* YouTube - http://youtu.be/m1Wkpfg5_Yk - LanzaroteCorrupta Junio 2011
Democracia Real Ya - TOMA LA CALLE 19J
Valencia.- La justicia ratifica la imputación de la cúpula de Camps por corrupción
La Sala Civil y Penal rechazó los recursos de las partes y confirmó la imputación por financiación ilegal (delito electoral) y falsificación en documento mercantil de Rambla, Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV, cuyo nombre suena para integrar el nuevo Ejecutivo de Camps), David Serra (vicesecretario del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano) y Luis Bárcenas (extesorero nacional del PP).
Los jueces imputan esos mismos dos delitos a los cabecillas de la red mafiosa y a los gestores de ocho constructoras que presuntamente sufragaron ilegalmente actos electorales del PP.
Empresas implicadas
Entre las empresas figuran la de Enrique Ortiz (imputado a su vez en el caso Brugal y por amañar supuestamente el urbanismo de Alicante en connivencia con la alcaldesa y diputada, Sonia Castedo) y el Grupo Sedesa, propiedad del vicepresidente tercero del Consell y nuevo presidente de las Cortes, Juan Cotino.
El TSJV se reafirmó igualmente en la imputación por cohecho y prevaricación de Rambla, Martínez y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo, a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes) por la adjudicación a la trama del montaje de un pabellón en Fitur cinco años seguidos. El auto contiene un voto particular del magistrado Juan Montero, contrario a la imputación de Rambla y Martínez por cohecho y prevaricación.
La sala mantiene el criterio de asumir los supuestos delitos en los que hay aforados. El resto de hechos aparentemente criminales (la visita del Papa, por ejemplo) son remitidos para ser enjuiciados junto al grueso del caso Gürtel, que previsiblemente acabará en la Audiencia Nacional. Frente a los recursos, especialmente los del PP y Álvaro Pérez, El Bigotes, que alegaban defectos de tramitación, el tribunal entiende "que las circunstancias y vicisitudes procesales que relataban no era impedimento del deber que a esta sala asistía" de asumir la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira.
* El País - 17.06.11
Foto: Valencia, Rita_Barberá y Francisco_Camps (archivo)- elpais
.................................... Leer más...
La UE pide sancionar a España por el retraso en el Plan del Júcar y la falta de depuradoras
La Comisión Europea va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no garantizar el tratamiento correcto de las aguas residuales procedentes de aglomeraciones de más de 10 000 habitantes que se vierten en zonas sensibles. En pasado marzo, el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo condenó a España por incumplir la directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. De los 37 incumplimientos detectados en España, seis-más del 16 por ciento-se sitúan en el litoral turístico valenciano.
Tras esta sentencia condenatoria, la Comisión Europea exige la imposición de sanciones económicas diarias, tal como hizo a raiz de los retrasos en las obras de la depuradora para la playa de Motilla (Sueca). No obstante, la conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo sostiene que la mayoría de las depuradoras ya se encuentran construidas, en obras o en fase de proyecto.
En el segundo asunto, España no ha presentado a la Comisión sus planes de gestión de las cuencas hidrográficas. Esos planes, que debían adoptarse el 22 de diciembre de 2009 a más tardar, son esenciales para alcanzar el objetivo de la UE de un buen estado de las aguas europeas para 2015. Hasta ahora, España ha adoptado solo un plan-el más retrasado es el Plan Hidrológico del Júcar-, por lo que la Comisión va a llevar a ese país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Zonas de baño
Doce zonas de baño fueron cerradas en 2010 en España (5 más que en 2009) por el descenso de la calidad del agua y por las restricciones de acceso, según el estudio anual publicado por la Comisión Europea. Ninguna de estas zonas se encuentra en la Comunitat Valenciana aunque dos de ellas están situadas en el Júcar (Cuenca).
El Ministerio de Sanidad, en colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana remite anualmente los datos de 233 áreas de baño. En la edición de este año, las tres zonas continentales -Algar, el río Mijares en Montanejos y la laguna de Anna- han superado todos los controles y se encuentran clasificados dentro de las zonas aptas. Respecto a las zonas de baño litorales, la calidad de las aguas es excelente en Alicante, donde el 100% de las playas ha superado todos los controles.
No puede decirse lo mismo sin embargo de las playas de Castelló y Valencia. Pese a no existir ninguna zona de baño no apta que requiera la intervención directa de Europa, sí son frecuentes los episodios de contaminación fecal en verano,
Así, de las 69 zonas de baño controladas en la provincia de Valencia, al menos 18 tuvieron episodios en pleno verano de 2010 en los que la analítica determino que sus aguas no eran aptas para el baño. Al no repetirse estos episodios en la frecuencia y magnitud que marca la legislación, las zonas de baño figuran este año como aptas, aunque en algunos casos estos datos han impedido que obtuvieran la bandera azul.
Diez años bebiendo agua sin calidad
La Comisión pide a España que tome medidas para mejorar la calidad del agua potable de Las Filipinas, una urbanización situada en San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante (España). A la Comisión le preocupa el hecho de que los residentes llevan más de una década bebiendo un agua impropia para el consumo humano.
* Levante - 17.06.11
Foto: Sueca (Valencia), depuradora - infoambiental
.................................... Leer más...
Benidorm.- ¿Quién permitió a Ortiz no pagar el canon de la estación de autobuses?
En concreto, la fiscal le pregunta al interventor desde cuándo se tiene conocimiento de la existencia de ese canon, si bien ella misma advierte de que el mismo estaba recogido en el pliego de cláusulas administrativas del contrato de gestión de la terminal, aprobado por el pleno el 29 de septiembre de 2000 bajo el gobierno del PP. Esto es que, los responsables del Consistorio sí tenían que conocer la obligación de la empresa de Ortiz -que obtuvo la adjudicación de las obras en 2002- de satisfacer esa cantidad económica al Ayuntamiento.
A continuación, la fiscal le cuestiona al interventor desde qué fecha se tiene conocimiento de que la mercantil de Ortiz no ha abonado el canon de marras. Y le pide que identifique "el departamento o persona encargada de la ejecución del contrato de gestión de la terminal". Es decir, que quiere establecer una responsabilidad técnica al considerar que en el Ayuntamiento deberá existir algún funcionario que tuviera asignada esta cuestión. Ahora bien, al preguntar por último si esa persona efectuó "comunicaciones sobre el impago al citado departamento o en su caso al responsable de la Corporación", también intenta establecer si algún cargo político -el concejal del departamento o el propio alcalde- tuvo noticias por parte de los técnicos de que no se le estaba cobrando el canon a Ortiz y que aún así no se hizo nada por reclamarlo. Ya en enero, Llinares hizo también esta lectura: y denunció que este caso no es sólo responsabilidad del empresario, "que no pagó ni un céntimo", sino también del gobierno del popular Manuel Pérez Fenoll, "que no se lo reclamó" desde 2007.
El paso que ha dado ahora la fiscal es importante: demuestra que la investigación sigue adelante. Hasta la fecha, sólo había abierto de oficio diligencias previas. Lo hizo de forma un tanto insólita, después de leer las declaraciones a los medios de comunicación que el ex edil de Urbanismo realizó en enero. Llinares, no obstante, se ratificó en su denuncia durante su declaración ante la propia fiscalía el pasado 15 de abril.
El canon que el Consistorio no ha cobrado debía corresponder al 1% de todas las actividades comerciales que genera la estación, que además de la terminal cuenta con un área comercial de 11.000 m2 integrada por un hotel, una superficie de alimentación y varios establecimientos comerciales, de los que sólo están abiertos en la actualidad una tercera parte. Hace pocos días, Pérez Fenoll declinó cualquier responsabilidad de su gestión al señalar que "el cobro de cánones, facturas o tasas es una responsabilidad de los técnicos".
* Información - 16.06.11
Foto: Benidorm (Alicante), estación autobuses - turismo
.................................... Leer más...
Madrid.- El movimiento 15-M consigue aplazar el desahucio de Tetuán
La recientemente constituida Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, apoyada por la plataforma Democracia Real Ya y del movimiento 15 de Mayo, han tratado de paralizar el desahucio. Para ello, hicieron un llamamiento a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a que se sumasen a una acción que ha tenido lugar a las 9.30 horas en la salida Algodonales del Metro Tetuán.
El pasado 6 de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó los datos oficiales de ejecuciones hipotecarias y desahucios del primer trimestre de 2011. Así, el número de familias que perdió su vivienda por procedimientos de desahucio marcó un récord histórico al elevarse a 15.491, un 36,3 por ciento más que en el mismo período del año anterior. En cambio, entre enero y junio los juzgados españoles tramitaron 21.787 ejecuciones hipotecarias, un 21,1 por ciento menos que en el mismo periodo de 2010.
"Detrás de todos estos datos se encuentran personas y familias enteras. La pérdida de la vivienda supone la vulneración de uno de los derechos más elementales en un estado democrático, un Estado que no debe tolerar que miles de personas sean desahuciadas mientras existen millones de pisos vacíos en todo el país que, por este hecho, no cumplen con su función social", han dicho los afectados por la hipoteca.
La PAH-Madrid ha exigido a la Administración que defienda en primer lugar los intereses de los ciudadanos "y no de las entidades financieras". Para ello, reclama que cumpla con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos".
"Y en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias", ha agregado.
La acción, que también cuenta con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en la primera de estas características en la ciudad, tratará de evitar que un matrimonio y su hija de 15 años se queden sin casa, "con una deuda de por vida y sean empujados a la exclusión social".
"Es una familia a la que los políticos expulsan no solo de su vivienda sino también de la sociedad porque no tienen recursos y no pueden hacer frente a la hipoteca" ha aclarado Chema Ruíz, uno de los integrantes de Democracia Real Ya y Afectados por la hipoteca.
Abucheos a Cayo Lara
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, se ha sumado, a titulo personal, a las cerca de 300 personas congregadas este miércoles para frenar el desahucio de una familia en el madrileño barrio de Tetuán. Así se lo ha comunicado la Policía municipal a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quien convoca la protesta. Los manifestantes han abucheado al político al que han tildado de oportunista.
¿Qué pasará con la orden de desahucio?
Fuentes judiciales han confirmado a la SER que el propio afectado por este caso, Aruan, entregó ayer en el juzgado número 32 un escrito para solicitar la suspensión de su desahucio, pero lo hizo sin abogado y sin la firma de un procurador. Por eso, ese documento no tiene un efecto jurídico inmediato aunque el juez sí ha recibido el escrito, y procederá a estudiarlo en los próximos días para ver el grado de validez.
La Comisión Judicial, formada por funcionarios del cuerpo de justica y por agentes de la policía nacional no se han presentado porque era evidente que no iban a poder certificar el desahucio, pero volverán, así lo han reconocido estas mismas fuentes "Ante este tipo de casos, la orden judicial se renueva automáticamente aunque por ahora se desconoce cuándo y cómo se ejecutará de nuevo ese desahucio".
En todo caso, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apelan a la cautela, habrá que ver, dicen "cómo se desarrollan los hechos, es decir, cuánto tiempo permanecerán atrincherados los miembros del 15M, si lo harán sólo en la calle, o también dentro del piso". En cada caso, añaden, "habrá que estudiar si estamos ante una posible falta de orden público o por el contrario ante un delito de ocupación".
DATOS SOBRE DESAHUCIOS
En España se produce una media de 256 desahucios cada día, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El años 2010 se cerró con 93.636 casos.
En cuanto al caso concreto de Madrid, en 2010 se ejecutaron 10.276 órdenes de desahucio, muchos, pero un 3% menos con respecto a 2009. Sin embargo, si esa comparativa se hace respecto a 2008 la cifra se dispara porque ese año se produjo un repunte de un 132%.
Ante este elevado volumen de casos, en Madrid, funciona desde el 1 de enero de este año un juzgado pionero en toda España porque es el único que se dedica en exclusiva a casos de desahucios y es el que canaliza todos los litigios.
Madrid es la cuarta Comunidad en cuanto a desahucios, por detrás de Cataluña, Valencia y Andalucía.
* Cadena Ser - 15.06.11
Foto: Miembros del Movimiento 15-M durante las protestas ante un desahucio en Madrid - ser
.................................... Leer más...
19-J: Contra el pacto del euro. Democracia real en Europa ¡ya!
JUAN TORRES Y ALBERTO GARZÓN* : A finales de marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro más otros seis países (Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) suscribieron un acuerdo con el que decían que trataban de hacer frente a la crisis y al problema de deuda que se había generado en Europa. En su virtud, establecieron una serie de obligaciones comunes y el compromiso de que los diferentes gobiernos aplicarían las medidas económicas oportunas para hacerlas efectivas. El acuerdo se conoce como Pacto del Euro e implica que todas las medidas que lleve consigo habrán de sujetarse a las recomendaciones que establezca la Comisión Europea, la cual, además, actuará como principal supervisor y evaluador en su aplicación y desarrollo.
El objetivo general del Pacto según sus firmantes
Los firmantes del Pacto afirman que su objetivo general es hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir, facilitando la presencia comercial de las empresas de los países que utilizan el euro en los mercados mundiales. Para lograr ese objetivo el pacto ha establecido cuatro pilares que deberían marcar las líneas principales de actuación económica por parte de los gobiernos nacionales.
El primer pilar del Pacto: impulsar la competitividad
El primer pilar para alcanzar ese objetivo general es el impulso de la competitividad, y los firmantes del Pacto entienden que eso solo se puede lograr bajando los precios y que estos, a su vez, solo se reducen si bajan los salarios. Para ello, se establece la necesidad de controlar los llamados costes laborales unitarios. Puesto que estos últimos son el resultado de dividir los salarios nominales por la productividad, para bajarlos o se reducen los salarios nominales (el numerador) o se aumenta la productividad (el denominador). El Pacto propone medidas en ambos sentidos.
Para bajar los salarios nominales recomienda reformas como las siguientes (Los entrecomillados son citas textuales del Pacto que se puede leer en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf):
-“Revisión de los acuerdos de fijación de salarios”, para restringir sus posibles subidas.
- “Revisión del nivel de centralización del proceso de negociación” para reducir el poder negociador de los trabajadores y así evitar que puedan presionar al alza los salarios al defender su capacidad de compra. Como es bien sabido, cuanto más centralizado esté un sistema de negociación colectiva más trabajadores participan en la negociación y, por tanto, más fuerza tienen. Por el contrario, cuanto más descentralizada sea la negociación (como quieren los líderes neoliberales europeos), más difícil resulta a los trabajadores defender sus derechos o conseguir salarios más elevados: si se negocia a nivel estatal, por ejemplo, los trabajadores pueden tener gran fuerza de negociación pero si se negocia a título personal, no tendrán ninguna. Los firmantes del Pacto proponen esta revisión para que se pueda ir descentralizando la negociación porque saben que así bajarán los salarios, que es lo que buscan.
- “Garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. Es decir, que los sueldos de los trabajadores públicos se reduzcan para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado.
Es evidente que todas estas medidas del Pacto solo están encaminadas a disminuir los salarios, bien de forma inmediata (rebajándolos directamente) bien de forma indirecta (reduciendo la capacidad de negociación de los sindicatos y rebajando los salarios públicos que funcionan como referencia para los salarios privados).
Por tanto, podemos afirmar que el Pacto apuesta por un tipo de competitividad doblemente empobrecedora. Por un lado, porque no la basa en mejorar la calidad o el valor de los productos que ofrecen las empresas europeas sino en igualar a la baja los salarios europeos con el resto de economías del mundo reduciendo, por tanto, los ingresos de la inmensa mayoría de la población y empobreciendo a los trabajadores europeos. El Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos.
Por otro, porque además, hundirá a la economía europea puesto que al reducir los salarios disminuirá también el gasto que se realiza en Europa lo que se traducirá en menos ventas para miles de pequeñas y medianas empresas que viven de las compras que realizan los asalariados europeos.
Desde este punto de vista, los únicos beneficiarios del Pacto son las grandes empresas globales europeas, las que actúan en los mercados mundiales y no solo en el europeo y cuyos beneficios, por tanto, no dependen solo del gasto que se realice en Europa, como suele ocurrir con la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón se puede afirmar que el Pacto del Euro es un pacto también contra las pequeñas y medianas empresas europeas.
Y como estas últimas son las que crean la mayor parte del empleo (alrededor del 70% de media en toda Europa) podemos decir que el Pacto del Euro es igualmente un pacto contra el empleo.
Para aumentar la productividad el Pacto recomienda “Mayor apertura de los sectores protegidos”, “Mejorar los sistemas educativos y fomentar la I+D” y “Mejorar el entorno empresarial”.
Significativamente, el Pacto no solo menciona sino que incluso va en la dirección contraria de algunos factores que desde los tiempos de los primeros economistas se sabe que son muy beneficiosos para incrementar la productividad: buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los trabajadores en la vida de la empresa, protección social adecuada y abundante… Lo que permite afirmar que el Pacto del Euro no busca en realidad aumentar la productividad sino solo reducir los salarios para hacer que aumenten los beneficios de las grandes empresas europeas.
Además, es sabido que de esas tres medidas que propone para aumentar la productividad la más determinante con diferencia es la segunda y todo el mundo sabe que para mejorar los sistema educativos y fomentar la I+D es necesario mucho dinero público.
Sin embargo el Pacto, como veremos más adelante, propone también la reducción de gasto público, de modo que se puede aventurar con toda seguridad que en lugar de aumentar la productividad, lo que provocará el Pacto del Euro será su disminución, al deteriorar las condiciones de trabajo y la dotación de capital social que es imprescindible para que aumente.
Y, por otra parte, el Pacto olvida algo esencial: aunque se lograse que con esas medidas se produjeran incrementos de productividad no es seguro que, unidas a rebajas paralelas de salarios, dieran lugar automáticamente a mayor competitividad ya que ésta, como los propios firmantes del Pacto asumen, depende del precio de los productos en venta. Y si resulta que los mercados, como ocurre en Europa -y el Pacto no propone nada para arreglarlo-, son muy imperfectos, es decir, que están muy concentrados y en ellos dominan pocas empresas con gran poder de mercado, lo más seguro que ocurra es que la bajadas en los costes laborales unitarios se aprovechen por estas empresas para aumentar su beneficio y no para rebajar los precio de sus productos. De hecho, eso es lo que hemos podido comprobar que ocurre constantemente en los mercados europeos (y muy especialmente en los españoles).
Por tanto, podemos decir que, en contra de lo que dice, el Pacto del Euro es en realidad un pacto contra la competitividad de la economía europea.
Finalmente hay que hacer una observación general. Según las tres cuartas partes de las exportaciones de los países europeos son de tipo “intraeuropeo”, es decir, con otros países europeos como importadores. Eso quiere decir que si se reduce la capacidad de consumo de las economías europeas (como consecuencia de las rebajas salariales y de la caída del gasto público) necesariamente también caerán las importaciones… de modo que de nada habrá servido que bajen los precios de los productos exportados, si es que se consiguiera que bajen. Lo que significa que lo que el Pacto del Euro va a producir es una caída de la actividad económica en toda Europa.
El segundo pilar del Pacto: el impulso del empleo.
El impulso del empleo en Europa se trata de conseguir partiendo de la idea de que el desempleo está provocado por un mal funcionamiento del mercado laboral de manera que, para evitarlo, lo que hay que hacer son reformas que modifiquen su regulación y estructura. En concreto, el Pacto propone medidas como “Fomentar la ‘flexiseguridad’”, la “reducción del trabajo no declarado”, el “aumento de la tasa de actividad” y la “educación permanente”, además, por supuesto, de la reducción del coste del trabajo antes señalada.
Para lograr esto último el pacto también recomienda la “reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo”, es decir, de las cotizaciones sociales. Una propuesta que es doblemente negativa y perjudicial para la inmensa mayoría de la población. Por un lado, porque debilita el sistema público de pensiones cuya sostenibilidad tanto dicen los dirigentes neoliberales que les preocupa. Por otro, porque lo que en realidad significa es disminuir la masa salarial y, por tanto, generar más desigualdad, más empobrecimiento y menos gasto, con los problemas que esto lleva y que hemos apuntado más arriba. Y, con independencia de ello, también supone aumentar la regresividad del sistema fiscal puesto que, como al mismo tiempo se propone mantener los ingresos fiscales globales, se propone que esa tributación directa (que se sostiene sobre la capacidad de cada persona) se sustituya por impuestos indirectos, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. Es precisamente lo que acaba de proponer la Comisión Europea a España.
La idea de que lo que hay que hacer para crear empleo es abaratar el trabajo y facilitar las condiciones de contratación en los mercados laborales “flexibilizando” las relaciones laborales, de la que parte el Pacto, se demostró que es falsa hace más de setenta años. Es la idea que supone que el empleo se crea solo en función del precio del trabajo sin considerar que el empleo depende, en realidad, de la demanda efectiva que haya en el mercado de bienes y servicios porque, por muy barato que sea el trabajo, si los empresarios no venden los productos que fabrican no contratarán trabajadores.
Por eso el Pacto del Euro es una falacia y un engaño como instrumento para crear empleo: abarata el salario pero como al mismo tiempo debilita el mercado de bienes y servicios porque éste depende del gasto que en su mayor parte realizan los trabajadores, resulta que hace imposible o dificulta, como hemos mencionado ya anteriormente, la creación de empleo. De hecho, los estudios empíricos demuestran que las condiciones que han sido más favorables para la creación de empleo en Europa en las últimas décadas no han sido las que tienen que ver con la flexibilidad en los mercados laborales sino con las condiciones macroeconómicas generales: nivel de salario, tipos de interés, actividad económica, que son precisamente las que deteriora el pacto del Euro (Engelbert Stockhammer y Erik Klär, "Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run". Cambridge Journal of Economics, 2011, 35; pp. 437–457).
Lo que sí conseguirá el Pacto del Euro será precarizar aún más el empleo en Europa, hacerlo más inseguro y temporal, además de más barato. Y, por tanto, menos productivo porque con la generalización de ese tipo de mano de obra será cada vez más difícil que se impulse en Europa la actividad económica de alto valor añadido y más competitiva. Lo que conseguirá el Pacto del Euro será especializar a Europa en la oferta de mano de obra barata vinculada a la oferta de servicios personales de baja calidad, como ya ha ido pasando con los países, como España, en donde se han ido adelantando estas políticas.
En lugar de hacer que Europa sea más competitiva, el Pacto del Euro convertirá a Europa en una especia de gran parque de atracciones de bajo costo del que solo se aprovecharán, como hemos dicho, las grandes empresas europeas que tienen mercados cautivos dentro y fuera de Europa y que son verdaderamente las que han impulsado este pacto y obligado a los gobiernos a firmarlo.
El tercer pilar del Pacto: el “incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
El Pacto recalca la necesidad de garantizar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficit presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se recomienda reformar el sistema de pensiones, el sistema sanitario y las prestaciones sociales, es decir, los gastos que tienen un impacto más directo sobre el bienestar social pero, eso sí, que significan provisión de bienes (pensiones privadas, sanidad privada, cuidados privados, etc.) muy rentables para las empresas privadas (Para entender las falsas razones en las que se basa el Pacto de Estabilidad puede verse, "¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda" de Juan Torres López).
En particular se recomienda “el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, “la limitación de los planes de jubilación anticipada” y el “uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad”, todo lo cual no sirve sino para debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización que es en realidad lo que se busca como hemos analizado con más detalle en otro trabajo (sobre la falsedad de esos argumentos puede verse Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón).
Además, en algunas recomendaciones adicionales la Comisión Europea propone también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos, es decir, simplemente proporcionar más suculentos negocios al capital privado porque no es cierto que las privatizaciones constituyan ingresos netos para las arcas públicas: se suelen vender a precios bajos, cuando no regalados, y no se tienen en cuenta los ingresos que se dejan de percibir desde el momento en que las empresas o servicios públicos pasan al sector privado.
Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones.
Esta recomendación del Pacto es profundamente antidemocrática y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico ya que significa, por un lado, proponer el blindaje de un determinado tipo de política económica, prohibiendo legalmente todas las alternativas posibles; y, por otro, impedir que los países con más atraso en la dotación de inversiones e infraestructuras sociales puedan recurrir en el futuro al endeudamiento que suele ser el único medios que permite conseguirlas. Es decir, significa condenarlos al atraso y al empobrecimiento.
Esta medida es, además de todo ello, profundamente inútil y a la postre solo va a provocar que haya mucha más deuda de la que se quiere evitar.
El Pacto del Euro ni siquiera va a conseguir reducir el déficit y la deuda con estas imposiciones porque es falso que para aliviar la deuda sea suficiente con limitar el gasto, tal y como han demostrado numerosos estudios empíricos como, por ejemplo, el de Mark Weisbrot y Juan Montecino Alternativas a la austeridad fiscal en España. Lo más probable es que estas medidas terminen produciendo una caída semejante o sustancial en los ingresos porque reducen la actividad y, por tanto, la generación de ingresos para las arcas del Estado, lo que al final impide que desaparezcan los desequilibrios presupuestarios. Con ellas solo se consigue aumentar el malestar social, las carencias sociales y e incluso la falta de los recursos públicos que precisa el capital privado para crear actividad y empleo.
El cuarto pilar del Pacto: el refuerzo de la estabilidad financiera.
En este punto se propone un programa de “coordinación de la política tributaria” pero sin que se determine de antemano. De hecho los Estados simplemente “se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política tributaria”, lo que muestra que la voluntad de avanzar hacia una necesaria hacienda europea con potentes figuras impositivas que promuevan una tipo de economía más productiva y sostenible con un reparto más justo de la renta o hacia la coordinación de la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal es nula.
En lo que se refiere a regulación bancaria únicamente se afirma que “efectuarán periódicamente pruebas rigurosas de resistencia bancaria”, una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía europea si se tiene en cuenta que las que se han realizado han sido un completo engaño: baste recordar que afirmaron que los bancos irlandeses se encontraban en perfectas condiciones y que solo unas semanas más tarde hubo que inyectarles 80.000 millones de euros para tapar sus agujeros patrimoniales.
En el caso de España la Comisión Europea también ha recomendado avanzar en el proceso de privatización de las cajas de ahorro, pero permitiendo que, antes de eso, se gaste dinero público en dejarlas saneadas. Con total desvergüenza, las autoridades que suscriben el Pacto y que en tantas ocasiones manifiestan su gran preocupación por el mal uso del dinero público recomiendan “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.
Finalmente la problemática de la deuda pública queda al amparo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como objetivo “salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro” y que tendrá como función prestar asistencia financiera a los países que lo demanden. Esa asistencia la efectuará la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional en colaboración con el Banco Central Europeo y se afirma en el Pacto que dicha asistencia se realizará “bajo unas condiciones estrictas” y tendrá que estar dirigido a “conseguir y conservar la mayor calificación de solvencia de las principales agencias de calificación crediticia”.
La asistencia financiera se realizará en forma de préstamos y de forma excepcional con la compra de deuda en los mercados primarios, pero siempre “con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico sujeto a condiciones estrictas”. Es decir, que el Pacto implica sujetar a Europa a la condicionalidad que siempre han usado esos organismos para imponer las políticas de ajuste neoliberal y cuyos resultados han sido nefastos en todos los países en donde se han aplicado.
Conclusiones
El Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social.
Es técnicamente deficiente porque se basa en simples concepciones ideológicas que no tienen más fuerza que el poder de quien resulta beneficiado con las medidas que se proponen.
El punto de partida del que parte (que para hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo) es doblemente falso.
Por un lado es falso porque la deuda que está provocando problemas gravísimos a muchos gobiernos europeos y a las empresas y familias no se ha originado porque las economías europeas sean poco o muy competitivas. La deuda pública generada en los dos últimos años es consecuencia de que los gobiernos han debido afrontar la crisis financiera que han causado la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada es el efecto de la pérdida de ingresos producida por las políticas, como las que ahora se vuelven a proponer, de reducción salarial que se han aplicado en los últimos años. Así lo demuestra el que la crisis y la deuda hayan afectado a países y economías con muy desigual nivel de competitividad.
Y es falso también porque no es verdad, como hemos comentado, que la causa de la deuda sean los salarios excesivos o que se pueda alcanzar más productividad disminuyéndolos.
Por lo tanto, el Pacto de Euro es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas porque diciendo que trata de luchar contra la deuda lo que provocará con el tipo de medidas que propone será que haya menos empleo, menos ingresos salariales y de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, que la deuda aumente en realidad aún más en el futuro. ¡Que es justamente lo que le interesa y pretende la banca! porque no hay que olvidar que el negocio que le proporciona beneficio y poder es precisamente la generación de deuda.
La lucha contra la deuda de los líderes europeos es solo aparente. Es falsa. La verdadera causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso de las rentas salariales de los últimos años y de la recaudación impositiva que han producido las políticas que vienen defendiendo. Lo que el Pacto del Euro dice que es luchar contra la deuda es, en realidad, una lucha contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población de ingresos más bajos para justificar de esa forma su conversión en negocio privado mediante las privatizaciones que propone. Buena prueba de ello es que el Pacto de Euro no haga mención alguna del gasto público dedicado a subvencionar a los grandes grupos empresariales, a la banca o a la industria militar a la hora de ahorrar dinero público. Si de verdad quisiera reducir el gasto improductivo ¿cómo es que no propone reducir este último?
Y el Pacto del Euro no solo es una estafa por lo que dice sino también por lo que calla, es decir, porque no aborda los verdaderos problemas de la economía y la sociedad europeas: nada se hace para garantizar que el sistema bancario funcione y vuelva a financiar a empresas y consumidores; nada se propone para frenar a los especuladores que son los que realmente provocaron la crisis y los que ahora se hacen de oro gracias a las emisiones de deuda; guarda silencio sobre el incremento espectacular de las desigualdades, o sobre el uso criminal de los paraísos fiscales dentro del propio territorio europeo…, por citar solo algunos.
El Pacto del Euro, en fin, es un engaño para ocultar que el problema radica en la propia constitución de la unión monetaria sobre bases técnicamente erróneas, antisociales y solo favorables para el gran capital empresarial y bancario.
Europa es cada vez más necesaria pero su constitución monetaria y política se acerca más al diseño de una dictadura que al de una democracia real y por eso las mujeres y los hombres decentes que aspiran a vivir en un mundo justo, respetuoso con la naturaleza y en paz con los seres humanos, debemos oponernos con fuerza a este nuevo intento del Pacto del Euro dedicado a someter a las personas a la única razón del beneficio privado.
La Europa del euro neoliberal ha dado ya de sí todo lo que podía dar y esto solo ha sido el incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y medianas empresas. Solo los beneficios del gran capital se benefician netamente del euro así que o se cambian las condiciones en que se encuentra Europa esclavizada por esta unión monetaria o no habrá otra alternativa que luchar por salir del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social y de cuyo contenido nos ocuparemos en un artículo posterior.
* Juan Torres López (http://www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.
Alberto Garzón Espinosa (http://www.agarzon.net) es investigador en la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Ambos son editores de www.altereconomia.org
* Rebelión - 13.06.11
Sobre el #15J en Barcelona.- Qui són els violents?
QUI SÓN ELS VIOLENTS? por animalrightsfight
* Consciencia.cat - http://www.dailymotion.com/video/xjblel_qui-son-els-violents_news - 15.06.11
Riaza.- Pelotazo urbanístico de 800 chalés y un campo de golf en una aldea de siete vecinos
En los años ‘60 y ‘70, cuando se produjo una gran emigración de los pueblos a la ciudad, muchos municipios quedaron semidesiertos. Segovia no se libró de la despoblación. Una normativa de 1977 permitió que su gestión se incorporase a un término municipal más grande. Diez pedanías de Segovia se unieron entonces a Riaza. Una de ellas fue Aldeanueva del Monte, un pueblo que llegó a tener más de 200 vecinos.
Casi todos los vecinos emigraron a Burgos, Madrid o Bilbao. Los pocos vecinos que hoy habitan allí denuncian que el Ayuntamiento ha mantenido en el abandono a Aldeanueva del monte. Sus calles están sin asfaltar, el acceso al agua potable se cortó el año pasado y sólo hace cuatro años se hizo la carretera de acceso. El edificio de las escuelas de Aldeanueva del Monte se ha mantenido en pie, hasta hace unos años, cuando fue reducido a escombros. La maestra de esas escuelas fue precisamente la madre de uno de los vecinos que hoy luchan por mantener el municipio libre de especulación, Rafael Alonso, durante siete años presidente de la Asociación de Vecinos de Aldeanueva del Monte. “Han dejado caer las casas y ahora quieren construir 800 viviendas y un campo de golf. Ése es el modelo de desarrollo para nuestros pueblos: la especulación”, denuncia Alonso.
Esta macrourbanización va a permitir a los dos propietarios, los hermanos Francisco Velázquez de Cuéllar y Nuño y Eva Velázquez Nuño, dueños del 90% de los terrenos, 177 hectáreas, multiplicar el valor de sus tierras por cien. Los dos terratenientes adquirieron los terrenos para uso agrario y ganadero de la mano de otro propietario que aprovechó la desesperación de muchos campesinos que tuvieron que vender sus campos a precios irrisorios para poder emigrar.
En 2004, Eva Velázquez, casada con un italiano, Mario Pabaroni, que posee varias urbanizaciones en la Costa del Sol y otros negocios, creó junto Francisco Velázquez una sociedad llamada Riaza Golf, constituida tras la escrituración de sus terrenos en Aldeanueva del Monte. El registro de esas tierras fue polémico porque incluyeron como su- yos terrenos que no les pertenecían. Francisco Velázquez ha declarado a DIAGONAL que la urbanización significará “progreso” para el pueblo y que “es necesario generar desarrollos urbanísticos, porque tenemos muchas virtudes ambientales y paisajísticas que ofrecer”.
El proceso por el cual se ha llegado a la reclasificación de los terrenos ha sido bastante anómalo. En 1994, un alcalde del PP, Mariano García, aprobó unas normas urbanísticas, que contemplaban la petición de los hermanos Velázquez de convertir sus propiedades de Aldeanueva en suelo urbanizable. Entonces se aprobó una edificabilidad de 177 hectáreas, con 10 viviendas por hectárea, es decir 1.700 viviendas. Pasaron 10 años y no se llevó a cabo ese plan urbanístico. Según la Ley del Suelo, si en un periodo máximo de ocho años no se ha desarrollado ese plan, el Ayuntamiento puede desclasificar los terrenos, porque se entiende que no existía necesidad social de viviendas y que el propietario no ha cumplido con la obligación adquirida.
Conforme a la ley, en 2004, la alcaldesa del PSOE, Andrea Rico, con el apoyo del concejal de Los Verdes, decidió desclasificar el suelo y volver a calificar como rústicos esos terrenos. Para ello, el arquitecto municipal elaboró un documento y, tras las alegaciones, se envió para su aprobación definitiva a la Comisión de Urbanismo de Segovia. El arquitecto responsable de esa comisión, Ángel Beloqui, exconcejal del PP en Segovia y número 13 en la lista al Ayuntamiento de esa ciudad en las últimas elecciones, pidió completar el estudio y en un principio lo echó para atrás, aunque finalmente lo dio por bueno.
Tres años después, en 2007, los propietarios de esos terrenos recurrieron la medida del Ayuntamiento y en 2010, el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, del PP, anuló el expediente de la alcaldesa de Riaza por defecto de forma y devolvió el expediente al Ayuntamiento. Entonces, Cerezo, nuevo edil del PP, en lugar de continuar con dicho expediente, acordó con los propietarios mantener rústicas 90 hectáreas y urbanizables otras 90, que incluirán un campo de golf.
Una artimaña especulativa
Francisco Velázquez explica que “el alcalde actual es consciente de que hay que desarrollar el turismo y un campo de golf por encima de todo. Eso da caché. Querían que Riaza fuera una zona bucólica, un jardín de flores con Alicia en el país de las maravillas”, afirma.
Según Ecologistas en Acción de Segovia, “el procedimiento para la transformación de los terrenos a rústico fue legal. Lo ilegal fue la decisión del consejero de revertir los terrenos a urbanizables, ya que carecía de competencias para ello”, aseguran. Ecologistas y la Asociación de Vecinos de Aldeanueva acaba de presentar alegaciones y la solicitud de anulación de la orden de la consejería. La exalcaldesa del PSOE plantea que “tras 10 años sin ejecutar el plan, se retrotrajeron los terrenos a rústicos porque había finalizado el plazo, según la ley. Si hubo una falta de procedimiento, la comisión territorial lo tenía que haber visto entonces”. La entonces alcaldesa del PSOE asegura que esta artimaña de la Junta de Castilla y León “es, sin duda, por motivos especulativos”.
El entorno de Riaza es una zona muy castigada por grandes urbanizaciones. A un lado está la estación de esquí de La Pinilla, construida sobre un antiguo glaciar en el Pico del Lobo. Su urbanización, a 15 minutos de Riaza, fue ejecutada por decreto en los ‘70, basándose en la ley franquista de Zonas de Interés Turístico y, aunque da muchas pérdidas, es mantenida y gestionada por el Ayuntamiento de Riaza.
Al otro lado se encuentra otra urbanización llamada Pradopinilla, con 660 viviendas en parcelas de 2.500 metros cada una, que quedaría a menos de un kilómetro de la nueva urbanización que se pretende construir en Aldeanueva del Monte. Todo esto, además de gran cantidad de terreno de Riaza reclasificado para seguir construyendo.
El proyecto, cuya fase de alegaciones terminó en mayo, ha sido diseñado por tres arquitectos: Tomás Sanz Arranz, administrador único de Torsa Ardecor, arquitecto en la órbita del PP, salpicado por el caso de corrupción de los miniapartamentos de Segovia, y los arquitectos madrileños Antonio Arrechea Fúster y Juan José Arístegui Ruiz que diseñaron el campo de golf del Canal, en Madrid, rodeado de polémica por haber sido construido por empresas vinculadas al cuñado y el hermano del número dos del PP de Madrid, Ignacio González.
Si se ejecutan las 800 viviendas y el campo de golf en Aldeanueva, como todo apunta, esta zona de Segovia sufrirá otro mazazo ambiental y se sembrará un paisaje de cemento con la sierra de fondo.
* Diagonal - Mª José Esteso Poves - 16.06.11
Foto: Riaza (Segovia), aldea macrourbanización - Ecologistas_en_Accion.jpg
.................................... Leer más...
La rebelión de los hipotecados ante los desahucios se extiende
Desde las 9.30 de la mañana cientos de personas se apostaban en la puerta del número 14 de la calle Naranjo para evitar que un secretario judicial notificara el desahucio de una familia libanesa – Anuar, su mujer y su hija de 15 años – por no poder hacerse cargo de la hipoteca. Su historia, la de miles de personas en España cada mes, tiene el agravante de la desprotección social que supone ser inmigrante. El banco BBVA le oferció un préstamo de 215.000 euros a pagar en 37 años para comprarse el piso en el que vivían en alquiler. Pensó que con los ingresos de la panadería que regentaba podrían salir adelante, pero llegó la crisis, el negocio se arruinó y hasta ahora ni siquiera ha podido terminar de devolver los intereses del crédito. Si el embargo se llevara a cabo (que todavía puede llevarse; lo de hoy es tan solo una suspensión), el piso de esta familia pasaría a propiedad del banco, que podría revenderlo al 50% del valor original de tasación. Pero Anuar tendría que seguir pagando su deuda, ya sin casa. Por eso la principal reclamación de la plataforma Afectados por la Hipoteca es que se aplique en España la fórmula de la “dación en pago”, o lo que es lo mismo, que entregando la casa se condone la deuda.
El número de familias que ha perdido su vivienda por procedimientos de desahucio marcó un récord histórico en los tres primeros meses de este 2011. Hasta 15.491 familias (multipliquen para hallar el número de personas) han perdido su casa, un 36,3 por ciento más que en el mismo período del año anterior.
Cómo pasaron a la acción los “afectados por las hipotecas”
Durante la última semana una noticia ha rulado por las redes sociales provocando la indignación de muchos usuarios: “Un padre de familia a punto de ser desahuciado se ahorca en plena calle”. El hombre, electricista hasta que llegó la crisis y perdió su trabajo, vivía en una casa de protección oficial junto a su mujer y su hija menore de edad donde entró ‘de patada’ tras ser desahuciado de la casa del alquiler donde vivía. Muchos desconocían que la noticia no era reciente, sino de noviembre de 2010. Pero una de las consecuencias del movimiento 15M perceptible en las redes sociales ha sido el agravamiento de la crítica a las consecuencias de esta crisis financiera, su gestión y el impacto sobre la ciudadanía.
En el reportaje Solidaridarios con Sol, en el que entrevistábamos en video a personas que contribuían a la acampada madrileña con agua, comida, libros o incluso sus propios baños para que los manifestantes pudieran asearse, explicaba fuera de micro porque se acercaba con su hija pequeña cuando salía del trabajo a ese invernadero en el que los días calurosos se convertía esa pequeña ciudad de toldos. “Porque ya que tengo trabajo y casa, ya que por horarios y mi hija no puedo dormir aquí ni pasar tanto tiempo como ellos, al menos quiero contribuir trayendo lo que necesiten. Esto ya no se trata de izquierda o derecha, se trata de un sistema político que no nos protege. No se respetan las reglas. No puede ser que un hombre con cuatro hijos pierda su trabajo y le echen de su casa”.
La Plataforma que se fundó en 2009 en Barcelona para, ante el aumento disparado de los desahucios como consecuencia del aumento de las personas desempleadas, organizar a las personas que “a diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido”. Pero muchas de ellas, además de perder sus puestos de trabajo, se enfrentan a cuotas de pago que no pueden afrontar, y cuando pierden sus hogares, en muchos casos mantienen la deuda.
Conversamos con Lucía Delgado, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Barcelona. “Todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros y que han sufrido intentos de desalojos, hasta ahora unos 12, los hemos podido paralizar. Nuestras tres exigencias básicas son: la regulación de la dación en pago, la condonación de la deuda de la persona que está hipotecada, la moratoria del propio desahucio y que esta o estas personas puedan vivir en régimen de alquiler a un precio asequible en la propia vivienda”.
Lucía nos atiende por teléfono en plena calle. Acaban de conseguir paralizar un el primer intento de desahucio en Barcelona. “En algún caso hemos conseguido daciones en pago, es decir, que el propio Ayuntamiento realoje a las familias y en otros casos que la entidad financiera le hiciera un contrato de alquiler”. Pero la actividad de esta Plataforma, conformada por personas implicadas desde hace años en movimientos sobre el derecho a la vivienda y otros preocupados “porque era evidente ya antes de 2009 que la burbuja inmobiliaria provocaría esta situación cuando explotase”, no se limita a la acción directa sino también al asesoramiento legal, yendo a las subastas de las viviendas para impedirlas… “Creamos la organización para dar respuesta a una situación que nos atañe y que es que mucha gente accedió a una vivienda con un sobreendeudamiento porque no había parque de alquiler asequible y porque las condiciones eran mejores hipotecándote que alquilando”.
Lucía no limita los éxitos a los desahucios impedidos, sino que subraya el cambio de la percepción social. “Cuando empezamos a trabajar en 2009 mucha gente se culpabilizaba de, además de no tener trabajo, de no poder hacer frente a la cuota. Hemos incidido mucho en las asesorías colectivas para borrar ese sentimiento de culpabilidad, invertirlo y responsabilizar a quien realmente tiene la culpa. Nosotros no negamos nuestra parte de responsabilidad, pero también tienen que asumirla las entidades financieras, a las que se les apremia después de haber concedido créditos a personas que no cumplían unos mínimos”.
El crecimiento ha crecido a partir del 15M y Democracia Real Ya y cada día son más las plataformas y ciudadanos de toda España que se organizan para impedir desahucios.
¿Pero cómo es ese momento? “Somos muy positivos. Siempre decimos que la dación será aprobada finalmente, y que el desahucio será parado. Pero, igualmente, lo preparamos con mucho cuidado y con antelación. Por ejemplo, hoy en el desalojo de Matías en Barcelona. Mucha de la gente que viene no conoce el caso así que contamos quién es Matías, por qué ha dejado de pagar la hipoteca, y cómo nos oponemos mediante la resistencia pacífica. Lo único que hacemos es impedir el paso de la comitiva judicial físicamente con nuestros cuerpos. Nuestros lemas y nuestras pancartas son nuestras únicas armas”.
Justo ese mismo día, el martes, el PSOE y el Partido Popular votaban en contra de la dación como forma de pago, aunque ya una sentencia en enero de este año de la audiencia provincial de Navarra obligó al BBVA a aceptar la casa como forma de saldar la deuda.
Para hoy jueves, ya hay convocado otra acción para evitar un desahucio en Madrid. Se ha organizado en menos de 12 horas.
* Periodismo Humano - 16.06.11
Foto: Perder el trabajo y, por tanto, perder los papeles te sitúa en situación de total indefensión ante el banco, según las organizaciones convocantes - periodismohumano
.................................... Leer más...
Santa Cruz.- El TSJC da dos meses para pagar el Barranco de Santos
Después de que hace algunos meses el TS anulara 23 de las 61 ocupaciones llevadas a cabo para construir la vía arterial, la sentencia ha sido ya remitida al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dará un plazo de dos meses a la Gerencia de Urbanismo para que le dé cumplimiento de forma voluntaria.
En este tiempo, el tribunal canario hará una nueva valoración y a partir de aquí se fijará el nuevo precio. Los abogados que ganaron esta sentencia, a cuyo frente está el letrado Ángel Luis Guimerá Ravina, calculan que el precio final de la expropiación podrá ascender fácilmente a los 4,5 millones de euros, una cantidad que difícilmente podrá abonar ahora la Gerencia de Urbanismo dadas las limitaciones presupuestarias que tiene durante el presente ejercicio.
Vara de medir
El problema será mayor aún en caso de que finalmente el Supremo use la misma vara de medir con el resto de las expropiaciones que se realizaron a lo largo del barranco de Santos. En total, la Gerencia de Urbanismo empleó 2,5 millones de euros, cifra que ahora se podría multiplicar también por siete y sumar 17,5 millones de euros más los intereses devengados. Precisamente, la importancia del fallo radica en que podrá afectar a todas las expropiaciones situadas en laderas llevadas a cabo a lo largo de este barranco para ejecutar la vía arterial e incluso en todo el municipio.
En concreto, la Gerencia de Urbanismo y el Jurado Provincial de Expropiación habían restado valor a los terrenos debido a que estos se encuentran en pendientes del 45,32%, lo que ahora es descartado. Según este grupo de abogados, la sentencia implica que esta disposición, incluida en el Plan General de Ordenación (PGO) actualmente en vigor, es nula y redujo el valor de los solares en un 60%. El TS, dictamina que no es posible reducir el valor del suelo urbano aunque esté en una pendiente.
La expropiación anulada ahora se corresponde con 3.500 metros cuadrados entre la avenida de Los Asuncionistas y el puente Zurita que se ocuparon en el año 1999 para realizar la primera fase del Barranco de Santos. Se da la circunstancia de que se trata de uno de los terrenos con mayor edificabilidad del centro.
* La Opinión Tenerife - 13.06.11
Foto: Santa Cruz deTenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
.................................... Leer más...
Jueces para la Democracia pide que la dación de la vivienda libere de la hipoteca y que se regule el sobreendeudamiento
JpD propone que se aprueba una norma legal que permita "extender" el artículo 11 de la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos a los contratos para la adquisición de bienes inmuebles destinados a vivienda familiar y a los contratos cuyo objeto sea la financiación de dichas adquisiciones.
Jueces para la Democracia ha expresado su "preocupación" por la existencia de una legislación que provoca "una importante situación de indefensión de los ciudadanos en el ámbito hipotecario". En este sentido, ha asegurado que se han producido en los últimos años unas prácticas bancarias "de concesión desmedida y abusiva de créditos, que han tomado como base tasaciones de inmuebles avaladas habitualmente por los bancos, las cuales se han revelado a menudo como poco rigurosas".
"En una situación de crisis como la presente, de la que son especialmente responsables las entidades financieras, ello ha provocado la imposibilidad de pagar dichos préstamos y un elevado aumento de las ejecuciones hipotecarias y de los desalojos de numerosos ciudadanos, que han perdido sus viviendas y los ahorros invertidos en ellas", ha lamentado el colectivo.
Además, ha indicado que la "responsabilidad universal" establecida en la actual legislación provoca que estos ciudadanos "pierdan su hogar y además queden hipotecados de por vida, ante la deuda pendiente de amortización", lo que JpD considera "manifiestamente injusto".
Por otro lado, la asociación de jueves ha criticado que la actual legislación concede "importantes privilegios y ventajas procesales" a las entidades bancarias en el ámbito de la ejecución hipotecaria y, correlativamente, "limita el derecho de defensa de los ciudadanos". Asimismo, esta legislación "no contempla una protección específica del derecho fundamental a la vivienda".
* La Vanguardia - EP. - 14.06.11
Foto: Casa Vacía - 20minutos.es
.................................... Leer más...
La falsedad y el predominio global mediático
GERMÁN URIBE* : Si algo ha venido diluyéndose a una velocidad vertiginosa en el entorno de nuestras vidas, ello es la fidelidad a la verdad, particularmente por parte de quienes ejercen la función de informar, es decir, por parte de los periodistas que son los verdaderos proveedores de noticias en el espectro mediático que hoy por hoy está alcanzando la categoría de poder definitorio en la sociedad de estos comienzos del siglo XXI.
La globalización le ha insuflado una vida tan irresistiblemente dinámica a los medios de comunicación y le viene aportando un impulso tan arrollador y sorprendente, que hace de estos ya no un cuarto sino casi un primer poder, extremadamente peligroso si se observa que ha inspirado al cada vez más reducido número de poderosos propietarios de medios a construir primero, y luego a creerse, un contenido informativo que asimilan como la única verdad de la que disponen pueblos y gobiernos para encauzar sus vidas, sus políticas y su futuro. Es probablemente un nostálgico pero condenable retorno a la época aristocrática griega durante la cual eran los poderosos quienes determinaban en donde estaba lo verdadero, y en donde lo falso.
Juan Linares, en Semana.com (04/03/2011), nos pinta un cuadro estremecedor aunque fidedigno al respecto: "Así el periodismo, que antes era una especie de servicio social, hoy defiende al capitalismo globalizado a través de siete grupos multimedia que controlan el 70% de los medios de comunicación mundial. Estas siete corporaciones: Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom y General Electric, controlan la TV, los satélites, las agencias de noticias, las revistas, las radios, los periódicos, las editoriales, la producción cinematográfica, la conexión a Internet, la distribución de películas, etc. Estos siete fantásticos son los que marcan la agenda de la guerra o de la paz en los países petroleros, les dictan las “nuevas ideas” a nuestros gobernantes e imponen sus valores culturales a nuestros pueblos."
Para muestra, el más reciente botón: Libia. Y los botones que seguramente vendrán: Siria, Irán, Yemen, Pakistán, ¿Venezuela?...
Y el mismo Linares, haciendo mención al tema de verdad y periodismo, dice que la verdad es la " piedra fundacional sobre la cual se asienta el periodismo". Debió decir más bien "sobre la cual está obligado a asentarse el periodismo", puesto que más adelante puntualiza que esa "verdad" periodística pertenece "al censo de las palabras sospechosas", dicho por nosotros ahora, no solamente sospechosa, sino difusa y desteñida y en un alto porcentaje simplemente desaparecida.
Si tenemos en cuenta la definición -muy aproximada- de objetividad periodística como aquella coincidencia entre la realidad y su escrupulosa descripción, sabemos de antemano que estamos hablando de materia extraña a los mandamases de los medios y sus subalternos comunicadores, porque mientras estos continúen aferrados a la práctica de la interpretación como la regla que domina la información, ni la sinceridad, ni la objetividad, ni el derecho a las noticias veraces, ni el interés de la comunidad, podrán salir bien librados.
Alguien hablaba recientemente de los riesgos que corría la prensa no tanto por los avances de la Internet que viene engulléndolo y agitándolo todo, como por la insistencia para que la objetividad -reclamo medular en este tema- permanezca como el prurito de la misión periodística. Decía el extravagante aunque gracioso analista que la objetividad hacía del periodismo algo vacío y frio, restándole la pasión innata al vértigo noticioso y dejando a los diarios y a los medios en general "sin sangre y sin alma". Vaya, vaya, manera desvergonzada ésta de buscar rentabilidad en un trueque entre el uso y abuso de la verdad y el rating o las tiradas millonarias que generen espléndidos beneficios económicos a los patrones y "señores" de la industria mediática.
Habría que notificarlo de una vez: la verdadera enfermedad del periodismo contemporáneo no es el manipuleo que se permite "sufrir" por parte de las ideologías. Ni tampoco de manera exclusiva su rendida pleitesía al poder político y a las recurrentes "versiones oficiales". Ni su alienación en los rendimientos económicos. Ni siquiera sus turbios conceptos éticos. Ni la sobradez con la que a menudo se muestra fungiendo como la dueña y señora de la "verdad" -su verdad, sí, en su delirio quizás, pero no la verdad nuestra- que, poco a poco y de manera casi imperceptible, ha venido convirtiendo en propiedad privada.
No. La verdadera enfermedad del periodismo de nuestros días y que terminará por hacer colapsar la reinante preponderancia mediática, autodestruyéndola, es su desprecio por la objetividad. Porque no es otra que la falsedad la que nutre al globalizado monopolio mediático.
Pienso que lo único que puede hacer prevalecer la verdad y rendirle tributo a la objetividad en el fangoso mundo actual del imperio y la tiranía mediática, es la pasión amorosa -personal e individual- por el periodismo y el culto por su función social que seguramente anida en el alma y la inteligencia de numerosos honestos periodistas dispersos ellos por todo el el mundo.
Finalmente, "entredicho", dice el Diccionario de la lengua española, Wordreference, uno de los más visitados de la Internet, es la "duda que recae sobre algo o alguien, especialmente sobre su honradez o veracidad". He allí descrito en dos términos críticos mi punto de vista sobre la actual supremacía mediática, engendrada por la inagotable audacia del capitalismo y convenientemente globalizada para favorecer sus intereses.
* Rebelión - opinión - 13.06.11
La Xunta admitirá industrias en áreas de máxima protección ecológica
El primer paso lo dio la Xunta hace unas semanas cuando declaró las piscifactorías de "interés público de primer orden" en Galicia para agilizar así la tramitación de las plantas que establezca un nuevo plan acuícola que debería estar listo en agosto. Ahora, la Consellería de Medio Rural abre la puerta a situar estas plantas en las zonas con más valor ambiental, ya que los proyectos solo deberán superar una evaluación ambiental que depende de la propia consellería.
La diferencia para la Xunta entre los prohibidos aprovechamientos eólicos, fotovoltaicos e hidráulicos o las minas a cielo abierto y la favorecida acuicultura es "la propia afección al espacio". El titular de Medio Rural, Samuel Juárez, consideró ayer durante la presentación del plan, en el que estuvo acompañado por el director general de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón, que las posibles alteraciones del medio son "la motivación principal". Juárez explicó que hay actividades que se pueden realizar en otras zonas fuera de la Red Natura, pero no así la acuicultura, que tiene que estar cerca del mar y "casi toda" la costa gallega está protegida "por uno u otro motivo". El conselleiro incidió en que los hábitats a proteger pueden no estar a lo largo de todo el litoral, sino en zonas determinadas. "Si está en un área pequeña, es perfectamente compatible", defendió.
La Xunta cree que está de su parte la directiva europea de los hábitats -que instauró esta red ecológica hace 19 años- y el titular de Medio Rural no se cansó de repetir durante la presentación del plan que debería haber estado listo en diciembre del pasado año y que "en ningún momento las directrices hablan de excluir la acuicultura". "Y lógicamente este plan no lo excluye". El punto sobre el que se apoya la Xunta, el artículo 6.4 de la norma comunitaria, sostiene que el proyecto se puede realizar a pesar de las repercusiones negativas para el lugar si se trata de "razones imperiosas de interés público de primer orden". Una relevancia que la Xunta ya le ha concedido a la acuicultura. Aun así, el Gobierno gallego debería adoptar "medidas compensatorias".
Para el representante de la asociación ecologista Adega en el Consello Galego de Medio Ambiente -un órgano de consulta de la Administración-, Fins Eirexas, es diferente la interpretación que de este artículo puede hacer la Comisión Europea. "¿Cómo puede ser compatible si lo primero que hace es destruir el espacio?", cuestionó. Juárez insistió: "Hay que procurar que la afección sea la menor, pero no se excluye esta actividad".
También se autorizarán dentro de la Red Natura las actividades industriales que Medio Rural considere compatibles con la protección, aunque Juárez no especificó cuales. "Depende del espacio, habrá que ver la posible afección", dijo, antes de indicar que los proyectos se examinarán "caso a caso" y deberán pasar una evaluación ambiental. La construcción de carreteras y gasolineras, sin embargo, quedarán limitadas a las zonas media y baja de protección y, dijo, no se permitirán "de cualquier manera". "Tenemos la obligación legal de que cuidar que los espacios no se alteren de forma importante o irreversible", dijo. En estas áreas también se autorizarán explotaciones agrícolas que hasta ahora estaban prohibidas, mientras que la construcción de viviendas estará limitada a los núcleos de población ya existentes, la mayoría englobados dentro de las áreas de protección baja.
En la presentación en el Parlamento del Plan Director de Rede Natura a finales de abril, Juárez explicó que en el área de máxima protección -un 26,3% de la Red Natura, que equivale a 102.000 hectáreas- sería la más restrictiva en cuanto a usos y en ella solo se admitirían actividades económicas tradicionales compatibles. En aquella presentación, el conselleiro obvió toda mención a las piscifactorías.
Un documento que llega con seis años de retraso
- El Plan Director debía estar listo en 2005. Las prórrogas de la Unión Europea se acabaron en diciembre del pasado año.
- Medio Rural establece tres zonas de usos: la más restrictiva, llamada de conservación, representa el 26,3% de la Red Natura. En la de conservación, con un 67,7%, entrarán las zonas más humanizadas y se regularán actividades no tradicionales junto a carreteras y gasolineras. Con un alto nivel de urbanización estará la tercera área, que representa un 6% del total.
- La Xunta considera que un 27,3% de la Red Natura tiene un alto estado de conservación, en un 54,9% es alto, en un 8,5% es medio y muy bajo en el 4,7% del territorio protegido.
- Juárez defiende que con el Plan Director habrá más seguridad jurídica y más claridad sobre qué actividades están permitidas y cuales no lo están.
- El conselleiro espera "abundantes" alegaciones al decreto que desarrollará el plan: "Lo malo es que no las haya", dijo.
- El plan prohíbe aprovechamientos eólicos, hidráulicos o fotovoltaicos así como la minería a cielo abierto, pero permite la repotenciación, modificación, modernización o ampliación de los mismos, previa evaluación de impacto ambiental.
- El documento, elaborado por el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural de la Universidade de Santiago, comienza hoy su periodo de exposición pública. A continuación se elaborará un borrador de decreto al que se podrán hacer alegaciones y, finalmente, lo aprobará el Consello de la Xunta.
* El País - 14.06.11
Foto: Piscifactoría Galicia - elpais.com
.................................... Leer más...
PSOE y PP vuelven a rechazar la 'dación en pago' en el Pleno del Congreso
No ha sido la primera vez que las principales formaciones parlamentarias suman fuerzas contra una reforma de este tipo. El pasado mes de febrero ya lo hicieron con una iniciativa de IU-ICV, si bien ahora se da la circunstancia en que el Congreso, a instancias de PP y ERC, ha creado una subcomisión parlamentaria para estudiar las "prácticas abusivas" en los préstamos para una vivienda y la posibilidad de impulsar la conocida como dación en pago.
Pero el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha justificado por "responsabilidad política y pedagogía" la defensa de esta iniciativa en estos momentos, así como "advertencia" para evitar que la subcomisión es una mera estrategia de distracción. En este sentido, ha expresado su temor de que esta "voluntad de reforma" no sea compartida por el PSOE y el PP.
La socialista Ana Fuentes ha recalcado que la subcomisión se ha creado para tomar las "medidas adecuadas" para hacer frente al so problemas suscitados por la burbuja inmobiliaria. Pero ha remarcado que "no entiende que al solución sea la dación en pago", pues podría llegar a encarecer hasta en un 20% los precios de las hipotecas. "Y no vamos a tomar medidas que comprometan la recuperación", ha remarcado, pidiendo "realismo" a Jorquera y no crear "falsas expectativas" entre los ciudadanos.
El 'popular' Pablo Matos ha remarcado que el sistema hipotecario español es "enormemente desproporcionado y a veces injusto", como ha puesto de manifiesto una crisis agravada por la "incompetencia del Gobierno. Pero ha asegurado que el ámbito para revisarlo es la subcomisión para conocer "pormenorizadamente" su impacto en sistema financiero español.
ERC DENUNCIA UN DISCURSO POLÍTICO AL SERVICIO DE LA BANCA
No obstante, el diputado de ERC Joan Tardá, cuya formación también ha instigado la creación de esta nueva subcomisión que el debate sobre la dación en pago está mostrando que el discurso político está al servicio de la banca, aun a costa de "arruinar a familias enteras".
Su compañera de grupo parlamentario y parlamentaria de ICV, Nuria Buenaventura, ha expresado su coincidencia al 100% con las palabras de Jorquera, cuya propuesta le resulta "enormemente coherente".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vivienda y diputado de CiU, Pere Macías, ha señalado que la subcomisión debe actuar "con máximo rigor institucional", motivo por el que se ha decantado por la abstención, si bien ha expresado su "comprensión" por la intención del BNG de dar atención a estos problemas.
* Europa Press - 15.06.11
Foto: casa-euro - eleconomista.es
.................................... Leer más...
Detenido el director de la Autoridad Portuaria de Baleares
El titular del juzgado, Antoni Rotger, ha ordenado esta mañana los tres registros, ninguno de ellos en la sede de la APB, y luego se ha procedido a la detención de Matías y de otras dos personas, imputados de los delitos de malversación de caudales público, fraude a la Administración y cohecho.
Uno de estos dos detenidos es un hombre que responde a las siglas de J.L.C.E.
Al menos Matías y el detenido J.L.C.E. permanecen en estos momentos en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Palma en espera de prestar declaración ante la policía y pasar, en su caso, a disposición del juez.
La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones a lo largo de hoy o de los días sucesivos, han indicado las mismas fuentes.
Ángel Matías ya está imputado en este caso de supuesta corrupción, en el que también figuran imputados, entre otros, el presidente de la APB, Francesc Triay; el expresidente de esta institución Joan Verger; el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el exsocio de este, Gonzalo Pascual.
Matías, cuyo despacho de la sede de la APB en Palma fue registrado el pasado diciembre, cuando se puso en marcha la operación Mar Blau, ya declaró entonces ante la policía.
En este caso de supuesta corrupción se indaga si se produjo un trato de favor por parte de directivos de la APB hacia la empresa Trapsayates, que era propiedad de Díaz Ferrán y que resultó adjudicataria de los dos concursos investigados de concesión de amarres en Mahón y en Ibiza.
* Público - EFE - 14.06.11
Foto: Ibiza - mma.es
.................................... Leer más...
Mas y otros consejeros llegan al Parlament en helicóptero para eludir a los indignados
Los primeros diputados del Parlament de Cataluña han comenzado a entrar en el recinto entre abucheos por parte de los indignados concentrados a las puertas del recinto y un fuerte cordón policial. Entre los parlamentarios que ya están dentro se encuentra el ex ministro Celestino Corbacho y el portavoz del PP, Enric Millo, entre otros. Además un grupo de indignados han pintado con spray rojo al ecosocialista Joan Boada, exsecretario general del Departamento de Interior en la anterior legislatura. Otros políticos también han sido increpados, y al secretario general de ICV, Joan Herrera, que iba acompañado de Jordi Miralles, le han tirado una piel de plátano. Han pintado una cruz negra en la gabardina de la exconsejera de Justicia Montserrat Tura, quien ha dicho que si el Movimiento quiere ganar prestigio "no se puede basar el en espray y marcar a las personas como si fueran dianas". Ernest Maragall, exconsejero de Educación, ha recibido un empujón.
Centenares de indignados siguen concentrados a las puertas del recinto, donde se halla el Parlament de Cataluña, que ha sido cerrado y acordonado por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana para evitar que los miembros de movimiento 15-M acampen frente a la Cámara catalana y consumen su intención de impedir hoy que entren los diputados para debatir y votar los presupuestos de la Generalitat con nuevos recortes en políticas sociales.
Los primeros enfrentamientos entre manifestantes y los agentes se han producido a primera hora en la confluencia de las calles de Wellington y Pujadas, donde se acumulan decenas de personas frente a la barrera policial, que ha facilitado el paso de una caravana de coches de los Mossos en los que viajaban los trabajadores de la Cámara autonómica. Los Mossos d'Esquadra tratan de abrir una línea para que puedan entrar los coches oficiales.
Los grupos parlamentarios han pedido en bloque a los indignados que "respeten" el derecho de los diputados a realizar su trabajo en una jornada tan trascendental como la del debate presupuestario, si bien todos han coincidido en que las protestas de este colectivo son "legítimas".
Los indignados catalanes tenían planeado acampar frente al Parlament después de abandonar oficialmente el pasado domingo la plaza de Cataluña de Barcelona como lugar central de la protesta. El Ayuntamiento de Barcelona ya había anunciado el lunes que cerraría el parque para evitar la acampada y que lo hacía a petición del Departamento de Interior de la Generalitat. El cierre se ha hecho efectivo, impidiendo así el acceso de la gente al parque, sin distinciones, e invitando a salir a los que estaban dentro, entre ellos algunos de los indignados que ya habían llegado a la zona pertrechados con elementos para poder pasar la noche, como sacos de dormir y tiendas de campaña.
“Que ellos se hayan encerrado dentro y nosotros estemos fuera resultado ridículo”, lamentaba una mujer, de 30 años, que ha preferido no identificarse. Ella dormía en el parque cuando se acercaron unos agentes de la Guardia Urbana y le pidieron que se marchase por motivos de seguridad. “¡Es un sitio público!”, aducía. La imagen de un parque repleto de Mossos d’Esquadra y Guarda Urbana ha sido objeto de burla por los indignados. E incluso de reproche de otras épocas, cuando la Ciutadella era fortín.
Al grito de 'no pasarán', los 2.300 'indignados', según cálculos de la Guardia Urbana de Barcelona, debatían ayer en asamblea las acciones a desarrollar durante el pleno parlamentario. Pero lo prioritario para ellos es impedir el paso de los 135 diputados del Parlament.
Interior les ha recordado que incurrirían en un delito si no les dejasen entrar, pero los acampados consideran que no siempre todo lo justo es legal y añaden que su protesta es "no violenta, pacífica y masiva". El Departamento de Interior ha tratado de negociar con los indignados y convencerles de que abandonen la entrada al Parlament. Al menos dos personas acudieron a una reunión. Y dejaron debida cuenta de ello. Pasadas las 10 de la noche, colgaron en Internet el audio del encuentro con el subjefe de la región policial de metropolitana de Barcelona, el intendente Antoni Verger.
En la grabación, que dura poco más de seis minutos, se escucha al responsable del cuerpo policial intentar negociar con ellos. “Tenemos la obligación de intentarlo, hablar con vosotros y mantener una interlocución”, les dice, cuando los jóvenes aseguran que no representan a nadie. Les ofrece que acampen en el paseo Picasso o en el de Lluís Companys, pero les recuerda que su obligación es que la sesión del Parlament “se pueda llevar a cabo” y que el objetivo es hacerlo de forma “no contundente”. “Todo lo que se pueda hablar antes, durante la convocatoria y la concentración, mucho mejor”, añade.
“No podemos llegar a este acuerdo porque no somos nadie, hay un problema de representación”, responde el miembro del movimiento, que avanza también que dormirán fuera, aunque no les dirán dónde. Fuentes policiales aseguran que el audio es real, pero que falta una parte final en la que los jóvenes piden el teléfono al intendente, este acepta, pero a cambio les solicita los suyos, algo que los jóvenes no aceptan.
El Departamento de Interior esgrimió “motivos de seguridad” para cerrarlo, aunque el argumento no contentó a muchas de las personas que habitualmente pasan la tarde en los jardines. Como Jim Mclaughin, de 38 años, y su mujer, Rebeca Lundin, de 35, que justo se acababan de sentar con su bebé y un amigo a pasar la tarde. “Es absurdo, estamos en un sitio público y además, no dicen por qué”, lamentaron.
El objetivo de Interior, con la bendición del Ayuntamiento de Barcelona, se vio cumplido: a última hora del martes, el parque estaba cerrado a cal y canto, con los agentes dentro y los acampados fuera. El 11 de abril, tampoco se permitió que unas cincuenta de simpatizantes y militantes de partido Solidaritat Catalana per la Independència durmiese en el parque (solo se quedaron los diputados). Pero el recinto se cerró a su hora habitual, las 10 de la noche, no cinco horas antes. El miércoles el parque permanecerá cerrado, según Interior. Y el jueves, dependerá de cómo se desarrolle la jornada del miércoles.
Impedir la entrada al Parlament de un diputado es un delito, según el artículo 494 del Código Penal, castigado con penas de entre seis meses y un año de cárcel o una multa a los promotores, informa Efe. Los indignados los saben. “Pero nunca se ha aplicado este artículo”, ha esgrimido esta mañana una de las portavoces del movimiento. El presidente del grupo municipal del PP y concejal electo, Alberto Fernández Díaz, ha pedido en cualquier caso el desalojo "inmediato" de la plaza de Cataluña y que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana impidan acampadas en otros barrios de la ciudad y no solo en el Parque de la Ciutadella.
Los indignados han pedido por carta a los diputados del Parlament que no acudan a la sesión plenaria para tramitar los presupuestos de la Generalitat y que "boicoteen los recortes". En la misiva instan a los parlamentarios que a título individual, "si son conscientes de lo que supondrán los recortes para la mayoría de la población", no acudan al Parlament. "Si venís y nos encontráis a la puertas, dad la vuelta o uniros a nosotros", proclaman.
Según la ordenanza municipal de civismo, no se puede acampar, pese a que los indignados han permanecido en la plaza de Catalunya de Barcelona casi un mes. “No todo lo legal es justo ni todo lo justo es legal”, repiten los miembros del movimiento.
Por otra parte, el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha reclamado que desalojen a los “antisistema” que siguen acampados en la plaza de Catalunya. “Es el momento de recuperar la plaza de Catalunya para Barcelona y proceder al desalojo inmediato de los antisistema, e impedir que haya nuevas acampadas en otros sitios, como los barrios y el Parlament”, ha dicho. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha garantizado que el “debate se desarrollará con total normalidad”.
* El País - 15.06.11
Foto: Diputados catalanes entran escoltados en el Parlament. (EUROPA PRESS)
.................................... Leer más...
Murcia.- El TSJ obliga a los promotores a mantener los suelos protegidos en su estado original
El Consorcio pretendía asumir esos terrenos dentro del proyecto y compensar a los propietarios con aprovechamientos urbanísticos en otras zonas de Marina de Cope, según ha explicado a 'La Verdad' el letrado de los promotores, Pablo Ruiz Palacios: «Se trata de un fracaso de Prolitoral y un éxito del equipo redactor de las Directrices del Litoral, el actual secretario general de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio», valoró, «puesto que los suelos afectados suponen sólo el 1% de la superficie», un total de 2.127 hectáreas. «Los principales perjudicados son los dueños de los terrenos», asegura el abogado del Consorcio, «puesto que ahora no pueden tocarlos, tienen que quedarse intactos».
A juicio de Pablo Ruiz Palacios, «no se ha entendido el espíritu de la norma y debiera ser así, pues permitiría adquirir suelo para el dominio público en zonas protegidas a coste cero, mientras que los propietarios adquirirían aprovechamiento en otras zonas. Probablemente pueda hacerse a través de planeamiento específico y no de las directrices», termina.
El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, notificado a las partes el pasado 4 de mayo, señala textualmente que «(...) declaramos, por su disconformidad con la LSRM (artículo 65.1), la nulidad de pleno derecho de la Actuación Recomendada en el Anexo IV de la Normativa cuyo texto es el siguiente: 'Que los nuevos sectores urbanizables colindantes con zonas afectadas por las categorías de Suelo de Protección Paisajística, Suelo de Protección Geomorfológica por pendientes y/o Suelo de Protección de Cauces se incluya una parte de ellas como sistemas generales adscritos con el objetivo de su incorporación al patrimonio público de suelo'».
Los terrenos que el TSJ obliga a mantener en su estado original son las ramblas y su entorno, como el saladar incluido en el Inventario Regional de Humedales, y otros terrenos como pequeñas colinas, los espacios donde prospera vegetación protegida como el azofaifo y las dunas fósiles.
El Consorcio Marina de Cope ha anunciado cautelarmente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mientras analiza en qué puede afectar al diseño de la actuación urbanística la imposibilidad de ocupar parte de estos suelos protegidos, o su entorno más cercano, con infraestructuras de comunicación al servicio del complejo.
El Gobierno regional, por su parte, está analizando la sentencia antes de decidir si recurre también el fallo del TSJ, según informó el viernes un portavoz de la Comunidad Autónoma.
Prolitoral también ha recurrido en casación al Supremo, puesto que el TSJ ha desestimado el grueso de su recurso contra las Directrices del Litoral, que firmó en su día el letrado Ginés Ruiz. Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral (denominación jurídica completa de Prolitoral) pretendía que el TSJ plantease una cuestión de inconstitucionalidad por entender que las Directrices del Litoral contienen «graves carencias jurídicas y falta de rigor, y suponen una brutal agresión al patrimonio litoral», según señalaron cuando iniciaron la acción judicial.
Norma «del mismo rango»
El fallo del TSJ señala a este respecto que «un territorio incluido en un Espacio Natural Protegido por la Ley 4/1992 puede ser detraído de dicho régimen de protección por otra norma del mismo rango, y eso es lo que ha sucedido con la Disposición Adicional Octava de la LSRM. En la propia Ley regional 4/1992 (Disposición Adicional Cinco) se prevé 'el reajuste en detalle de las delimitaciones de los espacios naturales protegidos'», añade la sentencia.
También solicitó Prolitoral al TSJ una especie de 'suspensión cautelar' de las actuaciones urbanísticas en Marina de Cope para «evitar daños irreversibles», mientras no se produjese el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Grupo Parlamentario Socialista a la Ley del Suelo, petición que también fue desestimada.
La Comunidad aprobó en junio de 2004 las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región para «orientar un modelo urbanístico que rompa con la estacionalidad».
* La Verdad - 13.06.11
Foto: Cope marina - J.S. (El País)
.................................... Leer más...
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
