ADN/Murcia* : El diario digital Noticias de Murcia ha publicado este jueves una información por la que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), detenido este jueves por su presunta relación con las diligencias abiertas por corrupción urbanística en el municipio, habría cometido prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio.
El texto acusa al primer edil de haber cedido por decreto "35.000 metros de suelo municipal" a la empresa Polaris World a cambio de "50.000 metros de bancales de secano en suelo rústico en El Jimenado". El terreno perteneciente al Consistorio está situado en el entorno interior inmediato al resort de lujo que esta empresa tiene junto a la carretera que une Torre Pacheco y Los Alcázares, "a escasos metros de parte de las viviendas ya construídas".
El técnico municipal había valorado los metros de tierra permutados en "460 millones de pesetas" (2.884.277,56 euros) y en una cifra algo inferior, concretamente en "404 millones" (2.428.946,21 euros) los del Jimenado. Por la pérdida, Polaris World "se comprometía a entregar al Ayuntamiento algo más de cuatrocientos mil euros a efectos de equiparación de valores", según el diario.
Añade además que "las fuentes no han precisado si el uso urbanístico concreto del suelo permutado por el Ayuntamiento permite la construcción de viviendas en el mismo, si ese suelo estaba comprometido para alguna actividad municipal o si sirve a los intereses de la operativa del negocio turístico, residencial y deportivo de Mar Menor Golf Resort".
A raíz de las consecuencias que puede tener el cambio para el municipio y como prueba del presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio, el digital apunta que "en opinión de los agricultores y propietarios de la zona si la valoración (de los técnicos) hubiera sido de 3.000 pesetas el metro, ya estaría bien la cosa", por lo que, añade "los bancales de suelo rústico obtenidos por el Ayuntamiento tendrían un valor de más de sietemil setecientas pesetas el metro cuadrado".
Además, el propio periódico ha comprobado que "una finca de 140.000 metros cuadrados, en la misma pedanía (El Jimenado), y con suelo rústico ha sido tasado en un millón y medio de euros (249 millones de pesetas), a 1.663 el metro cuadrado".
Sin aviso a la Corporación
Otro punto del asunto que cita el diario es que la Corporación Municipal de Torre Pacheco no fue informada del decreto de permuta en el momento en el que se produjo y que debía haberse hecho por tratarse de "una operación que supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal" y por ello, debería haberse acordado "en mayoría absoluta".
El resto de ediles murcianos "no tuvieron conocimiento de los detalles de la operación", otro dato que vendría a confirmar la presunta corrupción urbanística del alcalde. Según versa el digital, estos fueron informados "al final de un pleno maratoniano y dentro de un conjunto de decenas de decretos".
Socios de Polaris World
Dentro de la mismas diligencias, el empresario y ex socio del grupo inmobiliario Polaris World Facundo Armero ha sido llamado a declarar esta tarde por el titular del juzgado número 3 de San Javier, Salvador Calero.
Armero se encuentra en libertad con cargos y con obligación de presentarse cada quince días ante la justicia, tras su declaración, el pasado 6 de noviembre, ante la jueza de instrucción Arancha Moreno, que abrió el caso de presunta corrupción en los municipios de Torre Pacheco y Fuente Álamo, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El empresario es propietario entre otras de la empresa Construcciones Torre Pacheco y fue co-fundador del grupo promotor inmobiliario Polaris World en 2001, y que abandonó a finales de 2006 al vender su 50% del grupo por más de 300 millones de euros.
* ADN - Marta Muñoz - 03.04.2008
Foto: polarisworld.com
El alcalde de Torre Pacheco cedió a Polaris World terreno urbanizable por una parcela rústica
'Góndola': "Hablé lo tuyo con el presidente y me prometieron que lo iban a impulsar"
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Las escuchas de la 'operación Góndola' revelan la intención del Gobierno de Canarias de facilitar al empresario Santana Cazorla la autorización para construir siete mil camas en Mogán. El ex director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias, tranquilizó al empresario Santiago Santana Cazorla acerca de la autorización para construir siete mil camas turísticas en el complejo Anfi Tauro, de su propiedad.
Según una conversación telefónica interceptada por la policía dentro de la investigación de la 'operación Góndola', el 14 de diciembre de 2006, en la que es el propio Iglesias el que realiza la llamada, éste le comenta al empresario que "lo tuyo estaba medio parado, entonces hablé con los consejeros ayer, antes de ayer martes, y le dije, oye, esto no puede ser, tenemos todo esto parado, ¿qué pasa, presidente?, los expedientes parados y tal... y entonces me prometieron que lo iban a impulsar".
En la misma conversación, Iglesias traslada al empresario que el presidente Adán Martín se está tomando la molestia necesaria para que se tramite todo con rapidez: "Le dije al presidente, coño, no tengan eso parado, tramítenlo porque hay que llevarlo al Parlamento porque se nos acaba el año".
Por otra parte, en otra conversación telefónica interceptada por la policía entre Adán MArtín y el empresario Santana Cazorla, el ex presidente del Gobierno de Canarias le confirma que "antes de ayer llamé al consejero y le dije que está bien ya esta historia, que la quería ver y que la viera el secretario general técnico, porque estaba cansado, hasta los huevos... y si puedo la llevo al Gobierno el martes que viene". En la misma conversación interceptada, de fecha 18 de enero de 2007, Martín asegura que "soy consciente de que el tiempo se acaba, porque estaban ahí mareando la perdiz".
En el mismo diálogo, que se inicio a las 21.18 de la noche el presidente le asegura a Santana Cazorla que ha dado instrucciones a los técnicos para que "escriban en diez horas" los informes, "porque lo quiero en la comisión de mañana".A su vez, da explicaciones al empresario sobre el retraso que ha sufrido todo: "tu sabes que a Pilar (su mujer y ex viceconsejera de Turismo) la separaron totalmente de esa historia y no ha podido tocar nada, que lo tenía medio enfocao, pero ya lo cogí directamente y lo hice ayer".
Las conversaciones revelan un tráfico de influencias entre el presidente, Adán Martín, el director general del Cabinete del Presidente, Salvador Iglesias, y el empresario Santiago Santana Cazorla, al que finalmente se le concedió la autorización para construir las camas en Tauro.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03 de abril de 2008
Foto: Mogán - wikimedia.org
Otro capítulo del urbanismo en Bruselas
ELPAÍS* : Parecía que el Parlamento Europeo había cerrado el capítulo del urbanismo valenciano. Pero no. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo volvió ayer tarde a escuchar el relato de algunos de los proyectos urbanísticos más polémicos tramitados al amparo de la ya derogada LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) e incluso de la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV), denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
A dos minutos por peticionario, los afectados actualizaron ante los europarlamentarios el estado de proyectos urbanísticos como los de Parcent, Tibi, Catarroja o Porxinos, entre otros. Estos son algunos de los casos que ayer volvieron a exponerse ante la Eurocámara:
Parcent. Localidad alicantina de 1.000 habitantes y 11,8 millones de metros cuadrados de término municipal. Tres planes urbanísticos -El Replà, El Cantalar y La Solana- se aprobaron el penúltimo día de vigencia de la LRAU en medio de protestas ciudadanas. Su única base era unas obsoletas Normas Subsidiarias del año 1991, según la plataforma Veïns de Parcent. Estos planes, que prevén unas 1.800 viviendas, continúan en tramitación en la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. El Ayuntamiento, gobernado tras las elecciones locales de 2007 por Coalició Democrática de Parcent, se opone a estos proyectos y ha pedido a la Generalitat la documentación. La promotora ha denunciado a la nueva Corporación por supuesta prevaricación.
Llíria. La Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat denuncia las supuestas infracciones medioambientales al aprobar el PGOU, que incluye el proyecto Golf Coto de Català. Están previstas 2.000 viviendas.
Riba-roja. La plataforma vecinal contraria al plan de Porxinos, donde el Valencia CF tiene previsto construir su nueva ciudad deportiva, insiste en que el proyecto incumple la ley europea en materia medioambiental. Además está prevista la construcción de 2.500 viviendas en este municipio de Camp de Túria.
Catarroja. El proyecto Nou Mil·leni, en Catarroja, donde están previstas cerca de 13.000 viviendas, está aprobado, pero está en estos momentos paralizado porque la promotora, la mercantil Llanera, ha suspendido pagos. La plataforma Salvem Catarroja presentó la denuncia ante Europa.
* ELPAIS.com - Valencia - 03/04/2008
Foto: Votación en el Parlamento Europeo - elpais.com
La detención de un constructor eleva a seis los arrestados en Zurgena por corrupción urbanística
ELPAÍS/Almería* : La detención de un constructor en la comarca del Almanzora (Almería) eleva a seis los arrestados por su presunta implicación en la construcción de un millar de viviendas sobre suelo rústico en el término municipal de Zurgena (2.713 habitantes). Ayer miércoles fueron arrestados el alcalde de la localidad, Cándido Trabalón (Partido Andalucista), y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, así como el arquitecto técnico municipal, otro arquitecto y un promotor inmobiliario.
La Guardia Civil, dentro de la Operación Costurero, registró ayer miércoles domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital almeriense y Zurgena. A los detenidos se les imputa los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.
La investigación la inició en 2006 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y las pesquisas derivaron en las diligencias de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa.
Alcalde con mayoría absoluta
Cándido Trabalón fue reelegido alcalde, con mayoría absoluta, en las municipales de 2007 en las que los andalucistas consiguieron ocho de los once concejales. Algunas de las viviendas aprobadas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en un informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales "reconocieron" que "un número de autoridades municipales" habían actuado "incorrectamente".
* ELPAIS.com - EP - Almería - 03/04/2008
Foto: Alfoquía, una de las barriadas de Zurgena afectadas por las viviendas ilegales - TELEPRENSA
Detienen al alcalde de Torre Pacheco por presunta corrupción urbanística
LAOPINIÓN/Murcia* : La Guardia Civil detuvo hoy al alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, por la presunta trama de corrupción urbanística destapada tanto en este Consistorio como en el de Fuente Álamo, según informaron a Europa Press fuentes próximas al caso.
Así, Europa Press se puso en contacto con funcionarios de este Consistorio, que aseguraron que la actividad en el mismo era "normal" y que estaban funcionando como cualquier otro día. No obstante, se apunta a que podrían haber más movimientos durante el día de hoy, en el marco de estas investigaciones, no descartándose nuevas detenciones.
Fue pasado lunes cuando la Guardia Civil detuvo al funcionario y arquitecto técnico del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, dentro de estas investigaciones.
La orden de detención la dictó el juez Salvador Calero, que sustituye a la titular del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier, Arantzazu Moreno, por encontrarse de baja. Tras prestar declaración el imputado, el juez acordó el martes la prisión provisional comunicada y sin fianza para el mismo.
LEVANTAMIENTO PARCIAL DEL SUMARIO.
El secreto de sumario se levantó parcialmente el 21 de enero por orden de la titular de este juzgado que le llevó a requerir documentación a los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo.
Los presuntos delitos investigados son de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.
En el curso de la instrucción, el juzgado hizo requerimientos judiciales de documentación en ambos consistorios y la jueza tomó declaración a 14 imputados. A pesar de este levantamiento, el procedimiento continúa parcialmente bajo secreto de sumario.
Tras levantarse parcialmente el secreto de sumario, el alcalde de Torre Pacheco aseguró, en su primera comparecencia ante los medios el 7 de febrero, que no ha cometido "ilegalidad alguna", y dejó claro que "todos los expedientes del Consistorio se han tramitado con el máximo respeto a la legalidad vigente".
La siguiente en comparecer fue la primer edil de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, el día 12, y negó "rotundamente" ser culpable de los delitos de cohecho y tráfico de influencias que le imputa la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.
DECLARACIÓN DEL ALCALDE DURANTE SIETE HORAS.
El primer edil pachequero ya estuvo declarando en relación a presuntas irregularidades urbanísticas en los ayuntamientos de Fuente Álamo y su municipio ante la juez el 8 de noviembre, en donde permaneció unas siete horas. A su salida, declaró a los medios "estar igual que estaba al principio e igual que espero estar mañana".
La actuación judicial, que lleva este juzgado de San Javier, responde a una denuncia presentada hace meses por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y que, en su día, llevó a la Guardia Civil al Consistorio de Torre Pacheco y al de Fuente Álamo para llevarse cajas de documentación sobre varios expedientes urbanísticos.
Concretamente, en el caso de Fuente Álamo se requisaron, el pasado 3 de julio, tres cajas de expedientes urbanísticos correspondientes a dos planes parciales, así como la relación de empresas que trabajan con el consistorio.
Dos semanas antes, el 19 de junio, este mismo juzgado requirió al Ayuntamiento de Torre Pacheco varias decenas de cajas de documentación, también relativa a expedientes urbanísticos y planes parciales desde el año 2004.
* La Opinión de Murcia - EUROPA PRESS - 03 de abril de 2008
Foto: Torres Pacheco (Murcia ), ayuntamiento - regmurcia.com
Procesados el alcalde de Morón y su antecesor por presunta prevaricación urbanística
DIARIODESEVILLA* : El juzgado de Morón de la Frontera ha procesado al alcalde de la localidad, Manuel Morilla (PP), y a su antecesor José Párraga (PSOE), por un delito de prevaricación urbanística al permitir varias actividades industriales ilegales en un terreno no urbanizable.
El juzgado de instrucción 1 de Morón, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que existen indicios de que ambos alcaldes "durante sus respectivos mandatos y en el ejercicio de sus cargos, habrían estado autorizando actividades contrarias a la normativa urbanística, mediante la concesión de licencias".
En concreto, el juez les imputa haber autorizado un aparcamiento de camiones, un taller de tapicería y dos naves destinadas a taller de reparación de neumáticos de automóviles que contravenían los informes negativos que les elevaron el arquitecto técnico municipal y la secretaria del Ayuntamiento.
El juez ha dictado un auto de conclusión del sumario y de apertura de procedimiento abreviado, para lo cual da traslado de las actuaciones al fiscal y a la acusación particular para que presenten su escrito de acusación, petición de condena o, excepcionalmente, pidan la práctica de diligencias complementarias.
Morilla, reelegido para el cargo en mayo de 2007, y Párraga, que fue alcalde entre 1991 y 2003, están imputados por los delitos de prevaricación urbanística por conceder la licencia y permitir el funcionamiento de un aparcamiento de camiones en un solar catalogado como zona rústica, según denuncia de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla.
Según los vecinos afectados, se trata de un terreno rústico no urbanizable pero Párraga y Morilla permitieron el funcionamiento del lugar como un polígono industrial, con la instalación de un taller de camiones y de varias industrias relacionadas con la automoción.
En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y que no recordar nada sobre su licencia.
Morilla y Párraga indicaron al juez que simplemente se dedicaban a firmar los documentos relativos a la concesión de licencias, sin conocer su contenido, y que no los confeccionaban.
También aseguraron que nunca habían recibido ni tenido noticia del ruido generado por dicho aparcamiento de camiones, ni tenían constancia de quejas vecinales por escrito en el Ayuntamiento ni de que se hubiera recogido en actas de plenos municipales.
La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en una sentencia a la que entonces tuvo acceso Efe, dijo que "lo que primitivamente era un secadero de algodón" se había convertido en "un polígono industrial donde se ha instalado un establecimiento de engrase de vehículos, un taller de reparación de neumáticos y una industria de tapicería".
* Diario de Sevilla - EFE - 02.04.2008
Foto: Morón - todopueblos.com
El Ayuntamiento de Córdoba derriba el primer chalé ilegal de la sierra
ELPAÍS* : La máquina retroexcavadora dio el primer golpe al ladrillo a las 16.45 de ayer. Fue en la parcelación ilegal de Cerro de San Cristóbal, enclavada en plena Sierra Morena. Se trata del primer chalé clandestino que se derriba en Córdoba, una ciudad que tiene su amplio término municipal plagado de construcciones de este tipo.
Y también es un simbólico aviso para los parcelistas, que durante años han disfrutado de impunidad y han visto como con el pago de una sanción las administraciones les dejaban tranquilos en las casas que levantaron sin licencias ni permisos en cualquier lugar. En diciembre de 2007, la Junta de Andalucía derribó otros cinco chalés ubicados en el municipio de Obejo (Córdoba).
El Ayuntamiento cordobés fue el que se hizo cargo de los gastos de la demolición de ayer, que está previsto que se remate hoy. Teóricamente, el coste del derribo y de la restauración de la zona deberá asumirlo Francisca Rodríguez, propietaria de este chalé que levantó junto a su ex pareja.
La primera denuncia contra la casa la realizó la Policía Local en julio de 2001. Comenzó entonces una carrera de fondo de resoluciones judiciales, recursos y expedientes administrativos que desembocaron en una sentencia de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se abalaba la demolición. A finales de marzo de este año, la Gerencia de Urbanismo, que había requerido a los propietarios que acometieran el derribo, fijó la fecha de ayer para reducir a escombros la edificación de dos plantas y cerca de 200 metros cuadrados.La casa no tiene licencias, está un suelo no urbanizable de especial protección y en un lugar de gran impacto visual. Además, los propietarios desobedecieron la orden de paralización de las obras. En un fallo de 2004 del Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ya se señalaba que "en pocos casos nos encontraremos con un supuesto más merecedor del derribo de lo construido".
Pero de poco le servían a Francisca Rodríguez los razonamientos judiciales ayer. Cuando se construyó la casa sobre otra edificación anterior de su padre, estaba pensada como una segunda residencia. Pero Rodríguez se estableció allí tras separarse de su pareja. Esta mujer -acompañada de sus hijos, hermanos y de su padre- afrontó con llantos y desesperación el derribo.
Hasta el último momento mantuvo la esperanza de que la demolición no se llevara a cabo. Gritos, algunos empujones y reproches a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo fue lo que se vivió durante la mañana. Rodríguez tuvo que ser trasladada a un hospital por un ataque de ansiedad. Sin embargo, volvió de nuevo al lugar al poco tiempo.
Servicios sociales
Aunque el proceso de demolición estaba previsto que comenzara a las nueve, el Ayuntamiento permitió a los propietarios que retiraran todos los muebles, los sanitarios, las puertas y hasta las rejas de las ventanas durante toda la mañana. Además, los servicios sociales del Ayuntamiento se han hecho cargo del caso y se baraja la posibilidad de ofrecerle un piso municipal de alquiler a la mujer.
"Yo no quiero un piso, quiero mi casa", repetía ayer Rodríguez. "¿Por qué la mía sí la tiran y el resto no?", se quejaba.
Rodeando su chalé hay ocho viviendas igual de ilegales. La diferencia es que a Rodríguez se le denunció cuando estaba construyendo y desoyó una orden de paralización. "Es como si a alguien le pillan en un control de velocidad y pregunta por qué le multan sólo a él", razonaba ayer un responsable de Urbanismo. Cabe preguntarse dónde estaban los controles de velocidad hace años, cuando las parcelaciones convirtieron las afueras de la ciudad en un ejemplo del urbanismo desordenado. ¿Había radares entonces?
El 7% de la superficie de la sierra cordobesa está ocupada por parcelaciones, según un estudio de la Universidad de Córdoba de 2006. Existen 40 urbanizaciones, de las que el 60% (26) son ilegales.
En otras zonas, algunos proyectos importantes (ampliación del aeropuerto o declaración de Medina Azahara como Patrimonio de la Humanidad) también se topan con el problema de las parcelas.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 02/04/2008
Eurodiputados piden una moratoria urbanística en la Comunitat Valenciana
LEVANTE* : Eurodiputados conservadores y socialistas pidieron hoy una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana hasta que se modifique la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para impedir abusos por parte de los promotores y garantizar los derechos de propiedad.
Los parlamentarios reclamaron la intervención del Gobierno de España si la Generalitat valenciana sigue negándose a cumplir las exigencias de la Comisión Europea y de la Eurocámara.
El Ejecutivo comunitario ya denunció la LUV ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2007 por considerar que vulnera la normativa comunitaria en materia de contratación pública y está ahora a la espera de sentencia. Por su parte, la Eurocámara ha enviado tres misiones a la Comunidad Valenciana y ha aprobado cuatro resoluciones en las que ya reclamaba la moratoria urbanística hasta que se modificara la legislación.
El eurodiputado conservador británico Neil Parish, el laborista Michael Cashman, y el verde David Hammerstein, reiteraron esta petición de una moratoria en una rueda de prensa ofrecida antes del nuevo debate sobre el urbanismo valenciano en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, y en el que se iban a analizar alrededor de 40 denuncias. En la rueda de prensa participaron también el presidente de la asociación 'Abusos Urbanísticos No', Enrique Climent, y el alcalde de Parcent (Alicante), Máximo Revilla.
Cashman, que es el vicepresidente de la comisión de Peticiones, pidió que la moratoria se aplique específicamente a las expropiaciones de suelo y a la demolición de casas edificadas ilegalmente. "Esto es esencial si se quiere que la economía española, y especialmente la construcción, se recupere. En estos momentos hay una falta de confianza en el mercado, que está desbordado por un exceso de urbanización", dijo Cashman. Resaltó que el Gobierno valenciano ha desoído hasta ahora todas las recomendaciones de la UE en materia de urbanismo y reclamó la intervención del Gobierno central para resolver la situación.
Por su parte, el eurodiputado conservador británico dijo que la moratoria "es una buena idea, no sólo desde el punto de vista medioambiental y de los derechos de la propiedad, sino desde el punto de vista del mercado, porque no tiene sentido que España, y esta zona en particular (en referencia a la Comunidad Valenciana), siga construyendo y construyendo mientras los precios caen. Es una situación loca", dijo Neil Parish.
Insistió en que estas reclamaciones están respaldadas por todos los grandes grupos políticos y por muchas delegaciones nacionales. Admitió, no obstante, que sus colegas del PP español no comparten este punto de vista --ya que el PP gobierna en la Comunidad Valenciana--. "Hemos hablado con nuestros colegas del PP y les hemos dicho que tenemos que resolver esta situación y que no se puede pretender que el problema no existe", resaltó Parish.
También se mostró favorable a una moratoria urbanística David Hammerstein, aunque puntualizó que no debería afectar a los derribos de edificaciones ilegales. "Yo haría una moratoria sobre los proyectos que siguen leyes que están ante el Tribunal Europeo de Justicia. Si mañana se modifican las leyes urbanísticas valencianas de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión y del Parlamento, no tengo ningún problema en que se haga un plan urbanístico", dijo.
En todo caso, aseguró que "no hace falta una moratoria legal porque ya existe una moratoria 'de facto'" y resaltó que el sector "ha caído por su propia especulación desbocada".
Por su parte, el presidente de la plataforma 'Abusos Urbanísticos No' dijo que los problemas de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana "persisten" porque las leyes urbanísticas los han propiciado con su "permisividad".
"Se debe aprovechar la situación actual de la economía española, y en particular de la economía valenciana, que se ha resentido totalmente puesto que el mercado de la construcción ha descendido a niveles que no se conocían desde hacía muchos años, para aprobar de una vez una moratoria urbanística que permita la discusión y la consulta a los ciudadanos para modificar estas leyes que han propiciado tales desmanes", reclamó Enrique Climent, que destacó que el Gobierno valenciano rechaza escuchar las demandas de la plataforma.
También intervino en la rueda de prensa el alcalde de Parcent, que pidió el amparo de la Eurocámara para paralizar los planes urbanísticos aprobados por el anterior gobierno municipal del PP que, según destacó, multiplicarían por seis la población de este municipio de 1.000 habitantes. Máximo Revilla subrayó que estos planes urbanísticos se aprobaron sin informe de impacto ambiental y sin los recursos hídricos necesarios y explicó que, por exigir su paralización y defender la legislación de la UE, uno de los promotores ha interpuesto una querella criminal contra la corporación municipal.
* ELPAIS.com - EUROPA PRESS - 02.04.08
Foto: eurodiputados - ub.es
El alcalde de Zurgena, entre los detenidos por supuesta corrupción urbanística
ELPAÍS/Almería* : El alcalde de la localidad almeriense de Zurgena (2.700 habitantes), Cándido Trabalón, del Partido Andalucista (PA), ha sido detenido acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio, dentro de la operación desarrollada contra presuntas irregularidades urbanísticas en la comarca del Almanzora. El PA gobierna este municipio con mayoría absoluta -ocho de los once concejales-.
La denominada Operación Costurero se desarrolla en colaboración con el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo y arrancó hace aproximadamente un año. Se trata de averiguar si el equipo de Gobierno de Zurgena incurrió en delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación al autorizar la construcción de seis promociones de viviendas en suelos calificados como rústicos. Junto a Trabalón han sido arrestados un número indeterminado de personas.
Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, fueron llamados a declarar como testigos por estos hechos a principios de 2007.
Registrado el Ayuntamiento y la vivienda del regidor
En la operación desarrolla hoy el equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Almería han practicado registros en el Ayuntamiento, en las viviendas del alcalde, del concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal, así como en varias inmobiliarias y promotoras de esta localidad y de las de Albox y Huércal-Overa.
Los hechos investigados trataban de dirimir la legalidad del permiso concedido a cuatro empresas para la construcción en suelos calificados como rústicos de unas mil viviendas en seis pedanías.
Algunas de estas urbanizaciones se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Almería - 02/04/2008
Foto: Valla publicitaria con la imagen del alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón, detenido hoy por la Guardia Civil.- EFE
El juez ordena el ingreso en prisión del arquitecto técnico de Torre Pacheco
LAOPINIÓN/Murcia* : El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de San Javier acordó esta tarde la prisión provisional comunicada y sin fianza para el arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, detenido ayer por la Guardia Civil, informaron fuentes judiciales.
El juez adoptó esta decisión después de tomar declaración durante toda la mañana al arquitecto en relación con presuntos delitos urbanísticos por los que está imputado y que se investigan en esa localidad murciana y también en la próxima de Fuente Álamo.
Según el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, esta actuación se enmarca en el procedimiento que se instruye por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto, que continúa parcialmente bajo secreto de sumario.
El caso lo inició la Fiscalía, que hizo requerimientos judiciales de documentación en el verano de 2007 a los ayuntamientos de Fuente Álamo y de Torre Pacheco, cuyos alcaldes fueron llamados a declarar, así como el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini y el promotor urbanístico Facundo Armero, hasta un total de 14 personas.
El 27 de junio de 2007 el juzgado devolvió parte de la documentación que había requerido y el 21 de enero se levantó parcialmente el secreto de sumario.
La documentación analizada por el juzgado de San Javier son planes parciales, expedientes sancionadores y de contratación de obra pública y proyectos de urbanización desde 2004 hasta 2007.
* La Opinión de Murcia - EFE - 01 de abril de 2008
Foto: Torre Pacheco, ayuntamiento - regmurcia.com
El juez del ´caso Faycán´ imputa al ex alcalde de Telde por prevaricación
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El juez del "caso Faycán", Javier García, imputó hoy al ex alcalde de Telde Francisco Valido Sánchez por una nueva acusación de prevaricación supuestamente cometido en esta trama de corrupción municipal. La nueva imputación al ex alcalde se produjo después de comparecer hoy ante el juez, quien también tomó declaración a Sonsoles Martín Jiménez y María Luz Navarro Montesdeoca, a quienes el magistrado mantuvo los cargos.
Asimismo, esta mañana prestó declaración en calidad de testigo Jaime Pereira González, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Telde investiga desde hace dos años el caso, en el que figuran como imputados más de 34 personas, entre ellos el que fuera alcalde de Telde, Francisco Valido (PP), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso, varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.
Entre los ediles figura la principal imputada, la ex concejala de Obras Públicas María Antonia Torres, así como las ex responsables de Aguas, Candelaria Sánchez, y de Festejos, Guadalupe López.
* La Provincia - EFE - 01 de abril de 2008
Foto: Telde - visitacanarias.com
Grúas y casas en plena cima de la Penya Roja
LEVANTE/Alacant* : La urbanización de Penya Roja no es la panacea. Cuatro años después de que el pleno de Pego aprobara la modificación del PGOU que elevaba de 994 a 1.500 las viviendas a construir -aunque, finalmente, el grupo Fadesa podrá edificar hasta 1.949 casas-, ni esta gran urbanización tira del carro de la economía pegolina, ni las arcas del ayuntamiento están a rebosar por los ingresos urbanísticos -más bien al contrario-, ni parece cumplirse el acuerdo de dejar libre de hormigón la cima de la montaña.
Así que, de momento, cuando la promotora ya ha convertido Penya Roja en un laberinto de empinadas y serpenteantes carreteras y ha construido y realizado desmontes en la cumbre de la montaña, todas las expectativas económicas en las que el consistorio justificó este programa urbanístico, que afecta a 1,5 millones de metros cuadrados, parecen desinflarse.
Las obras que hasta ahora se han llevado a cabo se observan en toda su magnitud desde lo alto del Tossal de Banyó, a donde se llega por el camino de la Font del Mortit, en Sagra. Una de las fases más avanzadas se sitúa en plena cima de la Penya Roja. Las grúas y los bloques de viviendas (tres alturas y ático) se alzan en plena cima de la montaña y se dibujan sobre un fondo en el que se vislumbra el núcleo urbano de pego.
En esta perspectiva de la nueva urbanización, también llama la atención la intrincada red de viales y los desmontes. La promotora ha efectuado incluso desmontes en la misma cumbre de la Penya Roja.
Este proyecto lo aprobó y adjudicó el equipo de gobierno del independiente Carlos Pascual. El ex alcalde ahora cumple condena por delito medioambiental en el Marjal de Pego-Oliva. Sin embargo, el pacto de PP, PSOE y Bloc siguió apostando por este programa, aunque lo revisó para evitar "el destrozo" que se estaba realizando en la montaña -así lo dijo el entonces concejal de Urbanismo, Eduardo Síscar-. El gobierno tripartito aumentó las zonas verdes, arrancó de la promotora una compensación cercana a los dos millones de euros y, teóricamente, logró que las zonas de más valor ecológico y paisajístico -incluida la cima de la montaña- quedaran libres de construcción.
Más viviendas
A cambio, el gobierno local permitía a Fadesa edificar 1.500 viviendas en vez de las 994 previstas inicialmente. Esa modificación se aprobó en pleno el 28 de febrero de 2004, pero la conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo no ha dado su visto bueno hasta ahora. Y, curiosamente, la resolución del conseller José Ramón García Antón todavía suma unas cuantas casas más. Finalmente, Fadesa podrá construir un total de 1.949 casas.
Las obras parece que ahora avanzan más despacio que en los primeros años, cuando las máquinas excavadoras abrían a destajo los viales.
Este proyecto de Penya Roja y el de 1.400 casas y campo de golf que aprobó en el pasado mandato el gobierno tripartito eran un filón para la economía pegolina. Sin embargo, pasado el tiempo, el urbanismo tampoco es la panacea. De hecho, el pacto de gobierno tiene ahora problemas para aprobar su nuevo presupuesto, ya que, entre otras cosas, hay un desfase de 1,5 millones de euros entre lo que se preveía recaudar y lo que finalmente se ingresó en licencias de construcción.
* Levante-EMV - A. P. F., Pego - 01.04.2008
Foto: urbanización. Las viviendas en construcción en la cima de la montaña y, al fondo, el núcleo urbano de Pego/ a.p.f., levante-emv
La policía investiga pagos ilegales en torno a cuatro convenios urbanísticos de Mogán
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Al menos cuatro convenios urbanísticos se encuentran bajo sospecha en el municipio de Mogán. Después de que los tres denunciantes de lo que posteriormente se denominó el ´caso Góndola´ pusieron en conocimiento de la investigación las presuntas irregularidades en el municipio de Mogán...
... los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se centran en cuatro convenios urbanísticos suscritos por el aún alcalde del municipio,Francisco González, en los que se cree que puede haber intereses personales de él mismo y del hombre fuerte del urbanismo en Mogán, Marcelino Martín.
Según un informe policial que consta en la parte del sumario que ha sido desclasificada por el magistrado instructor José Alexis Reyes Martín los rectores del municipio sureño "utilizan de manera sospechosa la figura del convenio urbanístico", posiblemente con intereses particulares. Cuatro convenios urbanísticos en los que existe una recalificación del suelo de por medio han centrado las pesquisas policiales. En ellos existen determinadas irregularidades que "tienen como característica común la existencia de personas con intereses económicos en las empresas dueñas de los terrenos sobre los que se negocia, que a su vez ostentan puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Mogán, y en concreto, con capacidad de decisión en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mogán". Siempre según refleja la policía en un informe, "estas personas se aprovechan de dicha circunstancia para lograr que los citados convenios urbanísticos fueran desproporcionalmente favorables para las empresas propietarias de los terrenos y claramente desfavorables para los intereses de los ciudadanos de Mogán".
TAURO. El primero de los convenios urbanísticos bajo sospecha es el referente a una parcela ubicada en elBarranco de Tauro, propiedad de una empresa, Guantánamo S.L., cuyo administrador es Marcelino Martín, el hombre designado por el Ayuntamiento precisamente para negociar la redacción del Plan General. Otro de los convenios bajo sospecha también tiene que ver con Marcelino Martín, a través de la empresa Cortadores de Puerto Rico S.L, de la que es administrador. Los otros dos convenios objeto de sospechas tienen que ver con las empresas Anfi Tauro S.A., propiedad de Santana Cazorla, y un cuarto acuerdo suscrito con la sociedad Cronista 2, S.L.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 31.03.2008
Foto: Un miembro de la Policía saca documentación del Ayuntamiento de Mogán. YAIZA SOCORRO, laprovincia.es
Las denuncias por el urbanismo valenciano que examinará el Europarlamento se elevan a 40
Levante* : Según infomaron ayer fuentes de la institución, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) estudiará entre hoy y el próximo miércoles una veintena de quejas sobre las prácticas urbanisticas en la Comuntiat Valenciana, aunque también en Andalucía, además de las denuncias presentadas contra las obras en las carreteras M-501 y la M-30 en la Comunidad Madrid.
Durante la jornada de hoy los eurodiputados prevén examinar la denuncia presentada por 652 ciudadanos sobre la ampliación de la M-501 entre las localidades de Alcorcón y San Martín de Valdeiglesias, así como la presentada por Izquierda Unida y dos asociaciones ciudadanas sobre la remodelación de la carretera M-30 que circunvala Madrid.
En ambos casos, los denunciantes entienden que las obras no respetan la legislación ambiental de la Unión Europea.
Si la agenda lo permite, la Comisión de Peticiones iniciará hoy un nuevo examen de los problemas urbanísticos denunciados en la Comunitat Valenciana y en Andalucía, sobre los que el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado anteriormente. .
La agenda de la comisión parlamentaria prevé el examen de unas 40 denuncias sobre la Comunitat Valenciana, en su mayor parte de ciudadanos extranjeros.
Algunas están formuladas genéricamente contra la aplicación de la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) o contra su sustituta, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Los eurodiputados prevén también examinar trece denuncias sobre posibles abusos en las costas andaluzas, presentadas también en su mayor parte por residentes extranjeros, particularmente británicos, en Estepona y Ronda (Málaga), Níjar (Almería) y Algeciras (Cádiz).
El Parlamento Europeo ya examinó en 2007 los abusos urbanísticos en las costas valenciana y andaluza y, tras enviar una misión de estudio a las localidades objeto de denuncia, aprobó un informe en el que advertía de sus "efectos desastrosos" en materia medioambiental, y sobre el patrimonio histórico y cultural. En 2005, la Eurocámara aprobó otro informe que censuraba los excesos cometidos bajo la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sobre la que había recibido más de 15.000 quejas.
Las resoluciones del Parlamento Europeo en este área no son vinculantes, sólo tienen valor político.
* Levante-EMV - Efe, Valencia/Bruselas - 01.04.08
Foto: catral. Chalé en suelo no urbanizable en el municipio alicantino/ efe/morel, levante-emv
Detenidos el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo de Aljaraque
ELPAÍS/Huelva* : El ex alcalde de Aljaraque (Huelva) Juan Manuel Orta y el ex concejal de Urbanismo Casto Pino, ambos del PP, han sido detenidos hoy por la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía de Huelva. Ambos son acusados de blanqueo de capital y delito fiscal, ha informado la cadena SER.
Además, han sido arrestados un socio del ex alcalde y la esposa de Casto Pino, han informado fuentes relacionadas con el caso. Todas las detenciones las ha ordenado el juez por una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva.
Juan Manuel Orta y Casto Pino fueron denunciados por el promotor y ex militante del PP Rafael Barroso Castillo, quien acusó en abril de 2007 al ex regidor de Aljaraque de haber "engordado" su patrimonio personal los 12 años que estuvo al frente de la corporación municipal con la tramitación de licencias de obras en las urbanizaciones. Por las mismas razones denunció al ex concejal Casto Pino. A estas denuncias, respondió Orta con una querella criminal contra el promotor por dudar de su honestidad.
El PP de Huelva ha pedido que se respete la presunción de inocencia de los detenidos. En una rueda de prensa, el secretario general del PP de Huelva, Jesús Toronjo, ha reconocido que no tiene "mucha información sobre estas detenciones" pero que los arrestados son "inocentes hasta que no se demuestre lo contrario".
No obstante, ha recordado que Orta y Casto "no tienen ningún cargo en el PP de Huelva". De la misma forma, ha desvinculado la decisión de Orta de no optar a la reelección de su cargo en las municipales de 2007, adoptada en diciembre de 2006, al "posible temor" de que salieran a la luz estos hechos.
El PSOE pide explicaciones
El PSOE de Huelva ha manifestado que respeta la presunción de inocencia pero ha pedido al presidente del PP de Huelva, Pedro Rodríguez, y a su homólogo en Andalucía, Javier Arenas, que den una explicación sobre lo sucedido, ya que Aljaraque y su alcalde han sido en numerosas ocasiones para los populares "ejemplo de municipalismo y gestión urbanística".
El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, ha lamentado que un representante de los ciudadanos "termine detenido como consecuencia de un hecho que tiene que ver con un urbanismo oscuro y un presunto enriquecimiento".
A su juicio, los ciudadanos de Aljaraque "estarán preocupados y consternados, aunque no sorprendidos porque la localidad ha tenido el crecimiento urbanístico más salvaje de la provincia de Huelva".
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Huelva - 01/04/2008
Foto: Aljaraque (Huelva), ayuntamiento - foro-ciudad.com
La Fiscalía imputa al alcalde de Tolox 23 delitos urbanísticos
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SUR/Málaga* : La Fiscalía malagueña ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable.
Por cada uno de estos delitos, el alcalde podría ser condenado a penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel e inhabilitación de cargo público de hasta diez años, según ha informado a Efe fuentes de la acusación.
Cada caso se juzgará por separado en Málaga y el alcalde, que pertenece a Convergencia Andaluza (CA), se enfrentará a una pena de dos años de cárcel en catorce procedimientos y de un año en nueve, añadieron las fuentes.
Junto al regidor, en algunos de los casos, se sentarán en el banquillo de los acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico, que supuestamente orientaba al primer edil para autorizar las licencias, pese a que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente, informaron fuentes de la acusación.
En algunas de las acusaciones también está imputada la secretaria municipal porque supuestamente podría haber informado favorablemente de algunas licencias de obra.
En una de las calificaciones, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito de ordenación contra el territorio.
En el mencionado escrito, la Fiscalía, que también pide diez meses de prisión y ocho de inhabilitación para el arquitecto municipal Juan Antonio Benítez y para el asesor jurídico Diego José Sánchez, considera que Vera concedió por decreto una licencia de obras en enero de 2006 a pesar de constarle que no se ajustaba a la legalidad urbanística.
Presuntamente, los acusados, de común acuerdo y con objeto de proceder al crecimiento urbanístico de Tolox «sin respetar las normas urbanísticas vigentes», realizaron un expediente municipal de licencia de obras para la construcción de 772 apartamentos.
Informes favorables
Para ello, el arquitecto municipal formuló en diciembre de 2005 un informe técnico favorable a la ejecución de las obras, «a pesar de constarle que las mismas nos se ajustaban a la legalidad urbanística» del municipio, enmarcada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado que Tolox carecía entonces de Plan General de Ordenación Urbana.
Por su parte, Diego Sánchez, que había sido contratado por Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes de licencias de obras, formuló un día después un escrito favorable en relación con esta promoción inmobiliaria aunque también sabía que era contraria a la ley.
La Fiscalía señala que finalmente el alcalde concedió la licencia mediante un decreto de enero de 2006, conociendo también que no se ajustaba a la legalidad, y apunta que la contratación de Sánchez por Vera responde al hecho de «evitar» la valoración de la secretaria titular.
* Sur - 31 marzo 2008
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
Urbanismo salvaje en Gran Canaria
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Tras pasar unos días en las isla de Gran Canaria he sentido indignación e impotencia por la destrucción de una zona de la costa sur de la isla entre Maspalomas y el puerto de Mogán que hasta hace muy poco eran parajes casi vírgenes. Os envio estas imágenes para que podáis juzgar por vosotros mismos. Una pena.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - RICARDO CORDERO - Gran Canaria - 26/03/2008
El alcalde de O Pino intercedió ante los vecinos para favorecer a Fadesa
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ELPAÍS/A Coruña* : "Esto no es Marbella, señores", advierte el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo (PP), en la nota de aclaración que ha colgado en la web de este ayuntamiento coruñés. Nada más abrir la página, antes que el habitual saludo del regidor, aparece, subrayada en rojo, su valoración sobre las "zancadillas que instituciones y particulares" han puesto al polígono industrial de O Pino, pegado al aeropuerto de Santiago, y al "progreso económico y poblacional" del municipio.
En su artículo, el alcalde denuncia el "repentino interés de algunos por la Ruta Jacobea", que ha llevado a la Consellería de Cultura a paralizar una parte de las obras del parque empresarial hasta que se determine si éstas invaden o no un trecho del Camino de Santiago. Esas supuestas trabas que Taboada denuncia en virtud de "intereses políticos escondidos" chocan directamente con su gestión en favor del parque empresarial, cuatro años de trámites -algunos dudosos- que han desembocado en doce de procesos judiciales todavía por resolver.
Según él mismo admite, antes incluso de convocar formalmente el concurso para adjudicar el proyecto, que contempla 200 parcelas para naves industriales y un hotel -con una superficie urbanizable total de 473.000 metros cuadrados-, el regidor visitó a los responsables de Fadesa para presentárselo. Y cuando la promotora coruñesa obtuvo la adjudicación del parque empresarial -concurriendo como única oferta a un concurso público abierto- un informe del arquitecto contratado por el ayuntamiento avaló la tasación de la inmobiliaria por las fincas: seis euros por metro cuadrado para unos terrenos que lindan con el aeropuerto de Lavacolla, a 15 minutos de Santiago y que estarán conectados con la autovía que pronto unirá Lugo y la capital de Galicia.
Para vencer la resistencia de algunos vecinos, el alcalde allanó el camino de la inmobiliaria y dirigió un escrito a los propietarios que se negaban a vender. La carta, del 26 de septiembre de 2005, firma del regidor y membrete municipal, cifraba el valor catastral de las tierras en 5,21 euros por metro.
Mutuo acuerdo
Taboada precisaba que "Fadesa, después de varias reuniones con el gobierno local, se comprometió a mantener el precio de 6 a 8 euros por metro cuadrado, para las adquisiciones de mutuo acuerdo que se formalizasen antes de presentar el proyecto de urbanización y expropiación". Por si quedaban dudas, durante esas fechas el alcalde puso a disposición de la empresa el ayuntamiento, para que explicase el trato a "todos los afectados".
Medio centenar de propietarios aceptaron el precio en los días posteriores, y fueron cerrando acuerdos con Fadesa a través de convenios a cuatro partes por la inmobiliaria, los propios interesados, el secretario del ayuntamiento y el alcalde. Los 52 expedientes que aglutinan en total 400.000 metros cuadrados determinan el importe máximo que la promotora abonó a los dueños de las fincas: seis euros por metro cuadrado más el valor de la madera de los árboles talados. Las escrituras de la compraventa revelan sin embargo que Fadesa pagó hasta cinco precios diferentes por las tierras. Seis euros por metro cuadrado en la mayoría de contratos, dos propietarios que recibieron 5,95 euros por metro cuadrado, otro que percibió 5,41 euros e incluso una vecina que vendió su parcela a la inmobiliaria -como muchos otros antes de que Fadesa firmase el contrato con O Pino- y que sólo recibió 4,11 euros por cada uno de sus 1.262 metros cuadrados.
Otros 70 propietarios que reunían 600.000 metros cuadrados, más de la mitad del suelo del polígono, decidieron no firmar y plantear un contencioso administrativo contra las condiciones de compra. El alcalde despachó sus reclamaciones alegando que se habían producido fuera de plazo. El conflicto lo estudia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de A Coruña. Mientras, el Jurado de Expropiaciones de Galicia, dependiente de la Consellería de Política Territorial, ha encontrado ya un precio justo: 17,53 euros el metro, una cantidad que casi triplica lo que Fadesa pagó a los vecinos que decidieron vender bajo recomendación del alcalde. Como la firma de los contratos fue voluntaria, no podrán reclamar. Los propietarios de la otra mitad de la superficie del futuro parque empresarial (600.000 metros cuadrados) aguardan la resolución del Juzgado de lo Contencioso de A Coruña para reclamar a Martinsa -el grupo inmobiliario que adquirió Fadesa- 10 millones y medio de euros por sus terrenos.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 30/03/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
La policía investiga intereses particulares del alcalde de Mogán en el Plan General
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : La desclasificación de parte del sumario correspondiente a la operación Góndola, una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Mogán, no significa que la investigación haya finalizado. De hecho, en la actualidad se mantienen abiertos varios frentes considerados de vital importancia para poder probar la presunta comisión de un delito de cohecho en lo que respecta a los principales imputados, fundamentalmente el alcalde Francisco González.
De esta forma, la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias indaga en los posibles intereses de González en diversos convenios urbanísticos relacionados con elPlan General de Ordenación Urbana, en los que presuntamente podría haberse aprovechado de su condición de alcalde para sacar algún tipo de beneficio. En este sentido, los agentes adscritos a la investigación destacan en un informe una conversación telefónica entre el alcalde de Mogán y una persona llamada Fernando, en la que dialogan acerca de lo que parece una inversión inmobiliaria del alcalde: "Lo importante es que puedas sacar dos viviendas por piso", le dice el interlocutor a González, "porque en Arguineguín no se venden viviendas grandes y además te van a sacar ahora el lote siete de Arguineguín". En un informe policial referente a esta conversación, la Brigada de Información asegura que "la conversación está centrada en el posible negocio, su rendimiento y la posible competencia de otras viviendas que supuestamente el alcalde está construyendo".
La policía llama también la atención de una conversación telefónica entre el alcalde y Marcelino Martín, el hombre fuerte del urbanismo en el municipio de Mogán y con el que se seguía contando a la hora de tomar decisiones a pesar de que ya se había jubilado. En esta conversación, González y Martín hablan de una promoción inmobiliaria de una sociedad denominada Inversiones Salobre S.L., que busca un cambio de edificabilidad para el PlanGeneral. Cuando Martín le comenta al alcalde que han solicitado un aumento de edificabilidad, González le dice que le dé "el máximo", puesto que "van a hacer dúplex adosados". Francisco González también aclara a Martín que "esto es de un diputado del Partido Popular que me está llamando a ver", y que puede estar "sujeto a convenio".
Según la Policía Nacional, la figura del convenio urbanístico está siendo utilizada "bajo sospecha de posibles irregularidades" por el Ayuntamiento de Mogán.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de marzo de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), puerto - wikipedia.org
Se oponen a la construcción de 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores
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EFE/Alicante* : La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha expresado hoy su rechazo a la construcción de una urbanización de 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores (Alicante) por el impacto "negativo" que puede generar sobre el parque natural de El Hondo y el humedal "Els Carrissars" de Elche.
En un comunicado, el portavoz de la asociación, Miguel Ángel Pavón, ha criticado la aprobación del citado proyecto por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Pavón ha subrayado que la citada Comisión ha clasificado como suelo urbanizable "más de 1,6 millones de metros cuadrados de huerta tradicional con un elevado riesgo de inundación".
Asimismo, ha afirmado que estos terrenos están "muy alejados" del casco urbano del municipio por lo que se favorece un crecimiento urbanístico "disperso".
Estos terrenos deberían de haber formado parte de la zona periférica de protección de El Hondo, que se ampliaron en 2003 en la zona húmeda de Els Carrissars de Elche.
Por todo ello, el portavoz del colectivo ha considerado que la Generalitat "ha vuelto a primar los planes urbanísticos especulativos sobre la protección del entorno de los humedales".
Además, Pavón ha subrayado que el parque natural de El Hondo "sufrirá la presión urbanística" con la ejecución de este proyecto, así como el "deterioro paisajístico", una "mayor presión humana" y la "pérdida de hábitat de la avifauna".
* Información - EFE - 30 de marzo de 2008
Foto: Dolores (Alicante) - wikipedia.org
