El derribo de casas ilegales empezará por las que están en zonas inundables

ABC/Sevilla* : La Consejería de Obras Públicas y Vivienda trabaja en la elaboración de un decreto que dará amparo legal al proceso de normalización de los miles de inmuebles que se encuentran en situación ilegal o irregular al haberse construido en suelo no urbanizable, y en algunos casos en terrenos de especial protección medioambiental. Un porcentaje de ellos se verá inevitablemente abocado a desaparecer por derribo, y en primera línea se sitúan las casas construidas en zonas inundables. El coste de la regularización de la viviendas que cambien de estatus administrativo y los nuevos servicios a los que podrán acceder correrá por cuenta de los propietarios. Gloria Vega, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo desde el pasado mes de noviembre, ha sido encomendada por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, para llevar a cabo la ardua tarea de poner orden en un capítulo de su departamento, como es sacar de la opacidad administrativa a las miles de viviendas, tanto aisladas como en formato de parcelaciones, que desde hace años incumplen la normativas urbanística. Dos comarcas, la Axarquía malagueña y el Valle del Almanzora, en Almería, han sido las elegidas para iniciar las actuaciones.

Marco legal

«El decreto forma parte —explica Gloria Vega— de un proceso que la Consejería está impulsando para dar una solución a este problema que es sumamente complejo y diverso. Hace años comenzamos a trabajar con los ayuntamientos en la realización de un inventario de viviendas levantadas en zonas no urbanizables, y dada la problemática es muy difícil pensar que es posible en el marco de la legislación un proceso de legalización total». En decir que, en momento alguno se ha optado por «una amnistía generalizada».

Según la secretaria general, «en el actual marco legal hay barreras que marcan diferentes circunstancias», como son la viviendas aisladas y las que se encuentran agrupadas en parcelaciones urbanísticas. Pero incluso en el capítulo de las casas aisladas, modelo que predomina en la Axarquía, también se dan distintos casos. «Hay viviendas históricas que llevan casi toda la vida en suelo no urbanizable y que carecen de autorizaciones, pero que sin embargo son legalizables por su origen histórico. Se dan también las viviendas que se construyeron legalmente y que ahora no lo son, porque la normativa del momento permitía que se levantaran en suelo no urbanizable en determinadas circunstancias, que luego cambiaron con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)». Con ello, las viviendas legales pasaron —y así se consideran en la actualidad— a irregulares.

Régimen distinto

El borrador de decreto que presentó días atrás Josefina Cruz al Consejo de Gobierno prevé dejar a esos inmuebles, indica Gloria Vega, «fuera de ordenación, y deberán tener un régimen distinto al de las viviendas que han surgido tras la LOUA, y que son ilegales desde el primer momento».

Existe, sin embargo, otra variante, es la de aquellas casas que se construyeron en zonas no autorizadas después de entrar en vigor la Ley, pero al haber pasado cuatro años desde que fueron finalizadas, en función de esta normativa no pueden ser objeto de medidas disciplinarias. «La solución es muy problemática. Las viviendas no son legales, no se pueden legalizar, pero tampoco se pueden tirar», asegura la secretaria general.

El decreto aborda todos estos «paquetes» y contemplará en el caso de las parcelaciones la idea es «desarrollar la LOUA, y en el de las viviendas aisladas se prevé el procedimiento específico, en el marco de esa ley, para diferenciar la vivienda que nació legal y se quedará fuera de ordenación, de la que nació ilegal y que no se puede legalizar porque han pasado cuatro años. A estas últimas se les va a reconocer su situación a través de un régimen específico».

Concretando aún más, las casas fuera de ordenación podrá acceder a «una licencia de ocupación», la aspiración de todos los propietarios, y las ilegales pero que han prescrito y no se pueden demoler, recibirán un reconocimiento que se denomina «asimilado a fuera de ordenación».

Término confuso

Reconoce Gloria Vega que el término es un tanto confuso, pero es el que figura en el reglamento de disciplina urbanística. «Suena como si fuera igual que fuera de ordenación, pero son regímenes diferentes, porque el primero tiene licencia de ocupación y puede acceder a los servicios (luz, agua, etc), y el segundo también dispondrá de servicios», pero con matices, con la fórmula del autoabastecimiento, y ofreciendo el propietario garantías al ayuntamiento en materia de habitabilidad, de seguridad o de vertidos que no afecten al medio ambiente.

«Las viviendas que no se podrán legalizar en ningún caso», subraya la secretaria general, «son la que están en suelos protegidos, las que no están finalizadas (la orden de paralización ha llegado cuando estaban en fase de estructura) y las que están afectadas por la LOUA y no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que marca la Ley para la prescripción. A ninguna de estas viviendas amparará el decreto, por lo que, llegado el momento, tendrán que desaparecer».

Advierte Gloria Vega que los trámites a seguir desde que se detecta una construcción irregular o ilegal hasta que se procede a su derribo son arduos. «Que no piense la gente que los mecanismos consisten en decir tú eres ilegal y mañana llega la grúa y procede a la demolición».

Puestos a priorizar, las primeras viviendas susceptibles de derribo son las que ocupan el dominio público hidráulico de zonas inundables. «Esas no tendrán arreglo —subraya la secretaria general— por el riesgo que tienen. Pero si por los estudios que se hagan se ve que los terrenos de dominio público no son inundables, las viviendas quedarán fuera de ordenación».

Hay otra excepción. Cuando por vía del planeamiento se puede llevar a cabo una actuación, una obra, «para evitar la inundabilidad», circunstancia que se puede dar en los núcleos considerados históricos y que eran legales en su origen.


* ABC - 22.04.11
Foto: Operación de derribo de una vivienda ilegal cercana a la capital cordobesa - abc

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Valencia.- El mejor negocio tras la 'Gürtel'

PÚBLICO* : La constructora valenciana Sedesa, que según el juez instructor del caso Gürtel pagó 130.000 euros a Orange Market para financiar ilegalmente la campaña electoral del PP en 2008, realizó ese mismo año otros pagos a empresas relacionadas con la trama: según la documentación aportada al sumario, Sedesa abonó otros 72.000 euros a FP y Asociados, un despacho madrileño que a su vez derivó la mitad de los pagos a Everland SL, administrada por la esposa del exdiputado del PP Jesús Merino, imputado en la causa. Sedesa, dirigida por Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino, ya no existe con este nombre. Pero a diferencia de otras constructoras que, como Begar o Teconsa, se vieron abocadas al concurso de acreedores tras verse relacionadas en el caso Gürtel, Sedesa pudo reinventarse sin mácula en lo que acabó siendo un buen negocio para sus propietarios: la absorción de por parte de la tecnológica Ezentis. Nueve meses después de difundirse los supuestos pagos ilegales para financiar la campaña electoral del PP, en junio de 2010, Sedesa fue adquirida por la antigua Avanzit, recién bautizada Ezentis.

La operación, que se valoró en 30 millones de euros con la emisión de nuevas acciones, se lanzó justo después de que el accionista clave de Avanzit, el fondo Thesan Capital, nombrara presidente, en febrero de 2010, a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y candidata del partido a la presidencia de Castilla-La Mancha.

En septiembre de 2009 había trascendido un informe policial aportado al sumario Gürtel que acusaba a varias constructoras valencianas, entre ellas Sedesa, de pagar a Orange Market, empresa de la trama corrupta, por actos electorales del PP. Las sospechas fueron ampliadas por otro informe de Hacienda. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, las ratificó al incluirlas en el auto de inhibición para que el tribunal superior valenciano asumiera la investigación de la financiación ilegal del PP.
"Reducir la deuda del PP"

En el auto, Pedreira sostenía que "sociedades del grupo Sedesa habrían abonado 130.000 euros para reducir la deuda del PP de la Comunidad Valenciana" en las elecciones de 2008. El juez señalaba a cinco constructoras, que según el auto aportaron 523.000 euros, IVA incluido, a la campaña de 2008. Estos movimientos supuestamente ilegales se declararon a Hacienda porque, según la investigación, se vehicularon a través de Orange Market. Esta firma de la trama habría organizado actos de campaña del PP que en realidad fueron pagados supuestamente por las empresas.

El auto de inhibición de Pedreira se redactó el 25 de mayo de 2010. Y no había pasado ni un mes cuando, el 22 de junio, Ezentis informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su intención de absorber Sedesa, cuyos portavoces niegan que financiara ilegalmente al PP.

La operación de compra coin-cidió con la revolución interna en la firma tecnológica, que en marzo anunció su transformación de Avanzit a Ezentis y el nombramiento como primer ejecutivo de Mario Armero bajo el impulso de Thesan Capital, fondo del banco japonés Nomura. El mes anterior, Thesan había nombrado presidente en España a Ignacio López del Hierro, que ya estaba en el consejo de Avanzit desde julio de 2009, tras la entrada del fondo de Nomura en el accionariado.
Apuesta del presidente

Un portavoz de Ezentis desvinculó por completo a López del Hierro de la apuesta por Sedesa y la atribuyó a Armero. López del Hierro se ha desvinculado recientemente de ambos proyectos: en diciembre de 2010 salió del consejo de Ezentis y el pasado febrero renunció a la presidencia de Thesan.

En 2008, los pagos de Sedesa relacionados con la Gürtel no se limitaron a Orange Market. Documentación aportada al sumario revela que este mismo año la constructora pagó otros 72.000 euros a consultoras de Madrid cuya relación con la trama se está investigando. La mitad de este dinero fue ingresado por Everland SL, empresa administrada por Ana Isabel Gutiérrez, esposa del exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino, imputado en la Gürtel y aupado por Mariano Rajoy como portavoz adjunto del PP en el Congreso precisamente tras los comicios de 2008.

Merino, que el pasado 11 de marzo compareció a petición propia ante el juez instructor de la causa en Madrid, tenía acceso a las cuentas de Everland SL y fue socio de esta sociedad en 2006. El exdiputado, que siempre ha negado su relación con la Gürtel, renunció al escaño en abril de 2010, al mismo tiempo que dimitía como senador Luis Bárcenas, también imputado y, como Merino, promocionado por Rajoy en 2008, cuando pasó de gerente a tesorero del PP.

Según un informe de Hacienda incorporado al sumario, las consultorías de Merino y su esposa ingresaron 8,44 millones de euros entre 2002 y 2008. Varios de estos clientes habían trabajado en operaciones con imputados en la trama.
"Asesoría técnico-legal"

El acuerdo con Sedesa fue a través de FP y Asociados, despacho con el que la constructora firmó un contrato de "asesoría técnica-legal para la preparación, gestión y tramitación de cuantas ofertas decida presentar a los diferentes concursos o invitaciones promovidas por Administraciones y Empresas Públicas y Privadas".

El pago era de 6.000 euros mensuales. De ellos, 3.000 los ingresaba Everland SL, que entre 2004 y 2008 suscribió una decena de acuerdos idénticos con FP y Asociados de forma que esta le derivaba clientes y le pagaba el 50%.

En total, Sedesa abonó 126.000 euros a FP y Asociados por este contrato, suscrito en julio de 2007, de los que 63.000 euros recayeron en Everland. Según consta en la documentación aportada al juez del caso Gürtel, el último pago de Sedesa que cobró Everland SL fue el 4 de marzo de 2009, tres semanas después de la desarticulación de la trama. Luego no hubo más pagos.

La relación entre FP y Asociados y la esposa de Merino iba más allá de estos contratos puesto que ésta era accionista de Hurt-Newton, vinculada a FP y Asociados. Asimismo, una de las administradoras de FP y Asociados tenía a su vez autorización para acceder a una cuenta de Consultoría y Gestión de Inversiones, sociedad vinculada a Jacobo Gordon, también imputado.


* Público - 24.04.11
Foto: Caso Gürtel, compra Sedesa - elpais

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Barcelona.- El Supremo también anula la reforma del Eix Llacuna

ELPERIÓDICO* : El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del plan de reforma interior (PERI) del Eix Llacuna en Poblenou, atendiendo la demanda que en el 2002 presentó el grupo municipal de CiU. Es la segunda vez que los jueces tumban el proyecto, después de que en el 2006 fuera el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) quien ya se postulara en contra. Los nacionalistas, que ayer informaron del fallo a través de una nota, vieron «confirmadas» sus tesis, mientras que desde el ayuntamiento se señalaba que la legislación sobre la que se basa «no está vigente». La resolución desestima de esta manera el recurso presentado por el consistorio en el 2006 ante unos hechos que se remontan al 25 de octubre del 2002, cuando el ayuntamiento aprobó la reforma de esta zona comprendida entre las calles de Pere IV, Roc Boronat, el cementerio de Poblenou y Llacuna, en paralelo a la rambla del Poblenou. El proyecto despertó la ira de los vecinos, ya que inicialmente se preveía construir nueve rascacielos de hasta 72 metros que el consistorio finalmente aceptó reducir.

ARGUMENTOS CONTRA EL PLAN / el concejal de CiU Joan Puigdollers explicó ayer a Europa Press que el fallo del Supremo, fechado el 23 de marzo, avala la tesis de su formación, según la cual el plan se hizo mal porque «afectaba a cambios en las zonas verdes que no estaban bien tramitados». Otros argumentos que los nacionalistas usaron contra el PERI del Eix Llacuna y que el TSJC dio por buenos fueron la «violación del régimen legal del suelo» y, por tanto, el hecho de «no respetar el régimen de cesiones y cargas de la ley de urbanismo anterior», y la aplicación de conceptos que no recogían las leyes en vigor en el momento de la aprobación, en octubre del 2002.

Fuentes de la concejalía de Urbanismo defendieron que la sentencia, que todavía no se les ha notificado por las vías ordinarias, «no tiene ningún efecto porque la legislación sobre la que se basa ya no está vigente», con lo que el PERI, a su modo de ver, es «perfectamente válido». «Con el recurso quedaba clara la voluntad de CiU de dificultar las cesiones de suelo al ayuntamiento para construir equipamientos y viviendas públicas. El deseo de CiU era ayudar a los particulares a obtener más plusvalías y evitar cesiones a la ciudad», señalaron las mismas fuentes.

ACUERDO VECINAL / El Eix Llacuna es uno más de los múltiples proyectos urbanísticos que buscan convertir el 22@ en la nueva zona de negocios de Barcelona. Tras el enfado inicial de los vecinos, el ayuntamiento logró alcanzar un acuerdo que beneficiara a ambas partes, y, a día de hoy, ya se han construido la mayoría de edificios -oficinas, hoteles, vivienda pública...- que preveía el plan.

Por su parte, Puigdollers destacó que la sentencia del Tribunal Supremo llega al final del mandato, e ironizó sobre la posibilidad de que sea un ayuntamiento liderado por el candidato de CiU, Xavier Trias, el que tuviera que aplicar el fallo.


* El Periódico - 25.04.11
Foto: Barcelona, vista mar PobleNou - EP

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El Puerto.- 'Las Beatillas': oídos sordos a la Justicia

LAVOZ/Cádiz* : Un mes después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordena la demolición de este macrocomplejo turístico y deportivo, todo sigue igual en Las Beatillas. La Junta, que tendría que asumir la responsabilidad subsidiaria, se encuentra por el momento a la espera de que el Grupo Jale responda al mandato judicial y derribe su propiedad. El Ayuntamiento portuense, por su parte, carece de competencias en este asunto y se muestra presto a la colaboración en el caso de que la Administración regional lo solicitara. Fuentes cercanas al Grupo Jale confirmaron que en Las Beatillas solo se encuentran los guardas de seguridad. Ante los rumores de que la entidad podría haber solicitado una prórroga al disponer de reservas para celebrar bodas y comuniones, estas fuentes descartaron tal posibilidad e informaron que el complejo, inaugurado en 2001 para la celebración de congresos, fiestas y actividades deportivas, entre otros, redujo drásticamente su actividad en enero, y de forma total a partir del nueve de marzo. Solo unos días antes de que el Supremo dictara una sentencia firme, y contra la que no cabe recurso alguno.

Sin licencia de obras

Construido en suelo calificado como no urbanizable de sistemas generales de espacios libres, el Grupo Jale solo necesitó una licencia de obras del área de Urbanismo del Consistorio portuense, que permitía la ampliación del antiguo cortijo con el fin de desarrollar actividades de hostelería. Nada que ver con lo que se hizo. La empresa levantó un palacio de congresos de planta baja más subterráneo, un restaurante de 285 metros cuadrados, cinco pistas de pádel, un parque infantil, una carpa, una urbanización de 11.684 metros cuadrados y aparcamientos. Todo tiene que desaparecer en virtud de la sentencia del Supremo, que tras ocho años de trámites, desestimó los recursos de casación interpuestos por Jale Construcciones S.A. y Las Beatillas S.L. para darle la razón al TSJA en torno a la ilegalidad de esta construcción, donde tendría que existir un parque periurbano de uso público.
Desde la Junta se puso de manifiesto que ya existe un proyecto para el derribo del complejo en el caso de que el Grupo Jale no ejecute la orden. Pero la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, señaló en declaraciones recientes durante una visita a El Puerto, que por el momento se encontraban a la espera de que el propio grupo asumiera su responsabilidad. Fuentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento explicaron que la Junta le retiró las competencias en este ámbito pero que en todo caso podría solicitar su colaboración en el caso de la ejecución del derribo. Algo que por el momento no ha sucedido. Como tampoco ha recibido el Consistorio una petición del Juzgado para que vigile si el Grupo Jale inicia las obras de demolición. Estas fueron decretadas en 2003 por la DirecciónGeneral de Urbanismo de la Junta de Andalucía y recurridas por las citadas empresas. Pero desde el Supremo consideran que la sentencia «no se puede tachar de desproporcionada, sino más bien de ejemplar». El escrito añade que «resulta de una claridad incontestable que las obras, cuya demolición se ha ordenado, fueron realizadas sin licencia y que no está permitido que, sin ellas, un antiguo cortijo se convierta en un complejo turístico deportivo. Por lo que las construcciones son ilegales e ilegalizables». Con respecto al permiso que el Grupo Jale obtuvo del Ayuntamiento, en aquel tiempo gobernado por Independientes Portuenses, el Supremo lo considera una forma de ocultar y dar cobertura legal a algo que no la tiene.


* La Voz Digital - 22.04.11
Foto: El Puerto (Cádiz), complejo Las Beatillas a demoler - lavozdigital


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El Síndic insta a anular un plan en Sella que dobla el suelo urbanizable

ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Sella, una localidad con poco más de 600 habitantes del interior de La Marina Baixa, situada a 20 kilómetros de Benidorm, ha recibido la recomendación del Síndic de Greuges de retrotraer las actuaciones del plan parcial Saleres al momento anterior a la aprobación del proyecto de reparcelación de un PAI, que pretende construir 180 viviendas y duplicar la población de uno de los pueblos con más encanto de la comarca. Esta actuación, que doblará el suelo construido en la actualidad en este pueblo, es todo un ejemplo de la connivencia y la confusión de los intereses privados con el interés público. La queja al Síndic fue presentada por uno de los propietarios de suelo en el plan, Adolfo Pérez Alemany, que también interpuso una demanda civil contra el urbanizador, Sella Hills, S L. Las alegaciones que Adolfo Pérez presentó en las diferentes fases de tramitación del PAI fueron desestimadas hasta tres veces por haberlas presentado fuera del plazo establecido, según informa el Consistorio. Pero el Síndic deduce, de la documentación aportada por el mismo Ayuntamiento, que la Administración municipal hizo "una interpretación irrazonable o arbitraria de la legalidad procedimental", dando prioridad a la notificación de los plazos al afectado a través del Boletín Oficial de la Provincia antes que a la individual en su domicilio, actitud que favoreció al urbanizador.

Sella Hills asegura que ha acabado más del 96% de las obras de reparcelación y que se ha gastado 5,66 millones de euros, 2,32 más de los previstos "por modificaciones que ha ido exigiendo el propio Ayuntamiento". Esta contestación se deriva de una petición de aclaración del consistorio sobre el estado de las obras, paradas desde hace meses, con el objeto de conocer si podría haber caducado la condición de agente urbanizador de Sella Hills, que se defiende asegurando que la inactividad está justificada porque "los defectos detectados por el Registro de la Propiedad han sido debidos a las deficiencias de los certificados emitidos por el propio Ayuntamiento", gobernado por el PP con mayoría absoluta.

De hecho, hasta seis de las 19 parcelas del plan parcial están inmatriculadas, entre ellas la del exalcalde Vicente Mas, de 6.206,49 metros cuadrados, casi el 14% del total. El plan Saleres obligó a dimitir en abril de 2009 primero de alcalde, y luego de concejal a Mas, para poder aprobar la reparcelación, ya que fue recusado por los socialistas por sus intereses particulares en la tramitación y aprobación de este sector. Su sucesora, Natalia Hernández, hizo valer el voto de calidad como alcaldesa, ya que otro concejal del PP, sobrino del exalcalde, también era propietario de una parcela.

El exalcalde fue uno de los tres propietarios de suelo que decidió pagar en metálico las cuotas de urbanización, pero Sella Hills no le exigió el aval de los 191.592,11 euros que le correspondería abonar, como sí hizo con los 92.666,07 de su hermana, Emilia Mas Pla, o los 56.973,50 de Ester Gomis.

Saleres se ha quedado empantanado y, con ello, la CAM (Caja Mediterráneo). La empresa Sol de Sella, S L, que compró el 57% de los 45.536,21 metros del PAI y comparte administrador con la empresa urbanizadora, solicitó seis préstamos hipotecarios a la caja alicantina para otras tantas parcelas por un importe total de 4,7 millones de euros, cuyas condiciones ha tenido que renegociar, convirtiendo el plan parcial en uno de los activos tóxicos de la entidad.

El Ayuntamiento aprobó y adjudicó el plan a Sella Hills, S L, el 23 de julio de 2003. El 28 de septiembre de 2004 fue definitivamente aprobado por la comisión territorial de Urbanismo. Aunque el 11 de septiembre de 2009 se aprobó el proyecto de reparcelación, hubo que refundirlo y modificarlo para volverlo a aprobar en pleno el 28 de abril de 2010. Los socialistas han reclamado al gobierno local que explique con informes propios, no del urbanizador, la situación legal del plan y por qué las obras están paradas desde hace 10 meses.

El presidente provincial del partido y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, calificó como "magistral" la labor de Mas al frente de la alcaldía de Sella, a pesar de la oposición vecinal y ecologista que ha suscitado su gestión urbanística.


* El País - 24.04.11
Foto: La urbanización de Les Saleres, en Sella - elpais

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¿Cabemos todos en el mundo?

VICENTE VERDÚ* : Hace un siglo, la Tierra tenía 1.600 millones de habitantes. Este año seremos 7.000 millones. En 2050, ¿9.000 millones?...
La masa, la multitud, la muchedumbre. Se tome como se tome, este inmenso magma revolviendo su fuerte olor de chusma lleva a la voluptuosidad o a la náusea. El gentío puede ser público, un concepto impermeabilizado, o puede ser la masa que por sí misma indica una grasa sin cabeza, blanda e indeseable. Algunos seres humanos, reunidos y aislados, causan tristeza; muchas personas clamando ratifican el éxito o el fracaso de un hecho extraordinario. Pero finalmente un colmo voluntario cerca la humanidad a la manada. El tufo que desprende esa turbamulta fue el que envolvió desagradablemente al burgués Ortega y Gasset cuando en 1929 publicó La rebelión de las masas. Para Ortega, amante de la élite y del líder, creyente en lo selecto y minoritario, el ascenso de las masas y su dilatado influjo no solo anunciaba una época nueva, sino la decadencia de lo que se había respetado. Quizá, incluso, la definitiva decadencia que provoca el exceso irreversible y da paso tanto a los productos en serie como a los géneros degradados, dispuestos para contentar la vulgaridad de una democracia a la que llamó con despecho "hiperdemocracia": "sistema donde ya la masa actúa directamente sin ley". Este malestar que el hipergentío provoca se halla estrechamente unido a la alarma, entre aprensiva y humanitaria, que hoy levantan los pronósticos respecto a la superpoblación del mundo.

¿Podrá el mundo soportar los 9.000 millones de habitantes que se esperan para el año 2050? ¿Tendremos que permanecer con los brazos cruzados ante los 7.000 millones o más que se contabilizarán a finales de este año?

Un grupo de prestigiosos vaticinadores como Jared Diamond o Paul Ehrlich predicen para un futuro relativamente cercano "un colapso total". Colapso en el abastecimiento de víveres, colapso en la construcción de viviendas, colapso de la organización. Recuerdan estos "científicos", arúspices de lo aciago, al Ortega y Gasset y el barrio de Salamanca de los años veinte. O, en general, a toda la burguesía intelectual y fina que, por si no hubiera sido suficiente la hecatombe sufrida unos años antes con la Gran Guerra, ahora veía acercarse, y bien armada, a la avalancha de las masas que ni siquiera permitían pasear tranquilo, merendar cómodamente en una sala de té o acudir al teatro entre la clase educada, aseada y bien vestida de siempre.

La rebelión de las masas de 1929 encuentra hoy, un siglo después, su multiplicado correlato en el omnipresente y espeso vaho que desprende la temida superpoblación no ya del barrio o de la playa familiar, sino del atlas general del mundo. Puede que no hubiera alimentos para todos si las producciones del porvenir no variaran, pero los transgénicos y los insecticidas, los nuevos sistemas de riego, los cultivos con o sin tierra, y en general las inéditas aplicaciones bioquímicas, se encuentran preparados para atender un problema que reporta beneficios seguros, en la política, en la economía, en la salud y en la paz social.

De otra parte, todos los países que perviven tras desbancar a los dictadores se desarrollan y educan en el laicismo, ansían la vida confortable y disminuyen el culto a la fertilidad. La gigantesca proliferación de seres humanos en apenas cien años (de 1.100 millones a 7.000 millones) es obra de las zonas más pobres (subsaharianas, especialmente), pero esos alumbramientos por llameantes que sean se apagan poco a poco y en proporción al nivel de renta alcanzable.

El ascenso social coincide con el descenso de la natalidad y, sin muchas dudas, el miedo a la superpoblación en Occidente es el miedo a la fuerza de la pobreza que, en su desesperación, empuja a emigrar de cualquier modo y en avalancha hasta las ciudades más hermosas y ricas.

En EE UU, la simple aprobación de la ley de los derechos civiles en los sesenta desencadenó un gran movimiento de la superpoblación negra del sur hacia urbes como Washington, Filadelfia, Baltimore, Chicago y Detroit. Una emigración de tal envergadura y vehemencia que los blancos abandonaron a racimos sus viviendas ciudadanas y fueron a establecerse en el extrarradio.

Este ejemplo que ahora define el perfil de esas y otras ciudades norteamericanas del Este ha carcomido el urbanismo, ha acrecentado la delincuencia, ha promovido el destrozo y ha plasmado, en definitiva, la estampa del desequilibrio clasista sobre la arquitectura material y moral de estas ciudades.

Igualdad de derechos civiles, libre circulación y grandes desigualdades sociales componen la tríada de una fuerza invasora que si ya se ha experimentado en varias áreas del mundo desarrollado podría estallar a nivel planetario y la misma bomba atómica sería un torpe remedo de la bomba multitudinaria que encierra el superartefacto la superpoblación.

Que el mundo sea capaz o no de soportar 1.000 o 2.000 millones más de personas tiende a ser un planteamiento impertinente. El mundo, inherentemente, puede autorregularse ecológicamente, naturalmente, evolutivamente. El problema no lo tiene el mundo, sino los mejor establecidos en este mundo, los demógrafos maltusianos y algunos profesores eméritos que, nacidos en un planeta de 2.500 millones de habitantes, contemplan una humanidad que ya no entienden.

Todos aquellos baby boomers que se retiran o mueren ahora, unos del corazón, otros de desasosiego, han cruzado una época que asombraba tan solo con el prêt-à-porter, la televisión en serie, el chip infinito o incluso la aberración de no poder hablar más que en 140 caracteres del Twitter. Y todas estas rarezas, al alcance de cientos de millones de personas.

¿Más gente aún? ¿Mayor número de asistentes a los conciertos, más best sellers millonarios, colas hasta para la exposición de Tiziano, caravanas enormes de automóviles para llegar a Lloret del Mar?

La situación tiene que parecer alarmante a toda una ancha generación y no se diga ya si, según las previsiones, la muchedumbre tiende todavía a crecer y crecer. ¿Cómo no esperar que pase algo y de una categoría apocalíptica si no se contienen las gestaciones?

A Ortega y Gasset, esta plaga de la masa multípara le irritaba al punto que para explicar su personal (y cultural) ahogo ante las masas describía la nueva situación como la de "el lleno". "El lleno" es antipático, desagradable o incómodo. Y por un doble motivo. Primero, porque te impide poder entrar holgadamente en un local, y segundo, porque aun entrando, ni la función de teatro ni la visita a la exposición ni el simple aperitivo en la barra se disfrutan.

El odio al lleno es un odio de clase, el odio a la superpoblación es un odio de especie.

El odio de clase

Dice Ortega: "Las casas, llenas de inquilinos. Los hoteles, llenos de huéspedes. Los trenes, llenos de viajeros. Los cafés, llenos de consumidores. Los paseos, llenos de transeúntes. Las salas de los médicos famosos, llenas de enfermos. Los espectáculos, como no sean extemporáneos, llenos de espectadores. Las playas, llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser un problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio".

A la ansiedad del vacío se opone la angustia de la superabundancia. ¿Moriría el mundo por una suerte de cáncer o apoptosis demográfica en donde las células no mueren o no se eliminan mediante su necrosis natural, sino que continúan patológicamente ganando espacios, presencia, tumor?

El miedo a la masa es el miedo personal a la barbarie, el temor a ser arrollado por una extraña invasión de alienígenas, emigrantes que huyen de sus lugares deleznables para traer consigo la ignorancia y la miseria.

La educación o la sanidad universal, las prestaciones al desempleo y la situación de dependencia, la protección pública hacia el desamparado, son todas ellas creaciones nacidas en la sociedad de masas. Políticamente poseen el halo de una Tercera Internacional, socialmente representan la política contra el posible comunismo de los explotados.

La historia se repite aunque ya, a estas alturas, sin etiquetas ideológicas. Medio siglo después de la guerra fría, los Gobiernos socialistas que, ávidos por el caudal electoral de las masas, buscaban su voto proclamando las consignas de justicia e igualdad se convierten en ecologistas o médicos del planeta que ponen el acento en la necesidad de regular los contagios, vigilar los recursos económicos y salvar con ello al mundo y a la humanidad.

Regular los contagios, controlar la fertilidad humana, regar los campos, innovar en la producción de alimentos y de viviendas baratas, fijar nuevos asentamientos, mejorar el urbanismo y las comunicaciones, combatir las plagas y el crimen, son algunas de las muchas partidas que enmascaran un miedo vagaroso a la superpoblación y una extrema desconfianza en las legiones de advenedizos al territorio familiar.

Puede ser que el mundo no se trastorne con 500 millones de habitantes más, pero siguiendo este ritmo en 30 años pueden ser un 50% de población adicional y, lo que es más importante, unas ciudades supergigantes en el Tercer Mundo, desde El Cairo hasta Addis Abeba, desde Río de Janeiro hasta Singapur, serán los nidos de todos los crímenes, los focos del terror.

Nunca más llegarán las agitaciones políticas desde los campesinos, puesto que los campesinos serán quienes mejor acoplen sus necesidades a sus medios, sino de las grandes urbes donde la miseria se transmuta en delincuencia y la marginación en semillero de la economía criminal. Incluso es probable que como se vive en Nueva Delhi la ley de la calle ha sido reemplazada por la falta de leyes, tal como si el exceso de población llegada de los medios rurales hubiera convertido la avenida en un bancal sin caballones; la calle, en un pastizal sin aceras, y las plazas, en una plataforma sin bancos ni parterres.

¿Más habitantes en el mundo es proporcional a un mundo menos seguro? Probablemente sí, si el crecimiento desborda la capacidad de las instituciones. En esta indeterminación radica fundamentalmente el miedo al crecimiento de la especie. No es tanto la piedad porque no puedan subsistir con la producción existente -siempre incierta- como el temor a que su reproducción amenace la apropiada situación de bienestar en la especie.

El odio de especie

A diferencia de otros animales, lo específico de nuestra especie no es el contacto con los demás, sino la distancia. Son especies de contacto aquellas que se apiñan por placer y permanecen piel con piel durante horas, como el hipopótamo, el cerdo o el erizo. Hay especies, sin embargo, de "no contacto", entre las que se encuentran el caballo, el perro, el gato, la rata y los seres humanos. No nos aguantamos mucho tiempo cerca. Puede ser que este rechazo no predomine siendo cachorros o bebés, pero en cuanto se alcanza el estado adulto toda confortabilidad requiere holgura. Y no ya un hueco para pensar o atacar, sino como hábitat natural de supervivencia.

El hacinamiento nos mata y bastaría la excesiva proximidad para enfermarnos. De ahí la aversión a la multitud indiferenciada, a la aglomeración indistinta. El individuo (indivisible) requiere para su definición una esfera en la que reine el olor y el amor propio. De modo que el abrazo amistoso, la asociación religiosa, el equipo, el vecindario, son elecciones desde la soledad primigenia en que nos fundamos. Nada que ver con el pantanoso cosmos del cerdo o el apegamiento de las vacas.

En el fondo, además, siempre estamos y queremos disfrutar la libertad de estar solos. No más solos que la una, forzosamente y a casi cualquier hora, pero solos cuando lo deseamos. Solos pobres o ricos, sanos o enfermos, libremente apartados de los demás.

Marcel Proust escribía: "Nos comunica alguien su enfermedad o su revés económico, lo escuchamos, lo compadecemos, tratamos de reconfortarle y volvemos a nuestros asuntos. ¡Qué solas estamos las personas!". Y qué bello disfrute hallamos en esa oquedad cuando por momentos, voluptuosamente, la escogemos.

O expresado de otro modo: la masa nos acosa, su proximidad nos ahoga. El miedo a la superpoblación invoca el discurso de Malthus ("no habrá alimentos para todos"), pero esconde nuestro temor individual a ser invadidos por la más que empachosa presencia de los comensales. No se trata de que nos vayan a quitar el plato, sino de que se inmiscuyan en nuestra sopa.

La superpoblación es igual al asqueroso ascenso de las masas que abrumaba a Ortega. La diferencia, sin embargo, es que ahora, pasado un siglo, no sabríamos explicarnos la sociedad ni a nosotros mismos sin las superventas, los blockbusters, las estadísticas, los estadios a reventar. Y, sobre todo, ya no sabríamos qué mundo habitamos si no tuviéramos presente la desbordante concurrencia, siempre en ascenso, de todos con todos a través de la red social.

No nos tocamos ni rozamos en la Red, tal como corresponde a la especie, pero chateamos, jugamos y nos timamos juntos siempre al nivel de macrocantidades cuyo concepto ha pasado, poco a poco, de ser un hecho extraordinario a convertirse en la información habitual. Y también en la medida áurea de casi todas las cosas.

La cantidad indica la fama mucho más que la cualidad, la élite de Ortega y su coro de sabios exquisitos se deshace en el wisdom of crowds, el Heno de Pravia se extiende en la interminable paja de los discursos vanos, las retóricas huecas o las películas sin guion.

El saber de la muchedumbre, los códigos abiertos, las open sources, conceden el protagonismo al conocimiento de las multitudes mientras desdicen como una antigualla el liderazgo intelectual del genio individual. Todo es súper de acuerdo a la suma del montón.

La superpoblación será un fenómeno alarmante y desajustado a la alta cultura de unos pocos, pero hoy ¿cómo hablar de la crisis, del hambre, de la riqueza o del accidente si no alcanza el grado superlativo, hipermoderno, super-lady-gaga?

En consecuencia, la superpoblación sería lo más coherente con un mundo como este, cuajado de superéxitos y superproducción. ¿Miedos? ¿Amenazas? ¿Catástrofes derivadas de la superpoblación? No es preciso esperar a que la cifra de seres humanos trepe hasta los 10.000 millones o más. En diferentes lugares del planeta, y especialmente en el área subsahariana, la alta fertilidad se corresponde con la vacuna de la mortalidad. En casi todos los demás puntos del Tercer Mundo, de Tailandia a la India, de China a Vietnam, los métodos anticonceptivos mantienen el censo relativamente controlado.

nadie desea, como en los tiempos del catolicismo a machamartillo o los imperios del Opus Dei, tener todos los hijos que nos mande Dios. Y Dios, por su parte, ha relajado su potente dominio y el semen no es ya, ni mucho menos, lo vigoroso que fue.

Siendo naturalistas, ecologistas, biólogos, equilibristas, humanistas, es fácil predecir que el mundo en cuanto superórgano sabe lo que le conviene, lo que le beneficia y, en definitiva, lo que puede dar de sí. El problema más grave de la superpoblación no se halla en la superpoblación del planeta, sino, como es obvio, en la monstruosidad de las concentraciones en las superurbes. Pero ¿qué hacer? Un campesino mexicano gana más de pordiosero en la capital que de campesino en Oaxaca.

¿Enfermedades? Las epidemias en la metrópoli reciben mejor asistencia que las enfermedades en el campo. Podría diseñarse un urbanismo más eficiente y compasivo, pero ¿por quién?, ¿para qué? La muerte de las mujeres que dan a luz en la ciudad junto a la mortalidad de sus hijos es menor que la de las zonas rurales. ¿Urbanizar el campo?

Todo el mundo tiende en tromba hacia la urbanización, y si en 2010 se llegó a un 50% en cada zona, las previsiones son que para 2050 el campo albergue tan solo a una tercera parte de la población. La fertilidad declina en todos los domicilios y tanto más cuanto más urbanizado se halla el entorno o cuanto más crece la clase media.

Los pobres estaban destinados a parir, y los ricos, a sacar provecho de esa mano de obra barata. Pero ahora, como tendencia, no conviene ni que sobren parados ni que se les retribuya muy mal. El consumo, como antes el ahorro, es el nuevo aliado del capital.

Más gente es más fiesta. La gente ama a la gente. Hace cola en los estadios, en los museos, a la salida de un CD o un iPod, se hacina en los conciertos de rock y se amontona a la intemperie con la conciencia de que esa penalidad es parte importante del suceso. Parte inseparable de la importancia del suceso.

A la gente le gusta la gente. Es lo que más le gusta y con eso se explica en dos palabras los éxitos de los Facebook, los Twitter o los e-Bay. Demasiada gente abruma mucho, pero poca gente deprime funeralmente. ¿Superpoblación? ¿Cuánta población sería necesaria para desencadenar el odio que las ratas se tienen cuando al multiplicarse se devoran entre sí?

Por el momento, ampliándose hasta las predicciones para el siglo XXII, hay aforo para todos y lo decepcionante sería que a causa de las guerras, las epidemias o las hambrunas llegara esquilmado el porvenir.

El demógrafo francés Hervé Le Bras, que no renunció a elaborar predicciones de cara al Juicio Final, estimó que para ese momento apoteósico de la gran judicatura la población se habría multiplicado por 20, y esto tras padecer guerras, tormentas de hielo y toda clase de sevicias. Se trataría entonces de un censo planetario próximo a los 120.000 millones que comparecerían ante el Gran Juez dentro de 2.000 años aproximadamente.

¿Una exageración? ¿Cómo podría considerarse una exageración algo como el mismo Fin del Mundo? Y siendo así, ¿cómo esperar menos público en un espectáculo de tan inmensurable magnitud?



* El País - Opinión - 24.04.12

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¿Matarías por un piso?

ELPAÍS/China* : "¿Qué estarías dispuesto a hacer para conseguir el piso de tus sueños?". Es la pregunta que lanza el director Pang Ho Cheung (Hong Kong, 1973). La respuesta más bestia la proporciona Cheng Li-Sheung, la dulce mileurista que protagoniza su película Dream home. El personaje que encarna la actriz Josie Ho se empeña en desinflar a puñaladas la burbuja inmobiliaria. "La idea surgió en una cena con unos amigos", recuerda Pang. "Nos quejábamos del continuo aumento del precio de la vivienda en Hong Kong y nos preguntábamos quiénes y cómo pueden, con lo precios actuales, hacerse con una. Sin duda, nosotros, no. La conversación fue derivando hacia lo que seríamos capaces de hacer por tener una en propiedad. Se nos ocurrieron unas cuantas posibilidades, todas ilegales, y luego pensé que quizá haya quien pueda ir más allá y no dude en matar para conseguirlo". Así nació la joven teleoperadora Cheng, que urde un sangriento plan para combatir a los especuladores que, a su lado, parecen monjas de la caridad. Todo porque, tras sufrir la demolición del viejo bloque de viviendas que habitaba su familia para erigir en su lugar una de las muchas urbanizaciones de lujo que demandan los nuevos ricos chinos, su situación económica le impide acceder a la vivienda que ansía. Ni siquiera endeudando a sus biznietos.

"Supe que tenía que utilizar violencia extrema para criticar el secuestro de la sociedad a manos de los especuladores y mostrar que los exorbitados precios actuales pueden llevar a una persona normal a la locura". ¿Gore como vehículo de denuncia social? "Sí. Quizá muchos espectadores busquen solo una estimulación sensorial, pero espero que, cuando salgan del cine, la historia les haga pensar sobre el mundo en que vivimos. Con que lo hagan durante un minuto, me conformo", explica Pang.

Será cuando se les haya pasado el shock, claro. Porque los 96 minutos del filme, que pudo verse en la pasada edición del Festival de Sitges y permanece sin distribución en España, son un catálogo de barbarie. Cheng eviscera, degüella, acuchilla, martillea y hasta rebana un miembro viril para conseguir una eyaculación muy particular. No tiene piedad, ni siquiera con embarazadas. Así, no es de extrañar que a los censores chinos se les haya atragantado la cinta de Pang, que nunca cruzará la frontera que divide el país en dos sistemas.

Aunque el director no la considera políticamente incorrecta, Dream home pone el dedo en la llaga del Gran Dragón. Y podría dar ideas poco deseables a la "tribu de las hormigas", que amenaza su estabilidad y que suma ya un millón largo. Son los universitarios chinos, a los que el sector inmobiliario ha condenado a vivir hacinados en los sótanos de las grandes ciudades.

Wang Liawei vive y trabaja en Pekín. Gana 1.700 yuanes (180 euros) al mes y se gasta 600 (65 euros) en la desvencijada habitación que alquila en el sótano de un horrible bloque de viviendas que perfectamente podría competir con las colmenas de Hong Kong. Este joven licenciado en Historia se ha desternillado con los chispazos de humor negro de la peli de Pang, cuyo DVD pirata ha visto en su portátil. No obstante, el mensaje le ha entristecido. "La película es una exageración, pero la realidad está ahí. En nuestro país se trata a la gente como a perros. Si hay que echarla de sus casas, se la echa. La mayoría no puede tener una vivienda digna. No digo que lo que hace la protagonista sea lo correcto, pero sí que deberíamos movilizarnos". Y eso es, exactamente, lo que el Gobierno chino quiere impedir a toda costa.

Pero Hong Kong es otra historia. Aunque desde 1997 pertenece a la República Popular, el centro financiero del sudeste asiático disfruta de una libertad de creación que le proporciona un plus frente a las creaciones que llegan desde la China continental. "Nuestra industria cinematográfica es muy peculiar. Juega siempre con el extremo -algo que el propio Pang personifica con su ecléctica filmografía, que incluye Isabella, una cinta intimista con la que ganó hace un lustro el Oso de Plata de Berlín-, y ha hecho de ello una característica reconocible a nivel mundial. Podemos cooperar con China, pero no debemos perder esa locura que impregna nuestras películas", concluye el director.


* El País - ZIGOR ALDAMA (SHANGHÁI) - 22.04.11
Foto: Hong Kong (China), rascacielos - clarin

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Valencia.- Una empresa tiene desde 2001 la exclusiva de los lodos de Pinedo facturados por otras cuatro

LEVANTE* : El valor añadido está en la nanotecnología, pero el negocio está en las basuras y, literalmente, en la mierda. En moverla. La retirada de lodos de la depuradora de Pinedo ha ido engordando el escándalo del presunto desfalco de 17 millones de euros detectado en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), que motivó la interposición de una querella por parte del presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) —propietaria de Emarsa—, Enrique Crespo, contra el gerente, Esteban Cuesta, y varios directivos de la exgestora de Pinedo. La investigación contable de Emarsa sacó a flote presuntas ilegalidades, entre otras en el transporte de lodos, concepto por el que han presentado facturas hasta cuatro firmas: Notec, Printergreen (tiene por objeto social la comercialización de vehículos y se llevó casi tres millones por el fango), Hispavás —del candidato del PP a alcalde de Albuixech , José Alcácer, que se llevó 342.741 euros, 224.976 por trabajos presuntamente no realizados— y la mujer de éste, Francisca Ruiz, que facturó 2,66 millones como autónoma.

Y resulta que una quinta empresa, Ardeatina S. L., de la que hasta ahora no se tenían noticias, era la concesionaria en exclusiva del transporte de lodos desde esta depuradora a la planta de compostaje de Calles (Els Serrans).
Si Notec reclama judicialmente a Emarsa 24 millones por no haberle respetado el contrato de exclusiva para retirar los lodos de Pinedo, Ardeatina SL exige en los tribunales hasta 9.672.288 euros por incumplimiento del convenio rubricado el 25 de abril de 2001 con la entonces firma pública de la diputación Egevasa, la mitad de cuyas acciones son hoy de Aguas de Valencia. El contrato otorgó la concesión a Ardeatina SL por 25 años del traslado de fangos de las depuradoras de la provincia de Valencia a Calles, para ser convertidos en «compost» para uso agrícola.

Inversiones para ese contrato
La empresa se comprometía a traer la materia vegetal de la limpieza de montes necesaria para el proceso de secado y compostaje, además de a retirar el abono orgánico de forma gratuita a cambio de los beneficios que pudiera obtener por su venta al agricultor. Ese contrato fijaba un cupo de 30.000 toneladas de lodos al año para la plena producción de las instalaciones de Calles. Para poder dar abasto, Egevasa instó a Ardeatina S.L. a «tener a disposición de la planta todos los medios de transporte necesarios, subcontratando los camiones que estime convenientes». En 2004, se transportaron 28.429,35 toneladas. Según la empresa, fue el último año en el que se cumplió el contrato. En 2005, el volumen de lodos cayó a 17.570 toneladas. Y siguió bajando porque, según la Ardeatina, se dio el negocio a otras firmas. Tras varias advertencias a Egevasa, el 30 de septiembre de 2010 Ardeatina demandó a Egevasa, que dispone de 1,5 millones al año para el funcionamiento de la planta de Calles. El dinero lo transfiere, igual que a las depuradoras, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dirigida por José Juan Morenilla y adscrita a la conselleria de Juan Cotino. Ardeatina, que pertenece al grupo Mediarco, del empresario de Cartagena ya fallecido Faustino Marín Pedreño (vinculado a Zaplana) fue relegada justo cuando el campsismo asentó su poder. De hecho, el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta ordenó, nada más llegar en julio de 2004, un informe jurídico para romper contratos de obras por 3,31 millones en Pinedo, suscritos por su predecesor, Miguel García Besó, precisamente con Mediarco.


* Levante - 23.04.11
Foto: Valencia, depuradora Pinedo - levante

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El futuro de Santiago de Chile: crecer o no crecer es la cuestión

TERRA* : La aprobación de una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) dio luz verde a que la capital crezca hacia sus zonas sur y norponiente, lo que permitiría albergar de mejor forma a las 1.600.000 personas extra que se calculan en 20 años más. Pero también surgieron voces que se oponen a esta medida. Fue el 30 de marzo cuando el Consejo Regional Metropolitano (Core) aprobó por 17 votos contra 8 la extensión en 10.000 hectáreas del radio urbano de la capital. En ellas, se planteó un 60% para el uso habitacional -con un 8% para viviendas sociales- y el restante 40% para áreas verdes. Quilicura, Pudahuel, Maipú, San Bernardo, La Pintana Cerro Navia, Renca y Puente Alto son las comunas incluidas en esta modificación del PRMS, que además considera la reconversión de áreas de uso industrial para uso habitacional mixto.

El intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, fue uno de los personeros de Gobierno que más destacó la aprobación de estas modificaciones, planteando que los principales beneficiados serán "las 200 mil familias que no tienen casa en Santiago y finalmente van a tener una oportunidad de contar con una vivienda digna dentro del área urbana, con equipado y con todas las facilidades".

La autoridad regional se sumó así al planteamiento que desde siempre mantuvo el ministerio de Vivienda, cuya entonces titular Magdalena Matte apuntó a la construcción de 200 mil casas sociales en ayuda de 50.000 familias vulnerables de la capital.

SÓLO UN INTENTO

Tras el visto bueno para el nuevo PRMS no tardaron en surgir voces en contra que incluso acusaron irregularidades y presentaron sus descargos ante la Contraloría General de la República.

Patricio Herman, presidente de la agrupación Defendamos la Ciudad, dijo a TERRA.cl que en este proceso hubo "trampas", y denunció que el proyecto no fue sometido al estudio de evaluación ambiental correspondiente. En base a estos datos, asegura que la Contraloría va a echar pie atrás y el plano regulador no se va a cambiar.

"La opinión que nosotros tenemos es muy negativa a este intento, y digo intento porque a pesar de que fue aprobada por el Core esto todavía no tiene toma de razón por parte de la Contraloría. Hay diferentes denuncias ingresadas por políticos, grupos ciudadanos y consejeros regionales, nosotros mismos vamos a hacer una, y tenemos la impresión de que la Contraloría va a rechazar este proyecto", manifestó.

Herman planteó que la opción de habitabilidad para gente de menores recursos no es un argumento válido, ya que a su juicio en Santiago hay espacio suficiente en terrenos no aprovechados que podrían servir para este efecto.

"De todos los proyectos inmobiliarios que se van a ejecutar en zonas rurales sólo el 8% está considerado para viviendas sociales, a pesar que al interior de la ciudad tenemos miles de hectáreas para construir viviendas sociales. A nosotros no nos gusta que a los pobres los tiren a la periferia", subrayó.

CRECIMIENTO PLANIFICADO

Pero mientras algunos piensan que estas modificaciones son una forma encubierta de favorecer a las grandes inmobiliarias, hay quienes consideran positivo que se analicen opciones ante el futuro crecimiento de Santiago.

Es el caso de Luis Eduardo Bresciani, arquitecto y director del magister en Proyecto Urbano de la Universidad Católica, quien cree que se puede cuestionar en general la forma en que se manejan estos procesos, pero no la transparencia de este caso en particular ni mucho menos sus beneficios para la capital.

"Siempre va a ser positivo que se planifique el crecimiento de la ciudad, y negarse a esto no es bueno. Si esa planificación se hace en forma prudente, incremental y con altos estándares de exigencia del desarrollo inmobiliario también es positivo, y esta norma sí plantea exigencias muy altas respecto de la condición de sustentabilidad e integración social que esos territorios deben tener", indicó a TERRA.cl.

El profesional dijo entender las distintas posturas frente a la modificación del PRMS, pero insistió que no hay irregularidades.

"Puede ser que crea que hay que mejorar aún más la institucionalidad para debatir estos temas en la Región Metropolitana, pero este sistema ha sido altamente transparente, ha pasado por todos los filtros de evaluación y claramente se han utilizado los mismos procedimientos que la ley general de Urbanismo y Construcción hoy día contemplan, por lo tanto problemas de transparencia no existen", sostuvo.

ESCALA MAYOR

El presidente del Colegio de Arquitectos, Patricio Gross, se mostró contrario a este proyecto porque apunta sólo a la periferia y deja de lado "una visión integral de la ciudad".

Según el arquitecto, el crecimiento de la capital debería ser visto como algo más amplio, incluyendo incluso a las regiones cercanas a la Metropolitana.

"Santiago hay que entenderlo como una ciudad que tiene un territorio mucho mayor, hay que pensarlo a una escala mucho mayor, por qué no vivir en Talagante, Melipilla o en el litoral y la costa con un buen sistema de transporte. San Francisco de Mostazal, el valle del Aconcagua, hay que entender el Santiago del futuro como algo mucho mayor que el casco actual", subrayó.

Las posturas se contraponen mientras se espera el pronunciamiento de la Contraloría para que la nueva norma legal entre en vigencia, lo que podría ocurrir de aquí a fin de año debido a que "se requerirá un estudio muy acabado", según admitió el intendente Echeverría.


* Terra - 23.04.11
Foto: Santiago de Chile, vista general - condestino

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Marbella.- Denuncian el estado ´indigno´ de las viviendas sociales

LAOPINIÓN/Málaga* : Las ventanas y las puertas están oxidadas. Es un detalle del estado del piso número 16 del sexto bloque de la calle Virgen del Amparo, en Marbella. Una de las 450 viviendas sociales que ofrece el Ayuntamiento a los ciudadanos con menos recursos. «No es un inmueble digno de personas», denunció a este diario su última ocupante, María José López. Hace apenas unas semanas que inició la mudanza. Hasta ahora, la mujer ocupaba desde hace años otra vivienda social en la zona de El Ángel. «Pedí un traslado porque la casa que ocupaba sólo tiene una habitación y tengo tres hijos de 8, 7 y 3 años que requieren de mas espacio», argumentó. Fue hace cinco meses. El Ayuntamiento no le puso pegas.

«Le hemos ayudado en todo lo que ha necesitado», declaró a este diario el concejal de Bienestar Social, Manuel Cardeña. «Hasta el punto de que hemos reformado la casa, le hemos suministrado una cocina y la hemos impermeabilizado, además de enganchar la luz y el agua a pesar de que le correspondía hacerlo a ella», añadió.

Pedirán hoy la «nulidad»

López está indignada. «No sé cuál es el arreglo que le han hecho a la casa. Yo no me atrevo a meter a mis hijos en una bañera oxidada», advirtió. «Estoy, junto con mi pareja, tratando de arreglarla. Pero con un sueldo de 420 euros que tenemos de ingresos nos tenemos que quitar de comer para poder arreglar el piso», aseveró. «Se supone que el cambio era para mejor».

El edil indicó a este periódico que la situación de López es especialmente delicada y particular. «Con la ordenanza municipal en la mano, debería ya de haber abandonado su antigua casa y no lo ha hecho», criticó. Existe una lista de 30 personas que esperan dormir bajo techo y que, según Cardeña, estarían dispuestos a ocupar la casa que López rechaza verbalmente pero que tampoco desocupa.

«Está bloqueando la lista de espera. Ni abandona la casa de El Ángel ni renuncia a esta nueva», incidió el concejal, quien asegura que tras la denuncia de esta usuaria está «politizada».

La casa presenta deficiencias evidentes, según ha podido constatar La Opinión de Málaga. Como vivienda social, forma parte del parque de propiedades municipales. El Ayuntamiento la cede gratuitamente a los usuarios que la solicitan y acreditan encontrarse en una situación de extrema necesidad.

En este caso, el Consistorio ha optado por otorgársela a esta vecina del municipio. «Pero me piden que sea yo quien la reforme. No lo entiendo, si la casa no es mía. Es del Ayuntamiento», denuncia la propia beneficiaria.
El edil destacó que el inmueble cuenta con todos los informes técnicos que certifican la salubridad del recinto y su idoneidad para ser ocupado por una familia.


* La Opinión Málaga - 24.04.11
Foto: María José muestra algunas de las deficiencias en el techo del inmueble.- laopinion

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Castellón.- ´Facebook´ suprime el enlace con la fiesta del aeropuerto y borra el perfil del promotor

LEVANTE* : La convocatoria de la "rave" del aeropuerto ha desaparecido de "facebook" a cuatro días de la supuesta celebración. Así lo denunció ayer a este diario el internauta que ha promovido la fiesta, cuyo perfil también ha sido excluido de la red social por utilizar una identidad falsa. "Han anulado el evento y mi cuenta. La empresa puede hacer lo que quiera, pero estoy cabreado porque nadie me ha avisado", aseveró Pau, el joven valenciano afincado en Madrid que ha conseguido más de 21.000 adhesiones a su iniciativa. Según aseguró, ayer intentó acceder a su perfil -con el pseudónimo Patufet- y se encontró que ha sido "inhabilitado" de la red social por usar un nombre falso. También han borrado el enlace con la fiesta. Pau dijo entender que supriman el evento "porque todo se trataba de una broma". "Ahora bien -añadió- prohibir mi perfil me parece excesivo. Estoy sorprendido porque ya no existo en 'facebook'".

El promotor de la fiesta expresó sus sospechas sobre lo sucedido: "No quiero ni imaginarme por qué ha pasado esto. Que desaparezca mi perfil a cuatro días del evento es preocupante. No me cuadra el argumento del nombre falso porque muchos usuarios se registran con pseudónimos y no los excluyen. Detrás de esto creo que están los que mandan".
Este diario pudo constatar que internautas que se adhirieron a la fiesta ya no pueden acceder al enlace en "facebook". Pau había mostrado su intención de acudir el sábado por la noche al aeropuerto. Tras lo sucedido, dijo, "ya no sé qué voy a hacer porque el evento ya no existe. Lo que quiero ahora es abrirme un nuevo perfil en 'facebook' y estar tranquilo".
A través de la red social, el joven valenciano convocó la "gran fiesta inaugural y pública" del aeropuerto, prevista para este fin de semana. A modo de sátira, se hizo eco de las palabras del presidente de la diputación, Carlos Fabra, en las que manifestó su voluntad de que los ciudadanos puedan pasear por las instalaciones antes de que entren en funcionamiento. "Aprovechemos la oportunidad que nos brindan Fabra y Camps para pasar una alegre jornada festiva en las instalaciones que amablemente nos ceden. Podemos hacer fiestas, barbacoas, discomóviles, empinar el catxirulo, menjar-nos la mona. Los que tengan equipos de música que los traigan, los que sean batuqueros que vengan a animar. Skaters, ciclistas, familias, domingueros, raveros... todos son bienvenidos, tenemos un aeropuerto para disfrutar", rezaba la convocatoria. Más de 21.000 internautas se adhirieron a una convocatoria de la que ya no queda rastro en la red social.

La convocatoria renace en ´Facebook´


* Levante - 22.04.11
Foto: Castellón, cachondeo aeropuerto de Fabra - publico

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Una juez anula el mapa de ruidos de Granada

ELPAÍS* : El mapa de ruidos de la capital granadina, que analiza la acústica de 18.000 puntos de la ciudad y que aprobó el Ayuntamiento en octubre de 2008, ha sido anulado por la juez de lo Contencioso Administrativo nº2 de Granada. Establecía que solo unos 20.000 vecinos sufren cada día ruidos nocivos para la salud. La juez considera que el documento no se sometió "válidamente" al trámite de información pública, por lo que declara la nulidad del procedimiento administrativo por el que se aprobó definitivamente y retrotrae el expediente al trámite anterior. La Asociación Granada contra el Ruido gana así esta batalla que inició su expresidente Francisco Morales, ya fallecido. El documento, que el Consistorio presentó como "el más brillante de los que se han hecho en Andalucía", establece que, en la ciudad, los niveles acústicos son tolerables (una media de 61,8 decibelios), lo que cuestionan algunos colectivos y ciudadanos puesto que otros estudios la han situado entre las más ruidosas.

Apunta al tráfico y no al ocio nocturno como la mayor fuente de ruido y sitúa los niveles de Granada por debajo de los de otras capitales como Málaga y en consonancia con la media que marca la Unión Europea.

El documento generó críticas no solo de esta asociación, sino también de otros grupos como Los Verdes o la asociación de vecinos Bajo Albaicín, barrio que, según desveló, era el menos ruidoso. En el polo opuesto, el distrito Beiro, cuyos vecinos soportan una media de 64,8 decibelios, aunque por debajo de los 65 que establece la Unión Europea.

Las mencionadas asociaciones del Albaicín y Granada contra el Ruido, así como Ciudadanos por Granada, presentaron alegaciones ante la imposibilidad de acceder a la documentación y porque la que se ofreció aportaba una versión, a su juicio, excesivamente "positiva" de los resultados. También criticaron el modo de calcular los decibelios por barrios, que consideraron erróneo.

El mapa se realizó en colaboración con la Universidad de Granada antes de que, por ley, estuviera obligada la capital a contar con esta herramienta, que sirve para diseñar medidas bien fundamentadas para el control del ruido en la ciudad, según defiende el Consistorio. El trabajo implicó durante tres años a más de 20 personas de la Universidad.

Según la demanda presentada por la asociación vecinal, se solicitaba la nulidad del acuerdo de pleno por la infracción en el trámite de información pública y por no contener el mapa de ruidos los elementos mínimos establecidos en la legislación vigente. La juez no entra en el segundo de los motivos puesto que anula las actuaciones por el trámite de información pública. Según consta en la sentencia, que no es firme, "lo que se expuso no era la totalidad del mapa, que solo se expuso durante la mitad del plazo y a requerimiento de algunos interesados". Ese vicio procedimental es motivo suficiente para declarar la "nulidad" de todas las actuaciones administrativas.


* El País - 22.04.11
Foto: Granada, atascos - lawebdegranada

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La policía halla pruebas documentales de los sobornos en la Costa da Morte

ELPAÍS/A Coruña* : Para los policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que investigaron la Operación Orquesta, no hay duda de la trama de corrupción en municipios de la Costa da Morte. Hay pruebas más que suficientes, consideran, para avalar la imputación por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho de 23 personas, entre ellas los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y cuatro ediles de Obras. Las imputaciones del juez de Corcubión Andrés Lago contra estos siete cargos públicos, todos en libertad provisional desde el 31 de enero y candidatos a la reelección en los comicios de mayo por el partido de Independientes por Cee y por el PP en los casos de Fisterra y Mazaricos, "han quedado más apuntaladas si cabe", destacan en sus conclusiones finales los investigadores policiales, tras cotejar las conversaciones telefónicas intervenidas con la abundante documentación incautada en los ayuntamientos y las declaraciones de los imputados.

Queda igualmente demostrada, según la policía, la comisión de delitos de los demás acusados, entre ellos nueve funcionarios o empleados de estos ayuntamientos, incluidos sus secretarios y arquitectos, así como cuatro constructores. Los investigados se saltaron "de forma dolosa y no negligente" multitud de normas de la Ley de Contratos del Sector Público. Son tantas las irregularidades que incluso las contrataciones en Cee, Fisterra y Mazaricos de varias obras públicas resultan "nulas de pleno derecho", advierte la policía judicial. Hay pruebas documentales y orales de que, destacan los agentes en sus informes finales, los responsables públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos amañaron la contratación de obras públicas para adjudicarlas, de forma ilegal, a Construcciones Ogando, cuyos dueños, padre e hijo, así como su aparejador Miguel Ángel López de la Llave, son otros de los principales implicados en la trama. Probado de sobra también está, para la policía, que alcaldes y concejales recibían de los Ogando tanto dinero en metálico como favores varios. Los constructores, además de mordidas a los políticos, sufragaban parte de las fiestas locales y empleaban, en Cee y Fisterra, personas impuestas por los alcaldes.

En la práctica totalidad de las obras públicas investigadas, los policías destacan que se las llevó Ogando pese a presentar las ofertas más caras. Incluso en algunos casos en los que los procedimientos administrativos para la adjudicación fueron normales, y no se vulneró la ley, según comprobó la policía, "resulta llamativo" que los Ogando se llevaran la obra pública pese a tener el presupuesto más caro. Estos constructores de Muxía siempre resultaban ganadores en los concursos de adjudicación gracias a tener, con mucha diferencia, la mejor valoración técnica de los proyectos. En los tres ayuntamientos contaron con "la cooperación necesaria" de secretarios y técnicos municipales -todos imputados- encargados de evaluar las ofertas y velar por la legalidad de las adjudicaciones "amañadas de antemano".

En Fisterra, por ejemplo, los constructores de Muxía obtuvieron en 2010 cinco obras municipales, por un importe de 761.123 euros. La adjudicación siempre fue amañada, dice la policía, por el alcalde, José Manuel Traba, del PP. Se vulneraron "multitud de preceptos legales" para adjudicarlas a Ogando, pese a tener las ofertas más caras. Esta constructora también obtuvo de la Xunta una obra de saneamiento por 811.604 euros. No estaban aún intervenidos los teléfonos de los ediles de Fisterra cuando se adjudicó en mayo, reseña la policía. Pero se investigó porque en una conversación con otro empresario, Ogando padre se jactó de haberla obtenido, frente a 50 competidores, tras haber "tocado al jefe, al alcalde de Fisterra".

La policía, tras analizar el expediente de esa contratación de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (Eposh), concluye que "es impoluto el desarrollo formal de ese procedimiento" de adjudicación. Pero es "llamativo" que Ogando ganara el concurso "de nuevo gracias a las valoraciones técnicas" de la mesa de contratación, con una significativa ventaja en la puntuación sobre las demás empresas. Tenía, sin embargo, "la peor oferta" cuando se trataba "de valorar criterios automáticos".

Malversación y fraude fiscal del alcalde de Cee

Las actividades delictivas del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quedan de sobra probadas para los investigadores policiales. Hay evidencias reiteradas en cada uno de los seis delitos que se le imputan, subrayan los agentes en sus conclusiones finales. Tres de esos presuntos delitos los comparte con los regidores de Fisterra y Mazaricos (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación). Pero a Vigo se le acusa además de otros tres, entre ellos falsificación en documento, por preparar facturas falsas, con la complicidad de otro imputado, el agente artístico Jorge López Lago, para defraudar una subvención de la Xunta. "Queda acreditado" también que el alcalde de Cee malversó dinero público con su controvertida gestión de la comisión de las fiestas patronales de A Xunqueira durante los dos últimos años. Y se calcula que el regidor independiente defraudó a Hacienda más de 120.000 euros, lo que constituye un delito de fraude fiscal, advierte la policía.

Vigo se encargaba personalmente de los festejos que celebra su localidad cada mes de agosto. No hay fiscalización en el Ayuntamiento de lo que se recaudaba y se gastaba en esas fiestas. La mayor parte del dinero "se genera en B". "Es desmedido el interés del alcalde por realizar los pagos de espectáculos sin gestionar el IVA", destacan los investigadores policiales. No pudieron "determinar la cuantía de lo defraudado a Hacienda" con esos pagos de dinero B. Pero calculan que superarían los 120.000 euros, la cuantía mínima para imputar a Vigo también un delito de fraude fiscal.

Dado que "la recaudación de las fiestas no se realiza a través de organismos legalmente establecidos, puede dar pie" además "a un presunto delito de malversación de fondos públicos", continúan los agentes en sus conclusiones finales sobre la Operación Orquesta. "Nadie puede tener la total garantía de que el dinero recaudado" para las fiestas por parte del alcalde "se emplea para su fin último y no para otro de otra índole". Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros por la tasa que pagan las barracas y los puestos. "Usualmente esos ingresos superaban los 7.000 euros", según el informe contrario de Intervención Municipal.


* El País - 22.04.11
Foto: Cee (A Coruña), archivo detención alcalde - elpais

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Cádiz.- Indignación ecologista por la ordenación de Costa Noroeste

DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción emitió ayer un durísimo comunicado en contra del PT de la Costa Noroeste aprobado en plena Semana santa por el Consejo de Gobierno de la Junta después de cuatro años de estudio. Para los ecologistas, lo apriobado por la administraciónr egional no se separa ni un ápice de los Planes Generales esbozados por cada uno de los cuatro ayuntamientos afectados y que "consagra una ocupación del territorio. No solo no reconsideran las previsiones de crecimientos urbanísticos que incluían en sus respectivos planes, sino que optan por más de cinco mil nuevas viviendas, además de las previstas en los respectivos PGOU, sin el más mínimo estudio de las demandas existentes, y cuando existen miles de viviendas sin vender".

Además, los ecologistas denuncian que la Junta se contradice a sí misma, ya que el Plan de Ordenaciónd el Territorio de Andalucía, aprobado en 2006, afirma, entre otras cosas, que "el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta..."; que hay que "dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes..."; o que hay que "considerar las instalaciones turísticas singulares… (campos de golf…) desde su propio valor añadido en cuanto instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas". Todo esto, según la asociación ecologista, se incumple en la Costa Noroeste.

Pero a todo esto se viene a sumar que el POT aprobado no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que fueron presentadas por los ecologistas, como es el caso del Codo de la Esparraguera, en Trebujena, para el que se solicitaba el área de interés ecológico, de modo que se completaba el Espacio Natural de Doñana. Para ellos, esto es "una actitud incomprensible, ya que son terrenos públicos afectados al Dominio Público Marítimo Terrestre donde crían especies en peligro de extinción tan emblemática de los humedales andaluces como la Cerceta pardilla y la Focha moruna".

Otras alegaciones que se han quedado en el tintero hacen referencia a los "estudios sobre la viabilidad de la conexión marítima con Matalascañas, ni la implantación de eólicas marinas, al menos a nivel de recomendación".

Tampoco entienden que se plantee una reserva para la ampliación del Puerto de Bonanza, sin tener en cuenta, a la luz de los últimos estudios sobre la dinámica y la morfología del Estuario del Guadalquivir, los impactos que ello tendría para el conjunto del sistema y su propia viabilidad.

Por último, aunque aparece la reinundación de las marismas, "se mantiene la posibilidad de nuevas roturaciones agrícolas y aprovechamientos agrarios intensivos, cuando deberían quedar expresamente prohibidos".


* Diario de Cádiz - 21.04.11
Foto: Humedal del Codo de la Esparraguera, cuyas alegaciones ecologistas no han sido tenidas en cuenta.- diariodecadiz

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Miranda.- Servicios Funerarios «ya trabaja» para poder reabrir el crematorio

DIARIODEBURGOS* : Equipamiento polémico. Diez meses después de que el crematorio de Miranda cerrara sus puertas por orden judicial, su reapertura puede estar muy cerca. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, ha dado luz verde a la aprobación definitiva del cambio de catalogación de la parcela de la carretera de Orón en la que se ubica el tanatorio. La notificación llegó el martes al Ayuntamiento y una vez que esta modificación quede publicada en el Bocyl, dicho terreno pasará de suelo agrícola con protección agropecuaria a urbano. Este cambio -que recibió el visto bueno en febrero aunque estaba a la espera de un informe de Cultura en el que se detallaba que no había evidencias de restos arqueológicos en la zona- da la llave a Servicios Funerarios de Miranda para poder reabrir la instalación.

El alcalde avanzó ayer que esta empresa «ya está trabajando» para solicitar al Ayuntamiento la reapertura del crematorio. Y el Ayuntamiento le daría ese permiso siempre y cuando «presentaran esa solicitud y se ajustara a la nueva legalidad», destacó Fernando Campo. No hay un plazo definido para hacerlo, pero se entiende que la empresa funeraria, por su propio interés, lo formalizará cuanto antes. «El suelo ya está calificado como tal y ahora son ellos los que tienen que presentar la petición», añadió. Pero la polémica con el crematorio no queda aquí, porque al margen de este trámite administrativo que inició el Ayuntamiento hace unos meses, en los juzgados está pendiente la resolución del recurso que el Ayuntamiento presentó en noviembre contra la orden de derribo del crematorio. El atasco existente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la implantación de la nueva oficina judicial está dilatando este proceso.
Ayer Campo avanzaba que se iba a informar al juzgado acerca de este cambio de suelo y el regidor está convencido de que el magistrado lo tendrá en cuenta, y para bien, a la hora de dictar sentencia. No lo ve de la misma manera los vecinos de El Crucero que llevaron al Ayuntamiento a los Tribunales. Su abogado, Jesús Ángel Sáez, apostilla que el juez lo tendrá en cuenta «pero para percatarse de que han burlado su sentencia». «La pena», añade, es que el juez que dictó la anterior sentencia se ha trasladado a Valladolid, pero aun así los vecinos «confiarán de nuevo en el trabajo de la justicia».
Y es que no están dispuestos a que el Ayuntamiento se salga con la suya y se pueda reabrir el crematorio. Por eso, y una vez que esta modificación del PGOU se publique en el Bocyl, el abogado se reunirá con los vecinos para decidir qué medidas tomar. Se da prácticamente por seguro que se recurrirá este cambio de suelo. «Además de que es una burla a la sentencia, creemos que no hay ninguna justificación para el cambio del uso del suelo y que además únicamente se declare suelo urbano la parcela de Servicios Funerarios de Miranda. ¿Por qué solo esa parcela y no todo el terreno que hay subiendo al hospital? El Ayuntamiento tiene que mirar por el interés público, no por el privado», subraya, y añade que la Ley regional de Urbanismo prohibe que se creen «islas urbanas, que es lo que se está haciendo aquí».


* Diario de Burgos - 21.04.11
Foto: El servicio de crematorio, que comparte instalaciones con el tanatorio, está cerrado desde junio del pasado año - diariodeburgos

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El Ayuntamiento de Jaén se lava las manos con las casas ilegales

ELPAÍS* : Los tres grupos políticos en el Ayuntamiento de Jaén han dejado en manos de la Junta de Andalucía la solución política al conflicto de las viviendas ilegales en las zonas residenciales, principalmente en los alrededores de los Puentes. Un resquicio legal consensuado a última hora permitió ayer la aprobación de la Agenda Local 21, un documento que habrá de incorporarse al futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y con el que IU -impulsor del texto desde el área de Medio Ambiente- se había desmarcado de su socio de gobierno, el PSOE, y del PP. IU había planteado la demolición de todas las viviendas construidas en suelo protegido o en zonas inundables, una medida que la portavoz de la coalición de izquierdas, Isabel Mateos, consideraba "irrenunciable" y a la que se oponían PSOE y PP.

Sin embargo, los portavoces de los grupos acordaron introducir en el documento de la Agenda Local 21 la cláusula que insta a actuar "según normativa legal". Esta treta legal permitió a IU sacar adelante su documento, que ha contado con la participación de más de 1.500 personas, y al PSOE y al PP evitar cualquier coste electoral en plena precampaña de los comicios del 22-M.

De este modo, el Consistorio jiennense deja cualquier solución al espinoso tema de las viviendas ilegales a lo que marca la llamada ley del Suelo de Andalucía. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ya advirtió recientemente que habrá que tirar "lo que sea necesario" y señaló que en cualquier proceso de legalización los propietarios de las viviendas deben asumir los gastos de urbanización, algo a lo que se opusieron PSOE y PP. El Ayuntamiento pretende regularizar unas 5.000 viviendas construidas en los Puentes, de las que una cifra aún por determinar se consideran ilegales.


* El País - 21.04.11
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com

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Málaga.- Las dudas del PGOU, sin solventar

MÁLAGAHOY* : El instrumento estrella de planificación de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), entra en su recta final después de que ayer, con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE, se aprobase el documento de subsanación de parte de los defectos detectados por la Junta de Andalucía en el documento. Analizada la cuestión en el seno de la última Comisión de Movilidad y Urbanismo del presente mandato, el informe, tras ser ratificado en el Pleno, será remitido a la Administración autonómica, que, una vez estudiado, deberá dar luz verde a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un paso que convertirá en efectivo el documento. Pero la tramitación última no evita que el PGOU siga marcado por no pocos interrogantes, puesto que las subsanaciones realizadas por Urbanismo afectan sólo a cuestiones de menor entidad incluidas en informes sectoriales de organismos como la Agencia Andaluza del Agua, Carreteras de la Junta, Aviación Civil, entre otros, sin entrar en los aspectos suspendidos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua).

Y entre los que se incluyen propuestas como la construcción de 3.500 viviendas en sectores de Churriana, Campanillas, Santa Rosalía y Wittemberg "por no tener estudiados los cauces que discurren por ellos, según la Agencia Andaluza del Agua".

El rechazo se mantiene sobre "la ordenación detallada" de los antiguos suelos de Repsol, donde se proyectan cinco grandes torres con capacidad para unas 1.300 viviendas, y la reclasificación de la parcela del estadio de fútbol de La Rosaleda. Sobre ello, la Junta exige que se incluya un nuevo condicionado para garantizar "el previo traslado del campo". Al tiempo se descarta clasificar como urbano la franja de suelo ocupada por las viviendas de El Palo y Pedregalejo.

Queda por responder a qué ocurrirá con éstas cuestiones y sobre ciertos proyectos a los que se ha opuesto de manera continuada la Administración autonómica y que han sido recurridos judicialmente por el Consistorio. En este ámbito se sitúan, por ejemplo, la construcción de medio millar de casas al norte de la ronda este o la posible ocupación de los terrenos de Arraijanal, que la Junta ha logrado finalmente que queden contemplados como parque metropolitano.

A ello hay que agregar la sombra generada por la inseguridad de cobrar los convenios urbanísticos que se han suscrito en los años pasados con el PGOU como telón de fondo. Conforme a los calendarios manejados, en las semanas posteriores a la entrada en vigor del Plan General, el Ayuntamiento deberá cobrar alrededor de 170 millones de euros, extremo para nada claro ante las dificultades económicas por las que atraviesan algunas de las promotoras responsables de estos acuerdos. No obstante, el equipo de gobierno del PP insiste en que reclamará cada euro de los pactados y en la fecha prevista.

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, defendió ayer las bondades del planeamiento, mientras el concejal del PSOE Sergio Brenes volvió a denunciar la ausencia de zonas verdes y equipamientos en el documento. Al tiempo, insistió en que se trata de un documento diseñado "a golpe" de convenios urbanísticos.


* Málaga Hoy - 21.04.11
Foto: Malaga vista - Julo (wikipedia.org)

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Imputan al alcalde de Chella por un posible delito contra la ordenación del territorio

LEVANTE/Valencia* : El alcalde de Chella, Pablo Seguí, del PSPV, deberá comparecer el próximo miércoles en un juzgado de Xàtiva. Lo hará en calidad de representante municipal como imputado por las presuntas irregularidades detectadas en las obras del PAI Carlos Fabra. Se le atribuyen presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio histórico de la localidad.
Once son las familias que se consideran agraviadas por unas actuaciones urbanísticas que comenzaron en 2008. Desde entonces, los afectados han interpuesto varios contenciosos, aunque ninguno había prosperado hasta ahora. Su inclusión en el PAI -pese a estar ya residiendo en la zona y disponer de las cédulas de habitabilidad pertinentes- les supuso volver a desembolsar unos costes de urbanización ya abonados en su momento, denuncian.

Tal como indica un informe de la policía judicial, el consistorio podría haber cobrado esos costes a riesgo de incurrir en un posible delito. También se dictan irregularidades en la consignación de las facturas de obra, efectuadas por Segogar. Los vecinos acusan a la mercantil de incluir partidas de material inexistentes en los trabajos efectuados hasta ahora.

Otro de los aspectos que aborda la investigación judicial es la posibilidad de que Segogar comenzara las obras sin contar con los permisos oportunos. Los trabajos deberían haber sido ejecutados definitivamente a finales de 2009. Sin embargo, el incumplimiento de plazos y la posterior reanudación de las obras habría provocado unos sobrecostes de 34.000 euros, que los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo.
"Llevamos ya abonados más de 60.000 euros desde que comenzó el proceso", lamenta uno de los afectados. "Y Lo peor es que no nos ha reportado ningún beneficio: tenemos los mismos servicios que antes de que empezaran las obras", afirman. La justicia también investiga la legalidad del desmonte provocado por el PAI, que comportó la sustracción de 2.000 metros de la montaña situada al fondo de la urbanización. "Es un delito ecológico. Cuando compramos la casa había un paisaje inmejorable que nos han robado", denuncian los vecinos. Las obras hoy aún continúan.

"No hemos cometido
ningún delito"
"Estoy muy tranquilo. Somos un ayuntamiento honrado y no hemos cometido ningún delito". El alcalde de Chella, Pablo Seguí, realizaba ayer esas declaraciones tras conocer la noticia de su imputación por presuntos delitos urbanísticos. El primer edil socialista indica que "el PAI responde coma por coma a lo que dicta el PGOU aprobado en 2001 por el PP y ratificado por la Conselleria" y manifiesta que la ejecución de las obras "se ha hecho conforme al Plan General", explicó ayer. El primer edil niega que las facturas de los trabajos incluyan partidas inexistentes, como denuncian los vecinos, e indica que "lo importante es la liquidación definitiva. Una vez acaben las obras se cobrará únicamente por los trabajos realizados", señala. Seguí, además, asegura que existe un "trasfondo político" en su imputación, que se produce cuando falta poco más de un mes para las municipales.


* Levante - 21.04.11
Foto: Chella (Valencia) - forociudad

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Ciutadella.- La juez imputa también a la diputada autonómica A.Gener en el ‘caso Citur’

ÚLTIMAHORA/Menorca* : Tras tres intensos meses de instrucción, el juzgado nº2 de Ciutadella levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre el caso Citur y duplicó el número de imputados en el presunto amaño de concursos públicos desde el área de Turisme del Ajuntament que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Entre los presuntos responsables figura ya la actual diputada autonómica, concejal y secretaria general del PP menorquín, Antònia Gener Bosch, a quien la juez instructora, Raquel Martínez, ha citado a declarar el próximo jueves 5 de mayo. La imputación de Gener, que se añade a la ya conocida de sus excompañeros de gobierno Llorenç Brondo, Avel·lí Casasnovas, Gabriel Cardona y Antònia Salord, era un secreto a voces en el entorno de la investigación desde que, el pasado 29 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción registró las dependencias municipales. Curiosamente, Gener renunció hace diez días a concurrir como nº2 de la candidatura del PP al Consell insular alegando «motivos personales».

Además de Gener, la juez Martínez también imputa presuntos ilícitos penales a seis funcionarios, a los que ha citado a declarar en una doble sesión de comparecencias los días 5 y 6 de mayo. Se trata -tal como ya había adelantado Ultima Hora Menorca-del secretario de la corporación, Santiago Saura Pradas; la secretaria accidental, Ester Allés Coll; el asesor jurídico responsable del área de contratación, José María Simón Chueca; el director del área de Medi Ambient, Xavier Cardona Capella; la coordinadora de Turisme, Soledad Navarro Mercader; y la funcionaria Teresa Bagur Capó.

Asimismo, la juez instructora ha imputado a la exarquitecto municipal María Antonia Castro, contratada como cargo de confianza por el anterior gobierno del PP y que fue cesada fulminantemente de sus funciones con la llegada a la alcaldía de la socialista Pilar Carbonero. Se da la circunstancia de que Castro ya está imputada por el ‘caso de las ratas' y deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

El empresario menorquín Manel Mercadal, detenido en primera instancia por la Policía Judicial, el empresario y exgerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella, Javier Liy, el ingeniero mallorquín Daniel Aguiló Ferretjans y los técnicos externos José Manuel Urós Gallego, Miguel Ángel Mayol Amengual y Gisela Loran Benavent (Taller d'Enginyeria Ambiental) han sido igualmente imputados en la causa. Estos tres últimos y el funcionario Xavier Cardona deberán testificar mediante exhorto, al igual que la actual gerente del PDPT de Ciutadella, Lisa Valcepina; y el empresario Antonio Jorge Peña, que lo harán en calidad de testigos.

También han sido citados el 6 de mayo a declarar como testigos, el concejal de UPCM, Joan Triay, quien interpuso la querella que ha dado lugar a la investigación judicial; y el informático del Ajuntament de Ciutadella, Jordi Anglada, quien colaboró activamente con los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán durante las largas sesiones de intenso registro al consistorio.


* Última Hora Menorca - 19.04.11
Foto: Gener vuelve al Juzgado. El 5 de mayo declarará como imputada en la llamada ‘Operación Xoriguer’. El 14 de septiembre de 2006 ya tuvo que dar cuentas, aunque entonces en calidad de testigo, por su participación en la operación de permuta del ‘caso de las ratas’. - ultimahora (archivo)

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