GREENPEACE* ha presentado hoy la novena edición del informe Destrucción a Toda Costa. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El informe pone de manifiesto que ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años. Más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.
Las cifras del informe constatan cómo el desarrollo inmobiliario ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles, acosando al poco territorio virgen que queda en el litoral. Estado y comunidades autónomas son responsables de un desarrollo urbanístico depredador, calificado por el Banco de España como “economía suicida”. Los casos de corrupción urbanística siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las comunidades autónomas costeras. El informe también realiza un detallado estudio de los graves problemas de contaminación presentes en el litoral.
"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Andalucía tiene 18 ENP amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y donde se ha construido el hotel ilegal de El Algarrobico.
Asturias es, después de Euskadi, la comunidad autónoma con menos espacios protegidos en la costa. Además, está prevista la creación de hasta 2.500 amarres en su litoral o la construcción de un campo de golf en Gozón, en plena Red Natura 2000.
Cantabria, con cuatro ENP muy amenazados, ocupa el segundo lugar después de la Comunidad Valenciana en el porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros. Es paradigmático que siga operativo un campo de golf en el Parque Natural de las Dunas de Oyambre.
Cataluña, con ocho ENP amenazados, tiene en el Delta del Ebro el más claro ejemplo de acoso urbanístico y de infraestructuras a un espacio supuestamente protegido, donde la Agencia Europea de Medio Ambiente ha considerado al Delta como un “punto de alarma” por la contaminación de sus aguas debido a actividades industriales.
La Comunidad Valenciana tiene 21 ENP amenazados por diversos proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen asfixiando a este humedal.
Euskadi, con ocho ENP amenazados, tiene el porcentaje más bajo de costa protegida de todo el Estado. Y ejemplos como el proyecto de construcción de un puerto exterior de Pasaia en Jaizkibel, que forma parte de la Red Natura 2000, no avalan los argumentos de desarrollo sostenible que esgrime la Diputación de Guipúzcoa.
Galicia, con 17 ENP amenazados aunque, en la teoría, la Xunta reconoce que tiene más de la mitad de su costa protegida. Pero de nada sirve proteger bajo un marco legal si, como en el caso del ENP de la Costa da Morte, se pretende construir una piscifactoría de 300.000 metros cuadrados, en pleno espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000 europea.
En las Islas Baleares hay 14 ENP amenazados. Unos espacios protegidos que sufren una merma diaria en sus valores naturales. Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera.
En las Islas Canarias 14 ENP están amenazados. En esta comunidad autónoma el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.
La Región de Murcia, con siete ENP amenazados en tan sólo 300 kilómetros de litoral. La Región ostenta uno de los peores ejemplos del acoso a la costa virgen, con una reforma en la Ley del Suelo para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre (15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo turístico.
En el informe también se han analizado las agresiones costeras a los ENP de Ceuta y Melilla. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, poco a poco se va urbanizando el ENP de Monte Hacho, y en Melilla, los focos de contaminación y la ampliación del puerto amenazan el ENP de los Acantilados de Aguadú.
Estas son las cifras de amenazas directas o en el entorno de sus límites de protección que se han proyectado o están ejecutándose en los ENP que Greenpeace ha analizado:
(Ver informe original en enlace)
La paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales, como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula política de gestión ante la crisis. Una actitud que intenta obviar la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda división de los problemas estatales.
Greenpeace considera que la política ambiental debe ser prioritaria. Por ello, reclama la puesta en marcha de las siguientes medidas:
El refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica. Tanto la Administración central como las autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral.
Un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa. El primer paso debe ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado.
La compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar para garantizar la integridad de la costa.
Una actuación contundente, sin arbitrariedades, contra las grandes ilegalidades acometidas en la costa, eliminando las construcciones ilegales, y poniendo freno a la altísima corrupción urbanística.
La elaboración de planes de gestión efectivos que frenen el acoso a los ENP de la costa.
El fin de los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas.
La creación de planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.
“Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin rebajas ni excusas. No tiene ningún sentido derribar chiringuitos ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa protegida de El Algarrobico. Y como El Algarrobico hay muchos otros ejemplos”, concluyó Marcos.
Informe Destrucción a Toda Costa 2009 disponible en www.destruccionatodacosta.com ó www.greenpeace.es
Pdf interactivo en http://www.full-interactive.com/revistas/greenpeace/Destruccion-a-toda-costa/
* Greenpeace - 7.0709
Foto: Greenpeace, informe destrucción a toda costa 2009
Greenpeace denuncia que más de la mitad de los espacios naturales protegidos de la costa están amenazados
Jaén: La plataforma contra la presa denunciará al Ayuntamiento por «manipular informes»
IDEAL* : La Plataforma en Defensa de los Cañones, contraria a la construcción de las presa del río Eliche, llevará a la Fiscalía una denuncia contra el gobierno local, la corporación municipal en pleno, la Agencia Andaluza del Agua, las consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la Junta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Medio Ambiente por supuestas irregularidades detectadas en la tramitación de la presa.
La denuncia está «prácticamente ultimada» y se presentará -salvo que todas las administraciones citadas den explicaciones- «antes de final de julio», según ha explicado Manuel Molinos, portavoz de la plataforma.
Molinos hizo ayer públicos dos informes municipales, sobre los que señaló que «están evidentemente manipulados». El primero está firmado el 4 de junio de 2008 por el ingeniero de montes municipal Juan Martín Cabrera, y fue remitido a la Confederación por el concejal de Medio Ambiente, José Luis Cano. El ingeniero afirma que la presa y las obras afectarían «irreversiblemente» a los «valores geomorfológicos de muy alto valor naturalístico». Se asegura que se verá afectada la calidad del agua de las captaciones del Mingo, que la presa dañará «irreversiblemente» un paraje de alto valor paisajístico. El ingeniero afirma también taxativamente que con la normativa en la mano, en los cañones «están prohibidas las obras de desmonte, aterrazamientos, instalaciones turístico-recreativas y toda obra de carácter infraestructural».
El mismo ingeniero firma otro informe de fecha 2 de julio de 2008, menos de un mes después del primero, en que se eliminan todos esos argumentos contrarios a la presa. Fue enviado a la Confederación por la alcaldesa, Carmen Peñalver, el 12 de agosto de 2008. Además de párrafos suprimidos, donde en junio el ingeniero afirmaba que «la presa motivará una intensa degradación ambiental» un mes después opinaba que «podrá motivar». Todo lo que en junio era taxativo, en julio el mismo técnico lo deja en condicional, denuncia Molinos. La alcaldesa le aclara a la Confederación que este informe sustituye al anterior.
La Plataforma hizo ayer público también una nota del jefe de los servicios técnicos municipales, Manuel Ruiz Navarro, en el que se dice que Juan Martín «añade que sobre este expediente ha recibido ya demasiadas presiones tanto de políticos como de funcionarios».
Por todo esto, Molinos afirma que «seguramente se ha cometido un delito», ya que recientemente Ayuntamiento, Junta y Subdelegación del Gobierno manifestaron que mantenían su intención de continuar con la presa. «La causa de la tardanza de los expedientes son estos informes contradictorios. Los técnicos no quieren firmar argumentos en falso», dijo ayer Molinos.
Según Molinos, esta documentación obra desde hace meses en poder de todas las administraciones públicas y grupos políticos sin que hayan actuado en consecuencia. Además, Molinos señala otras irregularidades en la tramitación de la presa: que aún no haya petición de informe a la Consejería de Cultura, que falte el informe del Instituto Geológico y Minero.
Respuesta municipal
El Ayuntamiento respondió a las acusaciones con un comunicado con declaraciones del concejal de Urbanismo, Manuel López, quien asegura que se está trabajando «de mano de los vecinos y las vecinas para llevar a cabo el compromiso que hemos adquirido (...) Nuestro objetivo es la ordenación del territorio que durante tantos años ningún responsable político ha abordado». Según López se están cumpliendo «escrupulosamente» acuerdos firmados en público. Muestra su extrañeza porque si Molinos descubrió irregularidades hace un año no las haya hecho públicas hasta ahora, y añade que el expediente lo forman no sólo los dos informes a los que alude Molinos, sino muchos más y otros que se añadirán próximamente. Y se asegura que el Ayuntamiento está actuando «con la máxima transparencia, en colaboración con las demás administraciones y con los vecinos y vecinas de Jaén» para resolver un problema enquistado desde hace años.
* Ideal - 07.07.09 -JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: La presa de laminación del río Eliche es una de las soluciones planteadas por las administraciones para evitar las riadas en Los Puentes. · Autor: Viva Jaén, andaluciainformacion.es
La censura de Gondomar reactiva la guerra urbanística
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ELPAÍS/Pontevedra* : Dos concejales procesados por cohecho, tras ser sorprendidos cobrando por una recalificación en el plan general de urbanismo que habían vendido, y otros cinco, más el entonces alcalde, Carlos Silva, condenados en otra causa a prisión e inhabilitación por prevaricación urbanística, marcan los precedentes de la moción de censura planteada por los concejales del PP, PSOE y Move Gondomar contra el alcalde Antón Araúxo, del BNG, con el planeamiento urbanístico como cuestión prioritaria que, sin embargo, los promotores de la censura aún no han decidido cómo encarar, según informaron ayer.
Martín Urgal, el candidato a alcalde (PP), Alfonso de Lis (PSOE) y Manuel Núñez Sestelo (Move Gondomar) comparecieron ayer ante los medios de comunicación para anunciar las que serán sus primeras medidas de gobierno, una vez se consume pasado mañana la moción de censura. Lo hicieron en un hotel de Nigrán. Ha sido una semana agitada en Gondomar, con cacerolada diaria contra la moción, y ayer la Guardia Civil vigilaba la entrada del hotel en previsión de altercados.
Varios centenares de vecinos volvieron ayer a recorrer las calles del centro urbano para insistir en el binomio moción =corrupción, que también es la denominación de la plataforma convocante.Lo primero que aprobará el nuevo gobierno de Gondomar será un presupuesto municipal.
El BNG no ha sido capaz de aprobar ninguno, ni siquiera un sueldo para sus concejales.
Para los promotores de la moción resulta "una perversión del juego democrático" que los cinco concejales gobernantes hayan impuesto sus criterios a los otros 12. "Los que mandan están en la oposición", afirman éstos, arrogándose una capacidad demostrada para "obligar" a los nacionalistas "a asumir cuestiones a las que abiertamente se oponen", aunque al mismo tiempo les acusan de no cumplir los acuerdos plenarios que ellos promovieron.
El gobierno nacionalista ha perdido 1,2 millones de euros en subvenciones, según aseguran, y ahora se revisará toda su gestión económica. La moción, dijo el alcaldable, Martín Urgal, es "traumática para todos, para los que salen y para los que entran", pero "Gondomar y los gondomareños" la están urgiendo: por la paralización municipal y, singularmente, del urbanismo, "con cientos de vecinos que no pueden construir su casa".
El nuevo gobierno hablará "con la gente para saber su opinión" en relación con el urbanismo y después decidirá si acometer un plan nuevo o rescatar el "de la corrupción" de 2006. La anterior corporación acordó, antes de las elecciones de 2007, suspender su tramitación "por higiene política". Abría 1,6 millones de metros cuadrados a una urbanización intensiva y José Luis Mosquera, portavoz del gobierno, y Alejandro Alonso, responsable de urbanismo, ya se lo estaban cobrando a los promotores. Ayer se aseguró que "sólo" se había suspendido su tramitación hasta las elecciones municipales, pero la moción aprobada no fija plazos, sino que llanamente "deja sin efecto la aprobación inicial" del plan.
El BNG trató de poner en marcha un nuevo planeamiento, pero la oposición apostaba por recuperar el "de la corrupción" sometiéndolo a la "limpieza" que precise. Ahora no descarta tramitar un nuevo plan, pese a la "declaración de lesividad para los intereses de Gondomar" (por cuanto ya existía el de 2006) que aprobó y que han de sustanciar los tribunales.
Este trasfondo urbanístico ha motivado las movilizaciones de esta semana de la plataforma moción=corrupción, que ayer cerró su marcha con un festival con grupos de la comarca. También se han escuchado todas las noches unas notas sincronizadas de zanfona, como tañido lúgubre, que repartió el siniestro Segundo Grandío para las protestas, en las que han participado vecinos de todos los partidos.
Nada evitará la moción de censura. Sus promotores no se han repartido aún las áreas de gestión, pero en el nuevo gobierno tendrá un papel destacado Carlos Silva, ex alcalde y cabeza de lista del PP, condenado por prevaricación urbanística y cuya candidatura a la alcaldía hizo fracasar, "por estética", la primera tentativa de censurar al BNG.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 05/07/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
Los fiscales anticorrupción de Balears sólo investigan tres casos tutelados por Madrid
ÚLTIMAHORA* : El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tutela de forma directa, a través de la Fiscalía Especial de Anticorrupción, tres investigaciones, de una veintena, que desarrollan en Balears los representantes del Ministerio Público Juan Carrau y Pedro Horrach. Los casos con competencia directa de Madrid son 'Andratx', 'Operación Relámpago' y 'Son Oms', según confirmaron ayer a este diario fuentes judiciales.
El resto son investigadas bajo la dirección del fiscal superior de Baslears, Bartomeu Barceló.
El 'caso Matas', por ejemplo, cuyo eje central es el patrimonio del ex presidente del Govern, también depende de la Fiscalía General del Estado, que se ha negado a conceder una prórroga al cumplirse los seis meses establecidos desde el inicio de las pesquisas. Sobre ese asunto se pronunciará Barceló en los próximos días, aunque Carrau y Horrach pueden impugnar su decisión final.
Carrau y Horrach están adscritos a la Fiscalía de Balears, pero también forman parte de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, que dirige Antonio Salinas, y deben informar periódicamente del desarrollo de las causas en las que intervienen.
Las funciones de la Fiscalía Anticorrupción consisten fundamentalmente en la intervención en los procesos penales por delitos económicos relacionados con la corrupción y en la coordinación de actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión de estos delitos. Las tres causas tuteladas por Madrid ('Andratx', 'Operación Relámpago' y 'Sons Oms') están en su recta final de instrucción. En la supuesta corrupción urbanística en el municipio 'andritxol' ya se han celebrado cuatro juicios. El 'caso Son Oms' es investigado en un Juzgado de Instrucción y por la Sala de lo Civil y Penal del TSJB (por la condición de aforado del diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vi cens), mientras que la 'operación Relámpago', abierta desde 2007, se ha subdividido en varias piezas separadas.
Numerosas causas en las que participan Juan Carrau y Pedro Horrach están controladas por Bartomeu Barceló. Entre ellas, destacan los casos 'Ordinas', 'Turisme Jove', 'Dobles ventas', 'Plan Territoral de Mallorca', 'Funeraria', 'Peaje', 'Palma Arena', 'IB3', 'Rodrigo de Santos', entre otros.
La ingente carga de trabajo que acumulan Carrau y Horrach hace prever la adopción de medidas para reforzar la unidad de Anticorrupción en Balears. Incluso, se ha barajado la posibilidad de que otros dos fiscales refuercen la labor de los fiscales anticorrupción de las Islas. El primer 'gran caso' que asumieron Juan Carrau y Pedro Horrach fue la supuesta corrupción urbanística en Andratx, que empezó en 2006 con la detención del ex alcalde Eugenio Hidalgo en la propia sede del Ajuntament.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 7.07.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Los juzgados tramitan demandas contra seis planes urbanísticos de Ibi
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un juzgado de lo contencioso-administrativo ha abierto un sexto frente contra el urbanismo en Ibi, al haber admitido a trámite una demanda contra otro proyecto de edificación, en este caso de viviendas adosadas en la zona del "Pont de Picó", a la entrada de la población, según ha podido saber este diario. De esta forma, son ya seis los planes urbanísticos impulsados por particulares y avalados por el Ayuntamiento han sido denunciados ante los tribunales.
Este último caso, según las informaciones recabadas, se trata del proyecto de reparcelación del Sector PR 16-17 y 18 del PGOU, que fue aprobado por la junta de Gobierno municipal de 2007, y contra el que ahora se ha presentado un recurso. Esta medida se ha formalizado porque por silencio administrativo el consistorio ibense había rechazado el recurso que se planteó en un primer momento.
La iniciativa ha sido formulada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante por un propietario de terrenos, disconforme con los planteamientos de la reparcelación, que ha sido promovida por la empresa Restour Ilice, SL. Al parecer, según indicaron fuentes municipales, el resto de propietarios ha expresado su conformidad con el planteamiento.
Ante la admisión a trámite de la demanda, el Ayuntamiento ha decidido personarse en el caso como parte interesada, para lo cual ha acordado que un abogado que se encargue de la defensa de sus intereses, en este caso Fernando Román Pastor, según un edicto de la alcaldesa Mayte Parra, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.
De esta forma, son ya seis los planes de desarrollo urbanístico de Ibi que están en los tribunales, por diversos motivos. El primero fue el de la zona de l'Alamí, en el que sigue existiendo conflicto con los propietarios de terrenos, según las informaciones recabadas. También se ha recurrido el proyecto para Finca Barberá, en el que se pretende construir 350 chalés; en este caso, hubo polémica al contratar el Ayuntamiento a una abogada que está imputada por la UER 13, de la fábrica Picó, a raíz de una denuncia de Toplabi, SL, la firma del plan urbanístico de La Pileta, que igualmente ha sido objeto de un proceso judicial. Por último, está el proyecto para Sant Lucía, que fue descartado por el gobierno del PP después de que se registrara una polémica ciudadana. La zona prevista fue declarada zona verde.
SITUACIÓN
De los 9 millones de Santa Lucía al caso de La Pileta
Entre los seis asuntos que actualmente tramitan los juzgados de lo contencioso de Alicante, el TSJ o las propia salas de Ibi, hay dos que destacan por encima de los demás. Por una parte, está el de Santa Lucía, cuyas repercusiones económicas podrían ser importantísimas para el Ayuntamiento. El consistorio, como se viene informando, descartó construir un edificio de siete plantas y ahora su promotora le reclama 9 millones de euros de indemnización; entre otras razones, se alega la ruptura del convenio existente con anterioridad entre las dos partes. En segundo lugar, está el de La Pileta -técnicamente, Sector NP R-3-, cuyo impacto está siendo político y también económico. El Ayuntamiento lo adjudicó a la empresa Promociones Toplabi, SL, de Ibi, pero posteriormente se desdijo en una decisión que ha sido refrendada por el TSJ. Sin embargo, la propiedad de Toplabi denunció ante los juzgados que había sido objeto de presiones, incluso por parte de técnicos municipales, para que no concurriera a otro plan, en concreto la UER 13. Un aparejador municipal y su esposa -la abogada del Ayuntamiento anteriormente citada- están imputados, junto con otros dos técnicos municipales, que declaran el próximo viernes en el juzgado de Ibi que tramita este caso.
* Información - M. CANDELA - 7.07.09
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
Los delitos urbanísticos en Sevilla suben casi un 30% en un año
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20MINUTOS* : Alcalá de Guadaíra, Castilblanco, Gerena, El Arahal, La Rinconada... Los delitos urbanísticos son uno de los principales problemas de muchos municipios sevillanos. En sólo un año, la Fiscalía de Sevilla ha visto cómo crecían casi un 30%, pasando de los 198 que hubo en 2007 a los 255 del pasado año.
La mayoría son por «edificaciones levantadas por particulares en parcelaciones ilegales perpetradas en suelo no urbanizable que no es de especial protección». La Fiscalía culpa de esta subida a los ayuntamientos, ya que «su disciplina urbanística es ínfima».
Además, reconoce su sorpresa porque «la situación haya empeorado pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias.
Más delitos en El Arahal
En los delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía destaca los numerosos procedimientos que afectan a parajes de El Arahal.
Un asunto relevante y que, según la previsión policial, producirá más de 170 atestados por acciones presuntamente delictivas en una zona no urbanizable de 294.883 m2, en la que se han creado 147 parcelas, muchas de las cuales ya tienen edificaciones sin licencia.
También se han tramitado procedimientos contra responsables municipales por prevaricación urbanística.
Los más destacados fueron los de los alcaldes de Castilblanco (por su «absoluta desidia y pasividad» para evitar las cerca de 500 edificaciones existentes en la dehesa Las Minas, de naturaleza forestal); Burguillos (por otorgar una licencia para edificación en contradicción con el planeamiento vigente).
También Morón (por dar licencias ilegales en un polígono industrial); y Lora de Estepa (por autorizar edificaciones en suelo rústico). Ninguno de ellos está en prisión provisional por estos delitos.
Respecto a los delitos que atentan directamente al medio ambiente, la Fiscalía resalta la actuación contra la empresa minera Cobre Las Cruces por la contaminación del acuífero Niebla-Posadas, del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla.
También el abierto contra los alcaldes de Morón, «por la tolerancia, falta de control y constante inactividad ante los vertidos tóxicos de las industrias de aderezo de la aceituna» al río Guadaíra; y Guillena, por autorizar un vertedero incontrolado.
* 20 Minutos - JORGE GARCIA. 05.07.2009
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es
El palacio de Boadilla enfrenta a los vecinos con la Sociedad de Autores
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ELPAÍS/Madrid* : "No hay por dónde cogerlo". La Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte no está de acuerdo con el proyecto que la SGAE tiene para el edificio y ayer concentró a cerca de 300 vecinos para demostrarlo. Durante la concentración, exigieron la anulación del convenio por el que el palacio pasa a ser de la Sociedad de Autores y pidieron que "se restaure como bien de uso cultural y político".
El palacio del infante don Luis, obra neoclásica de Ventura Rodríguez, pasó a manos de la SGAE en noviembre de 2006 con un contrato de cesión por 75 años. La Sociedad de Autores se comprometió a rehabilitarlo, conservarlo y mantenerlo, con un proyecto de 30 millones de euros. Pero este proyecto no convence a los Amigos del Palacio, que llevan un mes recogiendo firmas en contra. Tienen más de 3.000, y han solicitado también la ayuda del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo.
"Se olvidan de que el palacio y todo su entorno son un Bien de Interés Cultural", se lamenta la presidenta de la asociación, Paloma Olmedo. "Por eso no pueden segregar espacios ni añadir nuevas construcciones". Olmedo denuncia que "el proyecto añade cubos de cristal en los jardines y otras barbaridades. Hay que preservar la estética del conjunto". La asociación, creada en 2002, no descarta acudir a la vía judicial para denunciar el proyecto. Los socialistas de Boadilla se unieron también a la protesta en la explanada del palacio. "Es un convenio muy cerrado que no hace accesible el palacio para los ciudadanos", opina el portavoz socialista, Pablo Nieto.
* ELPAIS.com - B. JIMÉNEZ - Madrid - 06/07/2009
Foto: Imagen del Palacio de Boadilla. (Diego Sinova), elmundo.es
Cultura salvó una ciudad visigoda de un plan urbanístico como el del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Ministerio de Cultura, al que el Tribunal Supremo ha ordenado que emita informes sobre el posible expolio en el conjunto histórico protegido del barrio del Cabanyal, no suele terciar en planificación urbanística. Las competencias que la ley de Patrimonio Histórico le otorga en materia de expolio las ha llevado por el terreno de la dispersión de obras de arte y por el rescate del patrimonio documental o de los tesoros submarinos (como el caso del Odissey).
Una de las raras y recientes excepciones en materia urbanística apuntadas a este diario por el Ministerio de Cultura es el plan de la Vega Baja. Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Toledo, preveía la construcción de 1.300 viviendas, un hotel y un complejo comercial sobre las ruinas de una ciudad visigoda amparada por la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.
La presión de organismos internacionales como la Unesco y de las plataformas cívicas y culturales, entre ellas, la Real Fundación de Toledo liderada por Gregorio Marañón, forzaron en 2006 al Gobierno de Castilla-la Mancha a paralizarle al ayuntamiento el proyecto al que inicialmente había dado el visto bueno por su componente social -se construirían viviendas baratas- y condicionándolo a las catas arqueológicas.
El Ministerio de Cultura, aunque tarde, acudió al rescate de la ciudad visigoda y la entonces ministra Carmen Calvo -quien advirtió de que de no haber intervenido el Gobierno Regional lo hubiera hecho el Gobierno- impulsó un convenio para crear un centro de interpretación y un museo donde antes se habían proyectado torres de edificios. El proyecto a día de hoy no termina de cuajar pero las ruinas están intactas y se han declarado Bien de Interés Cultural.
Al barrio de arquitectura popular modernista del Cabanyal esa misma figura de protección le ha servido de poco ante el plan de reforma interior que incluye la polémica prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El proyecto ha sido ratificado hasta en diez ocasiones por los tribunales. Pese a todo la plataforma Salvem el Cabanyal sigue invocando a la tutela superior del Estado para frenar el derribo de 1.600 casas. El Ministerio de Cultura, de momento, da la callada por respuesta. Sólo apunta que su potestad es "muy limitada" porque "las competencias están transferidas". Más de veinte días después de la sentencia del Supremo, el ministerio no aclara en qué punto se encuentran los informes. Mientras, los derribos en el BIC siguen. El intento del PSPV de forzar en el último pleno a Rita Barberá a parar los derribos entretanto llega el informe de Cultura fracasó.
Interés social o valor patrimonial
El plan de ordenación municipal (POM) Vega Baja se remonta al año 2000. Dos años antes se aprobó el plan especial (Pepri) de Cabanyal. Ambos afectan a entornos protegidos y se presentaron con el aval del interés social y la construcción de vivienda pública. En Toledo, los socialistas, entonces en la oposición y hoy en el gobierno, no quisieron descolgarse de un proyecto bien recibido por la población. Sólo Izquierda Unida, partido se opuso desde el principio. En Valencia, el plan del Cabanyal siempre ha tenido en contra a la oposición (PSPV e IU -ahora sin representación en el ayuntamiento-) que cuando tuvo ocasión de solucionar la conexión de Blasco Ibáñez con el mar en el PGOU de 1989 optó por dejarla "diferida".
De proyecto público a mixto
El proyecto de la Vega Baja nació público y se convirtió en mixto por la entrada de socios privados relacionados con la banca, según recoge la periodista Cristina Martínez en el libro Vega Baja de Toledo. Historia de un rescate. El Ayuntamiento de Valencia también dio entrada en la sociedad Cabanyal 2010, creada en 2005 para ejecutar el plan del Cabanyal, a los socios privados, en su mayoría promotores, que se han descolgado del proyecto por la crisis.
El debate en las urnas
Los planes urbanísticos de Vega Baja y el Cabanyal han tenido reflejo en las urnas. El bloqueo del proyecto y la degradación del barrio del Cabanyal han afianzado los votos del PP en el barrio que las últimas elecciones obtuvo mayoría. En cambio al histórico alcalde de Toledo Manuel Molina (PP) la urbanización de la Vega Baja, entre otros factores, le costó la alcaldía.
* ELPAIS.com - HORTENSIA GARCÍA - 6.07.09
Foto: Vivienda con torre-miramar en la calle Escalante del Cabanyal. - daniel tortajada, levante-emv.com
Gran Scala o gran estafa
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ELPAÍS/Zaragoza* : ¿Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Ontiñena? Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje árido y economía de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio diseñado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ¿Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa.
El Gobierno aragonés patrocina el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hectáreas en Ontiñena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Aragón. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragonés tendrá un problema.
La polémica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se presentó un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversión, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques temáticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pensó que el Gobierno aragonés, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.
Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno aragonés y líder del Par, socio de la coalición gobernante. Políticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garantía.
Durante meses, las noticias alimentaron a los escépticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.
También se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una región con la ley del juego más restrictiva de España. En Aragón sólo se autoriza un casino por provincia. Los promotores querían una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstención del PP en algunos artículos.
Muchas asociaciones cívicas han mostrado su oposición y han generado una opinión en contra. Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Fundación Ecología y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran engaño. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas. Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragonés ha mantenido un prudente silencio. Jesús Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una crítica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustaría estar cerca de la participación de un proyecto de esta magnitud".
Otra incógnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ¿dónde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hectáreas. El Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).
ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene José Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado más de 2.000 hectáreas para decidir".
Todas estas acusaciones no parecen alterar el ánimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este último año y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversión", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qué hay detrás y lo que hay detrás son empresas con 5.000 millones de facturación. Si sólo miran ILD verán que no tiene empleados. ¿Capital? El mínimo. ¿Ingresos? Ninguno. ¿Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran incógnita: si no había una predisposición del Gobierno, no arrancábamos".
Riera contesta a las acusaciones con una reflexión: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aquí parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ningún beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobación de la ley, llega "una fase más constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque temático".
La ciudad privada
La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada también como la Ley Gran Scala. Su contenido es polémico y no sólo por el mero hecho de que permita la aglomeración de casinos de juego en un mismo territorio sino también porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Aragón presentó algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los artículos.
Según expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que más ha llamado la atención es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Aragón y autoridades de la comarca", explica Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. "Siguiendo sus artículos, Gran Scala pasaría a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio". "¿Estaría permitida una manifestación en ese territorio?", se pregunta López Román. "Tal y como está la ley, no queda claro aspecto tan importante".
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ - Zaragoza - 05/07/2009
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elpais.com
Lo que escondía la causa del "caso Arona"
ELDÍA/Tenerife* : La gestión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Arona sigue en entredicho debido a la presunta trama de corrupción urbanística que se destapó desde hace ya más de dos años, con lo que se ha llamado "caso Arona".La tranquilidad que había en el ayuntamiento hasta enero de 2007 se vería alterada cuando la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella contra la Junta de Gobierno del pasado mandato, es decir, la del período comprendido entre 2003 y 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
En aquellas fechas, a raíz de un pacto de gobierno, la Alcaldía la ostentaba el nacionalista José Alberto González Reverón, que a día de hoy sigue manteniendo este mismo cargo, pero ahora con mayoría absoluta.
La adopción de unos 300 acuerdos, entre enero de 2004 y noviembre de 2006, y que consistían en la concesión de alrededor 200 licencias urbanísticas, que supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad de los servicios jurídicos y de la propia Secretaría fue el principio de la denuncia que presentaría la Fiscalía.
A estos expedientes se suman otros 80 referidos a contrataciones con informes, al parecer, contrarios del departamento de Intervención del Ayuntamiento aronero.
La Fiscalía tiene conocimiento de toda esta situación porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista tanto en el pasado mandato como en éste, Francisco García Santamaría, comunica todos estos hechos de presunta corrupción, lo que sucedió en noviembre de 2006.
La denuncia llega al Palacio de Justicia de Arona y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7, cuyo titular es Nelson Díaz Frías, comienza su investigación y que ha derivado, después de dos más de dos años, en nuevas imputaciones a cargos del actual gobierno municipal. Además, de representantes de la Cámara de Comercio.
21 de marzo de 2007.- Efectivos de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento sureño para recabar la documentación que requería el magistrado Nelson Díaz Frías, sobre los asuntos denunciados por la Fiscalía.
7 de mayo de 2007.- Tan sólo 20 días antes de las elecciones, José Alberto González fue el primero en acudir ante el juez a declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio. Ese mismo día declaró Manuel Barrios (CAN), entonces concejal de Urbanismo. En los días sucesivos, hasta el 10 de mayo, lo hicieron los restantes integrantes de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior: Daniel Martín (CAN), Félix Sierra (PP), Juan José Alayón (CC), Alfonso Barroso (CC), Sebastián Martín (CC) y José Luis González (CAN).
18 de octubre de 2007.- La maraña que Díaz Frías está desenredando también ha requerido la colaboración de funcionarios municipales. Hasta entonces, todo seguía sujeto a las interpretaciones políticas y de los técnicos especializados.
27 noviembre de 2007.- El juez Nelson Díaz ordenó a la Guardia Civil que le localicen a los representantes legales de diez empresas dedicadas a la construcción y otras actividades, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Gomasper y Marichal Inversiones del Sur, así como a algunos trabajadores municipales, entre los que se menciona a Roberto de Luis Jiménez y Eliseo de la Rosa González.
18 de diciembre de 2007.- La funcionaria Manuela Melo, adscrita al área de Urbanismo, acudió ese día ante el juez porque no pudo hacerlo en su momento. La declaración de esta testigo pasó inadvertida debido a que por la tarde del martes José Ramón Ansorena, de la empresa Proguito S.L., habló y aportó documentación y grabación a Nelson Díaz Frías. Lo que contenían esas aportaciones motivó que el magistrado considerara que había "nuevos hechos delictivos" por los que, esa misma tarde, ordenó y se produjeron las primeras dos detenciones del "caso Arona": Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal que fue acusado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; y Arsenio Zamora, empresario acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión, considerándole como "cooperador necesario" para la presunta comisión de los dos primeros delitos que le imputan. Ese día, el juez declara el secreto del sumario y los detenidos entraron en prisión el 21 de diciembre.
20 de diciembre de 2007.- El Pleno de Arona, con los votos a favor de CC y PP, aprueba utilizar fondos públicos para pagar la defensa de los ocho concejales y ex concejales imputados en el "caso Arona", si bien quien resulte condenado tendrá que devolver el importe de tal defensa al consistorio.
14 de febrero de 2008.- Roberto de Luis, aparejador municipal, y Zenón Rodríguez, arquitecto particular, son detenidos por presunto cohecho y tráfico de influencias, aunque al primero se le añade el supuesto delito de prevaricación. De la Rosa ingresó en prisión sin fianza al día siguiente, mientras que el representante legal de Rodríguez depositó el sábado, día 16, los 80.000 euros en que fue fijada su fianza y salió de la cárcel, si bien ambos volvieron a comparecer ante el juez un día antes.
11 de abril de 2008.- El abogado Felipe campos, a título personal, presenta en el Juzgado de Guardia de Arona la ampliación de las denuncias del "caso Arona". El letrado aporta otras 52 que, a su juicio, son "presuntamente delictivas" y que fueron otorgadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007. La peculiaridad es que 42 fueron concedidas por la Junta de Gobierno Local anterior y las restantes por la del mandato actual.
Noviembre-diciembre 2008.- El redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Jorge Coderch, según el contenido de un documento que lo constata, afirmó a un colectivo vecinal que en el planeamiento "hay muchas cosas incluidas porque se las pidió el gobierno municipal", de lo que dijo tener constancia escrita. Además, en el mismo documento aseguraba que el "99 por ciento de la gestión urbanística es ilegal".
29 de junio de 2009.- El juez instructor del caso decide levantar el secreto del sumario y se desvela que dos altos cargos de la Cámara de Comercio figuran entre los 28 imputados, que son Pedro González Santiago y Vicente Dorta Antequera, quienes están acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, igual que el abogado Carlos Enrique Morales. Asimismo, al alcalde, José Alberto González Reverón, se le añaden otros dos presuntos delitos más: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Díaz Frías también decide imputar a cuatro nuevos concejales del actual gobierno nacionalista, concretamente a Antonio Sosa, Clara María Pérez, María Candelaria Padrón y Manuel Reverón. Además, mantiene imputado al edil del PP y consejero delegado del Sur del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra. Las diligencias abiertas actualmente son muchas y su estudio darán más resultados tras las investigaciones oportunas.
* El Día - 5.07.09
Foto: arona - las_americas - hotspotz
150 casos de obra nueva prescriben en El Puerto por la inacción de IP
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DIARIODECÁDIZ* : Poco recorrido judicial les queda a la práctica totalidad de los más 160 casos de obra nueva presuntamente fraudulentos que el nuevo Gobierno del Partido Popular de El Puerto empezó a enviar a la Fiscalía de Cádiz en octubre de 2007, la mayoría de los cuales se han plasmado en denuncias interpuestas en los Juzgados de El Puerto por el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez.
Según ha podido comprobar este diario, la mayoría de los casos que han sido denunciados por el fiscal, al constatar que se trata de viviendas que han sido erigidas en su mayor parte en suelo no urbanizable, amparándose en certificados supuestamente falsos de antigüedad de casas inexistentes, datan de los años 2002 a 2004, cuando gobernaban en El Puerto los Independientes Portuenses de Hernán Díaz.
A la Fiscalía de Cádiz no comenzaron a llegar, de la mano del nuevo gobierno del PP surgido tras los comicios de mayo de 2007, hasta octubre de ese mismo 2007. Y Núñez, una vez realizadas las pertinentes comprobaciones, no comenzó a cursar las primeras denuncias hasta febrero de 2008, hasta terminar incoando del orden de 150.
De facto esto entraña que, dado que la Audiencia de Cádiz finalmente ha decidido adoptar el criterio de que los profesionales que suscriben dichos certificados no actúan en calidad de funcionarios públicos (en contra de la tesis que defendió el fiscal, y que había sido admitida en primera instancia), sino como particulares, por lo que el supuesto delito cometido, falsedad en documento público, prescribe a los tres años de los hechos, la inmensa mayoría de los casos van a ser archivados en los próximos meses.
Lo grave de toda esta historia es que ni uno solo de estos casos hubiera prescrito si los anteriores mandatarios de El Puerto hubieran atendido la orden expresa que formalizó el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Romero.
Este periódico ha tenido acceso a un documento interno que prueba que el gobierno de Hernán Díaz estaba al tanto de que en la ciudad comenzaban a detectarse casos fraudulentos de obra nueva y no tomaron medidas.
Fue en concreto el 18 de febrero de 2005 cuando el secretario municipal envió un correo electrónico a las personas que de modo más directo tenían encomendada la responsabilidad de atajar posibles irregularidades urbanísticas en El Puerto.
Empezando por el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, siguiendo por el jefe de Licencias y Disciplina de dicha área, Fernando Jiménez Fornell, para terminar con el entonces gerente de la empresa municipal Serecop (que por convenio suscrito con el Ayuntamiento, tenía encomendadas tareas urbanísticas como las inspecciones ), Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, y la por aquellas fechas responsable del Área de Hacienda, María Jesús Sánchez.
Aunque en el caso de esta última edil, hay que aclarar que era ella precisamente la que había advertido al secretario de la existencia de diversas irregularidades detectadas en antigüedades de inmuebles.
De hecho, la orden que cursó el secretario (con copia también al asesor jurídico de Urbanismo y a un responsable de Medio Ambiente) comenzaba precisamente informando a todos los destinatarios del correo que se habían recibido en la Secretaría General oficios de la teniente de alcalde delegada de Hacienda relativos a expedientes remitidos por la sección del IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), "en los que, con ocasión de declaración a efectos de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles por la Oficina Técnica Catastral de Serecop, se pone de manifiesto la presunta falsedad de determinados certificados relativos a la antigüedad de los inmuebles".
La comunicación del secretario continuaba explicando que "actualmente está vigente el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa municipal Serecop para la obtención de información destinada al negociado de disciplina del Área de Urbanismo".
Así las cosas, instaba Jiménez Romero, "en virtud de ello, desde Serecop debe trasladarse directamente al servicio de Licencias y Disciplina Urbanística la documentación correspondiente a los expedientes catastrales en los que se ponga de manifiesto la presunta falsedad de certificaciones relativas a la antigüedad de los inmuebles".
Y la coletilla siguiente se revela ahora más que premonitoria. Porque, de modo textual, el secretario advertía a todos los que tenían la responsabilidad de frenar las irregularidades que comenzaban a detectarse en el término municipal, que "dichas comunicaciones deben producirse con la máxima rapidez, para evitar que se produzca la prescripción de posibles infracciones urbanísticas".
La orden del secretario iba más allá y recogía de modo literal al final que "una vez recibida la información en el Servicio de Licencias y Disciplina, se deberán poner en marcha por dicho servicio las correspondientes actuaciones en materia de disciplina urbanística, y las demás que procedan por la comisión de hechos que puedan incurrir en otras responsabilidades, así como las medidas encaminadas en orden a reflejar la situación real de los inmuebles en el orden registral".
El propio devenir de los acontecimientos que se han venido sucediendo con estas prácticas ilegales registradas en El Puerto ha constatado que la orden del secretario fue ignorada.
Ninguno de estos casos llegó a la Justicia, para que se depuraran las responsabilidades penales derivadas de las construcciones ilegales con documentos públicos falsos, durante el anterior mandato de IP.
Por ello ahora 150 casos van a terminar siendo archivados por los Juzgados de El Puerto, donde hoy en día se siguen tramitando las denuncias de Ángel Núñez, a tenor del criterio que ha impuesto la Audiencia.
Un criterio que ha asumido la Fiscalía de Cádiz, que ha descartado recurrir en casación al Supremo al considerar que uno de los autos que ha ratificado el archivo de un caso que había sido recurrido por el Ministerio público está muy bien fundamentado.
Falta por ver si las iniciativas emprendidas por Izquierda Unida, que ha pedido a la Fiscalía que busque resquicios legales para evitar la prescripción en masa de casos de este tipo y ha requerido en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Vivienda, surten al final algún efecto que pueda evitar que tantos delitos queden impunes. Falta por ver también si el PP de El Puerto, en cuyo seno el cambio de criterio de la Audiencia ha causado malestar y preocupación, promueve alguna medida para evitar los carpetazos judiciales.
En caso contrario, siempre quedaría a opción esbozada por el diputado autonómico de IU Ignacio García, de proceder de oficio contra los responsables de las prescripciones por su pasividad y/o permisividad. Unos responsables que, en el caso de El Puerto, tienen nombres y apellidos.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 5.07.09
Foto: Un caso en Los Perales: en 2004 se certifica una casa en un solar vacío, en el medio; en 2007, se hacen 4 casas. - diariodecadiz.es
Entrar en coche a Madrid o a Barcelona es el doble de rápido que en transporte público
ELPAÍS* : Acceder a Madrid o a Barcelona en coche es, de media, casi el doble de rápido que hacerlo en transporte público. El vehículo privado es más rápido incluso en las horas punta, cuando el tráfico está más congestionado. Éstas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Anuario de la Movilidad del año 2008 que ha elaborado el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC).
De media, entrar a los centros de Madrid o Barcelona en coche durante la hora punta supone 39 minutos, mientras que hacerlo usando el transporte público cuesta 72 minutos, es decir, prácticamente el doble. El RACC ha obtenido estos resultados midiendo el tiempo que supone de media llegar a ambas ciudades desde sus respectivas coronas metropolitanas empleando distintos medios de transporte.
Ante estas cifras, el RACC ha subrayado la necesidad de mejorar los transportes públicos para hacer su oferta más competitiva y así atraer a más usuarios que aún prefieren desplazarse en sus propios automóviles. Según el estudio, los conductores sólo estarían dispuestos a dejar sus coches en casa si el transporte público les garantizara unos trayectos de unos 31 minutos, menos de la mitad de lo que tarda ahora de media.
Según el citado dossier, la congestión de los accesos por carretera afecta diariamente a medio millón de usuarios de vehículos privados y autobuses en Barcelona y a un millón en Madrid. Esta congestión, que el informe califica como "una significativa pérdida de la calidad de vida para el ciudadano", supone una pérdida diaria de 11,9 minutos en la ciudad condal y de 14 minutos en la capital de España. Durante las horas punta, la pérdida es aún mayor: 18 minutos en Barcelona y 33 en Madrid.
El mayor colapso en los accesos a Madrid se explicaría por la "notoria diferencia" de la oferta de vías libres y de peaje, ya que mientras en Barcelona es más equilibrada, a Madrid sólo accede por vías de peaje el 3% del tráfico.
El RACC estima el coste de los atascos en cerca de 400 millones de euros anuales en el Área Metropolitana de Barcelona y alrededor del doble en Madrid, el equivalente a un 0,3% y a un 0,6% del Producto Interior Bruto de las respectivas Comunidades Autónomas.
La estrategia que propone el Real Automóvil Club para mejorar esta situación incluye varios puntos: homogeneizar la capacidad de las distintas vías para repartir el tráfico entre ellas, reforzar el transporte público dándole prioridad sobre el privado, estimular la alta ocupación de los automóviles privados y mejorar el funcionamiento de las zonas de aparcamiento de pago.
* ELPAIS.com - EGOITZ GAGO - Barcelona - 03/07/2009
Foto: Atasco AP-7 Tarragona - EFE
Vecinos de Navia rechazan que se triplique el número de viviendas
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FARODEVIGO* : La Asociación de Vecinos de Navia se opone al cambio de aprovechamiento de los terrenos del polígono propuesto por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que permitiría pasar de las 613 viviendas previstas en la última fase del Plan Parcial a el triple: 1.793. Los responsables vecinales critican este cambio, que el IGVS planteó ya a la Gerencia de Urbanismo.
“El nuevo planeamiento propuesto es radicalmente contrario al consenso; y un agravio comparativo con los aprovechamientos alcanzados por los anteriores propietarios de los terrenos, que en muchos casos fueron expropiados con un fin social y no especulativo”, argumentan.
Dentro del ámbito del PAU de Navia se concedieron hasta la fecha licencias para 3.732 viviendas, quedando por ejecutarse 613, de las que 149 serían de construcción colectiva en planta baja más tres alturas y 464 familiares, adosadas o pareadas. La propuesta del IGVS, que triplicaría el número, contempla la posibilidad de construir más alturas de las previstas.
“Rechazamos cualquier modificación del PAU de Navia que varíe en un sentido negativo el consenso alcanzado hace más de diez años por los vecinos de la parroquia”, advierten la junta directiva de la Asociación Vecinal de Navia.
Medios
Los responsables vecinales adelantan que pondrán “todos medios posibles” para que el proyecto planteado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo “no se lleve adelante”. La junta directiva anuncia que tratará este tema en la próxima asamblea vecinal.
Si la nueva ordenación se llevara adelante sólo podrá proseguir si se mantienen los usos ya previstos, con la única variación de que las viviendas unifamiliares pasen a ser colectivas. Asimismo, la modificación deberá justificar el cumplimiento de la normativa en materia de uso de vivienda, el Código Técnico de la Edificación y las normas generales contempladas en el Plan Xeral.
* Faro de Vigo - 5.07.09
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
El TSJC anula todas las licencias del plan parcial de Playa Blanca, Lanzarote
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CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado a instancias de la Fundación César Manrique la nulidad de todas las licencias concedidas en el plan parcial Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, y ordena "el restablecimiento de la realidad alterada" con la ejecución de obras en el citado plan.
La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC acaba de notificar que ha desestimado el recurso de apelación presentado por los promotores del plan parcial Playa Blanca, contra un anterior fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo que, a instancias del recurso interpuesto por la entidad, anuló el proyecto de urbanización del citado plan que contemplaba la construcción de 1.800 viviendas y en torno a 4.500 plazas residenciales.
Según informó hoy la Fundación, esta nueva sentencia es la resolución del TSJC, con carácter firme, a un recurso interpuesto por los promotores contra la anulación del plan, cuestión que ahora el zanja el TSJC de manera definitiva.
La Fundación César Manrique destaca que con esta sentencia, el TSJC ratifica el fallo en primera instancia dictado por el Juzgado , que anuló el proyecto de urbanización por dos razones fundamentales: una formal, ya que el Ayuntamiento publicó extemporáneamente las normas urbanísticas del plan en cuestón y otra de fondo, ya que, según estima el fallo, el plan quedó extinguido por la aplicación de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
En la sentencia que desestima el recurso de los promotores del Plan Parcial Playa Blanca a instancias de la FCM, el TSJC cita en esta ocasión que "la anulación del proyecto de urbanización conlleva que desaparezca de mundo jurídico con todas las consecuencias que conlleva tal declaración, siendo el restablecimiento de la realidad alterada y transformada la consecuencia de tal declaración de nulidad.
Es decir, anulado el proyecto de urbanización, la consecuencia será el restablecimiento en el plano jurídico y material de esa realidad alterada en cualquiera de sus formas".
* Canarias 7 - EFE - 2.07.09
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - canarias7.es
Denuncian un "nuevo desatino" de La Junta en Gredos
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AVILARED* : Ha sido la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda. Este colectivo ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha autorizado de nuevo la ocupación de 7.935 m2 del Monte Público nº 5 de Candeleda para las obras de abastecimiento de agua a la macrourbanización “Candelas de Gredos”.
Según recuerda esta plataforma en un comunicado, “el permiso de ocupación de este Monte Público, integrado en el Parque Regional de Gredos, fue otorgado por dicha Consejería y por primera vez en el año 2004 a la promotora Dávila Monteblanco SL, previo pago de una tasa de 7.400 euros”. Esta autorización, añade el comunicado, “tenía una vigencia de un año con el fin de que dieran comienzo las obras pero éstas no comenzaron hasta el año pasado”, si bien, en noviembre de 2008, la Plataforma “consiguió que la Junta declarara la caducidad de ese desafortunado permiso”. Ahora, “de forma sorprendente e inaudita, tras la interposición de un Recurso de Alzada por el promotor, el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible, apoyado en unos argumentos de imposible justificación y sin sentido, ha vuelto a otorgar lo que corresponde únicamente a la Sierra de Gredos”, ha criticado la Plataforma. Desde su punto de vista, “esta decisión no puede ser ajena a la defensa de Gredos y de Candeleda” y recuerda que “hay varios procedimientos judiciales abiertos en diferentes Tribunales, así como una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en contra del proyecto de construcción de la macrourbanización” objeto de la polémica. La Plataforma reitera su rechazo a “un proyecto tan irracional y devastador que mermara nuestros recursos e hipotecara nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
* avilared.com - 3.07.09
Foto: Trabajos realizados para el suministro de agua de la urbanización de Candeleda - aviladigital.com
El fiscal pide 12 años para Del Nido por el 'caso Minutas' de Marbella
ELPAÍS/Málaga* : En junio de 1999, Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella, contrató, de forma verbal y sin que mediara expediente alguno, los servicios del letrado y directivo del Sevilla FC José María del Nido. El presidente del Atlético de Madrid y sumo enladrillador marbellí estaba inquieto. La maquinaria del Estado comenzaba a interesarse por las irregularidades, cada vez más evidentes, de su gestión municipal.
Gil acababa de enemistarse con su consigliere de toda la vida, José Luis Sierra, y necesitaba otro abogado al que dar plenos poderes para impedir, o al menos obstaculizar, las inspecciones. Y para ello nadie mejor que Del Nido, con quien Gil compartía amistad gracias a los negocios futbolísticos, y que había intervenido como letrado en el llamado caso camisetas. Comenzaba así un suculento negocio para el abogado sevillano, que llegó a facturar 6,7 millones de euros al Ayuntamiento entre 1999 y 2003.
Sin embargo, gran parte de estas minutas giradas por Del Nido, corresponden, según la Fiscalía Anticorrupción a "servicios tan alejados de los intereses públicos de la corporación como innecesarios, o cuya facturación no se compadecía con el trabajo efectivamente desempeñado por el letrado". Del Nido, pese a cobrar del consistorio, "aceptó servir a la persona del fallecido Jesús Gil por encima de los intereses municipales", afirma el fiscal Juan Carlos López Caballero. Se han identificado decenas de minutas, que totalizan 1,6 millones de euros, dinero que Del Nido supuestamente cobró de más. Según el fiscal, Gil, el abogado, el alcalde accidental Julián Muñoz y otros personajes cercanos al Ayuntamiento planearon una "maquinación defraudatoria estable y progresiva" que generó un "grave perjuicio" a las arcas municipales.
En un escrito de calificación con fecha de ayer, el fiscal López Caballero pide para Del Nido 12 años y medio de prisión y 20 de inhabilitación especial por el siguiente rosario de delitos: asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, falsedad documental, delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles e inmuebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial de funcionario público y falsedad en documento privado. Asimismo, solicita 15 años para Julián Muñoz; 16 para Modesto Perodia, administrador y apoderado de varias sociedad municipales; siete para el contable de las sociedades municipales Víctor Cohen, y dos y medio para el también contable Antonio Calleja.
El plantel de imputados se completa con otros nombres habituales en las causas contra la corrupción en Marbella, entre los que destaca Juan Antonio Roca, supuesto cerebro del caso Malaya, a quien se piden seis años de prisión. También figuran varios ex ediles como Tomás Reñones o Javier Lendínez, y la propia ex esposa de Del Nido, Ángeles Carrasco.
Los trabajos cobrados al Ayuntamiento de Marbella suponían, según el fiscal, el 70% de la facturación del despacho de Del Nido durante aquellos años. Los pagos supuestamente irregulares fueron detectados por el Tribunal de Cuentas en su análisis de las cuentas marbellíes de los años 1999 y 2000. Según el relato del fiscal, Del Nido fue fichado por Gil para evitar que los inspectores del no detectaran las "numerosas irregularidades contables y detracciones de fondos". La mayor parte de las minutas tienen que ver con recursos, alegaciones y recusaciones de los inspectores del Tribunal de Cuentas, que se habían negado a considerar a Del Nido interlocutor válido del ayuntamiento.
Irregularidades
- Remuneración mensual. El Ayuntamiento firmó con Del Nido un "contrato de arrendamientos de servicios" sin publicidad ni control presupuestario en el que se asignaba al letrado un sueldo mensual de 48.080 euros.
- Entregas a cuenta. El abogado cobró entregas a cuenta (dinero que los letrados cobran por adelantado como provisión de fondos para los pleitos) varios meses después de promover recursos.
- Fondos ajenos. Del Nido percibió 348.000 euros por la redacción de unas alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas. El documento tenía 758 folios, pero el letrado se limitó a ordenar documentos que redactaron el secretario, el interventor y el tesorero municipales.
* ELPAIS.com - F. J. P. - Málaga - 04/07/2009
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
La Fiscalía alerta de problemas para investigar los delitos urbanísticos
LAVOZDEGALICIA* : La investigación de delitos urbanísticos en Galicia está desbordada y bajo mínimos. Las unidades de la Guardia Civil adscritas a las fiscalías de urbanismo gallegas y que operan como policías judiciales disponen de escasos medios humanos y materiales para indagar en los casos de infracciones urbanísticas graves.
«As unidades están desbordadas porque a investigación destes delitos é moi complexa», reconoce el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien explica que los mayores problemas se centran en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde la presión urbanística es mayor. Es esta una de las razones por las que el fiscal superior de Galicia solicitó recientemente al Ministerio del Interior la creación de un Seprona autonómico adscrito en exclusiva a la Fiscalía para investigar delitos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio.
Varela destaca que las fiscalías especializadas en urbanismo están detectando que el número de agentes destinados a la investigación de estos delitos es insuficiente, «e os poucos que hai están desbordados», afirma.
En Pontevedra, la situación es crítica. Poco más de un año después de asumir las investigaciones de delitos urbanísticos, la unidad especializada de la Guardia Civil está próxima al colapso. La Fiscalía de Pontevedra alerta en su memoria anual de que los agentes «están desbordados por el trabajo y no cuentan con el número de personas suficientes para atender a todas las investigaciones de una forma puntual». No es una unidad cualquiera, ya que sus informes e investigaciones nutren al ministerio público. Sin ese equipo policial, la actividad de la Fiscalía en materia de urbanismo «sería imposible». El fiscal jefe pontevedrés, Juan Carlos Aladro, admite en la memoria que los agentes son quienes realizan «la totalidad de los informes que requiere el fiscal».
En las Rías Baixas, la situación es tan grave que la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil -compuesta por solo tres agentes para toda la provincia de Pontevedra- se ha visto obligada a devolver algunas de las investigaciones en curso al Seprona, «por la imposibilidad material de afrontarlas».
En cuanto a los tiempos de investigación, el colapso es tal que en alguna ocasión se han remitido las diligencias tramitadas a un juzgado sin adjuntar los informes requeridos, «porque el plazo de seis meses de que dispone el fiscal estaba próximo a cumplirse». Ante esta situación, Aladro sostiene que cada vez se hace más imprescindible que esta unidad y el Seprona «cuenten con más miembros para evitar estos problemas y agilizar la tramitación».
* La Voz de Galicia - J. M. Pan / L. Penide - 3/7/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
¿No hay una solución para la Cañada Real?
MADRIDIARIO* : Cuatro meses después, la Cañada Real sigue en el mismo sitio y en las mismas condiciones. Suciedad, drogas, insalubridad, problemas de seguridad o menores sin escolarizar continúa siendo el día a día de los habitantes de esta antigua zona protegida que sigue esperando una solución a sus problemas.
El pasado mes de marzo, Esperanza Aguirre prometía por sorpresa en los pasillos de la Asamblea de Madrid una ley para mantener la parte de vía pecuaria protegida y, al tiempo, legalizar la parte patrimonial del suelo que había sido adquirido u ocupado por sus actuales 'propietarios' de forma pacífica.
La presidenta regional aseguró que se habilitarían los meses de julio y agosto si fuesen necesarios para que la Asamblea trabajase durante el verano y la ley estuviera lista para septiembre, pero de momento no se ha hecho la solicitud a la Cámara ni se han comunicado avances al respecto.
La ley debía ser por consenso, pero este viernes, ante la tardanza de las conversaciones, el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid presentó su propia solución. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; la portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez; el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas; y los primeros tenientes de alcalde de Rivas y Coslada pusieron sobre la mesa la conversión de estos 14 kilómetros en un "corredor verde" que incluyese desarrollos urbanísticos sostenibles y acabe con todas las chabolas y, en ocasiones, chalets. Según Gómez, así se resolvería lo que es "un grave problema y una vergüenza".
El PSM propone realojar a parte de los 50.000 habitantes que ahora mismo viven sin servicios básicos, agua corriente o suministro eléctrico, pero ni si quiera los residentes lo tienen del todo claro. En general, estarían de acuerdo con pagar por los servicios que se les diesen legalizando sus propiedades con tal de tener un barrio decente, pero no todos podrían hacer frente a los gastos de compra del terreno y el realojo, dadas las numerosísimas realidades particulares que existen, tampoco contenta a todos.
¿Quién atenderá los servicios?
El consenso tampoco parece posible de momento entre los políticos. La Cañada es un cinturón que en la actualidad afecta a Madrid capital, Rivas , Coslada, San Fernando y las proximidades de Getafe. Las socialistas Rivas y Coslada apoyan la propuesta general de su partido, pero el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular de la Asamblea e Izquierda Unida creen que es un a solución "oportunista" y "unilateral" que se salta el consenso.
El PP, que tiene la iniciativa legislativa por gobernar la Comunidad, asegura que su ley está "muy avanzada" y que su debate se realizará pronto, pero en la Cañada se sigue esperando la decisión final mientras se suceden los desalojos y derribos ocasionales. Con todo, el debate fundamental no está tanto en la legalización de terrenos (las causas humanitarias se impondrían en parte a la conservación) como en quién dará servicios a esos madrileños cuando se constituyan en un auténtico barrio o barrios.
* Madridiario - 03-07-2009 - Ángel Calleja
Foto: Diego Sánchez
Sentada por la Vivienda Digna 5-J
VDEVIVENDA/Barcelona* : El 5 de julio a las 5 en Plaza Catalunya! Después de tres años desde las primeras sentadas, seguimos sin derecho a una vivienda. Millones de viviendas vacías, decenas de miles de hipotecados a punto de acabar en la puta calle y los alquileres a precios inasequibles. La cosa no cambia y los políticos apoyan a los que han causado el problema (en el BMP ‘low cost’ lo comprobamos: http://www.youtube.com/watch?v=E65ogzY54O4). Para colmo los gobiernos financian a los bancos con el dinero de todos, hipotecando nuestro futuro!!
Ni la vivienda ni el trabajo son mercancías para especular!
Si estas hart@ de buscar piso, si no encuentras alquiler, si te ahoga la hipoteca, si aún no puedes emanciparte… Ven a la sentada que montamos el 5 de Julio!
Buscaremos soluciones y haremos que se nos oiga!
Todo animado con bastante más que música, actividades y buen rollo!!
VEN Y PARTICIPA!
PÁSALO!!!
Videos convocant a la sentada
Preguntes i respostes : http://www.youtube.com/watch?v=oVP9lElYmEg
Que s’hipotequin els polítics : http://www.youtube.com/watch?v=xTPgfeEyItg
Vde VIVIENDA, Assemblea pel Dret a l’Habitatge
vdevivienda.bcn(a)gmail.com http://bcn.vdevivienda.net
* BCN.VDEVIVIENDA.NET - 29.06.09
Costas deja mil chalés fuera de ordenación en Xàbia
ELPAÍS/Alicante* : Revolución en los acantilados de Xàbia. El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado a través de su área de Costas un deslinde de dominio público marítimo-terrestre que afecta a 15 kilómetros del litoral sur de la población para ordenar el caos urbanístico provocado por miles de viviendas y urbanizaciones de lujo colgadas de los riscos del litoral e impedir más edificaciones en primera línea.
El deslinde deja fuera de ordenación un millar de chalés entre la Cala Blanca y La Granadella, en el límite entre Xàbia y Benitatxell, y prevé el derrumbe de parte de un centenar de propiedades, por lo que piscinas, jardines, terrazas, vallados y parte de algunas viviendas acabarán convertidas en escombros.
Decenas de vecinos afectados protestaron ayer en el Ayuntamiento por esta decisión y preparan alegaciones. Recibieron el apoyo del alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, quien ya ha emitido un recurso contra el deslinde porque "supone un atentado contra el derecho constitucional a la propiedad privada" y afecta a construcciones autorizadas por el Plan General de 1990, informado favorablemente por Costas.
Este último organismo esgrime en cambio la necesidad de preservar un paraje de gran valor ecológico muy castigado por la presión urbanística, hasta el punto de que se han producido ya varios desprendimientos de rocas. El deslinde diferenciará tres zonas: en la más cercana al mar, la de dominio público, se efectuarán las demoliciones, excepto en aquellos inmuebles previos a 1988, que se respetarán pero cuyos dueños perderán la condición de propietarios y sólo disfrutarán de sus casas en régimen de concesión de 30 años.
A partir de la línea de dominio público se habilitarán seis metros de servidumbre de tránsito donde tampoco podrá haber edificaciones, si bien por ahora Costas no prevé allí usar la piqueta. Y una tercera línea de 20 metros de servidumbre de protección donde se podrán mantener viviendas, pero no ser ampliadas, y cualquier reforma precisará permiso de Costas.
Los constructores de Xàbia creen que el deslinde será la puntilla para un sector en plena crisis. "La única demanda que nos quedaba era la de extranjeros que pedían chalés en primera línea y ahora vamos a perder también ese mercado" señaló el empresario Rafael Matí.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 03/07/2009
Foto: Xabia - lasprovincias.es
