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CANARIAS7* : El levantamiento parcial del secreto de sumario que pendía sobre el 'caso Doramas' ha desvelado la imputación en el procedimiento del ex concejal de Urbanismo Guillermo Reyes, que investiga supuestas irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas.
El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde Guillermo Reyes compareció como imputado el pasado 12 de marzo ante la magistrada que instruye el caso Doramas y se negó a prestar declaración alegando que la causa estaba secreta, según consta en las diligencias desclasificadas ayer.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, María de los Ángeles Zabala, investiga desde mayo de 2006 la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, supuestamente relacionados con la construcción por parte de la empresa Domingo Alonso S.A. de una superficie en el municipio de Telde para el almacenamiento de vehículos, concretamente en un parcela clasificada como Suelo Urbanizable Sectorizado No ordenado (Susno 1-3b) en La Pardilla.
Según consta en el sumario, la investigación se inició a raíz de sendas denuncias presentadas por Juan Pablo Rodríguez Martín, de la inmobiliaria Inmotelde, y por María Francisca Pérez Martell, de Artesanos del Metacrilato, que pusieron a la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias sobre la pista de una supuestas irregularidades en la Concejalía de Urbanismo.
Además de Reyes, en el proceso figuran como imputados el que fuera el jefe del departamento, José Luis Mena, los técnicos municipales José Juan Sanabria Estupiñán (aparejador), Isabel Pastrana Jiménez (abogada) y Valeriano Díaz Castro (ex secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial y el empresario Gilberto Ramírez, que supuestamente actuaría como intermediario en algunas operaciones. Mena y Ramírez fueron detenidos en mayo de 2007.
Presunto pelotazo por valor de tres millones de euros
Un informe policial del 4 de octubre de 2007 recapitula todos los pasos que siguió el expediente de La Pardilla y concluye: «no se descarta la posibilidad de que se hayan producido, al igual que en otras operaciones inmobiliarias investigadas de las que sí existen datos obtenidos a través de escuchas telefónicas, pagos ilegales a los responsables de la tramitación de los expedientes que nos ocupan». Y llega a esa deducción tras comprobar que desde el Ayuntamiento, «en connivencia con Reyes, Mena y el auxilio de los técnicos» imputados, se acortaron «drásticamente» los trámites para facilitar la concesión de una licencia de obra menor a Domingo Alonso «absolutamente inadecuada» para lo que se hizo, y que pretendía regularizar unas obras que se iniciaron sin licencia y hasta con un informe técnico negativo. Es más, con la idea de ayudarla, se falsificó un acta de la Policía Local para darle tiempo a presentar un proyecto de obra. También se investiga si hubo un intento de pelotazo, porque poco después de que Alonso comprara el solar, Urbanismo le subió la edificabilidad, pudiendo reportarle 3 millones más de euros a Europrocana, la empresa que vendió el suelo.
* Canarias 7 - P.V. / A.F.G. / G.F. - 24.05.2008
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
El ex concejal de Urbanismo de Telde imputado por el 'Caso Doramas'
Los vecinos de Candeleda, en contra de las obras de captación de agua de una urbanización
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TERRA/Ávila* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda organizó en la jornada de ayer una sentada junto a las obras de captación de aguas que comenzaron a desarrollarse el pasado 14 de mayo para llevar el agua hasta la nueva urbanización Candelas de Gredos, que se construirá en los límites del Parque Regional de Gredos.
Según explica la portavoz de la plataforma ciudadana, Pilar Diego, la promotora abulense Dávila Monteblanco va a construir junto al parque 435 viviendas y un hotel de 200 de plazas. En este momento se están realizando las obras de captación de agua del arroyo Castañarejo, un río considerado 'una joya de la naturaleza' por parte de la plataforma, que 'se va a ver muy perjudicado por esta captación'.
Además, según explicó la portavoz, están obras están limitando el tránsito de los ganaderos por el camino y también de las personas que se dedican, en esta época, a la limpieza del monte, ya que se está reduciendo su capacidad para acceder a la zona 'con dos máquinas enormes que trabajan en el lugar, donde también se ha ubicado una arqueta y numerosas tuberías para cuya instalación se esta levantando el terreno, con todo el destrozo medioambiental que conlleva'.
Por otro lado, desde la plataforma manifiestan que los vertidos que de aguas residuales que se generen en la urbanización no serán depurados, ya que en Candeleda no existe estación depuradora. Algo que será un problema por la cantidad de gente que llegará con la construcción de la urbanización y del nuevo hotel.
Consideran también que la nueva urbanización no va a ser beneficiosa para el municipio puesto que 'van a ser segundas viviendas de vecinos de Madrid, que no se van a empadronar en el pueblo, por lo que dispondrán de servicios sin aportar mucho al municipio'.
Echando la vista atrás, Pilar Diego recuerda que en 1999 'el promotor fue comprando las fincas a un precio muy bajo, 1,44 euros el metro cuadrado, porque era una zona rústica' y añade que 'en el 2001, la zona se convirtió en urbanizable con la aprobación de las normas urbanísticas'. También explica que en el terreno donde se va a construir la urbanización existen dos yacimientos arqueológicos, que podrían verse dañados con las obras.
Para mostrar su malestar por la construcción de la urbanización y la captación de agua que conlleva los vecinos de Candeleda se manifestarán el próximo sábado día 31 de mayo en la plaza del Castillo de la localidad abulense.
* Terra Actualidad - VMT - 25.05.2008
Foto: Candeleda (Ávila), terreno urbanización - aviladigital.com
Blasco eximió indebidamente a Catarroja de hacer vivienda social
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ELPAÍS/Valencia* : La política urbanística y de vivienda del Consell encajó ayer un nuevo varapalo judicial. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado una resolución del ex consejero de Territorio Rafael Blasco que eximió al Ayuntamiento de Catarroja de construir pisos sociales en una parcela del patrimonio municipal de suelo sin justificar debidamente que la demanda estaba cubierta.
Blasco consideró satisfecha la necesidad de vivienda de protección pública (VPP) en Catarroja al mismo tiempo que el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), dependiente de su consejería, impulsaba junto a la promotora Llanera el macroproyecto de Nou Mil·leni con el argumento de que la zona sufría un déficit de pisos asequibles. El proyecto no se aprobó hasta hace un año y prevé 11.459 pisos, de ellos un 51,5% de protección oficial.
El Consistorio de Catarroja, gobernado por Unión Valenciana y el PP, subastó en 2005 una parcela de su propiedad y se la adjudicó a Armiñana Promociones Inmobiliarias por 2,9 millones de euros. El promotor construyó pisos de renta libre, y el dinero ingresado por el municipio se destinó al teatro-auditorio de Catarroja, que aún no ha abierto al público.
La ley exigía que el Ayuntamiento empleara su patrimonio de suelo en la promoción de vivienda social. En el caso de enajenar esa propiedad, la ganancia debió reinvertirse en el mismo fin, es decir, la compra de terrenos y otras actuaciones que redundaran en la construcción de VPP. La norma solamente eximía a la localidad de esa obligación si demostraba tener garantizada la demanda de vivienda social o justificaba un interés público claro para invertir el dinero en otra actuación. La decisión estaba en manos del entonces consejero Blasco, que autorizó la operación. El Grupo Socialista recurrió la resolución del consejero, ahora anulada por TSJ. El fallo afirma que Blasco dio vía libre a la petición de Catarroja a pesar de que "no existe en el expediente administrativo ningún dato fehaciente que acredite cumplidamente que la demanda de vivienda protegida está satisfecha", y todo ello después de que en un informe anterior la Dirección General de Vivienda indicara al Ayuntamiento que debía apuntalar su pretensión con un estudio de demanda.
El portavoz socialista de Catarroja, Wilson Ferrús, exigió que se restituya la pérdida al patrimonio local."Defendemos los intereses generales de Catarroja, mientras que el PP con un bien municipal ha defendido los privados", denunció Ferrús. Los socialistas recurrieron el pleno que aprobó la subasta de la parcela (835 metros cuadrados) en octubre de 2005 y luego la resolución de Blasco, a la que no les habían dado acceso. Una sentencia de 2007 ya les dio la razón al anular el acuerdo plenario. El juez destacó en ese fallo que el IVVSA y Llanera promovían el plan de Nou Mil·leni precisamente con el argumento de que existía un déficit y "desequilibrio" en la oferta de pisos sociales que debía cubrirse. Como ahora el TSJ, tampoco aceptó que se subastara para vivienda de renta libre el solar municipal porque no vio "debidamente justificada" que la demanda de VPP estuviera satisfecha en Catarroja.
El TSJ critica la "falta de rigor" de Blasco al aprobar la resolución, denunciada también en su día por el ex responsable de Territorio del PSPV-PSOE Eugenio Burriel. "Es el colmo del cinismo que se adujera que no hacía falta VPP en Catarroja", afirmó ayer.
El alcalde, Francisco Chirivella, del PP, extendió la responsabilidad a todo el poder local y consideró justificada la subasta del suelo en el simple hecho de que el dinero sacado se invirtiera en Catarroja, aunque no se cumpliera la ley. "Eso lo han hecho todos los pueblos. Y siendo ingresos para Catarroja...", adujo Chirivella, que no conocía ayer la resolución del TSJ. La primera sentencia desfavorable a la operación está recurrida.
Cambio de normativa
Como afirma Chirivella, otros municipios han vendido para fines no previstos en la ley su patrimonio de suelo como vía de financiación de otros proyectos. Y han tenido la misma respuesta judicial. El TSJ anuló la subasta de un terreno en Valencia y obligó al equipo de Rita Barberá a asignar 14 millones de euros a la VPP, la misma cantidad que se había destinado a otras actuaciones. Lo mismo puede ocurrir en Catarroja. En La Vila Joiosa, las sentencias similares acumuladas por el anterior gobierno del PP han dejado las arcas en quiebra técnica.
Ante el fallo contra Blasco, la ahora Consejería de Medio Ambiente apuntó que está "muy avanzada" una reforma consensuada para incentivar la puesta en el mercado de suelo municipal para VPP y dar más facilidades a los Ayuntamientos para que inviertan ganancias en otro tipo de necesidades "siempre que esté cubierta" la demanda.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 24/05/2008
Foto: Catarroja (Valencia), urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
Totana: "Haz un documento para que las comisiones lleguen a todos"
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ELPAÍS/Murcia* : La apertura del secreto de sumario en la Operación Tótem, que destapó una trama de corrupción en la que han sido detenidas en Murcia, Galicia y Madrid 14 personas, está subiendo los colores a todo el Ayuntamiento de Totana (Murcia).
Apenas un mes después de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, con la oposición del PSOE e IU, el sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pone de manifiesto la presunta existencia de una lucha entre el ex alcalde y diputado murciano Juan Morales y el actual primer edil, José Martínez Andreo, para obtener tres millones de euros en comisiones.
Según la juez que instruye el caso, Morales pudo haber recibido 12 millones de euros en comisiones en los diferentes pelotazos del municipio, en el que se aprobaron 60 convenios urbanísticos.
"Yo no puedo firmar nada, pero hay que hacer algún documento donde las comisiones lleguen para todos, y luego cada uno recoja su parte". Así se expresaba el diputado del PP en el Parlamento murciano (ahora está en el Grupo Mixto), Juan Morales, quien pagó 200.000 euros para eludir la prisión, tal y como decretó la Sala de lo Civil y Penal de la Audiencia de Murcia.
La frase procede de una conversación grabada por la Guardia Civil en la sala Vip del aeropuerto de Barajas. En ella participaron, además de Morales, los intermediarios Gabriel Martínez y José Antonio Alcántara. Iban de camino a Galicia a cobrar presuntamente una comisión de tres millones de euros al empresario gallego Manuel Núñez, para recalificar varios millones de metros cuadrados para que la firma Nuaria construyera 5.000 viviendas en Totana (20.000 habitantes).
En la misma sala de Barajas, uno de los intermediarios, concretamente Alcántara, dijo: "Lo que le vamos a proponer es que en vez de los seiscientos millones, nos dé los cuatrocientos en billetes y nos bajamos el viernes con ellos en una bolsa para Murcia".
Estos tejemanejes estaban reflejados, según la investigación realizada por la juez de Totana María Asunción Navarro, en un documento que el propio diputado Juan Morales destruyó al tener conocimiento de las detenciones de los empresarios gallegos. Este documento, "troceado y recompuesto, es un reconocimiento de deuda de tres millones de euros por parte de una de las firmas del empresario que quería construir en Totana en favor de una empresa cuyo titular es Joaquín Carmona". Los tres millones de euros se habían repartido en tres partes: una para Morales, otra para el empresario Gabriel Martínez, y una tercera para los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, según la investigación de la Guardia Civil.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 24/05/2008
Foto: Totana (Murcia), iglesia-ayuntamiento - totana.es
NOTICIA RELACIONADA: El nuevo alcalde quiso obtener su 'mordida' y apartar a Morales - ELPAIS.com - 24/05/2008
El TSJA condena al alcalde de Jódar por regalar terreno a un constructor
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IDEAL/Jaén* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al equipo de gobierno de IU en el municipio de Jódar por «regalar a un constructor una parcela de terreno sobrante de una expropiación» en la que, junto a otra, se construyeron viviendas que deberán ser demolidas para devolverla a su propietario original.
Así lo aseguró ayer el PSOE de Jaén , que no dudó en calificar esta actuación de la «máxima gravedad jurídica y política», por lo que pedirá que se asuman las correspondientes responsabilidades políticas.
El vicesecretario general del PSOE de Jaén , Francisco Reyes, que compareció junto al portavoz socialista en el Consistorio galduriense, José Luis Hidalgo, explicó que la resolución judicial, que es firme, pone de manifiesto las «constantes irregularidades» que se producen en el Ayuntamiento de la localidad.
Final de un proceso
Por su parte, Hidalgo señaló que la resolución del Supremo andaluz supone la finalización de un proceso que se inició por la vía contencioso-administrativa en Jaén con la denuncia del propietario a quien le habían sido expropiados los terrenos. «En septiembre de 2004 el pleno la aprobó por un objetivo aparentemente necesario, la construcción de una nueva calle, pero fue un año más tarde, en enero de 2006, cuando supimos que una parte había sido entregada a un constructor gracias a la sentencia que condenaba a demoler el edificio y devolver los terrenos en las mismas condiciones a su dueño», comentó.
La sentencia fue recurrida y ahora, con fecha de 28 de abril de 2008, el TSJA «resuelve contra el recurso del Ayuntamiento de Jódar con lo que da la razón en todos los extremos al PSOE», que, tras conocer lo sucedido y que, además, «no había habido ningún proceso de enajenación o venta» que diese contraprestaciones al Consistorio, denunció los hechos en septiembre de 2007 por vía penal, causa que continúa abierta.
A ella, según añadió el portavoz socialista, se sumarán las diligencias del proceso contencioso-administrativo, puesto que, según el PSOE jienense, en la sentencia del TSJA se insta a la Fiscalía a investigar posibles delitos de prevaricación y expropiación ilegal. «Por tanto, abre a vía penal contra el Ayuntamiento, que, según dice, ha tenido una actuación burda desde el punto de vista jurídico hasta extremos desconocidos», subrayó.
Así las cosas, el portavoz socialista afirmó que se trata de una sentencia «demoledora» contra el equipo de gobierno de IU que muestra un comportamiento «arbitrario e ilegal» que también perjudica a quienes en su momento «compraron honradamente» su casa sin saber que una parte de la parcela no era del constructor.
EL APUNTE
El edificio: Según apuntó Hidalgo, el edificio tiene aparcamientos, locales y siete viviendas, de las que están afectadas cuatro, a pesar de que la parcela «regalada» no es precisamente grande. «Tiene 18,32 metros cuadrados, pero su valor no es tanto por la extensión como por lo que aporta al solar», subrayó. En este sentido, explicó que el proyecto original únicamente contemplaba oficinas por carecer de la luz necesaria, pero que con la superficie en cuestión, que «está en esquina, en una situación estratégica y aporta luz», fue posible edificar las viviendas.
* Ideal - MÓNICA LOPERA - 24.05.2008
Foto: Jódar (Jaen) - pueblos-espana.org
Valladolid: El TSJ anula el cambio del PGOU que permitió legalizar Portugalete
NORTECASTILLA* : El Ayuntamiento no gana últimamente para sentencias en contra de su política urbanística después de que ayer recibiera un nuevo varapalo del Tribunal Superior de Justicia, que ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitió ejecutar bajo una base legal el aparcamiento subterráneo de Portugalete.
El origen del problema hay que buscarlo en el hecho de que el PGOU recoge expresamente la imposibilidad de construir aparcamientos rotatorios en el centro de la ciudad. Por lo tanto, y para cumplir con sus previsiones, el equipo de Gobierno tuvo que echar mano del ingenio para levantar esa prohibición. Primero lo intentó con la figura del estudio de detalle, tan útil en otros conflictos, pero el mismo tribunal ya dictó otra sentencia en abril del 2006 en la que indicaba claramente que no sirve para cambiar la regulación de un capítulo tan destacado. Más adelante se apostó por iniciar el proceso desde cero con una modificación del Plan General, que aprobó provisionalmente el pleno con los únicos votos favorables del PP, un nuevo proyecto de construcción y las licencias ambientales oportunas.
Sin embargo, la sentencia conocida ayer vuelve a sembrar de dudas la actuación del equipo de Gobierno puesto que con posterioridad a la aprobación por parte del pleno de la esa modificación del PGOU se hicieron cambios a mayores. Cambios que en todo caso debieron ser refrendados de nuevo en sesión plenaria pero que nunca lo hicieron. El TSJ resalta, incluso, que el documento al que el pleno dio el visto bueno constaba de 89 folios pero el que se remitió posterior a la Consejería de Fomento para su aprobación definitiva adelgazó misteriosamente hasta quedarse en 50 folios.
Misteriosa autoría
Destaca la sentencia que «no se sabe quién hizo los cambios, si el concejal de Urbanismo o los técnicos municipales», pero deja claro que nunca podían ejercer como autores de unas modificaciones que sólo competen legalmente al pleno. Con el texto judicial en la mano, a día de hoy el aparcamiento subterráneo de Portugalete es ilegal. Por este motivo, Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos, Izquierda Unida y la Asamblea Ciclista -los colectivos denunciantes- anunciaron ayer que van a solicitar a los jueces la suspensión del proyecto de construcción y las licencias del aparcamiento, de tal manera que «nuestro objetivo es ahora el cierre inmediato de las 260 plazas de rotación que tiene el aparcamiento hasta que el Ayuntamiento reconsidere su postura y las destine a residentes, como ha sido nuestra intención desde el primer momento», manifiesta Miguel Ángel Ceballos, representante de los ecologistas.
Estos colectivos lamentan que «una vez más el Ayuntamiento se aproveche de la lentitud de la Justicia para sacar adelante un aparcamiento rotatorio manifiestamente ilegal en el centro de la ciudad, haciendo difícil la ejecución de una sentencia anulatoria, como sucedió en su día con los casos de los aparcamientos de la plaza de España y de la plaza de Zorrilla, cuyas autorizaciones fueron anuladas con posterioridad a su apertura». Ceballos también lamentó ayer que el TSJ no accediera en octubre del 2007 a la suspensión cautelar de las obras mientras se resolvía este recurso, aunque consideran que «algo debe haber visto el tribunal para cambiar de opinión».
Por su parte, Alfonso Sánchez, concejal de Izquierda Unida, sospecha que «quizás haya influido el escándalo de la manipulación del Plan General de Valladolid», que a día de hoy está en la vía judicial tras presentar un recurso el PSOE. En este sentido, el portavoz municipal de los socialistas, Javier Izquierdo, señaló ayer que «la sentencia deja entrever las mismas ilegalidades que nosotros hemos venido denunciando».
«Tema menor»
El alcalde, sin embargo, no mostró ayer síntomas de preocupación este asunto porque la nueva sentencia del TSJ anula exclusivamente el procedimiento seguido para cambiar las reglas del PGOU en materia de aparcamientos pero en ningún momento entra en el fondo del asunto, es decir, que no determina si esas modificaciones son o no legales. Por eso, Francisco Javier León de la Riva calificó de «tema menor» el conflicto y anunció que el error se subsanará inmediatamente con el inicio otra vez del trámite administrativo en la Comisión de Urbanismo y su posterior votación en el pleno. Insistió el alcalde en que no tendrá que cerrarse al público.
* El Norte de Castilla - EDUARDO RODRÍGUEZ - 23.05.2008
Foto: Un turismo sale del aparcamiento de Portugalete/ HENAR SASTRE, nortecastilla.es
Una sentencia anula el PAI Belcaire Norte de Moncofa al carecer del estudio de la red vial
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LEVANTE/Castelló* : Moncofa va a tener que hacer frente a un nuevo fallo judicial que anula un Programa de Actuación Integrada (PAI), en esta ocasión del Belcaire Norte. Una sentencia ha suspendido el PAI al considerar que el proyecto no cuenta supuestamente con el Informe de Carreteras de Conexión a los Nuevos Sectores, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes jurídicas.
Todo nuevo programa debe debe recoger un estudio de los viales de acceso a las viviendas acolplados a las necesidades de los futuros habitantes, algo que, al parecer, no se había incorporado en el Belcaire Norte.
Desde el grupo popular, partido en la oposición se explica que "la Comisión Territorial de Urbanismo exige la emisión del informe favorablemente para poder desarrollar un programa urbanístico". El PP asegura que "hace tiempo" que pidieron este estudio pero, "a día de hoy, no nos han contestado, con lo que entendemos que no existe pues lo único que nos han mostrado es una referencia del Plan General de Ordenación Urbana". "Lo que se pretende con el estudio es facilitar el acceso a las viviendas por otras calles diferentes a las actual para que el tráfico sea fluido", añaden.
No obstante, esta misma semana, concretamente el martes, se sometía a información pública el proyecto de reparcelación del sector Belcaire Norte, tal y como se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). La mercantil Moncofa Urbanización, en su condición de agente urbanizador, formuló una modificación de la reparcelación que se presentó en el ayuntamiento el 10 de diciembre de 2007. El 29 de abril de este año se presentaba la documentación complementaria y ahora ya se puede consultar en el consistorio.
El Belcaire Norte cuenta con una superficie de 700.000 metros cuadrados en donde se prevé construir alrededor de 4.000 viviendas, zonas verdes y un amplio lugar para el ocio en donde se podrán ubicar desde hoteles hasta comercios. Finalmente, destacas que este periódico intentó ayer, sin éxito, contactar con el alcalde, José Vicente Isach, para analizar esta sentencia.
* Levante-EMV - 23 de mayo de 2008
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es
La Justicia insta al Concello de A Guarda a ejecutar la demolición de ocho apartamentos
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LAVOZ/Vigo* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una providencia en la que insta al Concello de A Guarda a que en el plazo de un mes ejecute una sentencia de demolición dictada hace nueve años. Se refiere a los ocho últimos apartamentos construidos en la urbanización de A Armona, y que, según el fallo judicial, se edificaron sin licencia y cambiando el uso del bajo de uno de los bloques.
El TSXG avanza que las obras de derrumbe deberán además estar finalizadas en un plazo máximo de seis meses, «con apercibimiento de que, de lo contrario, se procederá a deducir testimonio por desobediencia». El regidor local, José Manuel Domínguez Freitas, vinculó su valoración a la del asesor jurídico del Concello, que está estudiando el caso.
Requerimiento
En octubre del año pasado ya había dictado otro requerimiento. Era el segundo en el mismo año, ya que en febrero había mandado un primer apercibimiento contra el que el Concello había presentado un recurso de súplica que no se admitió. También el anterior gobierno había intentado la revocación de la sentencia alegando una presunta imposibilidad de derribo por posibles problemas estructurales, al tratarse de una planta baja, pero no se admitió porque «no se trata de demoler sino de revertir el uso modificado».
La sentencia de demolición es de 1999 y en su exposición recoge, explicaron técnicos municipales, una modificación de uso en el salón ubicado en la planta baja de uno de los bloques de la urbanización, a pocos metros de la costa, que se habría ampliado, cerrado con una cubierta y habilitado para albergar los ocho apartamentos.
* La Voz de Galicia - M. Torres - 23.05.2008
Foto: Las viviendas se encuentran a pocos metros de la costa - lavozdegalicia.es
El Estado da por rescindida la compra de Las Teresitas y obliga a devolver los terrenos y el dinero percibido
LAPROVINCIA/Tenerife* : El Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, ha emitido un informe por medio del cual considera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) fallada hace un año que anulaba la compraventa de las once parcelas de Las Teresitas debe cumplirse en sus justos términos.
O lo que es lo mismo, que la corporación local tiene que devolver los terrenos y la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) hacer lo propio con los 52 millones de euros abonados en 2001.
Con todo ello, el informe que debía valorar la viabilidad del convenio a suscribir entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento se limita a analizar los efectos de la sentencia del TS que luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró que debía cumplirse simplemente a través de una nueva tasación.
La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, por todo ello, no escondía ayer su decepción en cuanto este escrito del Abogado del Estado que se esperaba como agua de mayo con el fin de desatascar la difícil situación por la que atraviesa la playa, no daba ningún tipo de alternativa.
Recursos judiciales. Es más, Reverón considera que, con este informe en la mano, el Estado se posiciona al lado de la empresa ILT que, en algunos de sus recursos judiciales, ha solicitado la devolución de los terrenos. De todas formas, es posible que aún quede un nuevo informe por salir a la luz. Concretamente, se trataría del que ha elaborado la Dirección General de Costas sobre el emitido por el Ministerio de Justicia. En cualquier caso, Reverón dejó claro ayer que el Gobierno central "se ha lavado del todo las manos" a la hora de intentar encontrar una salida a la situación de la playa, cuyas obras están paralizadas desde hace casi tres meses, lo que da lugar a una indemnización a la empresa adjudicataria, OHL de 30.000 euros al mes.
En cualquier caso, Reverón dijo no entender la interpretación que se ha venido filtrando desde Costas y por parte de la portavoz del grupo municipal socialista, Gloria Rivero, en el sentido de que el informe cuestiona la titularidad de los terrenos y apunta que no se podrá firmar el convenio hasta que se emita una sentencia firme. Pero lo cierto es que ya existe un fallo irrecurrible sobre la playa como es el emitido por el TSJC el pasado verano que también anulaba la compraventa en los mismos términos que el TS.
Reverón indicó que va a solicitar una reunión al nuevo director general de Costas para intentar dar una salida a este problema. Además, ha remitido un escrito exigiendo que se les dé cuenta de todo el expediente de esta playa, incluido un informe del Abogado del Estado de hace un año que era favorable a la firma del convenio.
* La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 23 de mayo de 2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
Totana: Implicados en la negociación de una comisión de 3,6 millones de euros confiesan que Morales estaba detrás
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LAVERDAD/Murcia* : Si el sumario judicial instruido con motivo de la Operación Tótem es una especie de cuerda en torno a la garganta del ex alcalde de Totana Juan Morales, bien podría decirse que cada declaración prestada ante la juez por los presuntos implicados ha contribuido a ir apretando el nudo. Ni en sus amigos más íntimos ha hallado respaldo.
Las diligencias sobre este asunto de corrupción urbanística, que están en poder de La Verdad, demuestran que la gran mayoría de los sospechosos de participar en la negociación de comisiones multimillonarias han acabado implicando al actual diputado regional del Grupo Mixto. Incluso Gabriel Martínez, director ejecutivo de Huevos Maryper, hombre de su absoluta confianza y uno de los más activos participantes, según las citadas diligencias, en la negociación de un cobro de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas). También él, su amigo del alma, su compañero de andanzas, ha confesado que fue Morales quien exigió llevarse su parte del pastel por facilitar una recalificación urbanística.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Según se desprende de la investigación judicial, y así lo recoge la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, el entonces alcalde de Totana, Juan Morales, habría visto la oportunidad de hacer un buen negocio en el año 2006, cuando intermediarios de la firma gallega Inmonuar S.L. empezaron a buscar terrenos en el municipio para construir una urbanización.
La superficie que despertó el interés de la promotora se situaba en el paraje conocido como El Raiguero, tenía una superficie de unos 2,2 millones de metros cuadrados y, aunque estaba calificada como no urbanizable, el alcalde se habría ofrecido para impulsar el cambio de calificación, además de para favorecer la venta de los terrenos a la promotora gallega por parte de sus entonces propietarios. A cambio, siempre según la juez, Morales habría solicitado la tercera parte de una comisión de 3,6 millones de euros (las otras dos terceras partes habría ido destinadas a los intermediario y a su amigo Gabriel Martínez, también implicado en la operación).
No fue el único intento de cobrar una comisión por parte del alcalde totanero, quien supuestamente habría reclamado a los dueños de los terrenos un pago de dos millones de euros (unos 332 millones de pesetas), por gestionar la venta con el grupo gallego. Para asegurarse el pago les habría hecho firmar un contrato de gestión inmobiliaria, en el que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán. este documento está en poder de los investigadores.
En resumen, que Morales no habría tenido empaño en jugar incluso a dos bandas.
EL GERMEN DEL COHECHO
Por lo que se refiere a las negociaciones con Inmonuar S.L. y su propietario, Manuel Núñez Arias, la investigación ha determinado que a mediados del 2006 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Totana en la que, además del alcalde, habrían participado los intermediarios José Antonio Alcántara y Joaquín Carmona, así como Gabriel Martínez. Éste último ha confesado ante la juez que fue allí cuando su amigo Morales «directamente solicitó la comisión», según se recoge en el sumario.
Con ser ya comprometido este testimonio, el problema de Morales es que el resto de los implicados tampoco le han salvado la cara. Así, Carmona ha dado detalles a la juez de que el alcalde había pedido participar en el reparto de la comisión y que había reclamado que se hiciesen tres partes. Y el propio promotor, Manuel Núñez, y su representante, Pablo Maceira, han confesado que Morales les pidió dinero a través del intermedio Emiliano Ovide.
Por si esto no era suficiente, otros dos vecinos de Totana, Manuel C. y Raquel V., han declarado que el mismo Emiliano Vigil les contó la exigencia de Morales de llevarse una comisión por la recalificación de terrenos.
MORALES NO SABE, NO CONTESTA
Ante tamañas imputaciones, el actual parlamentario regional se limitó en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a encogerse de hombros. Dijo que no podía responder por las palabras de los demás y negó «rotundamente» en una decena de ocasiones haber reclamado comisión alguna.
Sin embargo, otro dato que le incrimina, y para el que no encontró argumento coherente que lo explicase, es el hecho de que tuviese en su poder dos copias del documento de reconocimiento de deuda, por importe de 3,6 millones de euros, que Inmonuar firmó en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., controlada por Carmona. Éste era el método supuestamente ideado para que ni Morales ni el resto figurasen como perceptores de la citada comisión.
Aunque Morales respondió, a preguntas del fiscal, que ese documento estaba incluido en el expediente del plan parcial de El Raiguero, y que él se llevaba a casa copias de todos los planes parciales «por precaución», no supo explicar por qué un documento privado de reconocimiento de deuda estaba en un expediente municipal.
Hasta tal punto se fue enredando Morales en sus respuestas que el propio magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez Templado, se permitió recordarle que tenía derecho a no declarar, pero que lo que estaba diciendo «no está claro». O lo que es lo mismo, que le era preferible callar antes que dar explicaciones poco coherentes.
NEGOCIACIÓN A CUATRO BANDAS
Uno de los hechos más curiosos recogidos en el sumario es la presunta conversación a cuatro bandas que Morales habría organizado, junto a varios intermediarios, para evitar ser quien negociase directamente la multimillonaria comisión con el promotor Nuñez Arias. De esta forma, Morales le transmitía las indicaciones a su amigo Gabriel Martínez, quien a su vez las pasaba por teléfono a los intermediarios Carmona y Alcántara, que estaban reunidos en un coche con Pablo Maceira, hombre de confianza de Núñez Arias. Éste era quien finalmente hacía llegar las exigencias al promotor gallego, también vía telefónica. Una precaución que parece haberle servido de poco.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 23.05.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Mallorca: Una perversa lotería urbanística
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ELPAÍS* : "Una perversa lotería urbanística". Los ecologistas definían así el Plan Territorial Insular (PTI) de Mallorca en la denuncia que presentaron ante la fiscalía. Anticorrupción determinó que en la norma que aprobó el Consell de Mallorca anidaron presuntos delitos de tráfico de influencias, de información privilegiada y prevaricación en "la recalificación de grandes zonas rústicas que pasan a conformar suelo urbanizable de uso residencial".
Los pelotazos propiciados por el PTI han quedado frustrados, bloqueados, por la causa penal abierta por la querella de los fiscales. Éstos afirman que existe "antijuridicidad, arbitrariedad y beneficio de particulares sin apenas utilidad pública y social".
Políticos del PP y Unió Mallorquina (UM) y empresarios inmobiliarios están imputados. Hoy declara ante el juez un hombre del ex presidente Jaume Matas, el diputado y ex consejero de Medio Ambiente, Jaume Font, que supuestamente divulgó detalles del plan. El miércoles declaró el promotor Vicente Grande, presidente del Real Mallorca. Mateo Sastre, dueño de Ibercon, y Federico Serratosa están señalados como beneficiarios de las recalificaciones.
Todos niegan haber usado información privilegiada. Pero según Anticorrupción, empresarios, propietarios y políticos traficaron con "la información [previa] para adquirir los referidos terrenos y hacer suya la importante plusvalía que se iba a generar". Así, según las investigaciones, muchos empresarios movieron decenas de millones en compraventas de terrenos.
El plan creó expectativas urbanas mediante la fórmula de permutar terrenos protegidos y sin valor por otros altamente rentables. Así, por ejemplo, a cambio de unas parcelas sin interés de Alcúdia, se facilitan 330.000 metros cuadrados urbanizables en suelo rústico de Marratxí, cerca de Palma, para 1.200 viviendas; la plusvalía supuesta es de 93,4 millones. Mediante el derribo del hotel Don Pedro (de Cala Sant Vicent) y de otro hotel menor y sin explotación, el Rocamar, en Sóller, se permite el desarrollo inmobiliario en 42 hectáreas de Campos, en Sa Rápita. El beneficio calculado es de 76,5 millones.
Las operaciones "no suponen medida alguna de protección ni de mejora del paisaje rural, ni de la calidad ambiental ni de la biodiversidad", contrariamente a la razón que se aduce para justificarlas, según denuncia la fiscalía.
* ELPAIS.com - A. M. - Palma de Mallorca - 23/05/2008
Foto: Alcudia (Mallorca) - T.Ramón (El País)
Ecologistas denuncian ante la Fiscalía la construcción de la subestación eléctrica
SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA-Ecologistas en Acción, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial porque considera que podría existir un delito de extorsión por parte de la compañía eléctrica Sevillana-Endesa al Ayuntamiento.
Los ecologistas consideran que la empresa ha presionado al Consistorio para conseguir la licencia de obras, al plantear que de no realizarse esta infraestructura podrían producirse cortes de luz. «Es una amenaza implícita y además existen medios técnicos para evitar esta posible situación», ha indicado el presidente del colectivo, Rafael Yus.
Recurso
Además, Gena ha presentado un recurso contra la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de dar licencia de obras a la empresa para la construcción de una nueva subestación en la zona del Camino de la Acequia.
Los ecologistas consideran que esta decisión vulnera la normativa del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTA) y la Ley de Aguas, ya que el edificio se encuentra en zona inundable sobre las que dicha normativa prohíbe cualquier tipo de actuación urbanística.
En este sentido, ha recalcado el peligro que supone la ubicación de una infraestructura de estas características, destinada a dar energía a los sectores de expansión del municipio, en una zona que «previsiblemente se inundará en algún momento en los próximos años».
Yus también ha denunciado el hecho de que el Ayuntamiento no haya iniciado un expediente de legalidad urbanística ya que la obra había comenzado sin la perceptiva licencia urbanística, y actualmente ya se encuentra finalizada toda la estructura del inmueble.
Expediente
El concejal del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM), José Luis Sánchez Toré, criticó ayer al alcalde, Francisco Delgado Bonilla, por este mismo motivo. «Llevaban meses trabajando sin licencia. Yo lo denuncié pero hasta el 13 de mayo no se ha hecho nada», ha indicado Toré.
El edil considera un error que la Gerencia de Urbanismo concediera la licencia de obras a la compañía eléctrica sin haber solicitado nuevos informes a las delegaciones de Medio Ambiente y Obras Públicas. En este sentido, ha explicado que el expediente se inició en 2005 y no fue hasta octubre de 2006 cuando entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio (POTA).
Según Toré el objetivo de su petición era que ambas delegaciones ratificaran sus informes previos. «De esta forma hubiéramos conseguido desbloquear implícitamente la zona industrial que recoge el PGOU al norte de Vélez y que según el POTA también está en zona inundable», ha puntualizado el concejal, que ha recordado que la obra se está llevando a cabo cerca de una zona donde se han producido dos inundaciones importantes.
Asimismo, ha criticado a Izquierda Unida ya que apoyó al equipo de gobierno en la comisión de la Gerencia de Urbanismo que tuvo lugar el pasado martes. «En un principio apoyaron la petición de nuevos informes y en cambio ahora votan a favor de otorgar la licencia cuando nos trajeron el mismo informe», ha dicho.
* SUR - 23.05.08 -EVA GUZMÁN
Foto: La nueva subestación se está construyendo junto a la estación depuradora/ E. GUZMÁN, diariosur.es
Un experto defiende recuperar espacios para la convivencia en lugar de construir sólo viviendas
LEVANTE/Valencia* : El arquitecto Alberto Peñín reivindicó ayer la recuperación de los espacios públicos de convivencia en la ciudad y apostó por la movilidad como elemento vertebrador, "sobre todo para el ciudadano de a pie". Para ello, abogó por la creación de nuevos lugares de encuentro ciudadano, o bien por la reutilización urbana de los ya existentes, como, puso de ejemplo, la mayoría de los antiguos cuarteles de Defensa.
"Es un error fijar el crecimiento únicamente en la demanda" (de viviendas), denunció el experto en un simposio sobre la revisión del PGOU organizado por el grupo municipal socialista.
Peñín, que defendió que estos dos principios -movilidad y espacios públicos- queden recogidos en la versión definitiva del nuevo plan, anunció también que cualquier revisión urbanística que se realice en Valencia debería tener en cuenta unos aspectos básicos. En concreto, señaló: el Jardín del Turia, "que sigue a medio hacer", el Parque Central, la "Valencia Marítima" o Frente Litoral, "que es una asignatura pendiente", y la definición del barrio creado en torno al Palacio de Congresos y el nuevo estadio del Mestalla.
Falta de consenso con el entorno
Josep Sorribes, profesor de economía regional y urbana en la Universitat de València, por su parte, diagnosticó un "fracaso absoluto" del nuevo PGOU porque no se aborda la revisión desde un punto de vista metropolitano. "Es inadmisible -dijo- que el plan no esté consensuado con los municipios del entorno". Asimismo, aseguró que el documento le causó "una impresión lamentable" porque no existe ningún plan de conservación de la huerta, pese a que es posible, y porque no se analiza la necesidad de viviendas en su ámbito, ya que "no se cita la crisis inmobiliaria, sino que aún se habla de expansión". Por último, Sorribes criticó que no haya "ni una línea sobre la cuestión económica".
El economista Salvador Pons también denunció que en la revisión "falta un análisis riguroso del crecimiento de la población y de la base económica". Además, "no hay ni una referencia al parque de viviendas construidas", aunque apuesta claramente por la edificación de VPP. "Hay que preguntarse por qué no se ha construido antes VPP si ahora el plan considera que son tan importantes", dijo. Pons finalizó tildando el documento de "casi patético" porque "se toman decisiones sobre la vivienda que se necesita y no se piensa en la oferta de suelo existente, sobre todo en el área metropolitana".
Por su parte, Gregorio Martín, catedrático de Computación de la Universitat volvió a insistir en la incompatibilidad del túnel previsto bajo el Marítimo con la marina lúdica, una propuesta de "gran impacto" que patrocina una movilidad "basada en las cuatro ruedas".
* Levante-EMV - M. Vázquez - 23.05.2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
El Seprona y la fiscalía logran frenar las construcciones ilegales en zonas protegidas de La Vera y La Serena
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HOY* : Ecologistas Extremadura ha señalado que el Seprona y la Fiscalía "han conseguido frenar" la construcción "ilegal" en la comarca de la Vera y la Serena, sobre las que presentaron denuncias. "Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo".
En nota de prensa, el colectivo explicó que en julio del pasado año comenzó a denunciar la presencia de múltiples construcciones ilegales en las comarcas de la Vera y La Serena, "la mayoría" realizadas en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pertenecientes al Lugar de Importancia Comunitaria de 'Sierra de Gredos y Valle del Jerte' y a la ZEPA 'Embalse de Orellana y Sierra de Pela'.
Estas construcciones "no constituían casos aislados", añadió la asociación, ya que la organización extremeña denunció que "el número de edificaciones ilegales en estas zonas estaba completamente descontrolado, y que los infractores campaban en la más absoluta impunidad".
"Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo", explicó la nota.
Asimismo, apuntó que "a las primeras denuncias del Guijo de Santa Bárbara siguieron las realizadas en Jarandilla de la Vera" y "a finales del mes de febrero se presentaron nuevas denuncias en Aldeanueva de la Vera, sumando un total de 43 en tan solo tres localidades". "Igualmente se han denunciado decenas de construcciones ilegales en municipios de Badajoz", entre las que destacó Orellana de la Sierra, Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer.
Pocos meses más tarde, el efecto de las denuncias ya es "visible", indicó el colectivo, e indicó que las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona, así como la diligente acción de jueces y fiscalía han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes municipales.
"Los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo ecologista". "Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel para los promotores" agregó.
Con todo esto, Ecologistas Extremadura lamentó que se haya actuado tan tarde desde las corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran.
Además, el colectivo puso de manifiesto que lo denunciado hasta ahora es sólo pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso "espera que otros ayuntamientos de la región se tomen en serio esta problemática tan extendida".
Por último, la organización recomendó a los ciudadanos que se informen bien antes de comprar cualquier finca rústica o lanzarse a construir, que valoren el impacto ambiental que puede generar su actuación y los perjuicios, muchas veces irreparables, para el medio ambiente extremeño.
* Hoy - Europa Press - 20.05.08
Foto: Jarandilla de la Vera (Cáceres), construcciones dispersas - ecologistasextremadura.blogspot.com
Totana: El fiscal imputa a Morales 5 cohechos que sumarían quince millones de euros
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LAVERDAD/Murcia* : El ex alcalde habría usado a su ex mujer y sociedades de amigos e intermediarios para intentar cobrar comisiones. Hizo trizas un documento comprometedor y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil lo reconstruyó. Al menos cinco posibles delitos de cohecho.
Tales son los cargos, a las que se suman otros posibles delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales e infidelidad en la custodia de documentos, que el Ministerio Fiscal imputa al ex alcalde popular de Totana y actual parlamentario regional del Grupo Mixto, Juan Morales, y que se deducen de la investigación realizada con motivo de la denominada Operación Tótem.
Diversos documentos intervenidos en los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio de Morales, en la casa y en la asesoría que figuran a nombre de su ex mujer y en el piso que le prestaba a su novia brasileña, e incluso papeles que portaba en un maletín uno de sus abogados, ofrecen indicios suficientes, en opinión del Ministerio Público, para sospechar que Morales se valió «de su condición de alcalde» para solicitar multimillonarias comisiones, a cambio de su supuesto apoyo y de sus gestiones para sacar adelante proyectos urbanísticos en Totana.
Para evitar figurar como futuro perceptor de esas comisiones, Morales habría utilizado a su ex mujer, María del Carmen Jordán, así como sociedades controladas por intermediarios urbanísticos y por amigos y personas de su absoluta confianza, con quienes varias empresas, interesadas en sacar adelante esos proyectos urbanísticos, habrían firmado contratos comprometiéndose al pago de elevadas cantidades de dinero.
Uno de los documentos más comprometedores es un reconocimiento de deuda que la firma gallega Inmonuar S.L., que quería construir más de 5.000 viviendas en Totana, habría expedido en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., propiedad del intermediario Joaquín Carmona. En concreto, esa promotora gallega se habría comprometido a pagar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, y supuestamente existía un acuerdo para que esa comisión se repartiese en tres partes iguales de 1,2 millones de euros entre Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez (de Huevos Maryper) y el citado intermediario y su socio José Antonio Alcántara.
Ese documento de reconocimiento de deuda fue hallado en manos de todos los imputados mencionados. También lo tenía en su casa Juan Morales, quien presuntamente lo rompió en pedazos y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil logró recuperarlo y reconstruirlo. También estaba en el piso de la novia brasileña de Morales, Vaneide Freita.
A nombre de su ex esposa
La Guardia Civil también intervino otros tres documentos, en los que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los que empresas como Agroproducciones Integradas S.L. y Visanfer S.L. se comprometían a abonarle cantidades que habrían ascendido, en el primer caso, a dos millones de euros, y a cinco millones en el segundo.
Por último, la investigación sacó también a la luz un documento privado de compraventa de acciones de la empresa Deitania S.L., firmado entre Morales y el dueño de esa firma, su amigo Juan Antonio Álvarez, y que el fiscal sospecha que buscaba camuflar el supuesto intento de cobro de otra comisión de nueve millones de euros.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 22 mayo 2008
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
La Audiencia confirma el primer derribo en Medina Azahara
ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la orden de derribo de un chalé ilegal levantado en el entorno protegido de Medina Azahara. Se trata de la primera demolición que se impone en esa zona, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003 y en la que actualmente hay unas 240 casas.
La Audiencia rechaza el recurso interpuesto por la defensa contra el auto dictado el 24 de marzo por el Juzgado de lo Penal 4, en el que se condenaba a los dos acusados a correr con los gastos del derribo y a tres años de prisión en total. Padre e hijo levantaron la casa en 2006. La construcción fue paralizada por la Junta a finales de ese año.
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia Provincial, es el ponente de esta última sentencia. Baena ofrece en el escrito su visión sobre el "problema social" de las construcciones ilegales. La sentencia concluye que no es posible que los acusados no supieran que estaba prohibido construir en la zona. Argumentar ese desconocimiento es "legítimo como derecho de defensa pero no deja de ser un sarcasmo y una ofensa a la inteligencia de la sociedad y de los tribunales, que deben huir de ingenuidades".
La Audiencia hace hincapié en que los dos acusados no son personas "marginales" que estén desinformadas. Además, uno de ellos vive en la misma urbanización desde 1995 y ambos son miembros de la asociación de vecinos, "creada precisamente para solventar todos los problemas que les aquejan", entre los que destacan que la zona fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, Baena sostiene que el problema de las parcelaciones y en especial de las de Medina Azahara es "la comidilla de esta ciudad desde hace varios años". En la mayoría de los juicios celebrados por construcciones ilegales en esa zona, la defensa argumenta que en la urbanización no existen carteles que indiquen que está prohibido edificar. Ante este razonamiento, la Audiencia afirma: "Nuestras calles no se encuentran llenas de carteles de todo aquello que prohíbe la ley. Sería tanto como que un conductor, después del bombardeo mediático que existe, dijese que ignoraba que no se pudiese conducir después de ingerir bebidas alcohólicas".
La sentencia sostiene que a los acusados les movían "fines especulativos". Ya sea para evitar pagar como el resto de ciudadanos por construir una casa o para "que llegado el momento (...) la Administración expropie a precios superiores al coste de lo ejecutado".
Las casas ilegales se han consolidado "merced a una desidia de los poderes públicos que dio alas a la población por levantarse las viviendas", dice la sentencia. Según la Audiencia, el problema de los chalés ya existentes deben resolverlo los políticos. Aunque también se afirma que "los poderes públicos desde hace unos años han tomado conciencia del problema y la desidia se ha transmutado en diligencia, comenzando a intervenir la policía urbanística".
La Audiencia Provincial reconoce que, hasta hace poco, los magistrados eran reacios a admitir por la vía penal los casos de nuevas construcciones en núcleos consolidados. Sin embargo, admite un cambio de tendencia, ya que "comienzan a proliferar nuevas construcciones en la esperanza de que penalmente no serían perseguidos" y todo quedará en una "simple sanción pecuniaria", lo que conduce a "resultados perversos". Por ello, la Audiencia Provincial acordó el 10 de marzo endurecer sus criterios, que han llevado a que se dicte la primera orden de demolición en Medina Azahara.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 22/05/2008
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
Imputados del caso Andratx negocian conformidades con la fiscalía
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DIARIODEMALLORCA* : Imputados en algunas de las casi 70 piezas separadas del caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad en la pasada legislatura, han iniciado contactos con la fiscalía anticorrupción de cara a pactar una sentencia de conformidad.
Fuentes jurídicas próximas al caso no descartan que si la Audiencia de Palma dicta sentencias condenatorias en las dos primeras piezas separadas que irán a juicio, la ya vista hace unos días por la casa en un terreno protegido del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y la que afecta también al restaurante de Carlos Hidalgo, hermano de Eugenio, pendiente de señalamiento, podría haber más acuerdos de conformidad.
El sumario del caso Andratx fue dividido en piezas separadas (pequeños subcasos) para facilitar su investigación y enjuiciamiento. De momento el suspendido celador municipal de obras, Jaime Gibert, defendido por Juan Luis Matas, ha rubricado un acuerdo con la fiscalía anticorrupción para, a cambio de admitir su participación en algunas irregularidades y facilitar información sobre una parte del entramado que estaba oculta, ver reducida considerablemente la petición de condena contra él.
En la primera vista oral del caso Andratx, las acusaciones particulares en nombre del Ayuntamiento, ejercidas por Josep de Luis e Isabel Fluxà, y en defensa de la edil Isabel Alemany, también se unieron al pacto de anticorrupción con Gibert.
Algunas personas, especialmente técnicos y otros arquitectos que están imputados en una pieza separada, están buscando una salida similar a la de Gibert.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ - 21.05.2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
Totana: El alcalde Martínez Andreo intentó quitarle a Morales la comisión de tres millones de euros
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LAVERDAD/Murcia* : La juez de Totana señala que el primer edil totanero, «al obtener la Alcaldía, y al considerarse máximo responsable del Consistorio, pensó que debía ser él quien cobrase» ese dinero. Tres millones de euros constituyen un fajo de billetes demasiado grueso como para no resultar una tentación. Dinero suficiente para justificar una zancadilla a un socio. A un amigo. A un colega. Incluso, a quien fue tu jefe y alcalde.
Tal es la conclusión que se extrae, en una primera lectura, del sumario instruido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el que se investiga una decena de delitos vinculados a la corrupción urbanística en Totana. Esto es, las diligencias judiciales de la denominada Operación Tótem, a las que ha tenido acceso La Verdad.
Una de las conclusiones más sorprendentes de la investigación, coordinada por la citada juez y desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es la que indica que el actual alcalde del PP en Totana, José Martínez Andreo, intentó quedarse con una comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que su antecesor en el cargo, Juan Morales Cánovas, había pactado supuestamente con una firma gallega por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en el paraje de El Raiguero, donde estaba prevista la construcción de 5.040 viviendas.
Según se recoge en la Exposición Razonada que la juez María Asunción Navarro remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el pasado 11 de enero, y en la que realiza un exhaustivo resumen de todo lo investigado hasta ese momento, Martínez Andreo, que había sido concejal de Obras Públicas en la anterior legislatura, con Juan Morales como alcalde, «conocía las andanzas» de quien fue su jefe de corporación, y era consciente de la multimillonaria comisión presuntamente pactada por éste con el empresario gallego Manuel Núñez Arias, responsable de las sociedades Inmonuar S.L. y Grupo Nuaria S.L., entre otras.
En esta tesitura, recoge el citado documento, «Martínez Andreo, una vez que obtuvo la Alcaldía (en el 2007), y al considerarse como máximo responsable del Consistorio, [consideró] que debía ser él quien cobrase la citada comisión, tratando de dejar fuera a Morales».
«Esto aparece claramente -añade la juez- en la conversación telefónica que tuvo en el mes de agosto del 2007 con Juan Francisco Casanova, que actuaba como representante suyo en las reuniones que celebró con Pablo Maceiras -representante a su vez de Inmonuar S.L.-, al cual llegó a recibir en su propio despacho del Ayuntamiento». La instructora señala, sin embargo, que «no se ha acreditado» que el actual alcalde popular «llegase a recibir ninguna cantidad».
DOS GRUPOS ENFRENTADOS
De esta forma, y según las conclusiones obtenidas con la suma de indicios y pruebas por la juez Navarro, se habrían creado «dos bandos» con el mismo objetivo: hacerse con la suculenta comisión pactada por la recalificación de los terrenos de El Raiguero. De un lado, «el bando formado por Juan Morales -ya entonces diputado-, José Antonio Alcántara (intermediario) y Gabriel Martínez (director ejecutivo de Huevos Maryper y amigo íntimo y hombre de toda la confianza de Morales)». Y de otro lado, «otro bando formado por el citado Pablo Maceiras, Joaquín Carmona (intermediario y ex socio de José Antonio Alcántara) y posiblemente Juan Francisco Casanova (concejal de Agricultura de Totana y amigo y representante de Martínez Andreo) y [el propio] José Martínez Andreo».
Juan Morales, preocupado por la entrada en escena de Martínez Andreo, y sobre todo por el hecho de que se hubiesen acabado peleando Alcántara y Carmona, que habían comenzado siendo sus supuestos intermediarios y negociadores de la comisión ante el grupo gallego, el parlamentario regional habría decidido dar un golpe de mano y recuperar el control de la operación, aunque fuese a costa de perder algún dinero.
Así, señala la juez, Morales organizó un viaje relámpago a Vigo, junto con Gabriel Martínez y Alcántara, y allí se reunieron con el empresario Núñez Arias. En ese encuentro, que fue controlado por la Guardia Civil, quedaron en que la comisión originalmente pactada por la recalificación, que era de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) a repartir en tres partes, se quedaría en tres millones de euros.
La forma de pago, según las exigencias de Morales, serían 1,2 millones de euros en el acto, y 1,8 millones de euros cuando se aprobase el Plan General de Urbanismo, o bien cuando Inmonuar S.L. vendiese sus terrenos a un tercero.
El reparto de esa comisión se haría de la siguiente forma: 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) para Juan Morales, e iguales cantidades para Gabriel Martínez y Alcántara. (Parece que la juez quiere decir, en realidad, tres partes de un millón de euros).
REUNIÓN SECRETA EN ALBACETE
Mientras el ex alcalde y todavía diputado del PP Juan Morales -luego fue expulsado por su partido y pasó a integrar el Grupo Mixto de la Asamblea Regional- trataba de esa forma de hacerse con la comisión, Martínez Andreo intentaba también, presuntamente, jugar sus cartas. De esta forma, habría contactado con uno de los primeros intermediarios y representantes del grupo gallego, Emiliano Ovide, y habría concertado con él una reunión, que finalmente se celebró en el Parador Nacional de Albacete.
En este encuentro habrían participado, además de las dos personas mencionadas, Manuel C.M. y Raquel V.L. (cuñado e hija, respectivamente, de la vecina de Totana Juana L.G., que fue la primera que puso en contacto a Emiliano con Juan Morales).
En su declaración en el juzgado, Emiliano explicó que Martínez Andreo le había solicitado además toda la documentación que tuviese en su poder y que pudiese implicar a Morales en la negociación de comisiones. Sin embargo, añadió, «cuando observó que Andreo no lo llamaba para pedirle esa documentación, unido a los comentarios del pueblo y al nivel económico de vida que empezó a tener éste, le hizo pensar que se había aliado con Morales».
LA TRAICIÓN SE PAGA CARA
Otro dato realmente interesante que ofrecen las diligencias sumariales sobre la Operación Tótem es el que se refiere al origen de la investigación. Como en tantos otros grandes asuntos de corrupción urbanística, las primeras claves empezó facilitándolas un arrepentido; en realidad, un intermediario de la operación urbanística a quien el resto de implicados se había quitado de encima, dejándole sin su parte del pastel.
Este papel lo ha jugado aquí el intermediario Emiliano Ovide Castrillo, que fue quien empezó a buscar terrenos para urbanizar en Totana, por mandato de Núñez Arias, y quien por primera vez habría contactado con el entonces alcalde Juan Morales.
Cuando varios intermediarios urbanísticos locales se metieron por enmedio y lo dejaron fuera, Emiliano Ovide le fue con el cuento al secretario general del PSOE en Totana, Alfonso Martínez Baños, quien grabó subrepticiamente la conversación. Fruto de aquel encuentro fue la presentación de una denuncia, por parte del PSOE local, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la subsiguiente Operación Tótem, en la que ya figura una veintena de imputados.
UNA EMPRESA 'TAPADERA'
La juez de Totana tiene pocas dudas del papel protagonista jugado por el actual diputado regional en la trama. Así, en su escrito remitido al TSJ, señala que «ha quedado acreditado, al menos indiciariamente, que Juan Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa comisión ilegal, pues es él quien la solicita; es él quien concreta la cantidad a abonar; él ordena y coordina la operación; él exige la firma de varios documentos de deuda públicos y privados; es él quien impulsa de una forma insistente y firma el convenio sin cuya comisión seguramente no hubiese firmado; es él quien una vez que deja de dirigir el consistorio totanero sigue impulsando toda la operación, hasta el punto de que sale de una decisión suya la idea de acudir a Vigo a la reunión con Núñez».
«Reunión -prosigue la instructora-, a la que acudió acompañado de Gabriel Martínez y Alcántara (...), llegando a escucharse incluso en la sala VIP de Barajas comentar entre los tres que iban a rebajar la comisión en 600.000 euros, pero que iban a exigir a Núñez que les entregase ya todo o parte de la cantidad de tres millones de euros, que se la traerían a la vuelta en un coche, metida en una bolsa de plástico».
Para evitar figurar en documento alguno, Morales había acordado supuestamente con dos intermediarios y personas de su confianza, el citado Alcántara y Joaquín Carmona Abellán, que fuese una sociedad vinculada a ellos, Nubia Inversiones S.L., la que cobrase la comisión. La operación se haría mediante el reconocimiento, por parte de la promotora Inmonuar S.L. -propiedad de Núñez Arias- de un reconocimiento de deuda por importe de los 3,6 millones mencionados en primer lugar.
Copias de ese documento de reconocimiento de deuda fueron encontradas en posesión de la mayor parte de los imputados mencionados, cuando la juez de Totana ordenó los registros de domicilios y sedes empresariales.
Y POR ÚLTIMO, A VIVIR A BRASIL
El propio Emiliano señaló en sus manifestaciones ante el juzgado que los planes de Juan Morales pasaban por cobrar la comisión y marcharse a vivir en Brasil, aprovechando que había iniciado tiempo atrás una relación sentimental con una ciudadana brasileña, la también imputada ahora Vaneide Freita.
La juez Navarro considera que esos planes del diputado han quedado acreditados en el curso de la investigación judicial y señala, asimismo, que hay indicios de que esta mujer «habría colaborado en el envío de dinero y documentos pertenecientes o relacionados con Juan Morales a su país de origen».
También se habría confirmado que Morales posee inversiones inmobiliarias en la localidad brasileña de Foz de Iguaçu.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 21.05.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
Valladolid: El TSJ ratifica la nulidad de la licencia de obra del edificio de Juan de Austria
NORTECASTILLA* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la nulidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento de Valladolid otorgó, el 18 de noviembre de 2005, para la construcción de un edificio comercial y de oficinas en la plaza Juan de Austria.
Según hizo público ayer el PSOE, se trata de una sentencia de apelación que confirma la dictada en su momento por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de Valladolid y que anulaba dicha licencia de obras por autorizar la construcción de una rampa de aparcamiento sobre un espacio público, permitir un exceso de edificabilidad y no respetar la anchura de un pasaje previsto por el planeamiento urbanístico. Este espacio urbano cuenta con varias sentencias contrarias. Así, existe otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 17 de septiembre de 2007, que anuló la modificación del Estudio de Detalle aprobada por el Consistorio de Valladolid. Además, mediante sentencia de 8 de octubre de 2002, la misma Sala anuló una licencia concedida en este mismo ámbito en 1998.
En la apelación figura únicamente como parte apelante la empresa promotora, Parzara S. L. Para el PSOE el Ayuntamiento «da la espalda a aquel al que concedió la licencia de forma irregular, a quien se imponen, además, las costas». «Esto demuestra lo poco convencidos que estaban en el Consistorio de la legalidad de la licencia otorgada, que ni siquiera se presentaron en apelación, aunque ello no nos asegura que finalmente no tengamos que pagar las costas entre todos por responsabilidad patrimonial».
Tensando la cuerda
En el mismo comunicado de prensa los socialistas destacan que «el constante goteo de sentencias en este ámbito en particular y en otros lugares de la ciudad - la más reciente la que afecta a la vivienda del alcalde situada en la Plaza de Zorrilla- ponen de manifiesto el nulo respeto por la legalidad que tiene este Ayuntamiento que juega siempre tensando la cuerda de la ley al máximo».
A juicio del PSOE, el incumplimiento de las normas, además de ser grave en sí mismo, es «una clara muestra de gestión ineficaz que el alcalde pretende amparar en la tardanza de las resoluciones judiciales para, una vez consumados los hechos, pensar que no va a haber nadie que decida reponer lo edificado, tal y como se señala en la sentencia que anula las licencias de obra en la Plaza Juan de Austria.
Según el PSOE, en Valladolid quien actúa como promotor inmobiliario tiene que asumir «un riesgo y una incertidumbre de difícil valoración cual es si los pasos que da el Ayuntamiento para amparar jurídicamente cualquier actuación urbanística se ajusta o no a derecho». Así, añade el PSOE, «difícilmente se puede generar confianza entre los empresarios y eso es un serio problema de un alcalde que ha hecho gala de ser un buen gestor».
* El Norte de Castilla - 21.05.08
Foto: Edificio de la plaza Juan de Austria afectado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León/ RODRIGO DE ROJAS, nortecastilla.es
Una sentencia declara ilegales los 76 adosados a construir en Vilaflor (Tenerife)
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EUROPAPRESS* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) sobre la licencia municipal concedida por el Ayuntamiento de Vilaflor para la construcción de 76 chales pareados en el Camino Real de la Escalona argumentando que el proyecto está fuera de ordenación, que no se atendió a los informes municipales y que el proyecto está en suelo rústico potencialmente productivo.
El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la licencia otorgada no ha contemplado las objeciones hechas en las informes técnicos que han declarado "desfavorable" el permiso urbanístico, incluso, en los emitidos con posterioridad a la concesión de dicha licencia.
Precisa que incluso la promotora, Tenarona, reconoció en un documento que "la licencia contravenía la regulación" y que la parcela en cuestión está clasificada como suelo rústico protencialmente productivo por lo que "resultaba preceptiva la previa obtención de la calificación territorial conforme dispone el artículo 27 del RDL 1/2000 de 8 de mayo, señalando que son nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas otorgadas sin que previamente se haya autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la Calificación Territorial conforme a la Ley".
La sentencia insiste en que, aunque se habla de que en la modificación del Plan General será suelo urbano, en la actualidad no lo es y por tanto, sigue siendo suelo rústico potencialmente productivo".
En cuanto a la urbanización se dice en el dictamen que este proyecto "vulnera la altura máxima permitida por la ocupación de la cubierta de viviendas proyectadas, la cual es del 43%, siendo el máximo permitido de un 25%". Además, "el retranqueo a linderos no respeta las determinaciones de las Normas Subsidiarias" dejando a una futura modificación del plan general dicho retranqueo. El juzgado sentencia que "la normativa urbanística a tener en cuenta es la vigente".
El fallo revela que "la licencia concedida se apartó del ordenamiento jurídico vigente en los aspectos señalados (...) sin que sean oponibles al respecto, ni los supuestos pactos verbales a los que se hace referencia por el perito de la promotora, ni los eventuales escritos de renuncia del promotor".
En este sentido se recomienda que "los supuestos pactos verbales" mencionados por el perito de la empresa promotora "deberían ventilarse ante otra jurisdicción" tras un "análisis adecuado". EL ALCALDE DE VILAFLOR.
El dictamen del juzgado de Santa Cruz de Tenerife recoge, además, que pudiera haber "responsabilidad del citado Alcalde --Manuel Fumero-- conforme a las previsiones contenidas en el artículo 189.1 b)2 del Texto Refundido".
Según este decreto se señala que que son responsables "el titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones, autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o, dolosamente, en contra de los emitidos motivadamente en sentido desfavorable por razón de la infracción".
Son responsables también, según este decreto, "los miembros de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas condiciones; y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el funcionario que, dolosamente, haya informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del orden jurídico".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May 2008
Foto: Vilaflor (Tenerife) - costa-adeje.es
