MADRIDIARIO* : El Juzgado Contencioso Administrativo nº22 de Madrid ha declarado ilegales las obras de soterramiento de la M-30, según anuncia Ecologistas en Acción. El Ayuntamiento recurrirá la sentencia y asegura que no tendrá efectos reales.
Ecologistas en Acción ha recibido la notificación del Juzgado en el que presentó un recurso contencioso administrativo por las obras de la M-30, en el que consideraba que el proyecto no contaba con evaluación de impacto ambiental y que incumplía la legislación de protección de patrimonio histórico.
La sentencia del juzgado anula la aprobación de los cinco proyectos de remodelación que dieron pie a la obra, correspondientes al soterramiento de la avenida de Portugal y de las calzadas que discurrían a lo largo del Manzanares. Este miércoles darán a conocer las repercusiones y los detalles de la sentencia, que según Ecologistas se basa en los planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por su parte, el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón confirmó este martes que apelará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia dictada el pasado 16 de octubre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 en la que se anula los proyectos de la parte oeste de la M-30.
Este juzgado de lo contencioso administrativo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que fue resuelta el pasado julio. Entonces el TUE sentenció que la legislación comunitaria exige que las obras en vías urbanas, como la M-30, se sometan a una evaluación de impacto ambiental previa. No obstante, el Tribunal Europeo señaló que correspondía al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, que fue quien consultó al Tribunal de Luxemburgo, determinar si en el caso concreto de la M-30 se vulneró la normativa de la UE.
En un comunicado emitido por el Consistorio, el equipo de Gallardón sostiene que "respeta, como ha hecho siempre, la decisión judicial, pero considera que la misma no se ajusta a la situación jurídica de los proyectos ni a la jurisprudencia que sobre esta cuestión ha sentado ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".
Es por eso que el Ayuntamiento planteará un recurso de apelación ante el TSJM confiando en que la sentencia que finalmente dicte este órgano judicial "confirme la doctrina hasta ahora mantenida por el mismo y desestime el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción".
Consecuencias "resultas"
También matizaron que las consecuencias materiales de una posible sentencia anulatoria ya están resueltas por el Ayuntamiento con la realización del estudio ambiental acordado con la Comisión Europea. En definitiva, si la sentencia del TSJM fallara en contra del Consistorio ésta sólo tendría un alcance formal que, a juicio del equipo de Gobierno, "carecería de consecuencia alguna sobre los proyectos en su día aprobados y ya ejecutados y en servicio".
Y es que el Ayuntamiento de Madrid acordó con la Comisión Europea la realización de un estudio ambiental completo de naturaleza y contenido equivalentes a los previstos en la normativa comunitaria para el conjunto de actuaciones de remodelación de la M-30, compromiso que el Ayuntamiento de Madrid "está cumpliendo en los términos acordados". De esta manera, la Comisión no ha impuesto sanción alguna a las autoridades madrileñas en relación con la reforma de la vía, matizaron las mismas fuentes.
Desde el Gobierno municipal se recordó asimismo que, tras este acuerdo con la Comisión, el TSJM ha declarado en dos sentencias que los recursos contencioso administrativos relativos a si los proyectos en principio anulados debían o no haberse sometido a evaluación ambiental "han perdido su finalidad y utilidad, desestimando los recursos interpuestos".
Esta jurisprudencia coincide con el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destacaron desde el Consistorio, que al resolver la cuestión prejudicial afirmó literalmente que una evaluación ambiental formal "puede sustituirse por medidas equivalentes que cumplan las exigencias mínimas" de la normativa ambiental comunitaria, como se acordó en este caso.
Por todo ello, el Gobierno municipal calificó de "sorprendente" que el juzgado 22 haya resuelto "en términos totalmente distintos a lo fallado anteriormente por tres juzgados de Madrid" y, en particular, que "no siga la jurisprudencia establecida por el Tribunal Superior de Justicia en esta materia".
Ecologistas en Acción rechazó hacer valoración alguna sobre la sentencia del Juzgado número 22 aunque adelantó que con ella se da la razón a la entidad ecologistas.
* Madridiario - 28-10-2008 - MDO / E.P.
Foto: Madrid, obras M30 - madridiario.es
Un juzgado declara ilegales las obras de la M-30
Detienen a los alcaldes de Zarra y Bigastro por delitos urbanísticos
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LEVANTE/Valencia* : La Guardia Civil ha detenido esta mañana al alcalde de Zarra, Juan José Rubio, de la agrupación independiente AEPZ, y al primer edil de la localidad alicantina de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya.
La Guardia Civil ha detenido esta mañana al alcalde de Zarra, Juan José Rubio, de la agrupación independiente AEPZ, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.
Agentes de la Guardia Civil han realizado una actuación en el Ayuntamiento de la localidad y han detenido al primer edil municipal, según las mismas fuentes, que no han precisado más detalles sobre la detención.
La detención del alcalde de la localidad valenciana de Zarra, Juan José Rubio, perteneciente a una agrupación independiente, y la de su hijo, detenido en la misma actuación de la Guardia Civil, se debe a presuntos delitos urbanísticos, según informaron a Europa Press fuentes de la Benemérita. En enero de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana presentó una denuncia en el Juzgado Decano de Requena contra Juan José Rubio y tres concejales socialistas de Zarra por varios delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa.
A raíz de estas actuaciones, Rubio fue expulsado del PSPV-PSOE, según fuentes socialistas, y formó una agrupación electoral independiente (AEZP), con la que ganó 4 de los siete concejales de Zarra en las elecciones municipales de 2007.
Con la actuación judicial, el fiscal del TSJCV ratificaba la denuncia presentada en diciembre de 2005 por la concejal del PP de Zarra, Rebeca Gozálvez, contra el alcalde tras detectar una serie de irregularidades en las actividades de compraventa de inmuebles llevadas a cabo por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra SL y por la Mercantil Telyzan SL.
El Ministerio Fiscal determinó la existencia de indicios de comisión de delito penal en los hechos investigados y extendió su denuncia, además de al alcalde, a otras siete personas por su presunta implicación en los hechos.
Entre ellos figuraban el hijo de Rubio y administrador único de Telyzan, la secretaria accidental del Ayuntamiento, el arquitecto municipal, un miembro del Consejo de Administración de la empresa de servicios y a tres concejales del Consistorio, dos de los cuales eran, a su vez, miembros del Consejo de Administración de la citada sociedad municipal.
El escrito de denuncia remitido al Juzgado de Requena recogía los hechos documentados por Gozálvez y determinaba que existían indicios racionales de que la adquisición de varios solares por parte de Telyzan fue una "operación urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra (al desprenderse de unos bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido) y beneficiar directamente al hijo del alcalde".
TAMBIÉN EN BIGASTRO
El alcalde de la localidad alicantina de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, ha sido detenido hoy por la Guardia Civil, según han afirmado a EFE fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del propio PSPV-PSOE.
Hasta el momento no ha trascendido el motivo de su detención y, según han añadido las citadas fuentes, la investigación que rodea a este arresto "continua abierta".
Moya es alcalde desde hace 25 años de esta localidad, cuya población no supera los 7.000 habitantes. El secretario-interventor municipal del Ayuntamiento de Bigastro y un empresario han sido detenidos en la misma operación que el alcalde de la población, el socialista José Joaquín Moya, a partir de una investigación por un presunto delito urbanístico. Fuentes cercanas al caso no han concretado a Efe cuáles son los supuestos delitos que se les atribuyen ni las supuestas irregularidades que se investigan en una causa que lleva el juzgado número 3 de Orihuela. Por su parte, la primera teniente de alcalde de Bigastro, Inmaculada Martínez, ha informado a los periodistas de que a las 11.15 horas se personaron en el Ayuntamiento agentes de la Guardia Civil y que trasladaron al alcalde hasta dependencias del instituto armado en Jacarilla (Alicante) para prestar declaración. Tras asegurar que no se ha efectuado ningún registro en el edificio consistorial, ha reiterado que desconoce el motivo de esta actuación policial e, incluso, que Moya haya sido trasladado en calidad de detenido. Además del alcalde, ha relatado que también ha sido igualmente trasladado por la Guardia Civil el secretario-interventor municipal, Antonio Saseta. Martínez ha querido expresar a los vecinos de esta pequeña localidad del sur de Alicante un mensaje de "calma y tranquilidad", a la espera de conocer la situación del alcalde.
* Levante-EMV - Agencias - 28.10.2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
Empieza el segundo juicio del 'caso Andratx'
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TERRA/Mallorca* : La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma acoge a partir de hoy la vista oral del segundo juicio del llamado 'caso Andratx', sobre la construcción de un restaurante en un terreno protegido, por parte de Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo.
En dicho juicio, correspondiente a la pieza separada número 32 del llamado 'caso Andratx', el Ministerio Fiscal acusa al ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo, a su hermano Juan Carlos Hidalgo y al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación urbanística, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
El Ministerio Público acusa además al hermano del ex edil, Juan Carlos Hidalgo, de un delito contra la ordenación del territorio.
Juan Carlos Hidalgo construyó un restaurante ampliando una antigua vivienda de 1950, ubicada en una parcela calificada como suelo rústico protegido en un Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Según la Fiscalía Anticorrupción, dada dicha protección, era 'imposible autorizar' la construcción de la ampliación del inmueble para hacer posible su cambio de uso de vivienda a restaurante.
También se le acusa de transformar en aparcamiento una zona húmeda de unos 600 metros cuadrados, que se encontraba en una parcela colindante y con idéntico nivel de protección.
Según la Fiscalía, Juan Carlos Hidalgo sabía que se trataba de terrenos protegidos cuando los adquirió, pero él y su hermano, el alcalde Eugenio Hidalgo, convencieron al que era jefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, 'para que realizase cuantos actos administrativos fueron necesarios o convenientes aunque fuesen ilegales' para poder realizar 'las obras ilegales que proyectaba'.
La falsificación de la calificación del suelo, de rústico a zona general turístico residencial, fue llevada a cabo por Massot, mediante documentos oficiales redactados en enero y febrero de 2001, y enero de 2002, que dieron lugar a posteriores licencias de construcción también irregulares.
Por todos estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de acusación ocho años de prisión para Jaume Massot, seis y medio para Juan Carlos Hidalgo y ocho para Eugenio Hidalgo; además de la demolición de lo construido.
El Ministerio Público pide también que, con la apertura de juicio oral, se requiera a los acusados que presenten una fianza para asegurar el pago de sus responsabilidades, que sería de 97.000 euros para Jaume Massot, 188.000 para Juan Carlos Hidalgo, y 97.000 para Eugenio Hidalgo.
El Ayuntamiento de Andratx está personado como acusación particular en este proceso.
En la primera pieza del caso Andratx, referida a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos en un terreno propiedad del ex alcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo pasados, la misma sección de la Audiencia Provincial ya condenó al ex edil a cuatro años de cárcel.
La sentencia también condenó a tres años y seis meses al ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear Jaume Massot, a un año al ex asesor legal del Ayuntamiento Ignacio Mir, y a cuatro meses el ex celador municipal Jaume Gibert.
* Terra Actualidad - EFE - 28.10.2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
El fiscal mantiene la acusación contra el ex alcalde de Benalmádena al entender que dio una licencia "ilegal"
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METRO* : La Fiscalía de Málaga mantuvo hoy la acusación contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Benalmádena Enrique Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió una licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".
La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien aseguró al final de la vista que actuó "correctamente" y no ha cometido "ningún delito". El juicio quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 7 de la capital.
Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según dijo, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".
Asimismo, dijo que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que aseguró que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.
Por su parte, la defensa aseguró que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que insistió en que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.
El letrado explicó que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, señaló que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.
Bolín, en su derecho a la última palabra, explicó que "había la necesidad imperiosa de obtener unos terrenos para el ferrocarril y por eso se firmó el convenio y se llevó a pleno y al equipo redactor para que se modificaran los elementos, "pero no se hacía", indicó el regidor, quien apuntó que "no podía evitar dar la licencia porque era un beneficio muy grande para el pueblo".
Negó que la operación supusiera un aumento de la edificabilidad y recordó que la licencia no fue impugnada inicialmente por la Junta de Andalucía, sino que se denunció por el PSOE dos años después, cuando ya está la obra. Además, indicó que cuando se recibió la orden de suspensión del acto administrativo "paralicé las obras", por lo que consideró que actuó "correctamente y no he cometido ningún delito".
* Diario Metro - Europa Press - 27.10.2008
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
La dimensión de la burbuja: 4 millones de pisos, 4 años, 877.000 millones de euros
COTIZALIA* : Construir casi cuatro millones de viviendas nuevas entre 2003 y 2007 ha costado 562.000 millones de euros, pero los españoles han pagado por ellas 877.000 millones de euros, 315.000 millones de euros más. ¿Dónde ha ido a parar la diferencia?, se pregunta Ricardo Vergés, arquitecto y economista en un reciente estudio publicado por El Observatorio Inmobiliario y de la Construcción titulado El ladrillo no es desarrollo.
Vergés sostiene que buena parte del dinero que han adquirido entidades españolas a los demás bancos en el interbancario de Fránkfurt (algo que, según él, “no debería haber sucedido”) ha servido para financiar el boom inmobiliario español. Concretamente, entre 2003 y 2007, lo que él denomina “el último auge de la era inmobiliaria” dicha liquidez ha pasado de 78.000 a 428.000 millones de euros, según el FMI.
Esta cifra, según sus cálculos, representa aproximadamente un 75% de los costes de producción residencial incluyendo honorarios, salarios, e impuestos directos de la actividad inmobiliaria entre 2003 y 2007, según las Cuentas Nacionales. Dichos costes ascienden a 562.000 millones. Sin embargo, son muchos más (877.000) los millones de euros que los compradores de los 3,94 millones de viviendas nuevas promovidas durante dicho periodo han debido pagar por ellas (en promedio 223.000 euros por unidad). “No se tienen noticias de dónde ha ido a parar la diferencia de 315.000 millones en excedentes de explotación o beneficios netos (eso sí, impuestos deducidos)”, cuestiona.
“Lo primero para Europa ha sido cerrar la ventana abierta en 2003, por la que se colaba la corriente interbancaria de 350.000 millones que han financiado buena parte de las obras de más de cuatro millones de viviendas. Cosa hecha a finales de 2006 al descubrir la magnitud de los hechos. Acto seguido caen inmobiliarias, constructoras y entidades que contaban con la perennidad del fabuloso negocio que, según Cuentas Nacionales, les traían otros tantos beneficios. Caen también los visados mientras se acumulan los invendidos. Todo ello desinfla la actividad, el consumo, la confianza y la abundancia de dinero, antes mismo de empezar a hablar de subprimes”, explica Vergés.
El esfuerzo inversor en nueva vivienda en España es 4,5 veces más intenso que en EEUU
Es precisamente al comparar la evolución del mercado inmobiliario de EEUU con el de España cuando se pone de manifiesto la dimensión de la burbuja propia. “Los EEUU nunca llegaron a construir más de 9 viviendas por mil habitantes y siempre las vendieron a precios equivalentes, como mucho a 3,5 rentas familiares medias”, afirma. En España, se han llegado a alcanzar las 22 nuevas viviendas por mil habitantes, vendidas a precios que todavía superan las 6,5 rentas familiares medias. “O sea que en los últimos años, el esfuerzo inversor en nueva vivienda en España ha llegado a ser cuatro veces y media más intenso que en EEUU”.
El presente estudio depara más sorpresas, como el hecho de que en los mismos cinco últimos años se han contratado 8,4 millones de hipotecas, de las cuales menos de seis millones son hipotecas de origen y el resto refinanciaciones sin incremento de capital. “El modelo QDAM de endeudamiento estima que la deuda por cuotas (principal más intereses) de 1,56 billones que los hipotecados de 2003 a 2007 tenían que devolver sobre el papel, asciende ya a 1,86 billones a causa de la refinanciación solicitada entretanto. En efecto, ésta se ha disparado en los dos últimos años, posponiendo el principal y alargando el calendario de amortización y por tanto los intereses, de modo que el importe pendiente no cesa de aumentar”, estima. Dicho de otro modo, y utilizando su propia terminología: vamos a tener esclavitud por deuda (debt slavery) para rato.
“El bosque de la crisis mundial nos oculta los árboles de nuestra propia crisis. Ciertamente, cuando Wall Street se resfría, los demás mercados estornudan. El problema es que España no tiene un resfriado, sino una pulmonía crónica y que el pronóstico no es halagüeño: cada vez se nos hace más difícil respirar”, concluye.
* Cotizalia - Fátima Martín - 27/10/2008
Foto: Burbuja inmobiliaria - cotizalia.com
Ladrillazo al ex alcalde de Alicante
INTERVIÚ* : Luis Díaz Alperi dimitió por sorpresa como alcalde de Alicante cuando estalló el ‘caso Riviera’, una gigantesca estafa inmobiliaria que por un montante superior a los 60 millones de euros afecta a 1.000 familias que invirtieron sus ahorros en la compra de pisos en Alicante, Murcia, Málaga y Granada.
Cuando dimitió después de 13 años en el cargo el alcalde, Luis Díaz Alperi, todavía parlamentario autonómico del PP, no dio explicación alguna. Cedió su bastón de mando a su concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, y enmudeció. Claude Roch, primogénito del clan Tabarot, una familia de políticos de la UMP, el partido de Nicolás Sarkozy, había sido detenido la noche antes en el aeropuerto de Alicante cuando se disponía a volar en un jet privado a Marruecos con un selecto grupo de directivos de su inmobiliaria Riviera Coast. Gracias al Ayuntamiento de Alicante, que dirigía Díaz Alperi, esta empresa construyó su lujosa sede en el antiguo Liceo Francés: sin permiso de obras, sin licencia, tras una inspección de la policía municipal que denunció las irregularidades urbanísticas y sobre suelo de uso escolar. ¿Como lo consiguió?
Documentos que obran en poder de interviú confirman que Claude Roch Tabarot logró lo imposible en el Ayuntamiento durante el mandato de Díaz Alperi. Cuando la prensa, algunos vecinos y la oposición municipal habían denunciado que una inmobiliaria edificaba su sede en el antiguo Liceo Francés, todo fueron silencios. “Se hizo la vista gorda, ahora nos lo explicamos todo”, dice el abogado de los afectados, José Luis Escobar.
Según esta documentación, el 26 de marzo de 2007, la inmobiliaria solicita licencia para acondicionar el interior del Liceo Francés y ubicar allí la Fundación Riviera, una presunta tapadera con la que se concederían becas a jóvenes tenistas para poder practicar su deporte, junto con la sede social del Club G-7. La realidad es que se construyó allí la inmobiliaria. “Hemos comprobado en la contabilidad que la Fundación sólo movió 2.500 euros y los afectados nos dicen que las dos plantas de su sede siempre estaban vacías”, señala Escobar.
Las obras además poseían mayor calado. Se cambió la fachada, se colocó un letrero luminoso con el nombre de la inmobiliaria y sobre el patio del colegio y las pistas deportivas se iba a hacer un aparcamiento. “Se levantó un acta de disciplina urbanística, la policía municipal se personó y constató las irregularidades”, confirma la concejala socialista Loles Fernández, “pero todos ignorábamos quiénes eran los que estaban detrás de Riviera Coast, sólo sabíamos que se estaba mirando para otro lado”.
El 21 de agosto de 2007 (ver documentos en página anterior) los técnicos municipales deniegan al Grupo Riviera el permiso de obra mayor para ubicar la sede de su inmobiliaria en el suelo escolar del Liceo Francés. Cuatro meses después se desestima su recurso de reposición, pero la inmobiliaria sigue adelante. Ni se paralizan las obras ni se cierran las oficinas ni se expedienta o multa a sus propietarios. ¿Quiénes eran los influyentes y poderosos empresarios que se escondían tras el Grupo Riviera?
El mes pasado lo supieron. El 11 de septiembre, a las 21.00 horas, la cúpula de Riviera Coast era detenida en el aeropuerto de Alicante. Toda la prensa del día siguiente anunciaba el escándalo. A las 16.00 horas, dimitía por sorpresa el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), y los afectados creen que no es mera casualidad: “Antiguos empleados nos aseguran que el Liceo Francés estaba ligado al patriarca Robert Tabarot pero lo más relevante es que el suelo dotacional de un colegio se transformó de súbito en edificio de oficinas. A un particular jamás le dejarían y le paralizarían las obras. Pero el ayuntamiento que presidía Alperi lo aprobó. Su actividad era prácticamente nula y el negocio, redondo. Y al venirse todo al suelo y estallar el caso con las detenciones, no era difícil prever lo que se avecinaba”.
La alcaldesa y el concejal
Una fotografía de un sonriente Nicolas Sarkozy posando junto a ella preside el despacho de la alcaldesa de Le Cannet y diputada en París, Michèlle Tabarot. Su hermano Philippe es concejal en Cannes también por la UMP, aunque en la oposición. Y el primogénito, Claude Roch, está a la espera de juicio tras pasar por prisión, dictada desde la Audiencia Nacional por el caso Riviera. El padre, Robert Tabarot, un ex boxeador (peso medio y medio-pesado) que dirigió la OAS –grupo de extrema derecha que reivindicaba Argelia como colonia de Francia– vive en Alicante y allí nació su hija Michèlle. Un grupo cerrado, muy pétreo, que se reúne en secreto y sigue un supersticioso ritual antes de cada cita electoral para planificarla como si fuera un combate de boxeo, según desveló el semanario L’Express cuando ella accedió la última vez al cargo. En Francia se les considera un clan, pero sólo en el plano político.
El problema ha surgido cuando han saltado a los negocios. El juez Santiago Pedraz y la Brigada de Delitos Económicos investigan cómo pudo Claude Roch Tabarot arruinar a más de mil familias españolas en más de 60 millones de euros. Pero la fórmula es la de siempre: un extraordinario poder de seducción con la política como telón de fondo y un lujo ostentoso. Coches de alta gama –un Porsche adquirido por leasing–, relojes de 6.000 euros que cambian de mano, restaurantes lujosos, nombres famosos como reclamo... Pero en esta ocasión, a las celebridades del deporte o el espectáculo se les unía como novedad las de la política.
Porque las relaciones de los Tabarot alcanzan la alta esfera pública, la cima del mundo. En la empresa inmobiliaria Aglabahía, de la que Claude Roch es administrador, figura como socio Cossington Consultants Limited, domiciliada en Gibraltar. Su accionista principal es la empresa Valmet Nominees Limited, a la que el diario The New York Times ha relacionado con el blanqueo de 15 millones de dólares a través del Banco de Nueva York y procedentes de la venta de titanio ruso y petróleo siberiano por parte de Roman Abramovich, el magnate ruso afincado en Londres propietario del Chelsea F.C. El diario vinculó también con Valmet a Konstantin Kagalovski, ex representante de Rusia en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ambas operaciones están siendo investigadas por jueces de Estados Unidos y Suiza.
Y es que el clan al que pertenece Claude Roch además “presumía de sus altos contactos políticos, de su hermana diputada y de la cercanía al presidente francés”, señala el abogado José Luis Escobar. Así lograron embaucar a sus inversores, pero hoy todo se ha venido abajo.
En la sección de Toulon de la Liga de los Derechos Humanos (LDH) consta la ficha del patriarca, Robert Tabarot, con varias fotografías: alias Rocher, ex boxeador, creó con Athanase Tassou Georgopoulos la división en Orán de la OAS argelina, “que no vaciló en asesinar a soldados franceses”. Cuando se produjo la descolonización, se estableció en Alicante, donde montó una pizzería. Por eso en esta ciudad española nació Michèlle Tabarot y a Claude Roch con sus contactos y su ostentoso lujo no le fue demasiado difícil acceder a numerosos negocios en la costa de la comunidad valenciana: terrenos alrededor de Terra Mítica, presidente del Casino Costa Blanca de Villajoyosa, hundimiento de la constructora Cleop...
Benidorm y Le Cannet han estado hermanados como pueblos y a los contactos de los Tabarot se les atribuye otra gestión de altura: Claude Roch logró que Severiano Ballesteros, Miguel Induráin y Norma Duval fueran vecinos del complejo de lujo Golf Bahía, para que hiciesen de reclamo hacia otros inversionistas. Pero ya se veía que a Claude Roch le gustaba más el dinero que los ladrillos: la constructora quebró y las viviendas tuvieron que ser terminadas por otra empresa. A sus hermanos también les gusta el glamur y rodearse de famosos para sus aventuras políticas: en sus páginas webs respectivas la alcaldesa Michèlle figura en una fotografía con el futbolista Zidane y el concejal con una bella Miss Francia. Michèlle Tabarot, la que posee un mayor ascendente sobre Sarkozy, también es diputada en la Asamblea Nacional.
El abogado de los afectados, José Luis Escobar, denuncia a interviú que el dinero defraudado pudo evadirse a Marruecos, pues en Marraquech se estableció Riviera Coast Marroc y allí viajaba Claude Roch Tabarot momentos antes de ser detenido y encarcelado junto a su mano derecha, Francisco Fernández Fernández; el director financiero, Luis César Dávalos Coronati; el responsable de construcción, José Antonio Quesada Cordón; el asesor de comunicación, Germán Piñeiro Vázquez, y la abogada Sonsoles Sánchez Albiñana. Todos fueron puestos finalmente en libertad por el juez Grande Marlaska, al encontrarse el titular, Santiago Pedraz, fuera de Madrid. Pero sus pasaportes están retenidos y tienen obligación de presentarse ante el juez. Y es que sus deudas se acumulan: deben doce millones a diferentes bancos y ocho figuran en el Registro de Aceptaciones Impagadas. “Gastaban un millón de euros al año en publicidad”, señala Escobar.
Al inspeccionar las cuentas, los afectados han encontrado que Riviera Coast como matriz y sus cuatro filiales alquilaron un enorme edificio en la madrileña calle José Abascal por 60.000 euros mensuales e invirtieron un millón en su decoración. Hoy sólo quedan pagarés falsos, letras devueltas y un montón de deudas.
* Interviú - Federico UTRERA - 13.10.2008
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
Ávila: Hispania Nostra critica el 'grave proceso de degradación de los valores paisajísticos'
ELMUNDO* : La asociación Hispania Nostra ha criticado "el grave proceso de alteración y degradación de los valores culturales y paisajísticos" de la capital abulense, incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Mundial. Según un comunicado de Hispania Nostra, "el más reciente episodio de este proceso lo constituye la construcción de un centro de congresos de gran altura y extensión frente al tramo norte-noroeste de la muralla de la ciudad", junto a la ermita románica de San Segundo.
Al respecto, la asociación ha precisado que ambos monumentos figuran expresamente mencionados en la declaración del conjunto de Ávila como Patrimonio Cultural Mundial realizada por la UNESCO "dada su gran relevancia".
La edificación del nuevo centro de congresos sobre los terrenos del antiguo mercado de ganados, promovida por el Ayuntamiento de la ciudad, "altera y desfigura para siempre la que hasta ahora ha venido siendo considerada mejor vista de la ciudad de Ávila y de su muralla, y también daña irreversiblemente, por su desmesurado volumen, la visión de la ermita de San Segundo".
No obstante, Hispania Nostra ha aseverado que el proceso de alteración y degradación de los valores culturales y paisajísticos de la ciudad de Ávila "no se limita a ese episodio" ya que "surge del inadecuado desarrollo urbanístico de la ciudad durante los últimos años".
Por ejemplo, la asociación se ha referido "a la desmedida ocupación por nuevas edificaciones del entorno del monasterio de La Encarnación", así como en la construcción del polígono industrial de Las Hervencias, "que domina por completo la vista norte-noreste de la ciudad y altera la visión desde el adarve de la muralla".
Según Hispania Nostra, todo ha acarreado "la destrucción de los valores paisajísticos que hicieron de Ávila un excepcional ejemplo de integración de un casco histórico amurallado en su entorno natural y dieron lugar a una constante y elevada apreciación de su carácter por escritores y pintores desde finales del siglo XIX a nuestros días".
Es especialmente "lamentable", según Hispania Nostra, que esa destrucción "se haya producido mientras se está desarrollando en los países europeos una conciencia cada vez más acusada del valor cultural del paisaje", que se expresa en la Convención Europea del Paisaje de 2000, la cual acaba de ser ratificada por España.
La degradación del entorno paisajístico de Ávila "ha venido también acompañada de una alteración de importantes lugares del casco histórico", tanto extramuros como intramuros, con la construcción de edificios de nueva planta, "alguno de los cuales, como el polémico edificio en la plaza de Santa Teresa, tiene un impacto fuertemente negativo sobre otros monumentos importantes", según la asociación.
* El Mundo - Europa Press - 27.10.2008
Foto: Ávila, ayuntamiento - lawebmunicipal.com
El fiscal denuncia al alcalde de Aranga y a promotores por la compra de terrenos recalificados
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ELCORREOGALLEGO* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denunciado al alcalde de Aranga (A Coruña), Manuel Brañas Abad (PP), y a dos responsables de una empresa promotora por el uso de información privilegiada en la compra de unos terrenos que resultaron calcinados por incendios forestales en 2005 y que luego fueron recalificados para permitir la construcción en ellos.
Según informó a Europa Press el portavoz de la Fiscalía del TSXG, José Ramón Piñol, para acusar al alcalde de Aranga y dos responsables de la empresa Promotora de Viviendas Urbanas, el ministerio público apela a tres artículos del Código Penal (284, 417 y 418) que se refieren a delitos de "violación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos" y el uso de información privilegiada aportada por un funcionario público o autoridad, así como la alteración de los precios del libre mercado.
Promotora de Viviendas Urbanas, que en los últimos años ha ido comprando diversas parcelas en el municipio de Aranga, es propiedad del empresario Manuel Collazo Mato, que a su vez tiene varios casinos, bingos y salones recreativos en España, Europa y la zona del Caribe.
El plan urbanístico de Aranga ha generado estos meses polémica en este municipio coruñés con más de 2.500 vecinos censados, ya que los grupos de la oposición --PSdeG y BNG-- denunciaron la construcción de un polígono industrial de unos 2,5 millones de metros cuadrados y una urbanización de más de 700 viviendas a partir de la recalificación de 300 hectáreas de suelo rústico adquiridas por el empresario Manuel Collazo Mato.
Denuncia del fiscal
En la denuncia presentada ante el Juzgado de Betanzos (A Coruña) por el fiscal encargado de los delitos contra la legalidad urbanística se señala que el alcalde de Aranga y la empresa Promotora de Viviendas Urbanas firmaron dos convenios en los cuales se clasificaron los terrenos ubicados en el Monte Santiso como suelo industrial y suelo urbano, pese a que la Consellería de Medio Rural había comunicado al ayuntamiento, en octubre de 2005, que no se debía variar la calificación de suelo rústico de esas parcelas tras los incendios sufridos el verano de ese año.
Pese a que tras los incendios de 2005, la legislación de protección del medio rural obligaba a mantener la calificación de suelo rústico sobre ese lugar, catalogado como monte vecinal en mano común, el alcalde de Aranga y la promotora de viviendas firmaron los dos convenios en los que se calificaban los terrenos como suelo donde sí se podía construir, con "la consiguiente variación del valor" de los terrenos.
La Fiscalía apunta que hasta que ambos convenios se publicaron en enero de 2008, responsables de la empresa Promotora de Viviendas Urbanas, a través de otra sociedad, "se dedicaron a comprar los terrenos citados a un precio muy inferior al que resultaría de la nueva clasificación".
El portavoz de la Fiscalía del TSXG indicó que el ministerio público abrió una investigación a raíz de denuncias de particulares y apunta que "se ignora", por el momento, si para la suscripción de los convenios referidos hubo "algún tipo de ventaja o retribución". La Fiscalía ha remitido al Juzgado de Betanzos el material documental en el que basó su investigación y le ha solicitado que realice las diligencias necesarias para concluirla.
En un comunicado, la Fiscalía Superior de Galicia concluye que esta actuación es una investigación que no prejuzga el resultado final y puntualiza que la presunción de inocencia ampara a todos los ciudadanos a la espera de que la autoridad judicial practique las diligencias de la investigación.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 27.10.2008
Foto: Aranga (A Coruña), ayuntamiento - aranga.es
Ciudad Real: Un aeropuerto en el aire
ELPAÍS* : Obama es de los pocos que han sobrevolado la pista del aeropuerto privado de Ciudad Real, a 200 kilómetros de Madrid, hasta tocar tierra. Él y unos cuantos elegidos que no viven pendientes del permiso de Aviación Civil para maniobrar sobre la pista vacía de cuatro kilómetros de largo. Son los 15 halcones entrenados para ahuyentar al resto de aves del campo de vuelo. Calixto, el cetrero, les ha puesto nombres. Obama es el más oscuro.
En su montículo fijado sobre un campo de hierba, el pájaro descansaba el miércoles ajeno al ajetreo de una inauguración fallida. En los paneles de la terminal de tres plantas, rodeada de plásticos de embalaje y máquinas abrillantadoras, lucía el código del vuelo con destino a Barcelona (IB-8649). Salida prevista: lunes a las tres de la tarde. Si hoy acude algún pasajero, encontrará otro mensaje: vuelo cancelado.
La empresa que gestiona el primer aeropuerto privado de España montó el sarao sin contar con todos los permisos. La Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, les negó la licencia el viernes por carecer de algunas de las medidas previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Nadie explica por qué se vendieron billetes sin los permisos en regla.
El presidente de la sociedad promotora del Aeropuerto de Ciudad Real, José Antonio León Triviño, consideró ayer una "barbaridad" que Fomento no haya concedido la preceptiva autorización para comenzar a operar, lo que impide que salgan los aviones, previstos para hoy. En declaraciones a Radio Castilla-La Mancha, León Triviño se refirió al perjuicio económico que para la sociedad promotora supone la decisión del ministerio, informa Efe.
La apertura, como la mayoría de los proyectos del nuevo aeropuerto, se ha quedado "en negociaciones", la expresión más oída en la visita realizada por los periodistas. En negociaciones con países suramericanos para exportar sus productos, en negociaciones con compañías de low cost, en negociaciones con cadenas de supermercados y con los dueños de las fincas de caza de Castilla-La Mancha, interesados en aterrizar en el aeropuerto para aprovechar el tiempo cuando se levanta la veda.
Pero ya no hay fecha para que despeguen los aviones de Air Nostrum y Air Berlin, las dos compañías afincadas en Ciudad Real, que ofrecen 28 destinos (ocho nacionales) y que ya habían vendido sus primeros billetes para esta semana. De Ciudad Real directo a Barcelona, Gran Canaria y Palma de Mallorca. De esos tres destinos, salto a distintas ciudades europeas (París, Londres, Bolonia, Berlín, Viena o Copenhague, entre otras).
Los promotores han invertido 510 millones y esperan gastar otros 500 más para potenciar el transporte de mercancías. Aspiran a competir con Barajas con varias bazas. "Nosotros podemos negociar costes, AENA no", explica el director comercial, Santiago García. Las tasas de los aeropuertos públicos están fijadas en el BOE. Ellos tendrán margen de maniobra y una instalación abierta 24 horas al día. El aeropuerto de Madrid Barajas cerró 2007 con más de 52 millones de pasajeros y 325.000 toneladas de carga. La previsión de Ciudad Real es alcanzar 1,5 millones de viajeros y 45.000 toneladas de mercancía en cinco años. Han rebajado expectativas. Hace un año, cuando anunciaron por primera vez una apertura inminente, esperaban alcanzar 750.000 pasajeros ya en 2008 y superar los 2,5 millones en tres años.
Para la carga, falta construir las naves previstas en la vasta llanura de 1.234 hectáreas que rodea la terminal, la torre y la pista, a la que por ahora sólo se puede acceder en taxi (por 25 euros el trayecto desde el centro de Ciudad Real) o en coche. Las negociaciones con las compañías de bajo coste dependen de la conexión con ferrocarril, otro tema pendiente. Se publicitan como el primer aeropuerto conectado con la Alta Velocidad, pero la pasarela que une la terminal con la vía del tren es aún un esqueleto de hierros. La estación donde deberían bajar los usuarios del AVE (a 50 minutos de Madrid) no existe. Todavía falta un año, según el director comercial. "Podemos robarles pasajeros a partir de octubre del año que viene", añade. Entonces le salen las cuentas del tiempo para competir con Madrid. "Si llegas a la T-4 de Barajas tienes que esperar 45 minutos para recoger las maletas, otros 10 para el taxi y a casa, la hora y media no te la quita nadie", detalla.
El precio es otro asunto. Al billete de avión habría que sumarle el del tren. Cano alude a posibles convenios con Renfe para abaratar billetes. Una portavoz de la red de ferrocarriles asegura que ese modelo no existe. Habrá que esperar, dice, a que la estación del AVE esté construida, a que la plataforma deje de ser un esqueleto. ¿Puede convertirse en el aeropuerto secundario de Madrid, como Girona con Barcelona? En AENA no responden. Sólo dan la bienvenida y aseguran que un nuevo competidor les obligará "a ser más eficientes", según un portavoz del aeropuerto de Barajas.
No caben comparaciones. En la torre del aeropuerto manchego tampoco. Al mirarla, entera de hormigón, es imposible saber si es grande o pequeña. No hay referencia que enfrentar a sus 50 metros de alto. Ajenos a medidas, los siete controladores de Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea (AENA) que vigilarán los vuelos comprobaban el miércoles las pantallas. Acaban de llegar de Sevilla para familiarizarse con el nuevo territorio. La tecnología es la misma, explica uno de ellos. La torre pertenece ya a AENA. Ninguno de los trabajadores del aeropuerto -con 121 empleos directos y 180 indirectos- podrá rebasar la puerta sin identificarse y dejar el DNI al responsable de seguridad de la entrada. Es el punto más delicado del nuevo aeródromo, el único que escapa del control privado.
Desde lo alto de la torre, forrada de hormigón, se divisa la llanura manchega, esa que la empresa intentó convertir en Madrid Sur en un golpe de marketing al que el Gobierno de Esperanza Aguirre se negó en redondo. Fue un nombre fallido que duró unos meses. Sustituyó a Don Quijote, descartado porque sonaba a parque temático. Ahora la empresa apuesta por Central, un nombre "sonoro" que se escribe igual en varios idiomas, añade José Cano. Un nombre que, de momento, alude a una instalación sin fecha de apertura.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 27/10/2008
Foto: Un AVE pasa junto a la terminal del Aeropuerto de Central de Ciudad Real- ULY MARTÍN, elpais.com
Alboraia: Un pelotazo convertido en pesadilla
ELPAÍS/Valencia* : La crisis económica está convirtiendo un pelotazo urbanístico en Alboraia en una pesadilla. El Ayuntamiento de esta localidad valenciana de L'Horta Nord aprobó en abril de 2007 un convenio urbanístico con el centro comercial Alcampo por el cual el Consistorio se comprometía a recalificar 82.000 metros cuadrados de huerta protegida en la partida de Vera para el traslado del centro.
Alcampo, por su parte, construiría 1.000 viviendas de lujo y una marina en la fachada litoral donde está su centro actual. Ambas partes se comprometían a indemnizarse con 100 millones de euros si antes de 2012 alguna no cumplía con lo estipulado.
De momento, es el Consistorio el que aparentemente tiene más dificultades para cumplir con sus compromisos. Partidos y colectivos como el Bloc y Per L'Horta han plantado cara a esta iniciativa y la tienen recurrida ante los tribunales. Pero el principal escollo con que se ha encontrado el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PP, es la negativa a vender de numerosos propietarios organizados en la Asociación Salvem L'Horta Vera-Alboraia. El acuerdo expira en 2012, pero el tiempo y la crisis corren en contra.
El alcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, con el que este periódico intentó sin éxito hablar para que diera su versión, justificó en su día el plan urbano recogido en el convenio como necesario para "legalizar" la situación de 200 viviendas edificadas fuera de ordenación en la fachada litoral. En abril de 2007, Álvaro afirmaba que había atado cerca de 30 acuerdos de venta con propietarios de la huerta a recalificar.
Dos años antes, un juzgado había cuestionado el interés general del plan, poniendo de manifiesto que la reforma estaba en marcha sin que el Ayuntamiento hubiera aprobado ninguna revisión urbanística ni PAI alguno. La recalificación de la huerta está hora recogida en el concierto previo del nuevo plan urbano'Ahora mismo es muy improbable que el Ayuntamiento obtenga todos los terrenos', explica Antonio Montiel, portavoz de Per L'Horta, quien asegura que 'se está ofreciendo a los propietarios acciones del futuro centro comercial para convencerlos, algo que parece increíble. El Ayuntamiento, incluso, se planteó pagar en metálico, pero no tiene liquidez', dice en referencia a la deuda de 10 millones de euros que arrojaba la liquidación del presupuesto de 2006. El acuerdo, además, garantiza que Alcampo 'no cerrará ni un solo día', lo que implica que deberá estar construido el nuevo centro antes de 2012. 'Se trata de cláusulas de imposible cumplimiento pero no parece que Alcampo tenga mucha prisa, dada la situación económica. Más bien es el Ayuntamiento quien tiene prisa por capitalizarse', asegura Montiel, quien tampoco quiere que los árboles oculten el bosque: 'Se trata de un tema clave. Cuando caiga Alboraia, caerá el resto de huerta en L'Horta Nord'. El alcalde, Manuel Álvaro, no contestó a los reiterados requerimientos de este diario para ofrecer su versión, pero la oposición tiene encendidas las alarmas. 'Si teníamos dudas al principio de todo el proceso, ahora se nos han multiplicado, y sobre todo las derivadas de las condiciones leoninas para el Ayuntamiento del convenio y lo que supondría su incumplimiento', comenta la concejala del Bloc Àngels Belloch. 'Hay partes evanescentes en el acuerdo, como los compromisos de mejora de los accesos e instalaciones del actual centro que no están evaluados económicamente, como se dijo desde la intervención municipal', dice. Y añade: 'Aunque el alcalde asegure que sacará adelante el proyecto los riesgos son muy grandes. Dada la deuda municipal, no sabemos cómo va a hacer frente a la adquisición de los terrenos. Y además, se trata de una operación urbanística planteada en un momento de gran recesión', alerta la concejala nacionalista. Belloch, además, criticó el 'oscurantismo' que hace 'imposible saber qué porcentaje de opciones de compra sobre los terrenos tiene el Ayuntamiento'. Otra de las incógnitas reside en saber quién podría estar interesado en la operación en Port Saplaya después de la debacle de Astroc, la promotora original. Diversas fuentes apuntan al constructor Juan Bautista Soler. Como en otros casos, sin embargo, la delicada situación del sector inmobiliario también planea sobre el proyecto.
* ELPAIS.com - XAVIER ALIAGA - Valencia - 27/10/2008
Foto: Alboraia (Valencia) - flickr.com
Vivienda y ayuda humanitaria
NANDO ZAMORANO* : Hace unos días leía un artículo de Eric Holt-Giménez, Director Ejecutivo de Food First y especialista en seguridad alimentaria que bajo el título de “La tormenta perfecta de la ayuda alimentaria” reflexionaba sobre las hambrunas que se prevé afectarán, sobre todo al continente africano, en los próximos tiempos afectaran a miles, a millones de personas.
Y sobre el papel que juegan las multinacionales estadounidenses que controlan el complejo agro industrial y de transgénicos, formado por empresas como Cargill (granos), Monsanto (semillas) y Mosaic (fertilizantes), que controlan la “ayuda alimentaria” y los programas de emergencia alimentaria.
Se trata de un artículo demoledor, donde Holt sostiene que aparte de otros fines geopolíticos, la ayuda alimentaria funciona como una esponja para absorber el excedente comercial de cereales en el Norte y sacarlo a precios por debajo de sus costos de producción en los países del Sur. La sobreproducción se mantiene gracias a los exorbitantes subsidios y subvenciones que los Estados Unidos y los países de la Unión Europea otorgan a la producción. De esta manera se permite, y hasta se asegura que el hambre y el subdesarrollo continúen o incluso crezcan en los próximos años. Después, cuando las imágenes con los miles de hambrientos asomen a los hogares del “mundo desarrollado” a través de la televisión, sus gobernantes se podrán lavar la cara, que no la conciencia, con grandes discursos, con bonitas palabras y el ofrecimiento de ayuda humanitaria 1. El sistema pone al “zorro a cuidar a las gallinas” y hace del pirómano responsable del destacamento de bomberos.
Algo similar, aunque hemos de reconocer que mucho menos terrible en términos humanitarios, viene ocurriendo en España con el problema de la vivienda. Para entender mejor esto, previamente hay que explicar que entre los países europeos conviven dos modelos inmobiliarios o dos formas de asegurar el derecho a la vivienda. Uno en el que el alquiler y la vivienda social tiene mayor peso, representado por países como Alemania, Suiza u Holanda, y otro con un predominio absoluto de la vivienda libre y en propiedad, del que España es todo un paradigma. El primer modelo evoluciona a partir de las variaciones demográficas y de las rentas disponibles en los hogares, el segundo queda totalmente en manos de los avatares del mercado quedando la vivienda como mero instrumento de producción de plusvalía.
Pero esto no ha sido siempre así. Si bien en la actualidad la tasa de viviendas de alquiler en el Estado español se sitúa en el 11,4% del total de viviendas 2 , el más bajo de todos los países que forman la Unión Europea, la cifra en los años 50 del pasado siglo XX rondaba el 80%, siendo minoritarias las viviendas en propiedad. El ascenso al gobierno en el año 1957 de un grupo de tecnócratas ligados al Opus Dei que pusieron en marcha un Plan de Estabilización conforme a las directrices marcadas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional supuso el inicio de un periodo, que se ha mantenido hasta nuestros días, en que la vivienda se convierte en un mecanismo de acumulación de capital tan o más importante incluso que la actividad industrial. Desde entonces las políticas de vivienda han sido un instrumento creador de rentas y empleo, de inversión, y no un vehículo destinado a satisfacer una necesidad.
La vivienda, que se presenta fundamentalmente como vivienda en propiedad para reducir los riesgos y maximizar los beneficios de la inversión, requiere de una parte importante del ahorro de las familias y de un largo periodo de carga económica (de entre 10 a 30 años) hasta devolver el préstamo hipotecario, se ha convertido en un elemento fundamental en la reproducción de las relaciones sociales y como centro de todo un universo de consumo.
Las políticas de vivienda desarrolladas desde el franquismo, y posteriormente por los sucesivos gobiernos de UCD primero, PSOE y PP después -con muy leves variaciones entre unas y las otras- no priorizaron como se podría esperar el paliar la demanda de vivienda para las capas mas desfavorecidas de la sociedad y asegurar el acceso a la vivienda para toda la ciudadanía, sino que funcionaron como un mero instrumento socioeconómico y como un mecanismo de corrección anticíclico3 . Las medidas funcionan como un comodín de las políticas económicas. Así mientras dura la fase alcista del ciclo económico la producción de viviendas queda en manos del mercado. Cuando se entra en una etapa de recesión económica como la actual, el estado interviene, para tratar de corregir la situación e incentivar a los responsables, es decir, a las empresas inmobiliarias, a las constructoras y en alguna medida a las entidades financieras. Se estimula la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) por parte de los promotores privados, que hasta ese momento desdeñaron un producto que les limita la tasa de beneficios4 , frente a la vivienda denominada libre cuyo precio, y por tanto tasa de beneficio, es fijado por el promotor en función del mercado.
El tanto por ciento de VPO construidas acostumbra a ser directamente proporcional al momento en que se encuentre el ciclo inmobiliario. Si el ciclo es alcista, se construyen menos viviendas protegidas, aumentando su número en los periodos de recesión. En estos, los promotores privados pasan a interesarse por un sector que les asegura la continuidad de su actividad y de sus beneficios. La situación después de un período de boom inmobiliario como el pasado deja un paisaje cuanto menos contradictorio. Por un lado una gran cantidad de viviendas de nueva construcción sin vender, y por otro un gran número de personas a las que los incrementos de precios dejaron sin posibilidad de acceder a la vivienda libre, la denominada “demanda no solvente”, compradores potenciales de las futuras VPO.
Se trata de desarrollar medidas económicas “que ayuden al sector tratando de facilitarle un suave aterrizaje”, fomentando la vivienda en propiedad y dejando en manos del mercado, es decir de los promotores, constructores y el capital financiero, la solución al problema habitacional del conjunto de la población.
Se ha ayudado, se está ayudando y todo parece indicar que se seguirá ayudando al sector, es decir, a los empresarios del sector. Ni los ciclos económicos son algo nuevo, ni las ayudas en los momentos de recesión lo son tampoco.
En este sentido se engloban medidas económicas como las aprobadas recientemente por el gobierno central o algunas de mayor calado o alcance como el denominado “Pacte Nacional per l’Habitatge” (Pacto Nacional por la Vivienda) , firmada el pasado año por el gobierno tripartito catalán con los empresarios y entidades financieras, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios y algunas organizaciones sociales.
Los promotores prometían en octubre del 2007 construir 50.000 viviendas protegidas, tan sólo en Cataluña, si el gobierno de la Generalitat les facilitaba el suelo. Hoy instan a la administración a mejorar la fiscalidad como condición para sacar al mercado en alquiler todas las viviendas que no pueden vender, el banquete está servido.
Y en este punto volvemos a enlazar con el artículo de Holt-Giménez al que nos referíamos al principio, cuando mantiene que: la ayuda alimentaria responde al precio de los granos en el mercado internacional –no a la necesidad alimentaria de los países pobres–. Cuando el precio de los cereales está bajo, los países del Norte y las compañías de granos transnacionales buscan colocar sus granos en los programas de ayuda alimentaria. Cuando el precio está alto, prefieren vender sus granos en el mercado internacional.
Veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos tiempos y qué alcance tienen esas medidas en un estado como el español que cuenta con más viviendas y kilómetros de autopista per capita que en el resto de países europeos, y en que el precio de las mismas, a pesar del descenso de los últimos tiempos y los que vendrán, hace del derecho a la vivienda un derecho negado para una buena parte de la población.
Si bien la soberanía alimentaría supone una solución para la amenaza de hambre en el planeta y una alternativa al modelo agrícola-tecnológico de las transnacionales, poco, muy poco hemos avanzado, a pesar del impulso que se le ha dado en los últimos años, en el diseño y la construcción de un modelo alternativo a este sistema que deja en manos del mercado un derecho tan fundamental para el ser humano como es el derecho a una vivienda digna. Pongámonos pues, manos a la obra.
Notas:
1 La promesa de ayuda humanitaria y de “inversiones” en los países africanos, junto al férreo control de las fronteras, las políticas inmigratorias de la Unión Europea como la “Directiva de la vergüenza” y a la criminalización de la figura del inmigrante que deja de ser persona y pasa a denominarse con términos como ilegal o sin papeles , forma parte del discurso de políticos como Rodríguez Zapatero, que forman la cara amable del sistema, para enfrentarse al problema de la inmigración.
2 Fuente: Censos de Población y Vivienda del año 2001. Instituto Nacional de Estadística
3 En los últimos tiempos ha habido tres intensos ciclos inmobiliarios. Un primer ciclo fue el que culminó a principios de los setenta para caer con las crisis petrolíferas del momento. Un segundo ciclo se inició a mediados de los ochenta para morir tras los festejos del año 92, con sucesivas devaluaciones de la peseta y programas de ajuste. El tercero y último ciclo alcista acusó mayor intensidad y alcance que los anteriores. El aterrizaje inmobiliario. El boom inmobiliario en España y sus consecuencias, José Manuel Naredo
4 Se ha de señalar que el precio máximo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), en cualquiera de sus categorías, está regulado por el estado y viene fijado por módulos, que varían según la población donde esté situada la vivienda y son revisados cada cierto período de tiempo.
* Rebelión - 21-10-2008
Salvemos Carabanchel. La lucha continúa a pesar del derribo de la cúpula de la cárcel
ELPAÍS/Madrid* : Otra vez de noche, como no puede ser de otra manera cuando un gobierno que se pliega a los que quieren enterrar la memoria actúa de forma cobarde, cometiendo un grave atropello histórico, ha comenzado la demolición de la cúpula. El derribo se podría haber iniciado desde múltiples puntos, pero en apenas dos días han intentado derribar el elemento simbólico de la cárcel más importante de la represión franquista en este país.
Pero el tiro tampoco le salió bien al gobierno en esta ocasión. A las once y diez de la noche, dos horas después del inicio del ataque a la cúpula, una viga transversal golpeó a la máquina que realizaba los trabajos. Saltaron chispas y un gran estruendo anunciaba que el enorme brazo que destrozaba a dentelladas la memoria de Carabanchel, se venía abajo. Se escucharon sirenas de ambulancia, que presagiaban que nada bueno había ocurrido en el interior de la prisión, lo que no resultaría complicado dadas las lamentables condiciones de seguridad de los trabajos que se veían agravadas por la oscuridad de la noche.
El resultado será que con la luz del día quedará a la vista del mundo entero que la cúpula de Carabanchel aguanta, que no sólo no estaba en ruinas, sino que puede soportar los ataques de la maquinaria que durante dos horas la estuvo intentando destrozar. Las vergüenzas de un gobierno que prefirió especular y hacer pisos a recordar la memoria de todos los que sufrieron la represión por el simple hecho de oponerse a la dictadura, quedarán al descubierto para aquellos que todavía le otorgaban un mínimo de credibilidad.
Por la mañana, el PP se frotará las manos al ver como día tras día el Ministerio del Interior se enfanga más en su absurda lucha contra la historia. Ellos, que siguen sin condenar el levantamiento militar y que durante ocho años se opusieron a la construcción de un hospital en Carabanchel, sacarán todo el rendimiento político a las prisas del gobierno, que tan sólo obtendrá los beneficios de las plusvalías y cargará para siempre con el peso de ser el responsable de derrumbar la memoria de la prisión.
La Plataforma por un centro para la paz y la memoria en la cárcel de Carabanchel continuará la lucha. No será posible en la cúpula, pero seguiremos exigiendo que se salve una parte de la cárcel de Carabanchel para la memoria, que no se especule con el suelo y que todos los terrenos se dediquen para equipamientos sociales y un hospital público con capacidad de atender a los vecinos de Latina y Carabanchel. Existen otros elementos simbólicos importantes, como la fachada principal o el antiguo hospital psiquiátrico, que podrían perfectamente ser habilitados para ubicar el centro para la paz y la memoria que venimos reclamando.
Por ello, no sólo continuaremos con la acampada que desde las seis de la tarde del viernes se mantiene en el parque anexo al edificio, sino que durante todo el fin de semana se están programando diferentes actividades históricas y culturales para que todo el mundo conozca lo que supuso la cárcel y los planes de futuro. También se espera la visita de históricos ex presos, de personas relacionadas con el mundo de la cultura, la universidad y el sindicalismo. Las actividades culminarán el domingo con una concentración a las 12 de la mañana en la puerta principal de la antigua cárcel de Carabanchel.
(fuente: http://salvemoscarabanchel.blogspot.com/2008/10/la-lucha-contina-pesar-del-derribo-de.html)
* ELPAIS.com - La Comunidad - 25.10.2008
Foto: Trabajos de demolición de la cúpula de la cárcel de Carabanchel, ayer. - EFE / ÁNGEL DÍAZ
La regularización urbanística no anula el delito, advierte el fiscal de Medio Ambiente
ABC/Sevilla* : Las regularizaciones de miles de viviendas ilegales en Andalucía utilizando para ello el procedimiento de la modificación de los planes urbanísticos, y de forma específica sustituyendo la calificación de los suelos, no lleva aparejado la anulación del delito cometido por quienes utilizaron terrenos no aptos para las construcciones.
Ésa es la opinión expresada por el coordinador de la Red de Fiscales de Medio ambiente de Andalucía, Ángel Núñez, en declaraciones a ABC.
Señala el representante del Ministerio Público que a la hora de valorar las actuaciones que se están produciendo desde el punto de vista jurídico, «nosotros y los tribunales atendemos exclusivamente a cuál era la clasificación del suelo en el momento en el que se construyó. Y aunque después se regularice, los hechos son constitutivos de delito».
No obstante, añade Ángel Núñez, sucede que si «durante el periodo de tramitación del procedimiento penal se produce la regularización, y el suelo pasa a ser urbanizable y la edificación pasa a tener carácter legal, más que nosotros, los tribunales entienden que en esos casos no procede acordar la demolición. Pero el hecho sigue siendo delictivo porque lo era en el momento que se cometió», subraya.
En este sentido, considera que «la condición de delito no se pierde nunca. Para la condición de delito se atiende exclusivamente a cuál era la clasificación del suelo en el momento de la construcción. Si cuando se construyó el suelo era no urbanizable, eso es delito, sin perjuicio de que después se regularice. No se produce—insistió— una destipificación del hecho si se regulariza el suelo».
* ABC - J.C. - 25.10.2008
Foto: Chiclana (Cádiz) - uca.es
El urbanismo, de espaldas a los vecinos
LASPROVINCIAS/Alicante* : Quién declarará hoy en los juzgados? Esta es la pregunta que desde hace unos días intentan responder los vecinos de San Fulgencio cuando se levantan por la mañana. La trama urbanística que se ha desatado en el municipio se ha cobrado ya tres detenciones: la del ex primer teniente de alcalde, el independiente Manuel Barrera, la del jefe de la Policía Local, Bernardo Cortijo, y la del concejal de Seguridad, el socialista José Antonio Gamuz.
Tres arrestos en poco más de una semana y la investigación no ha hecho más que comenzar.
El ladrillo ha vuelto a ser el protagonista de un caso de corrupción que ha conseguido acabar con la tranquilidad de un municipio de 10.583 habitantes -de los que el 76% son residentes europeos- y cuya principal fuente de ingreso ha sido la agricultura. Los extranjeros han traído las grandes urbanizaciones, el turismo, la aparición de un sinfín de partidos políticos y unas ganancias desorbitadas que han hecho ricos a más de uno.
"Algo olía mal". Este es uno de los comentarios que más se escuchan entre los vecinos cuando se reúnen en el bar a repasar la actualidad del día. El fútbol e, incluso, la crisis económica han quedado relegados a un segundo y tercer lugar ante el temor que existe a que esta pequeña localidad se convierta en el 'caso Marbella' de la comarca de la Vega Baja.
Dicen que los problemas en el Ayuntamiento se "veían venir" después de que hayan sobrevivido a tres mociones de censura contra la alcaldesa electa. La pasada legislatura se produjeron dos mociones de censura y pocos meses después de las elecciones de mayo de 2007 prosperó una tercera, que arrebató la Alcaldía al PP en favor del PSPV-PSOE, AIM Y APSFYU.
Mientras unos piden que se constituya una gestora para enderezar la política en el municipio hasta que concluyan las investigaciones, otros reclaman al Ayuntamiento que abra la caja de las cuentas para comprobar dónde ha ido destinado el dinero generado por el sector de la construcción. Pero, sobre todo, lo que quieren es justicia y que el nombre de San Fulgencio deje de ser protagonista en los medios de comunicación. Ahora sólo quedan por pronunciarse los miles de extranjeros que dieron su apoyo al edil independiente implicado en la trama.
* Las Provincias - 26.10.08 - R. A.
Foto: Unos vecinos de San Fulgencio conversan a las puertas de un céntrico bar del municipio. - lasprovincias.es
Prevaricación en Baiona
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : La acusación formulada por la Fiscalía de Pontevedra contra el alcalde y otros ediles de Baiona por una presunta prevaricación suscita una interesante cuestión en la interpretación de este delito. Tal cuestión -muy relevante en la lucha contra la corrupción urbanística- era reflejada acertadamente hace unos días en los titulares de este periódico: "El regidor de Baiona se ampara en los técnicos ante el juez"; "Ediles de Baiona también se escudan en los técnicos".
Y es que, en efecto, dejando ahora al margen el contenido de la resolución administrativa, esto es, el examen de su posible calificación como injusta y arbitraria, lo que me interesa analizar hoy es el problema de la autoría en sí mismo considerado, es decir, el problema de la imputación del delito de prevaricación a los miembros de un gobierno municipal que se amparan o se escudan en la existencia de unos informes técnicos previos que avalan la decisión administrativa. En esencia, en el caso de Baiona el fiscal sostiene que, apoyándose en el informe desfavorable de los técnicos, los miembros del gobierno municipal denegaron arbitrariamente y sin justificación una licencia a una promotora para construir en una parcela que el plan general cataloga como suelo urbano consolidado y que cumplía con todos los requisitos legales.
Ciertamente, con el doble fin de paliar las insuficiencias de que adolecía el tradicional delito de prevaricación genérica y de castigar más severamente las resoluciones injustas en materia urbanística, el legislador del nuevo Código Penal de 1995 creó un delito específico de prevaricación urbanística en el artículo 320, en el que se tipifican dos conductas diferentes: por un lado, la de la autoridad o funcionario que haya resuelto o votado a favor de la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas, a sabiendas de su injusticia; por otro lado, la del funcionario que, conociendo también su injusticia, haya informado favorablemente la concesión de tales licencias. Así, a diferencia del Código Penal anterior, ahora el funcionario informante puede ser autor de esta nueva figura delictiva, incluso en el supuesto de que los ediles que después dicten la resolución queden exentos de responsabilidad penal, si éstos consiguen probar que, ante la complejidad del asunto administrativo y el consiguiente desconocimiento de la situación jurídica, condicionaron su decisión a lo que se reflejase en los informes de los técnicos del ayuntamiento.
Ahora bien, el nuevo delito de prevaricación urbanística sólo castiga los supuestos de informe favorable (y consecuentemente los de resolución favorable), pero no aquellos en los que el funcionario emite un informe desfavorable, pese a saber que la licencia se ajustaba a la legalidad urbanística; por tanto, en casos como el de Baiona este delito no podría ser aplicado. Aunque esta exclusión del informe desfavorable (y de la posterior resolución denegatoria) en el nuevo delito ha sido criticada en nuestra doctrina, tiene su explicación: en la prevaricación urbanística el legislador no sólo pretende proteger la legalidad administrativa, sino además la correcta ordenación del territorio, en el sentido de que la conducta prevaricadora haga posible la aparición de un delito contra la ordenación del territorio (a saber, alguno de los tipificados en el artículo 319); y cabe entender que esto último sólo sucede cuando se concede una licencia urbanística ilegal, y no cuando se deniega.
¿Quiere ello decir que en el caso de denegación de licencia, tras un informe desfavorable, los hechos deban permanecer impunes? La respuesta es obviamente negativa, dado que siempre cabrá recurrir a la prevaricación genérica del artículo 404. Eso sí, lo que sucede es que en este caso hay mayores dificultades probatorias para aplicar el delito, en la medida en que únicamente se castiga la conducta de la autoridad o funcionario que dicta la resolución injusta, pero no la de los técnicos que se limitan a emitir un informe. Por consiguiente, en tal supuesto únicamente cabría fundamentar una responsabilidad penal cuando pudiese demostrarse que existía una connivencia entre técnicos y ediles, y que estos últimos conocían la injusticia de la resolución denegatoria que dictaban. Así, no habría obstáculo para calificar a los ediles como autores de la prevaricación y a los técnicos como partícipes.
* ELPAIS.com - Opinión - 20/10/2008
El concejal de Urbanismo de Telde reconoce que Las Terrazas es ilegal
CANARIAS7* : La nueva gran superficie comercial de Las Terrazas, inaugurada oficialmente el pasado lunes por el presidente del Gobierno de Canarias y abierta al público al día siguiente, lleva funcionando desde entonces de manera ilegal porque no posee permiso de apertura, una situación que viene a confirmar las sospechas del colectivo ecologista Turcón cuando solicitó días atrás copia del expediente.
Ha sido el propio concejal delegado de Urbanismo, José Antonio Perera, quien en declaraciones efectuadas a la radio municipal Canal Telde, ha reconocido que el 'macrocentro' promovido por Parque Marítimo de Jinámar “ciertamente, no posee licencia, pero sí todos los informes técnicos favorables”.
En sus manifestaciones públicas, captadas por el periódico digital www.teldeactualidad.com, el también vicealcalde asegura que el consistorio de Telde “advirtió” a la propiedad del centro comercial de que no debía abrirlo hasta contar con los preceptivos permisos municipales. Perera alegó al respecto que el gobierno local “no ha mirado para otro lado” ante esta posible ilegalidad, pero significó que “la apertura no la negocia ni la pone el Ayuntamiento, la pone el promotor”.
No obstante, el delegado de Urbanismo enfatizó que, aunque Las Terrazas no posee licencia de apertura, “si tiene todos los informes técnicos favorables”, lo que, a su juicio, “garantiza la seguridad jurídica del expediente y del inmueble” y que “el interés público queda perfectamente salvaguardado”. Abundó en que estos informes “nos dan seguridad de que se está en condiciones para que se pueda abrir”.
Asimismo, Perera abundó en que el promotor del proyecto comercial ha depositado en el Ayuntamiento un aval por valor de un millón de euros por las obras de urbanización de Las Terrazas que debe acometer, que aún no están recepcionadas porque “aún faltan unos flecos por ejecutar”.
Convenio cumplido
Subrayó también Perera que el Ayuntamiento ya es propietario de una parcela de algo más de 9.000 metros cuadrados, de “bastante valor económico” que está al lado del equipamiento inaugurado esta semana y que su promotor registró ya a nombre del patrimonio municipal en cumplimiento de las compensaciones fijadas por convenio.
Por último, el edil dijo que este convenio determina también que la propiedad del centro comercial deberá afrontar y financiar obras de acondicionamiento del palmeral de Jinámar, de recuperación de yacimientos arqueológicos de la zona (Las Brujas y La Restinga) y de ejecución de peatonales.
* Canarias 7 - ACN Press
Las Palmas de Gran Canaria - 24.10.2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
La tasación judicial revaloriza El Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : Las tasaciones del Jurado Provincial de Expropiaciones vienen a demostrar, a juicio de la plataforma Salvem el Cabanyal, que el plan especial del barrio que incluye la prolongación de Blasco Ibáñez es "social, cultural y económicamente inviable".
Un reciente dictamen del Jurado Provincial de Expropiaciones multiplica por cuatro el precio que el consistorio pretendía pagar por dos naves ubicadas en la calle Mariano Cubells y Mariano Brull y destinadas a equipamiento cultural.
El ayuntamiento, alarmado ante la posibilidad de que se sucedan este tipo de sentencias que equiparan el precio del suelo expropiado al del mercado de renta libre, ha recurrido a los tribunales. La administración municipal ofreció por estas dos naves, encuadradas en el ámbito del plan y que en conjunto suman más de mil metros cuadrados de superficie, 267.035 euros. Los propietarios, en cambio, encargaron sus propias valoraciones que situaban el precio del suelo en 1,5 millones.
La decisión final del jurado casi cumple el cálculo de los afectados y cifra el justiprecio en 1.159.024 euros. El dictamen va un paso más allá de la tendencia a acercar los precios de expropiación a los reales del mercado, ya que en este caso se equipara el valor del suelo destinado a equipamiento público -siempre con precios muy inferiores- al que hubiese alcanzado si en el planeamiento se hubiera grafiado como residencial.
Se da la circunstancia de que el plan especial del Cabanyal, hoy por hoy, prevé que todo el suelo expropiado para viviendas sea bajo régimen de protección. Este argumento ha llevado al servicio jurídico municipal a plantear un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Jurado Provincial.
Es fácil imaginar el descalabro que supondría para el estudio económico del plan del Cabanyal -entre 144 y 250 millones de euros- y para las arcas locales que las valoraciones inicialmente calculadas se multiplicaran finalmente por cuatro o cinco veces más. Cabe recordar que hace unos meses los socios privados -todo empresas promotoras- que habían entrado a formar parte de la sociedad mixta Cabanyal 2010, órgano gestor del plan, se "descolgaron" del proyecto vendiendo sus acciones a las administraciones valencianas, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana.
* Levante-EMV - H. G./S. G. - 25.10.2008
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com
Julián Muñoz declara como imputado en la causa por el pago de tres millones a Del Nido
SUR/Marbella* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el abogado José María del Nido acudieron ayer a los juzgados de Marbella para declarar como imputados por la querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento a los servicios del letrado entre 2000 y 2001.
Del Nido llegó una hora antes que Julián Muñoz a las dependencias judiciales y ambos eludieron hacer declaraciones sobre este asunto a los periodistas.
Durante las comparecencias judiciales, Del Nido ha mantenido un careo con un antiguo interventor del ayuntamiento, han explicado a Efe fuentes judiciales, que han eludido dar detalles sobre el contenido de dicho encuentro.
Las comparecencias de Muñoz y Del Nido se aplazaron el pasado lunes debido a que coincidieron con el paro convocado por los secretarios judiciales y con la junta de jueces a nivel nacional.
Ésta es la primera ocasión en la que Muñoz declara en los Juzgados de Marbella desde que Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado, el pasado 10 de octubre, tras permanecer en prisión desde julio de 2006, cuando fue detenido por el "caso Malaya", aunque en la actualidad cumple pena por tres causas urbanísticas por las que fue condenado posteriormente.
Este beneficio penitenciario le permite residir fuera de la prisión pernoctando de domingo a jueves en la antigua cárcel de Málaga capital, donde se encuentra la sección abierta dependiente del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.
Además de Muñoz, estaban citados hoy a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella , Ricardo Puyol, el ex concejal Esteban Guzmán y el ex administrador de la empresa municipal Eventos 2000 Modesto Perodia aunque, según las fuentes, ambas se ha suspendido sin fecha.
Por esta causa judicial ya declararon en septiembre de 2006 Muñoz y Del Nido, mientras que en abril de 2007 también lo hicieron tres ex concejales del Ayuntamiento de Marbella como imputados.
Tres millones de euros
En la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 consta que el abogado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.
La Fiscalía establece que hay «abundantes y evidentes indicios» de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, «en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado».
* SUR - 25.10.2008
Foto: Marbella, puerto Banús - diariosur.es
Lanzarote: El TSJC ve ejecutable la sentencia del Islas Canarias
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CANARIAS7* : El TSJC ha rechazado la solicitud del Ayuntamiento de Arrecife de no ejecutar la sentencia del Supremo que confirmó la ilegalidad de la licencia del parking del Islas Canarias, concedida en 2002 por la alcaldesa Isabel Déniz.
Los nuevos mandatarios han tildado el auto de «poco afortunado».
El concejal de Urbanismo y teniente de Alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra, ha tildado de «poco afortunado» el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), conocido ayer, que rechaza la petición del Ayuntamiento de no ejecutar la sentencia del Supremo por la que se declaran nulas las licencias otorgadas al aparcamiento del parque Islas Canarias.
«La magistrada se pronuncia sobre el parking en sí, sin tener en cuenta en ningún momento que encima del mismo hay un casco urbano que existe de siempre, y viales, por lo que ejecutar la sentencia de nulidad implica dejar allí directamente un hoyo»
Tanto Becerra como el alcalde, Pérez Parrilla, subrayaron que «de lo que se habla es estrictamente de la licencia ilegal y no de orden de derribo», aunque el segundo constató que «sería la última consecuencia». El Ayuntamiento estudiará ahora las acciones oportunas en el caso.
VÍAS
En marzo de 2003, con la todavía pilista Isabel Déniz en la alcaldía, el pleno municipal concedió la licencia con la oposición dividida en el voto. Tras anularse la licencia, se abrieron dos vías de recurso. Una la municipal, hoy desestimada, y otra la de la empresa adjudicataria, que ha pedido la nulidad de la resolución que ilegaliza el permiso.
Ocho años de debate
En 2000, la Autoridad Portuaria otorgó la concesión administrativa de los terrenos considerados zona de servicio portuario. Dos años después, el Ayuntamiento lo hace a Parque Islas Canarias SL y la Fundación César Manrique interpone el recurso contencioso contra las licencias de obra y apertura.
* Canarias 7 - Lourdes Bermejo - Arrecife - 24.10.2008
Foto: Imagen del aparcamiento Islas Canarias. La licencia municipal luego se concedió en 2003. - Carrasco, canarias7.es
Alicante: Denuncian que el PGOU carece de «informes exigidos por las leyes»
INFORMACIÓN* : La entidad Ecologistas en Acción ha denunciado hoy que la documentación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante carece del informe de sostenibilidad ambiental y del relativo a la suficiencia de los recursos hídricos, entre otros "importantes documentos" exigidos por varias leyes.
Fuentes de Ecologistas en Acción han anunciado que se reservan "las acciones legales que pudieran emprender para denunciar" esos presuntos "incumplimientos legales" y han reclamado al Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, que "comience de nuevo el procedimiento de elaboración de la revisión del PGOU".
Las mismas fuentes han recordado que el trámite de información pública de la documentación del PGOU de Alicante, iniciado el pasado viernes, durará tres meses y el del Informe de Sostenibilidad Ambiental, 45 días.
"Este último documento es obligatorio para someter el PGOU a una evaluación ambiental estratégica, propia de los planes y programas promovidos por la Administración Pública", han argumentado.
Sin embargo, en el caso de Alicante, el citado documento "no se somete a información, sino sólo a consulta de organismos públicos y a determinadas entidades", por lo que se podría incumplir "el artículo 10 de la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental estratégica, que dice que las consultas se deben extender al público en general".
Ecologistas en Acción han señalado también que "llama poderosamente la atención" que, entre la documentación del PGOU que se somete a información pública, no aparezcan "importantes documentos" exigidos por "diferentes leyes", como los estudios de impacto ambiental, del paisaje y acústico.
Tampoco figuran, según las mismas fuentes, el informe sobre suficiencia de recursos hídricos, el estudio de movilidad y el de sostenibilidad económica que "ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas por la implantación, el mantenimiento de infraestructuras o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes".
Los ecologistas sostienen que se trata, por consiguiente, de un "PGOU mutilado", porque la documentación se presenta "recortada" a los ciudadanos, al haberse "obviado de la preceptiva participación pública en su elaboración y de importantes documentos".
A su juicio, eso "dificulta, todavía más, la compresión de la insostenible propuesta de crear una ciudad de 500.000 personas con 50.000 nuevas viviendas a construir, en una época de estallido de la 'burbuja' inmobiliaria, de crisis económica y de descenso del flujo migratorio".
Según Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant sometió a exposición pública una propuesta del PGOU de ese municipio "incompleta y tuvo que rehacerla y exponerla de nuevo a información pública".
* Información - EFE - 23.10.2008
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com
