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ELDIARIOMONTAÑÉS* : «Se ha realizado un desarrollo urbanístico fraudulento, a iniciativa de los promotores, en connivencia con los responsables municipales y con un grave perjuicio para el municipio, a lo que hay que añadir la destrucción de bienes de dominio público que se han producido en dicha unidad de ejecución (1.34 de Santa Catalina)». Esta es la principal conclusión a la que llegó ayer el juez Acayro en un auto en el que acordó -como medida cautelar -la paralización inmediata de la obra promovida por Castrum Varduliex (un supermercado Supercor y unas 150 viviendas) en esa polémica unidad de ejecución, ubicada junto al colegio Arturo Dúo.
Una decisión que según el instructor pretende «evitar la consolidación de una situación de ilegalidad que se produciría con la finalización de la misma y los perjuicios que ello supondría». Aunque durante la jornada de ayer no se hizo efectiva la paralización, el instructor castreño dio las indicaciones pertinentes para que se retire todo el material y la publicidad de la obra y se establezcan unas condiciones de seguridad mientras dure la presente instrucción, «cuya finalización es prácticamente inmediata».
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro señala que «existen indicios sólidos de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística». Para llegar a esta conclusión, el instructor se apoya en varios aspectos. Por un lado, el ex secretario municipal, César Saiz, «reconoció en sede judicial la ilegalidad de todo lo realizado». «A parte de los informes de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) que lo advierten, consta en las actuaciones un informe jurídico de la secretaria municipal del que se desprende que todas las obras realizadas en la unidad de ejecución 1.34 y 1.33 son manifiestamente contrarias al planeamiento».
Por otro lado, el instructor señala que en el proyecto de reparcelación aprobado «se ha manipulado la cabida y situación jurídica de la parcela de equipamiento público que corresponde al Ayuntamiento y de viales al tiempo de inscribirlo en el registro de la propiedad, estando imputado el promotor y representante de Castrum Varduliex por un posible delito de falsedad de documento público». Acayro asegura en su auto que la apertura de un vial general sobre suelo destinado a equipamiento ha ocasionado un perjuicio al municipio, tal y como había advertido reiteradamente la Crotu.
Pérdidas
Dicho perjuicio consiste, según el instructor, en la pérdida en las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 de, al menos, 1.512 metros cuadrados de equipamiento público. «En otras palabras, se ha eximido a los promotores de entregar dicha cantidad de suelo para hacer los viales; 412 metros cuadrados de la 1.34 y 1.100 metros de la 1.33.
Pero Acayro no se queda ahí. Asegura que el Ayuntamiento ha perdido entre 500.000 y un millón de euros, si nos atenemos a las valoraciones realizadas para la permuta que se llevó a cabo con el aprovechamiento urbanístico de la unidad de ejecución 1.34. «El suelo que debían entregar los promotores sólo en esas unidad de ejecución y que se han ahorrado en perjuicio del municipio tendría una valoración aproximada de 600.000 euros». Se espera que a lo largo del día la Guardia Civil haga efectiva la paralización de la obras.
* El Diario Montañés - ABEL VERANO / MARIO CERRO - 20.11.09
Foto: Imagen panorámica de la Unidad 1.34 donde Castrum Varduliex construye un Supercor y unas 150 viviendas con garajes. /ABEL VERANO, eldiariomontanes.es
Castro: Acayro ordena la paralización inmediata de las obras del Supercor y de unas 150 viviendas
Una firma de Correa invirtió 756.240 euros en un PAI tras cobrar comisión por los actos del Papa
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LEVANTE/Alicante* : Para la trama Gürtel el cemento fue un medio y un fin. Promotoras y constructoras pagaron comisiones a la red a cambio de concesiones en ayuntamientos cuyos políticos eran comprados por Correa (Madrid) o abonaron a Orange Market facturas de servicios que en realidad fueron prestados al PP (Comunitat Valenciana).
Pero, además, el urbanismo fue también un punto de destino, una inversión para blanquear parte del dinero negro utilizando sociedades patrimoniales gestionadas y a nombre de testaferros, pero bajo el paraguas del imperio mafioso de Correa, según Garzón y la Udef. Una de esas firmas pantalla es Castaño Corporate. El 19 de julio de 2006, esa sociedad compró un terreno de 12.605 metros en la Nucia (Marina Baixa) por 756.240 euros. La elección de la Nucia responde a la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes", con el alcalde popular Bernabé Cano, quien dio contratos a la trama y ha aparecido en diversas grabaciones vinculado a los intentos de Correa de pegar un pelotazo en el municipio.
La finca rústica, de matorral y olivos, se escrituró en la notaría de Ángel Puras, en Madrid, apenas dos semanas después de que esa firma ingresara 230.000 euros a cuenta del negocio que generó el contrato de la constructora Teconsa con Canal 9 para dar cobertura (sonorización, instalación de pantallas y servicios audiovisuales) a los actos de la visita del Papa a Valencia.
Teconsa subcontrató a otras tres firmas, entre ellas la sevillana Apogee Telecomunicaciones. Mientras Valencia vivía consternada por el accidente del metro que segó la vida a 43 personas y aguardaba la llegada de Benedicto XVI, el número dos de la trama, Pablo Crespo, recogió en Sevilla dinero negro de comisiones por haber intercedido ante el anterior director general de RTVV, Pedro García, para lograr ese contrato para Teconsa y el resto de empresas, siempre según los informes policiales. El apunte de 230.000 euros para Castaño Corporate -dedicada a la compra-venta de inmuebles, que nada tiene que ver con luces y sonido- está en la contabilidad B incautada.
Plan bloqueado por el TSJ
El administrador único de esa empresa es Jacobo Gordon, amigo y testigo de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar. Los dos apoderados de esa sociedad son Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín, el número dos y el tres de la organización. Esto es, el hombre que ejecutaba las órdenes de Correa y el ingeniero financiero que diseñó el entramado societario internacional para la generación y blanqueo de capitales.
Al poco de su adquisición, los terrenos pasaron a ser urbanizables. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 2006, la comisión territorial de urbanismo de Alicante aprobó el PAI del Algar, que prevé 2.501 viviendas y del que forma parte la parcela de Castaño Corporate. El pasado mes de junio, el TSJ valenciano bloqueó el proyecto por no garantizar la suficiencia hídrica, por lo mismo que se paralizaron los otros dos PAI de la Nucia: la Serreta y Pie de Monte. El primero logró finalmente luz verde en los tribunales. El ayuntamiento avaló el Plan del Algar, como los otros dos, y de hecho está intentando desatascarlo por la vía judicial. Gordon llevó las negociaciones de esa operación como también los contactos con los propietarios de los PAI Pie de Monte y la Serreta, donde Correa pretendía comprar, desbloquear -gracias a sus conexiones con terminales políticas- y revender. El pelotazo no salió, pero las negociaciones resultaron de lo más divertidas según las grabaciones incorporadas al sumario del TSJ de Madrid. El amigo de Agag, el alcalde Cano, Correa y algún empresario "se lo montaron de puta madre con tías en un restaurante que cerraron" en Valencia. Entre las comisionistas de la visita del Papa figura otra firma administrada por Gordon: Parque Logístico Montalbo, que cobró 60.000 euros.
Castaño Corporate compró los terrenos a los administradores de la firma inmobiliaria Henk & kathy Invest SL, radicada en la Nucia.
El Tribunal Supremo (TS) prorrogó ayer por cuarta vez el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, lo que significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Lo acordó en un auto el magistrado instructor del caso en el TS, Francisco Monterde, quien el 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.
Monterde alegó que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto. Entre ellas, el instructor señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añadía, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid, del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". Recordó que la prórroga del secreto de actuaciones está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Constitucional dijo que tal laguna no impide al juez proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección"
El TS acordó en junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira.
* Levante-EMV - FRANCESC ARABÍ - 20.11.09
Foto: Terrenos situados en el Plan del Algar, en el término municipal de la Nucia. rosario pagés, levante-emv.com
'Okupar' un piso en Barcelona, un euro
ELPAÍS* : Un juez deja que los intrusos de la vivienda social del Raval sigan en ella con una fianza mínima. Josep Mediñà y Antonia, su mujer, durmieron ayer en casa de su hijo. Igual que desde hace 16 meses, cuando, al volver de vacaciones se encontraron su piso, en el Raval de Barcelona, ocupado por otra familia. Desde entonces, viven enmarañados en una pesadilla judicial para recuperar su hogar.
El último episodio se produjo el mes pasado, cuando al fin habían logrado que se fijara fecha para el desalojo forzoso de los intrusos de la vivienda, un piso social de la Generalitat gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda por el que pagan un alquiler de 148 euros. Pero en el último momento, tras un recurso de la okupa, el juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 57, Carlos Tortras, paralizó el proceso, según consta en el expediente judicial. El magistrado, el mismo que había ordenado desalojar el piso semanas antes, adujo en esta ocasión que quedaba "acreditada la precariedad económica" de María José O. E., a quien impuso una fianza de un euro.
El proceso para recuperar el piso ha sido complicado para los Mediñà desde el principio. La noche del 23 de julio de 2008, al volver de vacaciones apresuradamente porque les habían dicho que algo raro ocurría en su casa, el matrimonio descubrió que su llave no abría la puerta. Denunciaron el caso a los Mossos, pero éstos les dijeron que al haber otra familia en la casa, el caso debía resolverse en los tribunales.
La denuncia por vía penal contra la acusada por allanamiento de morada no prosperó. El Juzgado de Instrucción número 13 archivó el caso al apreciar contradicciones entre los testigos sobre si los Mediñà vivían realmente en el piso. Los Mediñà, finalmente, lograron demostrar en abril de este año, por vía civil y con la comparecencia de otros testigos y del Patronato Municipal de la Vivienda, que el piso ocupado sí era su residencia habitual.
Los procedimientos judiciales obligaron entonces a pedir la ejecución de la sentencia, mientras que María José O. E. logró presentar un recurso y que éste fuera admitido. El embrollo terminó, de momento, el pasado 1 de octubre, cuando el juez Tortras suspendió indefinidamente la orden de desalojo por la "precariedad económica" de la okupa.
En el piso viven al menos tres personas, pero sólo se ha procedido contra María José O. E. Ésta contó a la policía, según el sumario, que alquiló la vivienda a alguien llamado Jaime, con quien contactó gracias a un cartel colgado en un locutorio. Jaime le habría dado las llaves del piso a cambio de 1.500 euros, sin mediar documento alguno y sin que se volvieran a ver. EL PAÍS ha tratado repetidamente, sin éxito, de recabar la versión de María José O. E.
La vecina que declaró a su favor en la vía penal es la inquilina del piso 1º 1ª (el ocupado es el 1º 2ª). Esa vecina no está localizable: no pagaba el alquiler y el Patronato de la Vivienda instó un proceso de desahucio que se hizo efectivo hace unas semanas. Los Mediñà sostienen que fue ella la que facilitó a María José O. E. el acceso a la vivienda a través de una ventana trasera. Las ventanas de ambos pisos son contiguas y bajo ellas hay una cornisa metálica.
Las víctimas se han dirigido al juez para pedirle que si verdaderamente cree que la ocupante de su piso se halla en situación de necesidad, se dirija a los servicios sociales para que le faciliten una vivienda y así ellos puedan recuperar la suya. Esta petición, de momento, no ha tenido respuesta, por lo que la abogada, Esther Villaescusa, ha presentado una apelación contra la decisión de frenar el desahucio de la vivienda.Las administraciones públicas se mantienen a la espera. Incasòl (Instituto Catalán del Suelo), propietario de la finca, no interviene porque la gestión depende del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. "Desde el pasado mes de febrero, cualquier tipo de petición de viviendas en Barcelona se traslada al Patronato Municipal", señaló un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. La petición del matrimonio que se ha quedado sin piso se presentó tras paralizarse el desalojo, por lo que es posterior a febrero. El Patronato de la Vivienda sostiene que no puede hacer nada mientras no haya sentencia, pero que da apoyo jurídico a las víctimas.
La abogada del matrimonio pidió al patronato que, mientras se resuelve la situación diera otra vivienda a la familia afectada. La respuesta fue negativa: no se puede hacer nada hasta que se recupere el piso ocupado. El matrimonio Mediñà estaba ayer muy dolido con quienes decían que no vivían en el piso. "Vivíamos, claro que vivíamos. Cómo si no íbamos a tener en el piso desde las cartillas de ahorro hasta las fotografías de la familia. Y nos hemos quedado sin todo eso". La tienda de Antonia está justo enfrente. Otra vecina confirma que los Mediñà eran vecinos. "Sí que lo eran. Alguna noche se iban a dormir a casa de su hija porque tienen una nieta pequeña y aquí hay sarao todas las noches".
Las dos vías penales
- Allanamiento de morada. Si el residente de una vivienda -ya sea propietario o inquilino- se encuentra con que han ocupado su casa, debe acudir a la policía para denunciar el allanamiento de morada. Se trata de un delito tipificado en el artículo 202 del Código Penal y está castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. En caso de que haya habido violencia, la sanción puede llegar a ser de cuatro años de cárcel.
- Usurpación. En el caso de que la vivienda esté vacía, se trata de un delito de usurpación, estipulado en el artículo 245 del Código Penal. Suele ser el más común en los casos de ocupaciones de viviendas, porque la mayoría de las casas en las que entra a vivir alguien indebidamente están deshabitadas. También en este caso el legislador tiene en cuenta si la ocupación ha sido con o sin violencia. En todo caso, la sanción para este delito es siempre una multa.
* ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 20/11/2009
Foto: Antonia, ayer por la mañana, ante la tienda que regenta en la calle del Om, justo delante del edificio donde tiene el piso.- MARCEL.LÍ SÀENZ
Roca intentó vender su finca a precio de oro sabiendo que iba a ser expropiada
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : Su gozo en un pozo. A Juan Antonio Roca le van a expropiar su lujosa finca de La Caridad, a pesar de los infructuosos intentos de éste por dar el pase al inmueble antes de que se hiciera pública la operación. La construcción de un nuevo parque tecnológico en Marbella, por el que se expropiarán 300 fincas ubicadas a lo largo de las 197 hectáreas del valle del río Guadaiza, disparó todas las alarmas en la familia Roca.
Tal es así que el cerebro de la Operación Malaya movió sus fichas a toda prisa, “manejando los hilos de sus marionetas judiciales a su antojo para vender sus propiedades a espaldas de los que en realidad debían recuperar el dinero que cogió de las arcas municipales de Marbella”, según señalan fuentes judiciales que llevan el caso a El Confidencial.
“Mientras Muñoz y otros presuntos delincuentes de Malaya pasean sus miserias por las televisiones, prisioneros de su pasado, Roca desde la prisión sigue siendo un perfecto arquitecto de su futuro, haciendo una buen acopio de sus propiedades para cuando salga en libertad. Sin duda es el más listo”, añaden estas mismas fuentes.
Tal y como adelantó este diario, la finca La Caridad, la vivienda preferida por Juan Antonio Roca, en la que tenía innumerables obras de arte y decenas de caballos de pura raza, ha intentado ser vendida en numerosas ocasiones sin que llegaran a buen término las negociaciones. La finca tiene una superficie de más de cinco hectáreas de terreno y está situada en la orilla del río Guadaiza que da a San Pedro de Alcántara.
“Roca tenía información privilegiada de que iban a ser expropiados los terrenos mucho antes que los demás propietarios, al igual que tuvo información en su día por la Policía del desarrollo de la Operación Malaya. Es por eso que decidió venderla a precio de oro antes de que el tema de las expropiaciones llegara a la opinión pública. Primero lo intentó a través de un intermediario de parte de la familia Roca que se llamaba Boris, pequeñito y con melena. Llegó en un Masserati plateado y realizó los primeros pasos, posteriormente, cuando las cosas se torcían, fue la propia María Roca quien tomó cartas en el asunto”.
Roca quiere quedarse Villagonzalo
Actualmente sólo hay un administrador de las propiedades de Juan Antonio Roca. Según ha podido saber El Confidencial, “el ex asesor de urbanismo está encantado con este administrador, ya que el anterior fue destituido de una manera un poco extraña, al no actuar tal como designaba las providencias el juzgado”.
El administrador Juan Macías ha estado al tanto de las negociaciones de la hija de Roca, “que se lleva un tanto por ciento por su papel de interventora en las negociaciones”. Las fuentes judiciales aseguran que “María Roca esta sacando dinero, supuestamente embargado, gracias a su cargo como interventora de algunas de las sociedades. Es una vergüenza que esta niña tenga un sueldo estando imputada y manejando las empresas a su antojo, ya que sin su consentimiento no se realizan muchas acciones ligadas a su padre”.
Otra de las propiedades, a la que Juan Antonio Roca no quiere renunciar, es el Palacio de Villagonzalo, valorado en unos 60 millones de euros. La cubierta de este palacio, considerado bien nacional, está medio en ruinas y con varias ordenes de embargos. “Había varios compradores interesados en el, pero se están yendo espantados, ya que Juan Antonio Roca va a intentar quedárselo por detrás una vez que salga en subasta” nos confirman fuentes cercanas al caso.
Juicio para recuperar su cargo en el Ayuntamiento
Juan Antonio Roca sigue desafiando a todo el sistema político actual con mensajes desde la cárcel, amenazando que volverá a ocupar su puesto de trabajo en el Consistorio cuando salga en libertad. Todo un desafío. El Ayuntamiento despidió a Roca el pasado 24 de agosto por comisión de una "falta muy grave" consistente en "faltas repetidas e injustificadas a su puesto de trabajo".
La representación de Roca alegó en su momento que podía recuperar su puesto ya que trabajó con la categoría profesional de director administrativo, con una antigüedad en la empresa desde el 22 de abril de 1992, con un salario mensual de 9.066,83 euros y con centro en la Gerencia de Obras del Ayuntamiento de Marbella. El juicio laboral sobre la demanda se celebrará el día 15 de diciembre en el Juzgado de lo Social número 11 de Málaga.
* El Confidencial - Amparo de la Gama (Marbella).- 20/11/2009
Foto: Cortijo dentro de la finca de Juan Antonio Roca (A. de la Gama), elconfidencial.com
La corrupción salpica Galicia
FARODEVIGO* : Galicia no es una isla en el mar de corrupción que afecta a medio centenar de ayuntamientos con un total de 730 causas abiertas contra cargos públicos. Malaya, Gürtel, Palma Arena o Pretoria son las tramas urbanísticas más recientes que sacaron a la palestra a empresarios, funcionarios, alcaldes, concejales e incluso presidentes autonómicos. En Galicia, la Justicia investiga decenas de casos por presunta prevaricación o tráfico de influencias.
Uno de las últimas operaciones policiales se llevó a cabo en el municipio lucense de Castro de Rei, de apenas 5. 800 habitantes.
Como en las redadas recientes de Palma de Mallorca o las registros en algunos municipios de Levante, hace un mes la Policía Nacional detuvo al alcalde de Castro de Rei, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales –dos del PSdeG y uno de Terra Galega–. De forma paralela al registro en el Concello de Castro de Rei, en el Ayuntamiento limítrofe de Cospeito –gobernado por el PP– también se recogió documentación referida a aspectos relacionados con contrataciones de personal para la Mancomunidad de Municipios de A Terra Chá.
Con el arresto de Díaz Valiño en Castro de Rei, son ya 18 los alcaldes arrestados en España por corrupción desde el caso “Malaya”, investigación iniciada a finales de 2005 y que dio sus primeros frutos en 2006 con la detención de la entonces alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe (GIL).
Apenas una semana después de la detención del alcalde de Castro de Rei, la vicepresidenta de la Diputación de Lugo y máxima responsable del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social, Lara Méndez (PSdeG), fue requerida, junto con otros dos funcionarios provinciales, por la juez para declarar en relación a procesos de adjudicación de obras en Lugo.
En febrero de 2007, los concejales del PP en Gondomar –Alejandro Gómez Garrido (Urbanismo) y José Luis Mosquera (Cultura)– así como el arquitecto municipal y la novia de Mosquera fueron detenidos por presunto delito de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta relación con sobornos a funcionarios y cobro de comisiones para la concesión de licencias urbanísticas.
La lista de cargos públicos investigados por corrupción incluye también al alcalde de Portas, Roberto Vázquez. Para el registro popular, el fiscal pide dos años de inhabilitación por supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento pontevedrés.
Reparto
Según informó el miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la Justicia tiene abiertas en España un total de 730 investigaciones a cargos públicos por corrupción. La mayoría afectan a políticos del PSOE (264) frente a las 200 que salpican al PP. Los casos de corrupción no distinguen el color político. Tres políticos del BNG, junto a otros tres del PNV también están siendo investigados.
Al igual que otros 43 de Coalición Canaria, 30 de CiU, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal, 7 de Unión Mallorquina y 5 de Esquerra. Con estos estadísticas sobre la mesa, Conde-Pumpido destacó que las investigaciones afectan a tan sólo un 1% de lo de los más de 66.000 cargos públicos en España. Sobre las críticas del PP sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el fiscal general le replicó que “no existe” esa “doble vara de medir” porque no se persigue a los delincuentes por su filiación política, “sino por los delitos que cometen”.
* Faro de Vigo - R. PRIETO - 20.11.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Amposta: Un juez critica los intereses urbanísticos de un senador
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ELMUNDO/Tarragona* : Que un alcalde sea a la vez consejero de una promotora urbanística de su municipio, la misma empresa que se beneficia del intento del Consistorio de recalificar unos terrenos no urbanizables, puede no ser delito, pero al menos es de dudosa moralidad. Y que el concejal de Urbanismo de la localidad haya trabajado como abogado de la promotora y tenga una vivienda muy cerca de la zona a urbanizar que resultará beneficiada con la operación es también incuestionable.
Así lo ha manifestado un juez de Barcelona en una sentencia en la que absuelve a EL MUNDO de CATALUNYA de toda responsabilidad penal en relación a una denuncia por calumnias del senador de CiU y ex alcalde de Amposta Joan Maria Roig, y el ex concejal de Urbanismo Daniel Rius. Ambos llevaron al juzgado las noticias que destapó este diario en 2006 acerca de sus vinculaciones empresariales con la promotora de una urbanización en Amposta, a la que ambos cargos intentaron beneficiar con la recalificación urbanística de una zona que quería acometer el Consistorio.
De hecho, el juez también deja ir una crítica velada a Roig al subrayar que "sigue ostentando en la actualidad pese a su condición de senador diferentes intereses empresariales", aludiendo a su cargo en otra promotora, Club de Campo y Golf de Ronda.
La sentencia, del juzgado penal 4 de Barcelona, considera que «desde el punto de vista de la ética democrática» no parece ser conducta "muy adecuada y digna del respeto ciudadano, sobre todo si lo que se quiere transmitir a la ciudadanía son criterios de rigor y apariencia de legalidad" que se lleve a cabo una recalificación municipal "sobre un terreno extenso de uno de los concejales -o de su familia- del propio grupo político", de alguien que además ha sido el anterior alcalde de la localidad, "y que se apruebe la misma con ese voto del primer regidor municipal y que tiene además la máxima facultad de dirección del Ayuntamiento".
Durante el juicio, tanto Joan Maria Roig como Daniel Rius sostuvieron que sus cargos en la promotora Hort dels Capellans nada tenían que ver con sus funciones públicas, lo que al juez le llama la atención, "como si aquellos cargos empresariales pudieran calificarse de meramente honoríficos".
Así las cosas, la sentencia concluye que "se ha probado la vinculación de dichas personas públicas, cuyos cargos son de elección popular y deben rendir cuentas no sólo a sus electores sino también a los ciudadanos del municipio que gobiernan, con las empresas que ostentaban intereses empresariales y urbanísticos en el municipio".
El juez apunta que no es esencial que los terrenos sobre los que se plasmaban los intereses de la promotora fueran ya «urbanos, urbanizables o no urbanizables», porque en cualquier caso «fue necesario un cambio en el planeamiento que de alguna manera benefició» al ex alcalde y al que fuera concejal de urbanismo.
El juez rompe asimismo una lanza en favor de los medios de comunicación y de fiscales y jueces "gracias a cuyo trabajo", señala, «han salido a la luz muchas e importantes irregularidades jurídicas o de dudosa índole moral precisamente en el ámbito político municipal y especialmente por lo que se refiere a materia urbanística». Y además, añade, "es fácil establecer que los ciudadanos están muy interesados en conocer este tipo de cuestiones que afectan directamente a la buena o mala gestión de lo público", lo que convierte en necesarias estas noticias «en un contexto general de mala política urbanística y de necesaria persecución institucional de la corrupción - incluso moral o política, que no necesariamente penal- de este tipo de actuaciones".
* El Mundo - 20.11.09
Foto: Amposta (Tarragona) - costadoradaguide.com
Greenpeace advierte de que Carboneras prevé 250 viviendas en El Algarrobico para "legalizar el hotel"
EUROPAPRESS/Almería* : Greenpeace anunció hoy la elevación de un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que le informa de lo que califica como una "maniobra ilegal" emprendida por el Ayuntamiento de Carboneras al considerar que la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "cambia la clasificación y convierte en urbanizable" el paraje de El Algarrobico y permite el desarrolló de un residencial de 250 viviendas "que allanaría -asegura- el terreno para que se inaugure el hotel".
En una nota, la organización ecologistas subraya que el Consistorio carbonero (PSOE) interpreta "en sentido contrario" el auto por el que el TSJA dictó hace un año la suspensión cautelar del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar en lo que se refería a los suelos donde se levanta el hotel de Azata del Sol al sostener que "al anularse el PORN de 2008, los planos que clasifican el área como urbanizable, modificados irregularmente, son legales".
Tras acusar al Ayuntamiento de "seguir en su huida hacía adelante ignorando lo que dicen los tribunales", Greenpeace señala que esta "incumpliendo el auto de suspensión cautelar" en el que el TSJA aludía a que la nueva clasificación dada al suelo "podría reactivar el uso turístico del inmueble".
En esta línea, el colectivo asegura que la "actitud" mostrada por el Consistorio que preside Cristóbal Fernández "confirma, una vez más, lo que sentenció el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, que, al anular la licencia de obras del hotel, acusaba de abulia y desidia de la corporación y a la Junta de Andalucía" además de ideas una "burda maniobra para sustituir la planimetría del PORN en 1997 por otra".
El documento por el que se aprueba la adaptación parcial de las NNSS de Carboneras a la LOUA, publicado en BOP el pasado día 4, recoge la recomendación del informe de la Comisión Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística (CIVTU) y alega que debe mantener el anterior grado de proyección --D2-- en el sector ST-1 --Algarrobico-- a la vista de la resolución judicial antes citada.
"CONFORME A LA LEY"
Al tiempo, el Ayuntamiento carbonero señala para justificar su decisión, ahora denunciada por Greenpeace pero contra la que presentaron alegaciones el PP, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, que la citada comisión resaltó que la adaptación de las NNSS a la LOUA se trata de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento, por lo que no se puede alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas".
El decreto 11/2008, de 22 de enero, que regula el procedimiento de la adaptación parcial del planeamiento municipal a la ley anteriormente mencionada establece, sin embargo, tal y como se apunta en el documento y subrayan los colectivos ecologistas, que esta deberá clasificar como suelos no urbanizables de especial protección aquellos sectores sometidos a una aplicación directa por deslindes y planes sectoriales en materia de medio ambiente.
Desde Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han interpretado la decisión del equipo de gobierno de Carboneras "y de la Administración autonómica" como un apuesta por la "legalización" del hotel de Azata del Sol que, según aseguraron, les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición del hotel y por otro aprueba "actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
* Europa Press - 19.11.09
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org
El fiscal pide cuatro años y 500.000 euros para el ex alcalde de La Línea
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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía Provincial de Cádiz acusa a miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Línea en el caso Roseworld, originado por la venta de cuatro parcelas municipales a una empresa con ese nombre, de recibir dos millones de euros "en compensación por el trato de favor recibido" en esta operación.
En concreto, acusa a los miembros de la Mesa de Contratación que aprobó esta operación: el ex alcalde linense, Juan Carlos Juárez, y los ediles del PP María Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Francisco Muñiz, así como al ex coordinador de Hacienda, Carlos Ruiz Calama; el ex secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor municipal, Sergio Gómez.
Además, acusa a Anil Thakurdas, administrador de Roseworld, y a Rafael de los Reyes Medina, representante de Abuztúa Inversiones, empresa que compró luego dichas parcelas.
La Fiscalía concluye que son responsables de los delitos de prevaricación y cohecho pasivo Juárez, Atienza, Montero, Muñiz, Calama, Agustín Sevillano y Sergio Gómez, a los que por el segundo de los delitos solicita una pena de cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros a cada uno con responsabilidad personal subsidiaria, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante 8 años y seis meses.
Para Thakurdas solicita cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros por un delito de cohecho. La multa más cuantiosa es la que solicita para Rafael Reyes Medina por un delito de blanqueo. En concreto, la Fiscalía solicita una multa de 25 millones de euros, tres años de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria.
Así consta en el escrito de calificación que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha derivado al juzgado número uno de La Línea, solicitando que las actuaciones se transformen en los trámites de procedimiento abreviado y que se abra juicio oral.
En el análisis de los hechos, el escrito de calificación de la Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento acordó enajenar mediante concurso público y en un único expediente cuatro parcelas municipales en La Colonia. En una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada el 25 de octubre de 2005, fue aprobada por el pleno la propuesta efectuada por el alcalde para la enajenación y el pliego de cláusulas que debían regir el concurso, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y dando el plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas. Además se establecía como tipo de licitación la cifra de 12,2 millones de euros.
La Fiscalía considera que los acusados "se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa Roseworld frente a cualquier otra que presentara su oferta". De hecho, la empresa Promaga quedó excluida del concurso. La adjudicación se materializó en cuatro escrituras públicas, acordándose un primer pago de 6,1 millones de euros que se efectuó en cuatro cheques. El resto debía ser abonado con la aprobación provisional del PGOU.
Pese al inicio del procedimiento penal, que se hizo constar en el Registro de la Propiedad así como al inicio de un procedimiento contencioso-administrativo de impugnación a Roseworld, la Fiscalía explica que los acusados "en virtud del plan preconcebido, acordaron vender los terrenos objeto de litigio a Abuztúa Inversiones en febrero de 2007 para así simular la apariencia de tercero de buena fe y asegurarse el mantenimiento de las fincas, concertando el precio en 14,4 millones de euros más IVA". Además, señala que 22 días antes de efectuarse la transmisión, Lábaro, grupo al que pertenece Abuztúa, ordenó un ingreso en el Ayuntamiento de 1,3 millones de euros que Calama dijo era en concepto del pago de la deuda a Roseworld, constando otro importe igual fechado en marzo de 2008.
En marzo de 2007, el Ayuntamiento requirió a Abuztúa el pago aplazado del débito de Roseworld, 6,1 más 980.000 euros de IVA al constarle por comunicación del apoderado de ésta que se había producido la transmisión. Abuztúa pagó al Ayuntamiento la cantidad restante del precio que se aplazó a Roseworld, aunque no los 980.000 euros del IVA.
La Fiscalía concluye que los acusados de la Mesa de Contratación recibieron a través de la empresa Líneatrans, "de la que es único titular y administrador Calama, por parte de Thakurdas en compensación por el trato de favor recibido y tal y como habían acordado, dos millones de euros, constando efectuado el ingreso a través de la sociedad de la que el único administrador y titular es Thakurdas, Laxmi Developments", agrega en el escrito de acusación.
* Diario de Cádiz - Soraya Fernández - 19.11.09
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - Konstantin (wikipedia.org)
El fiscal superior ve desprotegido el patrimonio histórico debido a la falta de fondos de los concellos
LAVOZDEGALICIA* : El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha pedido a los concellos que se asocien para obtener fondos con los que rehabilitar su patrimonio histórico formado por castillos, torres y pazos. Se trata de conseguir poner en valor esa riqueza histórica mediante la interlocución con los organismos europeos encargados de su protección, según explicó el fiscal durante su participación en la jornada organizada en la isla de San Simón (Redondela) por la Asociación de Concellos con Castelos.
Varela hizo este llamamiento a los responsables de los ayuntamientos gallegos ante la «precariedade financieira» de los municipios que acogen ese tipo de edificaciones. Esa circunstancia, añadió el fiscal, provoca que ese patrimonio monumental «estea totalmente desprotexido».
El fiscal superior de Galicia pidió a la Xunta que apoye y fomente, con dotación presupuestaria suficiente, con el fin de impedir «o deterioro progresivo desta arquitectura medieval defensiva». Recordó que el estado de este patrimonio varía en función de si su titularidad es pública o privada.
* La Voz de Galicia - 19.11,09
Foto: Lugo, Castillo de Pambre - espanolsinfronteras
Pueblos enteros ilegales en Almanzora... y en los juzgados
ELMUNDO/Almería* : Agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería han tramitado en los últimos años decenas de atestados sobre construcciones ilegales en el municipio de Arboleas y en otros pueblos del Almanzora, especialmente Zurgena y Albox, a raíz de denuncias interpuestas en la mayoría de los casos por ciudadanos particulares.
Entre las denuncias investigadas también se encuentra la presentada en octubre de 2006 por Ecologistas en Acción de Almería, que informó de la existencia de cientos de viviendas construidas ilegalmente en siete pedanías de Arboleas, municipio gobernado por el socialista Ángel García, así como de proyectos para construir otras 6.000.
Entre los casos más graves, los ecologistas se referían al núcleo de Los Carrascos, que en ese año ya alcanzaba la misma población que el pueblo de Arboleas, e informaba de que, además, se estaban realizando movimientos de tierras para construir más casas ilegales y volver a duplicar su número. El atestado instruido fue dirigido en su momento tanto a la Fiscalía de Medio Ambiente como al Juzgado de Huércal-Overa.
Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al valle del Almanzora para investigar las denuncias presentadas dieron fe de la existencia de «pueblos enteros construidos en zonas no urbanizables», lo que, lógicamente, hicieron constar en los atestados correspondientes.
La mayoría de las denuncias fueron presentadas a partir de 2005, aunque han seguido goteando hasta este mismo año, y en su mayor parte ha sido confirmada la ilegalidad de las construcciones, algo que no es ningún secreto en la comarca, donde según estimaciones de la Junta de Andalucía existen más de 5.000 casas construidas al margen de la ley.
De ahí que la Consejería de Vivienda, al frente de la cual está Juan Espadas, haya concebido un plan de inspección al que se han sumado la mayoría de ayuntamientos, entre ellos los tres mencionados, donde se aglutina un mayor número de ilegalidades. Una vez realizado el recuento, se analizará cada caso para intentar la regularización de la mayor parte de casas posible, atendiendo a los criterios marcados por la Ley de Ordenación del Urbanismo en Andalucía (LOUA).
* El Mundo - M. Cabrera - 19.11.09
Foto: Albox, zonz viviendas ilegales - teleprensa.net
Un matrimonio lleva 16 meses con la casa ocupada y sin amparo judicial
ELPAÍS/Barcelona* : Josep M. y su mujer viven con su hijo en el barrio de El Poble-sec, en Barcelona. Lo hacen desde el 21 de julio del año pasado, una fecha que no olvidan. "Estábamos pasando unos días de vacaciones y nos llamaron por teléfono para decirnos que parecía que hubiera alguien en casa". Volvieron a uña de caballo, llegaron a la puerta de su piso, situado en el Raval de Barcelona, y trataron de abrir: la llave no iba. De ningún modo, pero dentro no se oía nada.
Josep (que pide el anonimato y se niega a ser fotografiado) tiene un primo cerrajero: lo llamó y acudió casi de inmediato. Cuando ya estaba abierta la puerta, alguien acabó de abrir desde dentro. Ahí empezaron más líos.
"¿Qué hacen aquí?"
"¿Cómo que qué hago? Ésta es mi casa".
"De eso nada".
Josep y su mujer decidieron acudir a los Mossos (la comisaría está a menos de 50 metros). Llegaron, pero pidieron al matrimonio que se mantuvieran al margen. Tras una conversación con los ocupantes, comentaron que no se podía hacer nada. Para sacarles del piso se necesitaba una orden judicial.
El matrimonio puso denuncia, ante los Mossos y en los juzgados. Su abogada, Esther Villaescusa, lo resume así:
"Primero instamos un proceso penal, por allanamiento de morada, pero fue archivado y se nos dijo que utilizáramos la vía civil para pedir un desahucio. Lo hicimos y en abril de este año hubo sentencia, que daba la razón a mis clientes. La otra parte recurrió. Yo, claro, pedí la ejecución de sentencia porque Josep y su mujer no tienen otra casa. Se fijó para octubre. Pero el día en que iba a ejecutarse, la juez la aplazó aduciendo que los ocupantes carecen de medios. Nos queda la apelación y la hemos presentado, pero es difícil que se resuelva antes de marzo. Todo resulta surrealista", concluye.
La vida de Josep M. y su mujer no es fácil. "Si fuera un piso de alquiler normal, dejaría de pagar y listo". Pero la cosa es mucho más complicada. El piso es una vivienda social propiedad del Incasòl y se halla en un bloque gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, que reconoce estar al tanto de los hechos. El inquilino, además, no puede dejar de pagar porque, si lo hiciera, perdería los derechos adquiridos. De modo que el matrimonio no vive en el piso pero paga cada mes el alquiler "para no perder esos derechos adquiridos" y paga también la luz, el gas, el teléfono y el agua "porque nos han dicho que si no lo hacemos, luego las cosas pueden ser más complicadas".
Hace unos días, un vecino les avisó: los intrusos estaban tirando a la calle montones de cosas de su casa. Acudieron corriendo y lograron salvar un viejo televisor Elbe. Lo conservan. La mujer lo muestra y añade: "Sé que no vale mucho, pero es mío, como todo lo demás que había en el piso. A saber cómo estará ahora".Josep y su mujer viven (en realidad vivían) allí desde 1988, cuando fueron alojados procedentes del derribo de edificios que ocupaban lo que hoy es la rambla del Raval. Se habían arreglado el piso, de tres habitaciones y 80 metros cuadrados. "Hace unos años se hicieron unas obras, porque fallaban las tuberías y los desagües. Les dije que la cocina me la haría yo nueva", cuentan casi al unísono el hombre y la mujer. Hablan de la casa con una profunda nostalgia: la ropa, las fotos, los recuerdos y, sobre todo, proyectos de un futuro que ya no será. El buzón de casa es un buen ejemplo de ello: el intruso ha arrancado el nombre de la pareja y ha escrito el suyo con un rotulador.
El Patronato Municipal de la Vivienda dice que está al tanto de la situación y que sus servicios jurídicos se han puesto al servicio del matrimonio, pero que no pueden ir más allá. La abogada del matrimonio pidió al Patronato que, vista la situación, le facilitara otro piso, pero la respuesta fue que eso no es posible hasta que recuperen la suya. Tampoco accedió a congelar el pago del alquiler. "Además", dice Villaescusa, "los ocupantes [precaristas en lenguaje jurídico] se han empadronado en el piso y han dado de baja a mis clientes. Fui al Ayuntamiento a preguntar cómo se habían podido empadronar sin contrato y me respondieron que eso es muy fácil, que basta el recibo domiciliado de un teléfono móvil".
Josep y su mujer se aferran a lo poco que les queda de su vivienda: el papel del censo electoral, donde figuran sus nombres y la dirección objeto de litigio. Se les nota cariño por la vivienda, pero están pensando, cuando puedan, en proponer al Patronato de la Vivienda de Barcelona que les dé otra distinta. "No sé, a veces quisiera que hubiera pasado todo y otro pienso que no quiero volver nunca más a ese piso. Y eso que lo habíamos hecho a nuestra medida", dice ella con un tono entreabia y la pena.
* ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 19/11/2009
Foto: Viandantes y jóvenes charlan frente a la entrada del edificio donde está el piso ocupado. - MARCEL.LÍ SÀENZ. elpais.com
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Canillas de Aceituno
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MÁLAGAHOY* : La Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años de prisión y veinte de inhabilitación para el alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística por aprobar un proyecto para la construcción de una vivienda irregular, un extremo que fue confirmado a este periódico por el propio regidor.
La sección del Ministerio Público responsable de la ordenación del territorio y del medio ambiente pide, además, dos años de prisión y diez de inhabilitación para los seis concejales socialistas que integraban la Corporación entre 2003 y 2007, y que votaron a favor de esta resolución en un Pleno municipal.
Según la documentación muninicipal a la que ha tenido acceso este periódico, el Pleno aprobó por mayoría absoluta y con la abstención del Partido Andalucista, un proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada vinculada a destino agropecuario. Por esta razón, según la Fiscalía, los seis concejales que forman el equipo de gobierno junto al alcalde están incluidos en el sumario que ha quedado abierto en el Juzgado número uno de Vélez-Málaga. Tras dar el visto bueno la Corporación y contar con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente urbanístico quedó abierto a exposición pública para la presentación de alegaciones y se envío la certificación a la Junta de Andalucía que emitió un informe desfavorable. Pero a pesar de ello, y dado que es preceptivo pero no vinculante, el alcalde concedió la licencia. Por este hecho, Aranda se enfrenta a dos presuntos delitos de prevaricación urbanística. Uno por aprobar su resolución en el Pleno, y otro por conceder la licencia en base a una resolución plenaria irregular.
Además, la Fiscalía de Málaga, pide a los seis concejales presuntamente implicados una multa de 30 euros diarios durante 24 meses, y durante cuatro años, al regidor de Canillas de Aceituno.
En la comarca de la Axarquía, hace apenas una semana, la Audiencia Provincial condenaba al alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. En la sentencia, el juez considera probado que el regidor "no sólo concedió una licencia ilegal, sino que posteriormente se archivó sin justificación alguna el expediente de reestablecimiento de la legalidad urbanística". No obstante, Navas ya ha anunciado que la recurrirá.
Los hechos se produjeron en marzo de 2000 cuando el Ayuntamiento de Sayalonga aprobó la concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar. La autorización fue concedida pero en el decreto se especificaba que la obra no podría iniciarse sin la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa. En el expediente el técnico municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la licencia de obra al encontrarse en terreno no urbanizable. La construcción comenzó en octubre de 2006 y se inició un expediente sancionador y de reestablecimiento de la legalidad urbanística, sin embargo, un año después fue archivada.
También estos días se ha conocido que la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año de prisión y ocho de inhabilitación para el alcalde de Casarabonela, Sebastián Gómez (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio por conceder una licencia de obra que se supone ilegal. En esta causa también está acusado el promotor de la vivienda.
* Málaga Hoy - M. Cortés · R. Garrido - 19.11.09
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com
"Pretoria": Singla admite pagos de comisiones legales a 'Luigi' por su trabajo
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LAVANGUARDIA/Barcelona* : El presidente de la constructora catalana Proinosa, Josep Singla, imputado en la trama de corrupción urbanística de 'Pretoria', ha admitido que ha tenido contactos "esporádicos" con Luis García, Luigi, intermediario también imputado, y a quien ha pagado comisiones legales por su trabajo. No obstante se exculpó de los cargos que le imputa el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón: asociación ilícita y tráfico de influencias.
En una rueda de prensa, Singla, el director general de la empresa, Ramon Peñaranda, y el asesor legal, Javier Echevarría, explicaron que la vinculación de la promotora en la conocida como operación 'Pallaresa' en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) no tiene nada de ilegal. Recordaron que desde 2003 Proinosa ya no tiene nada que ver con este proyecto y que Garzón lo investiga en el periodo que ya era propiedad de otras sociedades. Proinosa compró los terrenos en 2001, junto a dos socios, para construir un centro comercial.
Tras un estudio de viabilidad, la promotora decidió no llevarlo a cabo, por lo que en 2003 lo vendió a una empresa vinculada a Luis García y a una sociedad holandesa vinculada a Eugenio Mora, ex dueño de Burberry España, por unos 12 millones de euros, con unos beneficios de "200.000 o 300.000" euros, una cifra pequeña para lo que suelen ser estos negocios, comentó Echevarría.
Posteriormente, el mismo solar fue vendido a Prosavi, operación que ya fue investigada por la Audiencia Nacional y que ahora vuelve a estar bajo la sospecha de Garzón. De hecho, los tres propietarios iniciales del solar ya fueron citados a declarar como testigos en 2006 por la Agencia Tributaria para que aportaran documentación sobre el proyecto y la venta.
Para ejemplificar que su vinculación con Santa Coloma no es sospechosa, como deja entrever Garzón, Singla explicó que en los últimos tres años Proinosa ha ganado menos del 15 por ciento de los concursos licitados por la empresa pública Gramepark, teniendo en cuenta los presupuestos, ninguno de los cuales fue del fondo de inversión local del Gobierno. Además, los proyectos en la ciudad suponen alrededor de un 4 por ciento de los más de 200 millones de facturación total de la empresa, que trabaja en decenas de municipios catalanes y del resto de España.
El empresario explicó que conocía al ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y al ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, también imputados y en la cárcel, igual que conoció a la anterior alcaldesa, Manuela de Madre, o a numerosos políticos municipales de Catalunya. Sobre su relación con Luigi, dijo que sabía que una empresa suya había hecho suspensión de pagos hace años, pero desconocía si le habían imputado antes. También admitió que gracias al intermediario compró un ático en la calle Beethoven de Barcelona justo al lado de un piso de Muñoz, porque era "una buena oportunidad".
Del ex conseller de la Generalitat Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia Lluís Prenafeta en tiempos de CiU, Singla dijo que no les conocía sino de vista. Singla también desvinculó totalmente su empresa de algunos proyectos en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) en los que supuestamente hubo irregularidades también vinculadas en el caso Pretoria.
En Llavaneres, Proinosa sí está promoviendo un polideportivo en las afueras a cambio de construir pisos libres y públicos en la actual zona deportiva. No obstante, según la empresa, la plataforma SOS Llavaneres no denunció a la empresa sino al anterior equipo de gobierno por el concurso público.
Preguntado por su relación con el ex concejal de Urbanismo de esta localidad, Antonio Jiménez, Singla dijo que le conocía "muy poco".
El presidente de Proinosa se mostró "tranquilo" y convencido de que será exculpado, por lo que ofreció su plena colaboración a la justicia para esclarecer el caso "cuanto antes".
* La Vanguardia - E.P. - 18.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - flickr.com
Aguirre esconde la desprotección de la Sierra de Guadarrama tras la escenificación de El Paular
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : Decir que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama ordena 109.00 ha y protege 76.650 ha es una falacia es pura falacia. El PORN desprotege la Sierra y eliminará a medio plazo los espacios más emblemáticos de la región, el Parque Natural de Peñalara y su Zona Periférica de Protección y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.Además el PORN abre la mano a más urbanismo irracional y más infraestructuras.
El PORN desbloquea 20 planes generales con una previsión de 25.930 viviendas (más cuatro campos de golf) y 50.000 viviendas potenciales.
Para ocultar esta realidad Aguirre envuelve este nefasto documento en una puesta en escena grotesca donde la información se sustituye por propaganda. Ecologistas en Acción contesta a las principales falacias inventadas por el Gobierno regional.
¿Se protege más superficie de la que actualmente está protegida?
No, el PORN se limita a proteger lo ya protegido, es decir, el área ya incluida en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Natural de Peñalara y su zona periférica de protección, los montes de utilidad pública y los montes preservados, además de los Lugares de Interés Comunitario (LIC).
Las zonas del piedemonte que son las más amenazadas quedan dentro de las Zonas de Transición donde no se ponen límites a la expansión urbanística. Además se permite reclasificar las dehesas y pastizales aunque actualmente estén clasificadas por el planeamiento municipal como suelo no urbanizable especialmente protegido.
¿El Parque Nacional aumentará la protección de la Sierra?
No, el PORN propone un Parque Nacional que no cumple las principales directrices del Plan Director de Parques Nacionales. En el Parque Nacional no se prohíbe la el desarrollo de carreteras, ni la caza y no se mejora la gestión de la biodiversidad. Se excluye la zona de mayor biodiversidad de la Sierra, donde se encuentra la mayor colonia de buitre negro (especie en peligro de extinción) de la Comunidad de Madrid.
Además, el PORN disminuye la protección de las zonas de Máxima Protección del Parque Natural de Peñalara (por ejemplo las lagunas y humedales) y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (por ejemplo La Pedriza).
¿Por qué disminuye la protección de la Sierra?
El PORN disminuye los niveles de protección porque permite usos y actividades que ahora están prohibidos. Por ejemplo, el PORN, permite la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable de protección, algo que ahora está prohibido. Esta actividad se autoriza en concreto en la Zona de Aprovechamiento Ordenado de Recursos Naturales. También legaliza construcciones irregulares en suelo protegido.
¿Qué pasa con las estaciones de esquí?
El PORN consolida las estaciones de esquí de Navacerrada y de Valdesquí. Permite su unión, lo que va en contra de la normativa del Parque Natural de Peñalara, dado que Valdesquí se encuentra en la Zona Periférica de Protección de este espacio. Además autoriza la construcción de nuevos edificios y la ampliación de los existentes. Actualmente ya se están construyendo nuevas pistas de esquí con la excusa de que son rehabilitación de otras ya existentes, algo que permite el PORN.
¿Se ha paralizado la tramitación de los nuevos planes generales?
No. Durante la tramitación del PORN se ha aprobado las Normas Transitorias de Los Molinos con 790 viviendas y el Plan Parcial del Sector Navaluenga, en Bustarviejo con 400 viviendas. Además, de los 37 municipios incluidos en el ámbito del PORN, 20 están tramitando nuevos planes generales. Sumando las nuevas viviendas previstas se alcanzan las 25.930 que podrían llegar a 50.000, si se tiene en cuenta el suelo que se reclasifica como urbanizable no sectorizado. También hay previstos cuatro campos de golf en Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Buitrago de Lozoya y Guadarrama. Este último acaba de iniciar la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental.
¿Se toman medidas para frenar las recalificaciones de terrenos?
No, el PORN sólo declara suelo no urbanizable protegido el terreno que está protegido por diversas leyes. Para el resto del suelo se remite a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Como es bien sabido, esta Ley permite construir todo el suelo que no esté protegido. Es decir, todas las dehesas y pastizales que ahora no estén declaradas Montes de Utilidad Pública o Montes Preservados podrán ser recalificados.
¿Se protege la Cerca de Felipe II?
No. La Cerca de Felipe II es un territorio histórico de 11.980 ha formado por el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y diferentes fincas adquiridas por Felipe II. Este enclave fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006 y el propio Decreto de declaración establece que todo el ámbito debe incluirse en el ámbito del PORN. Por tanto, es una obligación legal incluir La Cerca en el PORN. Pero esta inclusión se hace sin aplicarle ninguna normativa de protección especial. Por tanto, no se limita la reclasificación que de este espacio que, por ejemplo, pretende el nuevo Plan General de San Lorenzo de El Escorial y la inminente urbanización del sector terciario-industrial del SAU-2 cuyas obras están a punto de iniciarse, en este mismo municipio.
¿Ha habido participación pública?
No, la única manera de participar ha sido mediante la presentación de alegaciones. Estas alegaciones no se han contestado y han sido desestimadas en su mayoría sin saber las razones. No se organizado mesas de participación, ni grupos de trabajo a pesar de que la Consejera Ana Isabel Mariño se había comprometido a ello.
¿El PORN es legal?
No, el PORN es ilegal. Está incompleto, carece de diagnóstico, inventario, cartografía temática y memoria económica, entre otras cosas. Esto supone un incumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Además reduce los niveles actuales de protección. Por todo ello, Ecologistas en Acción recurrirá el PORN ante el Tribunal Superior de Justicia el PORN, en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 18.11.09
Foto: Guadarrama, sierra (Madrid) - madridiario.es
Vecinos de Barrika denuncian otro plan de 130 viviendas
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ELPAÍS/Vizcaya* : Una asociación vecinal de Barrika, creada este año para hacer frente a lo que califican de "desmanes urbanísticos" del Ayuntamiento, ha denunciado un nuevo plan inmobiliario que prevé edificar 138 viviendas. El pleno municipal aprobó el pasado 9 de octubre la modificación de las normas urbanisticas de la localidad, pese a que ya existe un avance para elaborar un nuevo planteamiento en el llamado sector de Lepola.
Barrika es ahora el primer caso de Euskadi en el que hay una urbanización de chalés con riesgo de ser derribada, después de que el Tribunal Supremo haya declarado ilegales, en julio, las 14 viviendas construidas y habitadas en la zona de Barrikabaso, pegada a la costa. En esta zona se intentaba edificar desde 1997, cuando se plantearon 349 chalés, y el proyecto que se empezó a acometer contemplaba 97 viviendas, pero fue anulado por el Tribunal Superior por dos veces, en 2001 y 2004. Pese a estas sentencias, los promotores siguieron con la construcción.
Este caso, junto al "crecimiento salvaje" del avance urbanístico presentado por el Ayuntamiento (que gobierna el PNV, con cuatro ediles, frente a los cinco de la oposición), llevó en febrero pasado a que se formase la asociación vecinal Gertuko. El colectivo citó el plan de Lepola como la actuación más censurable, ya que el pleno, con los únicos votos a favor del PNV, aprobó duplicar el aprovechamiento urbanístico (se pasa de 0,2 a 0,45), que posibilita construir 138 viviendas. Este cambio se produce cuando "recientemente se han comprado los terrenos por los actuales propietarios". Agregan que se trata "de un pelotazo urbanístico, ya que el valor de los terrenos aumentaría en seis millones de euros".
Los vecinos aseguran que es la "zona más importante" para el desarrollo de Barrika, "que quedaría totalmente hipotecado", y resaltan la "altísima" edificabilidad, al proponerse en 420 metros de longitud ocho edificios seguidos de cinco plantas de altura.
* ELPAIS.com - A. URIONA - Bilbao - 18/11/2009
Foto: Barrika (Vizcaya) - P.J. Phanse, elpais.com
Arona: Técnicos y políticos hacen la vista gorda con ciertas obras
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LAOPINIÓN/Tenerife* : Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona hacen la vista gorda a los incumplimientos de algunas obras y, al menos en varias ocasiones, lo han hecho con el conocimiento y connivencia de gobernantes como el alcalde, José Alberto González, según queda de manifiesto a través de las escuchas telefónicas vinculadas al conocido como caso Arona.
Entre otros casos, figura por ejemplo una conversación en la que el alcalde y un técnico municipal identificado como Damián sobre las dificultades que tiene una edificación ubicada en Guaza para poder contar con informe técnico favorable y como en un momento dado el técnico plantea qué requisitos se deben cumplir para que él y los arquitectos municipales en general hagan la vista gorda y emitan informe favorable.
En particular, después de que ese técnico valorara durante esa conversación los problemas que puede tener con el servicio jurídico el peticionario de la primera ocupación para el citado edificio de Guaza si pide una revisión de licencia al tratarse de una edificación ubicada en una unidad de actuación, y después de que alcalde le planteara que la preocupación del solicitante de la licencia alude a varios flequillos pendientes con el código técnico, el funcionario de Urbanismo le plantea al alcalde "que respecto al código técnico puede escapar porque ellos (arquitectos del Ayuntamiento de Arona) no van a revisar si cumple" ese código.
Y, en ese sentido, este arquitecto municipal también le comenta al alcalde que si el arquitecto del solicitante de la licencia "dice en el proyecto que el edificio cumple el código técnico, ellos -los arquitectos municipales- lo asumen".
Y en relación a esos incumplimientos a los que plantea hacer la vista gorda si el arquitecto del solicitante de la licencia colabora, concreta que "lo que más le puede afectar respecto al código técnico puede ser el aislamiento acústico del edificio, que necesitaría una doble pared o colocar unas placas de escayola dentro y el edificio con placas solares".
Al término de esa conversación, el alcalde telefoneó al solicitante de la licencia y le comentó, entre otras cosas, "que Damián le ha dicho que el proyecto tendrá que sufrir modificación pero que es mínima por el código técnico. Le dice que ellos (arquitectos del Ayuntamiento) no entran a valorar si cumple o no siempre que su arquitecto (el de Leonardo) ponga que cumple con el código técnico, que ellos ponen que cumple. Que solo es lo del aislamiento y el tema de las placas".
* La Opinión Tenerife - B. SALAZAR - 17.11.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Un magistrado del Supremo culpa a las autonomías de permitir delitos urbanísticos
LEVANTE* : El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, aseveró en Palma que después de una infracción urbanística «la responsabilidad siempre ha recaído en los Ayuntamientos», pese a que a su parecer la Comunidad Autónoma también tiene «parte de esa responsabilidad» por permitir a las corporaciones municipales que concedan determinadas licencias, al tiempo que en esta misma línea apuntó igualmente a los promotores.
El juez apostó por una mínima intervención del derecho penal en los procesos urbanísticos al considerar que las sanciones penales no ayudan a hacer frente a los problemas de la corrupción, por lo que apostó por una mayor autonomía local a la hora de proyectar un municipio así como por una discrecionalidad técnica que permita desarrollar los proyectos urbanísticos, potenciando el papel de los técnicos en este ámbito. Así lo manifestó durante la ponencia El restablecimiento de la legalidad urbanística: los delitos urbanísticos y medio ambientales, enmarcada en las jornadas Ley del Suelo, ordenación territorial, urbanismo y valoraciones celebrada en la capital balear, y en la que incidió en que «no se puede hacer urbanismo desde la perspectiva del derecho penal sino afrontar de otra forma la corrupción», por lo que recalcó la importancia de reforzar la presencia de los técnicos municipales en la gestión urbanística.
Además, consideró que el restablecimiento de la legalidad urbanística es «una de las zonas grises del ordenamiento jurídico». Fernández Valverde subrayó por otro lado que «nos encontramos en un momento histórico ciertamente interesante» en este terreno, al destacar que «caminamos hacia un urbanismo más transparente y menos concertado», frente a la «tensión permanente», señaló, que anteriormente generaba la rúbrica de convenios urbanísticos entre distintas administraciones.
El fiscal delegado de Medio Ambiente en Baleares, Julio Cano, apuntó que los fiscales «somos fans del principio de intervención mínima del derecho penal en el urbanismo».
* Levante-EMV - E. P. - 16.11.09
Los tesoreros del PP avisaron a Aguirre del pelotazo de Correa en Arganda
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ELPAÍS/Madrid* : En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales cargos municipales del PP.
El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores municipales.
En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda a Martinsa.
Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito.
No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron contratando sus servicios.
Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre: "Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.
La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de dicha operación, Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El sumario del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de Pedro Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por la policía. Pérez, actual presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado a este diario que ha tenido relación personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto urbanístico de Arganda del Rey.
La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en futuras obras municipales, que recayeron en empresas próximas a la trama.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/11/2009
Foto: Arganda del Rey (Madrid) - cosasdemadrid.es
Objetivo, impulsar la vivienda de alquiler
ELPAÍS/Reportaje* : La ingente cantidad de viviendas construidas sin vender y la profunda recesión del sector inmobiliario han supuesto mordiscos en los precios de los pisos de hasta un 30%. Pero eso no ha facilitado el acceso a una casa a la mayoría de la población. En la otra cara de la moneda están las restricciones crediticias y, sobre todo, la voraz destrucción de puestos de trabajo.
Un lastre, el del paro, que va ligado a un sector de la vivienda rígido, mayoritariamente en propiedad, que impide la movilidad laboral. Varios expertos reclaman reformar el mercado inmobiliario para impulsar el alquiler a través de ayudas, pero también eliminar la vivienda de protección pública (VPP). ¿No creará eso más exclusión? ¿Supondría eso ir hacia una política de cheques también en vivienda?
Tras la controvertida propuesta de crear un contrato laboral único, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboró un texto con medidas para potenciar el alquiler, que en España sólo supone el 13,2% de todo el parque de vivienda (hasta hace un año era el 11%, como indica el gráfico), muy lejos, por ejemplo, de Alemania, donde el 51% de sus ciudadanos arrienda su casa. La medida más polémica es la que propugnan algunos de los economistas que firman el documento: dejar de construir vivienda pública y crear un sistema permanente de subsidios al alquiler. El debate está servido. Todos los países europeos tienen un parque de VPP, aunque para arrendar. Y España ahí está a la cola: sólo un 1% de todos los pisos son de alquiler social, frente al 19% de Francia o el 21% de Suecia.
El informe de Fedea hace hincapié en todos los males que acarrea un mercado inmobiliario arraigado en la propiedad: un excesivo endeudamiento de las familias, una baja movilidad laboral que impide que los trabajadores del sur se desplacen al norte, donde hay menos paro, o una tasa de emancipación muy baja en comparación con otros países. Según Fedea, el 65% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive con sus padres, cuando en Francia, Holanda y Reino Unido está proporción se mueve entre el 20% y el 22%.
Ahora bien, ¿por qué debe dejarse de construir VPP? El profesor de la London School of Economics y firmante del documento Luis Garicano sostiene que una primera razón es coyuntural. Con un stock de pisos que las estimaciones más conservadoras sitúan en un millón, levantar más pisos sociales supondrá "agravar" la crisis del sector. Pero hay más. "El principal motivo es el componente de lotería que tiene una vivienda pública, además del fraude que hay en las adjudicaciones. A quien le toca uno de estos pisos recibe una subvención enorme, mientras que otros se quedan sin nada", afirma Garicano.
A su juicio, el Gobierno debe eliminar, primero, las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda. A la vez, prosigue, el Ejecutivo debe poner las bases para fomentar el alquiler de precio de mercado, dejar de construir VPP y crear un sistema de ayudas para subvencionar parte de la renta a las familias que no puedan acceder a una vivienda. Son palabras mayores para un país de propietarios y donde la construcción de pisos públicos es una de las principales políticas sociales de la agenda de cualquier partido.
Desde el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la respuesta es clara: se coincide en el fin, el fomento del alquiler, pero no en el método. El subsecretario de Vivienda, Marcos Vaquer, explica que, a raíz de la crisis inmobiliaria y de las nuevas medidas del Gobierno, los contratos de alquiler subieron un 18%, lo cual ha permitido que el arrendamiento haya pasado del 11% del parque de viviendas español al 13,2%. Y este incremento se da incluso en ciudades donde el mercado de alquiler era más amplio y en el que se temía que hubiera tocado techo, como Barcelona, donde uno de cada cuatro ciudadanos arrienda.
Vaquer asegura que el Ministerio apuesta por el alquiler. Ahora bien, también "por un parque amplio y estable de vivienda protegida en régimen de arrendamiento. No hay país que carezca de él". En estados como Dinamarca, Francia, Austria o Suecia el alquiler social representa más del 15% de todas las casas, y eso que en algunos países las políticas de signo neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 liquidaron parte de ese parque. En Holanda, los pisos protegidos que se arriendan suponen incluso el 35% del total.
En cualquier caso, Vaquer rechaza que la política de vivienda se base "al 100% en cheques". Una fórmula que también rechazan los sindicatos. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recuerda que "la vivienda es un derecho constitucional" que requiere "políticas activas y no simplemente regulaciones del mercado". Por ello, López defiende "patrimonios públicos de suelo" y más VPP. Fuentes de CC OO aseguran, por su parte, que basarse en el alquiler libre es inviable, puesto que la oferta es reducida y los precios todavía son muy altos.
Tampoco las inmobiliarias lo aceptan, puesto que temen que el efecto acabe siendo nulo, como ocurre con las desgravaciones por la compra de vivienda. Pedro Pérez, presidente del G-14, la asociación de grandes inmobiliarias, opina que hay que ir "con mucha cautela" con las ayudas permanentes. "Hay fórmulas alternativas mejores y más limpias que estas subvenciones", sostiene.
Sin embargo, Pérez admite que la obtención de un piso protegido en propiedad sí es una lotería. "Resulta una política poco ponderada: o accedes a una vivienda en propiedad o bien te quedas sin tus necesidades resueltas", añade. La propiedad de la VPP plantea, además, otro debate: el de la inequidad.
Los detractores de la vivienda protegida de compra ponen siempre el mismo ejemplo: un joven de 24 años, por ejemplo, puede ser beneficiario de una VPP. Y este joven, al cabo de tres años, puede conseguir un buen empleo. Incluso puede ser directivo de una empresa al cabo de otros tres. Y no tendrá la obligación de devolver su piso a pesar de que ya puede acceder al mercado libre. En cambio, en el mismo concurso se habrá presentado alguien sin recursos que transcurridos seis años se hallará en la misma situación. Y además, al cabo de unos años -por regla general, 30- el piso pondrá venderse a precio de mercado libre.
Para evitar que la subvención acabe siendo un negocio y tener un parque de VPP estable, la Generalitat decidió que los pisos en suelo público sean protegidos durante 90 años. La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, rebate, además, el argumento de la inequidad. "Los veinteañeros no son el perfil de los que buscan un piso protegido de propiedad, entre otras cosas porque la mayoría no tiene los ingresos necesarios para comprarlo. Estamos viendo que la mayoría de los que tienen entre 22 y 30 años nos está pidiendo alquiler", asegura Trilla, que opina que la política de vivienda debe ser el resultado de usar "todos los instrumentos disponibles".
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que también firma el documento de Fedea, rechaza la VPP de compra, pero no se opone a un parque público de vivienda de alquiler. "Lo ideal sería que los subsidios al alquiler funcionaran bien, pero el problema es que pueden ser inflacionistas", indica.
Ahí está el ejemplo de las ayudas al alquiler para jóvenes, de 210 euros, que en algunos casos supusieron que los alquileres se encarecieran porque el propietario sabía que el inquilino iba a disponer de más recursos. Luis Garicano, no obstante, no cree que ese sea ahora el problema más acuciante. "Puede ser un revulsivo. Imaginemos que una ayuda de 120 euros se reparte a partes iguales entre arrendador y arrendatario. Es una forma de ayudar a la oferta y a la demanda", asegura.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 16/11/2009
Foto: La recesión no ha facilitado el acceso a las viviendas protegidas. En la imagen, uno de estos edificios en Barcelona- elpais.com
El Ayuntamiento de Arboleas preveía construir 6.000 viviendas y multiplicar por 15 su población
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ELCONFIDENCIAL/Almería* : El Ayuntamiento de Arboleas, intervenido ayer para recabar documentación de licencias urbanísticas, preveía construir 6.000 viviendas para multiplicar por 15 su población. De esta forma, la localidad almeriense, de 4.000 habitantes, alcanzaría los 50.000 habitantes, según las denuncias de Ecologistas en Acción ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Estas “ilegalidades urbanísticas”, como critican los grupos ecologistas, se están cometiendo en siete pedanías del municipio de Arboleas: Los Carrascos, Los Garcías, La Perla, El Germán, Los Llanos de Arboleas, Limaria y Los Higuerales.
“La situación de efervescencia urbanística que presenta este municipio ha hecho que al mismo lleguen promotoras de municipios vecinos, sobre todo de Albox, y promotoras de otros puntos de la provincia, Almería capital fundamentalmente, todas ellas atraídas por la facilidad con que se gana dinero con el ladrillo”, critican en Ecologistas en Acción.
El modus operandi en este municipio se basaba en crear “nuevos macro-núcleos de población dotados con centro comercial”. Es el caso de la construcción en los Llanos de Arboleas con más de 2.000 viviendas, arrancando numerosas hectáreas de arbolado y destruyendo parte de la Cañada Real Cullar-Arboleas.
Un pueblo copado por británicos
El municipio, en el que residen 1.000 británicos, aprobó su PGOU a finales de la década de los noventa con la bendición de la Junta de Andalucía. El problema fue la manga ancha en la aplicación de las normas subsidiarias urbanísticas, ya que se aplicó como núcleo de población consolidada cualquier cortijo de Arboleas, “ante lo que podría ser un claro ejemplo de abuso de ley de la figura urbanística de los diseminados de ámbito rural”, según destacó a este diario un portavoz del grupo ecologista. En Arboleas se han construido nuevos núcleos de población donde antes sólo existían dos o tres cortijos.
Para Ecologistas en Acción, además de la “destrucción del territorio” y el avance del desierto se une la “contaminación producida por el ingente volumen de aguas residuales sin depurar provocada por las miles de viviendas ilegales, y los pozos ilegales que se están realizando, para -entre otros usos- piscinas, en una zona de una gran dependencia y escasez de agua”.
Según un comunicado de prensa enviado ayer por la tarde por el alcalde socialista del municipio, Ángel Jesús García, el registro sólo se había limitado al despacho del que ha sido secretario accidental del Ayuntamiento de Arboleas, Fernando García. Este secretario accidental ha desarrollado esta función desde el año 2000 hasta el mes de junio de 2009, cuando fue sustituido por una secretaria de habilitación.
* El Confidencial - Agustín Rivera (Málaga).- 17/11/2009
Foto: Vista de Arboleas (web del municipio)
