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SUR/Málaga* : Los investigadores encargados de dirimir las presuntas irregularidades relacionadas con expedientes urbanísticos en el Ayuntamiento de Almogía prevén efectuar en las próximas horas al menos tres imputaciones por prevaricación, y en principio no prevén detenciones.Según han informado fuentes cercanas al caso, tras examinar la documentación incautada en el Consistorio se determinará el número de personas que van a ser citadas por el titular del Juzgado de Instrucción nº12 de Málaga en calidad de imputadas, si bien por los datos que manejan hasta el momento, prevén que sean un mínimo de tres.
Las averiguaciones se centran actualmente en ediles, funcionarios municipales y familiares de estos, que podrían haber creado alguna sociedad vinculada con las resoluciones municipales adoptadas. Aunque la investigación se centra en el presunto delito de prevaricación urbanística, las fuentes no descartan imputaciones relativas a otros delitos como falsedad.
Miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil participan desde esta mañana en el registro del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Almogía.
Fue el teniente de alcalde el que informó al alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), del registro y de que se había solicitado su presencia en el Consistorio, así como la del secretario y el arquitecto municipal.
Antes de llegar al Ayuntamiento, el alcalde ha indicado que desconocía el motivo de la operación, desarrollada por orden del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, si bien ha explicado que el SEPRONA ha requerido en los últimos meses documentación al Ayuntamiento, tras denuncias efectuadas por particulares.
El alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, se encontraba esta mañana en las dependencias de la Diputación de Málaga cuando fue requerido y acudió hasta el Ayuntamiento de su localidad, donde gobierna desde 1983. Además, es diputado provincial desde 1995 y actualmente es responsable del Area de Organización y Gobierno Interior.
La Guardia Civil investiga desde hace unos meses el Ayuntamiento de Almogía y, al parecer, la decisión de registrar sus dependencias tiene como objetivo tratar de confirmar en la documentación de la corporación municipal esa investigación relacionada con temas urbanísticos.
El alcalde Cristóbal Torreblanca aseguró esta mañana que renunciará a su cargo y al acta de concejal si resulta imputado de algun delito. Asimismo, aseguró que, en tal caso, presentaría su baja automática del partido. No obstante, Torreblanca manifestó sentirse tranquilo ya que cree que la operación "no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos". "No se han producido detenciones, ni creo que se vayan a producir", ha afirmado con rotundidad el alcalde.
El Ayuntamiento de Almogía mantiene abiertos 283 expedientes de disciplina urbanística por construcciones llevadas a cabo en suelo no urbanizable, según datos aportados hoy por Cristóbal Torreblanca. "La Guardia Civil sólo nos ha pedido documentación relacionada con quince de estos expedientes", ha matizado.
Por su parte, la oposición en el municipio, IU y PP, han indicado que "esto se veía venir porque en este Ayuntamiento cuando se cometía una irregularidad se imponía una sanción pero no se paralizaba la obra".
El portavoz municipal de IU, Diego Aranda, ha declarado que no le sorprende la actuación porque en varias ocasiones los agentes del SEPRONA habían visitado el Ayuntamiento para examinar documentos, y ha recordado que su grupo ya había advertido en pleno su disconformidad con el procedimiento seguido en relación a los mencionados expedientes.
Según Aranda, el Ayuntamiento sancionaba las obras ilegales pero "se seguía construyendo", y las construcciones no se paralizaban a pesar de que en los documentos se especificaba que debían pararse. "Hasta el pasado mayo, en el Consistorio constaban 283 expedientes de disciplina urbanística, por lo general relativos a viviendas y chalés construidos en el campo, así como por la transformación de casas de apero en viviendas", ha apuntado el edil, quien ha añadido que "esta situación se da desde 2003".
Por su parte, el concejal del PP, José Vila, ha afirmado que también esperaba una investigación judicial, y que se había interesado por la situación de los expedientes en pleno. "Algunos de los documentos no llevan nombres y apellidos y en ellos sólo figura la sanción impuesta", ha comentado.
El municipio de Almogía, que cuenta con más de 4.000 habitantes, está gobernado por el PSOE, que tiene ocho concejales, mientras que IU tiene dos y el PP uno.
Tras conocerse la noticia, muchos vecinos de la localidad se han acercado a la plaza de la Constitución donde se encuentra el Ayuntamiento. Se muestran sorprendidos ya que, según afirman, "son muchos los años que lleva el Partido Socialista gobernando en el pueblo y nunca ha pasado nada".
* SUR - ROSSEL APARICIO | MálagaEFE - 20.10.09
Foto: Almogía (Málaga), registro guardia civil - diariosur.es
Los investigadores prevén al menos tres imputaciones por prevaricación en Almogía
La Policía registra el Ayuntamiento de El Ejido por blanqueo de dinero
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PÚBLICO/Almería* : La Policía Nacional ha detenido este martes a veinte personas en una operación contra el blanqueo de capitales que se ha desarrollado en Almería, Madrid, Sevilla y El Ejido (Almería), cuyo Ayuntamiento ha sido registrado, según ha informado en un comunicado la Fiscalía. La titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Almería, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en esta provincia, ha ordenado la detención de veinte personas y los registros de sus domicilios, así como de las sedes de doce sociedades, la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) y el Ayuntamiento de El Ejido.
A los detenidos en esta operación, denominada Poniente, se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Las detenciones y registros han tenido lugar en los municipios de Almería, El Ejido, Madrid y Sevilla.
Investigado desde 2007
La Fiscalía explica que su investigación empezó en 2007 con la intervención de la Unidades de Apoyo de Policía Judicial, Intervención General de la Administración del Estado y Agencia Tributaria adscritas a la Fiscalía Especial Anticorrupción, así como la Jefatura Superior de Policía de Granada, la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía y la Comisaría de Policía de Almería.
La operación responde a una trama empresarial creada por los detenidos en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) de El Ejido y el Ayuntamiento de dicha localidad.
Las diligencias de la Fiscalía fueron judicializadas en abril de 2009 acordándose por la titular del Juzgado la intervención telefónica de los terminales de los detenidos más relevantes en la trama empresarial.
Las diligencias fueron declaradas secretas por la juez instructora del caso y continúan en dicho estado.
En el punto de mira desde hace meses
Por otra parte, la empresa mixta de servicios municipales desde hace unos meses está en el punto de mira, entre otras cuestiones, por un supuesto traspaso ilegal de trabajadores de las subcontratas Arborimar y Maviroad.
El sindicato CCOO ha denunciado en una nota la situación que se vive en la empresa y asegura que la intervención ordenada por la Fiscalía Anticorrupción se debe a este caso.
CCOO apunta que los agentes "no están dejando salir a los funcionarios" del Ayuntamiento de El Ejido hasta que faciliten las claves de sus ordenadores y están prohibiendo la entrada y salida al inmueble.
* Público - EUROPA PRESS - Almería - 20/10/2009
Foto: El Ejido (Almería), mar de plásticos - J.Rojas (El País)
La trama Gürtel hizo negocio en urbanizaciones de La Nucia y Altea
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ELPAÍS/Alicante* : La trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, buscó negocio en dos planes urbanísticos de La Nucia y uno de Altea. En el programa de actuación integrada (PAI) de L'Algar, en La Nucia, compró en 2006 10.000 metros cuadrados de suelo. En otro, el PAI de Pie de Monte, de un millón de metros cuadrados, medió para la compra de terrenos por parte del empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado, que no fructificó, aunque sí lo hizo por parte de empresarios que promueven otra urbanización en La Nucia, el PAI de la Serreta.
Finalmente, invirtió al menos 200.000 euros en una empresa del promotor de una urbanización de lujo en Altea. Así se desprende de las declaraciones que, ante el juez Baltasar Garzón, efectuó el pasado mes de febrero Jacobo Gordon, vecino de pupitre de Alejandro Agag en sus años escolares, ex socio del yerno de José María Aznar e imputado en la investigación de la red de corrupción que afecta a varias administraciones gobernadas por el PP.
Las declaraciones de Gordon ante el juez de la Audiencia Nacional que emprendió la investigación de la trama Gürtel arrojan luz sobre las alusiones que ya se conocían de Correa en las grabaciones realizadas por la policía. En ellas se refería al alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, como un amigo de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, terminal valenciana de la trama, y al entonces consejero de Territorio, Esteban González Pons, en relación con un negocio urbanístico en la localidad de La Marina Baixa. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo", decía Correa, aunque el proyecto quedó supeditado al informe de la Confederación del Júcar y no se aprobó.
Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, empresarios que se sitúan en el centro de la mayoría de las operaciones de La Nucia, que urbanizaron varias parcelas de la familia del alcalde en el PAI de La Favara y gestionan el agente urbanizador en el PAI de la Serreta, fueron, según el testimonio de Jacobo Gordon, los socios de Correa, a través de la empresa Inerzia, en la opción de compra sobre el PAI de Pie de Monte."Estuve negociando con el vendedor, con una empresa de allí, de Alicante, que se llama Murcia Puchades", declara Jacobo Gordon ante el juez Garzón tras haber explicado que Francisco Correa le contactó para que estudiara unos "terrenos grandes" en La Nucia, "en un sitio que se llama Pie de Monte". Actuó para ello por cuenta de Hator Consulting, una de las empresas de la trama Gürtel.
Tras señalar que incurrió en muchos gastos, entre otras cosas porque contrató al despacho de abogados de Pérez Llorca, Jacobo Gordon describe la operación: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con ese señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".
A preguntas de la fiscalía -"¿Y esos sí que compraron?"-, Gordon responde: "Esos sí que compraron, esos lo compraron...". Después precisa que se trataba de una opción de compra que "no se ha ejercitado" porque estaba condicionada a la aprobación definitiva del PAI, que no se ha producido. El Grupo Inerzia Sociedad de Gestión, SL, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, y fue absorbido por Gestrumar, SL en mayo del año pasado. Gestrumar fue la empresa beneficiaria en junio de 2005 de unas permutas de terreno en La Serreta y Pie de Monte que el Ayuntamiento de La Nucia pactó con la empresa Dragados por un valor de 16,7 millones de euros a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el edificio de Urbanismo y una plaza pública con auditorio, expedientes de permuta que fueron fraccionados para eludir la necesidad de autorización del Consell.
La relación de estos dos constructores con el alcalde Bernabé Cano se inició en 2002, cuando la familia de Cano cedió, dos meses después de aprobarse, la condición de agente urbanizador del PAI de 44.241 metros de su propiedad, el sector La Favara, a Saga Bonperal, SL, una de las empresas de Rocamora y Riquelme, que construyó 400 viviendas en el sector.
Jacobo Gordon declara también ante el juez que a través de la empresa de la trama de la que era administrador, Castaño Corporate, y también bajo indicación de Correa, compró "un terreno muy pequeñito", de 10.000 metros cuadrados en otro PAI de La Nucia, el de L'Algar. "Ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica", explica en la declaración, "es decir, los suelos van adquiriendo valor...".
La tercera de las operaciones que revela Gordon en su declaración la reconoce a instancias de la fiscalía, que le pregunta sobre el tema, y consiste en el pago de 200.000 euros a Construcciones y Urbanizaciones San Rafael, de Altea, "para comprar un terreno allí". Se trata de una empresa de Mariano Pérez Pérez, que es también el presidente de Zontaga, SA, la sociedad que promovió Portosenso, una urbanización de 310 viviendas de lujo diseñada por Jean Nouvel, con una ampliación de 100 amarres en el puerto deportivo y un hotel, a cinco kilómetros del núcleo urbano de Altea.
Declaraciones de Jacobo Gordon ante Garzón
- Sobre el PAI de Pie de Monte: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con este señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".
- Sobre el PAI de L'Algar: "Esta me dice a mí el señor Correa que lo tiene todo estudiado, que es una operación buena y que yo voy a firmar, tampoco me sé mucho la historia. Era un terreno muy pequeñito, de 10.000 metros cuadrados, ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica, es decir, los suelos van adquiriendo valor y, bueno, una posición así, de 10.000 metros, no tienes ni voz ni voto en la junta de compensación, vas un poco a rebufo del que esté allí".
- Sobre Álvaro Pérez: "Sí, bueno, en aquella época, como estaba por ahí por Valencia le veía de vez en cuando, pero a lo mejor hablamos de esto (...) Pues, sí, yo le conocía, pero, vamos, de este tema en concreto, de si él estaba haciendo alguna gestión en la consejería, yo no he hablado con él de eso".
* ELPAIS.com - ADOLF BELTRAN / ARTUR BALAGUER - Valencia / Benidorm - 20/10/2009
Foto: La Nucia (Alicante), el Algar - levante-emv.com
EL Puerto: Un PGOU que lleva diez años en fase de revisión
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DIARIODECÁDIZ: Primavera de 2011. Esa es la fecha que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto (conformado por Partido Popular y Partido Andalucista) se ha marcado para la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que marcará el crecimiento urbanístico de la ciudad durante la próxima década. Tras 10 años en proceso de revisión, donde ha habido desde dimisiones y cambios en el equipo redactor hasta informes contrarios de la Junta de Andalucía, el Consistorio portuense se muestra confiado en que el presente mandato municipal culmine con un nuevo planeamiento urbanístico.
La próxima semana se aprobará en una sesión extraordinaria el documento de aprobación provisional 2 del futuro Plan General. Este ha sido elaborado por Territorio y Ciudad, la empresa que encabeza el urbanista jerezano Manuel Ángel González Fustegueras (autor de los planes generales de ciudades tales como Sevilla, Marbella o Chiclana, entre otros), que se hizo cargo de su elaboración en junio del año pasado.
La propuesta de ordenamiento contempla un desarrollo de la ciudad no tanto expansionista sino colmatador. La existencia de un importante número de viviendas ilegales concentradas fundamentalmente en la zona noroeste del municipio ha influido notablemente en la propuesta. Por ello, se apuesta por desarrollar los espacios existentes actualmente entre estos núcleos para, de esta forma, hacer una ciudad lo más compacta posible.
No obstante, el nuevo ordenamiento contempla la construcción de unas 23.646 viviendas. Eso sí, unas 8.000 corresponderían a propuestas de desarrollo que ya venían recogidas en el vigente Plan General y que cuentan con su tramitación ya realizada (aprobados sus planes parciales, proyectos de urbanización, ...) pero no han sido ejecutadas. Tal es el caso de zonas como La Florida (donde se prevén más de 3.000 viviendas, más del 70% de VPO) o el campo de golf de Viña Rango (unas 700), entre otros.
Tanto el Área de Urbanismo del Ayuntamiento portuense como el equipo redactor destacan que el planeamiento hace una gran apuesta por la vivienda de protección oficial (serán unas 8.900 las que puedan acogerse a alguno de estos regímenes). Algunos de los nuevos desarrollos prevén reservas muy por encima del 30% de la edificabilidad residencial que fija como mínima la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).
El documento de aprobación provisional 2 que se llevará a Pleno la próxima semana incluye también la regularización de un importante número de viviendas del término municipal (se estima que unas 3.800). La propuesta divide a todos los diseminados en 11 categorías en función de su grado de consolidación y colmatación así como su cercanía con la ciudad. Y esta calificación incide, por tanto, en el proceso de regularización que se les aplicará. Eso sí, habrá núcleos que no podrán entrar en este proceso ya que se encuentran edificados sobre terrenos catalogados de especial protección ambiental, aunque a los propietarios se le dan alternativas de solución.
Pero, más allá de nuevos desarrollos, tanto la dirección política como técnica del Plan destacan que el documento establece un "nuevo modelo de ciudad" que busca hacer una ciudad "más próspera, ordenada y bella, que contribuya al bienestar de sus ciudadanos y a la evolución positiva del entorno metropolitano".
En este sentido, se hace una apuesta firme por cambiar el sistema de movilidad en la ciudad. El equipo redactor considera fundamental un replanteamiento del transporte colectivo (se fijan intercambiadores de transporte en zonas claves como la estación de tren o la Plaza de Toros, entre otros), la ampliación de la red de itinerarios peatonales y de bicicletas y la construcción de aparcamientos subterráneos en el entorno del casco histórico, entre otras medidas.
No obstante, el nuevo Plan contempla destacadas mejoras en el sistema viario de la ciudad, aunque para ello considera fundamental que la Junta de Andalucía ejecute el futuro acceso a las localidades de la Costa Noroeste a través de la prolongación de la Carretera de El Portal (A-2002) para eliminar de la ciudad el tráfico interurbano. Por cuenta municipal correría la ejecución de un anillo de circunvalación que conectaría la Costa Oeste con el polígono Las Salinas y que serviría igualmente para fijar un límite de crecimiento de la ciudad. Además, se proyectan nuevos corredores norte-sur y este-oeste para facilitar los accesos a los nuevos desarrollos urbanísticos.
La propuesta de futuro ordenamiento recoge también una mejora de la red de infraestructuras y servicios básicos, ampliando la red de tuberías de abastecimiento y saneamiento así como el incremento del número de subestaciones eléctricas en la ciudad. Entre los aspectos más destacados se encuentra la construcción de una nueva depuradora, que se ubicaría a los pies de la Sierra de San Cristóbal (en unos terrenos que hoy día son una cantera de arena). Territorio y Ciudad propone, además, la instalación de cuatro depósitos de almacenamiento para que el agua depurada pueda ser usada posteriormente para el riego del campo de golf de Viña Rango y de las zonas ajardinadas de la ciudad (para ello se plantea una red de reutilización).
Ya por último, en lo que se refiere a espacios verdes, se contempla la reserva de más de 4,3 millones de metros cuadrados bajo la categoría de parques, medida con la que se quiere preservar las zonas forestales del término municipal.
* Diario de cádiz - E. M. Cañas - 20.10.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Sada: El Supremo confirma la anulación del complejo residencial Porto Infanta
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la promotora Sociedad General de Terrenos y Edificios SL contra la anulación del plan parcial de la urbanización Porto Infanta, un complejo residencial de casi medio millar de viviendas que en su segunda fase incluía la construcción de un puerto deportivo con 300 puntos de amarre.
Para el actual equipo de gobierno, presidido por el nacionalista Abel López, la sentencia dictada el pasado 25 de septiembre por el Tribunal Supremo confirma que Porto Infanta vulneraba la Lei de Costas, por lo que supone "una buena noticia para Sada". El Gobierno local quiso reconocer la labor realizada por la Plataforma para a Defensa da Ría de Sada y considera la resolución judicial "de especial trascendencia" tanto para los intereses del Concello como a la hora de asentar "criterios generales sobre la ordenación urbanística en la zona de protección del litoral". Así, pretende que el futuro PGOM, en fase de redacción, incluya en esta parte de la costa sadense "una gran zona de verde para uso y disfrute de los vecinos".
Porto Infanta fue considerado el proyecto estrella del ex alcalde Ramón Rodríguez Ares, una actuación a la que se opuso frontalmente el BNG, ahora en el Gobierno municipal. En junio de 2001, el pleno aprobó el plan parcial necesario para desarrollar el proyecto y Rodríguez Ares aseguró que la iniciativa conllevaría "un gran beneficio para Sada", que se convertiría así "en la capital náutica del norte de Galicia".
Poco después, se constituía la Plataforma de Defensa de la Ría de Sada (en realidad Ares y Betanzos), que aglutinó a todos los colectivos que denunciaban el impacto medioambiental del proyecto y su efecto pantalla debido a la altura de los edificios proyectados en el litoral sadense.
El colectivo recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el plan parcial de Porto Infanta, que fue anulado por los jueces en noviembre de 2004. Los magistrados consideraron que no estaba justificada la expansión del núcleo de población de Fontán y manifestaron que en dos de los cuatro montajes fotográficos realizados para intentar mostrar la futura macrourbanización se podía comprobar "el grave impacto visual y el efecto de muro pantalla" de las edificaciones no sólo desde el mar, sino también desde la carretera.
Antes de que el TSXG dictase la sentencia contraria a este documento urbanístico, emitió un auto en el que decretaba la paralización cautelar de una parte de la urbanización. Fue en 2002.
La anulación de Porto Infanta supuso un varapalo para el Concello de Sada, que en 2004 preveía ingresar 1,3 millones de euros en concepto de aprovechamiento urbanístico, es decir, por los terrenos que le correspondían en la urbanización. El BNG destacaba entonces que la situación obligaría al equipo de gobierno a realizar importantes ajustes económicos, pero Rodríguez Ares salía al paso manifestando que el dinero que se dejaría de ingresar no afectaría "para nada" a las arcas municipales.
* La Opinión A Coruña - NURIA RODRÍGUEZ - 20.10.09
Foto: Recreación virtual de la urbanización Porto Infanta y el puerto deportivo incluido en el proyecto. / m. losada , laopinioncoruna.es
Territorio banal
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ELPAÍS* : Ya casi no hay ciudad portuaria que no haya remodelado su frente marítimo con una morfología orientada al ocio, gran urbe que no planifique sus centros de negocios sobre rascacielos uniformes de cristal o capital estatal o regional que no quiera proyectarse al exterior con edificios emblemáticos rubricados por arquitectos de fama mundial. El urbanismo y la arquitectura no han sido inmunes a la globalización, a la lucha entre ciudades por ganar visibilidad.
Pero este urbanismo emulador, "prisionero de las coordenadas de la imagen", aboca a la despersonalización y estandarización de las ciudades. Ésta es una de las tesis contenida en el libro, presentado esta semana en Valencia, Urbanalización, paisajes comunes, lugares globales (Gili Gaya, 2009), del catalán Francesc Muñoz, profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. La propuesta se vehicula en torno al neologismo "urbanalización" y pone en entredicho la eficacia arquitectónica, social y económica de los modelos imperantes. En su libro, el autor no aborda el caso valenciano como paradigma, pero Muñoz advierte que Valencia "es un caso muy claro de construcción de una marca a través de la arquitectura contenedor, recurriendo a Santiago Calatrava, al mismo tiempo que se evita sacar provecho de los elementos de valor autóctonos como la zona de El Cabanyal", explica. La capital valenciana también ejemplificaría lo que Muñoz denomina "festivalización", la creación de marca usando como señuelo los grandes eventos. "Como estrategia es brillante: intentar ser la nueva Montecarlo europea. La pregunta es qué se gana y se pierde con ese modelo, una reflexión que debería haberse hecho de manera colectiva".
Muñoz extiende el concepto de urbanalización a las periferias de diseminados con casas y adosados clonados e idénticos a los de cualquier parte. Desarrollos urbanísticos que Muñoz analiza con severidad y que han sido intensivos en ésta y otras comunidades. "Se ha hipotecado una parte importante del territorio, suelo que no se debería haber urbanizado nunca y que ahora hay que mantener. El gran drama de las zonas residenciales es que están condenadas al uso del automóvil, al consumo de recursos y a generar simplicidad, paisajes urbanos banales", añade.
Un modelo que conlleva "insostenibilidad medioambiental, económica, social -porque hay segregación-, pero también cultural", sentencia. Desde Valencia, Joan Romero, catedrático de Geografía Humana, se adhiere al razonamiento: "Aquí se ha apostado por la degradación de los referentes identitarios, paisajísticos y culturales y hemos saturado el territorio a costa de una pérdida de calidad territorial irreversible. Un proceso claro de urbanalización del territorio, de construcción de un territorio sin discurso, sin propósito colectivo, basado en la clonación de morfologías y formatos".
* ELPAIS.com - XAVIER ALIAGA - Valencia - 19/10/2009
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
C. Valenciana: Los planes de 52 pueblos prevén pisos para 2 millones de habitantes
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ELPAÍS* : La crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han frenado en seco el desarrollo de muchos planes de actuación integrada (PAI) y han dejado otros a medias. La fiebre por enladrillar el territorio, sin embargo, no ha desaparecido de los ayuntamientos, que mantienen la intención de ocupar millones de metros cuadrados a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.
Así lo muestra un estudio de la Universitat de València que analiza la previsión de crecimiento de los planes de ordenación urbana (PGOU) de decenas de municipios que han iniciado la tramitación para renovar su planeamiento en los últimos cuatro años. Los conciertos previos al PGOU o los propios planes ya aprobados por 52 municipios dan cuenta de que el ansia urbanizadora se mantiene. Al menos sobre el papel, ya que de ejecutarse los proyectos, estas poblaciones ganarían entre todas cerca de dos millones de nuevos residentes. La Comunidad Valenciana tiene actualmente cinco millones de habitantes.
Los nuevos PGOU aún no han sido aprobados por la Generalitat, que tiene la última palabra, pero los datos evidencian que "muchos municipios están haciendo sus planes urbanísticos como si el territorio lo pudiera aguantar todo y la demanda residencial no tuviera límites", apunta el autor del estudio, el catedrático de Geografía Humana y ex cargo socialista Eugenio Burriel.
Entre la cincuentena de localidades sobre las que hay datos "completos y fiables", destacan casos como el de Almoradí, con unos 18.000 vecinos y una expansión prevista en el concierto previo aprobado en 2008 que multiplica por más de ocho su población; o Cabanes, cuyos macroproyectos y plan general multiplican por 15 el suelo residencial, por 30 el número de viviendas y por nada menos que 52 los habitantes (casi 150.000 nuevos residentes potenciales).
En total, los 52 pueblos pretenden incrementar el suelo urbanizado en 272 millones de metros cuadrados y construir del orden de 718.000 nuevas viviendas para dos millones de habitantes potenciales. Es decir, que el terreno construido lo multiplicarían por 3,7, el número de viviendas por 3,1 y los habitantes por 5,1. Las localidades planifican su futuro sin tener en cuenta la oferta residencial del vecino y sin que exista una visión supramunicipal del territorio.El despropósito se hace aún más evidente si se analizan las propuestas en una zona concreta, en este caso las de siete municipios del litoral de La Plana Baixa. En la franja costera entre Almenara y Burriana hay previstas 102.000 nuevas viviendas para 290.000 residentes, en una zona que ahora no llega a los 65.000 habitantes. También se incluyen nueve campos de golf. Entre la autopista A-7 y la costa prácticamente sólo queda libre en los planos lo que ha protegido el catálogo de zonas húmedas, afirma el estudio.
Estos desarrollos se plasman, además, tras una década de crecimiento desaforado. La Comunidad Valenciana es la tercera en número de viviendas y en pisos por cada mil habitantes iniciados entre 1997 y 2006. En sólo diez años se construyeron 713.214 viviendas, con una media anual de 16,6 pisos por habitante, señala el estudio, que concreta: "El incremento fue continuo cada año. Se pasó de 24.260 viviendas en 1996 a casi 100.000 en 2006, con lo cual se multiplicó por cuatro la actividad constructiva, un 50% más que la media española".
Un "tsunami urbanizador" que parece sólo la "punta del iceberg" si se compara con la previsión de construir casi el mismo número de nuevas viviendas concentradas en tan solo 52 municipios, como reflejan los documentos analizados.
En ese contexto, el artículo Los límites del planeamiento urbanístico municipal. El ejemplo valenciano, publicado en el último número de la revista universitaria Documents d'Anàlisi Geogràfica (Universitat Autònoma de Barcelona), critica la "desmesura de la oferta residencial pretendida", a la que no pone límites la Generalitat. Burriel alerta del grave impacto sobre el territorio y especialmente de la ausencia de planes de acción territorial o directrices de la consejería competente que fijen un marco de desarrollo.
La falta de modelo provoca que la planificación esté en manos de los municipios, que estiman sus crecimientos sin tener en cuenta lo que hace el vecino. "Nadie parece haber hecho la suma de las propuestas municipales ni haber reflexionado sobre su insostenibilidad", destaca el informe. Los PGOU que se están diseñando, además, supondrán una dura hipoteca para los municipios. "Estas propuestas municipales no se molestan en justificar con un mínimo de rigor la dimensión de la oferta de suelo y viviendas", y los planes se elaboran desde "una lógica meramente local" en la que los municipios han competido entre ellos por no quedarse al margen de lo que consideran una apuesta por la prosperidad. "Aquí quien no apoya un PAI está muerto", afirmó un concejal de un municipio castellonense incluso el año pasado en plena crisis.
A juicio de Burriel, estos planes locales generarán "ineludiblemente un crecimiento territorial desordenado, un mosaico de urbanizaciones dispersas e inconexas", ya que la mayoría no prevé un desarrollo "secuenciado riguroso". Con una demanda escasa a corto y medio plazo, y una oferta de suelo gigantesca, "las pocas unidades de ejecución que se desarrollen se van a localizar de modo disperso en el territorio", opina el autor del estudio. Aunque muchos planes no se ejecuten ahora por la crisis, una vez que la expansión está sobre el papel, se generan expectativas e intereses que luego son difíciles de rebajar o corregir, como ha demostrado recientemente el caso de la localidad de Parcent, donde el actual Ayuntamiento ha batallado desde que sustituyó al PP en 2007 por que se retiraran tres planes que suponían quintuplicar la población.
"La fijación del cuánto del desarrollo urbanístico no se puede seguir haciendo exclusivamente desde la escala local" y "las comunidades autónomas han de ejercer decididamente sus competencias urbanísticas y de ordenación del territorio, si desean asegurar un urbanismo sostenible", concluye el artículo.
* ELPAIS.com - 19/10/2009
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
Los ecologistas critican el "oportunismo" de los alcaldes de la Axarquía
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MÁLAGAHOY* : El colectivo GENA-Ecologistas en Acción aseguró ayer que "aplaude" el gesto de apoyo de los alcaldes de la Axarquía, tras la agresión perpetrada por desconocidos a la vivienda del alcalde de Alfarnatejo, Antonio Benítez, aunque lamentó que los regidores "hayan instrumentalizado, de forma torticera, este lamentable suceso para hacer apología, una vez más, de su posicionamiento político colectivo, liderado desde la Mancomunidad, de oposición a las actuales leyes de ordenación del territorio", por lo que desde la asociación criticaron el "oportunismo" de los mandatarios.
Así, manifestaron, a través de un comunicado, su total rechazo a este tipo de manifestaciones violentas "y contrarias a la actitud dialogante que debe imperar en una democracia y en una sociedad civil pacífica", aunque apuntaron que "no está probado que esta agresión se haya debido a un conflicto entre el alcalde de Alfarnatejo y algún vecino contrariado por sus aspiraciones urbanísticas".
En este punto, desde la asociación precisaron que el mismo alcalde "ha afirmado que no tiene constancia de ningún conflicto que justifique esta agresión" y señalaron que tampoco existe precedente alguno en esta comarca de vecinos que hayan realizado una agresión de este tipo contra ningún alcalde.
Respecto al urbanismo, señalaron que la existencia de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, mas un número no determinado de urbanizaciones del litoral, la intensidad de aprobaciones de proyectos de actuación para viviendas residenciales en suelo rústico, de convenios urbanísticos y de modificaciones de elementos, hechos en tan solo 10 años, es un testimonio patente de, no ya la colaboración, sino del interés de los alcaldes de la Axarquía por impulsar el sector de la construcción y dejar contentos a todos los sectores interesados en la actividad inmobiliaria".
Consideraron que la declaración de los alcaldes, que aseguraron sentirse inseguros ante la presión vecinal para seguir construyendo en suelo no urbanizable, "responde a una política decidida y explícita, impulsada desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, de la que son miembros, de presionar a la Junta para que se eliminen los actuales obstáculos legales para el desarrollismo urbanístico".
* Málaga Hoy - 19.10.09
Foto: Alfarnatejo (Málaga) - diariosur.es
La España urbanizada crece un 30% en 13 años
PÚBLICO* : El patrimonio natural, paisajístico y cultural de España está amenazado por el avance del urbanismo intensivo, ya que entre 1987 y 2000 creció el suelo artificial en España en un 29,5%, según un estudio monográfico del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), publicado este viernes. El informe, elaborado por medio centenar de expertos, advierte de que "en España, a diferencia de los países del norte de Europa, ha primado la planificación urbanística" frente a la gestión sostenible del territorio, y este incremento del suelo urbanizado ha tenido "consecuencias nefastas en términos ambientales y paisajísticos y que afectan negativamente a la calidad de vida de los ciudadanos", con una urbanización "extensa, dispersa y de baja densidad".
Esta "visión urbanística" del territorio, junto con "la protección de islas con espacios de interés natural", suponen un desarrollo "cortoplacista" que ha implicado "una gran destrucción del patrimonio, fundamentalmente natural", según el estudio del OSE.
Para lograr la sostenibilidad territorial es necesario considerar el paisaje como un "bien no renovable, complejo y frágil" y desarrollar leyes específicas sobre el paisaje, que por el momento sólo tienen Catalunya, País Valenciano y Galicia.
+ Público - MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid - 17/10/2009
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
La UE reclamará a Galicia las ayudas empleadas en proyectos inacabados
LAVOZ* : La Unión Europea está dispuesta a realizar una acción ejemplarizante en Galicia exigiendo la devolución de las subvenciones otorgadas para proyectos públicos de todo tipo que no han sido bien aprovechadas. Obras inacabadas, abandonadas, en ruinas o no utilizadas para el fin para el que fueron concebidas forman parte de un amplio dosier del organismo de control comunitario abierto sobre Galicia.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha considerado que la supuesta mala utilización de esas ayudas otorgadas por la UE a distintos fines en la comunidad gallega merece la intervención de la Administración comunitaria para exigir de entrada un exhaustivo rendimiento de cuentas. Según ha sabido La Voz de Galicia, así lo ha decidido esta misma semana la OLAF, que ha remitido los casos susceptibles de aclaración a las autoridades comunitarias responsables de la gestión de los fondos estructurales de la UE que en su día dieron el visto bueno a los proyectos ahora cuestionados. Las direcciones generales de Política Regional y de Agricultura, ubicadas en Bruselas, serán las encargadas de contactar con el Gobierno español y la Xunta para identificar la situación en la que se encuentra cada uno de los proyectos subvencionados por la UE a través de distintos programas, como el Proder, Feder o el Leader, en los que se ha advertido algún tipo de irregularidad en su aprovechamiento final.
Doble investigación
Al margen de dicha derivación administrativa en la reclamación de responsabilidades respecto a los proyectos abandonados o modificados sin permiso comunitario, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude advierte de que va a realizar a través de sus propios medios «un seguimiento de las actuaciones que estas autoridades -ambas direcciones generales de la UE- emprendan en relación con dichos casos, y en particular, el seguimiento de la recuperación de los fondos comunitarios indebidamente percibidos». Deja claro así la OLAF que, a su juicio, hay indicios suficientes de una mala utilización en Galicia de fondos europeos, conclusión a la que llegó tras la evaluación durante once meses del estado de cada una de las obras realizadas con dinero comunitario.
Desde la oficina de investigación europea se mantiene que es necesario dar un toque de atención a todas las Administraciones públicas respecto al uso que hacen de las subvenciones comunitarias, pero a pesar de que en algunos casos se prevea ya que se exigirá la devolución de las ayudas, se descarta de entrada que se lleguen a pedir responsabilidades personales a los políticos y técnicos responsables del mal uso de las instalaciones pagadas por la UE.
* La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 18.10.09
Foto: El aula de la naturaleza de O Porriño es el máximo exponente del mal uso del dinero público al no haber sido utilizada y sufrir una ruina total - Gustavo Rivas, lavozdegalicia.es
Presión urbanística vs patrimonio
LUCIANA AVERSA* : Al igual que Eivissa con el proyecto del puerto, otras ciudades de España han sido advertidas por la Unesco de que la presión urbanística podría poner en riesgo la declaración de Patrimonio Mundial de sus monumentos, ruinas, edificios históricos o biodiversidad. De los 41 bienes culturales y naturales que tiene España con la declaración de Patrimonio Mundial, a la que se suman las trece ciudades patrimonio, no son pocos los que «procupan» al comité de patrimonio de la Unesco.
Un parking y un auditorio en el centro de Salamanca, el primer rascacielos de Sevilla, el túnel que pasará por la Sagrada Familia en Barcelona, fueron algunas de las cuestiones tratadas en la pasada cumbre anual del Centro de Patrimonio Mundial, celebrada en junio en Sevilla, en la que Unesco no sólo pidió al Ayuntamiento de Eivissa que suspenda la construcción del puerto hasta que una comisión de expertos visite la isla para estudiar posibles afecciones en los bienes declarados. En el encuentro también se dio un toque de atención a Salamanca para que «abandone» sus proyectos de construir un parking y un auditorio en el centro histórico, se pidió a Sevilla que suspenda de momento la edificación del primer rascacielos, la torre Cajasol, debido a la incidencia que podría tener en los bienes declarados como son la Catedral, el Alcázar, y el Archivo de Indias y se «lamentó» también de que Barcelona no haya tenido en cuenta la proposición de interrupción de la construcción del túnel del AVE o la modificación de su trazado para alejarlo de la obra de Gaudí.
Pero no son los únicos, históricamente, la Unesco ha tenido sus más y sus menos con distintas ciudades por sus proyectos urbanísticos, aunque aún ninguna ciudad ha perdido su distinción de Patrimonio de la Humanidad, bien porque los proyectos fueron abandonados, o bien porque finalmente convencieron a la Unesco.
El ejemplo de proyecto abandonado es el de la construcción de la tres torres de Calatrava en Oviedo, una idea que tuvo que ser desechada finalmente por el Ayuntamiento debido a que para el comité, sus 133 metros de altura eran incompatibles con la protección del prerrománico asturiano. En el otro caso, en el que finalmente la Unesco reconoció progresos, fue la remodelación y la construcción de un moderno edificio en la plaza de Santa Teresa de Ávila llevada a cabo por prestigioso arquitecto Rafael Moneo a instancia del Ayuntamiento. Según explican las crónicas del momento, año 2007, la Unesco comenzó criticando duramente el proyecto y luego suavizó la crítica aprobando finalmente la remodelación y calificándola como un progreso.
La presión urbanística y la construcción de una nueva autopista junto al Camino de Santiago también preocupa a la Unesco, cuyo organismo asesor, Icomos, ya desaconsejó el año pasado la instalación de un teleférico proyectado para por el Ayuntamiento para mejorar las conexiones y la accesibilidad al casco histórico.
Pero hay muchos más ejemplos de bienes el peligro como ocurre en Numancia, con la iniciativa municipal de construcción del polígono industrial Soria II, que incluso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y cuya sentencia pidió recientemente medidas cautelares debido a que el polígono podría dañar «irreversiblemente» el yacimiento arqueológico de Numancia.
Si bien aún la sangre nunca llegó al río, como sí ocurrió en el Valle de Elba de Dresde, Alemania, a la que se le quitó la distinción de Patrimonio de la Humanidad por la construcción del puente de cuatro carriles, España sí cuenta con bienes incluidos por El Fondo Mundial de Monumentos ha inscrito en la Lista de Monumentos en Peligro. La Sagrada Familia, los paisajes históricos de Sevilla y de Toledo, la Ciudad vieja de Avila, Numancia y el Camino de Santiago, han pasado de la advertencia a figurar en una lista.
Carlos García, arquitecto y conferenciante, y miembro de la la comisión que investiga el rascacielos de Sevilla, explicó que los debates que surgen entorno a los proyectos urbanísticos entre las ciudades y la Unesco, son «en principio positivos». «Que una sociedad demuestre su implicación con el patrimonio me parece muy positivo», destacó el experto, para quien, el hecho de que muchas de los sitios que han tenido advertencias sobre sus patrimonios no hayan informado de sus proyectos a la Unesco no suele ser «una cuestión de mala voluntad», si no porque consideran «que sus proyectos no afectan al patrimonio». En este sentido, cabe recordar que es una de las quejas que elevó el GEN a la Unesco acusando al Govern, a la Autòritat Portuaria de Balears y al Ayuntamiento de Eivissa de no haber informado del proyecto. Esto suscitó también la reciente visita de las tres instituciones al Centro de Patrimonio Mundial en París para informar sobre la futura ampliación del puerto.
* Última Hora Digital Ibiza - Opinión - 18.10.09
Foto: Ibiza - www.uv.es
La trama saqueó millones de las arcas públicas
PÚBLICO* : El dinero, como la energía, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La misma ley que rige la termodinámica explica también el flujo de gasto que lucró los bolsillos de la trama Gürtel transformando en fondos opacos, elementos de ostentación y sobornos dinero de origen público que no fue creado de la nada, sino que nació del esfuerzo fiscal que obliga a todos.
Los impuestos alimentaron al Partido Popular y a las administraciones públicas que favorecieron que esos tributos, destinados a mejor fin, duerman ahora en paraísos fiscales o desmejoren atracados en un puerto deportivo una vez convertidos es sólo un ejemplo en yates de lujo.
¿Qué recorrido hace el dinero desde que nace del bolsillo de un contribuyente hasta que muere en los de, al menos, los 19 políticos que, según la investigación, se lucraron con los sobornos de la trama?
01. Impuestos. Hacienda somos todos
El punto de partida es siempre el mismo: la Hacienda pública. Los ingresos de un solo año dan cuenta de la magnitud de las cifras. El Estado prevé recaudar en 2009 un total de 160.753 millones de euros a través de la recaudación de impuestos. A partir de esa gran bolsa común de tributos aportados por todos, el dinero comienza su viaje hacia la red corrupta hasta desembocar en el bolsillo de los sobornados al tiempo que engorda las arcas de la trama.
Desde esta estación inicial, el dinero público sigue dos trayectos. El primero es la subvención que recibe directamente el PP de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado consignan para el funcionamiento del partido conservador fondos que también reciben el resto de formaciones. La segunda ruta es el trasvase que Hacienda realiza a las administraciones territoriales: la previsión es de 60.119 millones de euros este año. Con esta cantidad se alimentan las finanzas públicas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, a su vez, tienen capacidad para recaudar impuestos.
02. Las cuentas del PP. El dinero público alimenta al partido
"Los partidos políticos se nutren, además de la financiación privada, de tres tipos de financiación pública: electoral, que puede ser directa o indirecta esto es, en función de los votos y escaños obtenidos o con espacios en medios de comunicación públicos; parlamentaria y ordinaria", explica María Holgado, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autora del último texto de referencia publicado sobre la materia: La financiación de los partidos políticos en España (Ed. Tirant Lo Blanch, 2003).
El 90% de la financiación del PP procede de fondos
"Los partidos políticos viven en un 90% de fondos públicos, porque la ley establece que las aportaciones privadas sólo pueden llegar al 10%", completa Holgado. Esta financiación tan mayoritariamente pública tiene una doble justificación: "Garantiza la necesaria subsistencia de los partidos y asegura independencia frente a grupos económicos que podrían exigir contraprestaciones a cambio de beneficiar económicamente a una formación".
Esas aportaciones públicas nunca se expresan en pequeñas cantidades. Las cuentas públicas asignan en 2009 más de 34 millones de euros al PP. Además, el Estado aporta otros 1,7 millones al partido para sus gastos de seguridad. Pero la cifra crece si se tienen en cuenta también las partidas que financian los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado que suman más de 3,7 millones de euros,los parlamentos regionales más tocados por el caso Gürtel, Madrid y Comunidad Valenciana otros 3,7 millones, y los ayuntamientos madrileños donde se ubica el epicentro de la red corrupta: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda, con asignaciones que rondan los 40.000 euros cada uno.
En total, estas ayudas suman casi ocho millones de euros que, añadidas a la subvención ordinaria aportada por los Presupuestos, eleva la cifra a casi 44 millones sólo en un año y únicamente en los territorios contaminados por la trama. Teniendo en cuenta que la red liderada por Francisco Correa, alias Don Vito, comenzó a operar hace al menos 13 años en 1996, la cantidad de dinero público en manos del partido que lucró a la trama se multiplica hasta alcanzar una dimensión inabarcable.
03. Negocios con el PP. Don Vito, el maestro de ceremonias del PP
El entramado empresarial ligado al caso Gürtel organizó los actos públicos del PP nacional entre 1996 y el año 2004, bajo la presidencia de José María Aznar. Sólo entre los años 2000 y 2007, diferentes firmas del grupo admitieron haber facturado casi 18 millones de euros al PP. La red ha seguido trabajando para los conservadores ya con Rajoy al frente del partido hasta este mismo año.
El PP recibe casi 44 millones en 2009 sólo en los territorios a los que llegó la red
El mismo dinero de raíz pública que pagó estas facturas de Correa se ramifica por toda la estructura territorial del PP y sostiene su organización en todas las comunidades, incluidas Madrid, Valencia y Galicia, donde hay fundadas sospechas de financiación irregular, según los datos que figuran en el sumario del caso.
El número dos de Correa, Pablo Crespo, admite estas irregularidades en Galicia, donde fue secretario de Organización del PP, y lo revela así en conversaciones grabadas por la Policía. Los investigadores sostienen que la trama también financió ilegalmente al PP valenciano y, en Madrid, el partido de Esperanza Aguirre pagó a la red corrupta de Correa con dinero recaudado a destacados empresarios, encabezados por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a través de la fundación Fundescam, según desveló Público en mayo.
04. Modus operandi. Contratos públicos con un fin muy privado
Dinero de naturaleza pública sostiene también a las comunidades y ayuntamientos del PP que favorecieron a la trama con centenares de contratos hasta hacer rebosar su caja. La trama se lucraba con tres actividades fundamentales: organización de eventos, adjudicación de servicios públicos y mediación para conseguir de contratos a cambio de sobornos. Sus fondos le permitían, además, diversificar inversiones y jugar a la especulación urbanística en territorios controlados por políticos conservadores con la voluntad comprada.
Las administraciones que operaron con la trama también viven de los tributos
Es en este punto cuando estos fondos nacidos de los impuestos dejan de ser abstractos y se convierten en apuntes contables para la trama desde las administraciones regionales y locales que trabajaron con la red Gürtel. La mancha de Correa contamina especialmente a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre adjudicaron contratos públicos, casi siempre a dedo, a las empresas de la red corrupta desarticulada por la Audiencia Nacional.
Los contratos adjudicados en esta comunidad son en total 342, por un importe que supera los tres millones de euros. En la Comunidad Valenciana, son al menos 45 las concesiones públicas, con una cuantía de ocho millones. La red extendió sus prácticas también a Castilla y León. Según consta en el sumario levantado parcialmente el pasado 6 de octubre, varios políticos se repartieron 73.655 euros de la comisión que la trama exigió a una constructora a cambio de adjudicar una obra pública en León, gracias a su relación de privilegio con el PP.
05. Los ayuntamientos. El gran negocio de los pequeños municipios
Al menos cuatro ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP cebaron las arcas de la trama Gürtel con adjudicaciones basadas en sobornos. Son Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, en el adinerado noroeste de Madrid, y Arganda, al sur de la comunidad. Los cuatro municipios han vivido con especial voracidad la expansión urbanística acelerada que precedió a la crisis. Al calor de esos negocios inmobiliarios creció también la red corrupta.
La cuantía total de sus operaciones en este capítulo es aún una incógnita, pero las primeras cifras son multimillonarias. En Arganda, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista las cifra en más de 50 millones de euros. Los pelotazos inmobiliarios son también multimillonarios en la adjudicación de suelo público. En Boadilla, por este concepto, la red embolsó al menos otros 50 millones y en Pozuelo la cifra supera los 20.
En estos casos, los responsables municipales no consideraban la mejor oferta para su localidad, sino la que más favorecía a la trama. Los presupuestos municipales dinero público eran así malbaratados para favorecer intereses privados. En no pocos casos, el presupuesto final abonado por el ayuntamiento duplicó el proyectado inicialmente. El beneficiado era, claro, el entramado de Correa y el político local que apadrinaba su red a cambio de sobornos en metálico o en especie. Dinero y coches de lujo eran la dádiva estrella que conquistó la voluntad de algunos cargos públicos del PP que aparecen imputados en la trama.
06. Dinero evaporado. Hacienda éramos todos, menos Correa
Gracias al favor de estas administraciones regionales y municipales gobernadas por el PP, los principales cabecillas de la trama Gürtel amasaron una fortuna ingente transformando fondos de naturaleza pública en beneficio estrictamente privado a través de un magma empresarial compuesto por una treintena de sociedades. Buena parte de ese dinero se encuentra por ahora evaporado en una decena de paraísos fiscales, donde la Justicia sigue la pista de, al menos, 40 millones de euros.
El patrimonio estimado de Correa se eleva a 50 millones. El de su número dos asciende a 12 millones. Ambos acumulan un enorme patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades. Hacienda, sin embargo, no existió para Correa: "No ha presentado declaración del IRPF desde 1999", señala un informe de la Agencia Tributaria. La cantidad defraudada sólo entre 2003 y 2007 supera los 5,1 millones de euros.
El dinero público acabó en manos de una trama jalonada de todo tipo de fetiches ostentosos: mansiones, yates y un parque móvil tan abultado como reñido con la discreción: 49 vehículos de alta gama valorados en 1,3 millones de euros.
07. Los sobornos. Una relación de favor a cambio de 6,4 millones
Es el final de viaje. El dinero de todos creció en el bolsillo de unos pocos. Al menos 19 cargos del PP cobraron 6,4 millones de euros de la red dirigida por Don Vito, según los informes remitidos al juez Garzón por la Policía y las anotaciones contables de la trama. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador por Cantabria, fue el más beneficiado, con más de 1,3 millones de euros. El origen de esta cantidad es tan público como pública es la responsabilidad de la que se valieron los sobornados para transformar este dinero en beneficio únicamente privado.
* Público - MIGUEL ÁNGEL MARFULL - MADRID - 17/10/2009
Foto: Rita Barberá y Mariano Rajoy, junto al 'Bigotes' (dcha). - publico.es
El desorden urbanístico multiplica el riesgo de inundaciones
ELPAÍS/Valencia* : El fuerte temporal de hace unas semanas dejó tras de sí zonas urbanas empantanadas, pérdidas económicas millonarias y polémicas políticas en las que unos y otros se echan la culpa del desaguisado. Esta vez, por fortuna, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero cientos de personas perdieron muebles, coches y negocios. Y se preguntan por qué no están seguros en sus casas y calles.
La Generalitat tiene leyes para impedir o supervisar la edificación en zonas inundables; la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dispone de planes contra avenidas; los meteorólogos avisan de las gotas frías y las universidades no dejan de producir estudios sobre el territorio. Y aún así, el agua se desborda por donde no se la espera.
Los expertos advierten desde hace tiempo que la intensa transformación del territorio ha multiplicado el riesgo de inundaciones. El urbanismo salvaje de la última década ha eliminado campos y humedales que antes absorbían agua y evitaban que se precipitara hacia los ríos, y ha permitido construcciones al borde de los cauces e incluso en ellos. El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, lo advirtió en una visita a Beniarbeig tras el primer temporal fuerte del otoño: "Entre todos hemos hecho un territorio en el que el drenaje ha sido el gran olvidado y, por mucho que ahora ejecutemos obras de encauzamiento, cuando llueve el agua no llega a los cauces, sino que se queda estancada en las ciudades".
"Antes se filtraba agua en los campos y llegaba más repartida y más tarde a los ríos", abunda José Ramón Mahiques, portavoz de la Plataforma Ciutadana Riu Girona, creada por vecinos de Beniarbeig, El Verger y Els Poblets tras el desastre de octubre de 2007, cuando el río se desmadró hasta tumbar un puente y anegar los pueblos. En aquella riada convergieron causas naturales, un río encajonado en cascos históricos, puentes obsoletos, el arrastre de vegetación de ribera..., pero también lo que la plataforma llama "factores agravantes de los desbordamientos". Estos señalan al boom inmobiliario, al abandono de campos que pueden ayudar a laminar avenidas y la "importante impermeabilización del suelo provocada por un crecimiento urbanístico acelerado". Los riesgos persisten, porque tras las obras hechas en el cauce tras la riada, se sigue construyendo pegado al río, constata Mahiques, como si el peligro hubiera desaparecido.
Que el agua puede revolverse como una hidra de siete cabezas lo saben también en Burriana, donde los vecinos navegaron literalmente por sus calles en el núcleo histórico del puerto, en el que viven unas 6.000 personas. El caos generado por el último temporal fue tal que los afectados han creado una plataforma y buscan explicaciones. Jorge Soriano, su presidente, tiene algunas. Se asfaltaron calles hace un año dejando "las trapas tapadas", un olvido que impidió que el agua llegara al alcantarillado. Tampoco pudo desaguar en el mar porque "se han construido escolleras y unos muros en el paseo marítimo que al final tuvieron que tirarse abajo". El torrente de agua también vino de fuera, de los PAI a medio hacer cerca del puerto, donde "se han dejado de usar acequias y se han cegado", de modo que el agua se abalanzó por los caminos rurales hacia el casco urbano. Los vecinos apuntan a las administraciones como responsables y estudian acciones legales.
Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, acaba de participar en un nuevo estudio sobre la vulnerabilidad ante las inundaciones en el litoral mediterráneo que certifica que "ha aumentado el riesgo, pero no porque haya más gotas frías, sino porque hay más gente en sitios inundables". En el litoral entre Torrevieja y Pilar de la Horadada se ha construido a pie de rambla, como también en torno a los ríos Girona o Gorgos, por poner algunos ejemplos. Ocurre a lo largo de toda la costa valenciana, constata Paco González, portavoz de la organización ecologista Gecen, que denuncia que la presión del ladrillo se ha impuesto a la protección de zonas húmedas que actuaban "como lagos laminadores de fuertes lluvias" y ahora están salpicadas de casas con sótano.
González también critica por desfasado e insuficiente el Patricova, el documento con el que la Generalitat fijó en 2003 las zonas inundables en las que extremar precauciones y la necesidad de acometer un centenar de obras. Del Patricova están pendientes decenas de obras y el desorden urbanístico obliga a revisar el mapa de riesgos. "Se está actualizando", afirman en la Consejería de Medio Ambiente, que no explica más. La Generalitat afirma haber invertido 395 millones de euros en 68 infraestructuras hidráulicas, pero no aclara desde cuándo ni en qué actuaciones.
La CHJ, por su parte, ha incrementado significativamente la inversión en los cauces para prevenir inundaciones, que ha pasado de cerca de un millón de euros en 2004 a los 21,4 de este año, aparte de otros 44 millones gastados en obras de emergencia por las riadas de 2007 y 2008. De ahí que Moragues insistiera en denunciar que el Consell ignora informes negativos de inundabilidad del organismo. La consejería lo niega, pero las actas de la CHJ de las comisiones de urbanismo reflejan esos votos desfavorables.
Llegados a este punto, con el riesgo sobre la mesa cada otoño, ¿qué hacer? Aparte de actualizar planes y aplicar la normativa, allí donde la urbanización ya está hecha no queda otro "remedio" que acudir a la ingeniería, mientras que en zonas libres de edificación debe imponerse "la ordenación del riesgo" y, en general, la "educación al ciudadano" sobre los peligros de las riadas, dice Olcina.
Joaquín Farinós, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València, ve también necesaria "una evaluación continuada del territorio, que es un sistema cambiante". Farinós propone "observatorios territoriales" que analicen la dinámica de cambios y las políticas que se aplican. En Alemania esa tarea la asume una oficina a nivel federal, Francia y Holanda también cuentan con observatorios territoriales potentes. "La cuestión es política", de aprovechar los instrumentos de que se dispone y el conocimiento de técnicos y expertos para favorecer "un modelo de desarrollo alternativo". Aplicar "sentido de Estado" a la visión territorial, añade Farinós. "Gobernanza aplicada al territorio para llegar a pactos", coincide Olcina.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 18/10/2009
Foto: lasprovincias.es
Vecinos de San Miguel de Basauri se quejan de la futura reurbanización del barrio y recogen firmas para su modificación
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EUROPAPRESS/Bizkaia* : Los propietarios de las viviendas de la calles Gorbeia Mendi, Udala Mendi, y en especial los de la calle Mugarra Mandi, del barrio de San Miguel de Basauri están recogiendo firmas para intentar modificar la reurbanización prevista en sus calles y solicitarán una reunión urgente con el responsable municipal de Urbanismo. Según informaron en un comunicado, en estos planes de reurbanización y ampliación de aceras, cuyas obras empezarán en noviembre, está previsto la eliminación de espacios verdes, para convertirlos en aparcamientos y carretera.
Asimismo, denunciaron que esta actuación, que afecta a las inmediaciones del campo de fútbol, "va a convertir en carretera un camino peatonal de 100 metros muy utilizado por el vecindario, y unas zonas ajardinadas de aproximadamente 500 metros cuadrados en aparcamientos".
Además, advirtieron de que el suelo donde se quiere ejecutar esta actuación es "de propiedad privada, siendo el ayuntamiento de Basauri usufructuario del mismo". Según los vecinos que están impulsando esta movilización, el Ayuntamiento "no puede cambiar el uso del suelo sin contar con el permiso los propietarios".
En ese sentido, aseguraron que los afectados por estos planes de reurbanización "no han sido informados y el conocimiento actual, a menos de un mes del inicio de las obras, ha sido por cauces ajenos al Ayuntamiento".
A su juicio, "no es una actuación equilibrada para dotar de unos pocos aparcamientos a los usuarios del campo de fútbol" y, además, "no han contado con los vecinos afectados para ver si hay una demanda de aparcamientos, algo que no existe".
Por otro lado, los vecinos afectados, junto con la asociación ecologista San Migel Bizirik, creen que no se debe cambiar el uso del camino peatonal por carretera y que no se deben quitar los jardines. Solo asumen como "necesaria" la ampliación de las aceras.
Por último, recordaron que "todas las actuaciones que se están estudiando en Basauri van encaminadas en sentido contrario, peatonalizar para hacer un pueblo más habitable".
* Europa Press - 16.10.09
Foto: Basauri (Vizcaya), barrio S.Miguel - pueblos-espana.org
Salvem Catarroja se rebela contra el PAI Nou Mil·lenni
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ELPAÍS/Valencia* : Ayer se concentraron ante el Palau de la Generalitat para exigir una investigación que se retrasa ya dos años. En 2007 una alquería del siglo XVIII, ubicada en l'Hort del Mestre, en los terrenos donde se ejecutará el PAI Nou Mil·lenni, se vino abajo "de modo sospechoso", sostiene la plataforma Salvem Catarroja, contraria al macroproyecto.
"El alcalde dice que fue por las lluvias, pero nosotros queremos que se investigue", insiste Davide, miembro de Salvem. Llevan dos años yendo del consistorio a la Generalitat y de ésta al consistorio en busca de una explicación. Sin éxito. Ayer volvieron a pedirla a golpe de murga -el grupo Lunático de Valencia les acompaña en sus actos de protesta-. Y de paso dijeron de nuevo no a un proyecto gigantesco que ocupará 1,7 millones de metros cuadrados y levantará cerca de 13.000 nuevas viviendas.
El PAI fue aprobado por el Ayuntamiento de la localidad, que gobierna el PP, y sus promotores: la constructora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) de la Generalitat, que esperan que se levante la suspensión cautelar que pesa sobre el PAI para ponerse manos a la obra.
La plataforma seguirá su pelea contra Nou Mil·lenni porque "es insostenible, no respeta el medio ambiente y destroza la huerta y su patrimonio". Rosa, seguidora de Salvem, no oculta ni su indignación ni su impotencia, mientras muestra un sencillo cartel donde la organización ha pegado recortes de periódico con titulares del caso Gürtel. "Camps dimissió... sense jubilació", piden.
* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 17/10/2009
Foto: Catarroja (Valencia), terrenos PAI Nou Mileni - levante-emv.com
Chiclana: Los ecologistas anuncian otra sentencia contra la construcción en Pinar de Hierro
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DIARIODECÁDIZ* : A instancia del recurso presentado por La Chinita en el Zapato-Ecologistas en Acción, en nombre propio y de la Plataforma en Defensa del Pinar de Hierro, este colectivo ha hecho público que el Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Cádiz ha anulado el Decreto de convalidación del Consistorio, de 7 de noviembre de 2006, del Proyecto de Reparcelación de la UE-35 Pinar de Hierro.
Así, los ecologistas destacan que "esta es la tercera sentencia contra el intento de urbanizar el Pinar de Hierro". En este sentido, La Chinita recuerda que "el Consistorio entendía que el PGOU aprobado en marzo de 2007 -reiteradamente anulado por el TSJA y pendiente de resolución de recurso de casación por el TS- validaba lo anteriormente aprobado y hacía que se conservaran todos sus efectos. Nada más lejos de la realidad, ya que el tribunal ha entendido que el alcalde aprobó el decreto sin que existiera un PGOU en vigor que sirviera de cobertura al Proyecto de Reparcelación".
"En nuestra opinión -continúan manifestando- cada vez se aprecia con mayor claridad la chapuza urbanística, injusta y contraria a los intereses generales que se quiso llevar a cabo, ya que no sólo fue ilegal y arbitraria la clasificación que se le dio al suelo como urbano vía convenio urbanístico, sino los instrumentos que se quisieron aprobar de manera atropellada y con la mayor rapidez posible para así acallar al movimiento ciudadano que se levantó en contra".
Los ecologistas sostienen que "se ha demostrado que salvar el pinar íntegramente no sólo no iba a llevar a Chiclana a la ruina, como machaconamente se encargó de difundir José María Román, sino que tras estos periplos judiciales se están clarificando los derechos que tiene la propiedad del Pinar de Hierro. Por eso, antes de firmar convenio urbanístico alguno con los dueños, habrá que delimitar cuáles son esos derechos, ya que no queremos que ni un solo euro, ni un solo metro cuadrado de aprovechamiento urbanístico público vayan gratuitamente a los promotores urbanísticos".
Por último, La Chinita reitera que "estamos convencidos que la clasificación que en su día se le dio en el avance del PGOU al pinar (suelo no urbanizable, parque periurbano) podría ser una buena opción y el Consistorio debería hacer las gestiones para que el Pinar de Hierro fuese declarado Lugar de Interés Comunitario".
* Diario de Cádiz - 17.10.09
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
Los colectivos del Solar del Olivar denuncian que Urbanismo incumplió su compromiso de cesión temporal de dicho espacio
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EUROPAPRESS/Madrid* : Miembros de los colectivos y entidades sociales que hacen uso del solar ubicado en el número 48 de la calle Olivar, en el barrio de Lavapiés, denunciaron hoy que la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, incumplió su compromiso de ceder el uso temporal de dicho espacio a estos colectivos, a lo que había accedido en una reunión celebrada el pasado mes de junio, según informó el portavoz del Solar, Carlos Vidania.
El conflicto en torno a este espacio, anteriormente ocupado por dos edificios de viviendas, se remonta al año 2005, cuando el Ayuntamiento de Madrid reclamó la propiedad del solar por vía de expropiación judicial, ya que el suelo estaba destinado a fines sociales en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. El proceso de expropiación chocó con la presencia de distintos colectivos del barrio de Lavapiés que, desde 2003, realizaban en este espacio actividades como un taller de bicicletas o la Muestra de Cine de Lavapiés.
Según denuncian estos colectivos, no se ha alcanzado todavía ningún veredicto sobre la expropiación del recinto, a pesar de lo cual, el Ayuntamiento notificó en 2008 a los usuarios que se había iniciado un proceso judicial para ordenar su desalojo, a petición de la concejalía de Hacienda.
Ante las peticiones de encuentro solicitadas por estos colectivos, el asunto fue derivado a la concejalía de Urbanismo, donde se consiguió, según Vidania, que la edil del ramo, Pilar Martínez, accediera a recibir a un grupo de representantes de los usuarios el pasado 16 de junio. En esa reunión, los colectivos demandaron a la responsable municipal que se permitieran actividades sociales y culturales a los vecinos hasta que se reconozca la existencia de algún proyecto para construir equipamientos municipales con fin social, tal como reconocía el PGOU.
En este sentido, según afirma Vidania, la delegada de Urbanismo se comprometió a la "cesión temporal en precario" de dicho espacio, siempre que los usuarios presentaran una solicitud sobre las actividades que se realizarían en ese intervalo de tiempo en el solar. Dicha solicitud fue presentada, según estos colectivos, el 24 de julio.
A pesar de ello, el Consistorio madrileño comunicó el pasado mes de septiembre a los usuarios del solar la denegación de la cesión, algo a lo que, según Vidania, "ya se había accedido y no estaba en discusión". Por este motivo, el proceso judicial de desalojo ha seguido adelante en base, según el Ayuntamiento, a informes negativos de la Junta de Distrito, la Policía Municipal y algunos vecinos, que denunciaban la existencia de ruidos en horario nocturno.
"De la Policía Municipal no esperábamos otra cosa, pero de parte de los vecinos hemos tenido muchas manifestaciones de apoyo y mucha colaboración en todas las actividades que hemos organizado", afirmó Vidania, quien además argumentó que los ruidos no se prolongan "más allá de las 00 horas", salvo en "ocasiones excepcionales".
En la raíz de la actuación municipal, estos colectivos identifican la ocupación que se dio en el solar en 2007 por parte de un grupo de personas sin hogar, que sí recibieron "algunas críticas" por parte de los vecinos y se prolongó durante seis meses.
Por otro lado, las asociaciones vecinales y colectivos sociales reclamaron un mayor papel de estas entidades en la resolución de los problemas del barrio. "Las situaciones en Lavapiés son complejas; hay infraviviendas y hay pobreza, cosas que el proyecto de rehabilitación del Ayuntamiento ha dejado de lado", aseveró Vidania.
De cara al futuro, los colectivos del Solar del Olivar pretenden reunirse de nuevo con el área de Urbanismo para pedir a la delegada "que ratifique la cesión a la que ya había accedido". En todo caso, Vidania afirmó que los usuarios "no se oponen" a irse, siempre que el Ayuntamiento adopte un proyecto para construir en el solar los equipamientos previstos en el PGOU.
Entre las asociaciones del barrio que reclaman la oportunidad de utilizar el solar se encuentran el Club Deportivo Lavapiés, el colectivo V de Vivienda, miembros del Patio Maravillas o las asociaciones de padres de algunos colegios de la zona.
* Europa Press - 16.10.09
Foto: Madrid, nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)
Alcaldes de la Axarquía se sienten inseguros ante la presión vecinal para conceder licencias ilegales
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SUR/Málaga*: El incendio de la vivienda del alcalde de Alfarnatejo no es fruto de la casualidad. Al menos, así lo entienden la mayoría de los regidores de la Axarquía, que aseguran sentirse inseguros ante la presión vecinal para seguir construyendo de manera irregular en el suelo no urbanizable. «La gente no entiende que existe una Ley que hay que cumplir y que no se puede autorizar construir en cualquier parte.
A quien culpan siempre es al alcalde, que debe hacer cumplir la legislación urbanística», asegura el primer edil de El Borge, José Antonio Ponce (IU).
Para este regidor, en los pueblos pequeños cualquier actuación municipal muchas veces puede derivar en una situación crítica. «Si le abrimos un expediente a una obra por no tener licencia, malo. Pero si la paralizamos peor, porque pueden pegarte hasta un tiro», asegura.
Ponce apunta que desde que llegó a la Alcaldía hace 15 años no ha puesto una sola multa en el pueblo precisamente para evitar problemas y tensiones con los vecinos. «Hay personas que dejan de hablarte y las cosas se convierten en un drama. Uno de los peores momentos que he vivido como alcalde ha sido precisamente la aprobación inicial del PGOU. Llegué a recibir correos electrónicos diciéndome que me iba a enterar, porque seguramente el autor no estaría de acuerdo con la calificación de su suelo», explica Ponce.
Aunque la Guardia Civil sigue varias líneas de investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido la madrugada del pasado jueves en Alfarnatejo con la vivienda del alcalde, Antonio Benítez Barroso, el suceso ha hecho cundir la alarma entre los mandatarios de la comarca, ya que el que más y el que menos ha tenido alguna vez algún roce con algún vecino como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
En este sentido, el alcalde de Sedella, Francisco Gálvez, asevera que en los 20 años consecutivos que lleva al frente del Consistorio nunca ha vivido un ambiente tan crispado. «El desempleo, la crisis y, sobre todo el parón del urbanismo desde hace cinco años, por la falta de un Plan de Ordenación Urbana, han provocado la situación actual», asegura Gálvez, que explica que desde que entró en vigor la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) el Gobierno andaluz ha dejado a los ayuntamientos más pequeños sin planeamiento.
Urbanismo bloqueado
«El urbanismo está bloqueado y tenemos las manos atadas. La Junta de Andalucía debe agilizar los planes urbanísticos porque esto es insostenible», apunta. La agricultura ya no funciona como alternativa, según Gálvez, que entiende que todavía hacen falta muchas infraestructuras para activar el turismo rural.
El edil sedellano afirma que la mayoría de alcaldes se sienten inseguros debido a la falta de medios con los que tienen que trabajar. «En Sedella no tenemos Policía Local y muchos vecinos vienen directamente a mi casa particular para que les solucione los problemas», indica.
Para los mandatarios locales toda esta situación empeora por culpa de las nuevas incorporaciones a los grupos políticos. «Se trata de gente sin formación que no tiene respeto y caldea el ambiente con mentiras y calumnias», apunta Gálvez.
De la misma opinión es el regidor de Alfarnatejo. «Muchos sólo piensan en la política como un medio para ganar dinero y por un puesto de trabajo, y esto desemboca en cosas como la que me ha pasado a mí», afirma Antonio Benítez.
El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, declaró que es muy posible que unos días las investigaciones den como resultado la detención del autor o autores del incendio.
La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE aprobó ayer una resolución de condena al ataque de la casa particular del alcalde de Alfarnatejo. En el escrito, la Comisión hace pública su indignación por estos hechos y muestra su apoyo al regidor y a sus familiares.
* SUR - 17.10.09 -AGUSTÍN PELÁEZ / EVA GUZMÁN
Foto: El incendio se produjo en la madrugada del jueves y causó graves daños materiales./ EVA GUZMÁN, diariosur.es
¿Dónde está el piso que me tocó?
ELPAÍS/Madrid* : "Mil jóvenes madrileños más han visto hoy solucionando el problema de acceso a la vivienda", aseguraba en marzo de 2007 el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, tras sortear la adjudicación en Tres Cantos de mil pisos del Plan Joven. Hasta una fiesta montamos en el pueblo cuando nos enteramos de que nos había tocado", comentaban varios de los adjudicatarios. Casi tres años después, la euforia se ha convertido en indignación y desasosiego.
El que más y el que menos había echado sus cálculos de cuándo podría ocupar su nueva casa y ninguno pensaba que ese momento podría demorarse más de cinco años, y que las condiciones ofrecidas inicialmente iban a variar, en el tamaño, el precio del alquiler y de compra a partir del séptimo año.
Alejandro Álvarez, de 30 años y empleado en una empresa de limpieza, es uno de los que con más fuerza levanta la voz contra todos los responsables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, gobernado entonces por la independiente María de la Poza y ahora por el popular José Folgado, ex secretario de Estado de Economía con José María Aznar.
"Me enteré de rebote. Ahora vivo con mis padres en Colmenar Viejo, pero cumplía con los requisitos. Fue una gran alegría", recuerda Álvarez. "Estoy cansado de esperar y sobre todo harto de la falta de información. Nada de nada hasta hace unas semanas. Lo único que nos decían es que si queríamos podíamos renunciar".
La posibilidad de renunciar es algo que empiezan a valorar los afectados. Cada vez es mayor el número de adjudicatarios que decide hacerlo porque las cuentas no salen por ningún lado. En otras promociones del Plan Joven, son cientos los beneficiarios que ya lo han hecho -tanto los adjudicatarios como los que figuraban en una lista de reserva-, por lo que la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid ya ofrece las viviendas al resto de personas que se presentaron a los sorteos.
Hasta 62 nuevos beneficiarios han sido notificados públicamente el pasado 30 de septiembre, a través de la Dirección General de Vivienda, para que decidan si aceptan o no ocupar alguno de estos pisos ya entregados, que se encuentran vacíos en Torrejón de Ardoz, Ensanche de Vallecas (Madrid), Arganda del Rey, Villanueva de la Cañada, Meco y Robledillo de la Jara.
"Cuando nos den las casas tendré ya 33 o 34 años y más de 40 cuando llegue el momento de ejercer la opción de compra. Además, entre unas cosas y otras el alquiler se va ya hasta los 700 euros. Yo creo que por ese precio se puede encontrar hoy algo. No sé qué hacer", argumenta Alejandro, envuelto en un mar de dudas. Otras beneficiadas por el sorteo, como Rebeca de Mendoza, Clara Nuño o Zaida del Valle, jóvenes tricantinas de 23 años, también exponen sus quejas. "Mis padres me dicen que nos están tomando el pelo, que se aprovechan de nosotros porque somos jóvenes", explica Clara. "En el sorteo nos dijeron que serían pisos de 70 metros, que pagaríamos 441 euros de alquiler y que el precio máximo de venta estaría en 120.000 euros", comenta Rebeca de Mendoza, recién licenciada en Derecho y en paro.
Sin licencia de construcción
Como portavoz de la Asociación por las mil viviendas de Tres Cantos, De Mendoza sostiene que "ni los metros ni el precio final anunciados esta semana coinciden con los que figuraban en las bases del sorteo. Los adjudicatarios se encuentran ahora con que, en muchos casos, tendrán viviendas de unos 45 metros habitables a precios que oscilarán entre 180.000 y 200.000 euros". La reacción de Rebeca se produce tras recibir los mil beneficiarios de los pisos una carta del concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Jesús Moreno, donde les anuncia que las obras se iniciarían durante este mes de octubre; que las viviendas tendrían una superficie de 57 metros útiles, al precio provisional de 142.488 euros y un alquiler mensual en torno a 429 euros.
De momento, "las licencias para iniciar las obras no se han otorgado. La concesionaria todavía no nos ha presentado el proyecto de ejecución. Esperamos que lo haga en lo que queda de semana", indicaba el pasado miércoles el edil de Urbanismo.
"Para rematar las obras de urbanización queda pendiente la ejecución de los dos accesos y de la depuradora", asegura Moreno. No obstante, para simultanear la urbanización con la futura edificación, el concejal asegura que la constructora FCC ha efectuado un reintegro en la caja de depósitos del Ayuntamiento para garantizar que las obras pendientes se van a concluir.
Otra de las preocupaciones que embarga a los potenciales propietarios de estas viviendas es la de la aplicación del IVA, ya que en otras promociones del Plan Joven los alquileres se ven gravados por este impuesto en una cuantía media de 60 euros.
Tampoco se incluyen en el alquiler los gastos de la comunidad, el seguro del inmueble o el importe anual del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que también se está cursando a los beneficiarios que ya residen en viviendas entregadas en otros municipios.
Marta Sanchís, adjudicataria de un piso en la vecina localidad de Colmenar Viejo pendiente de entregar, asegura que "en otra promoción en la que viven desde junio empezaron a pagar 80 euros mensuales de gastos de comunidad, con conserje, vigilante y señora de la limpieza, pero que ya han despedido al conserje y al vigilante para ahorrar gastos".
Mayor edificabilidad
En su estrategia de presión, la asociación ha interpuesto varios recursos contra la aprobación definitiva del Plan Especial presentado por FCC para la construcción de las mil viviendas. El primero, de reposición, ante el Ayuntamiento, fue desestimado, y un segundo, contencioso-administrativo, ha sido admitido a trámite el pasado mes de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El plan especial objeto de las demandas fue presentado por FCC para modificar las condiciones urbanísticas de las parcelas donde deben construirse los pisos. En el plan general se asignaba una edificabilidad de 62.775,86 metros cuadrados, repartidos en dos parcelas, para levantar 765 viviendas protegidas con una media de 82,06 metros cuadrados de superficie. Con el plan especial, esas dos parcelas se convierten en cuatro para albergar los mil pisos, ajustando la edificabilidad a los parámetros contemplados para el Plan Joven, con una media edificable por piso de 62,76 metros cuadrados.
El caso de los 1.000 pisos en alquiler con opción a compra nació con problemas desde el principio. Fueron sorteados precipitadamente, ya que ni siquiera en esa fecha (el 20 de marzo de 2007) se habían iniciado las obras de urbanización sobre el terreno de 3,3 millones de metros cuadrados donde deberían levantarse. La primera piedra de estas obras no fue puesta hasta cuatro meses después.
Para los vecinos "fue una simple medida electoralista", afirma la portavoz de la asociación. Desde la Comunidad de Madrid no se refieren al hecho en estos términos, pero dejan caer que así fue. "En muchos casos esos sorteos se celebraban por la presión ejercida desde los propios ayuntamientos", comentan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Madrid.
El convenio de Tres Cantos con FCC, en los tribunales
El pasado mes de febrero, el juzgado contencioso-administrativo número 15 de Madrid falló, en primera instancia, la nulidad del convenio urbanístico que el Ayuntamiento de Tres Cantos y la constructora FCC habían suscrito en abril de 2005. Las razones del fallo aludían a la falta de valoración de los deberes legales de cesión. No obstante, la sentencia desestimaba la impugnación de otros actos precedentes al convenio -que también había solicitado la oposición socialista en el recurso-, como la aprobación del Plan General, el pliego del concurso para adjudicar la concesión del único sector urbanizable, el procedimiento negociado y sin publicidad del mismo y la adjudicación a la constructora. La sentencia fue recurrida tanto por el Ayuntamiento, como por FCC, quienes estiman que se trataba de un simple defecto de forma.
El sector urbanizable en cuestión ocupa una superficie de casi 3,3 millones de metros cuadrados junto a la autovía de Colmenar (M-607) y a ambos lados del corredor ferroviario de alta velocidad que une Madrid con Valladolid y el norte peninsular. Dejando al margen las 43 hectáreas reservadas a espacios verdes y 152 a cesiones de redes públicas para equipamientos e infraestructuras, además de 7.500 viviendas, se contemplan casi 380.000 metros cuadrados edificables para uso industrial y terciario. De acuerdo con el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y FCC, ambas entidades se reparten el 50% de los 1,21 millones de metros edificables (el 34% para la constructora y el 16% para el consistorio). El 50% restante, para los propietarios del suelo, a los que, por la expropiación, les han sido abonados, en futuros derechos edificables, casi 432 millones de euros.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 16/10/2009
Foto: Marta Sanchís, Zaida del Valle, Clara Nuño, Rebeca de Mendoza y Alejandro Álvarez son afectados por el retraso en la entrega de sus viviendas.- SANTI BURGOS, elpais.com
