LAVERDAD/Murcia* : La coordinadora 'Murcia no se Vende' consiguió reunir a cientos de personas durante la manifestación que convoca cada año por estas fechas, esta vez contra la urbanización de Marina de Cope, el proyecto turístico más emblemático del Gobierno regional.
A pesar de la escasa participación ciudadana al principio de la protesta, durante el breve recorrido de los manifestantes entre la plaza de Santo Domingo y la Gran Vía de la capital, se fueron uniendo hasta abarrotar la plaza del Romea a su regreso, donde 30 personas se encadenaron a la puerta de la Consejería de Turismo y Consumo en un «acto simbólico y de advertencia», tal como lo describió el portavoz de la coordinadora, Francisco Cutillas.
Familias con niños, estudiantes y jóvenes y agricultores, llegados algunos de Lorca y Águilas -en cuyos términos municipales se pretende construir 9.000 viviendas, 20.000 plazas hoteleras, 2.000 puntos de amarre y 5 campos de golf-, formaron parte de la concentración bajo el lema «SOS Cope y Calnegre», amenizada con bandas musicales de la Región.
En contra del proyecto emblemático del Gobierno regional, la coordinadora estudia emprender acciones legales por la desprotección de zonas de aves y de interés comunitario, además de otras más radicales, como encadenarse en la Consejería, algo para lo que ya hay dispuestas «más de 100 personas», según el portavoz.
La coordinadora defiende un «desarrollo sostenible» para la zona de litoral entre cabo Cope y Puntas de Calnegre, «ya que este tipo de proyectos no hacen más que ahondar en la crisis del ladrillo, urge cambiar el modelo». Cutillas aseguró que «favoreciendo una agricultura, ganadería y pesca sostenibles, se puede desarrollar un turismo rural que perdure y que aproveche las peculiaridades naturales y únicas de la zona.
El portavoz de la coordinadora se mostró «abierto a un diálogo» con la Administración regional, aunque aseguró que al consejero de de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, «habría que jubilar, puesto que sus ideas son muy arcaicas». Cutillas calificó el proyecto de «perullo» y dijo que ese turismo de resort está pasado de moda y «nadie querrá ir, pasará como en Marina de Cope, que ahora están despidiendo a mil personas, porque este tipo de proyectos son pan para hoy, hambre para mañana». En este sentido, destacó que ninguna organización ecologista apoya el proyecto turístico.
* La Verdad - MIGUEL MARGINEDA - 1 junio 2008
Foto: CON PANCARTAS. La manifestación a su paso por la calle Maestro Alonso. / RAFA FRANCÉS/AGM, laverdad.es
Cientos de personas se manifiestan contra el plan de Marina de Cope
La Plataforma en Defensa del Agua pide nuevamente que paralicen Los Merinos
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SUR/Málaga* : Cerca de 300 personas participaron ayer en la marcha reivindicativa que organizó la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua, con la colaboración de colectivos ecologistas, senderistas, sindicatos y sociedades de agricultores, para exigir a la Junta de Andalucía que paralice de manera inmediata el complejo urbanístico de Los Merinos, cuyas obras se han ralentizado recientemente y que contemplan la construcción de cerca de 800 viviendas residenciales, dos campos de golf y tres hoteles de lujo.
Según los organizadores el complejo urbanístico está localizado en uno de los encinares mejor conservados de la provincia de Málaga, dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, y situado sobre el acuífero que abastece a los municipios de Cuevas del Becerro, Arriate y las pedanías de Serrato, la Cimada y Los Prados.
Uno de los portavoces de la plataforma, Juan Antonio García, señaló que además de poner en peligro el acuífero, el proyecto incumple la declaración de impacto ambiental y va «contra las directivas marco del agua».
Al mismo tiempo sostiene que se ha excedido la edificabilidad, ya que estaba fijada en un 25% y se quiere ejecutar el 68%».
Por todo ello la plataforma pide a la Junta que adquiera los terrenos para destinarlos a un uso público.
* SUR - 01.06.08 - VANESSA MELGAR/PLT
Foto: PROTESTA. Es la segunda marcha desde Cuevas / G. R., diariosur.es
Vuelve el ‘Robin Hood’ de la vivienda
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PÚBLICO/Madrid* : “Pisos de 70 y 80 metros cuadrados entre 108.000 y 120.000 euros”. Esta golosa oferta forma parte de las nuevas promociones del empresario José Moreno, conocido como el Pocero de Fuenlabrada y que el año pasado saltó a la fama con su primera promoción de 402 domicilios económicos en esta localidad madrileña.
Ahora pretende ampliar la oferta a otros ocho municipios de la Comunidad de Madrid de tradición obrera: Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Humanes, Griñón, Moraleja de el Medio y Parla, según expuso ayer en el seminario ¿Cómo conseguir una vivienda digna?, organizado por la Plataforma por la Vivienda Digna.
Aunque sólo han contestado a su propuesta los alcaldes de Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio y Parla, es optimista: “Me han dicho que tengo muchas posibilidades porque es difícil que aparezcan mejores ofertas”.
Precios asequibles
“Estoy demostrando que es posible hacer viviendas a precios no abusivos”, asegura Moreno, con aire campechano. “Y me da para vivir, eh”. Su secreto: reducir el porcentaje de beneficio del constructor al 3%. “Si no te quieres hacer rico en dos años, puedes hacerlo así. Me parece más noble”. En 2007, cada comprador se ahorró más de 50.000 euros.
Además de atajar los precios de venta, las organizaciones críticas con la actual política de vivienda insisten en el parque de viviendas vacías de España como uno de los principales problemas del sector. En España hay 3 millones de domicilios desocupados, lo que supone un 14% del total. Este índice es muy inferior en otros países, como Reino Unido (3%), Suecia (2%), Holanda (2%), Dinamarca (5%) o Francia (7%).
“Esto hace que la oferta sea mayor y bajen los precios”, explica Nieves Martín, portavoz de la Plataforma para la Vivienda Digna. Según ella, “en España la vivienda libre ya no es rentable y ahora se está trasladando la especulación a la protegida. En vez de tratar la vivienda como un derecho sólo la ven como un negocio”.
Reserva de suelo
Su compañero José Luis Carretero, coordinador del foro, apunta que en la Comunidad de Madrid, el 50% del suelo de nueva construcción debe dedicarse a vivienda protegida, pero las empresas “levantan primero la mitad libre y prolongan la protegida porque les deja menos renta”, critica. Carretero señala al País Vasco como un referente en política de vivienda. La Comunidad Valenciana, Catalunya, Andalucía y, sobre todo, Madrid, las “más irresponsables”.
Miguel Ángel Cancelo, asesor de la Viceconsejería de Vivienda del País Vasco, señala entre sus medidas estrella la lucha contra la especulación con viviendas protegidas. Si se quiere vender, su precio sólo puede subir lo que indique el IPC. “No tiene sentido que alguien se lucre con los impuestos de todos”.
Europa declara la guerra a las viviendas vacías
Holanda
La ocupación de viviendas está regulada por ley. Cuando el domicilio lleva más de un año deshabitado, cualquier persona puede presentar una propuesta regulada para ocuparla. Sin echar abajo la puerta.
Reino Unido
Existe una Agencia Estatal de Vivienda Vacía. Entre las ayudas que ofrece el Gobierno, destacan los incentivos fiscales a la rehabilitación y compra de viviendas vacías y la dedicación de presupuesto público para comprar domicilios desocupados. Cuando el caso es grave, a sus propietarios se les imponen multas por no ocuparlos o se les obliga a vender o alquilar.
Suecia
El Gobierno sueco tiene la posibilidad de ordenar la demolición de las viviendas vacías, aunque esta medida suele estar limitada a edificios con muchos años de antigüedad.
Francia
Para habitar los 2,8 millones de domicilios desocupados que hay en Francia existen ayudas y desgravaciones a la rehabilitación y puesta en alquiler, e incluso alquiler obligatorio (con garantía parcial de cobro). Entre las penalizaciones, Francia tiene una tasa sobre las viviendas vacías en poblaciones grandes con un porcentaje de desocupación superior a la media.
Alemania
El país germano ofrece subsidios públicos al alquiler. Las penalizaciones van desde la expropiación temporal y alquiler forzoso hasta las demolición de “viviendas inalquilables”.
Dinamarca
Cuando un domicilio permanece deshabitado durante más de seis meses, la administración puede multar a su propietario.
* Público - DANIEL AYLLÓN - Madrid - 31/05/2008
Foto: Fuenlabrada (Madrid), 'el Pocero' José Moreno - elmundo.es
El ambulatorio privatizado de Pontones realiza obras sin licencia
ELPAÍS/Madrid* : Sacos de mortero apilados. Obreros trajinando grandes bolsas de color blanco llenas de escombros. Huecos enormes donde antes había tabiques y el pavimento completamente levantado. La tercera planta del centro médico de especialidades de Pontones (Puerta de Toledo) estaba ayer en obras. Obras que carecen de la licencia preceptiva, según confirma el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, al que no le consta que esté ni en tramitación ni concedida.
Obras que lleva a cabo una empresa privada para acondicionar un centro público donde trabajarán sus médicos.
El ambulatorio de Pontones, uno de los más grandes de la capital, es el primero que ha empezado a privatizar la Consejería de Sanidad. Hace algo más de un mes que en la cuarta planta pasan consulta los médicos de la multinacional Capio, la empresa a la que la consejería ha cedido la asistencia sanitaria. Cuando acabe la reforma, el personal de Capio ocupará también la tercera. Una portavoz de Sanidad y otro de Capio admitieron ayer que las obras no tienen licencia, pero adujeron que no las necesita al tratarse de una "obra menor". Aseguraron que únicamente están "adecentando" y "acondicionando" las instalaciones.
Pero el edificio está protegido arquitectónicamente. Si la reforma implica algo más que pintar, cambiar alicatados o sustituir las instalaciones de saneamiento, electricidad o calefacción, la licencia es necesaria, según recoge la normativa urbanística del Ayuntamiento. Este periódico comprobó ayer que se han eliminado tabiques y agrandado huecos de puertas. "Pediremos al alcalde Gallardón que precinte esas obras", aseguró ayer Carmen Sánchez Carazo, concejal del grupo socialista.
Los obreros trabajaban ayer casi a escondidas. "No nos está permitido dejar pasar a nadie", murmura uno de ellos tras una puerta que cierra con llave cada vez que entra y sale uno de sus compañeros. En la calle, ni rastro de los contenedores donde se depositan habitualmente los escombros de las obras (y que también requieren licencia). Los obreros meten los cascotes en bolsas, las bajan en un ascensor forrado con cartones y las sacan a la acera por la puerta de atrás. Allí las cargan en una furgoneta blanca con destino, según uno de los obreros, "a la Fundación Jiménez Díaz" [que pertenece también a Capio].
Los trabajadores de Pontones se quejaban ayer del ruido, las filtraciones de agua y la caída de escombros que están provocando las obras. Una de esas filtraciones obligó el jueves por la tarde a colocar varios cubos para recoger el agua y a desalojar a los pacientes de la sala de espera de Dermatología, en la segunda planta, según relataron varios empleados del centro. También cayó agua en la consulta de Digestivo. Y cascotes en el servicio de caballeros, que ayer todavía lucía un boquete en el techo.
El delegado sindical de UGT en el área sanitaria 11, José Povedano, presentó ayer una reclamación ante la Junta de Distrito de Arganzuela, a la que pertenece el ambulatorio de Pontones. En ella expone que ayer solicitó el permiso de obras y el plan de prevención de riesgos laborales y que no se los facilitaron. "Llamamos a la Policía Municipal, que pidió la licencia, y tampoco se la entregaron", afirmó. Una portavoz de Sanidad aseguró que Capio realiza las obras con su consentimiento.
* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 31/05/2008
Foto: Los obreros trabajaban ayer en las obras/ CRISTOBAL MANUEL, elpais.com - 31/05/2008
Cientos de personas se manifiestan contra el circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia
EUROPAPRESS* : Unas 3.000 personas, según la organización, 300 según la Policía Local, se manifestaron hoy por las calles de la ciudad de Valencia para protestar contra el circuito urbano de Fórmula 1 y reivindicar una "ciudad habitable, libre de humos y ruidos".
Bajo lemas como 'Fórmula 1, barri cero' quisieron expresar que "el circuito no es una prioridad para ningún barrio y que, de hecho, estos tienen otras necesidades", explicó el portavoz de Fórmula Verda, Julio Moltó.
A pesar del mal tiempo, más de 40 asociaciones vecinales, ecologistas, ciudadanas y sindicatos acudieron a la manifestación, que se inició a las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y partió hacia la plaza de Manises, junto al Palau de la Generalitat, donde se leyó manifiesto en el que se platearon '10 razones' contra este evento.
En este sentido, Moltó explicó que cada vez hay un sector de gente más grande al que el salario no le llega a para necesidades básicas como son la vivienda o la educación escolar y no queremos que se dé la falsa imagen de que esto es una ciudad rica tipo Montecarlo". "Queremos un ciudad para todos", apuntó.
Para Fórmula Verda es "una provocación la realización de este evento, en el que se han gastado 85 millones de euros hasta el momento, cuando las prioridades de los barrios no son atendidas". En su opinión, es un "despropósito" construir un nuevo circuito "con dinero público", cuando existe otro en Cheste, apenas a 20 kilómetros, que podría cumplir la misma función.
Fórmula Verda se mostró "muy crítica" con todo el proceso de aprobación del circuito que, según denunció, se está llevando "con una absoluta falta de transparencia y participación". De hecho, la asociación está esperando desde el pasado mas de diciembre que le sea proporcionado el proyecto del circuito.
Incluso la Sindicatura de Greuges "volvió a dirigirse, por segunda vez, a la Generalitat para reclamar información y transparencia respeto al proyecto de circuito", aseveró.
Desarrollo equilibrado
Según dijo, el circuito urbano responde a "superados modelos de movilidad urbana, sustentados en el uso intensivo del coche privado, ignora el PGOU, afecta zonas habitadas y áreas verdes de la ciudad como el cauce del río Turia y es incompatible con el desarrollo equilibrado y sostenible del frente marítimo". De hecho, "tiene un gran peligro de inundación para el barrio de Nazaret", alertó.
Desde el punto de vista medioambiental la realización del circuito urbano siendo Valencia una de las ciudades del Estado que sufre una mayor contaminación atmosférica procedente del tráfico privado, evidencia la "total insensibilidad medioambiental tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat".
* 20 Minutos - Europa Press. ATLAS. 31.05.2008
Foto: Marcha. Los manifestantes, a su paso por la calle Micalet/ m. a. montesinos, levante-emv.com
Más de 2.000 personas se manifiestan en Candeleda contra la urbanización de Navalpilón
ÁVILADIGITAL* : Más de 2.000 personas, según la organización, se manifestaron este sábado contra la urbanización que se está construyendo en Candeleda, en una zona de influencia socioeconómica del Parque Regional de Gredos.
Convocados por la Plataforma Contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda y con presencia no sólo de habitantes de este municipio abulense sino llegados de otros pueblos de alrededor e, incluso, de Madrid, caso del actor Daniel Guzmán, descendiente de la localidad, los manifestantes protagonizaron un acto de protesta en el que no faltaron las pancartas reivindicativas, como en la que se podía leer ‘Candeleda es bella, no a otra Marbella’.
La manifestación se llevó a cabo tan sólo diez días después de que la promotora inmobiliaria de la urbanización ‘Candelas de Gredos’, Dávila Monteblanco S.L., fuera denunciada por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por llevar a cabo trabajos de captación de aguas, según explicó Javier Dútil, pese a tener el permiso caducado, aunque “parece ser que cuentan con una prórroga de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que finaliza esta semana”.
Urbanización
‘Candelas de Gredos’ supondrá la construcción de 431 viviendas y un hotel de 200 plazas, lo que, a juicio de la Plataforma Contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, es “una barbaridad”, por lo que los convocantes de la manifestación ya han denunciado las obras que se están llevando a cabo ante la Fiscalía.
Según la plataforma, que ha venido convocando sucesivas manifestaciones contra este proyecto, la urbanización acogerá a 2.000 personas en una superficie de 26 hectáreas, en la zona denominada ‘Navalpilón’; unos terrenos que fueron recalificados, tras la compra de los mismos por parte de la promotora –pagó “alrededor de un euro y medio por metro cuadrado”- como “suelo urbanizable no delimitado”, aunque se encuentran situados en una zona “aislada y alejada” del casco urbano y pese a contar con “varios informes” de la Comisión Territorial de Urbanismo “contrarios a la recalificación”, ante el “valor paisajístico y natural” de la zona y por lindar con el Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Asimismo, esta urbanización contará con una captación de agua que se está realizando por encima de la toma de agua del pueblo, pues se tomará del arroyo Castañarejo, que es “el que más aporta a la garganta de Santa María, la que abastece a Candeleda”.
A estas amenazas, según la plataforma, hay que añadir las consecuencias medioambientales, paisajísticas y arqueológicas –hay dos yacimientos arqueológicos en la zona- que supondrá el proyecto, por lo que recogieron más de 8.000 firmas contra el mismo, que fueron entregadas al Ayuntamiento.
* Ávila Digital - C.T.I. - 31.05.2008
Foto: El actor Daniel Guzmán (con el micrófono) apoyó el acto de protesta - aviladigital.com
Valencia: La revisión del Plan General
JOAN OLMOS* : Definir el futuro de la ciudad a través de un plan urbanístico representa un momento importantísimo en la historia de una ciudad. No parece, sin embargo, que esta circunstancia esté generando el nivel de información y debate que merece. La revisión del Plan General que el Ayuntamiento de Valencia ha sometido a información pública, no parece la más adecuada para los nuevos tiempos.
Con una sociedad poco motivada, el gobierno local ha encontrado el ambiente adecuado para limitar la información a lo estrictamente requerido por el trámite. Ni debate, ni estímulo a la participación.
El planteamiento oficial de la propuesta es muy simple: Hay que revisar el plan de 1988 para ajustarse al nuevo marco legal -muy complejo, por cierto- y porque la ciudad necesita más suelo para satisfacer la nueva demanda de vivienda.
Más suelo que, como el lector puede imaginar, sale de la huerta: unas 300 hectáreas, una superficie dos veces la del centro histórico. Para justificar la ocupación, el documento señala zonas de huerta que califica como deterioradas.
Con un crecimiento demográfico muy moderado y con un potencial de oferta de vivienda y suelo sin agotar, difícilmente se puede argumentar que hace falta ocupar más huerta. Incluso si la finalidad es dedicar una parte a la vivienda social, asunto por cierto en el que los anteriores gobiernos locales no han puesto el interés que la magnitud del problema requiere.
Siguiendo con la propuesta, digamos que de paso, el Ayuntamiento saca del cajón viejos proyectos viarios -engordados y con sobrepeso- para recuperar el plan desarrollista de 1966 que soñaba con una huerta atiborrada de asfalto, rondas y túneles. Aunque ya casi lo hemos conseguido, todavía falta un empujón más.
Este escrito no da para una crítica más profunda del proyecto, pero sí para hablar en positivo de la ciudad que no aparece por ninguna de las páginas de los documentos ahora expuestos a la información.
Frente al urbanismo expansivo, tan de actualidad en España, hay otro urbanismo que recupera los mejores valores del reformismo de los años setenta e incorpora los excelentes avances de fin de siglo: la recuperación de la ciudad europea, austera a la hora de consumir recursos, generosa a la hora de habilitar barrios acogedores, participada, con buena arquitectura, libre de ruidos, de coches, de contaminación; llenas de vegetación, espacios públicos recuperados para las personas y una apuesta solidaria por la integración de quienes vienen de fuera. Y para garantizar la identidad urbana de quienes no desean bajo ningún pretexto grandilocuente, abandonar el barrio de toda su vida.
Frente a la retórica de la ciudad competitiva, frente al reclamo de los grandes eventos para atraer turistas y capitales, está la ciudad que debe pagar la deuda de las dos últimas décadas para con los suyos.
Frente a la tentación de unos pocos para apropiarse de los mejores activos urbanos -la playa, la dársena del puerto, el centro histórico- tenemos la ciudad que convierte esos recursos en la mejor compensación para sus habitantes. Para los que trabajan, para los parados, para los niños, para los mayores... para todos, sin que haya que pagar entrada, sin que algunos barrios se acaben convirtiendo en exclusivos: repartiendo equipamientos y servicios de manera igualitaria, barrio a barrio.
Frente al insoportable argumento de la degradación para reconvertir la huerta en nuevos bloques de viviendas, la apuesta por rehabilitar toda la huerta actual y recuperar parte de la ocupada. Frente a la ciudad de los promotores, la ciudad de los ciudadanos.
Frente a la ciudad del automóvil, la ciudad para pasear, para caminar, para la bicicleta, para un transporte colectivo en superficie, fiable, moderno, ecológico...
Frente al lacerante abandono de la política pública de vivienda, un programa decidido para solucionar esta lacra social.
¿Una ilusión, una utopía?... Bastaría con echar un vistazo a algunas ciudades europeas y tomar nota, ciudades que desde hace tiempo, cambiaron el paso para abandonar sueños de grandeza y acomodarse a las necesidades de la vida cotidiana de sus habitantes.
Creo, por tanto, en la necesidad de establecer unos objetivos diferentes de los declarados en la revisión del Plan General de Valencia. Son tiempos de apostar por otras formas de crecimiento urbano, basadas en el urbanismo de la transformación, en la mejora de la ciudad actual, recuperando definitivamente el centro histórico (asunto que no aparece ahora, como si ya estuviera resuelto) y fijando de manera definitiva los límites de la ciudad, preservando definitivamente de cualquier tentación especulativa la huerta que nos queda.
Para ello, resulta imprescindible frenar drásticamente otra de las grandes amena-zas, el incremento de la red viaria. Resulta imprescindible, en un modelo de movilidad como el que padecemos, cortar el círculo vicioso "más viario-más atracción de tráfico-más congestión-más viario..." reclamando un plan de movilidad (plan que por cierto exige la nueva normativa) que ponga coto a la invasión motorizada de la ciudad e introduzca medidas efectivas para que los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte colectivo sean las opciones preferidas por los ciudadanos.
Finalmente, hay que abandonar las declaraciones vacías sobre la sostenibilidad para fijar una serie de directrices encaminadas a garantizar el uso racional de los recursos, como el suelo, el aire, o el agua. Apostando de manera decidida por las energías limpias, fijando ordenanzas modernas para el uso del espacio público y la creación de redes verdes a lo largo y ancho de la ciudad. No es ya momento para planteamientos urbanísticos superados. Las nuevas exigencias ambientales y sociales no deben considerarse como un estorbo a superar, sino la oportunidad para crear una ciudad más habitable... para todos.
* Joan Olmos, ingeniero de Caminos, es profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
* ELPAIS.com - Tribuna - 30/05/2008
El Confital, territorio de la polémica
CANARIAS7/LasPalmas* : Las obras de El Confital «son ilegales, digan lo que digan el Cabildo, el Ayuntamiento o el Estado». El colectivo ecologista Ben Magec advirtió ayer de las «irregularidades que están cometiendo» las instituciones públicas, y reclamó al Ayuntamiento que aclare «con honestidad, el futuro de la zona».
El paisaje no necesita de obras para que se regenere. Así lo entiende el colectivo ecologista Ben Magec, que ayer volvió a lanzar una voz de alarma por los «daños irreversibles» que a su entender se están provocando con las obras de acondicionamiento en El Confital. La zona costera contigua a la playa de Las Canteras convertida en espacio público en 2004 donde Dirección General de Costas construye el paseo de la polémica representa «tal ve la última oportunidad de contar con una playa virgen en la capital grancanaria, y ya es hora de que el Ayuntamiento sea claro y honesto», apunta Tanausú Zumaquero, portavoz de la organización.
Las declaraciones del concejal de Urbanismo, Néstor Hernánez, recogidas ayer en CANARIAS7 en las que avisa de la intención de «regular» el acceso a El Confital abren una nueva grieta en las relaciones de los ecologistas con el gobierno local. «Son las intervenciones irregulares las que dregadan el entorno, no las casetas ni el disfrute ciudadano», apuntó el representante de los ecologistas. «La mayor irresponsabilidad es la que permite actuar con obras como esta sin un estudio integral previo de la zona, como se había comprometido a realizar el anterior responsable de Urbanismo Carmelo Padrón. El nuevo concejal debería asumir ese mismo compromiso, y no parece dispuesto, a la vista de la prisa que se están dando con las obras», reclamó Zumaquero. Costas ha construido 624 metros de camino que en algunos tramos ocupa hasta ocho metros de ancho, y ha cavado cimientos de 1,5 metros, según los datos de Ben Magec.
Los ecologistas recuerdan que «no se han respetado los procedimientos de ordenación necesarios para este espacio, por lo que puede decirse que las obras son ilegales», y se preguntan por el destino de los 50.000 metros cuadrados de suelo urbanizable que siguen en manos particulares «porque el Ayuntamiento aún no los ha pagado, y ya está fuera de plazo».
Disfrute y limpieza.
El puente del Día de Canarias convierte el fin de semana en un momento idóneo para disfrutar del baño y del paseo. En El Confital se dieron cita ayer cientos de bañistas que aprovecharon la marea baja del mediodía para oxigenarse. Mañana domingo, a partir de las 10.00 horas, está prevista una operación de limpieza programada dentro del Festival Aguaviva, con la colaboración de Ben Magec.
* Canarias 7 - Gonzalo H. Martel - 31 mayo 2008
Foto: Las Palmas, obras El Confital - canarias7.es
Son Oms: Los presuntos sobornos cobrados por la trama se elevan a 1,2 millones
DIARIODEMALLORCA* : Los presuntos sobornos cobrados por la supuesta trama de corrupción en torno a la gestación y explotación del polígono industrial palmesano de Son Oms, objeto de una investigación judicial, se elevarían a un millón doscientos mil euros, según la querella de la fiscalía anticorrupción dirigida contra siete personas.
Los investigadores de la Agencia Tributaria, fiscalía y Policía Nacional presumen que 700.000 de estos euros pudieron ir a parar al entorno de Bartomeu Vicens, diputado por Unió Mallorquina en el Parlament, y se intenta también clarificar quién se quedó con los otros 500.000 euros.
La querella por los presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho (sobornos) y posibles falsedades documentales, incluye a tres querellados más, a parte de los ya conocidos: Bartomeu Vicens; su esposa, Antònia Martorell; Maxilimià Morales, ex president del Parlament por UM; y el abogado y empresario Jaime Montis. Martorell, defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, acudió ayer a la Jefatura Superior de Policía, pero se acogió a su derecho a no declarar.
Más de doce empresas
En las diligencias informativas abiertas por la fiscalía anticorrupción en el otoño pasado figuraban también como imputados dos empresarios: Miquel Munar Munar y Bernat Febrer, pero ayer se ignoraba si ambos habían sido incluidos en la querella.
La querella ha correspondido, por reparto, al juzgado de instrucción 2 de Palma, que ordenó el jueves los registros en el bufete Montis, y un domicilio particular de la calle San Joaquín, sede de la empresa Metalumba S.L, presuntamente empleada para mover los sobornos.
Varias de las personas que poseían fincas rústicas en la zona de Son Oms, próxima al aeropuerto de Son Sant Joan y a las instalaciones de la ITV de s´Arenal, han asegurado que los promotores del polígono industrial, entre los que incluyeron a Vicens y Morales, les exigieron la entrega de un 15 por ciento de los solares recalificados a suelo urbanizable.
Si los 1,2 millones de euros fueran dicho porcentaje de soborno estaríamos ante una operación urbanística o inmobiliaria de 8 millones de euros.
Fuentes próximas al caso han señalado que la Agencia Tributaria, la fiscalía anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía están rastreando por lo menos doce empresas, entre ellas Metalumba, que habrían participado en el pago, reparto e inversión de los presuntos sobornos.
Al igual que lo ocurrido en otras causas judiciales por presunta corrupción político-empresarial, los investigadores empezaron a estudiar con detalle los documentos intervenidos en los registros del jueves. Los allanamientos se saldaron con la incautación de varias cajas con documentos y de una copia de todo el archivo informático de la asesoría legal Montis. La hipótesis de la fiscalía es que desde el entorno de Jaume Montis se hicieron pagos a Metalumba, con la que se vincula a Bartomeu Vicens y a Antònia Martorell. También se sospecha que la administradora de la sociedad, Elisabeth Diéguez, era una supuesta testaferro del matrimonio Vicens.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 31.05.2008
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
Dos detenidos en una manifestación a favor de la Casa del Aire a las puertas del Ayuntamiento de Granada
TERRA* : El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha vivido este mediodía momentos tensos. Unos jóvenes que se manifestaban por la especulación urbanística del Albaicín y a favor de la Casa del Aire han irrumpido en el Pleno provocando su desalojo y la posterior detención de dos manifestantes.
La Policia Nacional y Local de Granada ha detenido a dos jóvenes que se manifestaban en favor de la Casa del Aire a las puertas del Ayuntamiento. Unos 40 jóvenes se comenzaron a concentrar en la Plaza del Carmen en torno a las 12 de la mañana para protestar en contra de la especulación en el Albaicín y a favor de la Casa del Aire. Un grupo de ellos irrumpió en el pleno para leer un manifiesto. El alcalde de la Ciudad, José Torres Hurtado, les pidió silencio. Tras mostrar sus pancartas y consignas, fueron desalojados finalemente del Salón de Plenos por la Policía Local.
Los jóvenes comenzaron a proferir gritos en contra del Ayuntamiento y las inmobiliarias además de tirar petardos contra la puerta del Consistorio.
La Policía Local intentó identificar a uno de los manifestantes que tiraban petardos. El joven se resistió a la identificación y salió corriendo. Cuando la Policía le dio alcance, seguida por parte del grupo de manifestantes que trataban de evitarlo, el joven se revolvió y agredió a los agentes, según fuentes policiales, por lo que fue detenido.
La concentración continuó en la Plaza del Carmen hasta que pasadas las 13, 30 horas de la tarde. Agentes de la Policía Nacional de Antidisisturbios les ordenaron disolverse. En ese momento, un joven con capucha roja se negó también a ser identificado, lo que provocó una trifulca y forcejeo entre agentes y manifestantes.
La trifulca llegó a su máxima gravedad con agresiones entre policías y manifestantes, donde llegaron a intervenir perros de la Policía Local para intentar disolver la manifestación.
No ha sido la única protesta a las puertas de la Casa Consistorial, ya que miembros de UGT portaban pancartas en protesta por lo que consideran un mal trato al sindicato por parte del equipo de gobierno.
Por otra parte, hoy se ha aprobado la nueva Fundación Granada Educa, por la que se elimina el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. Representantes de asociaciones de padres y trabajadores del patronato han acudido al Pleno para protestar ya que consideran que esta fundación podría llegar a privatizar los servicios educativos municipales.
Uno de los temas del orden del día fue el cese de los dos concejales del PSOE Javier Torres Vela y Juan López Domech.
* Terra Actualidad - VMT - 30.05.2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Oroso: "Nadie quiere afrontar ahora las chapuzas firmadas hace 20 años"
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : Más de 300 viviendas, cerca de un millar de vecinos y dos décadas de situación urbanística al margen de la ley. La realidad legal de Porto Avieira, en Oroso, dista de la imagen de urbanización de élite que la convirtió en referente del estatus del municipio.
Los primeros vecinos de esta localidad llegaron a sus viviendas en torno al año 93, pero ahora, quince años después, siguen residiendo sin licencia de habitabilidad y en una urbanización todavía en obras, al menos desde el punto de vista burocrático. El Concello de Oroso no recepcionó todavía la obra, por lo que la junta de compensación formada por las dos promotoras de la urbanización son sus responsables en primera instancia. Este panorama deja a las seis manzanas de chalés en situación de alegalidad y a sus propietarios indignados en busca de la regularización de sus viviendas ya.
La solución sin embargo supera un simple proceso de tramitación de documentos. El alcalde de Oroso, Manuel Mirás, reconocía en el último pleno que "cuando el anterior gobierno aprobó el plan parcial para Porto Avieira, se hicieron muchas cosas mal". Entre ellas, la exigencia de un aval de menos de 80.000 euros, que no permite exigir por la vía de los hechos a las constructoras el cumplimiento estricto del proyecto. Esto sigue retrasando la recepción de la obra, que el Concello no hará efectiva mientras no se ultimen todos los detalles y el jefe de obra firme el certificado de final de obra. Al no existir este documento que acredite que la obra cumple los dictámenes del proyecto, la urbanización se mantiene ajena a la legalidad. Todo porque "nadie quiere afrontar ahora las chapuzas y chanchullos legales firmados hace 20 años en el proyecto de Porto Avieira", explican los vecinos. Pero ellos no están dispuestos a seguir esperando. Por el momento anuncian movilizaciones de presión hacia el Concello, ya que "es el responsable final de sus vecinos. Nos cobra impuestos y tiene que darnos los servicios que da a todos los demás vecinos", exigen.
Versión municipal
Por su parte, el ejecutivo local recuerda que "no tiene más margen de maniobra porque se trata de un problema entre la empresa y los vecinos, porque el Concello no puede recibir una obra que no cumpla las condiciones comprometidas en el proyecto". En cualquier caso, aseguran que la intención del gobierno es poder recepcionar Porto Avieira lo antes posible, algo que ven factible, ya que "se han corregido ya muchas deficiencias". Para el futuro de la urbanización proyectan la construcción de una gran área de ocio en Porto Avieira, con instalaciones deportivas, mobiliario urbano y zonas verdes.
* El Correo Gallego - 31.05.2008
Foto: Oroso (A Coruña), concello - wikipedia.org
Castellón: Medio Ambiente aprueba tres planes urbanísticos sin agua
ELPAÍS* : La comisión territorial de Urbanismo de Castellón aprobó ayer, entre otras cosas, el desarrollo de tres planes urbanísticos que abarcan una superficie global de más de cinco millones de metros cuadrados, pese a que, tal como ha informado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no tienen garantizados los recursos hídricos necesarios.
Tras el acoso al que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, sometieron a la Consejería de Medio Ambiente por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos, la comisión trató y aprobó ayer tres de estos planes que incluyen la creación de otros tantos campos de golf y más de 14.000 viviendas. Sin embargo, realmente, la aprobación se limita a un proyecto, el previsto para Sant Jordi, ya que los otros dos, que se construirán en Xilxes, tendrán que pasar de nuevo por la comisión y ser aprobados definitivamente después de que el Ayuntamiento afectado realice las correcciones exigidas por este órgano de la Consejería de Medio Ambiente. Fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", aunque una de ellas se refiere a la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial, mientras que otra hace referencia a los accesos. Aún así, las mismas fuentes indicaron que los programas no pueden seguir con su tramitación hasta que no sean aprobados, de nuevo y de forma definitiva, por la comisión.
En cualquier caso, de esta manera, la consejería acallará, de momento, las voces que llevaron a que incluso el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla tuviera que reunirse con varios alcaldes del PP en Castellón para tratar de reconducir las críticas que comenzaban a verter sobre el Consell. De hecho, la Asociación de Empresarios de la Construcción (Apecc) se apresuró ayer a valorar "positivamente" las aprobaciones de la comisión de Urbanismo. En un comunicado, la asociación se congratuló de que los proyectos incluyan campos de golf que, a su entender, "tienen un gran aporte al desarrollo del turismo por su atractivo de cara al exterior de nuestra provincia", pero no mencionó el hecho de que los planes no fueran aprobados por unanimidad, debido a la existencia de los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En cualquier caso, dado que la consideración de la CHJ no es vinculante, los proyectos fueron aprobados.
Los dos planes urbanísticos que quedan en suspenso hasta que se efectúen las correcciones se desarrollarán en Xilxes. En total, afectan a 2,8 millones de metros cuadrados y supondrán la construcción de cerca de 11.000 viviendas, además de dos campos de golf.
La Carrasca, el proyecto que sí ha recibido la aprobación definitiva, se ejecutará en Sant Jordi, afecta a una superficie de 2,3 millones de metros cuadrados y prevé más de 3.500 viviendas. Además, se aprobó otro programa a desarrollar también en Sant Jordi, el conocido como Bovalar, sobre una superficie de 216.000 metros cuadrados y poco más de 700 viviendas. Tampoco en este caso el proyecto cuenta con garantía de recursos hídricos.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 31/05/2008
Foto: Castellón, vista - google.es
El 'bluff' de Gran Scala
GUILLERMO VALENZUELA* : Pese a la enorme oposición generada, las informaciones sobre el pasado oscuro de muchos de los promotores y la violación de cuatro leyes europeas, el Gobierno de Aragón persiste en la idea del gran casino en el desierto. Quienes han vivido de cerca el proceso de Gran Scala, el gran complejo de juego y ocio que se proyecta en Aragón, en pleno desierto de Los Monegros, están recibiendo unas lecciones privilegiadas sobre las nuevas funciones empresariales de los gobiernos locales.
Con la máxima de que el mejor político para un lugar será aquel que mayor capital pueda atraer de fuera, y en pleno auge de la competencia territorial, la clase política se lanza a la busca y captura de amigosinversores para establecer peligrosos acuerdos de colaboración.
Aun con todo, esto mismo se puede hacer de muchas maneras : lo que está ocurriendo en Aragón, con la manera personal de gestionar el caso sobre todo por parte del vicepresidente del Gobierno José Ángel Biel, y por el consejero de Industria, Comercio y Turismo Arturo Aliaga, da cuenta también de una evidente falta de profesionalidad y de escrúpulos en la gestión.
En el caso Gran Scala, los gobernantes aragoneses se han dejado camelar con una pasmosa facilidad, no por unos fuertes inversores sino por unos peculiares promotores, International Leisure Development (ILD), con quienes se han lanzado a crear un gran castillo de arena firmando un polémico protocolo de colaboración en el que el Gobierno de Aragón se pone como nunca antes lo hiciera al servicio de un proyecto con una entidad privada.
El asunto se ha agravado en estos últimos meses, cuando diversas informaciones publicadas en la prensa han desvelado qué y quiénes están detrás de esta promotora, poniendo en evidencia que quienes nos gobiernan se ofrecen y se ponen a colaborar con el primer postor que promete la oportunidad única de hacer dinero en grandes cantidades sin consultar su procedencia, ni su historial delictivo. Por poner los dos ejemplos más llamativos. André Guelfi, conocido ‘lobbista’ internacional, pirata aristócrata de los mares de la economía global al filo de la ley, que ha pasado por la cárcel por blanquear el dinero obtenido con las comisiones de la venta de una refinería en Uzbekistán y que participó en la financiación ilegal de la Unión Demócrata Cristiana alemana (CDU), dinero canalizado también a través de la sociedad petrolera Elf. Y Paul-Stephane Allegrini, uno de los tres directores de ILD y que ya intentó montar un casino virtual que acabó siendo un fiasco con la sociedad Goldenpot, la cual no solamente está declarada insolvente sino que acumula requerimientos, expedientes y sentencias que suponen hasta ahora una suma de 356.868 euros impagados, según señala el Periódico de Aragón. Persistencia del Gobierno Pero, como se sabe, en Aragón sobra perseverancia y el ánimo de los políticos promotores no decae ni ante la evidencia de que, como comenta un portavoz de la Plataforma Stop Gran Scala, “estos señores han venido aquí a estafar”.
Ni la cadena humana del 26 de abril de varios miles de personas por las calles de Zaragoza, ni la recogida de firmas llevada a cabo por Docentes contra Gran Scala, ni el posicionamiento en bloque en contra del proyecto de todos los partidos políticos de la oposición, sindicatos y movimientos sociales, ni el hecho de que Bruselas se encuentre investigando la posible vulneración de cuatro normas medioambientales europeas, ni que se lleve meses esperando a que ILD ponga los 20 millones de euros de aval que se le han pedido para la adquisición de los terrenos y no hayan puesto aún un duro. Nada de esto ha conseguido todavía que el Gobierno de Aragón rompa el protocolo de colaboración con ILD.
* Periódico Diagonal - Guillermo Valenzuela / Redacción Aragón - 15 al 28 de mayo de 2008
El Defensor aprecia falta de "seguridad jurídica" en la política urbanística
DIARIODESEVILLA* : La ordenación del territorio y la política urbanística son desde hace años un caballo de batalla para la Junta de Andalucía, que ha venido aprobando una larga secuencia de leyes, decretos y reglamentos superpuestos entre sí y que han sembrado no poco desconcierto entre ayuntamientos y empresarios.
El último aldabonazo ha correspondido al Defensor del Pueblo Andaluz, quien en su informe de 2007, presentado ayer ante el Parlamento, reprocha a la Administración autonómica la ausencia de una "seguridad jurídica" que garantice en determinados casos la aplicación de dichos preceptos legales sin sombras de arbitrariedad.
A modo introductorio, el Defensor subraya la necesidad de fijar una serie de criterios a partir de los cuales se desarrolle la planificación urbanística municipal, algo que, añade, "nos parece imprescindible desde hace años, y así lo venimos demandando" a la Junta de Andalucía.
"Ahora bien", añade el informe, "fijados unos criterios en esa planificación es preciso que se apliquen de manera clara y objetiva para todos los municipios, y que cualquier excepción o criterio interpretativo se establezca en condiciones de igualdad a fin de garantizar la seguridad jurídica y un tratamiento idéntico a la hora de abordar la ordenación territorial en Andalucía y la aprobación de los instrumentos de planeamiento que deben guardar una obligada coherencia con la planificación territorial".
No en vano, la Ley de Ordenación Urbanística ha sido reformada en tres ocasiones en los últimos años y la Ley de Vivivienda Protegida y Suelo fue corregida en el Parlamento de forma simultánea a su publicación en el BOJA. Además, la mayoría de los planes subregionales de ordenación del territorio aún no se han aprobado y muchos de los que lo fueron han debido ser corregidos conforme a la redacción de la norma superior, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), modificado a su vez hace unos meses cuando apenas se había cumplido un año de su entrada en vigor. El círculo se cierra con los PGOU, que se están aprobando a contrarreloj para adaptarse a toda esa maraña normativa, aunque tan sólo uno de cada diez ayuntamientos andaluces ha podido culminar ese proceso de forma satisfactoria.
Este panorama de inseguridad jurídica, denunciado en reiteradas ocasiones con anterioridad por empresarios, ayuntamientos y el propio Defensor, es al que hace de nuevo referencia la oficina que dirige José Chamizo, que a lo largo del año pasado incoó varias quejas de oficio o a instancia de ciudadanos e instituciones.
Una de ellas hacía referencia al proyecto de construcción en la localidad de Pilas de 4.526 viviendas, cifra que supera con creces los límites generales del 40% de incremento del suelo urbanizable y del 30% de la población que establece el POTA hasta el año 2015 con el fin de garantizar la existencia de infraestructuras adecuadas para atender dichos crecimientos. Pilas cuenta con un censo de poco más de 13.000 habitantes y, con la construcción de dichas viviendas, podrá duplicarse con facilidad.
La primera discrepancia del Defensor con la Junta en este caso se produjo "tras recibir el oportuno informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio". Pese a que el POTA fija las citadas limitaciones sin distinguir entre suelos urbanizables sectorizados (sobre los que los promotores pueden actuar de forma inmediata) y no sectorizados (los que están a la espera del detalle en su planeamiento), la Junta dio su visto bueno a las 4.526 viviendas por situarse en suelo no sectorizado.
Ello hizo que el Defensor mostrase su "disconformidad" por cuanto que el criterio de la Junta "en modo alguno está previsto en el art. 45.4.a) del POTA, ya que se habla exclusivamente de suelo urbanizable, sin distinguir entre sectorizado y no sectorizado".
"Nos encontraríamos, por tanto, ante un documento administrativo que vendría a establecer distintos tratamientos del suelo urbanizable, cuando precisamente el propio POTA, que posee carácter normativo, no lo hace", denuncia el Defensor.
El segundo punto de diferencia mostrado por Chamizo con la Junta guarda relación con las llamadas "áreas de oportunidad", zonas no recogidas en la primera versión del POTA y que se incluyeron en el texto como consecuencia de las presiones ejercidas por alcaldes y promotores. Con el argumento de que algunos municipios necesitan superar los límites de crecimiento ya citados, estas áreas se configuran como bolsas extraordinarias de expansión urbana.
El Defensor no pone objeciones a esta figura, pero una vez más exige transparencia a los responsables públicos: "Al haber utilizado el POTA la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, se hace preciso que la declaración de un área de oportunidad vaya presidida con una detallada motivación que la justifique. Como consecuencia de ello y con objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica en todo el territorio de Andalucía, consideramos imprescindible el que toda decisión que se adopte destinada a declarar una zona del territorio de la Comunidad Autónoma como Área de oportunidad, conlleve el que se reflejen y publiquen los motivos que justifican tal declaración".
La conclusión del Defensor es nítida: "En fin, estamos convencidos de la extraordinaria necesidad de que Andalucía cuente con una planificación territorial tanto para toda la Comunidad Autónoma, como a niveles más sectorializados, como es la planificación subregional. Pero consideramos imprescindible que, dados los diversos intereses en juego, los propios criterios del POTA sean respetados o, en otro caso y si se estima que no son adecuados o que poseen una excesiva rigidez en sus previsiones, se modifiquen estos, pero, en todo caso, resulta necesario que el marco territorial sea aplicado desde la diversidad con criterios de igualdad en todo el territorio andaluz".
* Diario de Sevilla - Javier Chaparro - 30.05.2008
Foto: Construcción de pisos en Bellavista, área de expansión de Sevilla en su zona sur - diariodesevilla.es
Mallorca: El fiscal se querella contra Vicens, Morales y Montis por sobornos
La fiscalía anticorrupción presentó ayer la querella, adelantada por DIARIO de MALLORCA* el pasado 22 de diciembre, contra el supuesto entramado de cobro de sobornos de hasta 700.000 euros y tráfico de influencias en torno a la gestación y venta del polígono industrial de Son Oms.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach incluyen en su querella al portavoz de Unió Mallorquina (UM) en el Parlament, Bartomeu Vicens; a su esposa, Antonia Martorell; al ex president de la Cámara Autonómica por UM, Maximilià Morales, y al abogado palmesano Jaime Montis, cuyo bufete fue ayer registrado por la Policía, que también buscó documentación en la sede de una supuesta empresa tapadera.
La querella de Anticorrupción imputa a los cuatro acusados los presuntos delitos de tráfico de influencias, cobro de posibles sobornos (cohechos), estafa y posible falsedad documental.
La interposición de la querella dio paso a la práctica de dos registros simultáneos en el bufete Montis, situado en la calle Sant Jaume, 7, bajos, y en la sede social de la empresa Metalumba S.L., una sociedad dedicada formalmente a construcciones metálicas, pero que los investigadores presumen pudo servir para distribuir entre algunos de los implicados los sobornos.
Diligencias informativas
La fiscalía anticorrupción abrió, a instancias de una primera denuncia del promotor Ángel Ochando Javaloyas, unas diligencias informativas en el otoño del 2007 para esclarecer si en la gestación y explotación de Son OMS, un proceso que se inició hace 18 años y se ha prolongado hasta la actualidad, se cometieron delitos de alcance económico millonario.
La primitiva denuncia de Ochando, uno de los dueños de fincas rústicas próximas al aeropuerto de Son Sant Joan y a las instalaciones de la Inspección Técnica de vehículos de S´Arenal que participaron en la creación de Son Oms, versaba sobre unas supuestas estafas por parte de los promotores del área industrial. El denunciante reveló que los impulsores del polígono, entre los que incluyó a dos dirigentes de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15 por ciento de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase de suelo rústico a suelo urbano-industrial. Este porcentaje sería la presunta comisión o soborno recibido por los querellados.
Otros propietarios de fincas por Son Oms también ratificaron haber firmado con los promotores contratos similares de cesión del 15 por ciento de los solares recalificados.
La Agencia Tributaria, cuyo delegado en Balears, Raúl Burillo, participó en los registros, y la Guardia Civil y la Policía Nacional han rastreado en los últimos meses operaciones realizadas entre Jaime Montis, otro de los promotores del polígono industrial, y Vicens y Morales. Los investigadores han inspeccionado decenas de sociedades y centenares de operaciones y han llegado a Metalumba, a la que vinculan con Vicens y su esposa, un ama de casa. Esta sociedad, a la que no se conoce actividad, habría recibido en los últimos ejercicios importantes cantidades procedentes del entorno de Montis y que podrían ser fruto de los sobornos.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 30 de mayo de 2008
Foto: Policías sacando documentación del bufete Montis, en plena calle Sant Jaume/ Lorenzo, diariodemallorca.es
Roca lo niega todo
ELPAÍS/Marbella* : El principal imputado del 'caso Malaya' ratifica sus siete declaraciones anteriores antes del cierre del sumario. Ni pagos a concejales, ni sobornos de promotores para conseguir favores del Ayuntamiento de Marbella. Quien esperara un cambio drástico en la última declaración del máximo imputado del caso Malaya antes del cierre del sumario se quedó esperando.
Juan Antonio Roca, el ex asesor urbanístico marbellí acusado de dirigir el Ayuntamiento marbellí en la sombra durante el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y de urdir numerosas operaciones urbanísticas que dejaron al municipio sin patrimonio y con las arcas vacías, ratificó ayer ante el juez Óscar Pérez sus siete declaraciones anteriores sin cambios.
Durante más de cuatro horas negó los hechos de los que está acusado y aprovechó para darle un repaso punto por punto al auto de procesamiento, redactado por el primer instructor del caso, el magistrado Miguel Ángel Torres. Lo pormenorizado de su declaración le granjeó alguna que otra llamada de atención del juez Pérez, que le recondujo y le aconsejó que dejara ciertas apreciaciones para los recursos.
El supuesto cerebro de la trama de corrupción llegó al juzgado con ganas de hablar. Nada más bajar del furgón que le trajo muy de mañana de la prisión de Alhaurín de la Torre preguntó a los guardias si habían traído bocadillo para la cena. Era su oportunidad para reafirmar su versión de los hechos antes del cierre del sumario del caso, sobre todo sabiendo que ninguno de los 85 procesados ha declarado en su contra en el mismo trámite, conocido como declaraciones indagatorias.
Su declaración comenzó en torno a las 11.00. "Ha estado más de dos horas hablando sin parar con el auto de procesamiento delante", relataba uno de los 40 abogados presentes en la indagatoria. En ese tiempo volvió a negar todos los hechos de los que está acusado: el pago a concejales, haber cogido dinero de promotores para beneficiarles con resoluciones favorables para sus promociones. "Yo no era el jefe del Ayuntamiento marbellí, no era un funcionario y como no tenía esa categoría no podía tener atribuciones en secretaría, intervención, o personal", declaró Roca según su abogada Yolanda Terciado. El ex asesor marbellí exculpó a sus empleados, "porque sólo cumplían sus órdenes" y al despacho de abogados de Madrid acusado de crearle un entramado societario para blanquear capitales. Con respecto a su relación con promotores como Tomás Olivo, Ávila Rojas, aseguró que eran estrictamente comerciales y que hizo sus negocios con dinero completamente lícito.
Las famosas agendas y archivos contables de Maras Asesores, la empresa desde la que llevaba sus negocios, no reflejaban cantidades de dinero reales, sino previsiones que no tenía por qué corresponder con la realidad, aseguró. Y las anotaciones de pagos de la casa que la ex alcaldesa del GIL Marisol Yagüe tenía en Madrid son porque ella le pidió asesoramiento para la compra. "Lo anotó porque tiene la costumbre de anotar", dijo su abogada.
El juez formuló algunas preguntas, pero el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero no. "¿Qué le voy a preguntar si lo ha negado todo?", preguntó con enfado, según uno de los letrados presente. El fiscal tampoco quiso que las defensas del resto de los procesados hicieran preguntas porque durante las declaraciones indagatorias ninguno de ellos ha declarado en su contra. Después de varias protestas, el juez Pérez lo permitió. El turno de los abogados duró una hora.
Esta última declaración terminó en torno a las 16.00, pero las correcciones se prolongaron hasta las 19.30. Durante esas tres horas, Roca estuvo encerrado en una sala del juzgado leyendo y corrigiendo al detalle las 10 páginas de su comparecencia.
Susto previo
Las apreturas o los nervios por asistir por primera vez a una toma de declaración de Juan Antonio Roca, hasta ahora todas se habían hecho a puerta cerrada, hicieron ayer que uno de los 40 letrados que acudió a su declaración indagatoria abandonara los juzgados tras sufrir un desmayo. Sobre las 11.00 horas, cuando faltaba poco tiempo para que los abogados, el juez, el fiscal, y el máximo imputado de la trama de corrupción marbellí se acomodaran en una sala, de la que tuvieron que sacar una fotocopiadora para tener más espacio, el letrado Jorge Manrique, defensa del constructor y empresario taurino Fidel San Román, sufrió un desvanecimiento y comenzó a convulsionar. Sus compañeros temieron que fuera un infarto, pero se recuperó y bajó a la calle a tomar aire. Aunque en un principio lo atribuyó a una bajada de tensión, el abogado terminó abandonando los juzgados para hacerse un chequeo.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 30/05/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Murcia: concentr-acción sábado 31 mayo ante la especulación urbanística
Un año más, por estas fechas, la coordinadora La Región de Murcia No Se Vende* os invita a un acto público donde reivindicar y exigir un nuevo modelo de desarrollo que defienda el medio ambiente, nuestra cultura y nuestra tierra.En vez de la manifestación, este año se hará una concentr-acción: una concentración con diversas actos y actividades.
Toda la Región se encuentra en el ojo del huracán especulativo, y sobre ello nos pronunciaremos, pero la amenaza más grave se cierne sobre Cabo Cope y Puntas de Calnegre con la proyectada macrourbanización "Air Marina de Cope", y por eso se le quiere dedicar en esta concentr-acción una atención especial.
Si alguna persona o grupo desea participar activamente en cualquiera de las actividades mencionadas en el cartel, se puede poner en contacto con la coordinadora (siquieresquieres@gmail.com).
Asiste con tus amigos, amigas, familia o colegas... ¡Pásalo!... ¡pero no lo dejes pasar!
CONCENTR-ACCIÓN, SÁBADO 31 DE MAYO, 19 HORAS, PLAZA DE SANTO DOMINGO
* Murcia No Se Vende - mayo 2008
Europa vuelve a examinar el urbanismo
LEVANTE* : El Parlamento Europeo aprieta otra vuelta de tuerca sobre la Comunitat Valenciana: la Comisión de Peticiones ha decidido elaborar un tercer informe sobre el urbanismo valenciano, al estimar que no se han corregido los problemas denunciados por varios ciudadanos europeos y que ya han dado lugar a dos informes demoledores de la eurocámara.
El último, aprobado en junio de 2007, fue especialmente duro con la «más enérgica condena» contra los macroproyectos de urbanización que se han extendido «especialmente a la Comunitat Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea». Ahora, el nuevo informe ha sido promovido precisamente por el autor de aquél de hace un año, un diputado laborista británico especialmente beligerante con los desafueros urbanísticos en nuestra costa que puedan afectar especialmente a los derechos de sus compatriotas.
En aquella ocasión, la misión de parlamentarios que visitó la Comunitat para inspeccionar la situación se encontró con el menosprecio, cuando no la abierta hostilidad, del Consell, representado por el entonces titular de Territorio, Esteban González Pons. De aquellos polvos llegaron después los lodos que tanto daño han hecho a la imagen valenciana en algunos círculos europeos. Es de esperar que la Generalitat adopte en esta ocasión una táctica más inteligente. Porque la decisión del Europarlamento llega cuando el sector inmobiliario ha sufrido un parón brusco y lo último que necesita es un nuevo baldón que lastre aún más la recuperación en su principal mercado.
* Levante-EMV - Editorial - 28 de mayo de 2008
Más de 40 asociaciones se manifestarán el sábado en protesta por el circuito urbano de Fórmula Uno
EFE/Valencia* : Más de cuarenta asociaciones vecinales, ecologistas, ciudadanas y sindicales apoyan la manifestación convocada por Fórmula Verda para el próximo sábado en Valencia en protesta por el circuito urbano de Fórmula Uno y para reivindicar una ciudad libre de "humo y ruido".
La manifestación partirá de la plaza del Ayuntamiento y terminará en la plaza de Manises, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, lugar donde se leerá un manifiesto con diez razones contra el circuito urbano y en el que se recuerda que el Circuito Ricardo Tormo, en Cheste, podría adaptarse para la celebración de ese tipo de pruebas, informa Fórmula Verda.
Esta organización critica la "falta de transparencia y participación" en el proceso de aprobación del circuito urbano, y añade que la Sindicatura de Greuges "ha vuelto a dirigirse, por segunda vez, al Gobierno de la Generalitat para reclamarle información y transparencia" respecto al proyecto del circuito .
Entre las razones por las que rechazan el circuito urbano se encuentran motivos sociales, ambientales y urbanísticos, además de económicos porque su construcción, asegura, "será financiada" por los valencianos.
Alega que las prioridades de barrios como Nazaret, el Cabañal y el Grao "no son atendidas", mientras que en la realización de la carrera "llevan gastados 85 millones de euros hasta el momento".
También denuncian que Valencia es una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica procedente del tráfico privado, y que el circuito urbano responde a "modelos de movilidad urbana sustentados en el uso intensivo del coche".
Según Fórmula Verda, el circuito afecta a las zonas habitadas y áreas verdes de la ciudad como el cauce del río Turia y es "incompatible" con el desarrollo "equilibrado y sostenible" del frente marítimo.
* Las Provincias - 29.05.08 - EFE
Foto: Valencia, obras circuito F1 - EFE
Piden a Fomento la paralización de la urbanización de Villanueva de Gómez
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ÁVILADIGITAL* : Varias organizaciones ecologistas han enviado un escrito al Servicio Territorial de Fomento de Ávila pidiendo su “urgente intervención” para que se paralicen las obras de la urbanización de Villanueva de Gómez con el objeto de “cumplir” con la resolución del Procurador del Común y para que la Administración ejerza sus competencias “irrenunciables”.
La asociación Centáurea, Gredos Verdes, Ecologistas en Acción, la Asociación en Defensa del Alberche y Comisiones Obreras indican en la carta que “la situación del espacio natural es catastrófica tras el asfaltado de los viales, sin que hasta el momento se conozca de ninguna iniciativa de la Junta”, y recuerdan que en el ejercicio de sus competencias el Procurador del Común instó la inmediata paralización de los trabajos “a la vista del absoluto desbarajuste legal en el que se encontraba el proyecto”.
Destacan que el Servicio Territorial de Fomento, conforme a la decisión de la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo, había sido instado para intervenir en el ejercicio de sus competencias, y para que “se adopten las correspondientes medidas de protección y restauración de la legalidad frente actos en ejecución”.
Sin cobertura legal
También indican que “los viales y los sistemas generales se encuentran en ejecución avanzada pese a carecer de legalidad urbanística y de los imprescindibles instrumentos de autorización”, ya que su ejecución “han supuesto la ocupación del bosque protegido por las normas municipales, sin la preceptiva autorización de uso excepcional de suelo rústico”, determinando las infraestructuras en una superficie de más de 800 hectáreas, incluidas dos enormes balsas o lagunas artificiales”.
En concreto, los sistemas generales de estas 800 hectáreas “no cuentan con ninguna cobertura legal, fueron incluidos en la Modificación Puntual número 6 de las Normas Subsidiarias, rechazada por la pluralidad de cuestiones que se fijan por la Consejería de Fomento”, que concluye fijando como pertinente el cauce procedimental del artículo 169.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Esto quiere decir, según la carta enviada a Fomento, que los trámites pertinentes “se incardinan en las competencias genuinas e irrenunciables del Servicio Territorial de Fomento de Ávila, sin que hasta el momento éste haya llegado a ejercitarlas en materia de protección y restauración de la legalidad, pese a su imperativo legal".
* Ávila Digital - 28/05/2008
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), urbanización sin concesión agua - U.Martín (El País)
