ELPAÍS* : ¿Cuál es el precio de las parcelas en las que se está construyendo el nuevo estadio del Valencia? ¿Qué valoración se hizo de ellas? ¿Quién y base a qué? Esas son algunas de las preguntas a las que tendrá que responder el Ayuntamiento de Valencia a requerimiento de la fiscalía. Ésta tramita la denuncia de vecinos afectados por la permuta que realizó el consistorio de la superficie en la que se está levantando el nuevo estadio de fútbol a cambio de otros terrenos en distintas ubicaciones de la ciudad.
La fiscalía ha girado al Ayuntamiento de Valencia y al servicio oficial de arquitectos de la consejería un requerimiento por el que debe detallar cuál es el precio de mercado de los terrenos afectados por la construcción del nuevo estadio de fútbol. Y además, pide esa misma valoración respecto de los terrenos adquiridos por el Valenciana CF que se van a destinar a servicio público, deportivo, educativo, cultural y jardín. Solicita expresamente la sección de medio ambiente de la Fiscalía Provincial de Valencia que esa información sea remitida por la jefa de sección de la propiedad inmobiliaria y por el jefe de servicio de patrimonio, así como por el técnico de la administración general.
La denuncia que dio origen a las diligencias penales abiertas por la fiscalía pone en duda la idoneidad de la permuta. No solo respecto del transcurso del procedimiento, sino esencialmente por considerar que no se ajusta a la realidad la permuta de terrenos realizada y que en esa transacción el único beneficiado ha sido el club deportivo y se perjudican los intereses generales en favor de los privados.
La fiscalía se propone no sólo depurar el procedimiento sino comprobar las acreditaciones de las que se dispuso para admitir que las parcelas enajenadas tras la modificación de uso de la superficie sobre la que se está construyendo el nuevo campo de fútbol valían lo mismo que las parcelas que a cambio ha dado en Valencia en ejecución de la permuta.
Los vecinos afectados por la construcción del nuevo estadio han plantado cara en los tribunales por una sucesión de decisiones tomadas por el consistorio que, aseguran, sólo han respondido a los intereses del club . Los vecinos defienden que no es aceptable la primera recalificación de la superficie afectada y que el acuerdo no se hizo pensando en el interés general.
* ELPAIS.com - L. GARRIDO - Valencia - 03/02/2009
Foto: Obras_nuevo_estadio_Valencia_CF - elpais.com
La fiscalía pide datos de la permuta del nuevo estadio del Valencia
La reforma de la Ley de Costas garantiza su destrucción
Ecologistas en Acción* considera que la reforma de la Ley de Costas que mitiga su aplicación respecto a la compra venta de las construcciones costeras que ocupan el dominio marítimo terrestre, favorece la especulación urbanística y la destrucción del litoral. Ecologistas en Acción considera que utilizar una enmienda a la Ley de Navegación para evitar la ejecución de la Ley de Costas, es una muestra de la cobardía del Gobierno de Zapatero ante la presión de los propietarios de viviendas situadas en el dominio público marítimo terrestre.
El mecanismo por el que se ha modificado la efectividad de la ley de Costas (modificación de la Ley de Navegación sin pasar por el Consejo de Estado ni Pleno de Congreso) es un claro indicio de la falta de transparencia en la actual gestión medioambiental.
La anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, se propuso reducir la artificialización de las costas españolas y limitar el espacio de dominio público marítimo terrestre ocupado por construcciones. La ley de Costas tiene más de dos décadas de vigencia pero ha sido durante el periodo de gestión de Narbona cuando ha comenzado a aplicarse con todas sus consecuencias, iniciando los deslindes del dominio público marítimo terrestre.
Y es que, a pesar de las limitaciones de la Ley de Costas, el grado de artificialización de la costa española sigue aumentando. El primer kilómetro de costa está artificializado en más de un 34%. El segundo kilómetro de la costa mediterránea alcanza un 26,47%. Los 100 primeros metros de la costa mediterránea alcanzaban en el año 2000 el 36,52% de superficie artificial. Los 200 primeros metros alcanzaban el 41,00%. Con estos datos, toda medida para evitar que se construyan más viviendas en el litoral y eliminar aquellas que ocupan el dominio público es poca.
Además, en un contexto de cambio climático e incremento de nivel del mar, hay que empezar a retranquear las construcciones costeras, eliminando aquellas más cercanas al nivel del mar, para adaptarse a un nuevo escenario que en unas décadas será bastante patente.
Por lo tanto, desde Ecologistas en Acción, se exige que se aplique la Ley de Costas, eliminando las construcciones costeras y se evite la ocupación del litoral. El oscurantismo mostrado por la actual Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, llevando la reforma de manera hermética y apresurada, es buena muestra de su intencionalidad política y de sus perniciosas consecuencias sobre las costas españolas y un auténtico desplante a las políticas implementadas por la anterior Ministra de Medio Ambiente.
* Área Marina de Ecologistas en Acción - 2.02.09
Jerez: La Fiscalía investiga si Pacheco dio 61 obras a dedo desde Urbanismo
ELCORREODEANDALUCÍA* : Al ex alcalde de Jerez y ex líder del PSA, Pedro Pacheco, se le acumulan las denuncias. Mientras que los juzgados investigan la contratación irregular de dos compañeros de partido, la Fiscalía Anticorrupción trata de esclarecer si adjudicó a dedo más de medio centenar de obras a una promotora.
Este otro caso se abre a raíz de la nueva documentación que ha remitido el Ayuntamiento, gobernado por la socialista Pilar Sánchez, al Ministerio Público. Según informó ayer la Cadena Ser, la Fiscalía está estudiando este informe para comprobar, a partir de su contenido, si se concedieron 61 contratos a la empresa constructora Jerecom sin someterse a concurso público. Fuentes de la investigación aseguran que una segunda denuncia procedente de Anticorrupción podrá presentarse la próxima semana.
La fiscal, Virginia Alonso, está analizando estos días las adjudicaciones presuntamente irregulares que se realizaron entre los años 2004 y 2007, un periodo en el que Pacheco estaba el frente de la delegación de Urbanismo del consistorio jerezano. El asunto contiene otros hechos presuntamente delictivos, también estudiados por la Fiscalía, que está tratando de verificar si se elaboraron facturas por duplicado y si se pagó a esta compañía por proyectos que no llegaron a ejecutarse.
Contra las regidoras. Jerecom presentó en septiembre de 2007 suspensión de pagos y dejó sin cobrar a 450 proveedores, quienes han anunciado que presentarán esta semana otra denuncia en los juzgados por estas adjudicaciones que no sólo irá contra Pacheco, sino que incluye a la ex alcaldesa del PP, María José García Pelayo, y a la actual regidora, la socialista Pilar Sánchez.
Si esta querella prospera este asunto podría salpicar también al gobierno del PSOE, que es precisamente el mismo que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos presuntos hechos delictivos durante la etapa de Pacheco como edil de Urbanismo, quien gobernó primero con populares y después con socialistas. Se entiende por parte de estos posibles denunciantes que García Pelayo y Sánchez consintieron que estas irregularidades se produjeron como presidentas de la Gerencia de Urbanismo y máximas representantes del Ayuntamiento.
Otras denuncias. Esas nuevas acusaciones contra Pacheco se suman a los cargos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento oficial que por el momento le imputa el Ministerio Público. Esta denuncia presentada en el juzgado de instrucción número 3 de Jerez se basa en la contratación de dos compañeros de partido, del PSA, a cargo de las arcas del Ayuntamiento entre los años 2005 y 2007. Supuestamente estas dos personas recibieron dinero público, 200.0000 euros en total, por unas tareas que nunca llegaron a realizar. No consta que desarrollarán la labor de asesoramiento de las sociedades para las que fueron contratados, la Empresa Municipal de Suelo de Jerez y Xerez 21 Speed festival, participada en un 51% por el Consistorio.
El ex andalucista Pedro Pacheco se apartó de la primera línea política y renunció a su acta como concejal después del fracaso electoral en 2007. Hasta entonces estaba a cargo de la delegación de Urbanismo y de la primera tenencia de Alcaldía del gobierno, que dirigía con la actual alcaldesa, Pilar Sánchez, tras un pacto de PSA y PSOE. Los hechos por los que ha sido acusado se remontan a dos años atrás de su renuncia cuando, según la denuncia, pagó por supuestas labores de asesoramiento al que era su delegado de Urbanismo hasta 2003, José López, y a Manuel Cobacho, dirigente del PSA. Pacheco dejó de dirigir este partido de forma sorpresiva a final del pasado año.
* El Correo de Andalucía - Natalia Perales - 3.02.09
Foto: Jerez - wikipedia.org
ARCA acusa al Gobierno de "hacer trampas" con la Ley del Suelo
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La asociación ecologista ARCA ha acusado al Gobierno de Cantabria de "hacer trampas" con la modificación de la Ley del Suelo y denuncia, además, que la "intención" del Ejecutivo de autorizar el cambio de uso de cabañas e invernales para usos residenciales "viola" el contenido de la resolución parlamentaria que instó a la aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios tendentes a desbloquear y regular la construcción y rehabilitación de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a ocio y turismo rural en suelo rústico o no urbanizable.
"La trampa utilizada por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo para violentar la resolución aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cantabria ha sido sustituir el término 'vivienda' por el de 'edificación preexistente', introduciendo así la posibilidad de transformar en viviendas las cabañas y los invernales que los Ayuntamientos incluyan en un catálogo redactado al efecto", explicó ARCA en un comunicado.
Asimismo, la asociación ecologista criticó que Obras Públicas, "con el único objetivo de apuntalar su decisión unilateral frente a los grupos parlamentarios", ha dado traslado de su iniciativa a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) que, "por supuesto va a celebrar la recepción de este nuevo paquete de competencias urbanísticas".
Por todo ello, ARCA considera "lamentable" que el Gobierno actúe de modo "tan irresponsable" y que legisle "en dirección contraria al clamor general de los cántabros para que se limiten las competencias urbanísticas de los Ayuntamientos".
Por último, la asociación ecologista ha mostrado su apoyo a que se permita la construcción de viviendas unifamiliares en los suelos rústicos próximos a los pequeños núcleos de población, pero considera que antes es necesario aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).
De esta manera, continúa, se daría cumplimiento al texto vigente de la Ley del Suelo de Cantabria cuando dice que "excepcionalmente se podrán autorizar viviendas aisladas, pero esa posibilidad solo es factible de acuerdo con las previsiones que al respecto contemplen los distintos instrumentos de planeamiento territorial".
* El Diario Montañés - Europa Press - 2.02.09
El Gobierno atenúa la Ley de Costas y deja vender las casas sobre la playa
ELPAÍS* : El Gobierno ha emprendido de tapadillo una reforma de la Ley de Costas que suaviza su aplicación. Para ello, Medio Ambiente ha introducido una enmienda a la Ley de Navegación Marítima -de otro ministerio y sin relación con el litoral- para permitir vender y comprar las casas construidas en dominio público, sobre la misma playa, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño.
El Ejecutivo comienza así, por la puerta trasera, a rebajar una de las políticas de Cristina Narbona que más problemas acarrearon al Gobierno: la recuperación del dominio público en el litoral.
El cambio no pasó por el Consejo de Estado, ya que se introdujo a última hora en la Ley de Navegación Marítima, elaborada por el Ministerio de Justicia y el de Fomento. Al tramitarse en comisión (la de Justicia, no la de Medio Ambiente) con competencia legislativa plena, el texto tampoco pasará por el Pleno de Congreso. Sin una línea en la exposición de motivos que justifique el cambio -al aprobarla el ministerio sí dio una críptica nota sobre la reforma-, Medio Ambiente abre una reforma de la Ley de Costas, norma clave de medio ambiente, vigente desde 1988.
La disposición final cuarta de la Ley de Navegación Marítima, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, añade dos apartados a la Ley de Costas: "Las concesiones [a las viviendas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988] serán transmisibles, previa autorización de Costas, por actos inter vivos, subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión". Es decir, que las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esa reforma se podrán vender y comprar. Medio Ambiente tendrá tres meses para ejercer el derecho de tanteo.
Hasta ahora, el Estado otorgaba una concesión de 30 años (ampliables a 60) a los dueños de las casas construidas en dominio público antes de la ley, pero no podían venderlas (salvo excepciones con trámites complejísimos). La reforma, que aún deben aprobar las Cortes, afecta a las cosas construidas legalmente antes de 1988. El Constitucional aceptó en 1991 la fórmula de expropiación contemplada en la ley: que los dueños podrían disfrutar de las propiedades 30 años y que después pasarían a ser demolidas.
Aunque la ley tiene 20 años, fue la ministra Narbona la que comenzó a aplicarla realmente en 2004, ya que los ocho años anteriores apenas se avanzó en el deslinde de la costa -el trámite que delimita la zona pública y la privada de playa-.
Esto provocó miles de protestas, la creación de una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (que calcula que hay 45.000 viviendas en esa situación) y quejas de las embajadas del Reino Unido y Alemania, ya que muchos de los compradores en primera línea eran extranjeros que, al adquirir su chalé, no fueron informados de que su casa podía pasar a manos del Estado.
La directora general de Costas, Alicia Paz, afirmó a este diario el pasado octubre que no había iniciado "ningún proceso de modificación legal" y que no sabía si se plantearía "algo puntual". Un mes y medio después, el Consejo de Ministros reformaba la ley. Medio Ambiente argumenta que el cambio legal es "una modificación puntual y no de fondo de la citada ley, ya que no altera en absoluto el espíritu de la misma" y que la reforma no contradice lo que declaró Paz.
Sin embargo, Javier Sanz, profesor de Derecho Administrativo en La Coruña y experto en el litoral, afirma: "No es que privatice la costa, pero es un cambio radical de entender las concesiones". En sentido parecido se pronuncia el abogado de la Plataforma de Afectados, José Ortega, quien lo califica como un cambio importante que afecta a mucha gente y va en la dirección correcta. Ortega fue muy crítico con Narbona y apoya el cambio de Elena Espinosa. Los dueños de casas en dominio público, muchos jubilados que se veían sin posibilidad de vender su casa, aplauden la medida.
La medida ha generado malestar entre técnicos de Costas, por la forma en que se ha hecho y por el fondo. Argumentan que dificultará la recuperación del dominio público. Hasta ahora, si Costas quería rescatar una concesión de una vivienda sobre la arena podía alegar ante el dueño que lo mejor era llegar a un acuerdo ya que no podría vender esa casa. Ahora, al poder venderlas, las viviendas se revalorizan y se dificulta la adquisición por parte de Costas.
Marcha atrás en el camino anterior
La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona pisó muchos charcos. Y en dos de ellos -la costa y el agua- se terminó por ahogar. El retraso en las desaladoras que debían sustituir el trasvase del Ebro y las protestas de alcaldes y comunidades con costas (del PSOE y del PP) y de las embajadas de países de la UE por la aplicación de la Ley de Costas colmaron la paciencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Ésta, diputada por Valencia, llegó a supervisar deslindes de costas de Valencia para minimizar los daños.
El deslinde es un trámite muy complejo y aparentemente técnico, pero con gran relevancia ya que, basándose en criterios geográficos, se decide qué casas quedan en dominio público y cuáles pueden seguir en manos privadas. Hay mucho dinero en juego. Si en 2003, Medio Ambiente deslindó 332 kilómetros de costa, en 2007 superó los 1.500 kilómetros. Y las protestas se multiplicaron con la superficie deslindada. Más del 83% del litoral ya lo está.
Así que al otorgar la gestión del medio ambiente al equipo de Agricultura, uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Zapatero era rectificar estas dos políticas. Y la ministra Elena Espinosa se ha puesto a ello a su manera, callada pero inexorable, sin los sobresaltos de Corbacho en la rectificación de la política de inmigración de la etapa de Caldera.
En materia de agua no queda ninguno de los responsables del anterior equipo, Medio Ambiente admite públicamente que "las desaladoras no son la panacea" y planea un nuevo trasvase desde el Tajo en Extremadura al Segura, algo impensable con el equipo antitrasvasista de Narbona. Con el cambio de la Ley de Costas comienza el cambio de rumbo para evitar problemas en el litoral.
Una norma clave
- La Ley de Costas, de 1988, declaró público todo el terreno de playa y hasta donde llegaban los mayores temporales conocidos.
- Las casas construidas antes de 1988 en dominio público pasaban a ser del Estado, que daba hasta 60 años de concesión a los dueños. Éstos no podían vender sus casas ni reformarlas sin permiso.
- La norma daba cinco años para completar el deslinde, trámite que delimita las que están en dominio público.
- La realización de deslindes fue a cámara lenta hasta 2004, cuando Narbona comenzó a aplicar la ley y originó una oleada de protestas que ahora el Gobierno quiere aplacar.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 02/02/2009
Foto: Viviendas en el dominio público sobre la playa de Nules en Castellón- ÁNGEL SÁNCHEZ, elpais.com
Crisis en la Marbella de la Mariña lucense
ELPAÍS* : Política Territorial entró a saco en 2006 en el municipio lucense de Barreiros para poner coto a un urbanismo "desornado, insostenible e incontrolado", donde la presión urbanística era tan elevada que las nuevas construcciones no tenían garantizados los servicios básicos. Casi tres años después, la eclosión constructiva de este ayuntamiento costero, que discurre paralelo a la nacional 634, cayó en picado y hoy hay más estructuras paralizadas que obras en marcha.
El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, lamenta que con la intervención de la Xunta la crisis de la construcción llegó a su municipio "un año antes". Y también aprovecha la existencia de obras en estructura y paralizadas para acusar al ejecutivo autonómico de impulsar el "feísmo".
La bajamar deja al descubierto kilómetros de arenales a lo largo de diez playas que hasta hace una década estaban casi vírgenes. Todo este atractivo de costa, que va desde Ribadeo hasta la ría de Foz, hizo que fueran proliferando las edificaciones unifamiliares. Lo que en un principio fue una lenta ocupación urbanística se convirtió, muy pronto, en voracidad edificatoria, cuando llegaron promotores de mayor envergadura que sembraron la costa de apartamentos.
"Desde San Cosme bajabas a la playa en medio de maizales y luego podías continuar hacia la zona del camping con el mismo paisaje. Hoy, todo eso se acabó", se lamenta Manolo, propietario de una de las primeras viviendas unifamiliares de la zona. Las fincas se sustituyeron por adosados, que en su mayor parte tienen el cartel de "se vende". En la misma zona estaba proyectaba una ambiciosa urbanización de viviendas unifamiliares, pero se quedó en eso: en proyecto. La crisis y la incertidumbre de Barreiros dejaron a mitad de camino lo que se presagiaba como la Marbella de la Mariña lucense.
El municipio contaba en 2001 con 2.797 viviendas, de las que 1.327 tenían consideración de segunda residencia. Pero en los últimos diez años se concedieron licencias para unas 6.000 casas, aunque en ese tiempo Barreiros perdió 283 habitantes. Todo cambió. Las resoluciones de la Xunta dejaron atrás los tiempos donde todo tipo de construcción se vendía a pie de obra, y la crisis hizo el resto.
Un ejemplo de la pérdida de atractivo inmobiliario lo encontramos en Manuel, que trabaja y reside en Lugo. Decidió invertir "más de lo que tenía" en un apartamento en San Cosme con la intención de revenderlo. Lleva así dos años, pero al número de teléfono que figura en la fachada "no llamó ni el primero". "¡Ni el primero!", enfatiza.
* ELPAIS.com - ARCADIO SILVOSA - Lugo - 02/02/2009
Foto: Barreiros (Lugo) - todopueblos.com
El Puerto: Legalizaciones hasta el último día
DIARIODECÁDIZ* : El anterior Gobierno municipal realizó regularizaciones de viviendas ilegales hasta el final de su mandato. Incluso las hizo estando en funciones, el periodo comprendido entre la celebración de las elecciones y la toma de posesión de la Corporación surgida de esa votación.
Y como muestra de ello, es un decreto de legalización al que ha tenido acceso este periódico firmado por el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez el 7 de junio de 2007, siete días antes de que cesara de su cargo (las elecciones se celebraron el 27 de mayo y el Gobierno actual tomó posesión el 15 de junio).
Éste es uno más, el enésimo (porque no hay una cifra oficial), de los distintos decretos que firmó Rodríguez en beneficio de viviendas al margen del planeamiento cuya legalidad es discutible.
Y el procedimiento seguido es, precisamente, el mismo que ya este periódico ha venido denunciando desde hace meses y en él vuelven a aparecer nombres de arquitectos ya relacionados con procedimientos similares.
Este caso concreto es el de una vivienda en el diseminado ilegal de Los Perales, concretamente en la calle Peral Ercolini. El proyecto fue elaborado por el grupo Tec, perteneciente a las arquitectas Milagros Trigo Pacheco e Isabel Ruiz Vázquez, con el que el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell, mantiene vinculaciones personales (es el compañero sentimental de una de las profesionales).
El propietario de la vivienda solicitó la apertura del expediente de legalización el 25 de septiembre de 2005. Pero le fue resuelto, de manera positiva, casi dos años después. Para justificarlo, el ex edil de Urbanismo recurrió a un artículo de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) que obliga a las administraciones públicas a pronunciarse sobre la concesión de una licencia o no en el plazo de tres meses.
Transcurrido este periodo, si el organismo competente no ha resuelto la autorización se considera concedida por silencio administrativo.
En este caso concreto, y al igual que otros similares, se otorgó legalizaciones de viviendas en suelo no urbanizable mediante este procedimiento. Para ello, el edil de Urbanismo le remitió al propietario un escrito donde le daba confirmación de ello.
Este nuevo decreto de legalización ha sido incorporado a las diligencias abiertas en el Juzgado número 5 de El Puerto contra el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística y contra las dos responsables del grupo Tec tras una denuncia por el propietario de una vivienda del diseminado de Arenas Cárdenas, quien acusa a los tres de un presunto delito de estafa.
Según la versión del denunciante, el estudio Tec le aseguró que podría obtener la legalización de su vivienda mediante silencio administrativo. No obstante, estas diligencias han sido archivadas provisionalmente por la jueza aunque el auto ha sido recurrido por el denunciante.
Ya este periódico ha publicado durante el último año varios casos de legalización de viviendas en suelo no urbanizable. A esto se suma los decretos de autorización del enganche de luz y agua concedidos por "causas humanitarias" y en base a una futura legalización con el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento que aún no ha se ha aprobado de manera definitiva.
Ya hay algunas diligencias abiertas en los juzgados portuenses contra los anteriores responsables municipales por este motivo (no sólo contra Rodríguez sino también contra Hernán Díaz y Fernando Gago).
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas - 1.02.09
Foto: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - wikipedia.org
España acumula más de un millón de pisos sin vender
ELPAÍS* : España lleva el camino de convertirse en un enorme cementerio de pisos. Las inmobiliarias cerraron 2008 con un inventario de 1,05 millones de viviendas de obra nueva sin vender. De seguir el ritmo medio de ventas del año pasado, en constante decrecimiento, las empresas tardarán tres años y un mes en deshacerse de todo este volumen de pisos.
Así lo manifiesta el avance de un informe de José García-Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, presentado ayer en la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
De acuerdo con este estudio, unas comunidades se están adecuando mejor que otras al parón del sector. Las obras en Madrid han ido descendiendo y, según García-Montalvo, la región tardará 2,2 años en deshacerse de todo el stock. En cambio, en Cataluña sigue aumentando el volumen de viviendas acabadas y, a su vez, las ventas siguen desplomándose de forma más acusada. Las inmobiliarias catalanas, que venden la mitad que hace un año, tardarán más de cinco años en desprenderse de todo lo construido en los últimos años.
Este cálculo se realizó cruzando datos de las viviendas terminadas y las vendidas. Sin embargo, no incluye las que compraron inversores que pretendían revenderlas al cabo de poco tiempo y que todavía están en sus manos. Concentran entre el 30% y el 40% de todo lo que salió al mercado en época de bonanza, y ahora rivalizan con los promotores para sacarse de encima los pisos.
García-Montalvo, además, advirtió de que los precios deben caer "entre el 40% y el 50%" de su máximo histórico, que se registró en el primer semestre de 2008. Es decir, que todavía deben bajar más de un 30%. Ello se debe a que las familias dedican ahora los ingresos de siete años enteros a pagar la hipoteca. "Este indicador debe retroceder a cuatro años, como está sucediendo en EE UU. Y para eso o bien aumenta rápidamente la renta familiar, lo cual no parece razonable, o debe bajar el precio de la vivienda", explicó.
El mercado inmobiliario emite más signos de deterioro. El volumen de viviendas hipotecadas cayó en noviembre el 45,8% respecto al mismo mes de 2007, hasta las 50.914. El capital prestado para estas operaciones disminuyó un 51,3%.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Madrid - 29/01/2009
Foto: grúas - elpais 15-01
La defensa de un lugar mágico
ELPAÍS/Sevilla* : Los Jardines de Forestier son un enclave de belleza y sosiego situado en Castilleja de Guzmán, a pocos kilómetros de Sevilla. Los jardines fueron diseñados y construidos bajo la dirección del arquitecto francés J. C. N. Forestier (1861-1930) a finales de los años veinte. Están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y tienen una superficie de 26.000 metros cuadrados.
Desde la balaustrada que culmina los jardines hay una vista de Sevilla que justifica el paseo. La Giralda e Isla Mágica trascienden las leyes del tiempo como dos hitos que dominan la trama del casco urbano. Lomas y olivos bajan hacia la ciudad en un descenso suave, lleno de colores. La joya construida por Forestier luce caprichos arquitectónicos y arbóreos que abren puertas a los placeres de la mente y los sentidos. Jacarandas, cipreses, parterres, fuentes y bancos de azulejos sirven de preámbulo a la explosión de belleza de una pérgola que convoca a festejos y confidencias.
Cuatro grupos han lanzado una llamada en defensa de los jardines. La Plataforma Ciudadana Forestier de Castilleja de Guzmán, Valencina Habitable, la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe y Aljarafe Habitable denuncian que los Jardines de Forestier "quedan fuera del Parque Cultural del Aljarafe Norte". "Así lo recoge el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) tras ser aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) el pasado diciembre", señalan en un comunicado. El Potaus es diseñado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. El Parque Cultural del Aljarafe Norte estará, en principio, integrado por la ciudad romana de Itálica, el Monasterio de San Isidoro del Campo, el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán y el yacimiento arqueológico de El Carambolo.
"La inclusión de un BIC en un parque cultural desde el Potaus supone que va a ser objeto de una serie de actuaciones para contribuir al fomento de su uso público. Estas actuaciones deben ser definidas por la Consejería de Cultura, que es la administración sectorial competente. (...) Cabe recordar que, cuando la Consejería de Cultura culmine el expediente del Parque Cultural del Aljarafe Norte, puede incluir los Jardines de Forestier en el mismo", sostiene la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Y recalca que el recinto "no forma parte del Parque Cultural del Aljarafe Norte porque la Consejería de Cultura es la administración sectorial y no lo ha solicitado". "La Consejería de Cultura todavía tiene margen para hacer esta solicitud si lo considera pertinente, ya que al Potaus le queda el trámite de la aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno. Si la Consejería de Cultura lo solicita, se incluirá en el Parque Cultural del Aljarafe Norte", agrega una fuente de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Isabel Medrano, presidenta de la Plataforma Ciudadana Forestier de Castilleja de Guzmán, recuerda que "los jardines son un BIC, al igual que lo son Itálica, el Monasterio de San Isidoro o los dólmenes". "Y, sin embargo, estos tres últimos ejemplos están dentro del Parque Cultural del Aljarafe Norte. En el entorno protegido de los Jardines de Forestier quieren construir un área de oportunidad hotelera. No es lógico que los Jardines de Forestier queden fuera del Parque Cultural del Aljarafe Norte. Creemos que hay intereses que no se desvelan", comenta Medrano.
El delegado provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla, Bernardo Bueno, señala que esta institución es la que "tiene la responsabilidad de llevar adelante la figura de parque cultural". "Todo el patrimonio que existe en la zona estará dentro del parque cultural. Los Jardines de Forestier estarán protegidos, como ya lo están por su declaración de BIC", concluye Bueno.
La Junta asegura, así, que no hay peligro para los Jardines de Forestier. Con todo, insistir en la defensa de este oasis es una misión que agradecerán las generaciones del futuro.
* ELPAIS.com - SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA - Sevilla - 01/02/20
Foto: Jardines de Forestier, en Castilleja de Guzmán- CRISTINA QUICLER, elpais.com
Las Teresitas: La investigación halla grandes patrimonios sin justificar
LAOPINIÓN/Tenerife* : Grandes patrimonios sin justificar, personas con un inigualable olfato para acertar con el número de la lotería que saldrá premiado, importantes cantidades de dinero fruto de "mis ahorros" e inversiones en el extranjero cuyo origen se desconoce. La investigación por el ´caso Las Teresitas´ se encamina hacia su recta final después de más de dos años de instrucción con jugosas novedades en el interior de los cien mil folios de los que consta el sumario.
Grandes patrimonios sin justificar, personas con un inigualable olfato para acertar con el número de la lotería que saldrá premiado, importantes cantidades de dinero fruto de "mis ahorros" e inversiones en el extranjero cuyo origen se desconoce. La investigación por el ´caso Las Teresitas´ se encamina hacia su recta final después de más de dos años de instrucción con jugosas novedades en el interior de los cien mil folios de los que consta el sumario.
* La Opinión de Tenerife - PEDRO GUERRA - 1.02.09
Foto: Manifestación contra el pelotazo de Las Teresitas celebrada a la entrada de la playa santacrucera en febrero del año pasado. efe
La Audiencia reabre el caso de las torres de Oropesa
ELPAÍS* : La Audiencia provincial de Castellón ha anulado el auto de archivo de un caso de corrupción urbanística en Oropesa. Y también ha anulado otro auto sobre el mismo caso que decía que había indicios de delito. Así, la decisión de la Audiencia ha sido anular los dos autos, contradictorios, que la propia Audiencia había dictado sobre el caso de la construcción de más de 600 apartamentos sobre un suelo calificado de uso terciario y destinado a cámping en Oropesa.
Con esto, la causa se reabre y un tribunal deberá determinar si avala la decisión del juzgado, que entendió que había suficientes indicios para decretar la apertura de juicio oral, o lo archiva. En el asunto están imputados tanto el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido, como tres concejales y el arquitecto municipal.
Después de que dos tribunales de la Audiencia dictaran los autos contradictorios, la Fiscalía solicitó la recusación de los magistrados que habían participado en su redacción, incluido el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez. La Fiscalía alegaba que los magistrados estaban "contaminados" para decidir sobre la nulidad de los autos y solicitó, además, que fuera otro tribunal adoptara una nueva resolución. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó la solicitud y devolvió el caso a la Audiencia de Castellón, permitiendo que los magistrados que participaron resolvieran sobre la nulidad de los dos autos. La nulidad de ambos ya ha sido aceptada y ahora queda pendiente saber qué tribunal decidirá sobre los recursos a los que respondieron con autos contradictorios.
El caso se refiere a las licencias concedidas, en 2002 y 2003, para la construcción de dos bloques de apartamentos, conocidos como Edificio Mar, en un suelo cuyo único uso permitido era el de cámping. Posteriormente, tras acceder al Gobierno local el PP en 2005, trató de legalizar la obra. Un vecino presentó la denuncia acusando a los miembros del equipo de Gobierno de "prevaricación urbanística", por conceder las licencias con los informes negativos, a excepción del redactado por el arquitecto, también imputado.
Después de que la juez considerara que había suficientes indicios para decretar la apertura de juicio oral, el arquitecto, por una parte, y los políticos, por otra, recurrieron sus imputaciones. Un tribunal de la Audiencia contestó al arquitecto confirmando la postura del juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricación, y otro contestó a los políticos decretando el archivo del caso.
La acusación se unió a la Fiscalía alegando que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jurídicas". Ahora, se ha admitido la nulidad de ambos autos, pero los magistrados que participaron en ellos podrán hacerlo en la resolución definitiva de la causa.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 01/02/2009
Foto: Oropesa - wikipedia.org
Destruyen y desvirtúan el patrimonio histórico madrileño
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Proyecto Madrid Río del Ayuntamiento de Madrid ataca, nunca mejor dicho, la parte más significada de la Casa de Campo (entorno del Palacete de Los Vargas), con el beneplácito de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. En medio quedan obras y actuaciones históricas que van desde Felipe II a José Bonaparte que son dañadas de forma irreversible. Lo peor está aún por llegar.
Ecologistas en Acción quiere destacar que la continuada y reiterada denuncia de entidades sociales y partidos de la oposición ante este destrozo no inmuta a ambas administraciones madrileñas. Estas administraciones llevan años saltándose la normativa legal existente, tanto en materia de medio ambiente como en la protección del patrimonio en la Casa de Campo.
Resulta vergonzoso el desconocimiento que se tiene del alcance de las obras que se realizan en el entorno histórico del Palacete de los Vargas, núcleo primitivo de la Casa de Campo. Aquí Felipe II dejó la impronta de jardines renacentistas en el S. XVI, dañados de forma negligente por la corporación madrileña antes y después de la obra de la M-30.
La Dirección General de Patrimonio ha permitido al Ayuntamiento actuaciones aberrantes con motivo de la ampliación y soterramiento de la citada autovía, como el derribo de la tapia perimetral del Jardín de Plantas Medicinales y luego el tránsito de vehículos durante meses por este Jardín, una vez arrasado materialmente.
Pero la cosa no termina aquí. En estos días se procede al traslado de la histórica puerta de la Casa de Campo, todo debido al desastroso proyecto de la M-30 que situó un enorme bunker de cemento justo a escasos metros de la citada entrada. Nadie vio el impacto visual de aquella chapuza, no se cumplió la realización de una evaluación de impacto ambiental previa, lo que obliga ahora a este traslado ilegal. Junto a la Puerta del Rey –en honor del rey impuesto, José Bonaparte– se levantan enormes ejemplares bicentenarios de plátanos de sombra, Platanus hispanica, ya dañados por podas incorrectas en la época de Álvarez del Manzano, y luego por las obras de la famosa autovía, y que ahora van a sufrir nuevos daños.
Para Ecologistas en Acción, el oscurantismo de las actuaciones del Ayuntamiento en estas obras es indignante y crea una gran indefensión. Si los componentes de la oposición municipal no conocen el proyecto, mucho menos las entidades sociales y ciudadanos de a pie.
Ante la situación actual, es deseable que la Dirección General de Patrimonio paralice esas obras y atienda a lo expuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que se supone, existe para proteger el legado histórico de la región.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 28.01.2009
Foto: ecologistasenaccion.org
El ex cargo del PP obtuvo la recalificación en Collado Villalba
ELPAÍS/Madrid* : Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica".
Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johanesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.
González se desvinculó ayer de la petición ilegal de recalificación de Martín a Ortiz. "Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero en 1995 y 1996 yo no conocía a este señor. Le conocí cuando llegamos al gobierno en el 96", subrayó. "Si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años es claramente una tergiversación", añadió ayer, en la firma de un convenio entre el Canal de Isabel II y Collado-Villalba.
Martín inició la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995. Junto a los otros cuatro propietarios de la zona Arroyo Arriba -entre ellos, una concejal del PP del municipio, Esperanza Seoane- pidió al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca. Los terrenos, pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que la norma subsidiaria de 1986 que ordenaba el territorio (a falta de un plan general) sólo distinguía entre suelo protegido y urbanizable.
El Gobierno municipal del PP consideró que como el terreno linda por el sur con una urbanización, podía recalificarse, y que además eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia, el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (pisos de hasta tres plantas) en la zona.
En esa primera gestión, y en todas las posteriores el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno entre 1995 y 1997, y acabó en 144 viviendas, en lugar de las 613 previstas inicialmente.
En ese intervalo, Martín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según lo declarado a la cadena SER, se negó. En 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada. Pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias de IU y de Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad que la finca que pretendía hacer urbanizable tenía una catalogación de "especial protección ecológica". El alcalde de entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medioambiente aseguraba que "los valores ecológicos de Arroyo Arriba" estaban "notablemente deteriorados". El que era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.
Pero no fue así porque esos terrenos son hoy de uso residencial urbanizable. Tienen varias casas construidas y otras muchas en construcción. El alcalde socialista, José Pablo González, aprobó en 2001 el Plan General de Ordenación Urbana que recogió el cambio de uso. La Comunidad no se pronunció sobre la recalificación, y dio luz verde al Plan General. Hoy las viviendas de Arroyo Arriba tienen una vista privilegiada de la cuenca del Manzanares, con la que linda.
El actual alcalde de Collado-Villalba insinuó ayer que quizá Ortiz se confundió en sus declaraciones y se refería a un solar de Galapagar, también propiedad de Martín (con el que este periódico trató de contactar, sin éxito). Ortiz lo negó: el suelo que Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado-Villalba.
* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Madrid - 31/01/2009
Foto: Collado Villalba (Madrid) - guiavillalba.net
Municipios sostenibles, una oportunidad
ISABEL AGUILERA* : Desde hace meses es una constante escuchar y leer a diario sobre los múltiples y graves efectos de esta crisis de la que nadie se escapa, aunque algunos se proclamen inmune. Pero en paralelo saltan a la palestra propuestas y medidas para minimizar el impacto y abordar soluciones, bien sea desde la empresa privada, las asociaciones sectoriales, los gobiernos central, autonómico y local, la Unión Europea u otras instituciones públicas internacionales.
Este maremagno de soluciones nos lleva a reflexionar de modo especial sobre la apuesta del Gobierno por las Administraciones Locales a través de la inyección de 8.000 millones de euros a los municipios españoles para facilitar la creación de puestos de trabajo y revitalizar la economía local a través de nuevos proyectos de obra pública. Esto es, sufragar la rehabilitación de inmuebles, los servicios municipales, la apuesta por la tecnología, la movilidad sostenible, la eliminación de barreras arquitectónicas o la seguridad vial, entre otras áreas.
Lógicamente, es una medida que los municipios deben adoptar de forma inminente, pues está muy condicionada en el tiempo, pero tras esta inmediatez de actuación existe el riesgo de acometer proyectos que, si bien tendrán los efectos positivos buscados a corto plazo, puede que no lo tengan después en el largo. Pensemos, por ejemplo, en una infraestructura que exige un consumo energético muy elevado; carecerá de sentido bajo el prisma del desarrollo sostenible.
Es evidente que esta medida debería acelerar la adaptación y respuesta de los municipios a sus desafíos en esta materia y ante su necesidad de planificar y rediseñar su modelo de crecimiento a largo plazo. Una estrategia que, en definitiva, configurará el tipo de ciudad en el que viviremos en el futuro, esto es, si me lo permiten, cómo seremos los humanos en los años venideros y cuáles serán nuestras prioridades y preocupaciones.
Para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, es un factor indispensable que una ciudad crezca de acuerdo con los fundamentos del desarrollo sostenible. Su aplicación a la arquitectura, el urbanismo y la planificación del territorio, la eficiencia energética o la conservación y el aprovechamiento de recursos son clave ante el reto de las autoridades municipales de evolucionar en la dirección acertada.
Problemas como el cambio climático o la inestabilidad de los precios del combustible tienen consecuencias complejas y a veces sorprendentes en el ámbito local. Los nuevos entornos modifican los hábitos residenciales y vitales de los ciudadanos y, paralelamente, sus necesidades de bienestar. Así, los consistorios deben adaptar el servicio prestado a los ciudadanos a los nuevos paradigmas y macrotendencias que están marcando, en definitiva, la agenda municipal.
A pesar de estar tan manido, y en muchas ocasiones mal empleado, el desarrollo sostenible es la línea estratégica más directa al progreso de las ciudades, sea cual sea su dimensión. De hecho, el desarrollo sostenible es para la Unión Europea el motor principal de la evolución mundial. Los modelos de crecimiento que en él se apoyan ofrecen nuevas y amplias perspectivas a los municipios, puesto que encierran un gran potencial de innovación y dinamismo.
Una ciudad planificada y gestionada con criterios de sostenibilidad permite valorizar su patrimonio natural e inmobiliario así como los recursos socioeconómicos del municipio. Se consigue que las ciudades sean más competitivas, atractivas, limpias y seguras y, en definitiva, posicionarse respecto a los criterios de bienestar y calidad de vida, la máxima para una ciudad del siglo XXI.
Por todo esto, los ayuntamientos -todos- necesitan optimizar sus inversiones y redirigir los modelos de crecimiento adoptados hasta ahora, tristemente caracterizados en muchos casos por el despilfarro de recursos, la ineficiencia energética, la falta de gestión de residuos o la degradación del medioambiente urbano. Ésta ha de ser la apuesta: invertir de forma planificada. Cada ciudad es diferente, pero el reto y las oportunidades son comunes.
Bajo este contexto, la innovación y las soluciones tecnológicas juegan un papel primordial. La mayoría de las orientaciones estratégicas y tendencias adoptadas en la Unión Europea para adaptar los principios del desarrollo sostenible a las ciudades coinciden en prestar atención a algunos de los aspectos, todos ellos básicos en la planificación urbanística, dotacional y tecnológica de los municipios del futuro, que abordo a continuación.
Uno de estos puntos clave para las Administraciones Públicas es la eficiencia energética. Los consistorios deben tender a una gestión integral de todos los servicios prestados a los ciudadanos desde la perspectiva de la eficiencia y del ahorro de energía, desde el fomento del empleo en energías renovables o el control del tráfico rodado, hasta un alumbrado público más eficiente y menos contaminante.
Otra línea de actuación a tener en cuenta por parte de los municipios es la conservación del agua. Las ciudades requieren una importante red de distribución, posibilidades de almacenamiento y de tratamiento del agua para su buen funcionamiento. Sin embargo, la Comisión Europea ha amenazado a España con emprender acciones legales por el incumplimiento de las normas comunitarias de tratamiento de aguas residuales en más de 400 pueblos y ciudades el pasado mes de noviembre. La necesidad de construir nuevas centrales depuradoras es, por tanto, acuciante, y las administraciones han de enfocar sus inversiones en este ámbito hacia las nuevas tecnologías de depuración, reutilización o desalación. Ahora bien, hay que tener presente que instalar una depuradora no es necesariamente sostenible, sino que ha de serlo el proyecto en su conjunto, orientado a minimizar su huella ecológica o impacto.
La gestión de los residuos y el tratamiento de olores son otros de los retos a los que se enfrentan los núcleos urbanos ante el futuro y los ayuntamientos han de adoptar soluciones eficaces para gestionarlos siendo respetuosos con el medioambiente.
De hecho, los municipios de más de 5.000 habitantes tienen la obligación de recoger y tratar dichos residuos. Precisan, por tanto, soluciones innovadoras, por ejemplo, para el aprovechamiento del biogás proveniente de la fermentación de los residuos urbanos, de lodos de depuradoras o desechos industriales, pues gracias a la tecnología pueden ser transformados en calor o electricidad para abastecer a los hogares de la zona.
Y otro aspecto más de sostenibilidad de las ciudades va más allá de lo medioambiental y está relacionado con el confort y el bienestar de los seres humanos: la seguridad y la salud. Un equipamiento mínimo en diagnóstico por imagen puede reducir en un 30% la mortalidad del cáncer de mama en la población femenina del municipio y la existencia de desfibriladores en equipamientos educativos, deportivos, culturales y estaciones, aeropuertos y otros edificios públicos puede, disminuyendo el coste de su tratamiento, aumentar el número de vidas salvadas tras sufrir un infarto cardiaco o cerebral (la primera y la tercera causa de muerte en el mundo). Los ayuntamientos tienen el desafío de conseguir ciudades más seguras, especialmente ante el incremento de la delincuencia, teniendo en cuenta que dichas tecnologías no han de ser invasivas y han de resultar casi imperceptibles en el día a día de los ciudadanos. Es lo que podemos llamar "tecnología invisible".
En definitiva, los municipios necesitan soluciones tecnológicas innovadoras, creativas y flexibles que contribuyan a poner en marcha un nuevo modelo de planificación urbanística regida por principios de desarrollo racionales, destinados a favorecer el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Es la hora de transformar la utopía de la ciudad sostenible en una realidad y, aunque parezca mentira, la crisis está dando una oportunidad.
* Isabel Aguilera es presidente de General Electric para España y Portugal. Es también arquitecto y urbanista.
* ELPAIS.com - Opinión - 25.01.2009
Corrupción en Librilla: «Pagué entre 90.000 y 100.000 euros en metálico al alcalde y al edil de Urbanismo»
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LAVERDAD/Murcia* : Cantó de plano. Se fue de la húmeda, que se dice en el argot de la delincuencia. Y fueron esas declaraciones, prestadas por el ingeniero, empresario y ex funcionario del Ayuntamiento de Librilla Domingo Peñalver Rojo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las que llevaron al juez a ordenar la detención del alcalde de esa localidad, José Martínez García; del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, y del gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora.
Lo que Domingo Peñalver comenzó a contar el pasado 19 de noviembre, tras ser detenido, sonó a música celestial en los oídos de los investigadores, que comprendieron al instante que la confesión les daba vía libre para detener al alcalde de Librilla y a sus dos supuestos hombres de confianza.
En esa declaración prestada ante la Guardia Civil, a la que La Verdad ha tenido acceso, y que luego fue ampliada en presencia del juez de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, se relata de forma minuciosa cómo funcionaba la supuesta trama montada en torno al Consistorio librillense y cuyo supuesto fin era el enriquecimiento ilícito, a cargo de los fondos públicos, de todos sus integrantes. Lo que sigue es un resumen del acta de la citada declaración.
UN EX TÉCNICO MUNICIPAL
Peñalver empezó relatando que es ingeniero y que desarrolló su labor en el Ayuntamiento de Librilla, como técnico municipal, hasta que se dio de baja en octubre del 2007. Sigue narrando cómo se inició su relación con otro de los imputados, el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde; cómo ambos compartían la propiedad de la empresa ACADI y cómo tenían intereses en otras sociedades; cómo Cano medió ante el Consistorio para que le adjudicasen a ACADI la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)...
Habla y habla, a lo largo de dos horas y media, hasta que a las 17.40 horas solicita un descanso. Cuando se reanuda la toma de declaración, a las 18.00 horas, empieza a hablar de seguido sobre la presunta trama de corrupción.
«Que con motivo de ser el manifestante el redactor del PGOU de Librilla para desarrollar el suelo del municipio, tuvo contacto con el asesor jurídico del Ayuntamiento, (el abogado) Cesáreo Gil de Pareja Otón, el cual organizaba los términos de los convenios urbanísticos, cuyo objeto era la reclasificación del suelo, y para ello el mencionado Cesáreo tenía plenos poderes dotados por el alcalde, Pepe, y por Pedro, teniente de alcalde, para que se encargara de convenir con los propietarios de suelo las cantidades que debían pagar para poder cambiar el uso de dicho suelo de rústico a urbano y así obtener una plusvalía por los mismos».
«Asimismo -continuó-, y si además esos conveniantes (propietarios) contrataban los servicios de la empresa municipal IDL, esta firma sacaba a concurso esos contratos, que siempre acababan realizándose por ACADI, ya que estaba acordada de antemano esa adjudicación».
ÉSTE ERA EL PROCEDIMIENTO
«Lo que el manifestante quiere decir -añadió, por si no empezaba a estar claro el asunto-, es que Cesáreo Gil de Pareja, desde su posición de técnico jurídico contratado por el Ayuntamiento, y a su vez contratado por IDL, y colaborando ya con ACADI porque en el avance del PGOU aparece como co-redactor, estableció el procedimiento por el cual se podía conseguir que los propietarios de los terrenos contratasen con IDL desde el plan parcial hasta la dirección de la obra, que es el proceso para reclasificar el suelo y acabar el mismo en urbano».
Pero, claro, aseguró Peñalver, eso le costaba un dinero no sólo a los dueños del suelo, sino a él mismo, como adjudicatario último y privilegiado de los contratos. «La empresa IDL cobraba previamente a los propietarios y acto seguido, a través de Pepe (alcalde) o Pedro (teniente de alcalde), y de José Andrés de IDL, le solicitaban al manifestante sumas de dinero para que pudiera seguir desarrollando los proyectos y para poder cobrar finalmente sus honorarios, no sin antes haber desembolsado cantidades de dinero en B».
A petición de los agentes de la UCO, el ex funcionario municipal señala que «al referirse a dinero en B hace mención a cantidades económicas que tenía que hacer efectivas el manifestante a los tres individuos antes citados, como condición para que IDL le pagara a ACADI (su empresa) los trabajos realizados a los propietarios del suelo. Estas comisiones se pagaban en mano y en efectivo por parte del manifestante a Pepe (alcalde), Pedro (teniente de alcalde), indistintamente, y a José Andrés (IDL) de forma separada. Estos pagos en metálico los tenía que justificar el manifestante a través de facturación falsa».
CUANDO TENÍA LIQUIDEZ
«Las cantidades a las que el manifestante hace referencia -aclara- suman un total de 90.000 ó 100.000 euros a cada uno de los individuos mencionados, repartidos en varios pagos de 30.000 ó 40.000 euros cada vez. Dichos pagos eran reclamados por dichos individuos en los días siguientes a los ingresos realizados al manifestante a través de la mercantil ACADI, es decir, cuando tenía liquidez. El manifestante hace constar que en esos momentos tenía numerosos empleados y que sufragar los gastos de éstos le suponían sumas de dinero que apenas podía soportar con los ingresos de ACADI. (...) Esos ingresos se los iban suministrando por medio de IDL y con absoluta manipulación por parte de los individuos mencionados, prevaliéndose de la situación que tenían sobre el manifestante para mantener esta situación de carencia económica sobre el mismo y así obligarle a aceptar los condicionantes de dicho pacto, en el cual para poder seguir recibiendo los ingresos por el trabajo realizado se veía obligado a seguir realizando los pagos mencionados. (...) Se encontraba agobiado, tenía miedo y dependía económicamente de ellos».
A continuación, Peñalver aseguró que Cesáreo Gil «era la persona de confianza de los responsables políticos de Librilla» y que «parte de la obligación de pagos dentro del Ayuntamiento a determinadas personas era también para pagar, mediante facturación, al Citado Cesáreo. Que la facturación que ACADI tuvo que pagar a Cesáreo Gil como compensación alcanzó la cantidad de 574.000 euros». Peñalver, el cantante, acabó reconociendo a los agentes que «siente temor por su propia vida y la de su familia y por las consecuencias que puedan ocurrir, a tenor de los hechos narrados, en su entorno familiar».
UNA CANTIDAD DESORBITADA
Con las jugosas confesiones del empresario y ex técnico municipal, la UCO elaboró un atestado en el que reseñaba que, según se deducía de los datos aportados por el propio Peñalver y de la documentación recabada de la Agencia Tributaria, «Domingo Peñalver pagó supuestamente a José Martínez García, Pedro Martínez Muñoz, José Andrés Cortés y Cesáreo Gil, la cantidad de 1.848.150,58 euros a cambio de realizar los trabajos que IDL encargaba a ACADI».
Horas después, los tres primeros eran detenidos y acababan dando con sus huesos en prisión. Unos días más tarde fue arrestado Cesáreo Gil. Quedó libre, pero con cargos.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 30.01.2009
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es
Vecinos de Alcosa se manifiestan contra el trazado de la SE-35 ante sus efectos en el parque del Tamarguillo
EUROPAPRESS/Sevilla* : Varios cientos de personas, según la organización Movida Pro Parque del Tamarguillo, han recorrido hoy a pie el barrio de Alcosa en protesta por el trazado que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla planea para la nueva autovía de circunvalación de la ciudad, dado que la nueva infraestructura "parte en dos" una zona verde de 96 hectáreas habilitada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Consistorio con fondos de cohesión de la Unión Europea.
Uno de los miembros de la plataforma, Jesús Caballo, informó a Europa Press de que la protesta se celebró bajo la vigilancia de la Policía Local, partiendo a las 17,30 horas del centro cívico de Parque Alcosa para rechazar el trazado que la Gerencia de Urbanismo prepara para la futura autovía de circunvalación SE-35, porque la carretera proyectada discurre justo "a través" de las 96 hectáreas de zona verde fruto del encauzamiento de los arroyos Ranilla y Tamarguillo a su paso por el término municipal de Sevilla, obras impulsadas por la CHG y el propio Consistorio.
"El propio Ayuntamiento lo reconoce", dijo en cuanto a los efectos de la carretera sobre el parque del Tamarguillo, aún por inaugurar y supuestamente en peligro según este colectivo.
El delegado de Presidencia y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de su lado, asegura que el Ayuntamiento de Sevilla va a dotar ahora de las infraestructuras necesarias para poder abrirlo en enero de 2010 gracias a su inclusión en el Plan 8.000 del Gobierno Central. El delegado de Presidencia y Urbanismo ha manifestado su compromiso con los vecinos de Sevilla Este y Alcosa, que "tendrán completamente equipado el Parque del Tamarguillo en enero de 2010", gracias a la decisión de incluir en el Plan 8.000 el proyecto de infraestructuras del mismo que contará con una inversión de 2.168.317 euros.
El proyecto del ejecución del parque del Tamarguillo realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contempla una reserva de suelo para nueva vía de transporte de la ciudad, SE-35 a su paso por Alcosa, proyectada en el PGOU de Sevilla cuya ejecución estará sujeta a los ajustes necesarios previos al inicio de las obras. La Confederación ha ejecutado paralelamente a esta obra el tramo correspondiente al nuevo cauce del Arroyo del Ranilla que va paralelo a la SE-35 por todo el arco norte hasta desembocar en el río Guadalquivir.
Está actuación, cuyo proyecto ya está redactado, permitirá que desaparezca el actual canal que parte por la mitad al barrio de Palmete y que separa actualmente Alcosa de Sevilla Este. El proyecto de Urbanismo para esta zona consiste, al igual que se ha hecho en Miraflores o Pino Montano, en meter el parque en el barrio de Alcosa, una vez que la Carretera de Alcosa sea sustituida por la nueva ronda de circunvalación SE-35.
La SE-35 es una infraestructura de ciudad contemplada en Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006 que dotará, en este caso a Sevilla Este y Alcosa, de un instrumento vital para su desarrollo económico dando acceso directo a la autovía A4 y la ciudad. De esta forma, se conseguirá eliminar el tráfico interno que actualmente soporta la Carretera de Alcosa haciendo más permeable el acceso de los vecinos al nuevo parque del Tamarguillo.
* Europa Press - 29.01.2009
El Fiscal de medio ambiente pide un año de cárcel para el alcalde de Alguazas
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VEGAMEDIA/Murcia* : Por un delito contra el entorno de La Torre de los Moros. La denuncia fue presentada por la Asociación Entrecauces con motivo de la construcción de un edificio en el entorno protegido de este importante monumento de Alguazas. La Fiscalía también pide ocho años de inhabilitación para el Alcalde José Antonio Fernández Lladó, quince meses de prisión para la promotora y la demolición de la obra realizada.
"La imagen de Goliat mordiendo el polvo es la primera que se viene a la cabeza con el golpe que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo acaba de proporcionar a los promotores y responsables políticos de la construcción de un restaurante en el entorno protegido de la Torre de los Moros", aseguran desde Entrecauces.
Desde hace años, esta polémica e impactante edificación en uno de los lugares más emblemáticos de la huerta de Alguazas ha suscitado la firme oposición de la ciudadanía y de la Asociación Entrecauces, de donde en enero de 2005 partió la querella criminal, que ahora después de 4 años empieza a dar sus primeros frutos, según este colectivo. Esta Asociación sin ánimo de lucro nació precisamente para dar cauce a las inquietudes ciudadanas por la protección del patrimonio cultural, histórico y natural de la Vega Media, sobre todo "a partir de la pasividad del Alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, ante las más de 40 denuncias presentadas por los vecinos y vecinas desde el año 2002, en el caso del impacto al entorno de la Torre de los Moros, y demuestra una vez más una clara situación de abuso de poder y favoritismo a intereses particulares privados en perjuicio del interés público".
La construcción que ha motivado la denuncia de Entrecauces y el escrito de la Fiscalía sería constitutiva de delito por estar realizada en suelo no urbanizable protegido arqueológicamente, por se zona de huerta y entorno del Bien de Interés Cultural de la Torre de los Moros, una fortaleza medieval del siglo XII que algunos historiadores consideran la más antigua de la Región de Murcia. Los delitos que el fiscal pronuncia en su escrito de acusación serían contra la ordenación del territorio, por el que se estima responsable a la promotora del restaurante Consuelo Arnaldos Martínez, y de prevaricación urbanística, cuya responsabilidad apunta al Alcalde de Alguazas, José Antonio Fernandez Lladó.
El fiscal se ha dirigido ya al Juzgado de instrucción nº 5 de Molina de Segura para solicitar la apertura de Juicio Oral, a celebra ante el Juzgado de los Penal del Palacio de Justicia, donde se deben determinar las penas de prisión, inhabilitación y restauración de daños que los acusados podrían verse obligado a cumplir si las condenas propuestas por la Fiscalía se traducen en una sentencia definitiva.
* Vegamedia Press - 29.01.2009
Foto: Afirman que se ha perjudicado este edificio histórico -VMPress.
Vecinos de Pinto, contra el PGOU y la construcción de un campo de golf
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MADRIDIARIO* : Un grupo de vecinos han constituido la Plataforma de "Ciudadanos por un Pinto sostenible" cuyo objetivo es plantear una alternativa al actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contempla, entre otros proyectos, la creación en esta localidad de un campo de golf en la zona de Punctum Millenium.
El representante de este nuevo colectivo, Antonio García, ha explicado que el objetivo de esta plataforma es "defender una planificación urbanística integradora, racional, equilibrada y que proteja el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de Pinto"
El actual PGOU es considerado por la Plataforma "una amenaza para el buen desarrollo de Pinto, porque este campo de golf iría rodeado de 732 viviendas de lujo, cada una con su propia parcela" que ocuparán el mismo suelo que las 9.200 viviendas restantes de Punctum Millenium.
También van a emprender acciones para evitar que no se apruebe la modificación prevista para este Plan, que supone la construcción de El Espacio del Motor, una operación urbanística que contempla, entre otros equipamientos, la creación de un circuito de alta velocidad para competiciones internacionales de automovilismo y motos.
Desde la Plataforma, consideran que este proyecto es "una operación especulativa, innecesaria y con un enorme impacto para el entorno, por lo que solicitamos a la Comunidad de Madrid que emita un informe de evaluación ambiental desfavorable".
Este nuevo colectivo hará su acto de presentación pública el próximo 19 de febrero y pretende que sus integrantes sean vecinos que se impliquen a título individual, independientemente de su afiliación o simpatías por otras entidades sociales, políticas o de cualquier ámbito.
* Madridiario - 29-01-2009 - MDO/EFE
Foto: madridiario.es
Los registros en Arona parten de la ampliación de la denuncia
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CANARIAS7/Tenerife* : El caso Arona está tan vivo como el primer día. Prueba de ello es que el juzgado que lo instruye sigue practicando diligencias e imputando a personas relacionadas con la supuesta trama de corrupción urdida en torno a la concesión de licencias urbanísticas y contratos en Arona.
La última diligencia practicada ha sido la requisa de nueva documentación por parte de la Unidad Judicial de la Guardia Civil, que se personó en el Ayuntamiento para reclamar al secretario municipal expedientes relacionados con el área de Urbanismo y con la contratación de obras, servicios y personal.
La nueva documentación requerida por el juez titular del Juzgado número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, instructor de la causa, podría estar relacionada, según las fuentes consultadas, con los detalles aportados por los varios constructores a los que el magistrado ha tomado declaración el mismo martes y días anteriores. Todo apunta, además, a que estas últimas pesquisas se producen después de que los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa ampliaran una vez más la denuncia presentada por el PSC de Arona y asumida en febrero de 2007 por la Fiscalía contra los Delitos al Medio Ambiente y el Urbanismo, al detectar la supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de más de 300 licencias de obras.
Del sumario, que está bajo secreto, ha trascendido la imputación de 13 personas: todo el anterior grupo de gobierno (ocho concejales, incluido el alcalde, José Alberto González Reverón, el arquitecto y el aparejador municipales, otro arquitecto, un empresario (estos cuatro en libertad condicional) y un cabo de la Guardia Civil adscrito al Servicio de Información del puesto de Arona que estaba investigando el caso. Se les imputan delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y extorsión.
Ampliación. Con la nueva ampliación de la denuncia, el juez podría imputar a otras 16 personas, entre ellas el secretario municipal, el redactor del Plan General, el jefe de la nueva oficina de Licencias y Disciplina Urbanística y a otro constructor.
A este último el juez ya le ha tomado declaración y, según las fuentes consultadas, sus manifestaciones han llevado al nuevo registro policial del Ayuntamiento de Arona (el primero fue en marzo de 2007). Este empresario supuestamente se benefició de dos licencias de obra para construir sendos edificios en parcelas destinadas a equipamientos sociales.
En próximas semanas los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa tienen previsto hacer otra ampliación de la denuncia.
* Canarias 7 - R:R: - 29.01.2009
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Piélagos: Piden 2 años de cárcel para Pacheco por autorizar 300 viviendas contra la ley
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), al que acusa de prevaricación urbanística por haber autorizado en dos años 18 promociones que suman 302 viviendas a pesar de haber sido advertido de que vulneraban la legalidad.
La Fiscalía de Cantabria ha planteado esta acusación en el procedimiento abierto contra Pacheco en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander a raíz de las denuncias de un colectivo de vecinos de Piélagos y del propio Ministerio Público.
El fiscal sostiene que Pacheco concedió esas 18 licencias a pesar de haber sido advertido por el arquitecto municipal y por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de que vulneraban la legalidad, "por basarse en interpretaciones declaradas formalmente contrarias al ordenamiento urbanístico, según reiterada jurisprudencia", conforme explica en su escrito de acusación.
Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que han puesto en cuestión la legalidad del urbanismo practicado por el Ayuntamiento durante el mandato de Pacheco, que gobierna con mayoría absoluta.
Entre otras, se han dictado cuatro sentencias de derribo contra otras tantas urbanizaciones que suman un centenar de viviendas en la localidad costera de Liencres y se ha declarado ilegal un plan parcial que permitía construir 400 apartamentos y chalés en el Alto del Cuco, incrustados mediante taludes en la ladera del monte.
Entre las promociones cuya legalidad cuestiona la Fiscalía a partir de los informes de los servicios municipales no figura ninguna de las urbanizaciones con sentencia de derribo, sino que son posteriores a los expedientes de los que éstas se derivan.
Sin embargo, el fiscal establece una relación directa entre los delitos que imputa a Pacheco y las sentencias de derribo, porque considera que esas resoluciones judiciales prueban que el alcalde conocía que estaba dando por buena una interpretación del urbanismo que los tribunales reiteradamente habían rechazado y que sus propios técnicos ya no admitían.
"En todos los expedientes, el acusado concede las licencias referidas considerando urbanos unos terrenos que carecen de tal condición, según la normativa urbanística vigente en el territorio, interpretada de forma reiterada por los órganos judiciales, que habían venido anulando licencias otorgadas en las mismas condiciones que las concedidas", asegura la Fiscalía en su escrito de cargos.
El Ministerio Público subraya, además, que "constan en los referidos expedientes informes en tal sentido por parte del arquitecto municipal y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".
Las licencias sobre las que se asienta este procedimiento penal permitieron la construcción de 302 viviendas en las localidades de Carandia, Liencres, Oruña, Puente Arce, Quijano, Vioño y Zurita, en promociones que van desde las dos viviendas que tienen más pequeña (dos promociones de Quijano), a las 80 casas que componen la más grande (una promoción de Carandia).
Parte de los vecinos que denunciaron los hechos se han personado en la causa y tienen previsto presentar en los próximos días ante el Juzgado su escrito de acusación contra el alcalde.
* El Diario Montañés - EFE - 29.01.2009
Foto: Piélagos (Cantabria), ayuntamiento - pielagos.com
