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20MINUTOS* : Alcalá de Guadaíra, Castilblanco, Gerena, El Arahal, La Rinconada... Los delitos urbanísticos son uno de los principales problemas de muchos municipios sevillanos. En sólo un año, la Fiscalía de Sevilla ha visto cómo crecían casi un 30%, pasando de los 198 que hubo en 2007 a los 255 del pasado año.
La mayoría son por «edificaciones levantadas por particulares en parcelaciones ilegales perpetradas en suelo no urbanizable que no es de especial protección». La Fiscalía culpa de esta subida a los ayuntamientos, ya que «su disciplina urbanística es ínfima».
Además, reconoce su sorpresa porque «la situación haya empeorado pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias.
Más delitos en El Arahal
En los delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía destaca los numerosos procedimientos que afectan a parajes de El Arahal.
Un asunto relevante y que, según la previsión policial, producirá más de 170 atestados por acciones presuntamente delictivas en una zona no urbanizable de 294.883 m2, en la que se han creado 147 parcelas, muchas de las cuales ya tienen edificaciones sin licencia.
También se han tramitado procedimientos contra responsables municipales por prevaricación urbanística.
Los más destacados fueron los de los alcaldes de Castilblanco (por su «absoluta desidia y pasividad» para evitar las cerca de 500 edificaciones existentes en la dehesa Las Minas, de naturaleza forestal); Burguillos (por otorgar una licencia para edificación en contradicción con el planeamiento vigente).
También Morón (por dar licencias ilegales en un polígono industrial); y Lora de Estepa (por autorizar edificaciones en suelo rústico). Ninguno de ellos está en prisión provisional por estos delitos.
Respecto a los delitos que atentan directamente al medio ambiente, la Fiscalía resalta la actuación contra la empresa minera Cobre Las Cruces por la contaminación del acuífero Niebla-Posadas, del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla.
También el abierto contra los alcaldes de Morón, «por la tolerancia, falta de control y constante inactividad ante los vertidos tóxicos de las industrias de aderezo de la aceituna» al río Guadaíra; y Guillena, por autorizar un vertedero incontrolado.
* 20 Minutos - JORGE GARCIA. 05.07.2009
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es
Los delitos urbanísticos en Sevilla suben casi un 30% en un año
El palacio de Boadilla enfrenta a los vecinos con la Sociedad de Autores
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ELPAÍS/Madrid* : "No hay por dónde cogerlo". La Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte no está de acuerdo con el proyecto que la SGAE tiene para el edificio y ayer concentró a cerca de 300 vecinos para demostrarlo. Durante la concentración, exigieron la anulación del convenio por el que el palacio pasa a ser de la Sociedad de Autores y pidieron que "se restaure como bien de uso cultural y político".
El palacio del infante don Luis, obra neoclásica de Ventura Rodríguez, pasó a manos de la SGAE en noviembre de 2006 con un contrato de cesión por 75 años. La Sociedad de Autores se comprometió a rehabilitarlo, conservarlo y mantenerlo, con un proyecto de 30 millones de euros. Pero este proyecto no convence a los Amigos del Palacio, que llevan un mes recogiendo firmas en contra. Tienen más de 3.000, y han solicitado también la ayuda del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo.
"Se olvidan de que el palacio y todo su entorno son un Bien de Interés Cultural", se lamenta la presidenta de la asociación, Paloma Olmedo. "Por eso no pueden segregar espacios ni añadir nuevas construcciones". Olmedo denuncia que "el proyecto añade cubos de cristal en los jardines y otras barbaridades. Hay que preservar la estética del conjunto". La asociación, creada en 2002, no descarta acudir a la vía judicial para denunciar el proyecto. Los socialistas de Boadilla se unieron también a la protesta en la explanada del palacio. "Es un convenio muy cerrado que no hace accesible el palacio para los ciudadanos", opina el portavoz socialista, Pablo Nieto.
* ELPAIS.com - B. JIMÉNEZ - Madrid - 06/07/2009
Foto: Imagen del Palacio de Boadilla. (Diego Sinova), elmundo.es
Cultura salvó una ciudad visigoda de un plan urbanístico como el del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Ministerio de Cultura, al que el Tribunal Supremo ha ordenado que emita informes sobre el posible expolio en el conjunto histórico protegido del barrio del Cabanyal, no suele terciar en planificación urbanística. Las competencias que la ley de Patrimonio Histórico le otorga en materia de expolio las ha llevado por el terreno de la dispersión de obras de arte y por el rescate del patrimonio documental o de los tesoros submarinos (como el caso del Odissey).
Una de las raras y recientes excepciones en materia urbanística apuntadas a este diario por el Ministerio de Cultura es el plan de la Vega Baja. Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Toledo, preveía la construcción de 1.300 viviendas, un hotel y un complejo comercial sobre las ruinas de una ciudad visigoda amparada por la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.
La presión de organismos internacionales como la Unesco y de las plataformas cívicas y culturales, entre ellas, la Real Fundación de Toledo liderada por Gregorio Marañón, forzaron en 2006 al Gobierno de Castilla-la Mancha a paralizarle al ayuntamiento el proyecto al que inicialmente había dado el visto bueno por su componente social -se construirían viviendas baratas- y condicionándolo a las catas arqueológicas.
El Ministerio de Cultura, aunque tarde, acudió al rescate de la ciudad visigoda y la entonces ministra Carmen Calvo -quien advirtió de que de no haber intervenido el Gobierno Regional lo hubiera hecho el Gobierno- impulsó un convenio para crear un centro de interpretación y un museo donde antes se habían proyectado torres de edificios. El proyecto a día de hoy no termina de cuajar pero las ruinas están intactas y se han declarado Bien de Interés Cultural.
Al barrio de arquitectura popular modernista del Cabanyal esa misma figura de protección le ha servido de poco ante el plan de reforma interior que incluye la polémica prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El proyecto ha sido ratificado hasta en diez ocasiones por los tribunales. Pese a todo la plataforma Salvem el Cabanyal sigue invocando a la tutela superior del Estado para frenar el derribo de 1.600 casas. El Ministerio de Cultura, de momento, da la callada por respuesta. Sólo apunta que su potestad es "muy limitada" porque "las competencias están transferidas". Más de veinte días después de la sentencia del Supremo, el ministerio no aclara en qué punto se encuentran los informes. Mientras, los derribos en el BIC siguen. El intento del PSPV de forzar en el último pleno a Rita Barberá a parar los derribos entretanto llega el informe de Cultura fracasó.
Interés social o valor patrimonial
El plan de ordenación municipal (POM) Vega Baja se remonta al año 2000. Dos años antes se aprobó el plan especial (Pepri) de Cabanyal. Ambos afectan a entornos protegidos y se presentaron con el aval del interés social y la construcción de vivienda pública. En Toledo, los socialistas, entonces en la oposición y hoy en el gobierno, no quisieron descolgarse de un proyecto bien recibido por la población. Sólo Izquierda Unida, partido se opuso desde el principio. En Valencia, el plan del Cabanyal siempre ha tenido en contra a la oposición (PSPV e IU -ahora sin representación en el ayuntamiento-) que cuando tuvo ocasión de solucionar la conexión de Blasco Ibáñez con el mar en el PGOU de 1989 optó por dejarla "diferida".
De proyecto público a mixto
El proyecto de la Vega Baja nació público y se convirtió en mixto por la entrada de socios privados relacionados con la banca, según recoge la periodista Cristina Martínez en el libro Vega Baja de Toledo. Historia de un rescate. El Ayuntamiento de Valencia también dio entrada en la sociedad Cabanyal 2010, creada en 2005 para ejecutar el plan del Cabanyal, a los socios privados, en su mayoría promotores, que se han descolgado del proyecto por la crisis.
El debate en las urnas
Los planes urbanísticos de Vega Baja y el Cabanyal han tenido reflejo en las urnas. El bloqueo del proyecto y la degradación del barrio del Cabanyal han afianzado los votos del PP en el barrio que las últimas elecciones obtuvo mayoría. En cambio al histórico alcalde de Toledo Manuel Molina (PP) la urbanización de la Vega Baja, entre otros factores, le costó la alcaldía.
* ELPAIS.com - HORTENSIA GARCÍA - 6.07.09
Foto: Vivienda con torre-miramar en la calle Escalante del Cabanyal. - daniel tortajada, levante-emv.com
Gran Scala o gran estafa
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ELPAÍS/Zaragoza* : ¿Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Ontiñena? Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje árido y economía de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio diseñado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ¿Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa.
El Gobierno aragonés patrocina el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hectáreas en Ontiñena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Aragón. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragonés tendrá un problema.
La polémica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se presentó un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversión, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques temáticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pensó que el Gobierno aragonés, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.
Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno aragonés y líder del Par, socio de la coalición gobernante. Políticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garantía.
Durante meses, las noticias alimentaron a los escépticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.
También se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una región con la ley del juego más restrictiva de España. En Aragón sólo se autoriza un casino por provincia. Los promotores querían una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstención del PP en algunos artículos.
Muchas asociaciones cívicas han mostrado su oposición y han generado una opinión en contra. Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Fundación Ecología y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran engaño. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas. Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragonés ha mantenido un prudente silencio. Jesús Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una crítica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustaría estar cerca de la participación de un proyecto de esta magnitud".
Otra incógnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ¿dónde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hectáreas. El Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).
ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene José Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado más de 2.000 hectáreas para decidir".
Todas estas acusaciones no parecen alterar el ánimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este último año y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversión", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qué hay detrás y lo que hay detrás son empresas con 5.000 millones de facturación. Si sólo miran ILD verán que no tiene empleados. ¿Capital? El mínimo. ¿Ingresos? Ninguno. ¿Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran incógnita: si no había una predisposición del Gobierno, no arrancábamos".
Riera contesta a las acusaciones con una reflexión: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aquí parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ningún beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobación de la ley, llega "una fase más constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque temático".
La ciudad privada
La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada también como la Ley Gran Scala. Su contenido es polémico y no sólo por el mero hecho de que permita la aglomeración de casinos de juego en un mismo territorio sino también porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Aragón presentó algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los artículos.
Según expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que más ha llamado la atención es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Aragón y autoridades de la comarca", explica Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. "Siguiendo sus artículos, Gran Scala pasaría a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio". "¿Estaría permitida una manifestación en ese territorio?", se pregunta López Román. "Tal y como está la ley, no queda claro aspecto tan importante".
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ - Zaragoza - 05/07/2009
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elpais.com
Lo que escondía la causa del "caso Arona"
ELDÍA/Tenerife* : La gestión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Arona sigue en entredicho debido a la presunta trama de corrupción urbanística que se destapó desde hace ya más de dos años, con lo que se ha llamado "caso Arona".La tranquilidad que había en el ayuntamiento hasta enero de 2007 se vería alterada cuando la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella contra la Junta de Gobierno del pasado mandato, es decir, la del período comprendido entre 2003 y 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
En aquellas fechas, a raíz de un pacto de gobierno, la Alcaldía la ostentaba el nacionalista José Alberto González Reverón, que a día de hoy sigue manteniendo este mismo cargo, pero ahora con mayoría absoluta.
La adopción de unos 300 acuerdos, entre enero de 2004 y noviembre de 2006, y que consistían en la concesión de alrededor 200 licencias urbanísticas, que supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad de los servicios jurídicos y de la propia Secretaría fue el principio de la denuncia que presentaría la Fiscalía.
A estos expedientes se suman otros 80 referidos a contrataciones con informes, al parecer, contrarios del departamento de Intervención del Ayuntamiento aronero.
La Fiscalía tiene conocimiento de toda esta situación porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista tanto en el pasado mandato como en éste, Francisco García Santamaría, comunica todos estos hechos de presunta corrupción, lo que sucedió en noviembre de 2006.
La denuncia llega al Palacio de Justicia de Arona y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7, cuyo titular es Nelson Díaz Frías, comienza su investigación y que ha derivado, después de dos más de dos años, en nuevas imputaciones a cargos del actual gobierno municipal. Además, de representantes de la Cámara de Comercio.
21 de marzo de 2007.- Efectivos de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento sureño para recabar la documentación que requería el magistrado Nelson Díaz Frías, sobre los asuntos denunciados por la Fiscalía.
7 de mayo de 2007.- Tan sólo 20 días antes de las elecciones, José Alberto González fue el primero en acudir ante el juez a declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio. Ese mismo día declaró Manuel Barrios (CAN), entonces concejal de Urbanismo. En los días sucesivos, hasta el 10 de mayo, lo hicieron los restantes integrantes de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior: Daniel Martín (CAN), Félix Sierra (PP), Juan José Alayón (CC), Alfonso Barroso (CC), Sebastián Martín (CC) y José Luis González (CAN).
18 de octubre de 2007.- La maraña que Díaz Frías está desenredando también ha requerido la colaboración de funcionarios municipales. Hasta entonces, todo seguía sujeto a las interpretaciones políticas y de los técnicos especializados.
27 noviembre de 2007.- El juez Nelson Díaz ordenó a la Guardia Civil que le localicen a los representantes legales de diez empresas dedicadas a la construcción y otras actividades, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Gomasper y Marichal Inversiones del Sur, así como a algunos trabajadores municipales, entre los que se menciona a Roberto de Luis Jiménez y Eliseo de la Rosa González.
18 de diciembre de 2007.- La funcionaria Manuela Melo, adscrita al área de Urbanismo, acudió ese día ante el juez porque no pudo hacerlo en su momento. La declaración de esta testigo pasó inadvertida debido a que por la tarde del martes José Ramón Ansorena, de la empresa Proguito S.L., habló y aportó documentación y grabación a Nelson Díaz Frías. Lo que contenían esas aportaciones motivó que el magistrado considerara que había "nuevos hechos delictivos" por los que, esa misma tarde, ordenó y se produjeron las primeras dos detenciones del "caso Arona": Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal que fue acusado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; y Arsenio Zamora, empresario acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión, considerándole como "cooperador necesario" para la presunta comisión de los dos primeros delitos que le imputan. Ese día, el juez declara el secreto del sumario y los detenidos entraron en prisión el 21 de diciembre.
20 de diciembre de 2007.- El Pleno de Arona, con los votos a favor de CC y PP, aprueba utilizar fondos públicos para pagar la defensa de los ocho concejales y ex concejales imputados en el "caso Arona", si bien quien resulte condenado tendrá que devolver el importe de tal defensa al consistorio.
14 de febrero de 2008.- Roberto de Luis, aparejador municipal, y Zenón Rodríguez, arquitecto particular, son detenidos por presunto cohecho y tráfico de influencias, aunque al primero se le añade el supuesto delito de prevaricación. De la Rosa ingresó en prisión sin fianza al día siguiente, mientras que el representante legal de Rodríguez depositó el sábado, día 16, los 80.000 euros en que fue fijada su fianza y salió de la cárcel, si bien ambos volvieron a comparecer ante el juez un día antes.
11 de abril de 2008.- El abogado Felipe campos, a título personal, presenta en el Juzgado de Guardia de Arona la ampliación de las denuncias del "caso Arona". El letrado aporta otras 52 que, a su juicio, son "presuntamente delictivas" y que fueron otorgadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007. La peculiaridad es que 42 fueron concedidas por la Junta de Gobierno Local anterior y las restantes por la del mandato actual.
Noviembre-diciembre 2008.- El redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Jorge Coderch, según el contenido de un documento que lo constata, afirmó a un colectivo vecinal que en el planeamiento "hay muchas cosas incluidas porque se las pidió el gobierno municipal", de lo que dijo tener constancia escrita. Además, en el mismo documento aseguraba que el "99 por ciento de la gestión urbanística es ilegal".
29 de junio de 2009.- El juez instructor del caso decide levantar el secreto del sumario y se desvela que dos altos cargos de la Cámara de Comercio figuran entre los 28 imputados, que son Pedro González Santiago y Vicente Dorta Antequera, quienes están acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, igual que el abogado Carlos Enrique Morales. Asimismo, al alcalde, José Alberto González Reverón, se le añaden otros dos presuntos delitos más: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Díaz Frías también decide imputar a cuatro nuevos concejales del actual gobierno nacionalista, concretamente a Antonio Sosa, Clara María Pérez, María Candelaria Padrón y Manuel Reverón. Además, mantiene imputado al edil del PP y consejero delegado del Sur del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra. Las diligencias abiertas actualmente son muchas y su estudio darán más resultados tras las investigaciones oportunas.
* El Día - 5.07.09
Foto: arona - las_americas - hotspotz
150 casos de obra nueva prescriben en El Puerto por la inacción de IP
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DIARIODECÁDIZ* : Poco recorrido judicial les queda a la práctica totalidad de los más 160 casos de obra nueva presuntamente fraudulentos que el nuevo Gobierno del Partido Popular de El Puerto empezó a enviar a la Fiscalía de Cádiz en octubre de 2007, la mayoría de los cuales se han plasmado en denuncias interpuestas en los Juzgados de El Puerto por el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez.
Según ha podido comprobar este diario, la mayoría de los casos que han sido denunciados por el fiscal, al constatar que se trata de viviendas que han sido erigidas en su mayor parte en suelo no urbanizable, amparándose en certificados supuestamente falsos de antigüedad de casas inexistentes, datan de los años 2002 a 2004, cuando gobernaban en El Puerto los Independientes Portuenses de Hernán Díaz.
A la Fiscalía de Cádiz no comenzaron a llegar, de la mano del nuevo gobierno del PP surgido tras los comicios de mayo de 2007, hasta octubre de ese mismo 2007. Y Núñez, una vez realizadas las pertinentes comprobaciones, no comenzó a cursar las primeras denuncias hasta febrero de 2008, hasta terminar incoando del orden de 150.
De facto esto entraña que, dado que la Audiencia de Cádiz finalmente ha decidido adoptar el criterio de que los profesionales que suscriben dichos certificados no actúan en calidad de funcionarios públicos (en contra de la tesis que defendió el fiscal, y que había sido admitida en primera instancia), sino como particulares, por lo que el supuesto delito cometido, falsedad en documento público, prescribe a los tres años de los hechos, la inmensa mayoría de los casos van a ser archivados en los próximos meses.
Lo grave de toda esta historia es que ni uno solo de estos casos hubiera prescrito si los anteriores mandatarios de El Puerto hubieran atendido la orden expresa que formalizó el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Romero.
Este periódico ha tenido acceso a un documento interno que prueba que el gobierno de Hernán Díaz estaba al tanto de que en la ciudad comenzaban a detectarse casos fraudulentos de obra nueva y no tomaron medidas.
Fue en concreto el 18 de febrero de 2005 cuando el secretario municipal envió un correo electrónico a las personas que de modo más directo tenían encomendada la responsabilidad de atajar posibles irregularidades urbanísticas en El Puerto.
Empezando por el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, siguiendo por el jefe de Licencias y Disciplina de dicha área, Fernando Jiménez Fornell, para terminar con el entonces gerente de la empresa municipal Serecop (que por convenio suscrito con el Ayuntamiento, tenía encomendadas tareas urbanísticas como las inspecciones ), Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, y la por aquellas fechas responsable del Área de Hacienda, María Jesús Sánchez.
Aunque en el caso de esta última edil, hay que aclarar que era ella precisamente la que había advertido al secretario de la existencia de diversas irregularidades detectadas en antigüedades de inmuebles.
De hecho, la orden que cursó el secretario (con copia también al asesor jurídico de Urbanismo y a un responsable de Medio Ambiente) comenzaba precisamente informando a todos los destinatarios del correo que se habían recibido en la Secretaría General oficios de la teniente de alcalde delegada de Hacienda relativos a expedientes remitidos por la sección del IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), "en los que, con ocasión de declaración a efectos de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles por la Oficina Técnica Catastral de Serecop, se pone de manifiesto la presunta falsedad de determinados certificados relativos a la antigüedad de los inmuebles".
La comunicación del secretario continuaba explicando que "actualmente está vigente el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa municipal Serecop para la obtención de información destinada al negociado de disciplina del Área de Urbanismo".
Así las cosas, instaba Jiménez Romero, "en virtud de ello, desde Serecop debe trasladarse directamente al servicio de Licencias y Disciplina Urbanística la documentación correspondiente a los expedientes catastrales en los que se ponga de manifiesto la presunta falsedad de certificaciones relativas a la antigüedad de los inmuebles".
Y la coletilla siguiente se revela ahora más que premonitoria. Porque, de modo textual, el secretario advertía a todos los que tenían la responsabilidad de frenar las irregularidades que comenzaban a detectarse en el término municipal, que "dichas comunicaciones deben producirse con la máxima rapidez, para evitar que se produzca la prescripción de posibles infracciones urbanísticas".
La orden del secretario iba más allá y recogía de modo literal al final que "una vez recibida la información en el Servicio de Licencias y Disciplina, se deberán poner en marcha por dicho servicio las correspondientes actuaciones en materia de disciplina urbanística, y las demás que procedan por la comisión de hechos que puedan incurrir en otras responsabilidades, así como las medidas encaminadas en orden a reflejar la situación real de los inmuebles en el orden registral".
El propio devenir de los acontecimientos que se han venido sucediendo con estas prácticas ilegales registradas en El Puerto ha constatado que la orden del secretario fue ignorada.
Ninguno de estos casos llegó a la Justicia, para que se depuraran las responsabilidades penales derivadas de las construcciones ilegales con documentos públicos falsos, durante el anterior mandato de IP.
Por ello ahora 150 casos van a terminar siendo archivados por los Juzgados de El Puerto, donde hoy en día se siguen tramitando las denuncias de Ángel Núñez, a tenor del criterio que ha impuesto la Audiencia.
Un criterio que ha asumido la Fiscalía de Cádiz, que ha descartado recurrir en casación al Supremo al considerar que uno de los autos que ha ratificado el archivo de un caso que había sido recurrido por el Ministerio público está muy bien fundamentado.
Falta por ver si las iniciativas emprendidas por Izquierda Unida, que ha pedido a la Fiscalía que busque resquicios legales para evitar la prescripción en masa de casos de este tipo y ha requerido en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Vivienda, surten al final algún efecto que pueda evitar que tantos delitos queden impunes. Falta por ver también si el PP de El Puerto, en cuyo seno el cambio de criterio de la Audiencia ha causado malestar y preocupación, promueve alguna medida para evitar los carpetazos judiciales.
En caso contrario, siempre quedaría a opción esbozada por el diputado autonómico de IU Ignacio García, de proceder de oficio contra los responsables de las prescripciones por su pasividad y/o permisividad. Unos responsables que, en el caso de El Puerto, tienen nombres y apellidos.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 5.07.09
Foto: Un caso en Los Perales: en 2004 se certifica una casa en un solar vacío, en el medio; en 2007, se hacen 4 casas. - diariodecadiz.es
Entrar en coche a Madrid o a Barcelona es el doble de rápido que en transporte público
ELPAÍS* : Acceder a Madrid o a Barcelona en coche es, de media, casi el doble de rápido que hacerlo en transporte público. El vehículo privado es más rápido incluso en las horas punta, cuando el tráfico está más congestionado. Éstas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Anuario de la Movilidad del año 2008 que ha elaborado el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC).
De media, entrar a los centros de Madrid o Barcelona en coche durante la hora punta supone 39 minutos, mientras que hacerlo usando el transporte público cuesta 72 minutos, es decir, prácticamente el doble. El RACC ha obtenido estos resultados midiendo el tiempo que supone de media llegar a ambas ciudades desde sus respectivas coronas metropolitanas empleando distintos medios de transporte.
Ante estas cifras, el RACC ha subrayado la necesidad de mejorar los transportes públicos para hacer su oferta más competitiva y así atraer a más usuarios que aún prefieren desplazarse en sus propios automóviles. Según el estudio, los conductores sólo estarían dispuestos a dejar sus coches en casa si el transporte público les garantizara unos trayectos de unos 31 minutos, menos de la mitad de lo que tarda ahora de media.
Según el citado dossier, la congestión de los accesos por carretera afecta diariamente a medio millón de usuarios de vehículos privados y autobuses en Barcelona y a un millón en Madrid. Esta congestión, que el informe califica como "una significativa pérdida de la calidad de vida para el ciudadano", supone una pérdida diaria de 11,9 minutos en la ciudad condal y de 14 minutos en la capital de España. Durante las horas punta, la pérdida es aún mayor: 18 minutos en Barcelona y 33 en Madrid.
El mayor colapso en los accesos a Madrid se explicaría por la "notoria diferencia" de la oferta de vías libres y de peaje, ya que mientras en Barcelona es más equilibrada, a Madrid sólo accede por vías de peaje el 3% del tráfico.
El RACC estima el coste de los atascos en cerca de 400 millones de euros anuales en el Área Metropolitana de Barcelona y alrededor del doble en Madrid, el equivalente a un 0,3% y a un 0,6% del Producto Interior Bruto de las respectivas Comunidades Autónomas.
La estrategia que propone el Real Automóvil Club para mejorar esta situación incluye varios puntos: homogeneizar la capacidad de las distintas vías para repartir el tráfico entre ellas, reforzar el transporte público dándole prioridad sobre el privado, estimular la alta ocupación de los automóviles privados y mejorar el funcionamiento de las zonas de aparcamiento de pago.
* ELPAIS.com - EGOITZ GAGO - Barcelona - 03/07/2009
Foto: Atasco AP-7 Tarragona - EFE
Vecinos de Navia rechazan que se triplique el número de viviendas
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FARODEVIGO* : La Asociación de Vecinos de Navia se opone al cambio de aprovechamiento de los terrenos del polígono propuesto por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que permitiría pasar de las 613 viviendas previstas en la última fase del Plan Parcial a el triple: 1.793. Los responsables vecinales critican este cambio, que el IGVS planteó ya a la Gerencia de Urbanismo.
“El nuevo planeamiento propuesto es radicalmente contrario al consenso; y un agravio comparativo con los aprovechamientos alcanzados por los anteriores propietarios de los terrenos, que en muchos casos fueron expropiados con un fin social y no especulativo”, argumentan.
Dentro del ámbito del PAU de Navia se concedieron hasta la fecha licencias para 3.732 viviendas, quedando por ejecutarse 613, de las que 149 serían de construcción colectiva en planta baja más tres alturas y 464 familiares, adosadas o pareadas. La propuesta del IGVS, que triplicaría el número, contempla la posibilidad de construir más alturas de las previstas.
“Rechazamos cualquier modificación del PAU de Navia que varíe en un sentido negativo el consenso alcanzado hace más de diez años por los vecinos de la parroquia”, advierten la junta directiva de la Asociación Vecinal de Navia.
Medios
Los responsables vecinales adelantan que pondrán “todos medios posibles” para que el proyecto planteado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo “no se lleve adelante”. La junta directiva anuncia que tratará este tema en la próxima asamblea vecinal.
Si la nueva ordenación se llevara adelante sólo podrá proseguir si se mantienen los usos ya previstos, con la única variación de que las viviendas unifamiliares pasen a ser colectivas. Asimismo, la modificación deberá justificar el cumplimiento de la normativa en materia de uso de vivienda, el Código Técnico de la Edificación y las normas generales contempladas en el Plan Xeral.
* Faro de Vigo - 5.07.09
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
El TSJC anula todas las licencias del plan parcial de Playa Blanca, Lanzarote
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CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado a instancias de la Fundación César Manrique la nulidad de todas las licencias concedidas en el plan parcial Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, y ordena "el restablecimiento de la realidad alterada" con la ejecución de obras en el citado plan.
La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC acaba de notificar que ha desestimado el recurso de apelación presentado por los promotores del plan parcial Playa Blanca, contra un anterior fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo que, a instancias del recurso interpuesto por la entidad, anuló el proyecto de urbanización del citado plan que contemplaba la construcción de 1.800 viviendas y en torno a 4.500 plazas residenciales.
Según informó hoy la Fundación, esta nueva sentencia es la resolución del TSJC, con carácter firme, a un recurso interpuesto por los promotores contra la anulación del plan, cuestión que ahora el zanja el TSJC de manera definitiva.
La Fundación César Manrique destaca que con esta sentencia, el TSJC ratifica el fallo en primera instancia dictado por el Juzgado , que anuló el proyecto de urbanización por dos razones fundamentales: una formal, ya que el Ayuntamiento publicó extemporáneamente las normas urbanísticas del plan en cuestón y otra de fondo, ya que, según estima el fallo, el plan quedó extinguido por la aplicación de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
En la sentencia que desestima el recurso de los promotores del Plan Parcial Playa Blanca a instancias de la FCM, el TSJC cita en esta ocasión que "la anulación del proyecto de urbanización conlleva que desaparezca de mundo jurídico con todas las consecuencias que conlleva tal declaración, siendo el restablecimiento de la realidad alterada y transformada la consecuencia de tal declaración de nulidad.
Es decir, anulado el proyecto de urbanización, la consecuencia será el restablecimiento en el plano jurídico y material de esa realidad alterada en cualquiera de sus formas".
* Canarias 7 - EFE - 2.07.09
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - canarias7.es
Denuncian un "nuevo desatino" de La Junta en Gredos
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AVILARED* : Ha sido la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda. Este colectivo ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha autorizado de nuevo la ocupación de 7.935 m2 del Monte Público nº 5 de Candeleda para las obras de abastecimiento de agua a la macrourbanización “Candelas de Gredos”.
Según recuerda esta plataforma en un comunicado, “el permiso de ocupación de este Monte Público, integrado en el Parque Regional de Gredos, fue otorgado por dicha Consejería y por primera vez en el año 2004 a la promotora Dávila Monteblanco SL, previo pago de una tasa de 7.400 euros”. Esta autorización, añade el comunicado, “tenía una vigencia de un año con el fin de que dieran comienzo las obras pero éstas no comenzaron hasta el año pasado”, si bien, en noviembre de 2008, la Plataforma “consiguió que la Junta declarara la caducidad de ese desafortunado permiso”. Ahora, “de forma sorprendente e inaudita, tras la interposición de un Recurso de Alzada por el promotor, el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible, apoyado en unos argumentos de imposible justificación y sin sentido, ha vuelto a otorgar lo que corresponde únicamente a la Sierra de Gredos”, ha criticado la Plataforma. Desde su punto de vista, “esta decisión no puede ser ajena a la defensa de Gredos y de Candeleda” y recuerda que “hay varios procedimientos judiciales abiertos en diferentes Tribunales, así como una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en contra del proyecto de construcción de la macrourbanización” objeto de la polémica. La Plataforma reitera su rechazo a “un proyecto tan irracional y devastador que mermara nuestros recursos e hipotecara nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
* avilared.com - 3.07.09
Foto: Trabajos realizados para el suministro de agua de la urbanización de Candeleda - aviladigital.com
El fiscal pide 12 años para Del Nido por el 'caso Minutas' de Marbella
ELPAÍS/Málaga* : En junio de 1999, Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella, contrató, de forma verbal y sin que mediara expediente alguno, los servicios del letrado y directivo del Sevilla FC José María del Nido. El presidente del Atlético de Madrid y sumo enladrillador marbellí estaba inquieto. La maquinaria del Estado comenzaba a interesarse por las irregularidades, cada vez más evidentes, de su gestión municipal.
Gil acababa de enemistarse con su consigliere de toda la vida, José Luis Sierra, y necesitaba otro abogado al que dar plenos poderes para impedir, o al menos obstaculizar, las inspecciones. Y para ello nadie mejor que Del Nido, con quien Gil compartía amistad gracias a los negocios futbolísticos, y que había intervenido como letrado en el llamado caso camisetas. Comenzaba así un suculento negocio para el abogado sevillano, que llegó a facturar 6,7 millones de euros al Ayuntamiento entre 1999 y 2003.
Sin embargo, gran parte de estas minutas giradas por Del Nido, corresponden, según la Fiscalía Anticorrupción a "servicios tan alejados de los intereses públicos de la corporación como innecesarios, o cuya facturación no se compadecía con el trabajo efectivamente desempeñado por el letrado". Del Nido, pese a cobrar del consistorio, "aceptó servir a la persona del fallecido Jesús Gil por encima de los intereses municipales", afirma el fiscal Juan Carlos López Caballero. Se han identificado decenas de minutas, que totalizan 1,6 millones de euros, dinero que Del Nido supuestamente cobró de más. Según el fiscal, Gil, el abogado, el alcalde accidental Julián Muñoz y otros personajes cercanos al Ayuntamiento planearon una "maquinación defraudatoria estable y progresiva" que generó un "grave perjuicio" a las arcas municipales.
En un escrito de calificación con fecha de ayer, el fiscal López Caballero pide para Del Nido 12 años y medio de prisión y 20 de inhabilitación especial por el siguiente rosario de delitos: asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, falsedad documental, delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles e inmuebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial de funcionario público y falsedad en documento privado. Asimismo, solicita 15 años para Julián Muñoz; 16 para Modesto Perodia, administrador y apoderado de varias sociedad municipales; siete para el contable de las sociedades municipales Víctor Cohen, y dos y medio para el también contable Antonio Calleja.
El plantel de imputados se completa con otros nombres habituales en las causas contra la corrupción en Marbella, entre los que destaca Juan Antonio Roca, supuesto cerebro del caso Malaya, a quien se piden seis años de prisión. También figuran varios ex ediles como Tomás Reñones o Javier Lendínez, y la propia ex esposa de Del Nido, Ángeles Carrasco.
Los trabajos cobrados al Ayuntamiento de Marbella suponían, según el fiscal, el 70% de la facturación del despacho de Del Nido durante aquellos años. Los pagos supuestamente irregulares fueron detectados por el Tribunal de Cuentas en su análisis de las cuentas marbellíes de los años 1999 y 2000. Según el relato del fiscal, Del Nido fue fichado por Gil para evitar que los inspectores del no detectaran las "numerosas irregularidades contables y detracciones de fondos". La mayor parte de las minutas tienen que ver con recursos, alegaciones y recusaciones de los inspectores del Tribunal de Cuentas, que se habían negado a considerar a Del Nido interlocutor válido del ayuntamiento.
Irregularidades
- Remuneración mensual. El Ayuntamiento firmó con Del Nido un "contrato de arrendamientos de servicios" sin publicidad ni control presupuestario en el que se asignaba al letrado un sueldo mensual de 48.080 euros.
- Entregas a cuenta. El abogado cobró entregas a cuenta (dinero que los letrados cobran por adelantado como provisión de fondos para los pleitos) varios meses después de promover recursos.
- Fondos ajenos. Del Nido percibió 348.000 euros por la redacción de unas alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas. El documento tenía 758 folios, pero el letrado se limitó a ordenar documentos que redactaron el secretario, el interventor y el tesorero municipales.
* ELPAIS.com - F. J. P. - Málaga - 04/07/2009
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
La Fiscalía alerta de problemas para investigar los delitos urbanísticos
LAVOZDEGALICIA* : La investigación de delitos urbanísticos en Galicia está desbordada y bajo mínimos. Las unidades de la Guardia Civil adscritas a las fiscalías de urbanismo gallegas y que operan como policías judiciales disponen de escasos medios humanos y materiales para indagar en los casos de infracciones urbanísticas graves.
«As unidades están desbordadas porque a investigación destes delitos é moi complexa», reconoce el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien explica que los mayores problemas se centran en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde la presión urbanística es mayor. Es esta una de las razones por las que el fiscal superior de Galicia solicitó recientemente al Ministerio del Interior la creación de un Seprona autonómico adscrito en exclusiva a la Fiscalía para investigar delitos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio.
Varela destaca que las fiscalías especializadas en urbanismo están detectando que el número de agentes destinados a la investigación de estos delitos es insuficiente, «e os poucos que hai están desbordados», afirma.
En Pontevedra, la situación es crítica. Poco más de un año después de asumir las investigaciones de delitos urbanísticos, la unidad especializada de la Guardia Civil está próxima al colapso. La Fiscalía de Pontevedra alerta en su memoria anual de que los agentes «están desbordados por el trabajo y no cuentan con el número de personas suficientes para atender a todas las investigaciones de una forma puntual». No es una unidad cualquiera, ya que sus informes e investigaciones nutren al ministerio público. Sin ese equipo policial, la actividad de la Fiscalía en materia de urbanismo «sería imposible». El fiscal jefe pontevedrés, Juan Carlos Aladro, admite en la memoria que los agentes son quienes realizan «la totalidad de los informes que requiere el fiscal».
En las Rías Baixas, la situación es tan grave que la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil -compuesta por solo tres agentes para toda la provincia de Pontevedra- se ha visto obligada a devolver algunas de las investigaciones en curso al Seprona, «por la imposibilidad material de afrontarlas».
En cuanto a los tiempos de investigación, el colapso es tal que en alguna ocasión se han remitido las diligencias tramitadas a un juzgado sin adjuntar los informes requeridos, «porque el plazo de seis meses de que dispone el fiscal estaba próximo a cumplirse». Ante esta situación, Aladro sostiene que cada vez se hace más imprescindible que esta unidad y el Seprona «cuenten con más miembros para evitar estos problemas y agilizar la tramitación».
* La Voz de Galicia - J. M. Pan / L. Penide - 3/7/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
¿No hay una solución para la Cañada Real?
MADRIDIARIO* : Cuatro meses después, la Cañada Real sigue en el mismo sitio y en las mismas condiciones. Suciedad, drogas, insalubridad, problemas de seguridad o menores sin escolarizar continúa siendo el día a día de los habitantes de esta antigua zona protegida que sigue esperando una solución a sus problemas.
El pasado mes de marzo, Esperanza Aguirre prometía por sorpresa en los pasillos de la Asamblea de Madrid una ley para mantener la parte de vía pecuaria protegida y, al tiempo, legalizar la parte patrimonial del suelo que había sido adquirido u ocupado por sus actuales 'propietarios' de forma pacífica.
La presidenta regional aseguró que se habilitarían los meses de julio y agosto si fuesen necesarios para que la Asamblea trabajase durante el verano y la ley estuviera lista para septiembre, pero de momento no se ha hecho la solicitud a la Cámara ni se han comunicado avances al respecto.
La ley debía ser por consenso, pero este viernes, ante la tardanza de las conversaciones, el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid presentó su propia solución. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; la portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez; el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas; y los primeros tenientes de alcalde de Rivas y Coslada pusieron sobre la mesa la conversión de estos 14 kilómetros en un "corredor verde" que incluyese desarrollos urbanísticos sostenibles y acabe con todas las chabolas y, en ocasiones, chalets. Según Gómez, así se resolvería lo que es "un grave problema y una vergüenza".
El PSM propone realojar a parte de los 50.000 habitantes que ahora mismo viven sin servicios básicos, agua corriente o suministro eléctrico, pero ni si quiera los residentes lo tienen del todo claro. En general, estarían de acuerdo con pagar por los servicios que se les diesen legalizando sus propiedades con tal de tener un barrio decente, pero no todos podrían hacer frente a los gastos de compra del terreno y el realojo, dadas las numerosísimas realidades particulares que existen, tampoco contenta a todos.
¿Quién atenderá los servicios?
El consenso tampoco parece posible de momento entre los políticos. La Cañada es un cinturón que en la actualidad afecta a Madrid capital, Rivas , Coslada, San Fernando y las proximidades de Getafe. Las socialistas Rivas y Coslada apoyan la propuesta general de su partido, pero el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular de la Asamblea e Izquierda Unida creen que es un a solución "oportunista" y "unilateral" que se salta el consenso.
El PP, que tiene la iniciativa legislativa por gobernar la Comunidad, asegura que su ley está "muy avanzada" y que su debate se realizará pronto, pero en la Cañada se sigue esperando la decisión final mientras se suceden los desalojos y derribos ocasionales. Con todo, el debate fundamental no está tanto en la legalización de terrenos (las causas humanitarias se impondrían en parte a la conservación) como en quién dará servicios a esos madrileños cuando se constituyan en un auténtico barrio o barrios.
* Madridiario - 03-07-2009 - Ángel Calleja
Foto: Diego Sánchez
Sentada por la Vivienda Digna 5-J
VDEVIVENDA/Barcelona* : El 5 de julio a las 5 en Plaza Catalunya! Después de tres años desde las primeras sentadas, seguimos sin derecho a una vivienda. Millones de viviendas vacías, decenas de miles de hipotecados a punto de acabar en la puta calle y los alquileres a precios inasequibles. La cosa no cambia y los políticos apoyan a los que han causado el problema (en el BMP ‘low cost’ lo comprobamos: http://www.youtube.com/watch?v=E65ogzY54O4). Para colmo los gobiernos financian a los bancos con el dinero de todos, hipotecando nuestro futuro!!
Ni la vivienda ni el trabajo son mercancías para especular!
Si estas hart@ de buscar piso, si no encuentras alquiler, si te ahoga la hipoteca, si aún no puedes emanciparte… Ven a la sentada que montamos el 5 de Julio!
Buscaremos soluciones y haremos que se nos oiga!
Todo animado con bastante más que música, actividades y buen rollo!!
VEN Y PARTICIPA!
PÁSALO!!!
Videos convocant a la sentada
Preguntes i respostes : http://www.youtube.com/watch?v=oVP9lElYmEg
Que s’hipotequin els polítics : http://www.youtube.com/watch?v=xTPgfeEyItg
Vde VIVIENDA, Assemblea pel Dret a l’Habitatge
vdevivienda.bcn(a)gmail.com http://bcn.vdevivienda.net
* BCN.VDEVIVIENDA.NET - 29.06.09
Costas deja mil chalés fuera de ordenación en Xàbia
ELPAÍS/Alicante* : Revolución en los acantilados de Xàbia. El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado a través de su área de Costas un deslinde de dominio público marítimo-terrestre que afecta a 15 kilómetros del litoral sur de la población para ordenar el caos urbanístico provocado por miles de viviendas y urbanizaciones de lujo colgadas de los riscos del litoral e impedir más edificaciones en primera línea.
El deslinde deja fuera de ordenación un millar de chalés entre la Cala Blanca y La Granadella, en el límite entre Xàbia y Benitatxell, y prevé el derrumbe de parte de un centenar de propiedades, por lo que piscinas, jardines, terrazas, vallados y parte de algunas viviendas acabarán convertidas en escombros.
Decenas de vecinos afectados protestaron ayer en el Ayuntamiento por esta decisión y preparan alegaciones. Recibieron el apoyo del alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, quien ya ha emitido un recurso contra el deslinde porque "supone un atentado contra el derecho constitucional a la propiedad privada" y afecta a construcciones autorizadas por el Plan General de 1990, informado favorablemente por Costas.
Este último organismo esgrime en cambio la necesidad de preservar un paraje de gran valor ecológico muy castigado por la presión urbanística, hasta el punto de que se han producido ya varios desprendimientos de rocas. El deslinde diferenciará tres zonas: en la más cercana al mar, la de dominio público, se efectuarán las demoliciones, excepto en aquellos inmuebles previos a 1988, que se respetarán pero cuyos dueños perderán la condición de propietarios y sólo disfrutarán de sus casas en régimen de concesión de 30 años.
A partir de la línea de dominio público se habilitarán seis metros de servidumbre de tránsito donde tampoco podrá haber edificaciones, si bien por ahora Costas no prevé allí usar la piqueta. Y una tercera línea de 20 metros de servidumbre de protección donde se podrán mantener viviendas, pero no ser ampliadas, y cualquier reforma precisará permiso de Costas.
Los constructores de Xàbia creen que el deslinde será la puntilla para un sector en plena crisis. "La única demanda que nos quedaba era la de extranjeros que pedían chalés en primera línea y ahora vamos a perder también ese mercado" señaló el empresario Rafael Matí.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 03/07/2009
Foto: Xabia - lasprovincias.es
La Eurocámara pide que se investiguen obras en un paraje protegido de Vigo
ELPAÍS* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Plataforma de Defensa de la Ensenada de San Simón contra la tala y hormigonado de 50.000 metros cuadrados promovida por la Autoridad Portuaria de Vigo en el litoral de la citada ensenada (muelle de Duchess), que es zona afectada por la Red Natura.
La actuación, según los denunciantes, devasta uno de los lugares más emblemáticos de la ría viguesa, punto de referencia de la histórica batalla de Rande y yacimiento arqueológico de la flota hundida entonces.
La plataforma denunciante también señala el lugar, en las inmediaciones del puente de Rande, como el sitio literario que universalizó Julio Verne después de que lo hicieran los trovadores que cantaron al mar de Vigo, como Martín Codax. También es patrimonio histórico industrial de la ría por la vieja estructura de un cargadero de mineral y de la conocida popularmente como fábrica del alemán, en el propio estrecho de Rande.
Una vieja estructura metálica recuerda el uso que se le dio al embarcadero de Duchess durante la Segunda Guerra Mundial. Desde esa zona de Rande embarcaban los cargueros el wolframio gallego destinado a la industria militar de la Alemania nazi. Después se reconvirtió en embarcadero de minerales y la intensa oposición vecinal evitó que prosperara el proyecto de instalar en el mismo lugar una planta de cemento. La Autoridad Portuaria rescató la concesión a cambio de tres millones de euros.
La ensenada de San Simón, según indica la plataforma invocando la Constitución, representa como espacio protegido un hito de progreso social y una de las expresiones más contundentes del interés general que se integra en el derecho fundamental y prevalente de los ciudadanos a un medioambiente sano. Además, añade, el enclave es fundamental como nido biológico para el desarrollo de la riqueza pesquera y marisquera de la ría, declarado por la Xunta como zona de protección en 2002.
Por todos esos motivos, concluye la plataforma de San Simón, los únicos aprovechamientos económicos que deben permitirse son los tradicionales de la pesca, marisqueo, cultivos pesqueros y del mejillón, según se desprende de la directiva europea de Hábitat.
La obra, cuya denuncia ha admitido a trámite el Parlamento Europeo "debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea", fue promovida por el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Paz, sin someterla a información pública ni a declaración de impacto ambiental por considerar innecesario ese procedimiento. La zona hormigonada está destinada a almacenar contenedores para, con el beneplácito de los usuarios del puerto de Vigo, aliviar la situación de la terminal de Guixar, dentro de una política general que continúa la actual presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, para ganar espacios para usos portuarios. Las obras en el muelle de Duchess comenzaron en septiembre pasado y se han realizado sin permiso del Ayuntamiento de Redondela, al que correspondería otorgarlo, según la plataforma de San Simón, por pertenecer a su término la mitad del suelo hormigonado.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según la respuesta que da a la denuncia, "ha iniciado el examen de su petición y ha decidido a tal efecto solicitar a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema". La plataforma espera desde hace un mes a que Corina Porro les conceda audiencia para hablar de éste y otros problemas análogos. "De momento sólo ha recibido a los interesados en más rellenos y ampliaciones", se queja Antonio Lores, su portavoz.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 02/07/2009
Foto: Vigo, muelle puerto - galiciadigital.com
Valencia: Salvem el Cabanyal
La lucha contra la destrucción de un modelo de vida, unas relaciones sociales y humanas, una cultura pegada al mar
La Plataforma Salvem El Cabanyal os convoca a participar en la campaña que iniciaron los 21 grupos de músicos que actuaron en el concierto Rock contra el derribo.
RUIDO CON CULTURA
SOROLL AMB CULTURA
Sabéis que la última sentencia del Tribunal Supremo insta al Ministerio de Cultura que dictamine si en el Cabanyal se produce expolio con la destrucción de 1.651 viviendas
Tenemos una tarea solidaria que hacer y es muy importante para nosotros y para todos los que defendemos el patrimonio histórico y la justicia social
¿Qué hay que hacer?
1º Enviar un correo electrónico al Ministerio de Cultura.
clica en el siguiente enlace y entrarás directamente en la web del Ministerio.
En la página de contacto del ministerio hay un cuestionario y pondremos:
- Asunto: Denunciar expolio en El Cabanyal
- Tipo de mensaje: sugerencia
- Destinatario: Patrimonio Histórico
- Texto: el que se estime oportuno.Si lo deseais podeis copiar y pegar el siguiente:
Sra. Dña Ángeles González-Sinde
Ministra de Cultura
Señora Ministra,
Con esta carta quiero sumarme a todos los ciudadanos que desde hace años exigen que el barrio marinero del Cabanyal sea rehabilitado y no destruido. Se trata de nuestro patrimonio histórico y cultural, lo que lo hace importante. Además se trata de cumplir la Ley , y eso también es importante.
El Tribunal Supremo ha puesto en manos del Ministerio que usted dirige la oportunidad de detener la ejecución de un Plan municipal que salvo el gobierno valenciano, en manos del Partido Popular, nadie defiende.
El Gobierno del que usted forma parte tiene como principios el cumplimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos de las personas y la protección de los más débiles: los vecinos del Cabanyal padecemos un acoso devastador provocado por los derribos efectuados por orden municipal; y todos los ciudadanos una merma de su patrimonio histórico.
Por ello le pido que desde el Ministerio de Cultura se elabore con urgencia el informe que ha solicitado el Tribunal Supremo y atendiendo a los amplios y exhaustivos informes técnicos aportados en el expediente, declare que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal supone expolio del Patrimonio Histórico Español.
Atentamente
2º Reenviar el mensaje a la vicepresidenta del gobierno español.
clica en el siguiente enlace y entrarás directamente en la web de la vicepresidencia primera
En la pagina de contacto del ministerio hay un cuestionario y pondremos:
- A quién se dirige: Otra unidad - Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega
- Texto: el mismo que se ha enviado al Ministerio de Cultura)
3º Si has enviado los correos es importante comunicarlo a la Plataforma Salvem El Cabanyal: plataforma@cabanyal.com
Y por último:
4º Ser y estar activos y reenviar este mensaje y animar a todos-as, que nuestros amigos-as también lo reenvien!!
Construir la RED // Ruido con cultura
Construir la xarxa // Soroll amb cultura
Más información: http://www.cabanyal.com/homecastellano.html
* Rebelión - Salvem el Cabanyal - 2.07.09
El fiscal sostiene que el ex alcalde de Orihuela cometió cohecho
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ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Alicante mantiene su acusación contra el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, vinculados con la adjudicación de programas urbanísticos a promotores. El titular, Felipe Briones, sitúa el tráfico de influencias en recalificaciones ilegales de suelo no urbanizable para construir viviendas y el cohecho en el uso por parte del ex regidor de bienes de empresarios beneficiados con adjudicaciones municipales.
En este segundo apartado, Briones pone el acento en un Audi A-8 y un Rolls Royce, que Medina uso como propios, sin acreditar su titularidad.
Felipe Briones ha vertebrado en base a estas dos líneas el recurso de apelación que ha presentado ante la Audiencia de Alicante al auto de archivo provisional de la causa decretado por el titular del Juzgado número 4 de Orihuela, el magistrado Fernando Madrid Rodríguez. Al juez le bastó la declaración del ex alcalde para acordar el sobreseimiento provisional del sumario, el principal de los 16 en los que el fiscal desglosó su denuncia al Ayuntamiento por corrupción urbanística y contable.
Fernando Madrid Rodríguez archivó también provisionalmente otro sumario de esas 16 causas, el relacionado con las subvenciones del Ayuntamiento de Orihuela a la entidad Festera de Moros y Cristianos. No obstante, la Audiencia corrigió al juez por considerar "precipitado" el sobreseimiento. El tribunal provincial ha ordenado al instructor que reabra el sumario y practique las pruebas que solicitaba el fiscal.
En cuanto al Audi A-8, el fiscal mantiene que Medina lo pagó después de que se hiciera púbico que lo estaba usando como propio. "¿Qué lógica tiene el disfrute durante varios años de un coche sin abonarlo al concesionario? ¿Dónde está el documento de compraventa del vehículo y la cláusula que ampare el aplazamiento de su pago y hasta cuándo? Nada de ello se ha aportado a la causa", recoge el recurso del fiscal.
Y respecto al Rolls Royce, el fiscal rechaza la tesis de Medina de que se lo pedía ocasionalmente al propietario, un promotor local, para bodas. "Qué derecho ostentaba Medina a prestarlo para las bodas si no era suyo? ¿O más bien, Medina disponía del Rolls Royce como si fuera de su propiedad, mientras su amigo fue quien pagó el precio y pagaba los impuestos", se pregunta el fiscal.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/07/2009
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Andratx: El fiscal acusa a Massot de asesorar a una empresa en un pleito contra el Govern
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DIARIODEMALLORCA* : Jaume Massot, ex director general d´Ordenació del Territori del Govern Matas, se sentó de nuevo ayer en el banquillo de los acusados. Se le acusa de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la abogada del Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxà, solicitaron una condena de inhabilitación y una pena de multa.
El abogado defensor, Fernando Mateas, pide la absolución porque entiende que el delito ha prescrito.
A Massot se le acusa de haber constituido una empresa de asesoramiento urbanístico y de haber desarrollado trabajos técnicos cuando era jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, lo que sería incompatible. Esta empresa, llamada Territorio Asesores, estaba domiciliada en la casa de la madre de Massot. Su mujer figura como administradora de la sociedad.
El ex director general, a diferencia de los otros dos juicios del denominado caso Andratx, por el que ya ha sido condenado a ocho años de prisión, ayer se negó a contestar a las preguntas de la acusación. Sólo quiso responder a su abogado, que no le planteó cuestiones sobre el juicio sino sobre su actual situación económica. El acusado aclaró que está suspendido y cobra unos 500 euros al mes. Con este dinero mantiene a su familia.
Las acusaciones sostienen que Massot firmó a través de esta sociedad un contrato con un empresario catalán, Mariano Vives, dueño de s´Almudaina, una sociedad que era propietaria de un terreno en Andratx que fue protegido por la Ley de Espacios Naturales de Balears, lo que impedía cualquier proyecto de urbanización. Vives planteó una demanda contra el Govern por daños y perjuicios, ya que al aprobarse la ley ya había iniciado la construcción del terreno. El empresario, cuyo abogado era Miquel Coll, ex presidente del Consell Consultiu, reclamó 30 millones de euros al Govern, aunque el pleito fue desestimado. El empresario catalán argumentó con un informe técnico realizado por Territorio Asesores, en que se valoraba el aprovechamiento urbanístico del solar de Andratx y se cuantificaban los daños económicos que le había supuesto su inclusión en la ley de protección medioambiental.
Massot nunca ha reconocido que la empresa Territorio Asesores fuera de su propiedad. Sin embargo, el empresario catalán que declaró ayer como testigo sostuvo que, aunque no conocía inicialmente la relación de Massot con esta empresa asesora, lo descubrió después. Explicó que el acusado se presentó en su oficina de Barcelona para cobrar una factura de dos millones de pesetas por la realización de este estudio que afectaba al solar de Andratx, pese a que en aquel momento era jefe de Urbanismo de este ayuntamiento. Después se abonaron otros cinco millones. Mariano Vives explicó que decidió contratar esta empresa porque Massot le había asegurado que también participaba un arquitecto técnico con el que tenía plena confianza. Este técnico, sin embargo, señaló que nunca intervino en el estudio que se incluyó en el pleito contra el Govern.
Las acusaciones sostienen que la relación entre Vives y la empresa de Massot se prolongó hasta 2006, lo que evitaría la prescripción del delito. Se cuenta con una carta enviada por el empresario dirigida a Massot, en la que le indica que había llegado momento en el que "debe intervenir la empresa que tú creaste".
* Diario de Mallorca - J.F. MESTRE - 2.07.09
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
El delegado de Ourense admitió en un pleno que certificó más obras falsas
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ELPAÍS* : Durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la agrupación Ceivam que distribuía fondos de la Unión Europea, el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, no sólo subvencionó a sus empresas y certificó como planta de biomasa realizada con ese dinero un galpón abandonado que ya existía, hechos por los que fue condenado por la Audiencia Nacional. Martínez reconoció en un pleno que había certificado las obras de cinco talleres artesanales subvencionados también con ayudas europeas sin que estuvieran realizadas.
Así consta en las actas municipales. En el pleno de enero de 2001 Martínez avala, en nombre del Ayuntamiento, al grupo de artesanos Armiño, una operación de crédito por 91 millones de pesetas para que construyan cinco talleres. Martínez firmó ese mismo año la certificación de los pagos por las obras de los talleres finalizados, según figura en la documentación aportada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Pese a ello, en el pleno de enero de 2002, reconoció que las obras estaban sin finalizar.
Las diputadas del PSdeG orensano Laura Seara y María Quintas y el senador Miguel Fidalgo denunciaron ayer la "gravísima trama de corrupción" urdida por el actual delegado de la Xunta con fondos comunitarios. Según su documentación, Martínez no sacó a concurso la adjudicación de los cinco talleres, sino que "llamó a un amigo, el ex presidente de los artesanos de Ourense, Ramón Souto" y dejó que éste distribuyera los talleres entre "un hijo, un sobrino, una hija de un amigo y un inmigrante cubano que denuncia que estafa". "Ninguno tenía relación con la artesanía", sostiene el PSdeG.
Según testimonios recabados por los socialistas, e incorporados a la investigación judicial abierta contra el superdelegado, varios adjudicatarios de estos talleres los entregaron a empresarios para "saldar deudas que tenían con ellos". Así, el de panadería que gestionaba Ramón Souto "se entregó en pago a la empresa que hizo la electricidad de los cinco talleres". El de madera, de Adrián Souto, a Luis Veloso Promociones, SL "para pagar deudas pendientes". En los documentos consta una certificación del cambio de titularidad de julio de 2001 y un presupuesto de más de 22 millones de pesetas.
Pese a que el Ayuntamiento avaló a los integrantes de Armiño con 91 millones de pesetas y Martínez certificó y ordenó el pago, las obras de los talleres "nunca se pagaron" a las empresas constructoras, de electricidad, montaje mecánico y fontanería, según la documentación. "Alguien se quedó con el dinero", sostienen los socialistas. Excepto un taller, que funcionó cuatro meses, el resto "nunca tuvo actividad", aún cuando la UE concedía subvenciones con la exigencia de que estuvieran activos al menos cinco años.
Pero en la "trama de los talleres" de Arnoia no sólo está implicado el superdelegado de la Xunta e integrantes de su grupo de gobierno. El técnico Miguel Reza, también miembro de Ceivam, concedía a su empresa Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo los proyectos de obra de los talleres que él mismo certificaba después desde Ceivam. Cobraba por ello, de esta misma compañía, cerca de un millón de pesetas por caso, según el PSdeG.
Mientras las obras públicas realizadas con fondos comunitarios "no llegaron a funcionar", las empresas familiares de Rogelio Martínez, a las que también subvencionó la UE, gestionadas desde Ceivam "van adelante". Los socialistas mostraron ayer fotografías del galpón descrito como planta de biomasa y, frente a ello, las empresas familiares de Martínez en Arnoia integradas en Cultivos Ribeiro, SL, que se benefició de esos fondos.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 02/07/2009
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org
