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SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga un escrito denunciando el impacto ambiental que está causando en el suelo no urbanizable de municipio la evolución del urbanismo en el término municipal de Alcaucín. El colectivo basa su denuncia en un estudio realizado sobre la construcción de viviendas en el suelo rústico y el avance experimentado en los últimos años.
Así, la asociación ecologista asegura en un comunicado que el número de casas de nueva construcción realizadas entre 1983 y 1995 es de 113, mientras que las edificadas entre 1995 y 2007 alcanza las 1.026.
Población
En el medio urbano, según el estudio de GENA, se ha pasado de 836 en 2001 a 1.477 en 2006, lo que significa un incremento de 641 unidades. «En total, este municipio tiene ahora 2.897 viviendas. Si consideramos que este periodo la población ha crecido de 1.511 a 2.086 habitantes (cifras del INE) se confirma que el crecimiento inmobiliario no se debe a causas humanas o sociales, con un ratio de 1,5 viviendas por habitante, o una capacidad residencial de 12.000 habitantes», asegura el colectivo.
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza recuerda que la superficie del municipio es de 6.399 hectáreas, a la que hay que descontar la zona protegida del Parque Natural de Sierra Tejeda, que es de 1.710 hectáreas.
El colectivo menciona en su estudio como sector problemático el situado al norte del pueblo, colindante al camino del Alcázar y al Parque Natural, «donde observamos que en un kilómetro cuadrado hay nada menos que 114 casas, en una disposición desordenada y apariencia espontánea, todas con acceso rodado dendrítico e individual, y la mayoría de caminos de tierra».
Pendientes
Asimismo señala que se trata de una zona de pendientes medias y altas, a mas de 600 metros de altitud y colindante a un frondoso pinar regenerado tras un incendio en 1988. El único elemento articulador es el camino o pista forestal de la adecuación recreativa El Alcázar, alrededor del cual se sitúan las viviendas, que ocupan una superficie de unos 350.000 metros cuadrados.
El colectivo aporta como dato complementario la existencia de 67 piscinas en el mismo sector, dos por cada tres viviendas, y que el precio de estos inmuebles puede alcanzar hasta los 280.000 euros.
* Diario SUR - 05.10.07 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: ALCAUCÍN. Nueva denuncia de los ecologistas sobre las viviendas en suelo rústico. / EVA GUZMÁN (SUR)
Denuncian ante Obras Públicas y la Fiscalía el urbanismo «insostenible» en Alcaucín
Doctrinas hipócritas
ELPAÍS/Editorial* : La corrupción urbanística merecería ocupar un lugar destacado en el debate político preelectoral, debido a las graves distorsiones que produce en la democracia local y autonómica, a sus efectos económicos nefastos en forma de subidas de precios del suelo y de los pisos y a los destrozos que causa en zonas de elevado valor ecológico. El caso de Marbella, un Ayuntamiento saqueado impunemente por alcaldes y concejales, dio la voz de alarma sobre la debilidad de las instituciones políticas locales para frenar el urbanismo sin escrúpulos. Madrid no se libra de la plaga...
... la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad Enrique Porto, hombre de confianza de la presidenta Aguirre, y el alcalde de Villanueva de la Cañada, también del Partido Popular, Luis Partida, supuestamente implicados en un caso de recalificación fraudulenta en la localidad madrileña. El caso ilustra sobre las confusiones interesadas que suelen manejar los políticos para justificar las tropelías de sus correligionarios. Porto y Partida tienen derecho, faltaría más, a la presunción de inocencia. Un tribunal decidirá si son culpables de los cargos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, que denuncia la Fiscalía.
Pero es muy discutible que, según la doctrina del PP, las responsabilidades políticas exigibles a los cargos públicos sólo sean sustanciadas una vez que los tribunales declaran la culpabilidad de los imputados. Tal criterio resulta hipócrita, porque no ha sido obstáculo para que el PP, olvidando lo que reclama para sí, haya exigido la dimisión de cargos de otros partidos acusados de delitos urbanísticos; y además desmoraliza a los ciudadanos, porque transmite el mensaje de que los partidos no están interesados en combatir la corrupción.
Nada más tóxico para la democracia local que la idea muy extendida de que los partidos políticos consideran las comisiones irregulares obtenidas de las operaciones urbanísticas como una fuente de financiación de la que no se puede prescindir. Por eso es tan importante que los responsables políticos repudien cualquier indicio de corrupción de sus cargos públicos y que sean los primeros en exigir castigos ejemplares para los culpables. En esa actitud deberían estar la Comunidad de Madrid y el PP, que ya debería haber instado la dimisión del alcalde de Villanueva de la Cañada.
* ELPAIS.com - 04/10/2007
Baile de 'malayos' en los juzgados
ELPAÍS* : Los juzgados de Marbella se han convertido en el plató de un espectáculo en el que lo de menos son las causas por las que están imputados quienes los visitan. Esta semana han vuelto a entrar en los hogares de media España por la citación de una decena de miembros de antiguas corporaciones, la mayoría imputados en el caso Malaya. Se ha visto entrar y salir del edificio a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos o el también ex regidor Julián Muñoz.
En segundo plano lo han hecho ediles menos conocidos como Tomás Reñones, Rafael Calleja, Pedro Pérez, Javier Lendínez o Carmen Revilla. El broche lo pone hoy el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. Han acudido para declarar por diligencias previas en distintos casos de presunto delito urbanístico. El menú ha merecido que se envíen unidades móviles de televisión casi una semana.
La estrella por excelencia ha sido Julián Muñoz. Estaba citado el martes y era la primera vez que salía de la prisión de Jaén después de conocerse que tiene posibilidades de quedar libre si sus abogados logran un permiso penitenciario. Después de cuatro horas en los juzgados, volvió a salir con chaqueta marrón y rostro demacrado. Cuatro jóvenes llamados al calor de las cámaras se situaron en uno de los miradores desde los que se divisa la puerta de los calabozos y explotaron en cuanto le vieron: "¡Ladrón, devuelve los millones!", dijo una chica de unos 16 años vestida con un chándal rosa. "¡Bájate los pantalones, que te llegan a los sobacos!", añadió otro joven unos años más mayor, que redondeó el comentario escupiéndole.
Muñoz, que ocultaba las esposas con su tradicional carpeta azul, aligeró sus pasos y se resguardó en el furgón de la Guardia Civil. El agente que conducía tuvo dificultades para maniobrar porque Mocito feliz, un personaje local cuya actividad favorita es aparecer en los programas de televisión del corazón, les impedía la salida, consciente de que los cámaras filmaban la salida.
"¡Mocito, cuántas veces te he dicho que no te metas en los planos", le regañaba ayer un cámara de Televisión Española después de que le estropeara la llegada de Marisol Yagüe. "Es que no te das cuenta que no es serio que salgas detrás de ellas en los informativos", le decía.
Las imágenes que compran los programas del corazón son las mismas que las agencias venden a los informativos, aunque los locutores subrayen aspectos distintos. Debido a esto, en las ruedas de prensa de la puerta de los juzgados chocan los intereses de los redactores. De los 10 minutos que Isabel García Marcos estuvo hablando a los micrófonos ayer, ocho fueron para contar que había pasado toda la mañana poniéndose al día con sus antiguos compañeros y para explicar lo mal que lo había pasado cuando unos vecinos la habían llamado "choriza". mientras iba con su madre, su atónita hija y casualmente la estaban grabando.
La atención que generan los imputados en el caso Malaya anima a los espontáneos a luchar por su minuto de gloria. Marisol Yagüe se topó ayer con otra visita inesperada cuando pretendía marcharse en el coche. "Me has destrozado la vida. Me desahuciaron siendo tú alcaldesa y no te lo voy a perdonar", le decía la mujer, acompañada de un niño de cinco años. Mientras capeaba el enjambre de cámaras la antigua alcaldesa no tuvo más remedio que pedirle perdón. "No te voy a perdonar, pero dame un abrazo", le dijo la mujer. Y se lo dio. "Ahora me siento realizada como mujer", dijo con media sonrisa.
No muy lejos, una abogada contemplaba la escena. "Si este es el panorama informativo que tenemos estamos arreglados", comentaba. Tan sólo cuatro redactores, entre más de una veintena, trataban de cazar a los letrados que se alejaban para preguntarles de qué se había hablado en el interior de las salas.
+ ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 05/10/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
La vivienda: problemas y soluciones
LUIS ÁNGEL HIERRO* : Durante los últimos años el precio de la vivienda se ha duplicado y el sector inmobiliario y de la construcción ha mantenido unos niveles de actividad y de beneficios envidiables. Ello se ha debido a una expansión de la demanda basada en el crecimiento de la población, en el aumento de la renta per cápita y del número de empleados y en dos elementos financieros, que han compensado las subidas del precio de la vivienda, la caída de los tipos de interés, debido a la unión monetaria, y el alargamiento de los plazos de amortización de las hipotecas. Los resultados han sido más viviendas construidas, pero también más caras y con un nivel de endeudamiento de las familias muchísimo mayor.
Es precisamente el nivel de endeudamiento el que ha comenzado a pasar factura a las familias. Se ha apurado tanto la capacidad de pago que ahora una subida de tipos de interés de medio punto o un punto pone a muchas familias al borde de la insolvencia y eso que el empleo va bien. Conclusión: el problema es importante y podría llegar a serlo más si el precio de la vivienda se desplomase y los tipos de interés subiesen algo más.
La política planteada por el PP para este problema es la típica de los ultraliberales: bajen las retenciones del IRPF para que con ese dinero las familias asuman la subida de las hipotecas. Puro engaño, injusticia e hipocresía. Hipocresía porque piden que se bajen los impuestos a todos, incluida la gran mayoría de familias que no pagan hipotecas, en lugar de tocar las deducciones por vivienda que son las que en realidad inciden sobre los afectados; injusticia porque las rentas más bajas no pagan IRPF y por tanto no se beneficiarían de la rebaja y no tendrían más liquidez para pagar la hipoteca; y engaño porque jamás se conseguiría el objetivo, ya que por termino medio hace falta bajar el IRPF aproximadamente un 30% para neutralizar una subida del 1% del tipo de interés de la hipoteca media. En realidad la propuesta del PP lo que quiere es utilizar el tema de las hipotecas para vaciar las arcas del Estado y evitar mejoras sociales como el "cheque-bebé", la ayuda a la dependencia o la subvención de alquileres.
Si de verdad queremos afrontar seriamente el problema de la vivienda tenemos que asumir que hay que resolver dos cuestiones: la coyuntura, que hasta ahora es un problema financiero, y lo estructural, que consiste en reducir el precio de la vivienda. Para lo primero, la estrategia es financiera. Como el problema deriva de la subida de los tipos de interés, lo razonable es proponer una legislación que facilite el alargamiento y el acortamiento automático de los plazos de amortización para mantener la cuota más o menos constante y un pacto con las entidades financieras para aplicarla a los préstamos en vigor. En realidad han sido las entidades financieras con su agresiva política de dinero fácil y el Banco de España consintiendo el alargamiento de los plazos de amortización los que han ido inflando el mercado de la vivienda y sobrendeudando a las familias, por eso es lógico que sean esas entidades las que participen en la solución del problema, en tanto bajan los tipos de interés.
Distinta es la solución a largo plazo. La propuesta de la Junta de Andalucía es probablemente una de las más atrevidas que se han presentado hasta ahora: hacer exigible el derecho a la vivienda para las familias que ingresen menos de 3.000 euros. Ello significa que por primera vez se va a ensayar una verdadera solución pública al problema de la vivienda (planifico, produzco y suministro), puesto que para ofrecer una vivienda barata a esas personas, que son la mayoría, se necesitará un sistema de producción de vivienda de protección que hasta ahora no existe. Los que afirman que no va a tener coste para la Junta de Andalucía no aciertan, porque tarde o temprano habrá que crear un Servicio Andaluz de Vivienda para gestionar esa provisión pública, al estilo del SAS pero mucho más pequeño, y además habrá que financiar las viviendas de las capas de menor renta, que con sus ingresos no pueden pagar una hipoteca que cubra el coste de producción de la vivienda y habrá que dárselas en alquiler. También tendrán costes los Ayuntamientos ya que tendrán menos margen de negociación con los promotores, aunque eso ya lo tienen asumido porque la LOUA lleva tiempo en vigor.
El cuanto al sector privado, los primeros beneficiados van a ser las familias, que podrán obtener viviendas a más bajo precio, tanto los afectados como los demás ya que todos se beneficiaran de una menor presión de la demanda. Asimismo, también van a ser beneficiados los constructores, empresas y trabajadores, que van a tener más trabajo contratado con el sector público, que es una garantía de cobro y actividad. De hecho, la vivienda de protección puede funcionar como un estabilizador automático del sector, garantizando más actividad en coyunturas contrarias como la que se avecina. Y los perjudicados muy probablemente van a ser los bancos, los promotores y especuladores. Los bancos porque las hipotecas van a ser más pequeñas, aunque probablemente también sean más y eso les compense; los promotores porque van a ser sustituidos por ese servicio antes citado y por la inevitable gran promotora pública que se promoverá; y los especuladores porque al bajar la presión de la demanda se reducirá el precio del suelo y por tanto su plusvalía especulativa.
Contra esta política de vivienda ya se ha manifestado la CEA. Lo cual resulta llamativo, ya que a priori salen beneficiados los constructores (economía real) y perjudicados los promotores (intermediarios), y por tanto no se entiende que se vuelquen hacia el lado de los promotores, que generan mucho menos empleo y riqueza. No obstante, lo que en realidad puede operar en contra de esta política son las zancadillas que se van a sufrir tanto por la presión de los lobbys de propietarios de suelo como por el boicot de ayuntamientos que por razones ideológicas paralicen el suministro del mismo. Además, está el POTA y sus límites al crecimiento, que también pueden operar en contra de la disponibilidad de suelo si no se modifican o se interpretan de una forma económicamente racional. El tiempo dirá si es efectiva la solución pública que se propone, lo que si sabemos hoy es que al menos es valiente.
* Luis Ángel Hierro es Director del Master de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla.
* ELPAIS.com - Tribuna - Andalucía - 05/10/2007
Expertos en Derecho reclaman penas para partidos políticos corruptos
ELNORTEDECASTILLA* : El fiscal Anticorrupción de Málaga, Francisco Jiménez Villarejo, especialmente famoso por su participación en casos como 'Malaya' o 'Ballena blanca', reclamó ayer en Valladolid que la reforma del Código Penal que está tramitando en este momento el Congreso de los Diputados incorpore responsabilidades penales para sindicatos y partidos políticos. Considera de manera especial que en casos de corrupción urbanística estos últimos no deberían quedar excluidos de la reforma «porque los partidos políticos, los consagrados y también esas formaciones hechas a medida pueden ser responsables penalmente y si han cometido un delito deberían responder por ello», tanto si está relacionado con la materia urbanística como con otros conceptos, por ejemplo la financiación irregular.
Aunque utiliza para ello el ejemplo del GIL en Marbella, que pasó por encima de los escándalos «con impunidad legalmente consagrada», extiende la situación al resto de escenarios donde se produce la lacra de la corrupción. El texto del proyecto de ley no sólo deja fuera a los partidos políticos de responsabilidad penal directa sino también a los sindicatos.
Este fiscal, especializado en cooperación judicial internacional y acostumbrado a vivir con miedo por su lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el crimen organizado, protagonizó ayer una de las conferencias más atractivas de las incluidas en las jornadas 'Reforma de la Justicia Penal', organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y que finalizarán esta tarde.
LAS JORNADAS
Según explican los organizadores de estas jornadas de la Universidad de Valladolid, el catedrático Ángel José Sanz, y la profesora Coral Arangüena, la reforma de la justicia penal que se está realizando en la Unión Europea es de gran importancia, porque las sentencias de los jueces de cualquier país tendrán eficacia automática en todos los demás países de la UE.
* El Norte de Castilla - 05.10.07 - EDUARDO RODRÍGUEZ
Los vecinos de la zona cargarán con el coste del circuito de fórmula 1 en Valencia
ELPAÍS* : El circuito de fórmula 1 de Valencia ya tiene fuente de financiación. Como ha insistido el Consell, la obra no costará a las arcas públicas ni un euro. La pagarán los vecinos que compren pisos cuando se desarrolle el sector de El Grau, por donde los bólidos de la fórmula 1 enfilarán hacia el puerto. El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat pretenden recuperar la inversión del primer tramo del circuito, unos 38,5 millones de euros, a través de un canon de urbanización que impondrán a los propietarios del suelo o al agente urbanizador. El mayor coste del terreno repercutirá en los precios de las viviendas.
La Generalitat adelanta el dinero del circuito de fórmula 1, pero no lo paga. "El coste será neutro", ha asegurado el Consell desde que inició la tramitación del proyecto. El pasado lunes, con ocasión de la colocación de la primera piedra del trazado, el secretario de Infraestructuras, Victoriano Sánchez Barcáiztegui, insistió en ese "coste cero", al tiempo que mencionó que la obra se financiaría a través del desarrollo del sector de El Grau y de la explotación comercial de la marina portuaria, las dos zonas por las que discurre el circuito. Cargar el coste de la fórmula 1 al futuro plan de actuación integrada (PAI) de El Grau implicará un encarecimiento de la urbanización del nuevo barrio, lo que por extensión repercutirá en el precio de las viviendas.
La Generalitat y el Ayuntamiento han optado por esta vía para facturar el gasto del circuito. Así lo refleja un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, y el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP), que depende de la Consejería de Infraestructuras y adelante el dinero. El convenio prevé que GTP recupere el 100% de su inversión en el tramo del circuito que conecta la avenida de Francia y la Alameda con el puerto a través de "la imposición de un canon de urbanización a los propietarios" de El Grau "o al urbanizador que en su día se seleccione". Todo ello, "sin perjuicio" de que se dé con "cualquier otra fórmula" o "financiación externa".
El acuerdo entre las dos administraciones, que figuraba en el despacho extraordinario de la Junta de Gobierno Local del pasado viernes, es claro: "El excelentísimo Ayuntamiento de Valencia se obliga a tramitar y aprobar, como ordenanza municipal, un canon de urbanización para la financiación de las obras" del circuito, "a repercutir al urbanizador o directamente a los propietarios" del suelo de El Grau.
El ámbito de actuación afectado por esta carga urbanística alcanza los 335.600 metros cuadrados, sobre los que se repercutirá una inversión de al menos 38,5 millones de euros. Esta cantidad incluye el trazado entre la avenida de Francia y el puerto, una pasarela peatonal sobre el Turia y el desvío de líneas eléctricas. Quedan pendientes los concursos de jardinería y mobiliario urbano, que también se cargarán al canon de urbanización. De esta forma, los propietarios del suelo o el futuro agente urbanizador harán frente de entrada a un coste de unos 114 euros por metro cuadrado de suelo sólo por la inversión del circuito, a lo que se sumará el desembolso para el desarrollo del resto del nuevo barrio.
Al final, el coste repercutirá en el precio al alza de las viviendas en un PAI que se ha convertido en una pieza codiciada y muy cara. Bancaja y Lubasa pagaron el año pasado 320 millones de euros por 100.000 metros cuadrados del sector en una subasta de terrenos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Fuentes del sector calcularon que con el porcentaje de vivienda protegida por decidir, entre otros aspectos, el metro cuadrado construido no bajaría de los 12.000 euros. Un piso de 100 metros costaría así al menos un millón de euros.
Bancaja, integrante de Valmor Sport, que organiza la fórmula 1 en Valencia, también intentó comprar los 90.000 metros cuadrados del viejo entramado ferroviario de El Grau. El Ayuntamiento, que también tiene suelo en el sector y deberá asumir su parte de la carga, se encargará de recaudar el canon para GTP.
Para la Generalitat, la operación no tiene nada de especial. "No se repercute [el circuito] de forma excepcional, es como en todos los PAI", afirman fuentes de la Generalitat. El Consell defiende que no ha adjudicado una pista de carreras, sino las avenidas de un nuevo entorno residencial. Una tramitación que ha obviado así una evaluación de impacto, denuncian vecinos y ecologistas. El Consell lo niega. Fuera de la semana de fórmula 1, "circularán coches como en otras calles". El diseño, sin embargo, se adapta a la fórmula 1 y se plantea con una anchura para 8 carriles.
EL CIRCUITO DE FÓRMULA 1 DE VALENCIA
- El circuito urbano de la fórmula 1 en Valencia tiene una longitud de 5.473 metros y tendrá un ancho de 14 metros. Discurre por el suelo urbanizable del futuro barrio del PAI de El Grau y la dársena interior del puerto.
- La Generalitat ha adjudicado el trazado en dos tramos. El primero mide 2.200 metros. Se plantea como la prolongación de la Alameda y de la avenida de Francia, y conectará estas vías con la dársena interior del puerto. El importe de adjudicación es de 31,7 millones de euros. El segundo tramo recorre las instalaciones portuarias, medirá 3.273 metros y se ha encargado por 9,5 millones de euros.
- El Consell y el Ayuntamiento plantean recuperar la inversión del tramo en el PAI de El Grau a través de un canon urbanístico que se cargará a los propietarios del suelo o el futuro agente urbanizador. Al precio de adjudicación se suman otros costes hasta alcanzar al menos 38,5 millones de euros.
- Las empresas constructoras esperar acabar el circuito en junio de 2008. El primer Gran Premio de fórmula 1 en Valencia se celebrará el 24 de agosto de ese año. El acuerdo de la Generalitat con el patrón de las carreras, Bernie Ecclestone, anunciado al inicio de la pasada campaña electoral, mantendrá la competición en la ciudad otros siete años más. Vecinos y ecologistas han protestado por la falta de evaluación de impacto ambiental.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 04/10/2007
Foto: Valencia, circuito Fórmula 1 - 20minutos.es
Luchemos por el derecho a una vivienda digna
EVARISTO ESPIGARES* : La brutal especulación urbanística que ha marcado estos años de “prosperidad”, ha sido el gran chollo de banqueros, constructoras e inmobiliarias, que se han hecho con fortunas fabulosas a costa de una transferencia masiva de rentas de la clase trabajadora. La otra cara de la moneda es: 1) el endeudamiento y la angustia de cientos de miles de familias trabajadoras, forzadas a hacer verdaderos equilibrios para llegar a final de mes, ante unas cuotas hipotecarias cada vez más imposibles, y 2) la intolerable situación de la gran mayoría de la juventud trabajadora, que con sueldos raquíticos y contratos precarios, ve cerrado su acceso a una vivienda y a su independencia personal. Una situación que afecta igualmente a los cientos de miles de trabajadores inmigrantes y que se extiende a los jubilados/as con pensiones miserables que se ven sometidos a mobbing por inmobiliarias sin escrúpulos, alentadas por los planes municipales para “limpiar” el centro de las ciudades.
La burbuja se acaba y el Gobierno sale al rescate
Pero el negocio del ladrillo apunta a su fin, coincidiendo además con el colapso de la burbuja norteamericana. Las hipotecas se han hecho prohibitivas, descienden las ventas, los precios de los pisos se estancan y baja la construcción de nuevas viviendas, dando paso a despidos masivos en el sector, hasta ahora puntero. Los bancos temen una crisis de hipotecas y el pánico comienza a adueñarse de constructoras e inmobiliarias.
Mientras la maquinaria funcionaba, el gobierno central y los autonómicos estaban tranquilos y felices. Pero ahora, ante el inicio del pinchazo de la burbuja, han acudido raudos al rescate del negocio de los bancos y de los grandes magnates del ladrillo, mediante medidas que pretenden vender ante la clase trabajadora, especialmente entre el sector de la juventud, como la panacea de todos los problemas generados por la especulación. Y claro, como vienen elecciones, hay que vestir todo el asunto como un “giro social”.
Así, el Gobierno acaba de anunciar a bombo y platillo una plan que, según Zapatero, hará “que la vivienda deje de ser un problema para convertirse en un derecho”. Pero sus medidas son un calco del fracasado “plan de choque” de 2004 de la ministra Trujillo. La medida principal prometida ahora por la ministra Chacón es una subvención mensual de 210 euros, durante cuatro años, para jóvenes entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros anuales (el plan anterior, aún vigente, marca 240 euros, para ciudadanos/as menores de 35 años). La diferencia principal es que ahora la subvención la gestionará el Gobierno y no las Autonomías. La otra gran medida prevista son desgravaciones fiscales de los alquileres para aquellos que ganen menos de 24.000 euros.
A los propietarios se les van a ofrecer garantías de cobro y agilizar los desahucios con juzgados especiales. Los constructores y promotores no van a ser menos y serán beneficiados con desgravaciones y ayudas directas.
Pero, frente a la actual demagogia, el ministro Solbes fue claro en marzo de 2006, cuando declaró que toda la experiencia anterior señalaba que “la subvención al inquilino [y lo mismo ocurre para las ayudas directas, añadimos nosotros] se traslada al incremento de precios (…) tiene muy poco impacto y, al final, lo que sirve es para aumentar los precios”. Y es que el gran objetivo del plan no es bajar los precios o atacar los privilegios de los especuladores sino mantener su negocio. Lo mismo puede decirse del Pacto catalán por la Vivienda, aprobado a capricho de los promotores y constructores. Y también es el caso del proyecto de la Junta de Andalucía -elogiado por los representantes financieros y de las empresas de la construcción- que habla de construir 700.000 viviendas nuevas…cuando hay 630.000 desocupadas.
¡El 6 de octubre, todos/as a la calle por una vivienda digna!
El próximo 6 de Octubre, con las movilizaciones a escala estatal, se presenta una buena oportunidad para que la juventud trabajadora se ponga en vanguardia de la movilización para denunciar el fraude electoralista del Gobierno y para decir basta a los continuos abusos de las empresas constructoras, inmobiliarias y financieras, que hacen de la especulación y la usura un arte para robar a la clase trabajadora y negarle uno de sus derechos más elementales. Exijamos:
- La inmediata congelación de las hipotecas que ahogan a la clase trabajadora, y su posterior reducción a cargo de los bancos, que se han forrado y se forran a nuestra costa.
- Los pisos y casas que no estén habitados por una causa claramente justificada deben ser puestas inmediatamente y por ley a disposición de la población demandante de vivienda. ¡¡¡Estamos hablando nada menos que de tres millones de viviendas vacías!!! Su alquiler no debe superar el 25% del salario.
- La creación de un parque público de viviendas de alquiler, con los alquileres igualmente limitados al 25% del salario.
* A Luchar por el Socialismo.- A Luchar por el Socialismo es una publicación mensual del PRT – Izquierda Revolucionaria, sección oficial en el Estado Español de la Liga Internacional de los Trabajadores (IV – Internacional)
* Rebelión - 04-10-2007
El sábado, manifestaciones por la vivienda digna
GLOCALIA* : El Colectivo “VdeVivienda” reiteró que el próximo 6 de octubre, a las 7 de la tarde (6 en Madrid), miles de ciudadanos volverán a manifestarse en las principales ciudades de España, para reclamar la creación de un verdadero parque público de viviendas en alquiler a un precio realmente social, dando uso a los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en este país. “VdeVivienda” recuerda que luego de las anteriores manifestaciones, “lejos de ser escuchados por los poderes públicos, éstos solo nos han respondido con el silencio, o peor aún, con una brutal represión de un movimiento ciudadano completamente pacífico”.
“Pero ahora el panorama ha cambiado por la cercanía de las elecciones generales, y como por arte de magia, esos que antes reprimían a los que exigían una vivienda digna se han convertido precisamente en los garantes de este derecho. Sin ningún tipo de vergüenza, los políticos se han lanzado a una desenfrenada subasta de medidas electoralistas y populistas, y lo que es peor, contraproducentes, ya que todos estos incentivos y ayudas siempre acaban en el bolsillo de los especuladores”, agrega el colectivo.
En las manifestaciones “todos gritaremos, unidos como un único cuerpo, nuestra consigna principal, el ‘No vas a tener casa en la puta vida’, para expresar que ya estamos hartos de subvenciones y migajas y dejar claro que lo que queremos es que se garanticen nuestros derechos”, afirma.
Para “VdeVivienda” los políticos “han participado de forma destacada en el gran banquete de la corrupción urbanística de los últimos años. La factura de esta desvergüenza la hemos pagado entre todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos sido víctimas de un saqueo generalizado”.
“No es posible confiar en que la clase política solucione el problema, pues ha sido generado en gran parte por ella. Sólo conquistaremos el derecho a la vivienda digna si decidimos salir a la calle y obligamos a los poderes públicos a obedecer la voluntad del pueblo”, asegura el Colectivo.
Finalmente, proclama que “la defensa de tus derechos es tu responsabilidad, no puedes permanecer sentado mientras desde el poder se te engaña por un lado y se te ajusta un poco más la soga al cuello por otro. Si no te levantas tú, otros te arrodillarán”.
* Glocalia - España - 03/10/07
Foto: manifestación Vivienda Digna
La zona del Levante acumula el 60% de las investigaciones urbanísticas en Almería
ELPAÍS* : La Fiscalía de Almería ha tramitado 78 diligencias relacionadas con temas urbanísticos y de ordenación del territorio en lo que va de año. De ellas, 12 han sido archivadas y 29 enviadas a los juzgados correspondientes. La zona del Levante acumula más del 60% de los casos investigados con los municipios de Huércal-Overa, Zurgena o Albox a la cabeza. Sólo Partaloa, un pueblo de la comarca levantina de no más de 500 vecinos, ha recibido dos avisos de Obras Públicas por dos licencias suelo no urbanizable. El alcalde anuncia que no contestará a la Junta.
De las 78 diligencias abiertas en lo que va de año, la Fiscalía entiende que unas 29 contienen hechos que pueden ser constitutivos de delito y otras 16 están en trámite de investigación. La Fiscalía también ha pedido la adopción de 21 medidas cautelares relacionadas con estos expediente, tales como la paralización y el precinto de obras o la prohibición de suministro de luz por parte de las compañías eléctricas. Entre estos delitos relacionados con la ordenación del territorio también computa la construcción de invernaderos. El juzgado territorial de Huércal-Overa acumula más del 60% de las diligencias cursadas, según la Fiscalía.
Un ejemplo de lo está sucediendo en la comarca del Levante lo constituye Partaloa, un municipio de 500 habitantes que cuenta ya casi con el mismo número de vecinos británicos censados (400). Su alcalde, Alejandro López Martínez, elegido en las pasadas elecciones de mayo por el Grupo Independiente por Almería (Gial), reconoce haber recibido dos escritos de Obras Públicas por dos licencias de obras concedidas por el anterior edil socialista. "La Junta nos ha denunciado por haber dado esas licencias en suelo no urbanizable. Fue una decisión del anterior alcalde. Se trata de dos promociones pequeñas, una de 30 viviendas unifamiliares y otra de 13. La Junta nos dijo que teníamos que revisarlo pero no lo hemos hecho por el coste que supone. La mayoría de las viviendas están a medias y otras, terminadas. ¡Como para indemnizar eso! Ni siquiera le hemos contestado a la Junta porque nuestros asesores así nos lo han recomendado", reconoció ayer el primer edil.
Asociados a estos delitos de ordenación del territorio van aparejados, en muchos de los casos, los delitos de prevaricación administrativa por licencias dadas "indebidamente" o delitos de falsificación de documentos.
El año pasado la Fiscalía de Almería incoó 118 diligencias de las que sólo dos tuvieron que ver con cuestiones medioambientales. De todas ellas, 79 fueron archivadas (49 de ellas porque el juzgado correspondiente ya estaba actuando y no cabe llevar una doble investigación) y otras 15 quedaron en trámite al finalizar el año. Finalmente, se presentaron 27 denuncias.
Uno de los casos que se archivaron por no existir indicio de comisión de delito fue el de la construcción del hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras. mería, Juan Bautista Parra.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 03/10/2007
Foto: Albox (Almería), zona viviendas ilegales - teleprensa.net
La especulación urbanística deja de ser rentable
PRNOTICIAS* : La crisis inmobiliaria llega a todos los sectores y ahora es el turno de los particulares. Si vender un piso de segunda mano empieza a convertirse en una tarea imposible, los dueños de viviendas nuevas empiezan a impacientarse: llega la hora de firmar hipotecas y todavía no han hecho ‘negocio’. Quienes hace dos años pensaron comprar un piso sin construir para venderlo antes de firmar una hipoteca, no preveían que el ‘chollo’ de la especulación podía llegar a su fin. Ahora deben pagar facturas mientras los intereses no dejan de crecer.
¿Quién podía pensar que en dos años la construcción dejaría de ser la inversión más segura en España? Quienes tenían un dinero ahorrado decidieron invertirlo en el ladrillo que no dejaba de subir y se vendía rápidamente. Ahora la burbuja se desinfla más rápido de lo esperado y los propietarios a los que les van a entregar las llaves que no tienen intenciones de vivir en el inmueble, se les viene el mundo encima.
En sus planes no entraba pagar una hipoteca quizá superior a 300.000 euros, con los intereses por las nubes y sin posibilidad de vender el piso a corto plazo. Un problema en el que se ven inmersos numerosos propietarios que pretendían hacer negocio con la vivienda. Quienes dispongan de una economía más desahogada aguantarán el tirón pero aquellos que invirtieron todos sus ahorros para que les crecieran en un par de años, están ahora embarcados hasta las cejas.
Las webs se inundan de anuncios donde se ofrecen casas sin estrenar, lo que hace que suba la oferta y por tanto el precio de los inmuebles se estanque. A muchos el tiro les ha salido por la culata y ni siquiera podrán ganar unos euros con el piso. Y es que para deshacerse de él rápidamente deberán venderlo por el mismo dinero que lo ofertaba la empresa constructora hace meses.
Entidades financieras consultadas por PRNoticias han afirmado que las previsiones no son muy buenas y a la morosidad acumulada en los últimos meses se sumarán más retrasos en los pagos de aquí en adelante. Augurios que retienen la inversión, paralizan el mercado e influirán en la economía y el paro.
Por el momento, tal y como ha informado nuestra Redacción en varias ocasiones, los despidos comienzan a ser una tónica habitual en inmobiliarias y empresas de construcción. Uno de los pilares de la economía española se viene abajo y a corto plazo no parece que vaya a llegar otro que lo sustituya.
* PR Noticias - 03/10/2007
El alcalde de San Miguel, imputado por un convenio urbanístico
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ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de San Miguel de Salinas, Ángel Sáez, del PP, declara hoy, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 3 de Torrevieja por supuestas irregularidades en la firma de un convenio urbanístico en el Ayuntamiento y la promotora VillaMartín. El acuerdo entre el Consistorio y la mercantil incluía el adelanto de 3 millones de euros por parte del promotor al Ayuntamiento para la ejecución de unas obras de conducción de agua potable a las urbanizaciones del plan parcial Blue Lagoon a cambio de la cesión urbanística del 10% de un futuro plan parcial que la empresa tiene previsto desarrollar en el municipio. El grupo popular apoyó el acuerdo pese al informe en contra de los técnicos municipales.
El acuerdo del pleno, adoptado el pasado mes de abril, fue trasladado por la asociación de vecinos San Arcángel al juzgado por considerar que encerraba un posible trato de favor a la mercantil. Según el colectivo vecinal, la promotora del proyecto para la conducción de agua potable a la urbanización Blue Lagoon fue la urbanizadora VillaMartín, la misma firma con la que el grupo municipal del PP acordó el convenio urbanístico. El juez apreció indicio de delitos y abrió una investigación.
Por su parte, el alcalde de San Miguel de Salinas, a través de una nota oficial, descarta cualquier irregularidad en la firma del convenio. En el comunicado, el primer edil recuerda que el pleno del pasado mes de abril aprobó una moción que le autorizaba a convenir con esa promotora una serie de obras públicas. "Llevamos aquella moción al pleno para que todo el pueblo tuviera conocimiento de los pasos que dábamos para solucionar una situación irregular heredada de gobiernos anteriores, pero legalmente no es posible, por lo que aquellas negociaciones no tienen validez. Se frenaron de inmediato, y, por supuesto, no hay convenio legal ni aportaciones compensatorias de la mercantil al Ayuntamiento", señala Sáez en el comunicado.
* ELPAIS.com - Alicante - 03/10/2007
Foto: San Miguel de Salinas (Alicante), ayuntamiento - san-miguel-de-salinas.com
Muñoz vuelve a Marbella para declarar en relación a las irregularidades urbanísticas
MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido trasladado a los juzgados de la ciudad para declarar como imputado en cinco de los veintisiete procedimientos en los que se desglosó una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas anomalías en convenios urbanísticos. Muñoz, procedente de la prisión de Jaén, fue conducido por la Guardia Civil hasta las dependencias judiciales marbellíes, adonde llegó minutos antes de las 10:00 horas. Ésta es la primera salida de prisión de Muñoz tras pagar el pasado 24 de septiembre la fianza de 50.000 euros fijada por el juez del "Caso Malaya" para su puesta en libertad.
El ex alcalde, que se encontraba en prisión preventiva desde julio de 2006 por la citada causa contra la corrupción municipal en Marbella, permanece en prisión tras abonar la fianza ya que pesan sobre él dos condenas de un año cada una por causas urbanísticas y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios.
Además de Muñoz, también comparecerán por cinco de las diligencias en las que se desglosó la querella de la Fiscalía Anticorrupción los ex concejales del Ayuntamiento marbellí José Luis Fernández Garrosa, María Luisa Alcalá, Javier Lendínez, Rafael González y Alberto García.
También deberá declarar ante la titular del juzgado de Instrucción número 1, Carmen Rodríguez Medel, la que fuera asesora jurídica de Urbanismo en el Consistorio Raquel Escobar, que comparecerá como imputada por cuatro de las cinco diligencias.
La Fiscalía presentó en junio de 2006 una querella por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra Julián Muñoz, Juan Antonio Roca y el tasador José Mora, a quienes atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos. Esa querella se desglosó en veintisiete procedimientos, en varios de los cuales la juez ha imputado también a ex concejales de distintas corporaciones municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL) y empresarios y promotores que supuestamente se habrían beneficiado de las citadas irregularidades urbanísticas.
El texto establece que Muñoz y Roca aparecen como "artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles del Ayuntamiento a precios muy inferiores a los del mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio".
El Ministerio Público cifra el perjuicio patrimonial a las arcas municipales en 136 millones de euros y atribuye a Muñoz los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, a Roca los mismos delitos a título de colaborador y también a Mora, "al menos, a título de cómplice". Ésta y otra querella presentada por Anticorrupción en julio de 2006 contra Muñoz y el abogado José María del Nido responden a las diligencias iniciadas en enero de 2005 después de que el Tribunal de Cuentas observase "indicios de responsabilidad penal" en el proyecto de informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades participadas en los años 2000-2001.
* Málaga Hoy - Efe. MARBELLA - 3 de Octubre de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Abren una vía de escalada contra el urbanismo salvaje en la costa
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ELPAÍS/Asturias* : Dos escaladores de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), abrieron este fin de semana, en los acantilados de la costa de Llanes, la vía de escalada "La Talá Ilegal", para protestar contra el urbanismo salvaje y en concreto contra el proyecto de urbanización costera de La Talá.
La ruta se abrió en el símbolo más emblemático del paraje de La Talá, la Punta de Jarri, un espectacular acantilado, de unos 50 metros de altura, completamente vertical que protege una pequeña playa salvaje.
Los autores de esta espectacular escalada reivindicativa han sido Domingo Goñi Tirapu, secretario de la agrupación AVALL de 59 años y su hijo Joseba Goñi Uribeetxebarria de 29.
La agrupación vecinal recuerda a la opinión pública que la zona de La Talá fue adquirida por dos promotores, García Poveda y Goizueta a principios de los años 90 en 305 millones de pesetas. Más tarde la propiedad fue vendida en 750 millones de pesetas al conocido indiano Juan Antonio Pérez Simón, propietario principal de la Promotora PASTA, la cual vendió La Talá recientemente a una sociedad formada por Nozar y el Grupo Masaveu en unos 36 millones de euros.
En la actualidad se está llevando acabo la construcción de una urbanización de más de 500 viviendas. A pesar de la férrea lucha ciudadana contra la construcción en este lugar, reconocido por instituciones del calibre de Seo Bird Life International como lugar de alto valor ecológico, sede de multitud de aves migratorias y refugio del halcón peregrino.
* ELPAIS.com -YoPeriodista - ANTONIO RODRÍGUEZ - Llanes - 03/10/2007
Foto: Vista de La Talá - AVALL - ELPAIS.com
Un estudio alerta del exceso de ocupación de suelo en Madrid
MADRIDIARIO* : El principal problema ambiental de la Comunidad de Madrid es el "auge constructivo" que se produce en la región, donde entre 1991 y 2001 se levantaron 550.000 nuevas viviendas, un parque inmobiliario que podría dar cobijo a una población superior a la que actualmente alberga la ciudad de Valencia. El estudio 'Estructura Económica de Madrid' pone de manifiesto que el problema "más serio" que sufre la comunidad es la ocupación del suelo, especialmente en la zona norte de la región, donde la construcción de viviendas y ocupación de terrenos comunales municipales por instalaciones variadas "sugiere muchas reservas".
El informe destaca que el 46 por ciento de la superficie de la región se califica como suelo urbano o urbanizable y subraya que el aumento de la población y la mejora del nivel de vida han propiciado una "fuerte tendencia" a urbanizar, aumentando la creación de áreas de primera y segunda residencia, así como el precio de la vivienda, que se ha visto incrementado en 1.600 y 1.700 euros por metro cuadrado en los últimos cinco años.
"La construcción no sólo determina una ocupación de suelo sino, sobre todo, un incremento considerable del consumo de recursos asociado al mantenimiento de viviendas y a su progresiva dispersión geográfica", consideran los autores.
Además, especifican que las carreteras, los ferrocarriles y las líneas eléctricas son elementos "cada vez más característicos" de los paisajes madrileños y constituyen "una red artificial superpuesta" a la trama natural del territorio.
El estudio también advierte de que es "urgente" valorar ambientalmente estos escenarios para poder predecir las posibles consecuencias ambientales.
* Madridiario - 30-09-2007 - MDO/EP
Foto: Juan Luis Jaén - madridiario.es
Sampaio se vuelve Fuenteovejuna para evitar el derribo de una casa
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ELCORREOGALLEGO/Vigo* : Fue la peor noche. La de la angustiosa espera a la piqueta judicial, con la compañía de cientos de vecinos, de Manuel Dasilva y Charo Amorín que, como ellos, no están dispuestos a que se derribe su vivienda mientras exista la esperanza de agotar los ya consumidos plazos judiciales para esperar a que se apruebe el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo y legalizar la construcción denunciada por una vecina.
En medio de la tensión colectiva, la parroquia viguesa de Sampaio se travistió ayer de Fuenteovejuna consiguiendo, primero, sellar con coches todos los accesos a la vivienda y, después, que funcionara la consigna por la que más de 300 vecinos impidieron a la concejala de Urbanismo y a técnicos de la gerencia acceder a la casa de la familia Dasilva.
Frustrados los primeros intentos, porque la comitiva urbanística fue rodeada por cientos de personas que gritaban a coro "manos arriba, esto es un atraco", "justicia sí, derribo no", o "siempre vais a por los pobres", obligándoles a retroceder lejos de la vivienda, los dos agentes de la Policía Local desplazados hasta Sampaio levantaron acta de la situación por la que resultaba imposible cumplir con la orden de derribo.
Dasilva asegura ser consciente de que aunque ayer se ganó "una pequeña batalla" la guerra está por librar y que el próximo intento para cumplir una sentencia que no entiende "será más duro".
Emocionado por el apoyo demostrado por sus vecinos, "porque sin ellos no estaríamos aquí", insiste en que "lucharé por mi vivienda hasta el final".
Pocas horas después de que los vecinos frustrasen el primer intento de derribo, el magistrado comunicó al abogado de Manuel Dasilva que se admitía su recurso de súplica manteniendo en pie la medida del derribo.
La familia Dasilva cree que la propuesta del alcalde de realojarles en un piso de propiedad municipal "tiene truco", e insisten en que su objetivo es seguir viviendo en la casa en que nació Charo hace 39 años y donde han vivido desde que se casaron.
En medio de la protesta vecinal el alcalde Abel Caballero expresó la "extrañeza social" de "tener que " ejecutar la sentencia mientras están pendientes otras de grandes edificios que están a la espera de que se apruebe definitivamente el PXOM.
EL DATO
Movilización Los vecinos de Sampaio van a solicitar una entrevista con el magistrado del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia para explicarle la situación de la familia Dasilva. Si reciben una negativa al encuentro están dispuestos a acampar ante la sede judicial. Además, vigilan permanentemente el entorno de la casa .
* El Correo Gallego - M.G. • VIGO - 03.10.2007
Foto: Sampaio (Vigo) - elcorreogallego.es
Un 75% de los españoles vive en entornos urbanos con alta contaminación ambiental
EFE* : El informe "Calidad del aire en las ciudades: clave de sostenibilidad urbana" asegura que el 75 por ciento de los españoles vive en entornos urbanos sometidos a altos niveles de contaminación ambiental, la cual reduce la esperanza de vida entre varios meses y dos años en función de la zona. Según el estudio, presentado hoy en Madrid por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), la calidad del aire dista mucho de ser satisfactoria, sobre todo en Madrid, la comunidad con mayor número de municipios que superan la concentración límite anual establecida para las partículas contaminantes.
En el otro extremo se encuentran Palma de Mallorca, Cartagena y Pamplona, las ciudades españolas con más de 100.000 habitantes que tienen el aire más limpio.
En el acto de presentación organizado por el Observatorio, organismo impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, estuvo presente la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El incremento del transporte privado y de la actividad industrial ha conllevado que se sobrepasen los valores límite de las principales partículas contaminantes en muchas ciudades. A pesar de que en términos absolutos el aire haya mejorado gracias a una reglamentación más estricta, la salida de industrias de las ciudades y la disminución de SO2, los valores límite establecidos son "continuamente sobrepasados" y se mantienen los valores altos de forma continuada.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, aseguró que es necesario un "enorme esfuerzo" del conjunto de las Administraciones Públicas para disminuir esta contaminación, así como comprensión pública y valentía política. Con datos referidos a 2005, el informe indica que las partículas contaminantes muy finas (por debajo de las 2,5 micras), las "más peligrosas, han aumentado como consecuencia del uso de motores diesel, lo que representa un importante impacto en la salud.
Las partículas finas (menores de 10 micras) muestran una ligera tendencia a la disminución gracias a un mayor control de los procesos de combustión en las ciudades y a que ha habido un cambio de combustibles en detrimento del carbón y a favor del gas natural. Sin embargo, Córdoba, Almería, Jaén, Albacete, Santa Cruz y las madrileñas Leganés, Getafe, Torrejón de Ardoz, Alcorcón y Alcalá de Henares superan el valor límite de concentración media anual -y el 21,7 por ciento de los municipios-.
La tendencia de crecimiento de concentración de ozono es "preocupante" y además las condiciones climáticas del país favorecen su formación en las capas bajas de la atmósfera. Las ciudades que superan la concentración permitida son Málaga, Sevilla, Jerez de la Frontera, Badajoz, Huelva, Leganés, Dos Hermanas, Granada, Logroño, Fuenlabrada, Jaén, Valladolid, Burgos, Albacete, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
También aumenta la concentración de NO2 y son 13 las ciudades que sobrepasan el límite establecido para la normativa de 2010: Córdoba, Zaragoza, Sabadell, Fuenlabrada, Santa Coloma, Leganés, Alcobendas, Badalona, Barcelona, Valencia, Getafe, Madrid y Alcorcón. Cada año, España dedica 16.839 millones de euros a hacer frente a los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica, una cifra que podría aumentar hasta 45.838 millones de euros, según los cálculos realizados por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE).
El informe explica que entre un 1,7 y un 4,7 por ciento del PIB español -lo que supone entre 413 y 1.125 euros por habitante y año- se invierte en gestionar la contaminación atmosférica y sus efectos. El OSE explica que la estrategia europea para reducir la contaminación ambiental costará más de 7.000 millones de euros al año a partir de 2020, sin embargo, el ahorro en costes por mejoras en la salud será de 42.000 millones -seis veces más que el gasto- y se evitarán 140.000 muertes prematuras por la exposición a estos contaminantes.
* La Vanguardia - 02/10/2007
Foto: Madrid es una de las ciudades más contaminadas - EFE
Lorca, en bancarrota por convenios firmados por un ex alcalde socialista
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ELPAÍS* : Si el Ayuntamiento de Lorca (Murcia) fuera una empresa, estaría en bancarrota. Por eso su nuevo alcalde, Francisco Jódar, del PP, ha pedido por escrito al Gobierno murciano que acuda en su ayuda: la falta de dinero líquido en el Consistorio amenaza con impedir el pago de las nóminas. El origen del problema está en la recalificación masiva de suelo aprobada por el anterior alcalde, del PSOE, el año pasado: el municipio (80.000 habitantes) autorizó la construcción de 140.000 viviendas en varias fases y recibió de las inmobiliarias, en concepto de adelanto, 23 millones de euros. Pero el desarrollo de los convenios está paralizado, y las empresas reclaman ahora la devolución del dinero.
El 27 de febrero de 2006 el entonces alcalde de Lorca, el socialista Miguel Navarro, se las prometía muy felices: el pleno municipal aprobó ese día los tres primeros convenios urbanísticos de una tanda de 17 firmada por Navarro con empresas constructoras. Se daba así el pistoletazo de salida a 35.000 de las 140.000 nuevas viviendas previstas en el municipio, que tiene 80.000 habitantes y mucho suelo todavía libre. Navarro llegó a enfrentarse con su propio partido, el PSOE murciano, que se oponía a las reclasificaciones masivas de terrenos.
Un año antes de la recalificación, el Ayuntamiento recibió de los constructores y promotores urbanísticos 23 millones de euros (el 40% del total a percibir por permitir la edificación). Pero para levantar todos esos pisos no bastaba con la autorización del pleno municipal: ésta debía ser ratificada por el Gobierno regional de Murcia. Y ahí es donde se torció todo: los escándalos protagonizados en la pasada legislatura por el Ejecutivo murciano de Ramón Luis Valcárcel (PP) -con sucesivas crisis de Gobierno, consejeros y directores generales pasándose a la empresa privada y hasta cinco altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente imputados por presunta corrupción urbanística- han terminado por paralizar los planes de crecimiento de Lorca.
La crisis la ha heredado el nuevo alcalde, Francisco Jódar, que teme no disponer del dinero suficiente para afrontar su mandato de cuatro años si se ve obligado a devolver los 23 millones adelantados por los constructores.
La situación se ha vuelto tan insostenible que Jódar presentó el pasado viernes al Gobierno murciano un informe sobre la situación financiera de Lorca, para apoyar su petición de que, ante la falta de liquidez del Ayuntamiento, le sea adelantada una parte de su asignación de los presupuestos autonómicos para 2008. El alcalde afirma que el informe le fue solicitado por las consejerías de Presidencia y Hacienda después de mantener con los responsables de ambos departamentos varias reuniones.
Jódar pretende así "paliar la difícil situación económica por la que atraviesan las arcas municipales" mediante la firma de una adenda al convenio singular que la Comunidad Autónoma tiene suscrito con el Ayuntamiento de Lorca. Esa adenda, dice el alcalde, servirá para obtener "una colaboración económica del Gobierno regional". "Lo necesitamos para finalizar el presente ejercicio", subraya.
Jódar también departió con los consejeros sobre la situación administrativa de los 17 convenios urbanísticos a cuyos expedientes tiene que dar luz verde el Gobierno regional en el primer trimestre de 2008. "Necesitamos sacarlos adelante, la situación financiera del Ayuntamiento depende en gran parte de ellos", dice. Si la tramitación no culmina en ese plazo, el Consistorio se verá obligado a devolver los 23 millones de euros que recibió.
El problema es que la paralización es casi absoluta en la actual Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, cuyos miembros han accedido al departamento tras la salida de varios altos cargos que en la pasada legislatura fueron imputados por la polémica reclasificación de la finca La Zerrichera. Con ese precedente, ningún funcionario firma nada, sobre todo si hay cerca una zona protegida.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 02/10/2007
Foto: Lorca (Murcia) - lorca.es
Caso Porto-Villanueva de la Cañada
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : El anuncio de la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Enrique Porto (ex-Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid), Luis Partida (Alcalde de Villanueva de la Cañada) y técnicos del ayuntamiento villanovense por presuntas prácticas corruptas e irregularidades urbanísticas en la tramitación del Plan Parcial del Sector I de Villanueva de la Cañada es una muestra de cómo y porqué se produce el urbanismo desaforado en Villanueva de la Cañada y, por extensión, en la Comunidad de Madrid.
Según apunta la denuncia de la Fiscalía, el interés crematístico personal, la connivencia política, el desprecio a las leyes y al medio ambiente y el servilismo parecen haberse aunado para dar lugar a que se aprueben planes urbanísticos y se recalifiquen unos terrenos que nunca se debían haber recalificado. Entre ellos superficies declaradas monte preservado por ley de la Comunidad de Madrid.
Desgraciadamente esta práctica no es exclusiva del Sector I de Villanueva de la Cañada, sino que afecta al conjunto del Plan General de este municipio y está extendida como un cáncer en otros municipios de Madrid.
La recalificación de montes preservados, incluso de terrenos del propio Parque Regional del Guadarrama también se ha hecho en otros sectores de Villanueva de la Cañada, como el Sector III “ El Castillo” y en otros planes, como el Plan Especial de la Vía de Ronda del mismo municipio.
Hay que destacar que por estos hechos Ecologistas en Acción ya presentó en febrero de 2005 denuncia en los juzgados de Móstoles contra los mismos que ahora son imputados por la Fiscalía. Si bien la denuncia permanece estancada en unos tribunales que hasta ahora no se han preocupado demasiado por investigar unos hechos gravísimos.
Evidentemente hay que mostrar satisfacción por que la denuncia de la Fiscalía progrese, pero resulta descorazonador que los planes urbanísticos en Villanueva de la Cañada sigan avanzando a pesar de que las irregularidades llevan denunciándose por ecologistas y vecinos desde hace tres años.
Ecologistas en Acción ve ahora en la denuncia de la Fiscalía la oportunidad de pedir responsabilidades por los daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio y por las irregularidades cometidas, en las que, no lo olvidemos, también están implicados otros altos responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que o bien no han cumplido con su obligación de defender los montes preservados o bien han permitido que avanzaran planes plagados de irregularidades.
Al objeto de que en la causa abierta a instancias de la Fiscalía se diriman también los delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial, Ecologistas en Acción va a pedir la personación en la causa. Entre otras cuestiones Ecologistas en Acción entiende que bien la Fiscalía, bien los Tribunales o bien la propia Comunidad de Madrid deben paralizar el desarrollo del Plan General de Villanueva de la Cañada, adoptando medidas cautelares que impidan la afección de los proyectos urbanísticos a los montes preservados y al Parque Regional del Guadarrama y reclamando fianzas más cuantiosas a los encausados para hacer frente también a la reposición de los perjuicios medioambientales.
Datos sobre la situación urbanística en Villanueva de la Cañada
En estos momentos Villanueva de la Cañada está sufriendo una notable transformación urbanística. El Plan actual prevé construir 6.600 viviendas de las que una parte ya están levantándose. En el Sector II se están construyendo 1.600 viviendas, en el Sector I (Los Pocillos) se proyectan 3.000 más y en el Sector III (El Castillo) otras 1.300.
Además, el avance del nuevo Plan prevé recalificar más de 1.000 hectáreas de terreno para construir 8.190 viviendas más en 10 años. Una aberración que llevará a consumir todo el suelo apto del municipio en muy breve plazo de tiempo.
A ello se suma el crecimiento de infraestructuras, la duplicación de la M-503 y la nueva Vía de Ronda que está eliminando zonas verdes y afectando al Parque Regional del Guadarrama.
Actualmente Villanueva de la Cañada dispone de unas 6000 viviendas, pero cerca de una cuarta parte están vacías, la prueba de que la especulación y los intereses económicos campan a sus anchas en el municipio.
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid, 2 de octubre
Foto: Villanueva de la Cañada (Madrid), ayuntamiento - ayto-villacanada.es
Terra Mítica llegó a pagar cuatro veces más a una empresa que a otra por la misma obra
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ELPAÍS/Alicante* : Terra Mítica llegó a pagar por la misma obra cuatro veces más a una empresa que a otra. Así lo asume, sin explicar por qué, Miguel Navarro, que fue su director general de 1999 a 2001, el periodo de su construcción. La entrada de Paramount en el parque temático de Benidorm significó la salida de Navarro, uno de los 32 imputados en la causa por fraude fiscal, estafa, falsificación de documento público y alteración contable que afecta a Terra Mítica y a una veintena de empresas.
Navarro declaró ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia el 26 de junio de 2006. EL PAÍS ha tenido acceso a su declaración.
A preguntas de la fiscal, Miguel Navarro explicó que los sobrecostes del parque obedecían a que en la construcción de Terra Mítica se empleó el sistema de fast track, en el que se ejecutan las obras a medida que se van haciendo los proyectos. La fiscal le mostró cheques y facturas que no pasaron por la comisión ejecutiva ni por el consejo de administración.
Fiscal. (...) ¿Recuerda haber autorizado la realización de determinadas obras sin que pasasen por la comisión ejecutiva?
Miguel Navarro. No, pero es que, veamos. Una cosa son las contrataciones de las obras importantes que tenían un proceso normal y otra cosa es la propia dinámica de ejecución de la obra, que requería tomar decisiones inmediatas, que no las tomaba yo, que las podía tomar o la dirección facultativa o sugerirlas el director técnico o el director de contratación.
F. ¿Había contratos verbales que nunca se llegaban a documentar para esas obras menores?
M. N. Lo que había es lo que se llamaban órdenes de cambios y variación. A ver, ahí surgieron muchísimas contingencias, imprevistos, incidencias, relativas a lo que es este proceso de ejecución de un parque gigantesco, un millón de metros cuadrados, en un periodo de un año y medio, en el que intervinieron más de 124 contratistas (...).
F. Es a título anecdótico, no voy a sacar todas las facturas que constan en las actuaciones. En el punto primero de esta factura se hace constar: metro cúbico de suministro, transporte y extendido de tierra vegetal desde acopio situado a menos de dos kilómetros hasta lugar definitivo incluido extendido refinado en taludes, precio 3.478 pesetas. La factura que le he dicho que le enseñaran de Delta Agrícola, en el segundo concepto pone lo mismo, pero a 897 pesetas. ¿Esto no se controlaba por el parque, que los precios se ajustasen a lo que era precio de mercado?
M. N. Lógicamente, para eso estaban los controles de cada departamento.
F. ¿Quién tenía que haber controlado esto?
M. N. Depende de las circunstancias, desde el departamento técnico, la división de contratación y de servicios generales.
F. En este caso en concreto que le he enseñado, es cuatro veces lo que se paga a Delta Agrícola. A Altos del Carrichal se le paga por precio unitario cuatro veces más de lo que se está facturando por Delta Agrícola. ¿Esto sería competencia del departamento técnico o de contratación?
Javier Boix. (Abogado de Navarro). El ministerio fiscal dice que los conceptos son lo mismo pero no es cierto porque en una dice taludes y en otra parterres. Coincide la cantidad pero a lo mejor a fin distinto y a zonas distintas.
F. El trabajo que se ha realizado es el mismo. Da igual que sea en un campo que...
J. B. Pero puede ser en dos zonas distintas, y por tanto son dos trabajos distintos. El ministerio fiscal había dicho que literalmente dice lo mismo y no es así.
F. La pregunta es, ¿de quién sería competencia comprobar estos desvíos o estos desajustes?
M. N. De los departamentos que venimos comentando. Yo no puedo hacer ninguna valoración en relación con los precios porque es que no tengo ni idea.
F. Pero no me dice qué departamentos son.
M. N. El departamento técnico y la división de contratación y servicios generales.
F. ¿Ha firmado usted ese cheque?
M. N. Sí.
F. ¿La otra firma?
M. N. Es el director financiero, sí.
F. (Le muestra otro documento). Aquí tenemos lo mismo, metro cúbico suministro y extendido de tierra vegetal, que es idéntica a la de antes, el trabajo se realiza en parterres. El precio es a 3.086 cuando se paga a Delta Agrícola 897 pesetas.
M. N. Pero yo no he visto las facturas, no está mi firma.
F. Pero sí en los cheques, y usted ha dicho antes que siempre se le pasaban a la firma la factura y el cheque.
M. N. Sí.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 02/10/2007
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
Vivienda y mercado sacrosanto
CARLOS TAIBO* : A menudo sucede que lo más evidente e importante nos pasa inadvertido. En España, y desde hace un buen número de años, se hace valer un gigantesco proceso de transferencia de recursos que, desde las capas bajas y medias de la población, tiene por beneficiario fundamental a un puñado de grandes empresas constructoras. El alquiler y la adquisición de viviendas generan cada mes sumas astronómicas que, por lo común, pasan a manos de unos pocos, sin que sea sencillo apreciar beneficios obvios para la mayoría de los ciudadanos. Mucho me gustaría poder calibrar en qué medida el fenómeno que tenemos entre manos ha ido generando poco a poco una sociedad cada vez menos igualitaria, circunstancia a buen seguro medio ocultada por el vigor ingente de la economía informal, particularmente poderosa en el ámbito que nos ocupa.
A casi nadie se le escapa que la gallina de los huevos de oro ha beneficiado también, y notablemente, a la banca. Hace no mucho escuchaba en labios de un colega el relato de un fenómeno de sobra conocido que retrata cabalmente el papel de aquélla: una pareja joven que reúna, de la mano de dos sueldos de miseria, 1.500 euros mensuales inmediatamente podrá comprobar cómo con ese punto de partida sobran los bancos dispuestos a conceder un crédito hipotecario por valor equivalente a las sumas millonarias que reclama la compra de un piso. La ilusión óptica que sugiere que esas dos personas se convierten ipso facto en propietarios se ve contrarrestada, claro es, con la certificación de que quedan atadas de por vida al pago del crédito de marras. Semejante servidumbre genera al poco un comportamiento laboral de franca sumisión –a ver quién es el listo que asume una contestación en el trabajo que puede dar al traste con tan suculento proyecto inmobiliario—, un creciente conservadurismo político —va con lo anterior— y, aunque a menudo se olvide, una vida sentimental marcada también por el inexorable deber de preservar contra viento y marea la pareja primigenia. Y todo sin que, al menos hasta ahora, haya motivos para concluir que los bancos asumen riesgos mayores: en el caso, poco probable, de que la pareja de la que hablamos deje de pagar lo que le corresponde, ahí está el piso como garantía de que el banco se resarce de buena manera.
Hora es ésta de subrayar que, salvo medidas de tono menor e ineficacia manifiesta, los poderes públicos poco o nada han hecho para garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Todo lo han fiado, antes bien, a que el mercado, con su mano invisible, resolviera problemas y disfunciones. La certificación, fácil, de que no ha sido así en modo alguno ha generado, por lo demás, medidas correctoras en un escenario en el que —no nos engañemos— a la postre se han movido por caminos similares socialistas y populares, embaucados a menudo, por cierto, en lamentables fórmulas de financiación de los presupuestos municipales.
En este marco, la medida, recientemente introducida por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que se propone proporcionar una ayuda de 210 euros por vivienda para facilitar que los jóvenes accedan al alquiler se antoja más de lo mismo. Dejaré de lado ahora la polémica inevitable que suscita el hecho de que el tope superior de ingresos postulado para permitir el beneficio de esas ayudas parece manifiestamente alto, lo que al cabo –como sucederá, por cierto, cuando se aplique el ambicioso programa de acceso a la vivienda orquestado por la Junta de Andalucía— acabará por beneficiar en muchos casos a quienes no están más necesitados. Mayor relieve me parece que corresponde a la evidencia de que las ayudas que me ocupan en modo alguno atienden al que sería legítimo objetivo de poner freno a la usura que inspira tantos comportamientos en este terreno: no vaya a ser, una vez más, que las sacrosantas reglas del mercado se vean alteradas. Recuerde el lector que, las cosas como se proponen, los precios de los alquileres permanecerán incólumes, y ello cuando no subirán en virtud de las imposiciones de los arrendatarios, por lógica dispuestos a sacar tajada también de las ayudas gubernamentales.
Que la mayoría de los ciudadanos, presa de una vorágine descontrolada, no se percate de todo lo anterior es triste. Queda el consuelo de pensar, eso sí, que el patético ejemplo que está dando en las últimas semanas la economía norteamericana de la mano de las turbulencias financieras y la radical preponderancia de la especulación más descarnada acabe por abrirnos lo ojos. Porque los de nuestros gobernantes, siempre remisos en los hechos, y pese a alas apariencias, a intervenir con coraje cuando tienen que hacerlo, hay que dar por descontado que seguirán cerrados.
* Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.
* Diario Rojo y Negro - 1ro de octubre de 2007
