Palma.- Anticorrupción reclama 91 años de cárcel para los 18 encausados por la trama Scala

DIARIODEMALLORCA* : La juez Carmen Abrines abrió ayer juicio oral contra el exconseller de Industria y Comercio en el anterior Govern del PP, Josep Juan Cardona, y otros 17 acusados en el llamado caso Scala, una presunta trama de expolio sistemático y organizado del consorcio público CDEIB, dedicado a la promoción exterior de productos baleares. La magistrada fija una fianza de 7,3 millones de euros para Cardona, su número dos en la conselleria Kurt Viaene y Antònia Ordinas, la exgerente del CDEIB. La fiscalía anticorrupción y el actual Govern piden 91 años de cárcel para los 18 encausados y 15 millones de multa para Cardona, Ordinas y Viaene.
La juez estima que Cardona y otros dos altos cargos de la conselleria de Comercio –Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial, y Antònia Ordinas, directora-gerente del Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB)– encabezaron una presunta asociación ilícita dedicada, con denuedo, a desviar fondos públicos a sus bolsillos particulares o a los de sus allegados. La magistrada ha cuantificado en casi 5,5 millones de euros el dinero del Govern malversado por las maquinaciones de los tres principales acusados.

La fianza de 7,3 millones exigida a los tres imputados es mayor, teniendo en cuenta los intereses y las penas de multa contemplados para los delitos de corrupción.
Los otros encausados que serán juzgados por este sumario son: Felip Ferré, exedil del PP de Lloseta y casado, en esa época, con una sobrina segunda del anterior president del Govern Jaume Matas; Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; Sergio Pereletegui; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens; Antonio Munar y Francisco Mauri.
La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, acusan al trío de integrar "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".
Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas".
Para Cardona, las acusaciones demandan una condena de 21 años de prisión; que asciende a 20 para Kurt Viaene y a 6 para Ordinas, a la que se aplican las atenuantes de confesión y devolución de parte de lo malversado. Isabel Rosselló se enfrenta a 7 años de cárcel; Felip Ferré a 6; Joan Rosselló, otros 6; y su exsocio "Arnaldus", a10. Anticorrupción también pide 7 millones de multa para Cardona y Viaene y 1 millón para Ordinas por los sobornos cobrados.
Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".
Para las acusaciones, la presunta banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos".

Total impunidad
Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad".
El auto establece para los otros 15 acusados fianzas, que en algunos casos son millonarias. No obstante, la mayoría de estas sumas tendrían que ser aportadas de forma solidaria con los 3 encartados principales. Así, para Isabel Rosselló se piden 4,2 millones; 3,3 para Joan Rosselló; y casi 2 millones para Ferré y su antiguo socio Anoldus Van der Hurk.


* Diariode Mallorca - 27.05.11
Foto: Josep Juan Cardona y su abogado Josep Zaforteza.- diariomallorca

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Las Palmas.- Cifran en 13 millones de euros las pérdidas por la operación del Canódromo

CANARIAS7* : La llamada operación del Canódromo, una permuta de terrenos que hizo con una constructora el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bajo mandato del PP, causó un perjuicio a la corporación de más de 13 millones de euros, según han sostenido hoy PSC-PSOE y Compromiso por Gran Canaria. Esa cifra de supuestas pérdidas fue expuesta en la última sesión ordinaria del Pleno de la corporación que se celebraba en este mandato y con motivo de la aprobación de las conclusiones de la comisión de investigación creada en torno a dicha operación, que rechazó el PP argumentando, en palabras de su concejal Felipe Afonso, que la iniciativa era "la última pataleta" del PSC.
Frente a Afonso, que sostuvo que los socialistas sólo querían empañar la imagen del que será el futuro alcalde de la ciudad tras las elecciones del 22-M, Juan José Cardona, porque era el concejal de Urbanismo del PP cuando se cerró la operación, el actual responsable de las políticas del territorio, Néstor Fernández (PSOE), insistió en señalar el "perjuicio causado a los ciudadanos".

Perjuicio que cifró en más de 13 millones de euros desde la tesis de que el Ayuntamiento efectuó la permuta de terrenos del Canódromo obteniendo un suelo destinado a un parque que fue sobrevalorado en favor de la empresa Urbacan.

Como compensación, la corporación entregó a esta empresa unas parcelas cuyo coste era 2,7 veces el precio real que debió pagar, 6.882.258 euros frente a sólo 2.515.970.

La comisión de investigación en sus conclusiones, en base a un informe pericial sobre la operación encargado a la Universidad Politécnica de Cataluña, concluyó que se había generado un beneficio indebido de más de 4.300.000 euros.

A esto hay que sumar otro beneficio de 8.956.443,41 euros que también consiguió Urbacan a resultas del mismo negocio, según mantuvo el concejal de Urbanismo en funciones.

En concreto, Néstor Fernández expuso que la empresa revendió poco tiempo después dos parcelas que recibió en la operación inicial y logró sendas plusvalías de 4.475.000 y 4.481.000 euros respecto al valor en que se habían tasado cuando el Ayuntamiento se las entregó.

Lo que implica que, si se suma ese beneficio de 4.475.000 y 4.481.000 euros que habría obtenido la corporación de haber vendido esas parcelas directamente a los 4.300.000 euros que pagó de más en la permuta de los terrenos del Canódromo, la operación "ha podido costar al Ayuntamiento más de 13 millones de euros", concluyó.

Ese parecer del grupo de gobierno socialista en funciones fue compartido desde la oposición por Compromiso por Gran Canaria, que respaldó con sus votos la aprobación de las conclusiones del informe mientras que el PP las rechazó.

Para la portavoz de Compromiso, esta operación supuso un "notable perjuicio para la ciudad" y desde esa opinión, rechazó igualmente las respuestas del PP sobre que la elevación hoy al Pleno de esas conclusiones suponían "una revancha" por la victoria de los populares en las últimas elecciones o "un ataque al candidato" a alcalde y futuro primer edil Juan José Cardona.

Felipe Afonso, por contra, negó la fiabilidad de las cifras y los planteamientos respaldados por PSC y Compromiso y afirmó que las acusaciones vertidas respecto a la operación eran "falsas" y sólo se explicaban por una "lamentable forma de hacer política" de los socialistas, consistente en no gobernar y sólo "hacer oposición a la oposición".

Un hecho éste que es el único que explica que pusieran en marcha desde el gobierno municipal una comisión de investigación para estudiar actuaciones de mandatos anteriores, consideró.

Néstor Fernández respondió que el único objetivo que se ha perseguido con la iniciativa es intentar clarificar esa operación, que Bernarda Barrios recordó que su partido "venía denunciando desde hace ocho años".

Finalmente, Fernández añadió que "serán otras instancias las que resuelvan definitivamente este asunto", a través de varias causas causas judiciales que hay abiertas al respecto.


* Canarias 7 - 27.05.11
Foto: Las Palmas, torres Canódromo (archivo) - canarias7.es

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Portugal pierde a una generación

ELPAÍS* : La indignación que ha sacado a la calle a decenas de miles de jóvenes en España tuvo su precedente en Portugal el 12 de marzo pasado. De manera espontánea, multitudes se levantaron en Lisboa, Oporto y otras ciudades contra la precariedad que condiciona el presente y el futuro del país. El 40,5% de los desempleados tiene menos de 34 años y estudios superiores. La protesta partió de cuatro jóvenes licenciados que crearon el movimiento Geração à rasca (Generación en apuros), reconvertido después en Movimiento 12 de Marzo (M12M).
La indignación que ha sacado a la calle a decenas de miles de jóvenes en España tuvo su precedente en Portugal el 12 de marzo pasado. De manera espontánea, multitudes se levantaron en Lisboa, Oporto y otras ciudades contra la precariedad que condiciona el presente y el futuro del país. El 40,5% de los desempleados tiene menos de 34 años y estudios superiores. La protesta partió de cuatro jóvenes licenciados que crearon el movimiento Geração à rasca (Generación en apuros), reconvertido después en Movimiento 12 de Marzo (M12M).

Mario Leston Bandeira, catedrático de Sociología del ISCTE, Instituto Universitario de Lisboa, sostiene que la crisis es de tal proporción que "la conquista del capitalismo que permite ahorrar y hacer planes de futuro está en cuestión". Los jóvenes llevan la peor parte porque no pueden construir una familia o tienen tremendas dificultades para ello. "El movimiento Geração à rasca surgió ante la falta de perspectivas", sostiene Bandeira. La indignación tiene que ver con la precariedad del mercado de trabajo y con la incapacidad de los políticos de conectar con los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, el discurso de los promotores del M12M no es un discurso antipartido. "Tienen una función muy importante en nuestra democracia, pero nuestra democracia tiene dos caras: la cara de la sociedad civil está muy vacía", dice Alexandre Sousa Carvalho, de 25 años, licenciado en Relaciones Internacionales e impulsor del movimiento de protesta.

Para agravar la situación, al futuro incierto que tienen por delante los jóvenes hay que añadir el envejecimiento de la población. Portugal está en declive demográfico desde hace más de 30 años. "A partir de 2002, no aseguramos la reproducción de las generaciones", explica Leston Bandeira. "¿Cómo se revierte esta situación? ¿Cómo un país fallido puede hacer frente a una situación con el 18% de sus habitantes con más de 65 años?".

El callejón sin salida implica desafíos complicados, cuyos resultados no se obtienen de la noche a la mañana. El ingreso de Portugal en la que hoy es Unión Europea tuvo efectos positivos, nadie duda de ello, pero también tuvo consecuencias negativas. Sobre todo en los sectores agrícola y pesquero. "La Política Agraria Común promovió el abandono de tierras e hirió de muerte a la flota pesquera", dice el sociólogo Bandeira. El resultado está a la vista cuando se viaja por el Portugal profundo: los jóvenes se han marchado y solo quedan los más viejos. Aldeas enteras están desiertas. "La población interior es invisible. No hubo modernización y no se consiguió fijar la población joven".

Bandeira reclama una política para atraer jóvenes al interior del país. "Los últimos agricultores están muriendo. Es un desafío. En los cinturones de las grandes ciudades la calidad de vida no es buena". Para ello, asegura, hay que apoyar a los jóvenes que empiezan en pequeñas y medianas empresas y atraer a los que están fuera de Portugal a nuevos retos.


* El País - FRANCESC RELEA - Lisboa - 26/05/2011
Foto: Concentración de jóvenes portugueses y españoles en la plaza del Rossio de Lisboa para protestar por las medidas de austeridad.- P. DE MELO (AFP)

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El juez del 'caso Palau' imputa a seis directivos de empresas ligadas a CDC

ELPAÍS/Barcelona* : El caso Palau se está convirtiendo en una pesadilla por entregas para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El juez ha citado a declarar como imputados a los responsables de cuatro empresas que sirvieron, presuntamente, como tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. Las empresas, dedicadas al buzoneo y al montaje audiovisual, realizaron supuestos trabajos para el Palau de la Música que, sin embargo, jamás se concretaron, pero sí cobraron.
El juez ha imputado a seis personas -responsables y administradores de Hispart, New Letter, Letter Graphic y Altraforma- porque existe la "sospecha" de que las empresas "recibían todo o parte del dinero que entregaba Ferrovial". Ese dinero servía para satisfacer servicios prestados a terceras personas que en ningún caso eran el Palau de la Música, señala el auto firmado por el juez que ocupa el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés.

Las imputaciones de Juan Manuel Parra (Hispart), Pedro Luis Rodríguez (New Letter), Vicente Muñoz (Letter Graphic) y Miguel Giménez, Josefa Gregori y María del Carmen Mateu (Altraforma) forman parte de la pieza separada abierta hace meses para investigar el presunto pago de comisiones irregulares de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras de gran envergadura como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro. En esa causa está también imputado, entre otros, el extesorero del partido nacionalista Daniel Osácar, que actuaba, supuestamente, como hilo conductor de esas comisiones.

Las empresas de buzoneo, New Letter y Letter Graphic, facturaron entre 2007 y 2009 alrededor de un millón de euros al Palau por trabajos que, según la actual dirección de la entidad, no están justificados. El juez admite, en su auto, que las empresas aparecen como proveedores de servicios del Palau, pero añade que no consta "cuál era en concreto el servicio que prestaban". Ninguna de las declaraciones tomadas hasta ahora ha logrado aclarar ese extremo.

Se da la circunstancia de que las empresas también eran proveedoras de CDC en campañas electorales, como destapó EL PAÍS. El juez basa las imputaciones, en parte, en una hoja manuscrita de Gemma Montull (exdirectora financiera de la entidad y también imputada) en las que "parecen vinculados" los cobros recibidos de Ferrovial con los pagos realizados a esas empresas.El magistrado Tabarés recuerda, además, que el propio Daniel Osácar ha declarado que esas empresas eran proveedoras de la Fundación Trias Fargas -ligada a CDC y rebautizada Cadtem- y del partido nacionalista. Según las auditorías del Palau y el informe de la Agencia Tributaria, New Letter, Letter Graphic e Hispart -filial de Stereo Rent- cobraron casi dos millones de euros por tareas que el Palau sostiene que nunca realizaron. De hecho, un grupo de trabajadores de las empresas de buzoneo declararon en el Parlament que nunca trabajaron para la entidad musical pero sí lo hacían con frecuencia para CDC.

Altraforma es otra empresa vinculada a la publicidad electoral que, según Hacienda, facturó 51.724,14 euros en 2006 y 59.740 euros -más 9.558 euros de IVA- en 2007. Según el ministerio fiscal, uno de los socios de Altraforma es el exconsejero de Jordi Pujol y hoy portavoz en el Senado de CiU, Jordi Vilajoana, que posee el 12,08% de las acciones de la empresa.

Además de citar a los responsables de esas empresas, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled había pedido la imputación de la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. El juez rechaza citarla como imputada -"sin perjuicio de lo que pueda acordarse en el futuro"- porque, en su opinión, no existen suficientes indicios para considerar que estuviera implicada en los hechos.

En su auto, Tabarés admite que su papel era de "particular relevancia" en el Palau y que mantenía "una relación de especial confianza" con el expresidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, los saqueadores confesos de la entidad. Garicano declaró como testigo hace un mes y aseguró que, pese al cargo, su única función era "lanzar la marca Palau" y no tomar decisiones económicas o administrativas.

El caso Palau ha derivado en tres investigaciones. La principal trata de esclarecer el expolio de la entidad (cifrado en 35 millones). El segundo caso se refiere a las presuntas irregularidades en el proyecto de un hotel de lujo junto al edificio modernista. Y en el tercero, se indaga el pago de comisiones a CDC en época de Pujol.

La decisión judicial no había trascendido ayer por la mañana, cuando los grupos políticos mantuvieron una fuerte bronca en el Parlament a propósito del caso Palau. El secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, negó haber presionado a los servicios jurídicos de la Generalitat para dar marcha atrás y no pedir la imputación de personas ligadas a CDC.

Pese al varapalo de horas después en forma de auto, Gordó despreció las críticas de la oposición y subrayó que el reciente triunfo electoral de CiU avala la gestión del Gobierno en el caso Palau. "La credibilidad nos la dan los que votan. La tenemos, les guste o no. Y parece que cada día va subiendo", espetó. Gordó aseguró que el cambio de criterio se adoptó "por razones de seguridad jurídica y de prudencia procesal". Los servicios jurídicos quisieron, dijo, dar tiempo para recoger información y "evitar imputaciones precipitadas". ICV defendió que el Gobierno tiene un "conflicto de intereses" y le instó a delegar a un órgano externo la defensa de los intereses públicos para recuperar el dinero defraudado.

Los desvíos a las empresas de mercadotecnia electoral

- Las tres empresas que realizaron campañas electorales para CDC, New Letter, Letter Graphic e Hispart, facturaron casi dos millones de euros del Palau de la Música. Solo las dos primeras -de los mismos dueños- cobraron 982.583 euros.

- La Agencia Tributaria halló dos pagos del Palau a Altraforma: uno de 59.740 euros (más 9.558 euros de IVA) en 2007 y otro de 51.724,14 euros en 2006.

- Ni los trabajadores del Palau ni los de New Letter y Letter Graphic reconocieron los trabajos que constaban en las facturas.

- El informe de Hacienda destaca que uno de los socios de Altraforma es el convergente Jordi Vilajoana, que tiene el 12,08% de las acciones de la empresa.

- Hacienda y la Oficina Antifraude vincularon los pagos de Ferrovial al Palau de la Música a las posteriores salidas hacia New Letter, Letter Graphic, Hispart y la Fundación Trias Fargas. Esas cantidades se desviaban en concepto de "pagos a Daniel".

- El ministerio fiscal apunta que "Daniel" era Daniel Osácar, el tesorero de Convergència Democràtica. Presuntamente, Fèlix Millet actuaba como intermediario de esos pagos.


* El País - 27.05.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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Europa y el urbanismo valenciano

GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre la denuncia de la Comisión Europea contra algunos aspectos del urbanismo valenciano, viene a recoger, en sus líneas básicas, el Informe del Abogado General del citado Tribunal que se hizo público el 16 de setiembre pasado.
La complejidad de la materia suscita una indeseable confusión en la ciudadanía que resulta conveniente aclarar para poder comprender, en toda su virtualidad, las consecuencias que la misma comporta. Debe señalarse en primer lugar, que el único aspecto que contempla es el relativo a la aplicabilidad al urbanismo valenciano (y por ende al español) de las Directivas Europeas de Contratación Pública en la ejecución de la urbanización. Por consiguiente, el Tribunal no entra a juzgar el resto de denuncias planteadas por el Parlamento y la Comisión relativas a la ocupación indiscriminada de suelo, a presuntas expropiaciones injustas o a eventuales casos de corrupción, entre otras, por considerar que no son competencia europea.
En segundo lugar, la sentencia asume, prácticamente, los argumentos expresados por el Abogado del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores representando al Reino de España, formulados en sintonía con el entonces Ministerio de Vivienda y la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat. En concreto, se fundamentan en que el viejo sistema urbanístico español (y valenciano, por tanto) atribuye a los propietarios del suelo reclasificado, el derecho a los beneficios que la urbanización comporta, pero siempre condicionado a la asunción de todos los costes necesarios para su transformación.

Por tanto, la Administración no contrata ni abona nada, no existiendo relación contractual onerosa alguna entre aquélla y los propietarios o el urbanizador. En consecuencia, concluye el Tribunal que no resultan aplicables las Directivas de Contratación Pública al Urbanismo español ni valenciano, sin entrar en más consideraciones adicionales.
En otras palabras, la sentencia retrotrae la regulación al procedimiento establecido por la LRAU del 94 que no preveía la aplicación de la Ley de Contratos a la ejecución urbanizadora. No obstante, a la vista de las malas prácticas que en diversas ocasiones acontecieron en la Comunidad, bien por ausencia de desarrollo reglamentario, bien por las insuficiencias de la LUV y, finalmente, considerando la jurisprudencia del Tribunal Supremo español que viene manteniendo la aplicabilidad de la normativa de contratación pública al proceso urbanizador, parece razonable diseñar un procedimiento concursal propio, que sin tener que asumir estrictamente la regulación de la Ley de Contratos, venga a garantizar los principios de transparencia, competencia y no discriminación en el proceso de selección del ejecutor de las obras, y a asegurar, adicionalmente, la consecución de un equilibrio justo entre los legítimos intereses, públicos y privados, que intervienen en el proceso.
Como reflexión final, cabe señalar que aclaradas las dudas que cuestionaban el procedimiento de contratación de las obras de urbanización en el Tribunal Europeo, resulta ya insoslayable la reforma y actualización de la legislación valenciana para lo cual, el consenso político y social resulta absolutamente imprescindible.

* Levante - Opinión - 27.05.11

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De la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (por Aleix Saló)



* YouTube - De la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (por Aleix Saló)

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Una marcha de ´indignados´ protesta en el centro financiero de Valencia

LEVANTE* : Centenares de "indignados" han recorrido esta tarde el centro económico y financiero de Valencia para protestar por la situación de crisis frente a varias entidades bancarias, a lo largo de una "marcha festiva" en la que han sido escoltados por el Cuerpo Nacional de Policía.
Sobre las 19.30 horas, cerca de 300 simpatizantes del movimiento 15-M han comenzado el recorrido desde la plaza del Ayuntamiento, donde está situada la acampada, hacia el cercano centro financiero de la ciudad. Tras ocupar durante unos minutos el vestíbulo del Banco de Valencia -como ya hicieran el viernes pasado-, donde han exhibido carteles en los que denunciaban su situación de precariedad, se han desplazado hasta una oficina del Santander.
Al intentar uno de ellos introducir varios panfletos por debajo de la puerta de la entidad, la seguridad privada del banco ha alertado al Cuerpo Nacional de Policía, que ha desplazado cinco furgones hasta el lugar. Los agentes han escoltado a los integrantes de este acto reivindicativo en su camino hacia la sede de la Bolsa y por la calle del Poeta Querol, donde han gritado lemas como "president a Piccasent" (localidad valenciana que cuenta con una cárcel) cuando creían pasar a la altura de la vivienda del president de la Generalitat, Francisco Camps.

Posteriormente, a las 20.00 horas, ha dado comienzo en la plaza del Ayuntamiento la asamblea diaria para aprobar las propuestas de las diferentes comisiones, con asistencia también de centenares de personas.

La acampada de Valencia edita desde hoy su propia publicación en la que recoge las decisiones adoptadas por la asamblea del día anterior y las noticias que genera el movimiento 15-M.

A la rebautizada "plaça 15 de maig" se ha sumado también un grupo de profesores que da clases de historia, logopedia y educación especial a los niños presentes en la acampada.

Para mañana por la tarde, los organizadores han convocado una concentración de protesta ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.


* Levante - EFE - 26.05.11
Foto: Asistentes esta tarde a la manifestación convocada por el movimiento "Democracia real ya" por el centro económico de la ciudad. EFE

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'Palma Arena'.- El juez ejecuta el embargo de los bienes de Matas

DIARIODEMALLORCA* : El Juzgado de Primera Instancia nº10 de Palma ha ejecutado el embargo de la principal vivienda que el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, tiene en la calle San Felio de Palma, conocida como ´el palacete´, y de otros inmuebles a fin de que pueda responder al préstamo de tres millones de euros que le concedió el Banco de Valencia.
El juez ha despachado esta ejecución después de que la entidad bancaria presentase la semana pasada una demandar en la que reclama a Matas, el principal imputado en el caso Palma Arena, cerca de 3,2 millones de euros por los intereses impagados y el préstamo principal de 3 millones otorgado en abril del año pasado para satisfacer la fianza exigida por el juez instructor del Caso. Matas, desde entonces, tenía que haber abonado más de 8.000 euros al mes de intereses.
El expresident del Govern no ha aportado ni la primera mensualidad de los intereses del crédito millonario que le sirvió para no ingresar en prisión. Tal y como Matas y el Banco de Valencia cerraron la operación, el dinero no puede ser empleado por el juez para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.

El expresident del Govern pidió, sin éxito, al juez Castro que rebajara a 750.000 euros su fianza, alegando, entre otros argumentos, sus dificultades para abonar los intereses. La fiscalía anticorrupción se opuso a esa medida.

El Banco de Valencia otorgó el dinero a un interés del 2,750, a tipo fijo. Posteriormente, pignoró el préstamo para que le sea entregado a él el dinero, en caso de anulación o rebaja de la fianza. Matas hace unos días aseguró a este diario estar enterado de las intenciones del banco de ejecutar las hipotecas. El antiguo dirigente del PP añadió que su situación económica no le permitía hacer frente a los intereses de los 3 millones y se mostró resignado a que sus dos casas y las de su madre fueran subastadas.


* Diario de Mallorca - 26.05.11
Foto: Palma. palacete de Matas - elmundo.es

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Lugo.- Prisión sin fianza para el empresario de la trama de las subvenciones

LAVOZDEGALICIA* : La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo, Estela San José, reinicia esta mañana los interrogatorios de la operación Campeón. Los dos propietarios de la asesoría técnica Proitec esperan para declarar en el edificio de los Juzgados de Lugo. Ambos llegaron pasadas las diez de la mañana, pero de momento no han comenzado los interrogatorios. Por la tarde, está previsto que la jueza tome declaración a los dos directivos del Igape detenidos, el director xeral, Joaquín Varela, y su subdirector, Carlos Silva.
La jueza acordó bloquear centenares de cuentas bancarias relacionadas con el industrial Jorge Dorribo Gude y con su maraña de empresas. El empresario lucense fue enviado anoche a la cárcel sin fianza. Había sido detenido el martes junto a otras 14 personas. La investigación apunta a un presunto fraude de gran magnitud. Solo en unas pocas empresas, de las cerca de cincuenta que fueron localizadas en algunos registros, la cantidad escamoteada de diferentes maneras al erario podría aproximarse a los cinco millones de euros. La Agencia Tributaria informó de que los implicados en la trama podrían haber cometido los delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Cajas con documentación

Centenares de cajas con documentos fueron confiscados en la empresa farmacéutica Nupel, que parece la matriz principal del entramado. En la casa del empresario, los investigadores también se apropiaron de numerosos documentos, muchos guardados en una caja fuerte. Según diversas fuentes, en la vivienda aparecieron centenares de facturas, muchas de ellas con anotaciones hechas a lápiz y que podrían ser falsas. Esa es una cuestión que ahora tratarán de resolver los investigadores, quienes también sospechan que el empresario y su grupo de allegados llegarían a establecer préstamos ficticios para conseguir ayudas.

Existen sospechas de que empresarios de Lugo entregaron a Dorribo grandes cantidades de dinero negro para blanquearlo a través de alguna de las sociedades ahora investigadas. El empresario les hizo facturas, parece que en muchos casos abultadas, de las entregas. Desde hacía algún tiempo, algunos de los que entregaron dinero comenzaron a reclamarlo al temer que no podrían recuperarlo, pero no obtuvieron respuesta. Esta es una de las muchas razones por las que el juzgado optó por el bloqueo de cuentas y del inmovilizado de muchas empresas.

Uno de los aspectos a conocer ahora por los investigadores es el de la implicación del Igape en el asunto. Sus dos responsables permanecieron en los calabozos ayer y hoy podrían prestar declaración. Pero no solo la jueza investigará este organismo ahora en el punto de mira, ya que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, anunció ayer que Economía le había pedido apoyo para comprobar de forma interna los expedientes gestionados por el Igape. Rueda dijo desconocer el importe de las subvenciones concedidas a las empresas de Dorribo. «É o que queremos coñecer», afirmó.

Parece que los investigadores hallaron gran cantidad de facturas infladas, como la de una máquina valorada en 150.000 euros cuando su precio real podría estar por debajo de los 10.000. Facturas como esas fueron supuestamente entregadas al Igape para obtener subvenciones, que finalmente llegarían al entramado, sin existir dicha inversión.

Los investigadores sospechan que el empresario lucense entregó en el Igape proyectos para conseguir créditos que no fueron más que algo irreal con apariencia de veracidad. En concreto se creaban las empresas que aun sin actividad recibirían fondos públicos. Por eso, la jueza involucra en el operativo a los responsables del Igape e investiga quién o quienes daban el visto bueno a los proyectos.


* La Voz de Galicia - 26.05.11
Foto: Lugo, trama de subvenciones - lavoz

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'Malaya'.- El fiscal dice que Muñoz sabía que su actuación «podía acarrear responsabilidades penales»

SUR/Marbella* : El fiscal Anticorrupción en el juicio del caso 'Minutas', Francisco Jiménez Villarejo, aseguró ayer que el exalcalde de Marbella Julián Muñoz «sabía que se estaba prestando a algo que le podía acarrear responsabilidades penales» al firmar los decretos de designación del letrado José María del Nido para los trabajos de la fiscalización «en contra de los intereses generales». Señaló que «lo hacía desde esa ignorancia deliberada de no querer saber, pero a cambio de tener sus compensaciones». Así, entre otros delitos se le acusa del de supuesta prevaricación continuada en la contratación del abogado «de la manera en que se hace unilateralmente y despreciando la legislación y el ordenamiento jurídico con decretos de designación y prescindiendo de expedientes de contratación».
En una nueva sesión de su informe, que continuará hoy viernes, el fiscal hizo un repaso a los delitos por los que se acusa a los procesados en la causa, en la que se han visto las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento marbellí al letrado José María del Nido, como son, entre otros, el de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad.

Se refirió a Muñoz como el «ejecutor formal» de las resoluciones del exalcalde Jesús Gil, que, dijo, gobernaba el Ayuntamiento «desde su casa», pero recordó que Muñoz «lleva paseándose por los juzgados desde 1997 y no puede tener esa confianza ciega que manifiesta, porque le ha hecho que esté haciendo frente a responsabilidades penales desde antes de estos hechos». Apuntó que sabía que Gil había estado en prisión en 1999.

Volvió a insistir en que Muñoz «contrata sin competencia», que corresponde al pleno, pero sin embargo «se sustrae de su conocimiento cualquier aspecto relativo a la fiscalización», no solamente la contratación de Del Nido sino el contenido del anteproyecto y del informe. «Se prescinde del máximo órgano de representación, ni más ni menos, en una fiscalización», indicó. Asimismo, el representante del Ministerio Fiscal aseguró que en la localidad se produjo en estas fechas «un caso masivo de falta de cumplimiento de la legislación, con repercusiones importantes de descapitalización de una entidad pública» e incidió en la importancia de la contratación pública, a través de la que «se controla el gasto».
El Ministerio Fiscal destacó que «la ausencia de contrato propicia la falta de control del gasto» y volvió a criticar que la falta de expedientes de contratación, algo que, dijo, «no es un capricho del legislador, sino una necesidad para evitar la aparición de focos de corrupción como los que se están enjuiciando en este año», ya que el juicio comenzó en abril de 2010.
Controles externos
Consideró que la respuesta a esos «focos de comportamientos corruptos» no debe ser solo a través de los controles externos del Tribunal de Cuentas o de las intervenciones administrativas «sino que en casos de extrema relevancia y patológicos como el presente también tienen que tener una respuesta penal». Dijo que se ha demostrado unas transferencias «sin control» de dinero a sociedades municipales.
También se refirió al delito de tráfico de influencias, con persona interpuesta, en los hechos por los que se acusa a la exmujer del letrado, por su contratación «irregular» y «ligada a su condición de esposa» de Del Nido para la segregación de San Pedro Alcántara, reiterando que éste la interpuso «para poder cobrar la minuta» y ella cobró por poner su nombre por un trabajo que hizo Del Nido».
Las previsiones del Tribunal es que hoy termine el informe del fiscal y también exponga sus argumentos la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Marbella . Los próximos días 2 y 3 de junio no habrá sesiones, que se retomarán los días 9 y 10 del mismo mes, cuando empezarán las defensas, supuestamente la de Del Nido primero, sus informes finales.


* SUR - 27.05.11
Foto: Marbella, Muñoz, Román y Roca en el banquillo 2007 - elpais.com

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Un juzgado anula un contrato de cobertura de hipoteca por 'falta de información'

ELMUNDO/Sevilla* : El Juzgado de Primera Instancia nº18 de Sevilla ha dictado sentencia por la que declara nulo un acuerdo básico sobre la prestación de servicio sobre productos de inversión y el contrato de cobertura sobre hipoteca -conocido como 'swap'- suscrito en julio de 2008 entre un particular, que actúa como demandante, y Caixa Galicia, que actúa como demandada ante la "falta de información" sobre dichos contratos y acuerdos.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia condena a la entidad financiera a anular los cargos hasta la interposición de la demanda y de aquellos que se hayan podido producir posteriormente en la cuenta corriente asociada a dicho contrato del demandante, que está representado por el abogado Alfonso Fuentes. La caja deberá además abonar las cantidades al demandante así como sus intereses desde su cargo en cuenta hasta la completa devolución de las mismas, con imposición a la parte demandada de las costas procesales.

Recurrible

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia.

Según indica la defensa, el demandante presentó demanda pidiendo la nulidad de contrato de permuta financiera ante la "falta de información precontractual por parte de Caixa Galicia".

El abogado asegura que esta demanda es la primera que se dicta en Sevilla sobre este tipo de productos financieros.

'Cada vez mayor protección'

Según la nota, la resolución comienza en sus fundamentos de derecho afirmando de manera expresa "la tendencia del legislador hacia una cada vez mayor protección de los clientes a través de la información previa a la forma de cualquier contrato financiero, máxime si el cliente está categorizado como minorista", tras lo que ha señalado que la carga de la prueba respecto a este requisito "debe recaer sobre la entidad demandada".

El juez entienda igualmente que ante la "falta de información precontractual" se produce "un verdadero error inexcusable en el consentimiento prestado, que invalida el contrato al recaer sobre el elemento esencial del mismo y la relación de superioridad que existe entre cliente y entidad financiera por tratarse de una persona inexperta que entra en negociación con un experto, máxime cuando el experto coadyuvó con su conducta al acto que se concluyó".


* El Mundo - 25.05,11
Foto: Sevilla2005 - wikipedia

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La dignidad de los indignados (y las falsas e interesadas inferencias de los privilegiados)

SALVADOR PÉREZ ARNAL/Barcelona* : Tomo pie en la excelente crónica de Pau Rodríguez para Público [1]. “La acampada de Barcelona tiene fecha de caducidad, su espíritu no” ha señalado con acierto. Desde hace varios días se está intentando con éxito trasladar la movilización de plaza de Catalunya hacia los barrios barceloneses. Se pretende con ello llegar a más gente e intervenir en un ámbito más local. En plaza de Sants, por ejemplo, centenares de personas se concentraron en la noche del 24 de mayo para dar su apoyo a la primera acampada barcelonesa aparte de la del centro de la ciudad. Empezaron la acción del domingo 22 y han alcanzado ya un importante nivel de autogestión. Pol Casas, uno de los acampados, señala el periodista de Público, ha apuntado ejes centrales que deben abonar la movilización de los indignados: de este modo, ha dicho Casas, se podrán trabajar temas como los de Can Batlló, un espacio ocupado si no ando errado, y los despidos que se han producido en numerosas empresas del barrio.
Se ha sumado a las acciones Nou Barris, uno de los barrios más activos de Barcelona. Esta misma noche, el jueves a más tardar, empezará la acampada de sus indignados y rebeldes. En Gràcia se sigue en pie de paz y rebeldía desde el 15 de Mayo: cacelorada diaria, asamblea y marcha hacia la Plaza de Catalunya para asistir a la asamblea general. El objetivo es también que las asambleas de barrio se reúnan periódicamente. Hay otra senda que debe ser impulsada. Ya se empezó ayer. Cincuenta acampados se trasladaron a Santa Perpetua de la Moguda, a la planta de Alstom, para sumarse a la protesta obrera contra los planes de la multinacional. Un ERE dejaría unas 400 personas sin trabajo. Otros acampados interrumpieron una reunión del rectorado de la UB donde se discutía los ajustes económicos que va a tomar la institución.

Santa Coloma de Gramenet, una ciudad obrera pegada a Barcelona, también ha iniciado sus movilizaciones. En el momento en que escribo está a punto de celebrarse un acto en la plaza de Catalunya con los trabajadores de Telefónica. El despido, la reconversación de puestos de trabajo en condiciones dignas en trabajo precario y externalizado que afectaría a más de 5.000 trabajadores después de que la multinacional de Alierta haya obtenido el mejor resultado de su historia, no puede ni debe permitido.

Más tarde que pronto, un día, la plaza de Catalunya dejará de cobijar acampados indignados llenos de justas y documentadas razones. Pero nunca más será como antes y jamás podremos olvidar ni olvidaremos estos días “de lluvia y rosas”, de participación, discusión, solidaridad, democracia y lucha. Lo mejor de nosotros mismos anda por ese espacio urbano. Amar es combatir, dijo el mejor Octavio Paz.

Mientras tanto -¡ay, mientras tanto!, que diría García Lorca- los privilegiados y sus representantes políticos siguen maquinando sus planes antisociales que, por ahora, se concretan, aparte de decrementos fiscales a sectores privilegiados y en escandalosas reformas en la Ley de Sucesiones, en un recorte del 10% de los gastos corrientes en el presupuesto: unos 2.600 millones de euros respecto a las cuentas de 2010 [2]. El ejecutivo catalán, por boca del president Mas y de su portavoz, el señor Francesc Homs, afirman que el gobierno se siente reconfortado por los resultados de las elecciones municipales del pasado 22 de mayo i “fins i tot”, e incluso reforzado (reforçat, sic) por su política de recortes en el gasto público social. Por ese motivo, prosiguió Homs, en un toque casi formalmente leninista, el ejecutivo catalán no se plantea dar ningún paso atrás en los ajustes que se han de realizar, necesariamente of course, de cara a preservar, tomen nota, “el Estado de bienestar y la cohesión social” [3]. Sólo existe una alternativa a los recortes que han emprendido concluyó el señor Homs: el colapso del sistema.

Qué entiende por “colapso del sistema” el portavoz del ejecutivo no es asunto a tratar ahora, aunque cabe señalar como mero apunte que eso mismo sostienen las personas acampadas en la plaza Catalunya y en otras plazas, y los ciudadanos que con ellos simpatizamos: el sistema tiene que colapsar un día u otro a no ser que, sumisos, serviles y suicidas, admitamos esa infamia creciente de desigualdades sociales inconmensurables, ese ataque permanente a la línea de flotación de conquistas obreras que han necesitado décadas y décadas de lucha para ser alcanzadas.

Eso sí, es necesario detenerse brevemente en los resultados electorales del pasado 22 de mayo, comparando con los resultados de 28 de noviembre de 2010 en las elecciones autonómicas, medio año de diferencia, para ver si es cierto o no, como han señalado el president Mas y el portavoz catalán, que las urnas han legitimado su política de ajustes y recortes sociales.

En las elecciones del 28-N, el censo electoral de Catalunya era de 5.363.688 votantes. Votaron 3.152.630 ciudadanos, el 58,78%. De ellos, 1.202.830, votaron a CiU, el 38,43% de los votantes (¡y algo más del 22% del censo!). En las elecciones municipales de 22 de mayo, el total de votantes ha sido de 2.919.738, el 55,01% del censo; la abstención ha alcanzado la cifra de 2.388.089, el 44,99% (superior a la de las autonómicas), los votos en blanco han sido 119.702 y los nulos 50.331 [4]. CiU ha obtenido en estas elecciones 778.042 votos, 3.860 regidores, el 27,12% de los votantes (algo inferior al 14% del censo global catalán). Es decir, aún admitiendo que son elecciones distintas pero ha sido el portavoz del ejecutivo quien las ha comparado [5], CiU ha obtenido… 424.788 votos menos.

¿Este resultado ratifica, refuerza incluso, la política de recortes sociales del ejecutivo catalán? ¿Qué lógica usan Mas y Homs en sus inferencias? ¿Algún modelo no-standard paraconsistente? ¿Disminuir en más de un 30% los votos obtenidos en las elecciones autonómicas refuerza una política que aumenta los privilegios de los ya muy privilegiados y esquilma el demediado Estado de bienestar catalán, que en ningún caso es un nudo avanzado del Estado de bienestar español? ¿Es eso o es otra cosa que no tiene nada que ver con urnas y con resultados electorales?

Notas:

[1] Pau Rodríguez, “La indignación de plaza Catalunya contagia a los barrios”, Público, 25 de mayo de 2011, p. 21.

[2] Albert Martín Vidal, “El govern veu legitimats a les urnes els seus ajustos”. Público, 25 de mayo de 2011, p. 2( edició catalana).

[3] Será por eso que 180.000 trabajadores públicos de la Generealitat se quedarán este año sin la aportación a su plan de pensiones que la Generalitat hacía anualmente desde hace unos cinco años (algo que, por otra parte, los sindicatos jamás deberían haber aceptado: un plan de pensiones privado de todo los empleados públicos contraído con La Caixa) y el fondo de acción social, que financia algunos gastos sociales de los trabajadores públicos, quedará reducido a la mitad. Las medidas serán introducidas por Gobernación, la conselleria de Felip Puig, en el anteproyecto de presupuestos.

[4] Obsérvese que si restamos de los votantes, los votos nulos y en blanco; y sumamos a las abstenciones estas cantidades, la situación quedaría así: votos (- nulos y blancos): 2.749.705; abstenciones (+ nulos y blancos): 2.558.122, menos de 200 mil votos de diferencia.

[5] Respecto a las elecciones, estas municipales, de 2007, CiU ha obtenido unos 50.000 votos más. Ningún éxito rotundo. Del 3,29% de los votantes del Estado ha pasado al 3,45%; de 723.325 votos ha pasado a obtener 778.679.


* Rebelión - Opinión - 26.05.11

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¡A la puta calle! - El Roto



Viñeta: El Roto - El País - 26.05.11

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La exalcaldesa de Parcent declara ante el juez por una obra fantasma de 42.000 euros

LEVANTE/Alicante* : La exalcaldesa de Parcent, Mª Carmen López, y el que fuera su concejal de Urbanismo durante el mandato de 2003 a 2007, Ismael Reig, ambos del PP, declararon ayer en el juzgado de Dénia por una denuncia del actual equipo de gobierno (Coalició Democràtica de Parcent) por unas obras fantasma de un aparcamiento, valoradas en 41.828 euros y por las que el ayuntamiento llegó a pagar 25.586 euros, puesto que la empresa contratada renunció a 16.242 euros. El aparcamiento es un erial cubierto de escombros. Sin embargo, en 2005, la entonces alcaldesa firmó dos actas de recepción que indicaban que las obras estaban "totalmente terminadas y en buen estado de servicio".
La exalcaldesa y el exconcejal de Urbanismo declararon durante hora y media ante la titular del juzgado de instrucción nº2. Al salir, ambos declinaron hacer declaraciones y sólo comentaron que había quedado "contentos". Este diario ha podido saber que ante la juez tanto Mª Carmen López como Ismael Reig insistieron en su inocencia y en que no habían cometido ninguna irregularidad.
La denuncia, presentada por el actual alcalde, Máximo Revilla, pide que se investiguen los posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

Este último delito podría haberse cometido al firmarse unas actas de recepción de obras y darse éstas por finalizadas cuando, por el estado actual de la parcela, nunca llegaron a acabarse.
En agosto de 2004, el entonces gobierno del PP firmó un convenio con la Diputación de Alicante para acondicionar la parcela y convertirla en aparcamiento de la zona comercial y el mercadillo de Parcent. Los trabajos se contrataron por 25.828 euros, pero tras darse por concluidos y certificarse a la empresa el pago, ésta renunció a 16.242 euros y sólo exigió 9.586.
Luego, la diputación otorgó una subvención de 12.000 euros para vallar y pavimentar el aparcamiento. El proyecto total ascendía a 16.000 euros. Se contrató a la misma empresa y se le pagó el montante total.
Sin embargo, en el terreno no hay ni vallas ni pavimento. Esos trabajos nunca se hicieron. El supuesto aparcamiento es hoy un erial en el que ha crecido la hierba y hay escombros acumulados. Del proyecto de acondicionamiento sí que se realizaron movimientos de tierra, obras de muros de escollera y de compactación de zahorras, pero no se llegó a allanar el terreno ni se dejó listo para asfaltarlo y habilitarlo como aparcamiento. En la actualidad, cualquier parecido de esta parcela con un parking es una casualidad.


* Levante - 26.05.11
Foto: Ismael Reig y la exalcaldesa, ayer, al salir del juzgado.- a.p.f

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Los electores ven la corrupción como una cuestión ajena, según los expertos

ELPAÍS* : Los políticos con causas judiciales abiertas apenas tienen castigo en las urnas. Apenas importa que sea una cuestión de enriquecimiento personal o de beneficio para el partido que representan. Es lo mismo que se trate de una maniobra urbanística que de adjudicaciones de servicios públicos. La corrupción no pasa factura. Todos los expertos, y las encuestas, coincidían en que la que se considera como un cáncer en el sistema democrático no iba a ser una cuestión determinante en los resultados electorales. Y las previsiones se cumplieron. Pero ¿cómo se explica que los ciudadanos no castiguen actitudes que deterioran lo público?
Tras el análisis de los resultados electorales, catedráticos y profesores de Opinión Pública, Politología y Sociología, coinciden en que la corrupción no es clave en unos resultados electorales. Y a la vista está. Sin embargo, respecto a las causas, los argumentos varían.

- Cuestión ajena. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, Miguel Anxo Bastos, considera que a la hora de emitir un voto, el ciudadano no tiene en cuenta la corrupción como cuestión determinante en su decisión sino que se fija más en la gestión "porque no son incompatibles". Apunta que los electores ven la corrupción como "ajustes de cuentas" entre miembros de un mismo partido o entre contrincantes políticos. En el mismo sentido, Susana Corzo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Granada, esgrime que el castigo en las urnas no llega porque los electores no la conciben como uno de los principales problemas, sino como un instrumento electoral para desprestigiar al adversario político. De esta manera, la politóloga advierte de que se terminan normalizando las acusaciones y el ciudadano presta más atención a conflictos que le afectan de forma más directa, como el desempleo o la crisis. El sociólogo José Miguel Iríbar cree que más que ajena se ve como algo lejano y, en el fondo "como algo que haría cualquiera y, por lo tanto, se castiga menos". "No hay conciencia del deterioro de lo público", añade. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, coincide en esta percepción. "Los ciudadanos no se sienten víctimas directas sino que lo ven como daños a la sociedad en general, no piensan que hayan perdido de su cartera", dice, "En cambio, la crisis sí se ha reflejado en su voto", añade.

- Castigo. El catedrático de Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid, Fermín Bouza, lo tiene claro: "La corrupción en España no quita ni un voto, a la gente no le importa". Y, aún admitiendo lo exagerado de su afirmación, explica cómo en 1995 el PSOE no perdió las elecciones por los casos Roldán y GAL sino, "como ha ocurrido ahora, por el paro". Sin embargo, el profesor de Sociología de la Universitat de Valencia, Josep Pérez, cree que el castigo sí ha existido, aunque en una escasa medida, y traducido en el incremento de los votos nulos y en blanco. Así lo interpreta de los resultados registrados en la Comunidad Valenciana, una de las más marcadas por la corrupción, donde la suma de estos alcanza casi el 5%. Manuel Villoria sostiene que para que un partido sea castigado se precisa de una alternativa. En caso contrario, se opta por la abstención y el voto a partidos minoritarios y pone como ejemplo lo ocurrido en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, vinculados al caso Gürtel, en la que listas de independientes "que han hecho de la lucha contra la corrupción su bandera", han obtenido muy buenos resultados.

- La cuestión judicial. Susana Corzo rechaza que las acusaciones de corrupción terminen por decidir el voto de los ciudadanos porque los vecinos piensan que no son ellos quienes tienen que juzgar, que determinar la responsabilidad, sino los jueces. Achacar esta conclusión a los electores es, para Bouza, otorgarles una racionalidad que no asigna a la mayoría de los ciudadanos. Para Josep Pérez, la lentitud de la justicia se traduce en una apreciación de "impunidad judicial".

- Diferentes corruptelas. Para la profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada Susana Corzo sí hay diferentes actitudes ante los casos. Según apunta, si los acusados son parte de la comunidad o si la consecuencia de la corrupción tiene algún efecto beneficioso en la población, como la construcción de algún servicio común (un polideportivo u otra instalación municipal), los ciudadanos suelen ser más tolerantes que con aquellos casos en los que se produce un enriquecimiento personal o del partido político. Y mantiene que el perdón en las urnas no solo se otorga a los acusados de corruptelas delictivas sino que también ocurre con el transfuguismo. "No pasa ni en Galicia ni en ningún sitio", afirma. Para Fermín Bouza la corrupción que no se perdona es la moral, "las mentiras", apunta, "porque se identifica con las ideas".

- La indulgencia. La indulgencia llega de todos lados. Bastos tampoco cree que el castigo de los votantes a la corrupción difiera según la tendencia de cada uno, sino que la falta de sanción se da en todo el electorado, "de todos los partidos". Según el sociólogo José Miguel Iríbar, "el perdón a la corrupción sí es más notable entre los votantes conservadores. Y yo creo que tiene un trasfondo religioso", apunta. "Son pecadillos que se lavan", añade. Iribar tampoco cree que la tendencia política de los votantes condicione el sentido de su voto atendiendo a la corrupción y alerta de que Iribar apunta que "el peligro es que se genera la cultura del todo vale". Sin embargo, Manuel Villoria cree que el votante progresista sí castiga a sus corruptos en mayor medida que el PP y se remite a los "resultados demoledores de Sevilla".


* El País - 24.05.11
Foto: Caso Gürtel, el jefe Correa en coche - EFE

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A juicio la alcaldesa electa de Aguadulce por prevaricación el día previo a tomar posesión

EUROPAPRESS/Sevilla* : El Juzgado de lo Penal nº4 de Sevilla albergará el próximo 10 de junio la vista oral correspondiente a la causa que afronta la exalcaldesa de Aguadulce Isabel Ortiz (PSOE) por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio a cuenta de la licencia de obras concedida en 2005 para la construcción de dos naves de engorde de pavos supuestamente en suelos calificados como rústicos. El juicio, a tal efecto, se celebrará un día antes de que el Ayuntamiento de Aguadulce, hasta ahora gobernado por IU-CA, constituya su nueva corporación con la proclamación de la propia Ortiz como alcaldesa por mayoría absoluta.
Joaquín Benítez, ya alcalde en funciones de Aguadulce, ha informado a Europa Press que fue él quien elevó los hechos en cuestión a la Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de Sevilla, que como promotora de la querella que dio pie a las diligencias reclama para Isabel Ortiz nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para el ejercicio o empleo de cargo público a cuenta de posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Según ha relatado, el 19 de octubre de 2005, cuando Isabel Ortiz aún ostentaba la Alcaldía que ahora ha recuperado, autorizó una licencia de obras en favor de un concejal socialista con destino a la construcción de "dos naves de engorde de pavos en suelos declarados rústicos" por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El mismo día en el que la entonces alcaldesa firmaba la licencia en cuestión, el arquitecto municipal y la Secretaría General del Consistorio habrían evacuado informes contrarios a tal licencia, según defiende el primer edil saliente.

El juicio, en el que el Ayuntamiento está personado como parte, se celebrará de cualquier modo el próximo 10 de junio, precisamente un día antes de que Ortiz tome nuevamente posesión como alcaldesa de Aguadulce.


* Europa Press - 24.05.11
Foto: Aguadulce (Sevilla), plaza - andaluciaturismo

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Oviedo.- Solares para los vecinos

LNE* : El Foro de Urbanismo Crítico quiere trasladar a Oviedo la iniciativa «estonoesunsolar», que busca recuperar espacios abandonados de las ciudades para usos vecinales. La propuesta busca crear espacios de sociabilidad, juegos infantiles, huertos urbanos, en definitiva, «humanizar la ciudad, en especial para aquellos para los que la ciudad es más hostil e insegura, como niños y personas mayores», según explicaron los responsables de la asociación. La idea es que la nueva Corporación surgida de las urnas el pasado domingo traslade a la capital del Principado una línea de actuación que ya se ha desarrollado en otras ciudades con el apoyo de las instituciones locales.
«Estonoesunsolar» es una iniciativa que nació en Zaragoza, donde está promovida por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y conducida por los arquitectos Patrizia di Monte e Ignacio Gravalos Lacambra. Surge como respuesta a una serie de demandas ciudadanas y cumple con un doble objetivo, «por un lado, el de dar un uso público temporal a solares vacíos y degradados», siempre que los propietarios de estos solares lo permitan, y, por otro lado, «generar empleo entre parados de larga duración».

La iniciativa, que da solución a un problema actual que afecta a muchas ciudades, ha tenido muy buena acogida entre los vecinos. Estos espacios se están acondicionando para uso deportivo, lúdico, infantil, recreativo, educativo, etcétera, y son de libre acceso, gratis y para todos los públicos, de manera que sus únicas obligaciones son las de disfrutarlos y cuidarlos.

El Foro de Urbanismo Crítico entiende que la iniciativa tiene fácil traslación a Oviedo, «y además es muy barata», por lo que ya ha empezado a trabajar en la elaboración un catálogo de solares que podrían ser reciclados y buscar posibles usos.

Además de facilitar nuevos espacios para el disfrute de los vecinos, los promotores de esta acción explican que la recuperación de los solares abandonados o degradados mejora estéticamente el paisaje urbano. Además, al articular esa recuperación a través de planes de empleo se atenúa, aunque sea temporalmente, el acuciante problema del paro para los beneficiarios de estos planes.

Por último, desde el Foro de Urbanismo Crítico explican que «estonoesunsolar» «fomenta la participación ciudadana, ya que se trata de que las asociaciones vecinales, culturales o deportivas se impliquen en decidir el uso y la gestión de uno de los solares que se quieren recuperar».

El Foro de Urbanismo Crítico es una organización que surge en Oviedo ante lo que entienden como una «marbellización» de la ciudad. Además, han denunciado la «corrupción, las privatizaciones, la degradación del medio ambiente y la destrucción del patrimonio histórico», y han puesto en el otro lado de la balanza una propuesta para desarrollar «un modelo alternativo de ciudad» que, en su opinión, debe ser «más democrática, social y ecológica».


* LNE - 25.05.11
Foto: Uno de los solares recuperados en Zaragoza.- lne

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La Miami española

LAVANGUARDIA* : A orillas del Mediterráneo, en la falda de la Sierra Blanca, se emplaza una de las ciudades más cosmopolitas de la Costa del Sol. Centro de la jet set internacional desde los años cincuenta, Marbella se erige al igual que Montecarlo, Miami o Gstaad como punto de encuentro de aristócratas y millonarios de medio mundo, sobre todo durante la época estival. La lista de celebridades que poseen propiedades en Marbella o la visitan regularmente es muy larga, con personalidades que van desde el príncipe Alberto de Mónaco hasta personajes del show business como Paul McCartney, Antonio Banderas o Julio Iglesias, entre otros. Incluso la actual primera dama de EE. UU., Michelle Obama, disfrutó junto a su hija pequeña Sasha de unos días de vacaciones el pasado verano en la considerada Miami española.
En poco más de cincuenta años el antiguo pueblo de pescadores y agricultores de 10.000 habitantes se ha convertido en uno de los referentes del panorama turístico mundial, con una población que actualmente supera las 135.000 personas, el 20% de los cuales son extranjeros. "La gran mayoría de los compradores de de casas de lujo que tenemos ahora en Marbella son del norte de Europa. Suelen comprar propiedades de vacaciones. Muchos de ellos pasan aquí los meses de invierno debido al buen clima.

La infraestructura de Marbella y, por ejemplo, sus colegios internacionales son otros de los atractivos para los extranjeros que deciden venir a instalarse aquí definitivamente con toda la familia", explica Pia Arrieta, directora de la inmobiliaria Diana Morales Properties, especializada en propiedades en la Costa del Sol.

La Milla de Oro, que conecta la parte oeste de Marbella con el nada modesto Puerto Banús, es una de las zonas más icónicas de la ciudad. En ella se localizan algunas de las residencias más lujosas de la ciudad, como el palacio del ya desaparecido Rey Fahd, así como decenas de villas y áticos escondidos entre exuberantes jardines subtropicales que aguardan vistas espectaculares de la costa.

Pero, ¿cuánto cuesta poseer un pedacito de este paraíso? Los expertos apuntan a que se puede adquirir una propiedad de lujo en la ciudad costera a partir del millón y medio de euros en adelante. Pese a estar reservado para unos pocos bolsillos, el año pasado la agencia Engel & Voelkers de Marbella declara haber vendido un 26% más de propiedades de lujo que en el 2009. "Esto se debe a que en los últimos tres años el precio de las propiedades de lujo ha caído entre un 15% y un 25% en ciudades como Marbella, y a que en la Costa del Sol gozamos, durante todo el año, del mejor clima de toda Europa", afirma Smadar Kahana, mánager de la oficina de Marbella.


* La Vanguardia - YaEncontre - 9.05.2011
Foto: Marbella, arco entrada símbolo del gilismo - laopiniondemalaga.es

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El Sol sale por todas partes. Por la liberación de espacios

ABRASAD@S DE SOL* : Todos hemos visto lo que ha sucedido en Madrid desde el día 15 de Mayo, pero quizás no lo comprendemos o valoramos totalmente: la ocupación y liberación de la Puerta del Sol ha abierto una grieta en la muralla del orden establecido, de la rutina y hasta del sentido común domesticado por la que se ha colado el espíritu de la libertad, concretado en las asambleas, las comisiones y los grupos de trabajo y su funcionamiento horizontal basado en la libre discusión de los acuerdos y los delegados rotativos, así como en la solidaridad, la comunicación real y el apoyo mutuo, en la democracia real, en suma, que estamos intentando reinventar y experimentar como el mejor medio y el más legítimo para adueñarnos verdaderamente de nuestro destino, sin la dictadura del dinero ni la tutela de los políticos.
Sin embargo, todo este proceso y lo que todavía pueda venir a continuación como tanto y tantos anhelamos, se basa en un principio que debemos recordar, asumir y reivindicar. Si por fin estamos juntos en esta plaza que deja de ser lugar de tránsito entre los templos del consumo para recuperar su vocación de ágora libre y de corazón donde laten los sueños de la ciudad, ha sido por un acontecimiento ilegal que a la vez funda una legalidad nueva: el hecho consumado de la ocupación de Sol como forma de protesta pacífica, y la firme y decidida consolidación de tal ocupación a pesar del desalojo de la madrugada del martes, de las amenazas y del aguacero del miércoles, de la intimidación de la Junta Electoral y del calor del fin de semana.

Porque desde el punto de vista de la ley del más fuerte que hoy nos domina: ilegal fue la toma de la Gran Vía y de otras calles y plazas tras la manifestación del 15 de mayo y la resistencia que se llevó a cabo, expresión legitima de la rabia acumulada por tantos días desperdiciados y explotados y tanta tristeza, e ilegal fue la sentada de los manifestantes galvanizados por la revuelta en la noche del domingo, e ilegal fue la carpa del lunes y la reconquista de Sol del martes y la instalación de más carpas esa misma noche…y la concentración preventiva del miércoles ante la certidumbre de una nueva expulsión que sólo detuvo la marea de gente ilegal dispuesta a plantar cara a esa ley que ya no reconocemos como nuestra…y el colmo de la ilegalidad fue mantener y reforzar hasta un punto difícil de imaginar la acampada en plena jornada de reflexión contra los ladridos del PP y de la ultraderecha tertuliana, gesto ilegal donde los haya que tuvo el inmenso valor de revelar y disolver la miseria de la campaña electoral que ya nadie fingía ni seguir ni atender, pues lo importante y lo democrático se cocía en Sol, y no en los mítines ni en la televisión. Y, sin duda, el colmo de los colmos de la ilegalidad es mantener todo esto el mismísimo domingo de las votaciones, y más allá aún, a la semana siguiente, y el llamamiento a la extensión del movimiento y la creación de asambleas de barrios y pueblos, y todo lo que aún está por llegar y llegará.

Y es que el deseo de libertad, justicia y autonomía se impone cuando deja de ser individual e impotente y encuentra cómplices que lo fortalecen contra cualquier obstáculo. Pero esto no puede bastarnos. Una de las exigencias que nos han sacado a la calle y nos han clavado a ella es el problema de la vivienda, pilar fundamental de una vida autónoma de adultos y no de eternos e irresponsables menores de edad, y digna de ser vivida en vez de soportada. Recordemos entonces que, en este instante, hay miles de personas que vegetan y duermen en las calles; que otros tantos no duermen por la noche por el miedo al desahucio, pues el desahucio existe y su terror está haciendo estragos todos los días y todas las noches; que, finalmente, otros muchos más ya han perdido el sueño y la esperanza de habitar una casa si no es en el exilio de las urbanizaciones que se construyen cada vez más lejos de la ciudad que amamos, o aceptando la servidumbre eterna de las hipotecas salvajes o la sangría escandalosa de los alquileres vampiros. Y sin embargo, también alrededor nuestro hay casas en buen estado, bloques de apartamentos recién terminados, locales, cines, hoteles y oficinas abandonados o en desuso pero aprovechables, edificios durmientes y embrujados y vacíos que sólo existen para el sucio juego de la especulación, que les despertará cuando considere que su valor ha aumentado lo suficiente.

Pero si nos hemos reunido en Sol ha sido, entre otras cosas, para denunciar la especulación y combatirla con palabras y con actos, como hemos hecho con toda esta plaza, liberándola del consumismo, de la soledad y del aburrimiento al transformarla en crisol de experiencias y proyectos y alto horno magnético donde se conocen, se mezclan y se funden los desconocidos que antes caminaban solos a ninguna parte. Pues bien, necesitamos casas para vivir y para amar, y más espacios para seguir encontrándonos, hablar y gestar las bases del mundo nuevo, y sabemos cómo encontrar esas casas y esos espacios, y qué hacer con ellos, y cómo defenderlos, y que hacerlo es tan legítimo como lo son nuestros sueños y nuestras esperanzas, pues no se trata de legal o ilegal sino de justo o injusto, de necesario o superfluo y nocivo como todo o casi todo los que nos venden y nos proponen.

Debemos extender por tanto el principio de liberación colectiva que nos ha permitido reapropiarnos de Sol a todo Madrid, a todos sus espacios y lugares desaprovechados que la economía malogra y los políticos olvidan. Las plazas se han de convertir en espacios para hacer política sin políticos, tenemos todo el derecho de reunión y de manifestación en las plazas públicas ya que estas plazas son propiedad del pueblo, por ello, al igual que se ha producido en Sol de forma instintiva, las plazas han de ser espacios sin dinero, sin dirigentes y sin mercaderes, son el germen de un nuevo mundo y el único poder que reconocen es el de la asamblea de su barrio o pueblo. Pero que ese deseo de liberación no se quede ahí. Porque sin casas que habitar ni locales donde reunirnos, no hay asambleas ni democracia real ni nueva sociedad que valga.

Se trata tan sólo de ser conscientes de nuestra fuerza y de nuestros deseos, y de ser consecuentes con todo lo que hemos hecho hasta ahora, y con todo lo que podemos hacer y que haremos.

Hacia la proclamación de la Comuna de Madrid,
Todo el poder a las asambleas
¡Lo queremos todo y lo queremos ahora!

Abrasad@s de Sol


* OtroMadrid - Opinión - 25.04.11

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Acusados los dueños de Aifos de apropiarse de 1,12 millones de €

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide cuatro años de prisión para Jesús Ruiz Casado y su mujer, Teresa Maldonado Taillefer, administradores de Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, por un presunto delito de apropiación indebida cometido al quedarse con 1,12 millones de euros entregados por los compradores de viviendas en una exclusiva urbanización de Casares. Los afectados son catorce parejas, dos adquirentes individuales y una empresa que compraron diecinueve casas en la promoción conocida como Hacienda Casares, ubicada en la localidad homónima. La mayor parte de los que se hicieron con viviendas de Aifos son extranjeros de nacionalidad británica. Las cantidades entregadas por las parejas oscilan entre los 51.000 euros y los casi 70.000. Destaca el caso de una empresa que se hizo con cuatro viviendas en la promoción, pagando las siguientes cantidades por cada una de ellas: 69.911 euros, 70.651, 65.101 y 69.951. Todas estas cuantías se hicieron efectivas a lo largo de los años 2003 y 2004, según consta en el escrito de acusación fiscal.
«En cualesquiera de tales supuestos, el resto del precio, hasta completar el pago íntegro de las viviendas adquiridas, quedaba diferido al momento en que se concediera a Aifos un crédito hipotecario, en el cual se subrogaría el adquirente», explica el responsable de la acusación pública en el escrito de conclusiones provisionales, remitido al Juzgado de Instrucción nº6 de Málaga.

Las obras jamás comenzaron

En los contratos se fijaba, explica el fiscal, «de manera expresa», para el supuesto de que el comprador resolviera el documento, «que las cantidades entregadas le serían devueltas con el interés correspondiente». Ello se podía aducir por «expiración del plazo para la iniciación o finalización de las obras», según el artículo tres de la ley 57/68. En el documento contractual se establecía «como fecha máxima de expiración del plazo de comienzo de las obras el 1 de noviembre de 2004», añade el acusador público.

No se iniciaron los trabajos por razones que, «básicamente, pueden centrarse en los retrasos en la urbanización de los terrenos». A ello se había comprometido la vendedora de las parcelas a Aifos, pero la «construcción nunca se alzó» en esa superficie.

«No puede acreditarse por parte de Aifos el haber empleado el dinero recepcionado de los adquirentes en las necesidades derivadas del proceso constructivo. Si hubiera aperturado una cuenta especial donde ingresar las sumas recibidas, sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto, pero no lo hizo, ni ha verificado la restitución de esas sumas por otros cauces», subraya el acusador público.

Calificación fiscal

Los hechos han sido calificados por el ministerio fiscal como un supuesto delito continuado de apropiación indebida, por el que se le piden cuatro años de cárcel a Ruiz Casado y otros tantos a su esposa, amén de sendas multas de 6.000 euros y el abono de las costas procesales. De esa cantidad responderá subsidiariamente Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias.

Asimismo, «por vía de responsabilidad civil, los acusados, de manera solidaria, y la mercantil, con carácter subsidiario, abonarán a los compradores las sumas que entregaron y que se han considerado objeto de apropiación por parte de los encausados», apostilla el fiscal.


La Opinión Málaga - 24.05.11
Foto: Jesús Ruiz Casado, dueño de la empresa Aifos - laopinion

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