Los resultados de esta encuesta realizada en los últimos meses de 2007 son elocuentes: Un 76% de los votantes de esta web opina que el "ladrillazo" continuará todavía aumentando. Algo que, efectivamente, se ha podido corroborar en el tiempo transcurrido desde las últimas elecciones municipales y autonómicas.
En este sentido hay que felicitar la buena visión de los participantes ya que, aún dentro de la relativa fiabilidad de los resultados electrónicos, han sabido calibrar correctamente la realidad político-social de unas elecciones, en bastantes casos, de dudosa utilidad para una mejora urbanística y de la calidad de vida. A la vista están los datos y las noticias escandalosas que aquí publicamos diariamente.
En este 2008 iniciamos una nueva encuesta en el mismo sentido que la anterior, pero ahora dedicada a la incidencia de las próximas elecciones generales del 9 de Marzo en el apasionante mundo del "ladrillazo". Todo un reto para los participantes y para los ciudadanos que deben apreciar, en este caso también, cómo va a mejorar (o no) su calidad de vida con las distintas opciones.
La nueva encuesta aparece como siempre en el menú lateral y su titular es : ¿Solucionarán las próximas elecciones generales el problema del ladrillazo?
Resultados encuesta: "Tras las elecciones, ¿qué pasará con el ladrillazo?"
¡Feliz ladrillazo 2008!
Viñeta: El Roto - ELPAIS.com, 20061230el roto
La operación 'Guateque' inaugurará el 2008 con otras 20 detenciones y otros tantos registros
EUROPAPRESS/Madrid* : La segunda fase de la operación 'Guateque', que investiga una presunta trama ilegal de licencias descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, inaugurará el 2008 con otras 20 detenciones, de funcionarios de distintas Juntas de Distrito y de la Gerencia de Urbanismo, y otros tantos registros en sedes municipales, informaron hoy fuentes próximas a la investigación.
Según estas mismas fuentes, los agentes de la Guardia Civil, a instancias del juez Santiago Torres, podrían proceder los primeros días del año al arresto de empleados municipales del Área de Urbanismo del Consistorio y de las Juntas de distrito de Ciudad Lineal, Chamantín y Carabanchel. Estas dos últimas fueron ya objeto el pasado jueves de registros efectuados por los agentes en la segunda fase de la operación, iniciada a raíz del análisis de la documentación requisada a mediados de noviembre.
Las últimas detenciones ordenadas por el juez instructor se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).
24 PERSONAS DETENIDAS
Hasta ahora, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. Un total de seis personas cumplen prisión preventiva, entre ellos el supuesto 'cerebro' de la trama Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación 'Guateque' con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.
La segunda fase de la operación resulta del análisis de la documentación intervenida en los primeros registros, así como de los datos recabados a raíz de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil y por las declaraciones de los imputados ante el juez Torres.
El volumen de la causa es tal que Torres ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la designación de otros cuatro funcionarios más para la secretaría del Juzgado de Instrucción 32 para hacer frente a la magnitud del proceso.
* Terra Actualidad - Europa Press - 31-12-2007
Foto: Madrid, juzgados - europapress.es
Sevilla: Casas Viejas ha sido eliminada físicamente
INDYMEDIA* : Lxs trabajadorxs han finalizado por completo la demolición de las naves y la vivienda de lo que hasta hace un mes fue el CSOA Casas Viejas. El trabajo continúo que la asamblea del CSOA Casas Viejas ha llevado y está llevando hoy día, sirve para demostrar, que es posible la autogestión, la okupación como medio y fin tanto en la lucha por el derecho a la vivienda, como para ser punto de unión y reunión de luchas colectivas, inquietudes e ideas en una ciudad, un pueblo o un barrio.
El solar propiedad de la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán, será transformado en breve, en viviendas de renta libre, a pesar de la posible iniciativa del delegado de urbanismo de utilizar parte del solar para equipamientos comunitarios para el barrio del Pumarejo. Con esta medida, el delegado justifica el derribo del inmueble, aunque ya antes el centro social cumpliera esta función comunitaria.
Lxs propietarixs han señalado que al no existir una declaración oficial de la futura expropiación del terreno necesario para los equipamientos, ellxs seguirán con su proyecto de viviendas libres, aún cuando Emilio Carrillo, delegado de urbanismo, apuntó que la finca sería sometida a una expropiación, con la aplicación del nuevo PGOU de Sevilla.
La expropiación del solar se lleva negociando desde el año 2006, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Los Bordas dividieron el patrimonio en dos partes para así poder conservar una parte del terreno de Aniceto Sáenz 23, en el cual, construirían un edificio en el mismo lugar donde se encontraba la vivienda okupada.
Ese mismo año, para hacer efectivo el desalojo y el posterior derribo, lxs propietarixs tras un acuerdo con Urbanismo, intentaron el desalojo a través de una “Orden de Conservación”, que no pudo llevarse a cabo, debido a la concentración llevada a cabo en el interior del centro social.
El segundo intento se llevó a cabo por vía jurídica, lo que desembocó en el derribo, este Diciembre, no solo de Aniceto Sáez 23, si no también en el derribo de todo el edificio.
El pasado día 21 de Noviembre, se presentaron las denuncias y querellas que la Asamblea de Casas Viejas estaba preparando.
El colectivo ha realizado 3 denuncias por detención ilegal por parte de las personas que fueron retenidas alrededor de 8 horas dentro del CSOA Casas Viejas el día en el que comenzó el desalojo.
Además la Asamblea ha llevado a cabo una conciliación previa a la querella contra ABC Sevilla S.L. y el director de este periódico, a consecuencia de las informaciones vertidas sobre la vinculación de Casas Viejas con ETA y su entorno.
Por otro lado se ha puesto una denuncia contra dos policías por un posible delito de lesiones en la manifestación del 29 de noviembre.
Aún es posible que se sigan realizando más denuncias, ya que el equipo jurídico continúa recopilando información y pruebas para realizar nuevas denuncias contra la Policía Nacional y contra la familia Bordas Marrodán, por incumplimiento de las normas básicas de seguridad y derribo, además, de por carecer de licencia para derribar partes del inmueble.
Así mismo, se sigue indagando en la documentación disponible, para realizar nuevas querellas contra cargos públicos y policiales, organizaciones y/o medios de comunicación por las afirmaciones de vinculación con ETA.
Con el derribo de Casas Viejas, se pone fin a un espacio abierto a vecinxs, y colectivos, a proyectos culturales, políticos y sociales. 5 años de okupación que han generado un espacio donde dar cabida a diferentes iniciativas que se han gestionado de una manera autónoma y participativa. Un tiempo en el que se ha demostrado que es posible llevar a cabo aspiraciones sin necesidad de intermediarios y estructuras de poder. 5 años de lucha de personas que han realizado un proyecto de autogestión en un barrio al que se ha dotado de actividades y vida, saliendo de la dinámica institucional.
Casas Viejas ha servido para dar vida al barrio del Pumarejo, pero también ha servido para dar vida a Sevilla, una ciudad acostumbrada a los tópicos andaluces que desde el gobierno venden al turismo.
El CSOA Casas Viejas, ha sido y será un referente en el movimiento de Okupación, tanto por el trabajo realizado desde sus comienzos, a partir de la ContraCumbre de Sevilla en 2002, como por el método de respuesta ante el desalojo, optando por la resistencia no violenta.
El apoyo incondicional de una cantidad importante de colectivos y personas ha dejado plasmado la solidaridad que puede derivarse de una okupación, así como la capacidad de crear lazos de apoyo, comunicación y trabajo conjunto, que tienen los centros sociales autogestionados.
* G.A.S. www.grupodeaccionsocial.net
* Indymedia Estrecho - 29 dic 2007
Foto: Casas Viejas - kaosenlared.net
Bandolerismo municipal
RAFAEL TORRES* : La más básica de las instituciones políticas, aquella que articula en su primera expresión la convivencia, administra el común y atiende a la vida diaria de los ciudadanos, el Ayuntamiento, se ha convertido, por efecto del inmenso poder corruptor del dinero del ladrillo, en una institución bajo sospecha, cuando no, como en tantos casos, en imputada por cooperación necesaria en el execrable delito del despojo del suelo. Cual bandoleros apócrifos e inversos, los ediles corruptos se dedican a robar a los pobres para dárselo a los ricos, esto es, que con una firma sobre un papel y sin despeinarse logran que lo que pertenece a todos, el tesoro comunal del suelo y de cuanta vida contiene, pase a las manos ávidas, predadoras, de los que a la velocidad que fragua el cemento lo convierten en dinero estéril.
Muchos han sido los casos destapados en 2007 de corrupción municipal por contacto con el urbanismo salvaje, y muchos más los que quedaron sin destaparse; pero incluso aquellos que no se relacionan directamente con la construcción, también se relacionan. Es el caso del Ayuntamiento más poderoso de España, el de su capital, Madrid, de cuyas interioridades podridas está dando cuenta la «operación Guateque» revelando la mafia funcionarial en la concesión arbitraria y delincuente de licencias de obras.
O también, aunque éste otro se dirime de momento en la indignación de vecindario y no en los tribunales, el caso del Ayuntamiento de Salamanca, el mismo que no quería devolver los archivos que robó Franco, que pretende que los ciudadanos paguen, mediante la brutal elevación de las tasas municipales, los veinte millones de euros que el Consistorio dejó de cobrar a los constructores -se dice que amiguetes- en concepto de sanciones. De amigo a enemigo, el poder local ha cambiado en muchos lugares de trinchera, llevándose, además, la munición, los planos y las llaves del arca.
* La Nueva España - Opinión - 31 de diciembre de 2007
Vivienda, estadísticas y otras falsedades
ELPAÍS* : Cuando este periódico se puso en contacto con un analista para que valorara las estadísticas trimestrales sobre la evolución del precio de la vivienda, éste respondió: ¿A qué datos te refieres, a las que son ciencia ficción? El comentario quizás es un poco exagerado, pero refleja un malestar evidente entre los que se dedican a escudriñar las tablas que -en teoría- reflejan el número de casas que se construyen, las compras que se realizan y las tendencias de precios.
Ejemplos hay para todos los gustos. Porque, ¿cómo puede ser que los precios del segundo trimestre del año, cuando el sector asistía alarmado a una importante caída de las ventas, subieran más que los del tercer trimestre de 2006?
Tampoco parece creíble que en pleno boom del ladrillo, años en los que, según todos los afectados, se vendían pisos sin ningún esfuerzo, se hubiera generado una importante bolsa de viviendas sin vender. Pero esto es lo que se desprende de los datos de compraventa que elabora el ministerio y las viviendas terminadas que contabilizan los notarios. Si se comparan estas cifras en el periodo 2004-2006, se descubren unas 600.000 viviendas pululando en un limbo fuera del mercado que nadie sabe dónde están.
Y es que, en cualquier reunión con promotores, la mención a la mala calidad de las estadísticas de lo que rodea a la vivienda se ha convertido en un lugar común. Incluso el director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, criticaba en una entrevista las "carencias en la información sobre el montante y la evolución de las estadísticas de vivienda, construcción y suelo".
Las lagunas estadísticas no se quedan en una discusión para eruditos que estudian series infinitas de números. Tienen un efecto real. Porque la evolución oficial de los precios se elabora con los datos que proporcionan los tasadores, y este método tiende a magnificar las tasas de crecimiento. Y, como apunta el profesor de la Pompeu Fabra José García Montalvo, los datos inflados afectan a las expectativas de los posibles compradores, que pudieron entrar en el mercado para especular por los elevados beneficios de la época del boom. Es decir, que la calidad "horrorosa" de las estadísticas contribuyó al recalentamiento que ha vivido el sector en los últimos años.
La práctica de sobrevalorar una tasación para poder obtener una hipoteca que cubra la totalidad del piso hace que las estadísticas de precios magnifiquen la realidad.
El ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez no sólo considera que la calidad de los indicadores es manifiestamente mejorable, sino que faltan algunos datos básicos para hacerse una idea de lo que ocurre alrededor del ladrillo. "El problema más importante es la ausencia de estadística de ventas. Menos mal que los registradores contabilizan las compraventas, porque si no, no tendríamos ni idea de las operaciones que se cierran", asegura.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 31/12/2007
Foto: Carteles con ofertas de pisos en Madrid- CLAUDIO ÁLVAREZ - elpais.com
El ladrillo en picado
LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS* : El sector de la construcción se encamina a una crisis de las de caballo. De enero a octubre de 2007, últimos datos disponibles, se produjo una caída de los visados para obra nueva del 23,2% y para los bloques de vivienda, las famosas promociones, del 19,2%. Como resultado de lo sucedido en 2007 y, más importante, de las expectativas de lo que pasará en 2008, las inmobiliarias han perdido más de un 43% de su valor bursátil a lo largo de este año. Para finalizar un cuadro bastante tenebroso, el empleo en el ladrillo ha comenzado a descender y el paro a aumentar. En este contexto, lo más probable es que el crecimiento de la construcción en 2008 registre tasas negativas.
¿Era y es esto inevitable? La respuesta es positiva. Es verdad que el aumento de la ocupación desde 1997, la espectacular entrada de inmigrantes, el crecimiento de las familias uniparentales, la compra de inmuebles por extranjeros etc. han tenido un impacto alcista sobre la demanda y el precio de los pisos. Ahora bien, eso hubiese sido imposible sin la brutal disminución experimentada por el precio del dinero entre 1998 y 2006. Sin ella, la burbuja inmobiliaria es incomprensible y su alcance sería menor. Este es un factor indiscutible y el principal elemento explicativo del boom de estos últimos años. Sin plata barata las personas con un poder adquisitivo bajo, el grueso de los adquirentes de vivienda en estos años, hubiesen podido comprar.
El anterior ciclo inmobiliario expansivo, el de 1987-1991, tuvo menor impacto macroeconómico por una razón fundamental: los tipos de interés estaban al 17% con lo cual se endeudaron familias e individuos con alto poder adquisitivo. En el período 1998-2006, el grueso de los compradores/deudores han sido personas con ingresos medios y medios bajos que han podido acceder al mercado porque el coste del dinero se ha mantenido muy bajo durante casi una década. Este colectivo es muy sensible al encarecimiento de los préstamos y al deterioro de la situación económica.
Ante este panorama, todo apunta hacia una fuerte contracción del sector. La demanda de viviendas acelerará su trayectoria bajista por el cambio en las condiciones económico - financieras del país, el paro aumentará, el precio de las viviendas disminuirá generando un efecto riqueza negativo para los hogares con lo cual el consumo privado descenderá. En el camino, muchas pequeñas constructoras y algunas grandes van a ir a la quiebra. De la misma manera que el auge del ladrillo explica en parte el dinamismo de la economía española, su ajuste anuncia una importante desaceleración de la actividad en 2008.
* Diario de Mallorca - Opinión - 30 de diciembre de 2007
Denuncian los crecimientos previstos en el Aljarafe
ABC/Sevilla* : La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha lamentado que el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) permita el desarrollo del 70 por ciento del «suelo urbano actual», dejando «vía libre» a un crecimiento «desmesurado e insostenible».
Según dijero a Efe fuentes de ADTA para valorar la ampliación del plazo de presentaciones hasta el 15 de enero, en la denominada Gran Sevilla «está preparado para construirse el 60 por ciento del suelo urbano actual», porcentaje que se incrementa hasta el 70 por ciento con el Potaus.
Considera que el suelo disponible «en la actualidad» resulta «suficiente para construir entre 270.000 y 370.000 viviendas», es decir, «más de la mitad de las 550.000 que ya hay y mucho más de las necesarias en los próximos años».
El Potaus, según denuncian, eleva ese suelo urbanizable hasta más del 70 por ciento del suelo urbano actual, «a lo que habrá que añadir los suelos que clasifiquen los PGOU municipales, sobrepasando el tope de 40% establecido por el POTA». Al tiempo señalan que las Áreas de Oportunidad», propuestas son «un mecanismo legal excepcional» para «subvertir los límites del crecimiento impuestos por las normas».
* ABC - 30 de diciembre de 2007
Foto: Sevilla, al fondo El Aljarafe - wikipedia.org
Orihuela: El TSJ rechaza el recurso en contra del PAU-21 para favorecer el «interés público»
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LAVERDAD/Alicante* : Nuevo varapalo judicial a los ecologistas, tras el sufrido en el juicio de los vertidos al río Segura, agrupados en la plataforma Amigos de Sierra Escalona que presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que suspendiese la realización de las obras del PAU 21 de Orihuela.
Ahora el tribunal valenciano ha desestimado la suspensión cautelar promovida por los colectivos ecologistas y da la razón Conselleria de Territorio y Vivienda que fue la encargada de validar el plan de actuación urbanística del Ayuntamiento de Orihuela.
La plataforma de Amigos de Sierra Escalona (ASE) ya ha anunciado que presentará un recurso de súplica contra la decisión. En un escrito remitido ayer la plataforma recuerda que esa petición fue efectuada a la vez que formalizamos nuestra demanda «contra esta agresiva e insostenible actuación urbanística», que pretende ocupar más de 3 millones de metros cuadrados de la Sierra de Escalona con 2.300 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.
Los ecologistas se muestran descontentos con la decisión del TSJ porque acuerda no suspender la ejecución del PAU 21 en una sentencia que afirma «que prevalece el interés público asociado a la aprobación de los instrumentos de planeamiento», esto es, que el tribunal concede, en la interpretación de la sentencia que hacen los miembros de ASE, «que éste se antepone al interés igualmente público ligado a la defensa del medio natural».
Documentos sin valorar
De la lectura del auto parece deducirse, prosigue el colectivo ecologista, que la Sala «viene a considerar que la urbanización del PAU 21 es un ejemplo de desarrollo sostenible, una apreciación de la que discrepamos radicalmente». La asociación de Amigos de Sierra Escalona además considera que el tribunal «no ha valorado adecuadamente los distintos informes y documentos que aportamos para justificar la suspensión».
La plataforma insiste «en el irreparable perjuicio que la urbanización producirá sobre la flora y la fauna, especialmente sobre las 200 hectáreas de pinar y matorral mediterráneo y sobre las colonias de rapaces y de mamíferos carnívoros», motivo más que suficiente para ASE para dictaminar la protección de la Sierra de Escalona como espacio natural. «Ese perjuicio -insisten los ecologistas- no ha sido valorado ni por el Ayuntamiento de Orihuela ni la Generalitat al haberse aprobado la urbanización sin evaluación de impacto ambiental».
La documentación a la que se refieren desde la plataforma en defensa de este enclave natural y que dicen no ha sido estimada por el TSJ son cuatro estudios que recaban información sobre el espacio natural en cuestión, firmado por el doctor en Biología Trinitario Ferrández, y el de Emilio Virgós, biólogo y profesor de Ecología en la Universidad Juan Carlos I, y que resalta la afección sobre las mamíferos de la actuación del PAU 21. Asimismo, otros dos informes, de la Sociedad Española de Ornitología SEO/ Birdlife sobre el resultado para la avifauna y otro de la Universidad Miguel Hernández a través del departamento de Ecología y Biología Aplicada, «tampoco han sido tenidos en cuenta», dicen.
Para la asociación de la lectura de esos informes se infiere que el PAU 21 «presenta valores ambientales, iguales o mayores que los presentes en el colindante y futuro parque natural», lo que implica, sostienen, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, «que la zona debe ser tratada como de especial protección para las aves, ZEPA, de la Unión Europea» siendo contrario a lo dispuesto en la directiva europea de aves la urbanización del PAU 21, al comportar el deterioro de hábitats ligados a la supervivencia de especies protegidas.
* La Verdad - 30.12.07 - JOAQUÍN ANDREU
Foto: Terrenos del PAU 21 en desarrollo en el término de Orihuela en obras. / L. V.
Camariñas protagoniza la tercera protesta contra el Plan Acuícola en dos meses
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ELCORREOGALLEGO* : Los vecinos de las localidades de Camelle y Arou (Camariñas, en A Coruña) se manifestaron hoy defensa de la costa y contra el Plan Galego Acuícola y se convierte en la tercera concentración de colectivos vecinales y ecologistas en dos meses para pedir su retirada. La más multitudinaria fue la primera del 4 de noviembre en Corrubedo, con la participación de miles de personas.
La concentración comenzó al mediodía desde el museo del Alemán y recorrió el paseo marítimo de la ciudad hasta la Xandriña, donde está prevista la construcción de una "macropiscifactoría" de 217.000 metros cuadrados, que con la Camelle, de 101.000 metros cuadrados, "pretende rodear esta emblemática costa con más de 30 hectáreas de hormigón y lonas negras", criticaron los vecinos.
En este sentido, recordaron que el Plan Sectorial de "megaparques" de acuicultura en tierra recoge para Camelle y Arou dos instalaciones, la denominada Xandriña y la de Cameselle, en una costa virgen de "altísimos valores" naturales y culturales.
Por ello, alertaron que "al desastre paisajístico" tendrán que añadirse las consecuencias del vertido de más de un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas, "precisamente" en un litoral de "gran riqueza" pesquera y marisquera.
Por su parte, los vecinos y los ecologistas advirtieron de que "no van a tolerar" que los intereses de empresas privadas estén por encima del interés público en la conservación del medio ambiente y en el derecho del pueblo de Camelle a aprovechar sus recursos naturales.
Como punto final de la manifestación se leyó una carta del hijo del alcalde de Camariñas Manuel Valeriano Alonso, Diego Alonso gran defensor del Plan Acuícola y que expresó su opinión tras trabajar en una factoría de rodaballos.
Pesca garantiza el respeto medioambiental
Por el contrario, la consellería ha insistido en todo momento en que el Plan Galego de Acuicultura apuesta por el respeto al medio ambiente, puesto que obligará a que todas las plantas acuícolas que se pongan en marcha cumplan con todos los criterios medioambientales necesarios.
En esta línea, indicó que se trata de un proyecto del Gobierno gallego que busca el desarrollo de una actividad acuícola "sostenible y cuidadosa" con el medio. Además, subrayó que el Plan Acuícola supone la ocupación de un 1,8 por ciento de espacio integrado en el Red Natura, frente al 27 por ciento previsto por el plan anterior, elaborado por el PP.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 30.12.2007
Foto: Vecinos de Merexo se manifiestan en Camelle - J.T. - elcorreogallego.es
Canarias: La corrupción, a juicio
LAPROVINCIA* : Los imputados en Eolo, Icfem y posiblemente Faycán se sentarán en el banquillo de los acusados en el próximo 2008. Después de dos activos años de investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción política, la opinión pública tendrá la oportunidad de empezar a ver, a lo largo del próximo año, qué se cuece en la olla de las instituciones públicas canarias que están bajo sospecha, mientras se mirará con lupa cómo transcurren las investigaciones acuñadas bajo el sello de alto standing y que mantienen al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y su entorno, intentando explicar a las magistradas Carla Bellini y Lucía Machado qué ocurrió en varias operaciones de importante calado económico.
Desde que el 6 de febrero de 2006 el juez Parramón acordara la detención del que fuera director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y cinco personas más, entre ellas su compañera sentimental, Mónica Quintana, en la denominada operación Eolo, un lluvia de investigaciones en torno a diferentes ayuntamientos canarios ha dado con los huesos de varios políticos en prisión. Pero Eolo marcó un antes y un después, y a lo largo de 2008 se celebrará en la Audiencia Provincial de Las Palmas y bajo la decisión de un jurado popular, el juicio en el que se aclare del todo lo ocurrido en torno al concurso para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, aquel que llevó a investigar cuentas corrientes en Luxemburgo y que tuvo varios meses en prisión al ex director general de Industria. Antes del juicio, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que comunicar su escrito de conclusiones provisionales en el que, a partir de los delitos que se imputan y de lo recogido en el Código Penal, solicitará penas que oscilan entre los dos y los cuatro años y medio de prisión.
Sin embargo, el más antiguo de todos los casos de corrupción que se investigan en Canarias es el denominado caso Icfem, que bucea en subvenciones públicas dedicadas al empleo y trata de averiguar cómo gestionaron ayudas europeas un grupo de políticos relacionados con la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Hace más de un año que, también la Fiscalía Anticorrupción, redactó su escrito de calificaciones provisionales en el que solicita cinco años de prisión para cinco de los seis acusados (el ex consejero Víctor Díaz y cuatro ex directores generales del Icfem: Francisco Almeida, Aurelio Ayala, Francisco Zumaquero y Diego León), un escrito en el que detalla todas y cada una de las que considera una serie de irregularidades por las que entienden que se dan los delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos.
La fase de instrucción del caso Icfem está a la espera de lo que decida la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre un recurso planteado por el colectivo Justicia y Sociedad, que actúa de acusación popular en el mismo, y que pide que los acusados sean sentados en el banquillo también por un delito de malversación de caudales públicos. Con la investigación ya completamente terminada, todo hace pensar que el juicio se puede celebrar en 2008.
LAS RAMIFICACIONES. La operación Faycán, que alarmó a la población de Telde y que se basa en el presunto pago de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas en torno a la concejala del Partido Popular Toñi Torres, lleva ya casi dos años de investigación marcados por una incesante apertura de piezas separadas que han hecho del caso una historia interminable. Allí donde se hacía un interrogatorio o se practicaba un registro nacía una nueva ramificación. De hecho, es el caso que más imputados tiene y reúne ya a más de treinta personas investigadas, entre las que se encuentra, incluso, el que fuera alcalde Francisco Valido, imputación que le obligó a dimitir. Es muy probable que también a lo largo de 2008, a finales quizá, el grueso del caso pueda ser juzgado, pero las numerosas piezas separadas abiertas en torno a esta operación hace pensar en la posibilidad de que se pueda demorar.
De hecho, una de esas piezas separadas está muy activa en la actualidad, la relacionada con el Grupo Europa, que a su vez tiene ramificaciones en varias partidos judiciales de Canarias.
Una investigación que es poco probable que llegue a juicio en 2008 pero que sí se tendrá que aclarar en el próximo año es la operación Góndola, situada en torno al alcalde de Mogán, Francisco González. A principios de 2007 la policía procedía a la detención de González y de la que fuera su teniente de alcalde en el municipio, Onalia Bueno, dos personas que en la actualidad tiene sobre sus espaldas la imputación de un total de ocho delitos. Con un sumario todavía secreto, 2008 servirá para conocer el contenido de una investigación que cuenta con numerosas intervenciones telefónicas y que indaga también en el patrimonio del que fuera hombre fuerte del urbanismo en Mogán: Marcelino Martín, un funcionario con treinta años de servicio.
Una investigación que podría decirse se encuentra en una fase intermedia afecta también a otro ayuntamiento del sur de Gran Canaria: San Bartolomé de Tirajana. Se denomina operación Paraíso y tiene en la persona del concejal Pacuco Guedes y al empresario Alejandro Navarro (imputado también en Faycán) como los principales imputados. Ambos acaban de salir de prisión por Navidad pero, tras el análisis de la documentación incautada en los registros, es probable que haya más fases en los próximos meses.
También está la operación Brisan, Taprada...
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 30 de diciembre de 2007
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Guateque: "¿Por qué nadie arregló el caos en la concesión de las licencias?"
ELPAÍS/Madrid* : Joaquín Fernández de Castro, jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid, no piensa quedarse de brazos cruzados desde su celda de la prisión de Alcalá-Meco. Imputado en el caso Guateque -que investiga la presunta trama de agilización de licencias a cambio de dinero en el Ayuntamiento de Madrid- por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, Fernández de Castro señala en una carta de nueve folios redactada el pasado 8 de diciembre que la situación en su departamento era "caótica", y se pregunta por qué nadie arregló lo que sucedía.
El imputado asegura que los expedientes tardaban dos años en resolverse. "He tenido que lidiar con una situación difícil, sin medios para resolverla y con unos jefes (responsables de Medio Ambiente) que conociendo el problema no tenían interés en resolverlo", afirma en la misiva. Y puntualiza que no ha favorecido "a nadie". Fernández de Castro agrega una pregunta retórica: "¿A quién hay que pedir responsabilidades? ¿A la concejal [en alusión a la ex edil de Medio Ambiente, Paz González, ahora responsable de Obras, o a la actual, Ana Botella], al coordinador [Ignacio López-Galiacho], al director general [Ramón Sánchez] o al departamento?". Y pasa a insinuar el derroche municipal: "¿Por qué el anterior equipo de gobierno del área de Medio Ambiente no contrató una asistencia técnica para solucionar el problema? Posiblemente porque todas las partidas económicas estaban dedicadas a pagar generosamente a los más de 300 altos cargos que desembarcaron con el nuevo alcalde [Alberto Ruiz-Gallardón]".
Precisamente del alcalde se acordó ayer el portavoz socialista municipal, David Lucas, que aseguró que "ante las declaraciones de cargos de confianza del Ayuntamiento como era Fernández de Castro, Gallardón debería responder si conocía esta situación, y si fuera así debería aclarar por qué no hizo nada". Según Lucas, la modificación de las normas para la concesión de licencias (las ordenanzas de evaluación ambiental y de concesión de licencias urbanísticas) no ha sido eficaz. "Sólo ha servido para favorecer el caos", dijo.
En la carta de Fernández de Castro, titulada Reflexiones desde el chabolo número 40, el imputado revela parte de sus declaraciones ante el juez del caso, Santiago Torres. "¿De dónde proviene su importante patrimonio?", interroga el magistrado. "De 40 años de trabajo, herencias y rentas del capital que tengo en dos entidades financieras", responde el acusado. El empleado municipal desde 1968 niega una por una todas las acusaciones. Así, dice no a que su departamento generara "un fondo de cohechos que se repartían entre todos los funcionarios", a que "la mitad de las cantidades que pedía Victoriano Ceballos [funcionario de Medio Ambiente, también imputado]" fueran para él, a que "prefiere una cantidad mejor que muchas pequeñas" o a que "exigía el adelanto de pagos", algo que supuestamente declaró Ceballos.
En la carta, Fernández de Castro dice estar "pasándolo mal" en prisión. "Máxime cuando sabes de tu inocencia", señala. Detenido desde el pasado 14 de noviembre, Fernández de Castro afirma que "peor que estar en la cárcel es el deterioro de mi persona y la humillación a la que me he visto expuesto". El imputado, seguro de su inocencia, se arriesga a decir: "Me han tenido intervenidos mis teléfonos durante meses. Por las preguntas que me han formulado o que han formulado a los implicados no hay nada, ninguna conversación comprometida, ningún indicio que pueda probar mi implicación en algún acto delictivo".
* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA - Madrid - 30/12/2007
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Can Ricart: Los vecinos presentan tres alegaciones en la Generalitat
ELPAÍS/Barcelona* : La plataforma Salvem Can Ricart presentó el jueves alegaciones al expediente tramitado por el Departamento de Cultura para que declare el área del viejo complejo industrial como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) sin excluir zona alguna. Su objetivo es que, con esa catalogación, la Generalitat impida al Ayuntamiento construir un edificio dentro del área protegida, así como una torre de 52 metros en la frontera del complejo. Y reclaman algo más: que se preserven los elementos del subsuelo relacionados con la evacuación de humos de la sala de calderas y el transporte de agua y vapor.
Cultura incoó el expediente en marzo y tiene año y medio para resolverlo. Pero, de entrada, fuentes del departamento expresaron su sorpresa por la mención a los dos edificios citados al subrayar que las licencias están congeladas durante la tramitación. La cuestión es que el debate está viciado. Los vecinos acusan a la Generalitat de no haber impedido en septiembre que se derribaran el 30% de las naves del recinto que, según el Ayuntamiento, no tenían valor. Cultura se acoge al informe favorable del Institut d'Estudis Catalans y al de una comisión de expertos. La plataforma ha llevado el caso a la justicia. "No hemos podido frenar la demolición, pero quizá a alguien le llamen la atención", avisó Salvador Clarós, del Grup del patrimoni industrial Fórum Ribera del Besòs. "¡Es escandaloso! En Alemania o Inglaterra no hubiera sucedido".
Clarós cree que Can Ricart ha pagado la falta de cultura respecto al legado de la arquitectura industrial afirmando que, por ejemplo, a nadie se le ocurriría "modificar la ventana de un edificio gótico o románico". Y recordó que en 2000, el Ayuntamiento sólo incluyó en el catálogo del patrimonio municipal la chimenea de Can Ricart. Y en la revisión de 2006, 60 elementos más. "La sensibilidad es mucho mayor en otros países europeos", dijo Clarós explicando que Can Ricart, por su estilo de naves de poca altura y corte neoclásico, lejos de los grandes edificios rojizos de Inglaterra, ha merecido la atención de diversos estudiosos europeos sobre el patrimonio industrial. Clarós pidió que la reforma de Can Ricart se ajuste a la ley para que las nuevas edificaciones tengan un volumen y perfil similar a las anteriores para no alterar el paisaje.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 30/12/2007
Foto: Barcelona, patrimonio Can Ricart - sos-monuments.upc.es
Gran Scala: “Venden arena a precio de harina”
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DIAGONAL/Aragón* : Hablamos con el ecologista José Luis Martínez para saber cómo se ve la macrociudad del juego ‘Gran Scala’ desde los movimientos sociales.
DIAGONAL: ¿En qué consiste exactamente el negocio de Gran Scala?
J.L.MARTÍNEZ: Se trata de construir un centro de juego y ocio consumista, el mayor del planeta. Máquinas tragaperras, casinos, hoteles, restaurantes, plazas de toros, hipódromos, etc. Sus promotores hablan de crear parques temáticos, tres de los cuales desearían estar en funcionamiento en el año 2010.
Para conseguirlo precisarían más de 30.000 trabajadores, lo que supone la creación de una nueva ciudad o la ampliación de Zaragoza, a decenas de kilómetros del enclave escogido. Un nuevo hospital, decenas de escuelas y servicios ambulatorios y construcciones en solares serían necesarios para acoger a todo este personal temporal.
D.: ¿De dónde surge la propuesta?
J.L.M.: José María Mur, histórico dirigente del PAR (Partido Aragonés) en la recta final de su carrera política (por edad) lleva años estudiando el desembarco del negocio del juego americano en Europa. José Ángel Biel, líder indiscutible del PAR y actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, y otros líderes del PSOE (mayoría en el Gobierno aragonés) apoyan a pies puntillas la creación de estas ilusiones de progreso y enriquecimiento a partir del negocio del juego en Aragón. El total servilismo del ejecutivo aragonés a esa empresa de promotores ha sido crucial para que piensen en este territorio.
D.: ¿Qué tiene de Las Vegas este proyecto?
J.L.M.: Los promotores de este tipo de negocios necesitan algunos requisitos que han encontrado fácilmente en Aragón: colaboración para cambiar leyes y suelo barato para realizar una gran operación inmobiliaria. En este caso, no para viviendas, sino para recalificar el suelo. Además, los Monegros dispone de comunicaciones creadas como el AVE o la proximidad de Zaragoza. El negocio consiste en comprar esos terrenos baratos y venderlos después a mucho más. Para que esto salga adelante, hacen falta compradores. Y aquí es donde aparecen las mafias estadounidenses y los empresarios vinculados a los negocios de Las Vegas. Promotores vinculados a empresas de tragaperras, casinos, etc., que por separado no podrían hacerse cargo de un proyecto como Gran Scala, pero que juntos pueden adquirir los terrenos. Es un negocio redondo, venden arena a precio de harina.
D.: ¿Qué costes sociales y económicos tendría Gran Scala?
J.L.M.: Las infraestructuras que necesitará la construcción de semejantes obras las pagarán todos los aragoneses, como nuevas carreteras de gran velocidad, hoy en día innecesarias. Además, la llegada de decenas de miles de trabajadores precisará, como decíamos, crear numerosas infraestructuras y servicios pagados con los impuestos de todos. Sin embargo, la insostenibilidad social del proyecto aparece con la incertidumbre de qué harán esos trabajadores temporales cuando acaben las obras. ¿Se quedarán cobrando en otros trabajos mucho menos de lo que ganaban en la construcción? Todo apunta a que esta operación tan mal diseñada y con inversiones de tal envergadura traerá consigo tensiones sociales y conflictos xenófobos (no olvidemos que la mayor parte de los trabajadores que vendrán serán inmigrantes). Zaragoza y Aragón pueden convertirse en una hoguera.
D.: ¿Crees que, ante tal panorama, este proyecto se realizará?
J.L.M.: Muchas de las cosas que ofrecen no se van a hacer, pero otras sí. Pero, como ya apuntó un conocido periodista local, Gran Scala puede ser “un caballo de Troya” que albergue características distintas en su interior. Las expectativas creadas son tan gigantescas que seguro que habrá quien se lo crea e invierta allí. Algo será seguro porque, ante tanto servilismo político, hay mucho dinero que ganar.
D.: ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación masivos?
J.L.M.: La autocensura de los medios, consecuencia del miedo a que les caiga el fuego del Gobierno de Aragón o de las grandes empresas constructoras, perfila este ‘Aragón controlado’. Las organizaciones ecologistas no han sido invitadas al debate, ya que la imagen de que Aragón es una sola voz a favor de Gran Scala es importante para que todo esto salga adelante. Las disensiones internas (incluso dentro del PSOE) están totalmente controladas. Los ataques mediáticos contra los ecologistas son constantes. Y eso que yo no he hablado ni de protección de aves, ni de energía, ni de gestión del agua en Los Monegros.
Iniciativa popular frente al negocio de la nieve
DAVID VILA
El inicio de la temporada de esquí en el Pirineo aragonés está marcado por los proyectos de Aramón, empresa coparticipada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja y concesionaria de la explotación del mayor dominio esquiable del Estado (137 km de pistas). Tras las pérdidas económicas del ejercicio anterior por las altas temperaturas, la inversión de Aramón para este año se ha reducido de 43 a 8,2 millones de euros. Desde sus inicios, la empresa acumula una inversión de 128,2 millones de euros en ampliación y modernización de las estaciones, con unos resultados económicos bastante opacos. En la actualidad, Aramón negocia los aspectos contables de la incorporación de Candanchú, una de las dos estaciones aragonesas que no pertenecen al grupo. A su vez, el pasado 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas, la Plataforma en Defensa de las Montañas presentaba ante las Cortes de Aragón 17.000 firmas que avalaban una iniciativa legislativa popular que insta al Legislativo aragonés a establecer un régimen jurídico que considere las especialidades de los territorios de montaña, garantice una protección eficaz y la posibilidad de un desarrollo sostenible para sus habitantes. La iniciativa se acompañó en los días anteriores de la aventura de dos montañeros aragoneses, que permanecieron durante nueve días en la cumbre del Anayet (2.545 m). El campamento reivindicaba la protección de la zona a fin de evitar la conexión de las pistas de esquí a lo largo de todo el Pirineo Central.
* Diagonal - Nacho Escartín / Redacción Aragón - 26 dic - 9 ene 2007
Foto: Los Monegros (Aragón), maqueta Gran Scala - elpais.com
Vigo aprueba hoy por segunda vez un Plan Xeral que divide la ciudad
LAVOZDEGALICIA* : La corporación viguesa aprueba hoy por segunda vez con carácter provisional, y por tercera si se tiene en cuenta el visto bueno inicial, el Plan Xeral de Urbanismo. De la magnitud que rodea todo el entramado del documento da una idea el hecho de que lleve siete años en trámite. En ese tiempo todos los grupos políticos han cambiado de opinión. Por si esto fuera poco, la Federación de Vecinos, satisfecha en su día con el plan, en este momento no solo no quiere saber nada, sino que convoca una protesta para hoy a las puertas del Concello y a la misma hora de la celebración del pleno, previsto para las 9.00 horas.
El PSOE, que antes se negaba a su aprobación por el exceso de edificabilidad, ahora se alza en abanderado. El BNG, que en su día dio el visto bueno a un documento con la mitad de vivienda protegida, en la actualidad acepta el 43%, y el PP, antes a favor, ahora se opone en rotundo, al igual que los promotores.
Pretensiones
El nuevo Plan Xeral pretende sustituir al de 1993, todavía en vigor. Se trata de un planeamiento que nació gafado pese a las expectativas iniciales: fue aprobado por unanimidad política y en medio de un gran consenso social. Pese a ello no habían transcurrido dos años cuando el siguiente gobierno municipal, del PP, se planteó su sustitución.
Abortada esta iniciativa, debido a los problemas internos de los populares más que a la oposición de socialistas y nacionalistas, la llegada a la alcaldía de Lois Castrillo (BNG) supuso la puesta en marcha del proceso de renovación urbanística de la ciudad. Castrillo, que lideraba una coalición paritaria con el PSOE (8 a 7), llegó a un acuerdo con el entonces conselleiro popular de Política Territorial, Xosé Cuíña, para ir de la mano en su elaboración y pactando con el PP y con el PSOE en el gobierno.
Consultora Galega logró un contrato sin oposición para elaborar el documento al ser excluida la otra candidatura. En el 2002 presentó el avance y fue respaldado sin discusiones. A partir de entonces empezó el verdadero proceso de elaboración con la redacción del documento para la aprobación inicial. Quedó listo en la primavera del año siguiente, pero el BNG decidió guardarlo en un cajón con el argumento de que así no se metería el tema en las municipales de mayo del 2003.
Empieza la polémica
Con lo que no contaban los nacionalistas era con un resultado electoral que colocó al socialista Pérez Mariño en la alcaldía y a ellos de socios en un gobierno de coalición. El nuevo alcalde y su equipo se sorprendieron al conocer un Plan Xeral con elevadas edificabilidades y que sembraba de torres gran parte del centro y del litoral de la ciudad.
El desacuerdo entre PSOE y BNG fue total, hasta el punto de que en diciembre el PP logró la alcaldía tras provocar los nacionalistas la dimisión de Mariño. Empezó entonces la etapa más reciente, en la que el PP, con el respaldo de los nacionalistas, intentó aprobar el nuevo Plan Xeral. La existencia de una fuerte contestación, el rechazo del PSOE y la presentación de 61.000 alegaciones en la exposición pública frenaron el proceso.
El PP perdió la Xunta y el PSOE se hizo con la Consellería de Política Territorial, que debía dar el informe favorable para su entrada en vigor. Ese informe no se produjo pese a que PP y BNG aprobaron el nuevo plan. Meses después llegaba Caballero a la alcaldía y, tras duplicar el suelo de vivienda protegida, pretende sacarlo adelante. Ahora, sin embargo, la contestación es todavía mayor.
* La Voz de Galicia - Juanma Fuentes - 29/12/2007
Foto: Vigo, vista monte del Castro - farodevigo.es
Guateque: Otros dos empresarios en busca y captura
MADRIDIARIO* : El juez Santiago Torres ha dictado órdenes de búsqueda y captura para dos empresarios relacionados con la Operación Guateque, que investiga una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, y mantiene en los calabozos de Plaza de Castilla a los cinco detenidos en la segunda fase, después de tomarles declaración este viernes, informaron fuentes de la investigación.
Asimismo, dichas fuentes afirmaron que la Guardia Civil está a la espera de detener en los próximos días a otro funcionario que se encuentra actualmente de vacaciones, "a la espera de que se reintegre a su puesto de trabajo, ya que no existe riesgo de fuga".
Torres tuvo ocasión este sábado de interrogar a los detenidos en la segunda fase de la Operación --que aún no ha terminado a la espera de efectuar nuevas detenciones y registros-- con la intención de emitir auto de prisión contra todos ellos.
Mientras tanto, entre los abogados defensores de los 24 imputados por este caso comienza a cundir la preocupación respecto al tiempo transcurrido. "El juez dijo en el auto de prisión que tan pronto terminase las diligencias podrían salir de prisión bajo fianza, pero estas diligencias parece que no van a terminar nunca", subraya uno de ellos.
En este sentido, también se impacientan los encarcelados, sobre todo a la luz de que todo ellos (menos Carmen Eulalia Ibáñez que salió bajo fianza en Nochebuena) están pasado las Navidades en prisión. Es el caso de Joaquín Fernández de Castro, en la cárcel de Alcalá Meco desde noviembre y que hoy envió un escrito a la Cadena Ser en el que amenaza con 'tirar de la manta' y culpa directamente a su superior, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos.
La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial desde abril, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, así como en las agendas de los imputados y la documentación incautada en los registros.
En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Victoriano Ceballos, el cargo más alto de los funcionarios encarcelados, era una de las personas objeto de las escuchas. A pesar del tamaño de la investigación, con centenares de denuncias, el Juzgado número 32 sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le designe otros cuatro funcionarios solicitados por Torres para asumir el volumen de trabajo que supone la investigación.
* Madridiario - 29-12-2007 - MDO / E.P
Foto: Gustavo San Miguel - MDO
El triunfo de la especulación
JUAN CLAVERO SALVADOR* : Acabamos de celebrar el vigésimo noveno aniversario de la Constitución, texto que algunos leen sólo parcialmente a tenor de cómo van las cosas. El art. 47 prescribe que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Existe un mandato constitucional para que las administraciones garanticen el interés general en la ordenación del territorio e impidan la especulación; o sea, todo lo contrario de lo que han venido haciendo los Ayuntamientos con la complacencia de la Junta de Andalucía.
No hay que olvidar que la Junta tiene las competencias exclusivas en la ordenación del territorio desde hace casi un cuarto de siglo; sin embargo, hasta el año pasado no aprobó el primer Plan de Ordenación del Territorio (POTA), plan que incluía algunas tímidas medidas para dar cierta mesura al urbanismo desbocado que campea por toda Andalucía. Hace un año escribí en estas mismas páginas un artículo pidiendo que no se permitiera ninguna "flexibilidad" ante la especulación y la corrupción urbanística. Pero en solo un año los constructores, promotores urbanísticos y la FAM -el lobby de los alcaldes que han actuado como voceros de estos empresarios-, han conseguido la promesa del mismísimo presidente de la Junta de que no se aplicará el POTA en los municipios menores de 10.0000 habitantes -que suponen el 81% de los 770 municipios andaluces-, y que en el resto se aplicarán medidas de "flexibilidad" para hacer inocuo los límites a los crecimientos urbanísticos fijados por el POTA. No deja de ser un insulto a los ciudadanos y al Parlamento andaluz que se anuncie y se firme el compromiso de incumplir una norma aprobada por el mismo Parlamento. No se anuncia su modificación -que ya sería grave, por responder tan solo a los intereses de constructores y promotores- sino, simplemente, que no se cumplirá.
El POTA fija unos objetivos y normas que, sin ser la panacea, pretende imponer un poco de racionalidad a la desmesura que impera en el urbanismo andaluz. El POTA pretende que se mantenga el modelo compacto de la ciudad histórica mediterránea, rompiendo la tendencia a nuevos crecimientos exógenos de tipo anglosajón con campos de golf incluido, garantizando unos mínimos principios de sostenibilidad con la reducción del consumo de recursos naturales (agua, energía, suelo…). Pero la causa de la oposición de sectores económicos y municipales al POTA ha sido la inclusión de límites al crecimiento urbanístico. El POTA prescribe que no se admitirán crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% ni la construcción de viviendas para crecimientos de población superiores al 30% en ocho años. Con estos límites se garantiza suelo más que suficiente para construir las viviendas que demandan los ciudadanos y para los usos productivos necesarios. ¿Qué pretenden los opositores al POTA? Sencillamente seguir disponiendo de manos libres para recalificar suelo y revalorizarlo, con plusvalías de miles de millones de euros, y seguir imponiendo la planificación territorial a golpe de convenio urbanístico y talonario. Quitar esos límites es una concesión inadmisible a los especuladores urbanísticos, un desprecio al Parlamento y un incumplimiento flagrante del mandato constitucional.
El POTA prescribe también que los PGOU atenderán a parámetros objetivos (demográficos, parque de viviendas…), en base a la tendencia seguida en los últimos diez años. Teniendo en cuenta que en la última década el incremento de la población en Andalucía ha sido inferior al 1% anual, es bastante inviable que en un PGOU se puedan justificar incluso la construcción de viviendas para ese hipotético e inalcanzable 30% de incremento de habitantes.
El Pacto por la Vivienda que ha suscrito la Junta con las entidades empresariales y financieras -con la cohorte habitual- tiene como única finalidad dar oxígeno a un sector de la construcción en crisis, facilitando las recalificaciones de suelo y favoreciendo con dinero público la construcción de viviendas de venta libre que en la actual coyuntura de mercado nunca se construirían. De las 700.000 viviendas previstas, menos de la mitad serán protegidas y, además, a precios difícilmente asumibles por buena parte de los ciudadanos, sobre todo por los más jóvenes. La Junta está perdiendo una ocasión de oro para demostrar que apuesta por un urbanismo donde primen los intereses generales de los ciudadanos y no los de un pequeño grupo de especuladores.
* Málaga Hoy - Opinión - 28.12.2007
El fiscal investiga licencias que dio el ex alcalde de Arteixo a sus empresas
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LAVOZDEGALICIA* : Tres semanas después de destapar una presunta trama urbanística en el Concello de Mugardos, la unidad especializada de la Guardia Civil en materia de delitos urbanísticos ha entregado un informe similar al fiscal anticorrupción de Galicia en el que también aprecia irregularidades en el Concello de Arteixo durante la etapa en la que Manuel Pose (PP) era su alcalde. Concretamente, los indicios de ilegalidad apuntan al ex regidor, a la que fue primera teniente de alcalde, Isabel Vila Vilas, y al anterior arquitecto municipal, Enrique Sebastián Roel Estrada.
Este informe, realizado a instancias del fiscal especializado en delitos contra la ordenación del territorio, Antonio Roma, desvela un supuesto enriquecimiento de los denunciados sirviéndose de su poder de decisión en el Ayuntamiento entre el 2000 y el 2004. La Guardia Civil apunta que tanto Manuel Pose, como Isabel Vila y Enrique Roel otorgaron licencias de obras a empresas propias o de su entorno. El ministerio público, atendiendo a la investigación llevada a cabo por la nueva unidad de la Guardia Civil, interesó ayer la admisión a trámite de la denuncia, que acabará en manos de un juez, que deberá decidir si continúa adelante o archiva la causa.
Votaciones para dar licencias
La unidad especializada de la Guardia Civil señala en su informe que «con respecto a la concesión de licencias a distintas sociedades en las que Manuel Pose tenía interés, se puede concretar que ha participado en la votación de alguna de ellas», si bien se aclara que su voto «no fue decisivo para conceder la licencia, porque su abstención permitiría igualmente la aprobación por mayoría».
En otro apartado de la denuncia se asegura que el entonces alcalde del PP, «una vez que retiró las competencias de otorgamiento de licencias a la junta de gobierno local y las asumió él, en al menos una ocasión dictó resolución para la urbanización del entorno de dos edificios, uno de ellos promovido por la sociedad Álvarez Pedras, con interés suyo».
Además, la sociedad Arquihor, en la que también tiene poder el ex alcalde, «facturó al ayuntamiento varias marquesinas de paradas de autobús, presumiéndose que estas compras fueron por adjudicación directa», pues la Guardia Civil no «ha localizado ninguna contratación previa de las mismas».
En cuanto a la supuesta participación de la ex primera teniente de alcalde, Isabel Vila, durante el mandato de Pose, la Guardia Civil apunta que las sociedades Arteixo Consulting y Arista Gestión, «vinculadas» a la ahora presidenta local del PP, «recibieron diversas contrataciones del ente municipal; en ocasiones por contratación directa a propuesta de la propia Isabel Vila».
Otra de las supuestas irregularidades que se le imputan a Isabel Vila es que, según aparece en la investigación, «ella misma firmó por decreto diversas licencias de obras cuyos proyectos eran redactados por arquitectos vinculados a Arteixo Consulting y Arista Gestión».
Sobre el arquitecto municipal, entre el 2000 y el 2004, Enrique Roel, la Guardia Civil afirma que «desempeñó su profesión en la dirección de obra de la construcción promovida por la sociedad de Pose Miñones, Os bosques de Arteixo». No solo trabajó en esa construcción, sino en «otras obras concedidas por el Concello cuyos proyectos fueron redactados por él mismo».
* La Voz de Galicia - Alberto Mahía - 27/12/2007
Foto: Arteixo (A Coruña) - C.Quian (La Voz de Galicia)
NOTICIA RELACIONADA : Investigan 5 firmas del ex alcalde que lograron licencias de obra en Arteixo - La Voz de Galicia - 28/12/2007
La trama de los sobornos en la capital: Una mancha sobre ocho distritos
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ELPAÍS* : Un particular, dueño de una discoteca, dio pistas sobre la trama con la denuncia presentada en verano. Unos funcionarios, según su relato, le intentaron cobrar por una licencia municipal. Esta acusación fue el detonante de la llamada Operación Guateque, una investigación de la Guardia Civil, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, que ha destapado la trama de corrupción más importante detectada en el Ayuntamiento de la capital. Un grupo de funcionarios, según los primeros resultados de la investigación, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales (mordidas) para agilizar la concesión de licencias de bares y locales de ocio. Ya son ocho las Juntas de Distrito de Madrid investigadas y dos concejalías implicadas.
Las primeras detenciones se produjeron la mañana del pasado 14 de noviembre. Agentes de la Guardia Civil acompañados por la Policía Municipal irrumpían de manera simultánea en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la Concejalía de Medio Ambiente y en las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas. Los agentes también entraron en domicilios particulares y en oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama. Era la primera entrega tras cinco meses de investigación y 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial. Los agentes pusieron esa mañana a disposición del juez a 16 funcionarios sospechosos de integrar una compleja trama de corrupción.
Los responsables exigían cantidades que oscilaban entre 3.000 y 18.000 euros por conceder las licencias de locales de ocio. El pago en otras ocasiones lo hacían para que los expedientes sancionadores se perdieran o caducaran. "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca", llegaban a decir los funcionarios, según las conversaciones grabadas por orden judicial.
Al frente de la trama, según las investigaciones, estaba Victoriano Ceballos Fernández, cuñado de un ex concejal socialista y colocado a dedo hace más de 20 años. En la actualidad está en prisión, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El PSOE acusó al PP de haber permitido que siguiera en su puesto pese a ser investigado por delitos similares en 1996. Otro de los supuestos cabecillas era Joaquín Fernández de Castro, que fue destituido de su cargo de director de servicios de Medio Ambiente en 2003. En la actualidad ocupaba la jefatura de Evaluación Ambiental. Desde su puesto controlaba los locales que incumplían la normativa de ruidos.
La Operación Guateque ha ido creciendo con el paso de los días. El 16 de noviembre fue arrestado otro funcionario por la Guardia Civil. A éste se sumaban otros cinco trabajadores municipales imputados. Era el resultado del primer análisis de los 187 expedientes que fueron decomisados por la Guardia Civil en los edificios municipales.
El juez de guardia Francisco Javier Teijeiro tomó declaración durante el fin de semana del 17 y 18 de noviembre a los detenidos. Decretó el ingreso en prisión de seis personas (cinco de ellas, funcionarios), entre los que estaba Ceballos. De los nueve restantes, algunos quedaron en libertad con cargos.
El funcionario jubilado adscrito a la Gerencia de Urbanismo Carmelo García Sánchez, también ingresó en prisión por orden del juez el 20 de noviembre. Este trabajador había sido investigado en 2004 por haber participado supuestamente en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar licencias pero fue absuelto por falta de pruebas.
La bronca política acampó entonces en el Ayuntamiento de Madrid, donde a las peticiones de dimisión que cursaba el PSOE, el PP replicaba con acusaciones como que la sede principal de los socialistas carecía de licencia y amenazó con enviar inspectores. En Madrid son numerosos los establecimientos y edificios que carecen de licencia de funcionamiento o tienen una provisional. La trama ha tocado también a empresarios, arquitectos y abogados que actuaban como intermediarios. Los investigadores concluyeron que durante "muchos años" la corrupción "campaba a sus anchas" en el Ayuntamiento de Madrid, provocando una "sangría dineraria" para las víctimas de la red.
* ELPAIS.com - F. J. BARROSO / A. CORCUERA - Madrid - 28/12/2007
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
NOTICIA RELACIONADA : La red corrupta del Ayuntamiento de Madrid crece con otros cinco arrestos - EL PAÍS - F. J. BARROSO / J. A RODRÍGUEZ - Madrid - 28/12/2007
Comprar lo nuestro
Camilo José CELA CONDE* : En un intento desesperado de acabar con el lastre de la corrupción urbanística que ha convertido el litoral español en una especie de muralla de la China pero de cemento, la ministra del Medio ambiente, doña Cristina Narbona, ha anunciado que su departamento aspira a hacerse con la propiedad de aquellos terrenos aún sin construir que estén situados junto a la costa. Habrá comunidades autónomas en las que va a ser difícil adquirir siquiera un solar de los más pequeños. Cuando las playas y los acantilados de las zonas turísticas se contemplan desde el mar, el panorama aterra. Todo lo que se ve es una especie de cortina de edificios gigantescos decorada, a mayor abundamiento, por no pocas grúas que son anuncio de aún más agobio constructor.
La manera lógica mediante la que cualquier país digamos civilizado habría resuelto la necesidad de mantener virgen una parte prudente de sus costas pasa, claro es, por la protección. Crear parques, reservas, santuarios o como se les quiera llamar. Pero no sé por qué arte de birlibirloque, el anuncio mismo de que se piensa proteger un enclave lleva en este reino de inmediato a que se convierta en una especie de disparate urbano asomándose a la mar.
En esa tesitura, es decir, si no sabemos proteger o ignoramos al menos cómo hacerlo a tiempo, antes de que termine a muy corto plazo por resultar lo contrario, parece que el entrar en competencia con los promotores de las eventuales urbanizaciones futuras es una vía adecuada para evitar mayores males. Pero la idea de la ministra Narbona no es nueva. Como sin duda se recordará, la isla de la Dragonera pudo protegerse hace un montón de años gracias si no recuerdo mal a que otra mujer, doña Maria Antònia Munar, se la compró desde el Consell de Mallorca a su dueño. Amenazaba ya un proyecto de llenar la Dragonera de chalets de lujo y el Consell cortó por lo sano. En buena parte, asumiendo una derrota. Las islas no habitadas, los montes, los pantanos y los desiertos deberían ser, de acuerdo con la lógica aplicable a los conceptos de propiedad pública y privada, patrimonio común en manos del Estado. Pero no por la vía de comprar a precio de mercado sino mediante la mucho más eficaz de no dejar que se privaticen. O procediendo, si es ya tarde, a la expropiación de la misma manera que se obra cuando hay que construir un puente, un aeropuerto o una carretera.
Mediante esa fórmula de entrar en la subasta de los terrenos, estamos comprando en realidad lo que, cuando se apareció el concepto mercantil de la propiedad del suelo, nunca debería haber salido de las manos públicas. Los coletazos de la época feudal asignaron a la nobleza y a la Iglesia -católica, claro es- aquellas tierras que antes sólo eran suyas en un sentido muy relajado: los territorios que quedaban bajo la supuesta protección de un señor dispuesto, como única tarea reseñable, a cobrar los impuestos. Aquellos países que no hicieron jamás una reforma en serio sufren hoy consecuencias como las de tener que hacerse a precio de solar -o casi- con los espacios que se quieran dejar vírgenes. Y no es sólo el país el que queda bajo sospecha: las comunidades autónomas cargan aquí con su parte del pecado. O del negocio. Porque éste es espléndido, sí, pero por desgracia no para los ciudadanos.
* Diario de Ibiza - Opinión - 26 de diciembre de 2007
