiana era convertir las márgenes en jardines. El río se convierte así en un elemento que contribuye a la convivencia y la relación social, enterrando el tiempo en que era rechazado y generaba inseguridad.

Es cierto que en Mérida el Guadiana respira junto a las más de 73 hectáreas revegetadas y recuperadas en sus riberas. Donde hubo escombreras y deforestación hoy hay prados y siete parques. La idea era recuperar la relación ciudad-río, pero también consolidar el saneamiento de las márgenes. Así, la isla de Mérida contiene campos de fútbol públicos, pero son de tierra. No se ha sembrado césped para mantener el aspecto original de la isla. Hay dos playas artificiales construidas con tres espigones de escollera, pero los senderos, nítidos junto al centro urbano, se desdibujan a medida que el parque se aleja de la ciudad. Sin barreras ni obstáculos, parece que por fin las orillas quieren ser como los propios ríos: fluidas, sin fronteras.

Alvarado insiste en que en Mérida la idea era acercar al ciudadano y alejar la presión urbanística. Pero ha sido la eliminación de obstáculos lo que permitiría asumir cualquier tipo de avenida. En el lluvioso invierno de 2010, las crecidas lo pusieron a prueba. Y funcionó.

Con todo, por su magnitud y su celeridad, el proyecto que ha dado el campanazo en la historia de los cauces y las riberas españolas ha sido el de un río pequeño: la colosal reconversión del Manzanares a su paso por Madrid no tiene precedentes. Porras Isla asegura que "parece asiático". Entre las cifras extraordinarias que maneja, llama la atención la del tiempo: cinco años. ¿Por qué tanta prisa? Una obra equivalente en la ciudad de Boston, el Big Dig, lleva más de 20 años en marcha y todavía no ha sido concluida. "Las obras se han hecho deprisa, como demandan los ciudadanos, no con prisas", matiza José María Ortega, director de gestión de proyectos del Ayuntamiento de Madrid. Infanzón asegura que "detrás de estos objetivos hay más un modelo de ciudad que un puntual intento por recuperar las riberas de un río". Y es cierto que ese consistorio ha demostrado que se pueden concluir grandes actuaciones públicas en plazos que parecían imposibles.

La pregunta entonces es a qué precio. ¿Cuánto ha costado? Y ¿quién lo pagará? Si en Mérida han sido las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Comisión Europea las que financiaron la transformación del Guadiana, en Madrid ha sido el Consistorio quien ha corrido con los gastos. De los 370 millones de euros que oficialmente ha costado, "los aportes del Estado o de la UE no suman ni el 6%", explica Ortega. El dinero pagó la urbanización de 110 hectáreas, pero también un complejo sistema hidráulico para su riego con agua regenerada, los árboles y las pasarelas peatonales, la recuperación de los puentes históricos, los equipamientos deportivos y la reurbanización de las calles adyacentes. Está claro que el cambio en el Manzanares excede el río, pero también es cierto que un parque no es una fuente de ingresos como el Guggenheim de Bilbao. Con ese museo, el Consistorio bilbaíno recuperó una abrumadora inversión en apenas dos años. ¿Cómo y cuándo saneará sus cuentas el alcalde Gallardón?

Ortega alude a la rentabilidad social de los proyectos públicos, pero también defiende económicamente el proyecto como una inversión "muy rentable": "Madrid Río mejora la competitividad de la ciudad en la oferta turística. Se han abierto negocios de alquiler de bicicletas, se han renovado establecimientos de hostelería cercanos, y están comenzando a implantarse cafés y quioscos en el parque". Asegura que el proyecto no solo ha creado empleo durante su ejecución, sino que lo hará durante años.

Desde hace poco, las confederaciones hidrográficas apuestan por la participación ciudadana. Incluyen otras voces en la toma de decisiones. En el Guadiana, Alvarado y su equipo escucharon a los representantes de Patrimonio, pero también a los del club de piragüismo, las asociaciones de pescadores o las de vecinos: "Se trataba de hacer algo sostenible en todos los sentidos. Necesitaba ser vivido por el conjunto de la población", explica. También José Luis Infanzón cuenta que en Madrid se recibieron más de 3.000 alegaciones. Se abrió una oficina de atención al ciudadano en la propia obra y muchas sugerencias se incorporaron al proyecto. La playa, que ocupa la margen izquierda del río en el parque de la Arganzuela, surgió de un concurso en los colegios de Madrid. Una niña propuso: "Una playa con juegos rodeada de un parque".

Hay niños jugando en esa playa. La atraviesan en bicicleta. Corren entre los surtidores tratando de esquivar el agua. Cuando se mojan, gritan y se ríen. Hay abuelos y padres, deportistas y amas de casa. Parece que todos caben. Con tirolinas y toboganes gigantes, hoy hay un parque de aventuras gratuito en la antigua vergüenza de la ciudad. El jardín está diseñado como si alguien lo hubiera recorrido mil veces caminando y anotando ideas: columpios colgando del viaducto norte en el puente de Toledo y un círculo naranja para destacar, con ironía, la apropiación de ese elemento. Hay parterres de bierzo junto a la ermita de la Virgen del Puerto para rendir homenaje al barroco de su autor, Pedro de Ribera. Detalles minuciosos y visión de conjunto: solo granito -molido, roto o en grandes bloques- para ordenar el territorio. "Hicimos más de 90 proyectos y dibujamos metro a metro cada uno", explica Ginés Garrido. Y es cierto que miles de dibujos definen al centímetro las 110 hectáreas del proyecto. Los planos son casi borgianos, tan detallados que, de desplegarse, podrían terminar ocupando la misma cantidad de territorio que describen. Durante la obra, jubilados expectantes golpeaban las verjas con sus bastones para hacer preguntas. Luego, tras cinco años de ruidos insufribles, comenzó el espectáculo de ver crecer el puente-tirabuzón de Dominique Perrault, el único icono de la intervención.

"Huir de la arquitectura espectáculo refleja la voluntad de construir un modelo de ciudad más que un escaparate. Madrid Río quiso retejer una trama urbana que había sido rasgada por la presencia de una obsoleta infraestructura de los años setenta", explica Infanzón. La historia del urbanismo de los últimos años demuestra que una vez que una ciudad emprende el camino de recuperar espacio público para el peatón y para medios de transporte como la bicicleta, ese camino no tiene vuelta atrás. Se convierte en demanda social. Infanzón habla de "hacer del silencio un elemento expresivo del diseño". Su idea para mejorar Madrid pasa por limpiar, unir, reparar. El Manzanares marca el modelo. Pero la idea de recuperar y conectar se extiende por toda España.

En Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Enric Batlle y Joan Roig han cosido junto al cauce del río una red de caminos preexistentes, senderos que, como el río, desembocan en el Mediterráneo. Córdoba, por su parte, confió su apuesta para la capitalidad cultural europea de 2016 a actuaciones en torno al Guadalquivir. Y el plan para transformar el río en un bulevar cultural ganó el premio europeo Pays Med. También en Pamplona, en el meandro de Aranzadi, la intervención de Alday y Jover salvará la huerta donde se inició el cultivo ecológico en España y dará un paso más. Ya no solo despejará las orillas para disfrutarlas como parques y prever las crecidas. Habrá más usos compatibles con la buena vida del río. ¿Puede un río cambiar la vida en una ciudad? El arquitecto Fernando Porras asegura que "de manera irreversible, se está fraguando una radical metamorfosis, sin precedentes para la ciudad de Madrid". Él habla de contagio y de "efecto resonancia". Son los nuevos valores de estas actuaciones radicales, pero discretas, que emplean la vegetación como principal material de construcción los que pueden dibujar ciudades más habitables para el siglo XXI.


* El País - ANATXU ZABALBEASCOA 03/07/2011
Foto: Madrid, ribera_Manzanares (archivo) - G.Lejarcegi (ELPAIS.com)

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Una pantalla 'verde' bloquea la dación en pago en el Congreso

PÚBLICO* : Una pantalla verde con sede en Valencia, Los Verdes Ecopacifistas, vinculados a varios promotores inmobiliarios, ha bloqueado la llegada al Congreso de una de las iniciativas emblemáticas del Movimiento 15-M y, a su vez, la más temida por los partidos mayoritarios y la banca: la dación en pago, es decir, que la entrega del piso salde la deuda de la hipoteca.
El pasado 11 de marzo, este partido de apenas 300 militantes, que ha trabado varias alianzas electorales con la derecha como Unió Valenciana y sin infraestructura para recoger las 500.000 firmas que exige la ley, registró en el Congreso y en los 17 parlamentos autonómicos escritos para abrir formalmente el proceso de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.
El efecto práctico, sin embargo, es el inverso: impide que lleguen al Congreso iniciativas preparadas desde hace meses por las principales organizaciones sociales. Salvo que la Mesa del Congreso se muestre flexible lo que, hasta ahora, no ha sucedido, hasta el próximo marzo, sólo Los Verdes Ecopacifistas pueden recoger firmas al respecto, con lo que son prácticamente nulas las posibilidades de que la iniciativa llegue al Congreso.

El proceso de recogida de firmas tiene una gran dificultad técnica y no sólo por la gran cantidad que se exigen: está supervisado por la Junta Electoral y requiere una fotocopia del DNI de todos los firmantes. No basta con firmar un papel. Sólo plataformas con organizaciones de gran implantación social tienen capacidad para recoger 500.000 firmas en nueve meses.

Además, pese a que ya han pasado más de tres meses desde que recibieron el visto bueno, Los Verdes Ecopacifistas ni han anunciado públicamente su campaña ni se han puesto aún a recoger los apoyos, según reconoce a Público su vicepresidente y portavoz, Alejandro Escribano, directivo de dos promotoras inmobiliarias (Vega de la Selva y Sibana) y, en el pasado, de otras empresas familiares también vinculadas al sector: Graesa, Ucros y Jardines de Torrente.

La petición para que la fórmula de la dación en pago, que funciona en varios estados de EEUU, se debata en el pleno del Congreso ha sido formulada reiteradamente por la izquierda minoritaria con el apoyo, en ocasiones, de CiU y siempre se ha encontrado con el muro en contra del PP y el PSOE. La última vez, el pasado jueves, en las resoluciones del debate de política general, que introdujeron algunas medidas de alivio para los que no pueden pagar la hipoteca, pero volvieron a cerrar la puerta a la dación en pago.

Ante esta situación de bloqueo, las principales organizaciones partidarias de esta opción empezaron a prepararla campaña de ILP el pasado noviembre. La plataforma cuenta con millones de afiliados: incluye, entre otros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, CCOO, UGT, la Organización de Consumidores y las federaciones de asociaciones de vecinos de toda España.

A finales de enero, la campaña ganó notoriedad tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra respaldando un auto favorable a la dación en pago. Y entonces se anunció que la ILP estaría lista para finales de marzo.

La sentencia, pionera, encendió todas las alarmas del sector financiero. La agencia de rating Fitch advirtió de inmediato: "Fitch espera que la apelación del prestamista anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que potencialmente forzaría a Fitch a revisar sus actualesvaloraciones del mercado".

Advertencia de la patronal
El presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, escribió el 7 de marzo una misiva a Economía mostrando preocupación por la sentencia y las "iniciativas que, de confirmarse, pondrían en cuestión el principio de seguridad jurídica y tendrían un impacto muy negativo".

Martín citaba en su carta la nota de Fitch y, en la cuenta atrás de la presentación de la ILP de los movimientos sociales, advirtió de que "la limitación de la responsabilidad del deudor repercutiría gravemente en la solvencia de las entidades de crédito".

La semana siguiente, el día 11, el abogado Alejandro Escribano, dirigente de Los Verdes Ecopacifistas, registraba en el Congreso una petición para impulsar una ILP "sobre el establecimiento de la dación en pago". El partido no hizo ni siquiera una nota anunciándolo y el pasado viernes no había aún ninguna mención al respecto en su página web. Ni de esta petición de ILP, ni de las 17 que presentó simultáneamente en todas las comunidades autónomas y que, salvo en Euskadi, ya han sido desestimadas al ser la reforma de la Ley Hipotecaria competencia del Congreso.

Inadmisión a trámite
El día 30 de marzo se registró finalmente la tan anunciada ILP impulsada por las organizaciones sociales y se presentó públicamente con gran expectación y el apoyo expreso de la izquierda minoritaria. Pero, el 26 de abril, la Mesa la desestimó: al haber ya una iniciativa clónica supuestamente en marcha casi clandestina, no puede admitirse a trámite.

Fuentes de la campaña de las organizaciones sociales explican que, en los más de dos meses transcurridos desde entonces, no han logrado que nadie de Los Verdes Ecopacifistas responda a sus múltiples llamadas. Según estas fuentes, tras registrar su ILP, recibieron un correo electrónico de esta formación "ecopacifista" infor-mándoles de que ellos ya habían presentado una iniciativa análoga. Y se esfumaron: no contestaron emails ni llamadas durante dos meses.

El pasado viernes, un día después de que Público contactara con Escribano, Los Verdes Ecopacifistas enviaron un email a la coordinación de la campaña de los movimientos sociales invitándoles a sumar esfuerzos. "Nosotros no sabíamos que había una campaña en marcha y nuestro único objetivo es recoger las firmas", explica Escribano. El abogado añade que "varios problemas técnicos" les han impedido empezar la campaña, pero que tienen previsto iniciarla pronto. Según su versión, estos problemas han aplazado también el periodo legal de recogida de firmas, con lo que aún cuentan con nueve meses para intentar lograrlas. Es decir, tienen justo hasta marzo, cuando vence la legislatura.

Si los comicios se adelantaran o Los Verdes Ecopacifistas lograran la prórroga de tres meses que prevé la ley si se alegan "circunstancias excepcionales" como la convocatoria de elecciones, el bloqueo se prolongaría incluso durante toda la próxima legislatura porque este tipo de iniciativas no decaen. En tal caso, la plataforma debería esperar al menos hasta 2017.

Los Verdes Ecopacifistas es un partido que siempre ha sido considerado "oscuro" por la mayoría de organizaciones ecologistas (ver artículo en la página 3). Pero, según su portavoz, el hecho de que varios de sus dirigentes sean promotores inmobiliarios no debería causar suspicacias sobre sus intenciones con la ILP de la dación en pago.

"Una cosa es la empresa y la otra la militancia ecologista; son ámbitos que no tienen nada que ver", subraya Escribano, que fue cabeza de lista en Valencia en las últimas elecciones municipales.

Familia de promotores
Escribano es hijo de Alejandro Escribano Vidal, un promotor inmobiliario importante en el desarrollismo del tardofranquismo en Valencia, según varios urbanistas consultados. El propio Escribano Vidal fue candidato del partido el 22-Men el pequeño municipio de Almohaja (Teruel), aunque no reunió ni un solo voto.

El consejo en pleno de las varias empresas familiares que se dedican a la promoción inmobiliaria fueron candidatos de Los Verdes Ecopacifistas el 22-M: Marcelo Escribano Sanmartín administrador de ocho sociedades relacionadas con la promoción inmobiliaria fue el número dos en Alcalá de la Selva (Teruel), donde la familia tiene negocios inmobiliarios y un enfrentamiento con el Ayuntamiento, del PSOE.

Y Josefa Sanmartín, que ha participado en consejos de tres de estas empresas, fue candidata en otro pequeño pueblo de Teruel: La Zoma.

La familia Escribano-Sanmartín, alma máter de Los Verdes Ecopacifistas, que dice contar con 300 militantes en toda España, tiene, además, una vinculación importante con el urbanismo en Valencia: el redactor del Plan General de Ordenación de Urbanismo (PGOU) de la ciudad, llamado también Alejandro Escribano, es primo del portavoz del partido y de varios de sus candidatos y, por tanto, sobrino del patriarca de las empresas y también candidato.

El PGOU se redactó en 1988 con alcalde socialista, pero, tras la victoria del PP, su autor se convirtió en uno de los arquitectos de referencia de este partido, cuya Administración ha encargado a su despacho privado dictámenes avalando algunos de los proyectos más polémicos, como el de la reforma del Cabanyal, entreotros. El arquitecto es, desde hace años, una de las bichas del movimiento ecologista en el País Valencià.

"Mi primo no tiene nada que ver con la ILP sobre la dación en pago, pero estoy seguro de que también querrá firmar", remacha el portavoz de Los Verdes Ecopacifistas.

El partido tiene otros dirigentes relacionados con el negocio inmobiliario. Su fundador y presidente, Abelardo Lloret, constituyó en 1996 la empresa Banco Datos Inmuebles SL, cuyo objeto social son las actividades inmobiliarias y que se mantuvo en su órbita familiar hasta 2008. Otro de los miembros de su reducida cúpula, Juan Costa, fue hasta 2009 apoderado de InmoBrusselen SL, del mismo sector.

Fuentes de la Mesa del Congreso explican que la ley que regula las ILP no deja rendijas interpretativas que permitan aceptar a trámite la iniciativa promovida por las organizaciones sociales porque se registró primero la de Los Verdes Ecopacifistas. Y en la misma legislatura no es posible tratar dos veces un mismo tema.

Los movimientos sociales que la impulsan han presentado otra propuesta, menos directa, pero el 21 de junio recibieron la respuesta por escrito. La firmaba el propio presidente de la Cámara, José Bono: "No".


* Público - PERE RUSIÑOL Madrid 03/07/2011
Foto: Imagen de una de las concentraciones para evitar un desahucio de un matrimonio y su hija en Tetuán (Madrid).- publico

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