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D.Narváez.- El País/Málaga* : "Un juez de Coín (Málaga) ha imputado cinco delitos urbanísticos al alcalde de Tolox, el independiente Juan Vera, por autorizar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, y uno contra la administración pública por no tomar medidas para reestablecer la legalidad. En cuatro casos el propio alcalde vendió las parcelas en las que se construyeron las casas, que segregó de una finca de su propiedad, la Loma del Esparragal, lo que contraviene la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El juez, que abrió diligencias en marzo de 2005 por una denuncia de la Fiscalía, ha dictado un auto para que continúe la instrucción por el procedimiento abreviado y mantiene imputadas a otras 18 personas.
El Ministerio Público remitió entonces al juzgado de Coín siete casos de construcciones de viviendas unifamiliares con piscina en suelo no urbanizable que habían sido autorizadas por el Ayuntamiento de Tolox, pese a que en la mayoría de los casos la licencia otorgada era para una casa de labor o para la supuesta ampliación de alguna construcción de este tipo ya existente.
Los informes periciales han constado que el alcalde sabía que en realidad no se iba a construir una casa de aperos, sino una vivienda, porque además no existe ninguna explotación agrícola o ganadera que lo justificara. Y en los casos de las reformas, los peritos y las ortofotos han comprobado que no existía construcción previa. Al menos en dos casos, la concesión de la licencia contaba con informe jurídico desfavorable de la secretaria municipal.
El juez ha encontrado indicios para imputar en cinco casos un presunto delito contra la ordenación del territorio a Juan Vera, en otro una prevaricación porque la licencia se otorgó en 2001, cuando aún no era alcalde, pero no tomó medidas para impedir la construcción ilegal cuando, según su propietario, "se veía desde los balcones del Ayuntamiento", y en un séptimo no mantiene imputación porque la licencia municipal era igualmente anterior.
Juan Vera accedió a la alcaldía en 2003 como candidato del PA, que este año le dio de baja, por lo que formó un grupo independiente con el que volvió a ganar las elecciones del pasado mayo. Vera ya está imputado en anteriores casos por dar licencias para urbanizaciones en suelo no urbanizable.
En uno de los casos en los que el propio Vera vendió la parcela, dio licencia para un almacén de aperos de una planta, pero en realidad se emprendió la construcción de una vivienda de 100 metros cuadrados con dos pisos. Según el juez, nunca se acreditó la necesidad del almacén porque no existe explotación en la finca, y además, la compradora ha declarado que la obra se encargó "para subir con los hijos y los nietos los fines de semana". El juez concluye que Vera "conocía la intención de construir una vivienda, y no una casa de aperos, pese a lo cual concedió la pertinente licencia de obras". La ejecución del proyecto se encargó a la arquitecta Noelia Peña, que figura como autora de otras cuatro de las viviendas ilegales, por lo que el juez le imputa cinco presuntos delitos urbanísticos.
En tres casos está también imputada la promotora Isaura Serón Martín, que según el juez mantiene una "estrecha relación con el alcalde" y que intervino en la construcción de tres viviendas, una para ella y otras dos en las fincas vendidas por Juan Vera.
* ELPAIS.com - Málaga - 22/07/2007
Foto: Tolox (Málaga) /J.Rojas, ELPAIS.com
Un juez imputa cinco delitos urbanísticos al alcalde de Tolox
Tarragona se une para salvar la playa Llarga del cemento
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F.Gerhard/ElPeriódico* : "Más de 2.000 personas formaron ayer una cadena humana en la playa Llarga de Tarragona para denunciar el proyecto de paseo marítimo, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que consideran una agresión a uno de los pocos tramos del litoral libre de la presencia de cemento. Bajo un cielo encapotado que amenazaba lluvia, prácticamente se logró cubrir los tres kilómetros de playa, lo que fue calificado de "éxito" por la plataforma Salvem la Platja Llarga, organizadora del acto.
Lola Paniagua, su portavoz, explicó que el cambio en el gobierno municipal, ahora regido por PSC y ERC, que se impusieron a CiU y PP en las pasadas elecciones locales, "no garantiza que se retire el proyecto". "Socialistas y republicanos solo nos han dicho que podrían estudiar alguna modificación", explica.
Paniagua ha avanzado que se encargará a un equipo de especialistas la redacción de una propuesta alternativa que respete la playa, que permita reforzar la vegetación autóctona, que contemple corredores naturales para la fauna y que elimine cualquier posibilidad de urbanizar el litoral. "En septiembre ya la tendremos lista", aseguró.
REVUELTA
Toni Bara, del grupo ecologista Gepec, destacó el sentido de "revuelta social" que denotaba la acción reivindicativa, sobre todo cuando en Tarragona "es muy difícil movilizar a la gente". El Gepec defiende que la playa Llarga se incluya en una gran área de protección medioambiental que abarcaría toda la desembocadura del río Gaià, territorio amenazado por la cada vez mayor presión inmobiliaria.
El paseo aprobado por el Ministerio, presupuestado en 6,6 millones de euros, medirá 2,7 kilómetros. En el primer tramo se diseña un espacio para peatones, mientras que en el otro extremo, junto al paraje protegido del bosque de la Marquesa, se reduce la intervención. Habrá también un carril bici, pavimentación de piedra y una pasarela de madera. Se habilitará un aparcamiento para 360 vehículos para concentrar los coches en un único lugar y evitar un impacto negativo sobre la playa.
La mayoría de usuarios de la Llarga son contrarios al proyecto. Anna, una bañista habitual, pide "que la dejen como está". La plataforma ha recibido miles de adhesiones, algunas del extranjero. Franck Lesteven, un francés que acude a Tarragona con la familia desde hace 30 años, comenta que "la playa es magnífica y todo el mundo la ama, por eso hay que defenderla".
* El Periódico - Tarragona - 22/7/2007
Foto: Cadena humana contra la construcción del paseo marítimo en la playa Llarga de Tarragona, ayer /Joan Puig (El Periódico)
La república independiente de los 'okupas'
R.Cuevas.- El País/Madrid* : "Los problemas urbanísticos e inmobiliarios tienen muchos ángulos y diferentes respuestas. El movimiento okupa, inmerso en un intenso debate en Madrid, ha decidido dar un viraje "social". Una decisión que ha hecho que, pese al goteo continuo de desalojos, el fenómeno sea estable e incluso crezca, aunque lejos del de Barcelona. Con la creación de una Oficina de la Okupación y la instauración de un centro en un viejo colegio de la calle del Acuerdo, aumenta el desafío a las autoridades. Mientras, un grupo de desarraigados se cuela por las rendijas en viejas casas derruidas por el Ivima y un racimo de resistentes se aferra a sus viviendas en los históricos poblados de absorción chabolista del franquismo.
El pasado mes de marzo, el Centro Social Seco ponía fin a su largo historial okupa. Tenía los días contados. Bajo el lema "Nos movemos para quedarnos", uno de los centros con más solera de la capital abandonaba su sede en un antiguo colegio de Retiro, para trasladarse a un edificio cercano alquilado al Ayuntamiento. Allí, las pancartas lucirían otra misiva: "Nos quedamos para movernos". Se abría un nuevo capítulo en la marcha de sus actividades, y se cerraba otro en la trayectoria de la okupación en Madrid.
En los últimos 16 años, el centro venía acogiendo a gran parte de los colectivos de la zona, un área marginal de casas bajas cercanas al Puente de Vallecas con escasas alternativas de ocio y la riqueza potencial de su solar para construir nuevas viviendas. La aprobación de un plan urbanístico y el pésimo estado de conservación de la escuela desembocaron en siete años de encuentros y desencuentros con el Ayuntamiento para pedir el realojo.
La nueva nave acoge hoy a una decena de colectivos, integrados por un centenar de miembros, con proyectos sobre inmigración, educación, vivienda, ecología o software libre. "Somos los primeros okupas que han luchado por su desalojo", asegura, contra todo pronóstico, José Luis Fernández Kois, sociólogo de 28 años y miembro de Seco, centro devenido en modelo de fusión vecinal con autogestión.
Desde que el fenómeno de la okupación hiciera aparición en España, a mediados de los ochenta, cientos de inmuebles inutilizados han sido habilitados y posteriormente desalojados, muchos de ellos con sus correspondientes capítulos de incidentes. Otros, como Seco, La Escuela Popular de Prosperidad o la asociación feminista La Eskalera Karakola, han ido regulando a la fuerza, y de forma pacífica, su situación con el fin de dar estabilidad a sus programas de actuación. El grueso de la okupación en Madrid se traduce en apenas una decena de centros sociales dispersos por la ciudad (además de un número indeterminado de casas vacías de las cerca de 300.000 en la Comunidad, según el INE).
A diferencia de ciudades como Barcelona, cuyo tejido la sitúa como referente en Europa, el fenómeno en Madrid carece de una Asamblea de Okupas, a modo de ente coordinador. Cada centro social es un mundo independiente en el que se desarrollan proyectos "de transformación social", ligados a causas ecologistas, antiglobalización, pacifistas, antisexistas, feministas, antifascistas... Pero también vecinales, urbanísticas, laborales, educacionales, artísticas. Su efectividad real, en algunos casos, es difícil de sopesar. Casi tanto como el número de colectivos afines que se dan citan en ellos: una multitudinaria, heterogénea y activa red que encuentra en Internet su principal herramienta, y que justifica la razón de ser de estos lugares de participación. Sus fines son distintos; su nexo, común: legitimar la okupación, considerada un delito de "usurpación" desde la última reforma del Código Penal, en 1995.
Los centros okupados en Madrid no se usan como vivienda, tan sólo esporádicamente para dormir. Eufemísticamente se han dado en llamar "espacios liberados" de la gestión pública, al margen de las instituciones. Nacen y crecen bajo denominaciones como CSOA (Centro Social Okupado Autogestionado), y se desarrollan mediante la autogestión, basada en la aportación económica de los asistentes a sus eventos (fiestas, conciertos...).
Se organizan en asambleas, donde sopesan las propuestas por consenso. El prototipo del punki okupa de los ochenta deviene con los tiempos en un nuevo perfil: joven urbanita de entre 20 y 35 años, con trabajo o estudios universitarios, de nivel social medio y un afán por considerar la okupación una herramienta alternativa y necesaria para cambiar la sociedad. Causas como la globalización o la guerra de Irak, que en los últimos años fueron motores de organizaciones sociales, el fenómeno se entiende hoy, más que nunca, ligado al encarecimiento de la vivienda. También, a la supuesta falta de espacios que cumplan demandas personales: desde la puesta en práctica de actos políticos o iniciativas sociales a fumar o beber alcohol. "Los fenómenos especulativos se han llevado por delante centros de reunión a golpe de excavadora. El modelo de urbanismo impide lugares de encuentro", cuenta Ramón Fernández, informático de 28 años y miembro de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna. Creada hace algo más de un año, el pasado marzo concurría en manifestaciones por todo el país. Entre ellos, una representación squatter [okupa].
La Alarma, en Embajadores, es uno de estos centros, autodenominado "político". Su estratégica ubicación y frenética actividad lo han convertido en referente en los últimos meses. Se trata de un antiguo centro comercial encajado entre edificios de viviendas que espera su inminente desalojo. Pancartas como "No podrán desalojar nuestras ideas" o "Las casas okupadas, los centros sociales y la lucha resisten" desafían desde la fachada que da a la calle de Bernardino Obregón, entre graffitis de guerrilleros del EZLN.
Estos días multiplicaba su actividad con conciertos, una marcha y la emisión de un comunicado en llamamiento a la "solidaridad y a la defensa los espacios liberados". "Esta orden es una más dentro de la campaña represiva en Madrid durante estos últimos meses", detalla el escrito.
La secuela del histórico El Labo
Revueltas, disturbios, detenciones, despliegues policiales... La historia okupa no se ha escrito, precisamente, con letra pequeña. En Madrid, desalojos de centros como Pacisa, Minuesa, La Guindalera o el primer Laboratorio (en 1998) serían dignos de un documental de acción. Este último, conocido como El Labo, hizo honor al lema okupa ("Un desalojo, otra okupación") en su máxima acepción. Durante seis años, entre 1997 y 2003, rondó por edificios de Lavapiés, reapareciendo en cuatro localizaciones distintas.
La reforma del Código Penal, llevada a cabo con el Gobierno socialista en 1995, pasaba a considerar la okupación un delito de "usurpación", con multas de tres a seis meses. Un año después, el PP endurece las actuaciones policiales, lo que conduce al sucesivo cierre de centros y edificios de viviendas. Entre ellos, los de El Laboratorio. En 2001, el desalojo de El Laboratorio 02, tras dos años y medio en activo, dividió a la clase política y artística. También a sus dos herederos.
Algo parecido ocurrió con el cine Princesa de Barcelona, en 1996. Ambos centros simbolizaron parte del "dinamismo contracultural" propio del movimiento okupa", un término recogido en el libro ¿Dónde están las llaves?, elaborado en 2004 por un grupo de investigadores que analiza el fenómeno en España. Jaume Asens, experto en okupación, presta en él especial atención a Madrid, País Vasco y Cataluña.
De las cenizas de El Labo surgió hace tres años El Solar, en Lavapiés, barrio emblemático del movimiento. Es un terreno sin edificar, conocido como Labo en el exilio. Ha despertado el interés de cientos de compromisarios con la causa social.
Junto a la plaza, queda oculto tras un muro. "Lo que rodea a la okupación es una experiencia fragmentada. Por ahora, no quiere dejar de serlo", asegura Carlos Vidania. Ciertamente, de puertas afuera, el mundo okupa resulta hermético, impreciso, desdibujado como una radiografía. Una foto difusa a la que le cuesta cobrar definición.
* ELPAIS.com - Madrid - 22/07/2007
Foto: Madrid 2006, okupacion_antiguo_cine_Bogart /EFE (El País)
La fiscalía envía al juez un plan de urbanización de Torredembarra
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F.Gerhard.- ElPeriódico* : "El juzgado de instrucción número 3 de Tarragona ha incoado diligencias previas en relación a la aprobación del proyecto inmobiliario Muntanyans 2 en Torredembarra. La Fiscalía de Tarragona, tras un año de investigaciones, ha llegado a la conclusión de que podrían existir indicios de delito y ha remitido el expediente abierto en el 2006 al juzgado para que decida si ordena la celebración de un juicio o lo archiva. Fuentes judiciales han explicado que las irregularidades están relacionadas con la posible inundabilidad de los terrenos que deben albergar 550 viviendas y en anomalías en la tramitación de la revisión, en el 2002, del plan de ordenación urbana municipal (POUM) que validó el proyecto.
Manuel Jiménez (PSC), actual alcalde de Torredembarra, era concejal de Hacienda cuando sucedieron los hechos, mientras que Josep Bargalló (ERC), exconseller de la Generalitat y actual presidente del Institut Ramon Llull, ejercía de concejal de Urbanismo.
Jiménez no quiso ayer efectuar declaraciones. Bargalló se mostró "muy tranquilo" y aseguró que "el plan parcial de los Muntanyans era anterior a la revisión del POUM que se ejecutó con todos los informes favorables de las administraciones competentes". El republicano agregó que "determinadas objeciones, como algunas de Renfe, se solucionaron y se incorporaron al texto".
INTERÉS NATURAL
Silvestre Morros, exmilitante de ERC y miembro de la plataforma Salvem Els Muntanyans que denunció las presuntas ilegalidades a la fiscalía, reiteró que "se trata de un caso de corrupción que afecta no solo al ayuntamiento de Torredembarra, sino que también salpica a los responsables provinciales de Costas que ignoraron un informe del propio Ministerio de Medio Ambiente que recomendaba salvar este tramo del litoral por su interés natural". Bargalló explicó que el informe era un estudio que Medio Ambiente encomendó a una consultora y que nunca se planteó llevar a la práctica. "La prueba es que el POUM vió luz verde con el dictamen favorable del Gobierno", dijo.
* El Periódico - Tarragona - 21/7/2007
Foto: Torredembarra (Tarragona) /mma.es
Fiscalía solicita la cárcel para el ex alcalde de Gerb por un pelotazo urbanístico
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A.L.Congostrina.- La Mañana/Lleida* : "El Ministerio Fiscal solicita una pena de un año y seis meses de prisión, una multa de 12.000 euros e inhabiliatación especial para empleo o cargo público durante once años y seis meses para Jacinto Tribó Solans, Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Gerb, tras considerarlo autor de un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias contrarias a la normativa y por haber, presuntamente, cometido actividades prohibidas por una autoridad pública como él.
El Ministerio Fiscal fundamenta la su acusación siguiendo cronológicamente varios hechos, siempre teniendo en cuenta que el acusado, Jacinto Tribó, era presidente de Gerb entre 1997 y 2000. El 17 de octubre de 1997 el pleno de la entidad municipal, presidido por el acusado, aprobó la propuesta y el contenido de un convenio entre el núcleo y los propietarios de unas parcelas para “el desarrollo del Plan Parcial número 1 de las futuras Normas Subsidiarias del Planteamiento Urbanístico del territorio de Gerb” facultando a Tribó para que “suscribiese y tramitase la documentación correspondiente”. Según la fiscalía, el acusado conocía que las citadas parcelas estaban calificadas como “suelo no urbanizable”.
El 29 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Os de Balaguer aprobó el convenio.
Cronológicamente, el 18 de noviembre, Tribó constituye Proms-Kidalman, una promotora-constructora, de la cual es administrador único.
El 2 de junio de 1998, el pleno de Gerb aprueba por unanimidad y concede la licencia de urbanización a la empresa de Tribó para la construcción de siete viviendas unifamiliares adosadas en las parcelas antes mencionadas. En el citado pleno interviene, según Fiscalía, y vota a favor el acusado, sin abstenerse, “pese a tener interés directo...Asimismo, la licencia fue otorgada conociendo que era concedida por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia” ya que este tipo de licencias deben ser otorgadas en exclusiva por los Ayuntamientos, y en concreto, por el Alcalde y por lo tanto no por el Presidente de una Entidad Municipal Descentralizada.
Según Fiscalía, el 1 de julio de 1998, el pleno de Gerb autorizó a Proms-Kidalman, la promotora-constructora del acusado, a la segregación de siete parcelas. El acuerdo volvió a adoptarse por “unanimidad y con la intervención del acusado”. Según el Ministerio Público para que “se pueda conceder una licencia de segregación - parcelación debe haberse aprobado previamente un Plan General, un Plan Especial para suelo urbano, un Plan Parcial para suelo urbanizable estableciendo que en el suelo no urbanizable no se pueden realizar ni autorizar parcelaciones urbanísticas. Un día después Tribó, siempre según el fiscal, compareció ante notario para segregar la finca antes detallada en siete porciones, declarar la obra nueva sobre las finca sobre la que pretendía construir siete viviendas unifamiliares y “dividir en régimen de propiedad horizontal las dos fincas”.
Tras tener conocimiento del inicio de urbanización de las fincas, el Jefe del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat en Lleida se puso en contacto con el Alcalde de Os de Balaguer, el 17 de julio de 1998 para asegurar que la “construcción de los edificios se estaba llevando a cabo en suelo no urbanizable”. El dos de setiembre de 1999 se efectuó una inspección a las fincas y los controladores observaron que las obras estaban en fase de ejecución. El 5 de junio de 2000 el Jefe del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo puso en conocimiento del Director que uno de los edificios ya estaba terminado y que, el colindante estaba en fase de ejecución. Además el TSJC declaró nulas las licencias por vulnerar la ley.
Jacinto Tribó Solans ha sido el Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Gerb hasta el pasado 27 de mayo.
* La Mañana - 2007-07-20
Foto: Gerb (Lleida) /ccnoguera.cat
El “pelotazo” urbanístico del estadio Calderón
RAFAEL HALCÓN* : "La noticia del posible derribo y la recalificación de los terrenos del estadio Calderón del Atlético de Madrid, hecha pública ayer en el diario El País de manera sospechosamente “neutral y beatífica”, y en la que estarían directamente implicados el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, anuncia un debate político y mediático de envergadura porque huele que apesta a “superpelotazo” de la construcción, en un terreno que, previamente, ha sido reordenado por la ciclópea y espectacular obra de la M-30, revalorizando ostentosamente una recalificación que va a beneficiar, esencialmente, a la familia de Jesús Gil, propietaria de más del 50% del Atlético de Madrid, y al empresario y presidente del club, Enrique Cerezo (persona próxima a Esperanza y segundo accionista del Atlético), así como a otros empresarios de la construcción como Fernando Martín, que además tiene otros intereses urbanísticos (mucho suelo, se dice) en la Comunidad de Madrid.
Y a no perder de vista a posibles intermediarios de renombre, entre los que, al parecer, figuran los nombres de Fernando Fernández Tapias (Fefé) y Lalo Azcona (amigos de Gallardón), y próximos a otro de los promotores del grupo Andria, Marc Rich, como el de Pedro Pérez (se dice que ahora asesorando a Martinsa), y veremos si también Pedro Antonio Martín Marín, los dos notorios amigotes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Persona que seguramente ha tenido algo que ver, desde el Gobierno de la Comunidad, con la llamada “operación Alcorcón” sobre la ciudad deportiva del Atlético de Madrid y sus terrenos adyacentes, donde también han merodeado los hoy propietarios del Atlético.
Los últimos de la fila, que se van a quedar a dos velas, perdiendo el emblemático estadio, serán los socios e hinchas del Atlético de Madrid, los vecinos de la capital de España —que perderían también sus derechos sobre el estadio de la Peineta— y todos esos miles de madrileños que no van a beneficiarse de esa operación con 1.000 viviendas protegidas, como debe ser el caso si se aprobara el objetivo de las 1.600 que ahora pregonan los promotores, como haciéndonos a todos un favor.
Cuando lo normal es que siga ahí el estadio, que Gil y Cerezo devuelvan el control del club —que están hundiendo, en deudas y malos resultados— a los socios, y que una vez que estos malos y sospechosos gestores abandonen la entidad, se replantee, si llega el caso, semejante operación que huele a gran pelotazo nacional.
Operación en nada comparable a la recalificación que en su día se hizo de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, porque allí, para empezar, los que resultaron beneficiados fueron los socios y la afición del club, y no como ocurre con el Atlético de Madrid, en el que el gran beneficiario del pelotazo será la familia de del desaparecido Jesús Gil, el primer responsable del gran escándalo de la mayor corrupción de España, el caso de Marbella y la “operación Malaya”. La familia de Jesús Gil, con Miguel Ángel Gil Marín a la cabeza, pilota la operación, después de haber ejercido él toda clase de presiones sobre el Ayuntamiento de Madrid —en el registro oficial de la Casa Consistorial entró, no hace mucho, una carta del tal Gil Marín en tonos conminatorios y sospechosos, para intentar acelerar la recalificación antes de las pasadas elecciones municipales, un riesgo que el alcalde Gallardón no quiso correr—.
Y que ahora debería volver a calibrar en vísperas de las elecciones generales, de ahí la seria preocupación que, sobre este tema, invade a la dirección del Partido Popular —como lo ha sabido ESTRELLA DIGITAL de fuentes solventes—, donde se temen un cartel del PSOE y de IU donde se diga, sin reparos y con razón: “El PP le regala el gran pelotazo del Calderón a la familia de Jesús Gil”. Lo que, unido a las últimas denuncias de Miguel Sebastián —que fueron por el camino soez de la vida personal del alcalde y se convirtieron en bumerán contra el denunciador—, ahora sería munición suficiente para calentar el debate sobre la corrupción en campaña electoral.
De ello, en la sede del PSOE han empezado a estudiar el caso, y en IU tanto Ángel Pérez —que ya ha hecho públicas preguntas este asunto— como Inés Sabanés están reuniendo información para intentar controlar lo que, a muy simple vista, se presenta como un escándalo urbanístico en el corazón de la capital.
De ahí las prisas recientes de unos y otros por aprobar todo esto lo antes posible, aprovechando el vacío y la casi “nocturnidad” política y mediática del verano. A ver si se cuela por las buenas, aunque el alcalde dijo ayer —veremos si es verdad— que no hay nada decidido, y que hay dos meses de por medio para estudiar la petición de recalificación. Aunque lo que no puede decir Gallardón es que todo es para beneficiar al pueblo de Madrid, porque los beneficiarios son precisamente otros. Y esperamos que algo más, porque Gil y Cerezo se hicieron con el control de la propiedad del club Atlético de Madrid gracias a una operación fraudulenta (sobre la que parece que hizo la vista gorda Cortés Elvira, veraneante marbellí), y en la que entraron de por medio los tribunales para analizar “un mete y saca de dinero”, que luego contó con ayuda del beneficio de la prescripción, que eliminaba la responsabilidad penal pero no la moral. Y qué decir si además miramos a la familia de Gil en Marbella, y a todos los procesos en los que también ha estado inmerso Miguel Ángel Gil Marín.
Y esta pregunta —quid prodest— de a quién beneficia sólo tiene una clara respuesta: a los hoy propietarios del club —pero no del Estadio Calderón, que fue comprado con el esfuerzo de los socios y del propio Calderón— y a los promotores y amigotes del poder político. Y todo ello completado con el hecho, nada desdeñable, de la reforma de la M-30, en la que no estaba ni mucho menos prevista ni incluida la liquidación del estadio Calderón por más que lo estuviera in pectore, de más de uno. Y no digamos la otra parte del “cuento de la buena pipa” que nos ha contado El País, que incluye la cesión al Atlético de Madrid (¡a los Gil y Cerezo!), por permuta, alquiler o lo que sea del estadio de la Peineta, que es de la Ciudad de Madrid, que era de la Comunidad, y se permutó con el Palacio de los Deportes —donde habita el fantasma de Martín Marín— para que en su día se pudiera incluir en el proyecto del Madrid Olímpico (que va a regresar).
Un estadio con sólo un aforo de 20.000 personas, lejano de la hinchada del Atlético que vive cerca del Calderón. O las pretensiones de los promotores de recibir mucha más edificabilidad de la que recibió el Real Madrid, la eliminación de una escuela y la escasez de suelo verde. Y todo ello para construir 1.600 pisos, según el tercer proyecto presentado por la banda del Calderón que el diario El País, con calculada inocencia, presenta como “la más aceptable”. Lo que sería así si mil de esas nuevas viviendas, como poco, fueran de protección oficial, hubiera grandes zonas verdes y dos colegios nuevos en vez de uno. Y sobre todo si, además de esto, el resto de los beneficios del pelotazo inmobiliario, con las bendiciones políticas del PP, fuera a parar a una fundación o un fondo con control del Ayuntamiento para garantizar que esos dineros reviertan sobre los socios minoritarios (a los que Cerezo y Gil les está ahora pasando el cazo por causa de la ruina del club) y la afición del Atlético de Madrid, a los que estos dos deberían devolver la titularidad del club. A los verdaderos socios y la afición del Atlético, a los que Gil y Cerezo ponen de pantalla para justificar la operación del pelotazo, haciendo unas falsas comparaciones impropias con el caso de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que redundó en beneficio del club blanco y de sus socios, de la afición y del pueblo de Madrid, aunque también es cierto que hubo negocio inmobiliario, pero en condiciones inferiores a las que ahora pretenden los dueños del club, que no son los socios ni la afición. De manera que se cuiden pronto y bien el alcalde Gallardón —no vaya a estropear la obra magnífica de la M-30 dando alas a sus adversarios interiores y exteriores— y la presidenta Aguirre, porque algo huele a podrido en la operación del estadio Calderón.
Y que pongan a muy buen recaudo el estadio público de la Peineta, y sometan cualquier decisión sobre todo ello a una plena transparencia y la inspección y fiscalización de cualquier iniciativa al respecto, que, desde luego, no puede ser la que pretenden los promotores del Atlético de Madrid. Los que ahora dicen que no han hecho presiones al respecto —que se haga pública la carta de M. A. Gil Marín al Ayuntamiento—, cuando lo que sabemos es que no ha dejado de hacerlas, en compañía de Cerezo, un habitual merodeador de negocios, licencias televisivas y toda clase contratos en torno a la Comunidad de Madrid.
Y vamos a ver qué nos dice de todo esto el señor Rajoy, que, seguramente, es lo que le faltaba después de la fuga de Matas y de la dimisión de Piqué, en vísperas de las elecciones generales y cuando nos había anunciado que iba a romper los moldes del PP. Para empezar, por lo que se ve, con la tarta del estadio Calderón. Y vamos a ver qué hace la oposición del PSOE y de IU en defensa de la ciudad de Madrid y de los que son verdaderos socios del Atlético de Madrid. Porque todo apunta a que, si se salen con la suya los Gil y Cerezo, y sus promotores inmobiliarios y conseguidores políticos, al final, hecho el negocio y arrinconado el equipo en la pequeña Peineta, le darán un pase al club con un ahí os quedáis, que es lo que puede pasar si todo esto sigue adelante, y se aprueba a toda velocidad para festejar este verano en aguas de Cerdeña la gran operación que no se atrevieron a hacer en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, y que ahora unos listos la quieren acelerar.
* Estrella Digital - 20 - 07 - 2007
Mérida: Una paella de 7.000 euros
P.Cabecera.- elPeriódicoExtremadura* : "Hasta ahora, una paella en un chiringuito de la playa se consideraba un sablazo para un bolsillo modesto. En Mérida no hay playa, pero por este plato típicamente mediterráneo se pueden llegar a pagar hasta 6.955 euros. Es lo que abonó la Gerencia Municipal de Urbanismo. Es decir, habría arroz para dar paella a 60.000 personas y aún sobraría 3.000 euros para marisco y pollo. Este suculento manjar no es el único que ha degustado este organismo, porque por otra comida para paladares exclusivos, una sopa de tomate, desembolsó casi 1.500 euros.
Son dos ejemplos de los gastos con los que se ha encontrado el equipo de gobierno por parte de este organismo (que tenía a Rafael Romero Camacho como gerente), que nada tienen que ver con la gastronomía, por lo que los nuevos dirigentes se muestran extrañados, además de por la elevada cuantía, por el hecho de que esas facturas las pagara una entidad que, se supone, gestionaba el urbanismo en Mérida.
Los datos los ha hecho público la delegada de Urbanismo, Estrella Gordillo, con las facturas pagadas por la gerencia en la mano. Pero estos desembolsos extraños por quién los pagaba y el importe no son los únicos que ha puesto sobre la mesa.
Equipo de baloncesto
Dos facturas de 55.000 euros cada una para sufragar una pista de hielo en la pasada Navidad, o el coste de 6.000 euros que abonó para un viaje del equipo de baloncesto Mérida Patrimonio de la Humanidad para disputar un partido; son otras cantidades denunciadas por Gordillo.
Además de estos gastos injustificados, según el ayuntamiento, por parte de la Gerencia de Urbanismo, tampoco entiende la concejala los 8.120 euros destinados en concepto de la promoción de la entidad en la emisora Radio Hornachos, localidad natal del exalcalde Pedro Acedo.
Estos son únicamente algunos gastos de esta entidad urbanística hechos públicos por quienes ahora están descubriendo los entresijos de la gerencia.
* El Periódico de Extremadura - 20/07/2007
Foto: Mérida, gerencia urbanismo /elperiodicoextremadura.com
Un alto cargo imputado en La Zerrichera será gerente de urbanismo de Lorca
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VegamediaPress/Murcia* : "El que fuera director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo en la pasada legislatura, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, será el nuevo gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, según ha podido saber esta redacción. El número dos de Bascuñana en la consejería de Obras Públicas está imputado en el caso de La Zerrichera por un presunto delito de prevaricación, falsificación de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho. Esta sorprendente decisión, que ha causado discrepancias en el seno del Partido Popular en Lorca, donde algunos han manifestado que es un error el nombramiento, fue aprobada ayer en un consejo de la gerencia de urbanismo del ayuntamiento de la ciudad del sol, y también en junta de gobierno.
Tan solo falta el trámite de pasar por el pleno del próximo lunes, que dará el visto bueno al nombramiento. A partir de ese momento, Guerrero será gerente de Urbanismo, en sustitución de Vicente Blasco.
Fuentes del PP local, señalaron a VMPress que se trata de "una imposición de Murcia por los servicios prestados", ya que esta persona no tiene ninguna vinculación con Lorca. Ni ha nacido en la población, ni vive allí. Hay preocupación por la imagen del consistorio, al incluir en su organigrama a uno de los imputados de uno de los mayores escándalos urbanísticos en la Región.
* VegamediaPress - 19/07/2007
Foto: La Zerrichera (Murcia) /ecologistasenaccion.org
El consejero grancanario de Medio Ambiente, imputado por prevaricación urbanística
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ABC/Las Palmas* : "Los anteriores miembros de la junta de gobierno local del municipio grancanario de Valleseco, pertenecientes al Partido Socialista, han sido citados a declarar el próximo lunes, 30 de julio, ante la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arucas. Los miembros de la anterior junta de gobierno de esta localidad del norte de Gran Canaria que han sido llamados a declarar y sobre los que pesa una imputación por un delito de prevaricación urbanística son el ex alcalde Juan Salvador León Ojeda (en la actualidad consejero de Medio Ambiente del Cabildo grancanario), Gregorio Quintana Vega, Norberto Arencibia Ojeda y María del Pilar Guerra Rivero. La aparejadora del Ayuntamiento también declarará por los mismos motivos.
Según dio a conocer ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado, este requerimiento se produce a raíz de una denuncia formulada el 2 de agosto de 2006 por cinco personas, entre ellas el concejal del Partido Popular y ahora tesorero municipal, Hermelindo Suárez Domínguez.
En las pasadas elecciones del 27 de mayo, el Partido Popular se hizo con seis escaños (uno más que el PSOE) y su candidato, Dámaso Alexis Arencibia, asumió la Alcaldía del municipio grancanario. Durante el último periodo de la anterior legislatura, la inestabilidad se había adueñado del Consistorio de Valleseco, después de que el ahora imputado Norberto Arencibia abandonase el grupo de gobierno y se integrase como único miembro entre los no adscritos.
Este nuevo caso de presunta corrupción urbanística se une a los destapados en los municipios grancanarios de Telde, Mogán y en la playa tinerfeña de Las Teresitas. Mientras que en el primero de los municipios se apartó del PP a los concejales imputados, en Mogán el popular Francisco González volvió a obtener mayoría absoluta en los comicios del 27 de mayo . En Las Teresitas, el escándalo afecta al alcalde, de Coalición Canaria, que en las elecciones perdió la mayoría absoluta, pero ahora gobierna con el apoyo del PP.
* ABC - 20 de julio de 2007
Foto: Valleseco (Gran Canaria) ayuntamiento /infonortedigital
La investigación ve "llamativos incrementos patrimoniales" en los imputados de Armilla
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J.Martín-Arroyo.- El País/Granada* : "La investigación de la Guardia Civil en el caso del centro comercial de Armilla ha detectado "incrementos patrimoniales inmobiliarios muy llamativos" en los imputados, entre los que figuran el ex alcalde José Antonio Morales y el ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate, del PSOE. Los agentes destacan que dichos incrementos "no concuerdan con los ingresos por trabajo y rendimientos del capital inmobiliario", además de señalar que algún imputado posee hasta 33 cuentas bancarias. Los agentes pretenden despejar la duda del delito de cohecho (soborno), que planea sobre los responsables que aprobaron la construcción del polémico y colosal centro comercial Parque Nevada en Armilla, junto a su famoso promotor, Tomás Olivo.
La unidad del Equipo de Patrimonio de la Guardia Civil indica en un oficio remitido al juez instructor del caso, Miguel Ángel del Arco, que existe un desfase entre los ingresos y el patrimonio de los imputados.
El PP exigió ayer la dimisión como consejero de Caja Granada de Morales, renuncia que éste ya había solicitado.
El ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate dimitió el pasado octubre tras salir a la luz su patrimonio, y a pesar de que argumentó que le había tocado la lotería, cesó en sus cargos como concejal y vicepresidente de la Diputación Provincial. Meses más tarde el PSOE evitó que Morales optara a la reelección como alcalde de Armilla en las pasadas elecciones municipales.
La investigación de la Policía Judicial en marcha destaca asimismo que la mayoría de los imputados tienen a su nombre "un número considerable" de cuentas con distintas entidades bancarias, cuyos movimientos deben ser aún desglosados. "En algunos casos se llegan a contabilizar unas 33 cuentas bancarias, las cuales como titular están compartidas por los principales imputados con familiares de su entorno", destaca el informe policial.
Familiares investigados
Un total de 25 familiares de los imputados en el caso están siendo investigados por Hacienda y la Seguridad Social a petición del juez, que quiere conocer sus situaciones contractuales y económicas. La familia más afectada por la investigación es la del ex concejal de Urbanismo, que ha visto cómo hasta cinco de sus miembros son investigados. También han sido afectados algunos familiares del ex alcalde y del promotor del colosal centro comercial, Tomás Olivo.
Ante las primeras conclusiones de los agentes, el magistrado Del Arco ha acordado en una providencia ordenar a 18 entidades bancarias y seis asociaciones que faciliten los datos de las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso, y solicitados por la Policía Judicial. Entre estas entidades figura Caja Granada, de cuyo Consejo de Administración forma parte el ex alcalde José Antonio Morales, y cuyas cuentas en dicha caja de ahorros serán escrutadas.
El ex alcalde se mostró ayer tranquilo respecto a la investigación patrimonial en marcha. "Me alegro porque quiero demostrarle al juez todo mi patrimonio", afirmó. A continuación, recalcó en un comunicado junto a Cañavate la transparencia que han brindado a la investigación: "En varias ocasiones ofrecimos a la Fiscalía del TSJA documentarle detalladamente la procedencia de nuestros patrimonios, sometiéndonos a las investigaciones que se creyeran oportunas".
Ambos ex cargos socialistas censuraron que la Policía Judicial haya cometido "errores de bulto". Entre los desaciertos que denuncian, Morales y Cañavate recuerdan que la gran mayoría de las 33 cuentas bancarias son de titularidad del Ayuntamiento de Armilla, por lo que Morales figura junto a la interventora y el secretario municipal al frente de dichas cuentas.
El Partido Popular exigió ayer la dimisión de Morales como consejero de Caja Granada, y amenazó con desvincularse del conocido como Pacto del Saray, que garantiza un reparto consensuado de los cargos directivos en la entidad bancaria granadina por parte de las fuerzas políticas. "Un señor corrupto debería abandonar inmediatamente los cargos que ocupa en Caja Granada, puesto que la entidad está viéndose ensuciada y vinculada al caso Nevada", denunció ayer el secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón.
Morales aclaró ayer que ya transmitió hace semanas al alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, su intención de abandonar el puesto como consejero que ostenta desde 2005, y que su dimisión iba a ser aprobada en el próximo pleno municipal. "No me voy porque lo diga el PP, sino porque estaba en representación del ayuntamiento, al frente del que ya no estoy", adujo.
Ayllón pidió de nuevo el cese del jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis de Haro, así como del subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, al entender que ambos actuaron "de forma sectaria" porque existieron escuchas telefónicas en el caso Alhendín que afecta al PP, y no en el caso de Armilla, municipio donde gobierna el PSOE.
A las supuestas irregularidades cometidas en la construcción del complejo, entre otras la invasión de zonas verdes y la puesta en peligro de la viabilidad de las obras del Metro, el Seprona ha añadido otra presunta infracción cometida por su colosal tamaño: Los agentes han detectado la invasión de la línea límite de edificación de la Autovía A-44, fijada en la normativa urbanística en vigor.
El polémico centro comercial, cuyas obras han sido suspendidas por el juez, está situado a las afueras de Granada y bordea la autovía de circunvalación de la ciudad. Al parecer demasiado cerca.
"Clamorosos indicios"
El juez instructor Miguel Ángel del Arco ha argumentado en sucesivos autos que la tramitación de los permisos urbanísticos concedidos en Armilla no ha sido precisamente ejemplar. "Desde su comienzo, son clamorosos los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. No han funcionado en lo más mínimo, ni han existido, los controles directos ante una obra realizada a vista, ciencia y paciencia", censuró con contundencia.
El magistrado imputó tanto a Morales como a Cañavate por prevaricación e infidelidad en la custodia de documento público, tras esfumarse un informe municipal contrario a las obras. Tras la investigación para determinar si ha existido soborno figura Tomás Olivo, multimillonario constructor de otros 57 centros comerciales, y que ya está imputado por dicho delito en el caso Malaya. Ambos políticos censuraron ayer las "manifestaciones gratuitas e infundadas" en el procedimiento instruido, y que constituyen "un juicio paralelo" que infringe su derecho al honor. Pero no todas las críticas hacia el magistrado Del Arco son veladas.
El catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo, abogado defensor de Olivo, expone en unas alegaciones: "¿Y cuál es ese entorno con el que hay que armonizar? No estamos hablando aquí de Doñana, sino de una zona no sólo totalmente urbana, sino además plagada de carreteras y autopistas. ¿Qué es lo que armonizaría mejor en un lugar así? ¿Acaso había un entorno más armónico antes, cuando lo que había en la parcela era un descampado?". El letrado sostiene que el juez se basa en "apreciaciones personales" para detener la construcción del colosal complejo.
* ELPAIS.com - Granada - 20/07/2007
Foto: Armilla (Granada) centro_comercial_Nevada /M.Zarza (ELPAIS.com)
Que el ritmo no pare, no pare, no...
Diego Sanz Paratcha* : "Ningún ministro recibió más atenciones que Carme Chacón tras la crisis de Gobierno escenificada por Zapatero a comienzos de mes. Chacón heredaba de la cesante Trujillo una cartera sin prestigio y sin competencias, pero su presentación contó con testigos ilustres: el presidente de la primera multinacional española, el patrono de los constructores madrileños y los máximos responsables de la inmobiliaria Fadesa y la constructora Sacyr escucharon en primera fila el discurso de la ministra sobre parejas con sueños rotos por la carestía de la vivienda.
El protocolo de este tipo de actos no tendría por qué incluir a César Alierta (Telefónica), José Manuel Galindo (Asprima), Fernando Martín (Fadesa) o Luis del Rivero (Sacyr), si no fuera porque las supuestas competencias del Ministerio de Vivienda afectan a un sector responsable de una quinta parte del crecimiento del PIB en la última década. Y con las señales de alarma encendidas por el ya evidente cambio de ciclo: 7% de caída en la compraventa de viviendas en 2006, morosidad disparada un 45% en el mes de marzo con respecto al mismo mes del año pasado, oleada de cierres de pequeñas inmobiliarias y franquicias, aumento del paro -un 4,6% en junio-, nueva Ley del Suelo y clima de desconfianza por la corrupción política asociada a los desarrollos urbanísticos.
“Una cosa es hablar del nivel al que han llegado los precios de las viviendas y otra ser proclive a que se construyan menos casas”. El diario ABC citaba así al presidente de la patronal de la construcción, Enrique Aldama, quien auguraba que comunidades y ayuntamientos mantendrán el tirón del sector en los próximos años, esta vez a través de la promoción de vivienda a precios más baratos que los del mercado. De lo contrario, Seopan prevé la destrucción de 200.000 empleos en la construcción ante la bajada de la demanda.
¿Toma el presidente de los constructores sus deseos por la realidad? Rodrigo Calvo, del colectivo Laboratorio Urbano de la Escuela de Arquitectura de Madrid, cree que no: “Sí es previsible que los gobiernos locales se pongan a promocionar vivienda protegida. Promotores y constructores tendrán que resignarse a menores márgenes de beneficio a cambio de que la actividad se mantenga”. Pero el territorio está ya saturado.
Un reciente informe de la consultora RR Acuña fijaba en un millón el exceso de oferta de vivienda en el Estado español. Además, las distintas administraciones se ven cada vez más vigiladas por la Unión Europea, que investiga los desarrollos urbanísticos urbanísticos en el Levante por su impacto en recursos como el agua. La doble agenda del Gobierno De hecho, la recién estrenada Ley del Suelo ha sido recibida con una ola de críticas en el sector. Promotoras e inmobiliarias dicen que la obligación de reserva de un 30% del suelo para vivienda protegida parará la actividad constructora pero no el auge de precios. La ley había creado pocas expectativas entre el incipiente movimiento por la vivienda digna, pero sí había sido vista con simpatía por los movimientos en defensa del territorio.
Esta percepción se ha esfumado al conocerse su contenido íntegro. En unas jornadas sobre urbanismo responsable organizadas en junio por su ministerio, la cesante María Antonia Trujillo se veía obligada a reconocer en privado que la norma, una simple ley de bases con disposiciones generales sobre derechos y deberes del sector, había tenido que contentar forzosamente a las constructoras y promotoras. Del lado de las políticas macroeconómicas, la labor del Gobierno y del PSOE sigue una doble agenda idéntica. Tras las deducciones por la compra de vivienda reintroducidas en la última reforma fiscal, la representante económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, reconocía en el Foro Nueva Economía el carácter injusto de la medida y anunciaba su sustitución por ayudas directas a quien no pueda pagarse una vivienda en el mercado libre. La nota de prensa de rectificación que tuvo que difundir esa misma tarde no daba explicaciones por semejante política de subvención encubierta al sector inmobiliario, sino que aclaraba que las deducciones fiscales sólo serían eliminadas cuando se hubiera parado el crecimiento de precios.
Con parecida lógica, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) proporciona desde hace casi dos años combustible financiero a la ingeniería civil, que representa ya más de un tercio de la actividad constructora en el Estado español. La construcción de más autovías o líneas de alta velocidad (6.000 y 10.000 km más respectivamente según el plan) se hará además con mecanismos de colaboración público- privada como el usado en la M- 30 madrileña, donde las constructoras han adelantado el dinero y las arcas municipales tendrán que devolverlo en un plazo de 35 años. Un artículo publicado en Financial Times daba fe de lo inevitable de estas políticas si el Estado español quiere mantenerse en la zona euro. El rotativo veía posible sortear o al menos reducir los efectos de la recesión dado el todavía escaso nivel de deuda pública con respecto al PIB y también por el fenómeno de la inmigración. Mientras, la prensa económica local considera llegada la hora de “cambiar de modelo” sin especificar si el borrón y cuenta nueva incluirá a las familias y administraciones endeudadas durante la fase expansiva del ciclo.
Astroc: desplome en la cresta del ladrillo
Ocurrió el 24 de abril. Ese día, considerado un ‘martes negro’ por la prensa económica, el sector inmobiliario llega en algunos momentos a caer en un 20%. El motivo: el efecto arrastre causado por el desplome de Astroc. La empresa, con apenas un año desde su salida a Bolsa, había llegado al segundo puesto de las inmobiliarias españolas en plena cresta del ladrillo, pero cayó un 61% en una semana. La historia de su presidente, Enrique Bañuelos, supone un símbolo del ciclo económico.
Pasó en tiempo récord a convertirse en la tercera fortuna española para luego quedar convertido en el súper rico más efímero en la lista de personas más ricas del mundo. Semejante tortazo tuvo un efecto disuasorio en el ánimo de los inversores. Para Isidro López, del Observatorio Metropolitano, “fue el pistoletazo de salida de que esto ya se estaba acabando”.
Los bancos y empresas sueltan lastre
El 13 de junio, el Banco Santander anunciaba que, salvo su sede social, vendería todos sus edificios, en lo que sería la mayor operación inmobiliaria española de la historia (un total de 4.000 millones de euros). Un día después, el BBVA ponía a la venta su emblemática torre del Paseo de la Castellana. El hecho de que los bancos especialmente beneficiados por la burbuja se deshagan de su patrimonio fue visto como otra señal del desinfle. Isidro López, en todo caso, puntualiza: en el caso del BSCH la operación también podía ser vista como un método para obtener una gran liquidez lanzar una OPA sobre el banco holandés ABN Amro. Además, algunas operaciones se adelantaron al pinchazo. A mediados de 2006, Ferrovial y Acciona se deshacían de sus carteras inmobiliarias y buscaron obra pública: un beneficio menos alto, pero ya con menos riesgos.
* Periodico Diagonal
* Rebelión - 20-07-2007
Las Teresitas: Señas de Identidad. El cerco judicial gana terreno
José S.Mujica.- Canarias7* : "La Justicia gana cada vez más terreno en el esclarecimiento de las operaciones inmobiliarias de Las Teresitas. El fallo del Supremo y las dos sentencias del Tribunal Superior (conocidas esta semana) se suman a la instrucción impulsada por la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez, cuya querella se está convirtiendo en un centro de referencia para entender la trama municipal y empresarial diseñada en torno al potencial urbanístico de la playa de San Andrés, al Norte de Santa Cruz de Tenerife. Los sendos pronuncimientos del TSJC no dejan lugar a dudas sobre la posible ilicitud del proceso y arrojan más luz sobre la mala fe que rodea al caso a la hora, sobre todo, de salvaguardar los intereses del erario público.
El alcalde santacrucero, Miguel Zerolo, imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, no disimula el hundimiento emocional que sufre desde que Anticorrupción lidera las investigaciones.
La escalofriante historia de Las Teresitas agrupa todos los epígrafes para ser una novela de éxito en el género de la intriga policial: duración (en 1989 se aprobó la reparcelación de la playa); dinero (unos 150 millones de euros); peritajes (tasaciones muy por debajo de lo pagado por el Ayuntamiento); sociedades (empresarios y firmas de peso); entidades financieras (Cajacanarias); abogados de la junta de compensación; pequeños propietarios afectados por decisiones políticas; y, fundamentalmente, operadores públicos liderados por el alcalde Zerolo, la oposición socialista y popular y diversos técnicos municipales. Entre todos, la Justicia está sacudiendo una polvareda que, lejos de enredar la madeja, está recolectando unos frutos muy apetitosos para saber qué pasó entre los años 1998 y 2005 cuando el Ayuntamiento tinerfeño, Inversiones Las Teresitas, Cajacanarias y Mapfre Inmuebles movieron 148,5 millones de euros en las operaciones de compraventa del paraje natural.
En sendos fallos, la Sala del alto tribunal canario abunda en la connivencia del Ayuntamiento con la gerencia municipal de urbanismo, Inversiones Las Teresitas y la junta de compensación del polígono, una amalgama de intereses que precisaba de un cooperante eficaz (la entidad de ahorro) para completar la cuadratura del círculo.
Ese círculo denota que en su interior se abrigó un pelotazo en toda regla. La estela pone en evidencia a sus protagonistas. Ignacio González y Antonio Plasencia (propietarios de Inversiones Las Teresitas)compraron a la junta de compensación el frente y la trasera de la playa por 30 millones de euros, mediante un crédito concedido por Cajacanarias y calificado de alto riesgo por el Banco de España. En el consejo de la entidad se sentaba Miguel Zerolo, quien, por cierto, renunció al derecho de preferencia que le confería la Ley al Ayuntamiento para comprar unos terrenos de notoria utilidad pública.
Zerolo esperó tres años para comprar a Plasencia-González los mismos terrenos, pero con una diferencia sustancial: adquirió sólo el frente y, encima, pagó 22 millones más.
En 2005, González-Plasencia completaban la obra de ingeniería financiera con una nueva venta al grupo Mapfre (los solares de la trasera) por 96 millones;hoy Mapfre también trata de vender.
Los tribunales certifican ahora que el proceso ha de iniciarse de nuevo y que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó una fortuna por un suelo que ya era suyo. Para Miguel Zerolo y el resto de los imputados, el banquete judicial sólo acaba de empezar.
* Canarias 7 - 19 julio 2007
Foto: Las Teresitas (Tenerife) /canarias7.es
¿Entiendes o no?
JUAN BOLEA* : "Los pelos se nos han vuelto a poner como clavos o escarpias al leer la transacción de las conversaciones secretas (que dejaron de serlo gracias a un pinchazo policial) entre el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande y uno de los constructores con intereses económicos en dicho término municipal. En tales, y ahora públicas componendas, el político recordaba al empresario la necesidad de abonar de inmediato (a él, se supone) una compensación millonaria por haberle permitido edificar en un solar un número mayor de viviendas al estricta y legalmente permitido. "Te he llamado por el tema que ya hablamos la última vez", decía el concejal. "¿De qué?", preguntaba el constructor, como haciéndose el loco. "De la compensación que tienes que darle al Ayuntamiento". "¿Cuánto era?" "122.000 euros". "Y eso... ¿Tanto, de qué es?" "Pues de lo que hablamos en su día, del exceso de peso y del exceso de viviendas. ¿Entiendes o no?", remataba, sin piedad, conminatoriamente, a modo de ultimátum, el edil de Alhaurín.
Viene al caso este ejemplo para preguntarnos, una vez más, si este tipo de situaciones, de prevaricaciones, de corruptelas, es habitual o simplemente esporádico. Si, tal como sucede en otros países, en especial en los de habla hispana, el nuestro es un modelo de corrupción establecida, clínica, endémica, o, por el contrario, tan sólo saltan a la luz pública los pocos casos reales de corrupción que en la realidad han sido o son.
Ésta es la hamletiana duda: ¿cuántos de estos chorizos, de estos siniestros concejales de Urbanismo, hay repartidos por la piel de toro? Sabemos, desde luego, que hay unos cuantos en Marbella, en los municipios de la Costa del Sol, quizá en Valencia, tal vez en nuestras islas más turísticas, en Baleares o Canarias, pero... ¿quién nos asegura que tal especie no se ha extendido por la España interior, por los feudos de la honradez socialista, del honor de los populares, incluso de la ética de Izquierda Unida?
Antes, en los primeros tiempos de la transición, el origen de estos desórdenes morales y financieros parecía tener origen en el económico sostén de los partidos. Muchos creen, saben o presumen que la fontanería oscura de las grandes siglas pudo llevar liquidez a los grifos de la intendencia interna gracias al trasiego de maletines, pero tal justificación colectiva, si acaso lo era, no parece tener aplicación en Alhaurín el Grande; allí, como en tantos otros municipios, los políticos implicados en casos de corrupción podrían estar persiguiendo su lucro personal, al margen del partido al que representen.
A la Justicia, claro está, compete combatir este tipo de lacras, pero una amplia mayoría de ciudadanos coincidiría, me temo, en que las penas a los delitos llamados de pajarita o de guante blanco no son en absoluto ejemplarizantes; y en que sus actores salen del maco demasiado pronto, en muchos casos para reincidir.
¿Y no tienen,también, los partidos, una enorme responsabilidad para desprenderse de las manzanas podridas, y evitar que el cesto huela a degradación?
* Escritor y periodista
* El Periódico de Aragón - 19/07/2007
La 'Biblia' de la corrupción en Marbella
F.J.Pérez/J.Viúdez.- El País* : "El día de San Valentín de 2006, Juan Antonio Roca se sinceró por teléfono ante el empresario sevillano Manuel González Sánchez-Dalp: "La diferencia entre tú y yo es que todas tus propiedades están a tu nombre y las mías están cada una a nombre de su padre y de su madre". Roca ignoraba que su móvil estaba pinchado y que la frase acabaría figurando en la primera de las 230 páginas de un informe sobre las actividades de blanqueo de dinero relacionadas con él y que el Cuerpo Nacional de Policía remitió al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, el 24 de marzo de 2006, cinco días antes de la primera fase de la operación, que acumula ya 102 detenciones.
El informe, verdadera Biblia para entender la red de corrupción marbellí, disecciona el complejo entramado empresarial tejido por Roca y sus testaferros para ocultar el dinero negro. Entre otras valoraciones, los agentes destacan la "inexistencia de negocios lícitos" del sumo muñidor del urbanismo en Marbella entre 1991 y 2006.
El último auto del juez, del 16 de julio, en el que incoa un procedimiento con sumario tras su larga investigación en la que se han reunido indicios de delitos tipificados con, al menos, nueve años de cárcel para los afectados, enumera un entramado de 18 sociedades. "No existen sociedades como tales con existencia real como personas jurídicas, sino tan sólo una mera apariencia que no es sino una estructura aparente de un único sujeto que se esconde tras las mismas a fin de que su inmenso patrimonio no pueda ser detectado e intervenido", sostiene el magistrado.
- El reparto de la trama. Protagonista clave en la red, según el juez, es Manuel Sánchez Zubizarreta, el abogado "encargado de constituir y gestionar todas las sociedades". Según la policía, actuaba como "agente formador de compañías al servicio de Roca para la ocultación, no sólo de su patrimonio, sino de aquellas operaciones con importantes promotores inmobiliarios en Marbella que no se quiere que sean del conocimiento público". Y dan los nombres de algunos de estos empresarios: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Javier Arteche, Fidel San Román, Carlos Sánchez. El bufete pone a disposición de Roca "a los fines de la simulación subjetiva a los socios y a los propios trabajadores por cuenta ajena del despacho".
El juez nombra a Montserrat Corulla como la testaferro elegida para gestionar los negocios en Madrid como la conversión en hotel de los palacios de Saldaña, Tepa y Villagonzalo, "bajo los designios de Roca y Sánchez Zubizarreta".
Otro personaje en la escena es Óscar Benavente, "mano derecha de Roca" y que sirve para ocultar "algunas de sus más preciadas propiedades" como la ganadería Marqués de Velilla o la finca La Caridad, en Marbella. El tercer pilar es Salvador Gardoqui, "testaferro de Roca desde el inicio de sus actividades" y que le da "cobertura y asistencia" en la empresa Maras Asesores. Por el despacho de esta firma pasaban, según el juez "todos los promotores y empresarios que querían hacer algo en Marbella" y en su contabilidad "aparece la caja de cohechos y corrupción de Roca". Juan Germán Hoffman coordinaba el entramado societario de Roca fuera de España. Durante la investigación, se han intervenido cuentas de Roca en Suiza, Gibraltar, Liechtenstein, Singapur o Isla de Man.
- Incremento inusual de patrimonio. El juez atribuye a Roca un patrimonio superior a 120 millones de euros, reconocido por el propio imputado, que incluye fincas de "enorme extensión" en Jimena de la Frontera (Cádiz), Murcia y San Pedro Alcántara; hoteles como La Malvasía en El Rocío-Almonte (Huelva), tasado en 2,4 millones de euros, o los palacios de Villagonzalo, Tepa y de Saldaña, en Madrid, valorados en más de 50 millones de euros. En la relación se incluyen la ganadería de caballos, con 100 ejemplares de pura raza y de toros, las promociones urbanísticas Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, en Los Alcázares (Murcia), un helipuerto y al menos un avión privado "de los mejores del mercado en su categoría" y una colección de obras de arte tasada en 30 millones de euros.
- Inexistencia de negocios lícitos. Los agentes de Blanqueo, que comenzaron sus investigaciones en noviembre de 2005, contaron en el informe que el "gran patrimonio de Roca" se debe a los "beneficios obtenidos por su vinculación al Ayuntamiento de Marbella como gerente de Urbanismo". En un epígrafe titulado "Inexistencia de negocios lícitos", la policía analiza el lujoso ritmo de vida de la familia Roca y lo compara con los bienes de que disponía el ex asesor del GIL antes de llegar a Marbella.
En los cuatro meses de intervenciones telefónicas, los agentes descubrieron que Roca y sus parientes "realizan continuos viajes de turismo". La esposa de Roca, María Rosa Jimeno, viajó tres días a París a visitar a amigos y hacer compras. Posteriormente realiza otro viaje a la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, con sus dos hijos, Antonio y María, también imputada en el caso Malaya.
El 26 de mayo de 1991, día en que el difunto Jesús Gil llegó a la alcaldía de Marbella por mayoría absoluta, Roca estaba cobrando el subsidio de paro. "Un año más tarde se vincula directamente con el Ayuntamiento de Marbella a través de [la sociedad municipal] Planeamiento de 2000. Se inicia entonces su espectacular acopio patrimonial e inexplicable auge económico", escriben los policías. Según el juez, Roca se hizo con "el poder absoluto" en Marbella, y convirtió a los concejales en sus "empleados y subordinados".
Roca sólo disponía al principio de un apartamento de 105 metros cuadrados en Cartagena, su ciudad natal. El último domicilio familiar es un piso de 535 metros cuadrados en el exclusivo edificio Poseidón de Marbella. Hasta 1997, los ingresos declarados por la familia Roca se limitaban al salario del ex asesor como empleado municipal. "No existen otras rentas legítimamente percibidas en la unidad familiar a través de otros empleadores o mediante el desarrollo de actividades empresariales ni profesionales", señala la policía.
- Gusto por el lujo. La renta familiar anual disponible declarada por la familia Roca oscilaba entre los 46.750 euros de 1997 y los 356.000 de 2003, tras la venta de un inmueble. La policía analiza parte del destino dado a este dinero y las cuentas no le cuadran: cacerías en Zimbabue, Kirguizistán y Suráfrica -donde abatir un elefante cuesta 25.000 euros-, 36.000 euros en caballos, escolarización de la hija en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid... Según la policía, "en modo alguno Roca y su entorno pueden justificar de forma racional y con origen lícito el enorme incremento patrimonial". La renta media declarada es "a todas luces irrisoria" y está a "años luz del patrimonio y las inversiones realizadas".
* ELPAIS.com - Marbella - 19/07/2007
Foto: Marbella /J.ROJAS - ELPAIS.com
La especulación urbanística y la precariedad amenazan la conservación del patrimonio industrial
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GranadaDigital* : "La conservación y preservación del patrimonio industrial, de las maquinarias y edificios técnicos y productivos del pasado, presenta en la actualidad múltiples problemas provocados, principalmente, por la precariedad en la que se encuentra dicho patrimonio, así como por otros factores, como el gran número de elementos a conservar; la continua transformación de los elementos; la falta de rentabilidad económica de las instalaciones; su privilegiada situación en la mayoría de los casos (lo que alienta la especulación inmobiliaria); la carencia o diversidad de criterios a la hora de plantear su conservación o derribo; y la falta de sensibilización hacia este valioso patrimonio, tanto por parte de las administraciones públicas, como de la propia sociedad en general.
Pero la destrucción del patrimonio industrial no sólo está ligada a su precariedad, a la especulación urbanística y al interés de la propiedad particular, sino también a la falta de concreción del papel que debe jugar ese patrimonio a la hora de diseñar y ordenar el territorio sobre el que se asienta. Por este motivo, los responsables del curso del Centro Mediterráneo Recuperación del Patrimonio Industrial y la Obra Pública, que se celebra a lo largo de esta semana en Almuñécar (Granada), consideran que es importante para la recuperación y el mantenimiento de ese patrimonio público una adecuada gestión basada en el eje patrimonio industrial - territorio - turismo - industria y nuevos usos.
El curso se celebra en coordinación con la Fundación Juanelo Turriano que, como parte activa de la comunidad científica nacional e internacional, se encarga de promover y coordinar el estudio histórico de la técnica y de la ciencia en sus diversas vertientes. Las sesiones proponen a los participantes un acercamiento a los diferentes métodos de intervención sobre el patrimonio histórico de las obras públicas, y su adecuación a las nuevas exigencias de uso, presentación al público y aprovechamiento cultural y turístico.
Patrimonio cultural en peligro
El patrimonio industrial y la obra pública se han convertido, desde hace algunas décadas, en una parte destacada del patrimonio cultural de los países debido a su capacidad para definir la singularidad del territorio, aunque recuperarla lleva implícito restaurar estas "obras de arte tecnológico"” y ponerlas en uso.
La provincia de A Coruña cuenta entre su patrimonio histórico con el antiguo faro Torre de Hércules, cuyo origen se sitúa en el siglo II, aunque algunos historiadores lo datan en el siglo IV. Éste es el único faro romano de la Antigüedad, con peculiaridades de estilo, que sigue en pie desde su creación y que, en la actualidad, funciona cumpliendo su objetivo original.
No corre la misma suerte otra de las muestras del patrimonio industrial histórico de nuestro país: los molinos de mar de Noja, en Cantabria. De estos ingenios, que utilizaban como fuerza motriz la salida del agua a través de unas esclusas abiertas en unas presas que se llenaban durante la pleamar, tan sólo sobreviven los restos de dos molinos de marea: el molino de Joyel, situado sobre la marisma homónima y propiedad del Consejo de Noja, que aparece documentado en 1597 y cuyos restos actuales datan de 1687, año en que concluyó su construcción conforme a las trazas de los maestros canteros Francisco de Cueto y Antonio de Venero; y el de la Victoria, que se alza sobre la ría de Helgueras, también propiedad del consejo y documentado desde 1629, fecha en que se considera concluido.
Otra obra de la ingeniería que también ha quedado atrapada en el tiempo es el Ingenio de Toledo, ideado por Juanelo Turriano para dotar de aguas a la ciudad imperial.
* Granada Digital - 16/07/2007
Foto: Noja (Cantabria), molino Joyel /elcorreodigital.com
Los forestales protestan por la ley de la Comunidad de Madrid
Diariocrítico* : "Los agentes forestales han marchado en bicicleta por las calles de la capital para protestar por la Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración Regional porque les resta competencias contra los delitos que afectan al medio ambiente. Una representación de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid ha protagonizado este miércoles una marcha en bicicleta, desde el Templo de Debod, para protestar por la pérdida de competencias que les supondrá la aprobación de la Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración Regional. Además, los sindicatos tienen previsto realizar una asamblea esta tarde, y una Marcha Verde mañana a las 12 de la mañana, que irá desde la Puerta del Sol, a la Plaza del Emperador Carlos V.
Según los sindicatos, si esta ley entra en vigor, los agentes forestales no podrán denunciar delitos contra el medio ambiente, como el vertido de residuos, la caza de especies protegidas, la excavación de pozos y el levantamiento de construcciones ilegales, ni entrar en montes privados, ya que necesitarán autorización judicial para acceder a estos espacios verdes.
El portavoz adjunto de la Secretaría de Política Territorial y Medio Ambiente de CCOO de Madrid, José Luis Díaz, explicó que esta norma es "disparatada e ilegal" porque va en contra de la Ley de Montes y del Real Decreto 11/2005, que se aprobó tras el incendio que se produjo hace dos años en Guadalajara y que le costó la vida a 11 personas.
Llegar al Parlamento Europeo
Díaz señaló que, ante esta situación, los sindicatos emprenderán medidas de "todo tipo", desde contactos con distintos grupos del Parlamento Europeo para explicarles los efectos "negativos" de la normativa e intentar presentar una interpelación en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, hasta recurrir al Defensor del Pueblo o llevar a cabo acciones legales.
Además, continuarán con las movilizaciones. Así, tras la donación de sangre de unos 80 agentes forestales ayer a mediodía en los vehículos móviles que habitualmente se sitúan frente a la Puerta del Sol, este miércoles se desarrollará una concentración y marcha ciclista, que partirá a las 11.00 horas del Templo de Debod y recorrerá diferentes calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, situada en el número 3 de la calle Princesa.
Mañana jueves, se desarrollará una "marcha verde", en la que los agentes irán ataviados con sus uniformes verdes de trabajo, desde la Puerta del Sol hasta la Asamblea de Madrid. Las movilizaciones concluirán el día 25 con una gran concentración ante la sede del Gobierno regional, coincidiendo con la votación del proyecto de ley.
Manos atadas contra la especulación urbanística
Ecologistas en Acción y Greenpeace denunciaron a su vez que la nueva Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno facilitará la construcción en suelo protegido y aseguraron que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pretende apartar a los agentes forestales de sus funciones para desbloquear los "obstáculos" a la especulación urbanística.
El 80 por ciento del monte de la Comunidad de Madrid quedará sin vigilancia si se aplica el artículo 9 del proyecto de Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración regional en el que se exige a los agentes forestales autorización judicial para entrar en las parcelas de titularidad privada.
El portavoz de Medio Ambiente de UGT, José Luis Valdelvira criticaba que "si los agentes no pueden entrar difícilmente pueden vigilar las fincas de titularidad privada. Es muy difícil realizar la labor de prevención y vigilancia si no podemos acceder a ellas. Si no entramos ¿Cómo sabemos que se está produciendo una infracciones?", cuestionó.
En este sentido, pidió al Gobierno regional que retire su iniciativa y recuerde que está vigente la Ley 10 de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales de 2001, "que se consensuó con todos los grupos de políticos". Asimismo, reclamó al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, que retire sus declaraciones en las que aseguró que esta Ley autonómica pretende impedir que los agentes forestales entren en propiedades privadas como quien "da una patada en la puerta". "Los forestales tienen que seguir haciendo sus funciones de vigilar el medio natural, que de ninguna manera es dar patadas a las puertas", subrayó Valdevira.
* Diariocrítico/Agencias - 18-07-2007
Foto: Madrid, forestales - diariocritico.com
Ecologistas y vecinos, contra los PAI junto a la Sierra Calderona
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S.V.- El País/Valencia* : "Miles de viviendas, cinco campos de golf y hoteles se levantarán en el área de influencia del parque natural de la Sierra Calderona si reciben el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo. Para mostrar su rechazo a tres PAI (programas de actuación integrada), Acció Ecologista-Agró y vecinos de pueblos de la Calderona protestaron ante la consejería y pidieron una entrevista con su titular, José Ramón García Antón. Los ecologistas y representantes de la Asociación de Vecinos Baronía-Calderona y del partido Iniciativa Torres de Portacoeli (con dos concejales en Serra) entregaron un DVD que muestra los terrenos afectados por tres PAI en el área de influencia del parque natural..
En total, estos planes prevén 7.100 pisos, cinco campos de golf, hoteles y zonas comerciales, con lo que se multiplicaría por cuatro la población de las cinco localidades implicadas, según destacó Miquel Aguilar, de Acció Ecologista. El proyecto de Baronía Golf se extiende por Algimia, Estivella y Torres-Torres, con una previsión de albergar 3.600 viviendas y tres campos de golf. En Nàquera se plantea el PAI de Fontanelles, con 1.400 casas y un campo de golf, mientras que Serres de Serra será una urbanización con 2.100 viviendas y otra instalación deportiva. Aguilar subrayó que las construcciones producirán "graves impactos" en el parque natural y defendió que el área de influencia de la Calderona debe conservarse como zona de tránsito protegida.
Los municipios que impulsan los PAI ya los han aprobado en sus respectivos plenos y están a la espera del visto bueno de la Generalitat. El teniente de alcalde de Nàquera, Vicente Estellés, del PP, comentó el lunes que el proyecto de su localidad "no afectará al parque" y se apoya en normas urbanísticas subsidiarias de 1985. Acció Ecologista, por el contrario, sostiene que las casas invadirán una zona pensada para la regeneración junto a la sierra. En el caso de Serra, el alcalde, el socialista Javier Arnal, asegura que el PAI tiene todos los informes favorables, incluido el de los recursos hídricos, no toca "ni un milímetro cuadrado" del paraje y ocupará suelo agrícola. Según Arnal, el PAI ya ha sido aprobado por la Generalitat, un dato que ayer desconocían los ecologistas y la concejal de Iniciativa Torres de Portacoeli Montse Polo, quienes denunciaron que también afecta al Bien de Interés Cultural de la Cartuja de Portacoeli, lo que niega el Ayuntamiento. El tercer PAI arrastra una larga polémica. El ex consejero Esteban González Pons lo utilizó para atacar la política urbanística de poblaciones gobernadas por socialistas, como es el caso de Estivella.
La consejería aseguró que los ecologistas y vecinos "serán atendidos", y explicó que los PAI de Nàquera y Estivella están "en estudio", mientras que el de Serra se aprobó sujeto a algunas mejoras.
* ELPAIS.com - Valencia - 18/07/2007
Foto: SerraCalderona (C.Valenciana) mapa /wikipedia (orto.cth.gva.es)
El juez Torres cierra la investigación del 'caso Malaya'
J.Cano/H.Barbotta/SUR* : "Juan Antonio Roca es el jefe de una organización criminal y su poder absoluto en el Ayuntamiento de Marbella le permitió acumular una fortuna de al menos 120 millones de euros. Son las dos principales conclusiones a las que ha llegado el juez Torres en la instrucción del 'caso Malaya', cuya investigación ha dado por cerrada. El instructor dictó el pasado lunes un auto, por el que dispone incoar sumario ordinario por este caso en lugar del procedimiento abreviado en virtud de la gravedad de los delitos que a su juicio se han cometido. Esto supone que el juez deberá dictar ahora auto de procesamiento para cada uno de los más de cien imputados, quienes en principio tendrían que prestar una declaración indagatoria, según explicaron fuentes judiciales.
En el auto, el juez considera que Roca es titular de un patrimonio «tan enorme como injustificado» a nombre de terceras personas y sociedades interpuestas,y que el propio imputado «se ha visto obligado a reconocer».
PATRIMONIO
Innumerables bienes y posesiones
Derroche de lujo y ostentación
Como parte de las posesiones de Roca, el juez cita en el auto al menos tres lujosas fincas -en Jimena de la Frontera (Cádiz), Murcia y San Pedro Alcántara- con varias viviendas, plazas de toros y, en los dos primeros casos, helipuertos, un piso en Marbella que constituía su residencia habitual, varios palacios en Madrid, hoteles en Los Alcázares y El Rocío, promociones inmobiliarias en Murcia, oficinas en esta región, Marbella y Puerto Banús, una ganadería de toros bravos y la colección de arte valorada en cerca de 30 millones de euros.
«El lujo y la ostentación no acaba ahí», advierte el juez antes de enumerar barcos, helicópteros «y hasta un avión de los mejores en su categoría». En el auto se cita también la colección de coches de época, los coches de lujo a nombre de varias sociedades y los carruajes de caballos, de los que algunos pueden valer hasta un millón de euros.
ORGANIZACIÓN
Estructura criminal
Una red de «fieles servidores»
Para el juez, Roca es el jefe de una estructura criminal constituida por empleados y testaferros que hasta hace pocos meses eran «sus fieles servidores». Esta organización, según el instructor, realizó a lo largo de los años tantos actos de blanqueo «que son casi innumerables», y que formaron parte «de un plan preconcebido».
Según Miguel Ángel Torres, se aprecia con claridad que la estructura montada por Roca para blanquear los beneficios de su actividad ilícita y conseguir a su vez fondos ilícitos con los que lucrarse en el Ayuntamiento de Marbella «no puede ser calificada sino de organización delictiva, y viene caracterizada por una pluralidad de personas dirigidas y controladas por Juan Antonio Roca plenamente a su servicio».
Esta estructura, señala el auto, estaba organizada en tres sedes: el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, que creaba y gestionaba las sociedades; la oficina de Roca en Maras Asesores, que funcionaba como centro de negocios, y el despacho del abogado Juan Hoffmann, que según el juez se ha encargado de algunas de las sociedades constituidas en el extranjero. Junto a estas sedes, la organización contaba también con otros centros en Madrid y en las oficinas municipales de Planeamiento.
El juez sostiene que el entramado societario responde al principio de caja única «y una única voluntad de decisión, la de Juan Antonio Roca, que traspasa de una a otra sociedad los fondos que necesita en cada una de modo que no existen en realidad distintas sociedades, sino diversas estructuras para ocultar a Roca».
EXTRANJERO
Cuentas y sociedades
Presencia en paraísos fiscales
También se señala en el auto que la estructura societaria cuenta con ramificaciones en el extranjero, de donde proceden parte de los fondos. «Las autoridades suizas -señala el escrito firmado por el juez- han informado que Roca parece ser titular de sociedades de las Islas Vírgenes Británicas como Kellington Investment INC, Bently Financial Ltd., la fundación Melifeo de Liechtenstein, cuyos beneficiarios son Juan Antonio Roca Nicolás y sus dos hijos, la sociedad Lipsag AG, la sociedad Sunnuta Management a favor de cuatro fiduciarios y en la que se han bloqueado 149.000 euros, la cuenta en el UBS de Basilea cuyo titular y beneficiario es Juan Antonio Roca y las dos cuentas en el Dresdner Bank Ag de Ginebra cuyo titular y beneficiario también es Juan Antonio Roca». El auto cita asimismo una cuenta en el Reino Unido y varias en Andorra y en el paraíso fiscal de las Islas Man.
MARAS ASESORES
Cuartel general de operaciones
La caja de los cohechos y de la corrupción
Maras Asesores vendría a ser el cuartel general del presunto cerebro de la trama malaya. En sus oficinas, la policía encontró los apuntes contables que el juez califica como «la caja de los cohechos y la corrupción de Roca», con las entregas de dinero de los promotores y los pagos a los concejales. Torres apunta que esa estructura societaria del ex asesor se caracteriza por la falta de ingresos desde que Roca ingresó en prisión.
EVOLUCIÓN
Más de una década de actividad
La organización se hace más compleja
La multiplicación de las ganancias que Roca obtenía fue haciendo más compleja y profesionalizando su actividad de blanqueo a lo largo de los años, según el juez. El supuesto jefe comenzó a utilizar en 1996 los servicios del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano, encargado de constituir y gestionar las sociedades. Al frente de estas sociedades aparecen los propios abogados, quienes ocultan el patrimonio de Roca, que se presenta como insolvente.
Con el tiempo, la organización sigue evolucionando. Así es como necesita de alguien que se encargue de sus proyectos de rehabilitación de edificios en Madrid para convertirlos en hoteles y elige a la abogada Montserrat Corulla, que se suma a Oscar Benavente como personas de máxima confianza del jefe. La evolución de la organización lleva posteriormente a la integración de otros dos imputados, Gonzalo Astorqui y Julio Blasco. El primero va ganando poder por el deseo de Roca de mejorar la organización «ante la perspectiva de que en el futuro pudiera dejar de tener su fuente principal de ingresos como era el Ayuntamiento de Marbella». Durante el proceso se hizo evidente el malestar de Corulla y Benavente «por ser marginados y olvidados por Roca después de años de fieles servidores» y al resultar postergados por los recién llegados, que van ganando poder y por ende su participación en los beneficios en perjuicio de los miembros del gabinete.
En esta estructura se llegó a constituir lo que los implicados denominaban un «consejo de sabios», que asesoraba a Roca y trataba con él directamente.
PELOTAZOS URBANÍSTICOS
Negocios del ex asesor
Ganó 1,2 millones en 20 días con una permuta
A lo largo del auto, el juez pone varios ejemplos de los pelotazos urbanísticos que atribuye Juan Antonio Roca. Según el instructor, el ex asesor obtenía parcelas municipales en inmejorables condiciones por medio de sociedades interpuestas y negociaba con ellas. A Fidel San Román, por ejemplo, le vendió El Cantizal por un importe millonario y se aseguró una participación posterior en los beneficios de los inmuebles a construir en la parcela, destaca Torres en el auto. Con el dinero recibido en la operación, Roca invirtió en sus fincas en Murcia.
El magistrado resalta otra maniobra en la que el ex asesor impuso al empresario José María González de Caldas la compra de los inmuebles del edificio Golden para permutarlos con unas parcelas municipales. Roca definió el precio y obtuvo, según Torres, unas plusvalías de más de 200 millones de pesetas.
En otra operación, impuso a Aifos la adquisición de unos locales de Carlos Sánchez y Andrés Liétor en la avenida Ricardo Soriano de Marbella a cambio de unos aprovechamientos en Guadaiza, según el auto. La comisión de Roca fue de 928.000 euros.
Pero el pelotazo más sorprendente es una permuta en la que el Ayuntamiento cambia un edificio en Puerto Banús por unos locales -«inservibles e invendibles», dice el juez- en Ricardo Soriano. En 20 días, la operación generó una ganancia de dos millones de euros, de los que Roca percibió 1,2, según Torres.
CONCEJALES Y EMPRESARIOS
Los empleados de Roca
Hacían cola hasta que se dignaba a recibirlos
La actividad diaria de Roca se repartía entre la sede Urbanismo y la oficina de Maras Asesores. «Por ambos despachos pasaban habitualmente todos los promotores y empresarios que querían hacer algo en Marbella, a los que hacía esperar y hacer cola hasta que se dignaba a recibirlos», dice Torres. Lo mismo ocurría con los concejales: «Todos debían esperar a ser atendidos, [...] convertidos en empleados y subordinados de Roca».
El juez subraya asimismo la presencia en Maras de las mismas secretarias que trabajan en Planeamiento (sede de Urbanismo). «Lo que muestra aún más cómo Roca entremezcla sus negocios particulares y su labor en el Ayuntamiento al contar con las mismas personas para ambas facetas. Además de destacar el deber de sigilo que les imponía en su trabajo».
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Evitar pinchazos telefónicos
Detectives para espiar a personajes relevantes
El juez Torres sitúa a Roca en la cúspide de una estructura jerárquica donde los papeles estaban repartidos. El de Jaime Hachuel era la seguridad del jefe, al que le proporcionó cámaras, dispositivos de grabación, aparatos para impedir la intervención de teléfonos mediante su encriptado y hasta un dispositivo para hacer barridos capaz de detectar micrófonos y microcámaras.
Pero a Roca no sólo le preocupaba la seguridad pasiva. También la información. «Contaba con un indudable control sobre los medios de comunicación -aprecia Torres- como era el periódico municipal La Tribuna». Según el juez, el ex asesor grababa algunas reuniones con otras personas, como el disco intervenido con las letras IGM, y disponía de algún dosier elaborado por detectives sobre personas relevantes o que le preocupaban.
SUS CONTACTOS
Penetración en las instituciones
Roca penetró en las estructuras policiales
El presunto cerebro de la trama, a través de Hachuel, ha conseguido penetrar en las estructuras policiales, según el instructor. El jefe de seguridad de Roca reconoció que agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil le pasaban datos sobre matrículas de coches sospechosos, entre ellos los policiales, lo que dificultó la investigación. Esas consultas se extendían a datos de emigrantes a los que Roca «podía contratar para trabajar en sus propiedades». El juez considera estos hechos posibles encubrimiento, blanqueo y hasta revelación de secretos. De hecho, hay cinco agentes imputados en la causa.
Pero sus tentáculos no se quedaban sólo en la policía. «Su penetración en las instituciones llegó al punto de tener un infiltrado de la organización en los juzgados de Marbella». Ese papel, según Torres, lo desempeñó un funcionario a cambio de 6.000 euros y un reloj.
MULTITUD DE DELITOS
Más de nueve años de prisión
El pueblo de Marbella, perjudicado
Los delitos supuestamente cometidos por Roca perjudicaron «a una generalidad de personas, el pueblo de Marbella», según señala el juez en el auto, donde argumenta que la pena que se le podría imponer al principal imputado una pena superior en uno o dos grados, «con lo que se excederían los nueve años de prisión».
* Diario SUR - 18 Jul
Foto: Marbella /J.Lanza (diariosur.es)
