EL PAÍS* : "El Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, pero siguen adelante. Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico.
En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.
Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.
El secretario general para la Diversidad y el Territorio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explica que los informes no son vinculantes y admite que el efecto depende mucho del lugar: "En la práctica se hacían urbanizaciones sin garantía de agua y queríamos racionalizarlo con estos informes". Los informes no son vinculantes porque las competencias de urbanismo están en manos de las comunidades y los ayuntamientos.
Un dictamen jurídico del ministerio de 2006 afirma que ese informe, "si bien en sentido estricto no es vinculante, puede serlo en la práctica en caso de que en el mismo se manifieste que no existen recursos suficientes para satisfacer las demandas".
Aunque ese dictamen considere que los informes son vinculantes "de hecho", no están teniendo efecto en la mayor parte de España. El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, sentencia: "No estamos notando ningún problema ni un freno en la construcción por falta de agua, es un suministro básico que el Gobierno debe garantizar". Los promotores destacan que el abastecimiento humano es prioritario y piden al Gobierno que, si falta agua, retiren dotaciones del regadío. "En España no falta agua, sino que se malgasta y otra se pierde por las tuberías. Sólo con cobrar el precio real ya habría agua de sobra para las urbanizaciones", añade Martí.
Serrano replica que el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura en los casos ya existentes, pero los nuevos desarrollos no están por delante de los agricultores. Para reforzar el control, la nueva Ley de Suelo convierte estos dictámenes en "determinantes" y sólo se podrá "discrepar de ellos de forma razonada". El Gobierno intenta evitar que las comunidades garanticen el abastecimiento en contra de las confederaciones.
El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, que ha pedido los informes negativos a las confederaciones, advierte a los alcaldes que aprueben planes urbanísticos sin agua: "Denunciaremos a quienes aprueben urbanizaciones con el informe contrario de las confederaciones". Martín Barajas augura problemas enormes en unos años -los planes urbanísticos en trámite tardan años en desarrollarse- y advierte: "Los promotores pueden estar cometiendo una estafa si venden casas sin agua garantizada".
La comunidad que prepara más viviendas sin garantía de suministro es la valenciana. A los ayuntamientos llegan planes urbanísticos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le amontonan las solicitudes. El organismo calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento y unas 100.000 de 90 planes urbanísticos ya han recibido una resolución negativa.
El Gobierno de Francisco Camps, del PP, ha dado el visto bueno a planes sin el informe de la confederación o incluso con uno negativo al admitir que sean empresas privadas o municipales las que demuestren que habrá agua. Los populares acusan a la CHJ de pretender bloquear el desarrollo.
La Delegación del Gobierno en Valencia ha impugnado ya con desigual suerte una docena de proyectos que suman 15.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha advertido de que no deben aprobarse planes urbanísticos sin agua, pero ha rechazado paralizar el Manhattan de Cullera, 35 rascacielos y 5.000 pisos, pendiente de aprobación definitiva.
En Murcia, la situación es similar y la Confederación del Segura ha informado negativamente 34 planes urbanísticos de 18 municipios. El presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López Rejas, admite que se mantienen los planes de construir 800.000 viviendas en 30 años pese a la falta de agua. En Murcia, la mitad del agua de consumo procede del Tajo. Medio Ambiente afirma que las desaladoras permitirán un desarrollo inmobiliario "dentro de una lógica".
La tercera cuenca con viviendas afectadas es la del Tajo, que ha emitido 48 dictámenes contrarios por falta de agua o porque los ayuntamientos no han explicado de dónde obtendrán el caudal necesario. Los 21 informes que afectan a la Comunidad de Madrid son suplidos por un informe positivo del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Serrano advierte de que recurrirán los planes que no tienen agua cuando estén aprobados definitivamente, como ya ha hecho el Gobierno en Valencia. Además, hay informes negativos en 20 municipios de La Sagra (Toledo), una comarca en la que la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, planea 80.000 viviendas.
La situación es distinta en el Guadalquivir. Allí, según el comisario de Aguas de la Confederación, Javier Serrano, no se ha emitido formalmente ningún informe negativo, y del centenar de expedientes en trámite, unos 75 presentan problemas. En el Ebro tampoco hay informes contrarios, mientras que el Duero ha emitido 28 informes, aunque no detalla cuántos son favorables.
La Cuenca del Sur (de Málaga a Almería) no ha autorizado captación de agua para el complejo urbanístico de Los Merinos Norte, en Ronda, 800 viviendas y tres campos de golf. El plan parcial para la urbanización de la zona de Cabo Plata, en Tarifa (Cádiz), está paralizado porque no garantiza el abastecimiento de agua a 1.600 viviendas y un campo de golf.
Un reglamento que prepara el Gobierno obligará a que estos informes estén colgados en internet para evitar que los compradores se vean sin agua una vez comprada la vivienda.
*Información de Rafael Méndez, Sara Velert, Tono Calleja, Isabel Pedrote, Diego Narváez y Libertad Paloma.
*EL PAÍS - Madrid - 16/04/2007
Medio Ambiente advierte de que no hay agua garantizada para 300.000 viviendas
La corrupción en Murcia supera la destapada por la "Operación Malaya"
F.M.M.- ElPlural* : "Fuentes de máxima solvencia del Ministerio Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) aseguran que la trama de corrupción, en concreto la referente a pelotazos urbanísticos en la comunidad murciana, “supera” con creces la destapada hace un año por el juez Miguel Ángel Torres en la Operación Malaya, en Marbella, y que está llenando miles de páginas e innumerables espacios en los medios de comunicación de nuestro país, y que está dando con decenas de cargos públicos, políticos, empresarios, profesionales de despachos de abogados e “ingenieros” financieros y bancarios en los calabozos de las comisarías de policía y en Las celdas de las cárceles.
El periódico digital Vegamediapress informó de que los casos de corrupción y el entrecruzamiento de intereses políticos, urbanísticos y financieros de las tramas facinerosas de cuello blanco en la región murciana son de un “calibre” espectacular, que deja, en parte, en mantillas a la descubierta en el municipio malagueño de la Costa del Sol, aseveran las fuentes que las están investigando. Los casos ya denunciados ante la Fiscalía del TSJ de Murcia, que afectan tanto a municipios de la Costa como del interior de la región, así como los que ya están siendo instruidos por jueces y magistrados de la jurisdicción murciana, como es el caso concreto de la apertura de diligencias judiciales en el caso de La Zerrichera, suponen un conglomerado de intereses de centenares de millones de euros y una red de corrupción de una magnitud colosal, aseveran las mismas fuentes.
El fiscal, desbordado e imposibilitado
Sin embargo, añaden, en la jurisdicción murciana se puede tropezar con que el máximo responsable del Ministerio Público en Murcia, el fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, ante esta envergadura que tienen las tramas en la comunidad y sus conexiones y la trabazón de intereses y amparo entre sí de los poderosos y el clientelismo que han tejido en diferentes sectores de la sociedad, entre éstos, medios de comunicación murcianos poderosos, se puede ver “desbordado” y hasta “imposibilitado físicamente”, en razón al esfuerzo que requiere, para poder llevar a cabo y culminar las pesquisas, investigación, análisis y decisiones resolutivas que acaben con la pléyade de corruptos ante los juzgados y la imposición de las medidas cautelares pertinentes.
Enorme gravedad
Es de tal envergadura, superior a la operación Malaya, se insiste por fuentes solventes de la Fiscalía murciana, el tejido corrupto organizado a través de la especulación urbanística en la comunidad de Murcia, que puede rebasar las propias fuerzas físicas de un fiscal-jefe, en cuyos hombros ha recaído una responsabilidad social y profesional de gran magnitud.
Valcárcel intenta blindarse
El nuevo fiscal anticorrupción ha sido designado desde dentro de la propia plantilla del ministerio público del TSJ de la región, y para el gran volumen de trabajo de investigación al que se precisa hacer frente, esto supone una nueva desventaja para que los esfuerzos que son precisos puedan dar el fruto y la eficacia necesarias en un campo tan complejo como el de la administración de justicia. Ahora se añade la salida del fiscal de Tráfico, Manuel Campos, de la asociación conservadora de fiscales, que el presidente en funciones de la comunidad autónoma y del PP, Ramón Luis Valcárcel, ha colocado en el sexto puesto de su lista electoral, señalan algunos que para que le asesore en materia penal ante lo que se avecina. Por otro lado, el anterior fiscal delegado anticorrupción ha pasado a un nuevo destino.
Hacen falta más fiscales
Por todo ello, desde el Ministerio Fiscal del TSJ de Murcia, según las mismas fuentes, se cree perentoriamente necesaria la adscripción de entre cuatro y cinco nuevos fiscales venidos de fuera de la región, así como otros nuevos cinco miembros de las fuerzas de seguridad del Estado especializados en materias de anticorrupción, al objeto de que las investigaciones de las tramas, se insiste, más potentes y complejas que las descubiertas por la Operación Malaya, puedan continuar siendo eficaces y resolutivas.
*elplural.com - Lunes, 16 de abril de 2007
Foto: marina de Cope /Ecologistas en Acción
Aplazado el sexto juicio a Julián Muñoz por urbanismo
EFE /20minutos* : "El juicio previsto para hoy en el juzgado de lo Penal 8 de Málaga contra el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros siete ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), ha sido aplazado hasta octubre por los recursos planteados por las defensas de varios de los imputados. Muñoz, encarcelado desde el 20 de julio por su implicación en el "Caso Malaya", se enfrenta a una petición fiscal de veinte meses de cárcel por conceder en 1998 una licencia de obra para una vivienda unifamiliar a la entidad "Artola Inversiones" en suelo no urbanizable.
La defensa de la ex edil María Luisa Alcalá solicitó la suspensión por la indefensión que a su juicio supone haberse hecho cargo del caso recientemente, mientras que el letrado Pablo Luna -que defiende a otros dos acusados- pidió que se dicte la requisitoria de busca y captura del concejal Juan Antonio Yagüe antes de que se celebre la vista oral.
Concedió un permiso para construir una vivienda en un terreno no urbanizable por valor de 105.799 euros
Los hechos que serán enjuiciados se remontan a febrero de 1998, cuando la comisión de gobierno concedió una licencia para edificar una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable con un presupuesto de 105.799 euros.
Posteriormente, el Ayuntamiento autorizó el proyecto de ejecución de la obra, pese a que se proyectaba en un suelo que, de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables en el PGOU vigente de 1968, estaba clasificado como rústico de control urbanizable y en el plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público.
Ya son seis los juicios por urbanismo
Hasta la fecha el ex alcalde marbellí ha sido juzgado en cinco ocasiones por estas cuestiones, le pesan dos condenas firmes, una por el caso Banana Beach y otra por Proinsa, y tiene pendiente la revisión por parte de la Audiencia Provincial de Málaga de su absolución por el denominado caso Moansa.
Las causas penales contra Muñoz por presuntas irregularidades urbanísticas rondan el centenar, casos con penas que oscilan entre los 18 meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho y diez años.
En el mes de mayo tendrá otros dos juicios por casos urbanísticos, en uno de los cuales estará acompañado del ex asesor de Urbanismo en Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción inmobiliaria, Juan Antonio Roca.
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*20MINUTOS.ES - 16.04.2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /euroresidentes
Costas de ladrillo
*EL PAÍS- Editorial : "Un informe de dos europarlamentarios, aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, describe con detalle el urbanismo salvaje que se ha adueñado de muchas zonas de España, pero en particular del litoral mediterráneo. Dicen los autores -el polaco Marcin Libicki y el británico Michael Cashman- que los habitantes de la costa mediterránea están sufriendo el "expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural, el enladrillado del litoral, la destrucción de la flora y la fauna y el enriquecimiento masivo de una pequeña minoría a expensas de la mayoría".
A este desarrollo canceroso del cemento en el borde de España se suma, según el informe, la angustia de las personas que adquirieron allí de buena fe un inmueble y se encuentran ahora con que el mismo Ayuntamiento que autorizó las contrucciones puede declararlas ilegales.
Esta pesadilla de corrupción e incompetencia que denuncia el informe es totalmente verosímil, puesto que todos los días aparecen indicios de corrupción que se llevan a los tribunales. El último de una larga cadena es la imputación de cinco altos cargos del Gobierno de Murcia (Partido Popular) supuestamente implicados en una recalificación fraudulenta para construir 4.000 viviendas en un paraje de especial protección ambiental. Forma parte además de ese infierno inmobiliario la práctica fraudulenta de construir promociones de viviendas sin agua y otros servicios básicos, como la electricidad. Las confederaciones hidrográficas denuncian que unas 300.000 viviendas de nueva construcción no tienen garantizado el suministro de agua, circunstancia que es desde cualquier punto de vista un engaño al comprador.
El informe comunitario avanza que la corrupción inmobiliaria que está destruyendo la costa se origina en "la ambición de alcaldes de poca monta atraídos por los cantos de sirena de promotores inmobiliarios". Es una descripción que encubre además otras causas conocidas, aunque de dificil solución a corto plazo. Una de las más importantes es la financiación insuficiente de los ayuntamientos, obligados a buscar en la revalorización del suelo los ingresos que no pueden o no saben obtener a través de impuestos o gestión razonable de deuda. Lo mismo cabe decir de la financiación de los partidos políticos, excesivamente vulnerables a los cantos de sirena, es decir, comisiones, procedentes de los pelotazos inmobiliarios.
Pero estas razones, y otras como la ausencia de controles efectivos de las decisiones de los ayuntamientos, son conocidas de antiguo, sin que las administraciones públicas sean capaces frenar la corrupción inmobiliaria que ya ha destruido la confianza de los ciudadanos en las autoridades locales y amenaza con enfangar la credibilidad en otras instituciones democráticas. Por si fuera poco, presenta a la sociedad española ante el resto de Europa como consentidora de la recalificación fraudulenta, la construcción salvaje y la destrucción ambiental. Un auténtico patio de Monipodio, recalificado y alicatado hasta el techo.
*ELPAIS.com - 16/04/2007
Anticorrupción aprecia delito en el ex jefe de urbanismo de Madrid
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F.MERCADO.- EL PAÍS* : "La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, cometió, como mínimo, un delito: el de actividades prohibidas a funcionarios y abusos en su función. Porto enterró un informe de los técnicos a sus órdenes contrario a un plan urbanístico que le favorecía personalmente. El registro inmobiliario y el testimonio de sus antiguos subordinados lo evidencian.
La Fiscalía Anticorrupción sólo ha analizado hasta el momento uno de los planes urbanísticos del ex director general que denunció el PSOE con base en los artículos publicados por este diario: el pelotazo inmobiliario que Porto dio en un sector del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada.
Una llamada de EL PAÍS para consultar por las gestiones que hizo Porto para desbloquear dicho plan, provocó el fulminante relevo del responsable de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que preside la popular Esperanza Aguirre, en octubre pasado.
El estudio de este caso por Anticorrupción, según fuentes conocedoras de las pesquisas, ya ha perfilado la posible violación de un artículo del Código penal: el 439, que trata de "de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función".
Según este artículo, "la autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier caso de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años".
Porto ha defendido públicamente -aún no ha sido citado a declarar por Anticorrupción- que él se limitaba a tramitar o elevar los informes de sus técnicos sin apenas tocarlos. Esto, al menos en el caso de su sector, el 1 en Villanueva de la Cañada, no es cierto.
Tres funcionarios habían forzado el aplazamiento de la aprobación de dicho sector en mayo de 2003: el jefe del servicio de planeamiento y control de Madrid Metropolitano, Jesús Sánchez-Cabezudo; la responsable jurídica, Cristina Navajas, y la responsable técnica, la arquitecta Norma Pérez-Huerta.
Las dos últimas insistieron en septiembre de 2004 en que dicho sector seguía vulnerando la legalidad, pues seguían sin subsanarse tres anomalías denunciadas en su informe de un año antes, por lo que su aprobación, según su testimonio, debía seguir suspendida.
El testimonio prestado por dichos funcionarios en Anticorrupción, según personas conocedoras del mismo, ha sido demoledor: han proclamado la ilegalidad del plan parcial de Villanueva de la Cañada que Porto elevó para su aprobación y han desbaratado el argumento presentado por un alto cargo fiel al ex director general de que era normal que se desoyeran o ignoraran estos informes.
Por el contrario, los funcionarios han proclamado lo insólito de la actuación personal de Porto en este asunto: los informes finales que se elevaban a la comisión de Urbanismo para aprobar cualquier plan siempre estaban basados en los que ellos previamente elaboraban, y, por dicha razón, el documento definitivo llevaba su rúbrica. En el caso del informe final del sector 1 de Villanueva de la Cañada, insólitamente, no aparecían la firma de ninguno de los técnicos. Lo rubricó Porto, junto con un alto cargo, su subdirector.
Si a la intervención de Porto en este plan, que dejó trazas tan fáciles de seguir por Anticorrupción, se une que la consulta del registro inmobiliario ya ha probado sus intereses en dicho sector, el cortocircuito entre los intereses privados y las actuaciones públicas del ex alto cargo de Aguirre ha quedado en evidencia a los ojos de los investigadores.
Porto, junto con sus socios privados, poseía 22.000 metros cuadrados en el sector 1 de Villanueva de la Cañada cuando fue nombrado director general de Urbanismo de Madrid. Los técnicos a sus órdenes le plantearon en septiembre de 2004 que debía mantenerse la suspensión para edificar en dicho sector porque no se habían corregido tres deficiencias que denunciaron en mayo de 2003 y que provocaron que la comisión de Urbanismo devolviera el plan al Ayuntamiento. Porto desoyó y enterró el informe de sus técnicos. En su lugar, elevó un informe en el que daba por subsanadas todas las deficiencias.
La comisión de Urbanismo, con presencia de Porto, sólo conoció el informe elevado por el director general. Los miembros de la comisión nunca conocieron el informe contrario de los técnicos, ni mucho menos de que quien les elevaba el plan poseía terrenos en esa zona.
La comisión aprobó el plan el 28 de septiembre de 2004. Este hecho revalorizó tanto sus terrenos que Porto lo incluyó en sus escrituras de venta: "Las fincas se encuentran dentro de un sector de suelo urbanizable que dispone a fecha de hoy de plan parcial aprobado definitivamente y firme en derecho".
En enero de 2006, Porto y sus socios, vendieron esos terrenos por 4,3 millones de euros, cuando los habían comprado por apenas 87.000 euros antes de su recalificación, en 1999, que también fue obra suya como autor del planeamiento municipal.
* ELPAIS.com - Madrid - 16/04/2007
Foto: Quijorna (Madrid), donde una empresa vinculada a Enrique Porto fue la adjudicataria de varios proyectos /20minutos.es
Manifestación contra el «expolio y la destrucción de Asturias»
*La Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) ha convocado para el próximo sábado, 21 de abril, Día de la Tierra, una manifestación contra el «expolio y la destrucción de Asturias». Saldrá a la una de la tarde de la plaza de El Humedal. Varios representantes de ACA estuvieron ayer en la Escalerona repartiendo folletos informativos sobre la manifestación y el urbanismo en la región. En varias pancartas colocadas en el Muro los convocantes critican la actuación de los políticos y ayuntamientos en sus actuaciones urbanísticas.
«Tolerancia cero con la ilegalidad» o «De Paraíso Natural a Basurero Industrial» eran algunos de los lemas que se podían leer como crítica a la construcción de viviendas en las costas, de campos de golf y de las centrales de ciclo combinado.
Y en Gijón, más concretamente, con la regasificadora.
Los responsables de ACA decidieron hacer la concentración en Gijón como conmemoración del tercer aniversario de la segunda «marcha verde» y por ser una ciudad costera. Además, coincide con la reciente anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes.
*La Nueva España - 15/04/2007
Foto: Viandantes, leyendo las pancartas colocadas ayer en el Muro /ángel gonzález (lne.es)
"Escaparate sobre la especulación urbanística en Aragón y la protección del territorio"
*La Plataforma en defensa de las montañas de Aragón, como integrante de "Aragón no se vende" te informa: El próximo fin de semana, 14 y 15 de abril, la coordinadora "Aragón no se vende" celebrará en Zaragoza, en la Plaza de España, a partir de las 10.00 horas y durante toda la jornada... el denominado "Escaparate sobre la especulación urbanística en Aragón y la protección del territorio".
También informa sobre la desestructuración de nuestras ciudades por efecto de la expansión inmobiliaria descontrolada. Sobre la imparable fiebre constructora y la imposibilidad a la par, para muchas personas, de acceder a una vivienda digna.
Expone sobre los efectos de esta expansión inmobiliaria descontrolada en el agravamiento del cambio climático y en el despilfarro de nuestros limitados recursos hidricos.
Tampoco olvida el tema de la protección de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico ante maniobras especulativas.
Este denominado "Escaparate sobre la especulación urbanística en Aragón y la protección del territorio" abre en Aragón la campaña estatal "CONTRA LA ESPECULACION URBANISTICA Y POR LA PROTECCION DEL TERRITORIO".
Esta campaña convoca a manifestaciones en todas las ciudades del estado para el día 5 de mayo de 2007.
Desde la Plataforma en defensa de las montañas de Aragón vamos a participar en toda esta campaña con nuestra iniciativa "DIALOGO POR LAS MONTAÑAS", continuando con la ya exitosa recogida de miles de apoyos a la solicitud de "APERTURA DE UN DEBATE SOCIAL EN ARAGON SOBRE EL DESARROLLO URBANISTICO EN LAS AREAS DE MONTAÑA Y EL FUTURO DE LAS ESTACIONES DE ESQUI BAJO EL EFECTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL" a la Comisión de Peticiones y DD. HH. del Parlamento de Aragón.
Los activistas de la Plataforma permaneceremos durante todo el día recogiendo firmas y recabando apoyo para la extensión de esta campaña.
Queremos que este fin de semana se convierta en un nuevo impulso a esta recogida de solicitudes, por lo que te pedimos dediques cualquier minuto en los días 14, 15 de abril para acudir a cooperar en la campaña, con la Plataforma y "Aragón no se vende"
Desde las 10,00 horas del sábado 14 de abril permaneceremos en
la plaza de España de Zaragoza recogiendo firmas, difundiendo la iniciativa
y repartiendo propaganda de la manifestación. Acude en nuestro apoyo
*Plataforma en defensa de las montañas de Aragon
"Aragon no se vende"
*Ansar Aragón - 10/04/2007
Miles de personas expresan en la calle ''su vergüenza ante tanta corrupción''
EFE. Santa Cruz de Tenerife* : "Unas 15.000 personas, según los organizadores, y 1.500 según la Policía Nacional, se movilizaron este sábado en la capital tinerfeña para expresar "su dolor y vergüenza ante tanta corrupción" y reclamar "la actuación inmediata" de la justicia ante proyectos como el puerto en Granadilla de Abona. La manifestación fue convocada por los colectivos integrados en Asamblea por Tenerife y partió de la plaza Weyler bajo el lema No a la corrupción, por una democracia participativa, y se reiteró la oposición a proyectos de urbanización en zonas de Candelaria como Cho Vito o Llano del Moro y Los Baldíos en La Laguna, entre otros.
Los participantes en la protesta gritaron reiteradamente frases como "Coalición Canaria es una inmobiliaria", "No a la corrupción, Zerolo dimisión", "Ni con paella te van a quitar la querella" y "Menos puertos industriales y más escuelas y hospitales".
La marcha discurrió con sones de tambores, caracolas y chácaras y banderas multicolores, entre ellas varias republicanas y de las siete estrellas verdes, así como pancartas reivindicativas de diversos colectivos vecinales y sociales y algunas con la inscripción "Parlamento untado, Parlamento anulado".
Al término de la manifestación, en la plaza de la Candelaria, el ex concejal del Ayuntamiento de La Laguna Santiago Álvarez Cambreleng leyó un comunicado en el que se dio "un aviso a quienes se creen dueños de la isla, ya que este es un pueblo con honor y no somos sumisos y pasivos".
Unidos por "la dignidad"
A las miles de personas que este sábado salieron a la calle les une "la dignidad" y no son "terroristas sociales", dijo Álvarez Cambreleng, quien dijo que el pueblo canario no se resigna a que su papel sea el de depositar un voto cada cuatro años y reclama una democracia participativa.
Sin embargo, añadió también que no se entiende "la lentitud de la justicia" ante los casos de presunta corrupción ya que no se puede permitir que el pueblo siga "con la nariz tapada" y su voz "silenciada" por "los cómplices del poder económico y político".
"¿Qué pueblo no se avergonzaría de tener un alcalde imputado en dos casos de corrupción?", se preguntó el portavoz de los manifestantes, quien criticó los negocios "particulares y especulativos" a costa de los bienes públicos, como a su juicio ha sucedido en la playa de Las Teresitas.
Se refirió además a quienes critican el movimiento de oposición a los diferentes planes urbanísticos y explicó que la lucha "es la misma: contra la desfachatez y la falta de honor y porque son los mismos los beneficiados, los que pagan campañas electorales para ocupar los puestos" políticos.
"Nosotros no engañamos y damos la cara, pero ellos son corruptos y cobardes", dijo Álvarez Cambreleng, quien aseguró que parece que la impunidad se ha asentado en Canarias y cuestionó si esto lo han permitido jueces y fiscales.
Añadió que "tenemos una democracia enferma" pero advirtió de que los adversarios de esta forma de entender la gestión pública "no les tenemos miedo y vamos a seguir luchando porque no seremos nunca gusanos, sino que queremos recuperar la democracia que han secuestrado estos mangantes".
Por ello animó a los ciudadanos a ser activos y unirse a Asamblea por Tenerife porque de este colectivo forman parte ecologistas, sindicatos, vecinos en lucha, defensores de los derechos humanos, de la cultura "y de las causas nobles y solidarias".
*Canarias Ahora.es - 15 DE ABRIL DE 2007
Foto: Manifestación 14 de abril /canariasahora.es
El alcalde de Riba-roja presentó en 2005 un concierto a medida de los promotores
C.VÁZQUEZ.- EL PAÍS- Valencia* : "El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, presentó en julio de 2005 a la Consejería de Territorio una propuesta de concierto previo a la revisión del PGOU, que prevé la reclasificación de casi 14 millones de metros cuadrados, más del doble del suelo urbanizado. El concierto previo, salido del Consistorio el 22 de julio, incluye nuevos sectores de suelo cuyas previsiones de ocupación son prácticamente iguales a las de proyectos urbanísticos como los de Porxinos o Golf Resort. El documento, redactado a medida de los promotores, se llevó a Territorio sin hacer público el contenido.
Los técnicos municipales redactaron entre 2004 y 2005 una propuesta de concierto previo para Riba-roja que, de aprobarse, duplicará el suelo urbanizable, según fuentes de la Consejería de Territorio. El alcalde ordenó el envió del documento a la consejería sin que conste su exposición al público o su consulta a los vecinos.
El plan provisional, corregido por la Generalitat, parece haberse hecho a medida de los promotores que impulsaron grandes proyectos urbanísticos ese año en esta localidad de Camp de Túria. En 2005 se conocieron 12 nuevos proyectos residenciales y siete industriales, que, de materializarse, dispararían la población de este municipio de los 18.000 habitantes de la actualidad a los 56.000.
Los nuevos sectores urbanizables dibujados en la propuesta de concierto previo coinciden prácticamente en extensión y edificabilidad con los grandes PAI (Programas de Actuación Integrada) que prosperaron.
Así, unidades de actuación como la del Quint, con 630.000 metros cuadrados y 1.600 viviendas previstas, son un calco de los objetivos del PAI Masia de Traver II. Los sectores Golf Resort, con 2,6 millones de metros cuadrados y 3.500 residencias, o el de Mas de Porxinos, con 1,6 millones de metros y 2.700 viviendas, presentan la misma dinámica. Y en parecida situación se encuentran los PAI del Carrasqueret, que promueve Llanera, o el Penyot.
Pero el concierto previo a la revisión del PGOU va mucho más allá. El alcalde propone la reclasificación de 13,8 millones de metros cuadrados del término, de los que 5 millones tendrían uso industrial y 8,7, desarrollo residencial, con la edificación de 13.440 nuevas viviendas -el PGOU en vigor preveía 16.468 nuevas residencias en una década-.
Los autores del concierto previo justifican los nuevos desarrollos en que el PGOU en vigor, aprobado en 1997, se encuentra en ejecución. Las perspectivas de la Ciudad Logística -área industrial localizada en Riba-roja-, y el crecimiento del censo, que ha pasado de 12.500 a 18.000 habitantes en ocho años, son motivo suficiente para reclasificar millones de metros cuadrados, en opinión del consistorio. "A la vista de la trayectoria poblacional, hay que hacer previsión de una serie de zonas residenciales nuevas para albergar los crecimientos citados", dice el documento.
Los sectores Golf Resort, al suroeste del municipio, y Mas de Porxinos, al oeste del término, serían los de mayor potencial edificatorio, aunque de baja densidad debido a su extensión. Además, llevan aparejadas la integración de grandes zonas de espacios libres públicos de cesión, así como de infraestructuras de conexión y de servicios. El sector del Quint "vertebraría" el espacio que separa el casco urbano y la urbanización Masía de Traver de los complejos residenciales de Valencia la Vella y Els Pous. El Quint se liga además al proyecto de parque urbano en la ribera del Turia.
Los desarrollos industriales no se quedan atrás en proyección. Los 5 millones de metros cuadrados que se proponen reclasificar completarían, según el documento, la trama de suelo industrial entre el municipio vecino de Loriguilla y la A-3. El Consistorio se propone también el desarrollo definitivo del Sector Cementeri, que quedó aparcado en la tramitación del anterior PGOU.
En la memoria justificativa, el Ayuntamiento insiste en que la red de carreteras, "diseñada hace muchos años", es un factor limitativo del desarrollo urbanístico de esta localidad de Camp de Túria. El concierto previo ve imprescindible la llegada del metro, soterrado a su paso por el casco urbano, y el desdoblamiento de la CV-370 y la CV-340. Otra serie de mejoras viarias se ligan al desarrollo de nuevos sectores urbanísticos. "Se trata de aprovechar el impulso urbanístico actual para crear dotaciones generales que de otro modo resultarían de imposible implantación por su elevado costo", dice la memoria.
Para el abastecimiento de agua, el concierto previo propone que se extienda la red primaria de abastecimiento a todo el término, surtiéndose de fuentes alternativas como los pozos del Calvario, Escoto, nuevo pozo en el Sector Golf o el abastecimiento de Aguas de Valencia.
Los terrenos del alcalde
La inclusión de las parcelas del alcalde Francisco Tarazona y su familia en el PAI de Porxinos estuvieron a punto de dar al traste con la aprobación del programa en el pleno municipal de Riba-roja de junio de 2005.
Entonces, amenazado por la oposición, que recordó que los ediles con intereses en los PAI no pueden apoyarlos por incompatibilidad, el alcalde anunció que sacaba los terrenos de Porxinos.
Sin embargo, casi dos años después y según aparece en los planos de la propuesta de concierto previo y del PORN (Programa de Ordenación de los Recursos Naturales) del Parque Natural del Turia, una de la parcelas del alcalde aparece grafiada en los mapas como suelo urbanizable -antes era no urbanizable- en el sector residencial de Mas de Porxinos.
Tarazona, imputado por supuesta prevaricación -entre otros delitos- en relación a la gestión del PAI donde el Valencia CF tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, ya negó hace unos meses que tenga sobre los citados terrenos una opción de compra de Litoral del Este, sociedad promotora del PAI de Porxinos. En su declaración ante el juzgado, dentro del procedimiento abierto a raíz de la querella presentada en su día por el partido socialista, el alcalde habló de una opción de compra sobre esos terrenos que había caducado antes de que él y su familia votasen a favor del PAI en el pleno. Sin embargo, no aclaró si las otras dos opciones de compra de Litoral del Este, anotadas en el Registro de la Propiedad, seguían vigente o por el contrario habían caducado también.
*ELPAIS.com - Valencia - 15/04/2007
El 31% de los baleares identifica a toda la clase política con la corrupción
Diario de Mallorca* : "Los ciudadanos de Balears, especialmente los de Eivissa y Mallorca, sitúan a la corrupción entre sus principales problemas con una valoración negativa por encima de la percepción que tienen de ésta en el conjunto del Estado, según refleja una encuesta publicada en el último número de Quaderns Gadeso. Según este estudio, el 31% de los encuestados identifican como causa de esta corrupción a toda la clase política sin distinciones; el 28% señala a "algunos políticos" como los responsables de este problema; el 25% lo atribuye a la financiación de los partidos; el 8% a leyes inadecuadas y, por último, el 8% restante considera que se trata simplemente de un problema generalizado.
De la misma manera, mientras que los baleares consideran "mala" la situación de la corrupción en el conjunto del país, esta percepción empeora hasta una situación "muy mala" en su propia comunidad. Por islas, en Mallorca y en las pitiusas se percibe la situación como muy mala, mientras que en Menorca ésta es considerada como "aceptable".
Respecto a la situación política, los encuestados creen que ha empeorado respecto al año anterior tanto en España como en Balears. Sin embargo, la percepción de la situación económica mejora notablemente tanto a nivel estatal (pasa de un 5,6 a un 6,2) como a nivel insular (de un 5,6 a un 6,8).
La crispación política es otra de las cuestiones tratada en la encuesta de Gadeso. Los ciudadanos opinan que la situación está peor a nivel nacional que insular y Eivissa es la isla donde la percepción de la crispación es peor, mientras que en Menorca es calificada de "aceptable".
Lo que resulta curioso es que el 63% los encuestados, lo que incluye a votantes conservadores, atribuye el clima de crispación a la oposición que practica el PP; el 24% a toda la clase política, y el 13% restante a la actitud del Gobierno de Zapatero.
Sobre las posibles vías para solucionar el terrorismo de ETA, el 43% opina que se debería recurrir únicamente a la vía policial, mientras que el 37% conjuga esta medida con conversaciones con el entorno terrorista. El 39% se siente identificado con la afirmación de que el PP no es leal ya que usa la lucha antiterrorista con fines partidistas y el 23,5% opina que el Gobierno de Zapatero nos engaña porque ya ha pactado con el entorno etarra.
Por último, respecto al posicionamiento identitario, los ciudadanos se sienten mayoritariamente tanto baleares como españoles, aunque crece la identificación con la propia isla por encima de un sentimiento balear.
*Diario de Mallorca - 14 de abril de 2007
Asamblea en Málaga contra la especulación urbanística
*Diversos colectivos ciudadanos convocan una reunión ciudadana en Málaga para el sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución con el lema “La provincia de Málaga no se vende”.
“La Provincia de Málaga no se Vende” es una iniciativa ciudadana que pretende comunicar las distintas luchas y conflictos contra la especulación urbanística, la corrupción y la precariedad que atraviesan la provincia de Málaga.
Tras largos años de gestión neoliberal y desarrollismo salvaje, hoy nos encontramos en una situación en la que los intereses del sector privado parecen valer más que nuestros ríos, nuestras playas, nuestros derechos, nuestro trabajo. Se multiplican las urbanizaciones, los campos de golf, las autopistas, las canteras y sin embargo a los ciudadanos nos cuesta llegar a fin de mes, la vivienda está por las nubes y asistimos a un deterioro medioambiental sin precedentes en nuestro territorio.
Mientras se multiplican los casos de corrupción y los gobiernos se muestran incapaces de defender lo público, decenas de asociaciones vecinales, plataformas, grupos ecologistas y movimientos sociales nos hemos puesto en marcha para denunciar este modelo de desarrollo, abriendo espacios de participación, realizando campañas y movilizaciones de distinto tipo, visibilizando los conflictos.
El próximo Sábado 14 de Abril os invitamos a participar de una asamblea pública en la Plza. de la Constitución, donde intercambiar información, conocernos, hacernos oír y planificar el trabajo común, las próximas citas, etc.
Es una asamblea abierta y participativa por lo que invitamos a asociaciones, colectivos y, ciudadanos y ciudadanas que quieran denunciar alguna situación injusta a que traigan sus pancartas, material informativo o simplemente su voz.
Confirmaron presencia colectivos de Coín, Ronda, Alhaurín, Casabermeja, Mijas, Federación Provincial de Ecologistas en acción, Antequera, Baños del Carmen, Plataforma del Viso contra el PGOU, Precarixs en Movimiento, Asociación de Vecinos y Vecinas Los Paraos (Palma-Palmilla) y decenas de colectivos afectados por la especulación de la provincia.
*diariolatorre.es - 13/04/2007
Foto: Manifestación Málaga Noviembre 2006 /UrbPatasArriba
El barullo de la vivienda
XerardoESTÉVEZ*.- EL PAÍS** : "En la entrevista televisiva a cien bandas a la que se sometió el presidente Zapatero me sorprendió, no la anécdota del café, sino la ponderada respuesta ante la insistente demanda de un chaval de 19 años que quería a toda costa comprar un piso. Prudente, Zapatero contestó con una alusión al esfuerzo del Gobierno por habilitar apartamentos de alquiler. Para mi gusto, debía haber sido más terminante. Una sociedad donde la máxima aspiración de una persona de esa edad es ser propietario de un piso no es razonable. Se confunde el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada con el de su posesión en propiedad.
La inexistencia de un mercado ágil de alquiler y los hasta ahora bajos tipos de interés han arrastrado a la ciudadanía en masa a la compra de viviendas. El oxímoron de moda es el del propietario hipotecado. Esta condición va a mantenerla de por vida, la trasladará seguramente a sus herederos y acaso repercutirá, con efecto retroactivo, sobre muchos padres que, comprometidos a la ayuda sistemática, no podrán disfrutar de una tranquila jubilación. Cuando el titular de la deuda se proponga cambiar de vivienda porque necesita más superficie advertirá que el entorno también ha subido y se verá abocado a relegarse a la última corona metropolitana, sin tiempo siquiera para evaluar los gastos que le van a generar los desplazamientos y la disponibilidad de servicios. Evidentemente, la baja natalidad tiene algo que ver con todo esto.
La cuestión de fondo es que so capa del problema de la vivienda se encubre un negocio inmobiliario producido por el incremento del precio del suelo, del que se benefician fundamentalmente los propietarios de terrenos, los promotores y, en su caso, la administración. Los ciudadanos se ven obligados a introducirse en el juego y convertirse en operadores de suelo sui géneris, viviendo con ansiedad la evolución del mercado inmobiliario.
Tan pronto adquirimos una vivienda mediante una hipoteca rogamos que el precio suba lo suficiente como para que la operación resulte rentable en relación con el tipo de interés, pues su valor de uso tiende a depreciarse. Más que espacio para habitar, lo que compramos y vendemos son acciones de suelo, es decir, la repercusión del suelo sobre el precio de cada metro cuadrado de vivienda. Salvo a los que no las tienen, y que cada día lo ven más difícil a medida que se calientan mutuamente la oferta y la demanda, a nadie le interesa que esas acciones vayan para abajo.
Desde el lado de la economía, y también en amplios sectores de la política, se piensa que el mercado puede llegar a satisfacer todas las necesidades construyendo cada vez más habitáculos, por eso no se ve necesario abordar estudios serios sobre la demanda residencial por edades, tipos de familia, sectores. Es decir, no se fija la dimensión del objetivo constitucional y de esa manera se confunde el negocio con el problema de la vivienda.
En este barullo general da la sensación de que lo único importante es el tema de la vivienda y parecen olvidarse aspectos sustanciales vinculados al planeamiento, como la calidad de los espacios públicos, la localización de los equipamientos y dotaciones, la resolución de los conflictos de movilidad, etcétera. Este tipo de reivindicaciones ha desaparecido del mapa. Para satisfacer una demanda que parece insaciable se siguen diseñando planes generales con cantidades inmensas de suelo apto para urbanizar, muy por encima de las expectativas demográficas, y así sólo se consigue calentar el suelo de todos los municipios y fomentar la especulación.
Sin embargo, al parecer el mercado empieza a desacelerarse. En las grandes áreas de Madrid y Barcelona aparecen ya síntomas de contención e incluso disminución de precios. Si es así, cabe preguntarse qué va a pasar con los propietarios hipotecados a la hora de cotizar la mensualidad por unos pisos que pudieran depreciarse, probablemente tasados en exceso y con un Euribor más alto que el pactado en un principio.
A pesar de que la política económica está basada en gran medida en el auge inmobiliario, me parece bueno que el mercado se enfríe para introducir racionalidad, que se estudie la fórmula para aterrizar con suavidad y, algo primordial en mi opinión, que se vuelva a insertar vivienda y planeamiento, un planeamiento hecho con rigor y limpieza administrativa al lado de una política de alquiler pensada y diseñada con los ayuntamientos, para unos jóvenes y no tan jóvenes que no pueden, ni deben, empeñarse de por vida en la compra de una vivienda.
*XERARDO ESTÉVEZ es arquitecto
**ELPAIS.com - Galicia - 13/04/2007
El TSJA paraliza un proyecto urbanístico que prevé más de 600 viviendas en Maracena
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Q.CHIRINO/C.MORÁN/Granada.- Ideal* : "Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fechado el 30 de marzo ha suspendido cautelarmente el macro proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Maracena en las instalaciones de la fábrica de pavimentos de Jimesa, unos terrenos de unos 60.000 metros cuadrados a la entrada del municipio y a un salto de la capital. La pretensión es sustituir las vetustas naves por más de 600 viviendas, un complejo administrativo y 24.000 metros cuadrados de equipamientos y zonas verdes. En su origen, también se contemplaba levantar un complejo hotelero, una idea que se desechó más tarde. La macrourbanización metería de golpe 2.000 vecinos más en el pueblo.
El proyecto, aprobado definitivamente por el pleno de Maracena en septiembre de 2005, fue recurrido por la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento empleó una 'innovación' -una figura urbanística rápida- para cambiar las normas subsidiarias del municipio sin necesidad de modificar las normas en sí. En definitiva, lo que consiguió con este enrevesado trámite fue que se pudieran levantar pisos donde hasta entonces sólo estaba permitido construir naves; técnicamente, cambiar el uso, de suelo industrial a residencial. Es una maniobra legal -siempre que se utilice de forma justa y equilibrada- y que Juan Carlos Benavides ha popularizado en Almuñécar, donde ante la imposibilidad de sacar adelante un nuevo planeamiento urbanístico (PGOU) lleva tramitadas un centenar de modificaciones puntuales del viejo.
Otro de los puntos enconados del litigio es la edificabilidad. Mientras que el Ayuntamiento considera que los solares tienen un coeficiente de 1,3, la oposición y la Junta lo rebajan a uno. La consecuencia es clara: caben menos pisos y el beneficio de la operación es menor.
El litigio
La Junta impugnó la aprobación del pleno al considerar que el Ayuntamiento estaba llevando a cabo una reforma de gran entidad que no se podía resolver de una forma tan simple, sin pasar por la Comisión Provincial de Urbanismo. Por contra, el gobierno municipal -apoyado en sus informes técnicos- defiende que el proyecto «no supone alteración de la condición del suelo sino de su uso» y alega que el solar está «enclavado en la actualidad en el casco urbano de la localidad, por lo que se considera adecuado trasladar la industria a otro lugar para mejorar las condiciones medioambientales».
El TSJA, sin entrar en el fondo del asunto, ha decidido suspender la macrourbanización porque -si se resuelve finalmente que es ilegal- se habrían consolidado «unas actuaciones urbanísticas en las que se consolidaría un aumento de edificabilidad que no se ha previsto». Dicho de forma sencilla: que no se podría dar marcha atrás.
El proyecto de Jimesa se enredó en los tribunales. El grupo de IU llevó el convenio a la Fiscalía, aunque el asunto se archivó hace un año. Por la vía de lo contencioso administrativo ha seguido unos derroteros diferentes. Pero en estos dos años farragosos, el asunto de Jimesa ha llegado incluso a la oficina del Defensor del Pueblo. Por partida doble.
En octubre de 2005, el Ayuntamiento maracenero anunció un recurso de amparo ante José Chamizo por lo que -entendía- era una «persecución política de la Administración autonómica».
Edificabilidad
Obras Públicas había modificado la edificabilidad y el Ayuntamiento interpretaba que «el informe de la rectificación es posterior a la aprobación definitiva del convenio de Jimesa en el pleno. No es serio que la máxima autoridad en materia de Urbanismo diga una cosa, la aceptemos y aprobemos en pleno y después diga que se ha equivocado», manifestó el alcalde de Maracena, Julio Manuel Pérez.
Antes, el PSOE había seguido el mismo camino. El Defensor del Pueblo sugirió al Ayuntamiento que analizara de nuevo en profundidad «el dictamen emitido sobre el asunto por Obras Públicas y Transportes y, en su caso, se reflexione sobre la necesidad de efectuar las modificaciones que procedan en el contenido del convenio objeto de tramitación para la nueva ordenación urbanística de los terrenos que en la actualidad ocupa Jimesa». Y aún no ha acabado.
*Ideal Granada - 12 de abril de 2007
Foto: LOS TERRENOS. La fábrica tiene pensado trasladarse a Escúzar. /JESSICA MUR /Ideal
Un tribunal paraliza 2.700 nuevas viviendas en Ponferrada
MariféMORENO.- EL PAÍS* : "Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado la pretensión del Ayuntamiento de Ponferrada, gobernado por Carlos López Riesco (PP), de construir al menos 2.700 viviendas más en el paraje de La Rosaleda. En esta parcela de más de 700.000 metros cuadrados el ayuntamiento planeaba la construcción de casi 5.000 pisos. Hasta ahora ha otorgado licencias para unos 2.300. El auto es consecuencia de una denuncia de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo, que reclama más espacios verdes y comunes.
Una sentencia de 2005 del mismo tribunal ya había anulado la ordenación urbanística de La Rosaleda, aprobada por la Junta de Castilla y León (PP), por la ampliación de la edificabilidad de las parcelas en detrimento de la superficie destinada a equipamientos públicos. El ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo, y la federación de vecinos pidió la ejecución de la sentencia para evitar que se siguieran dando licencias.
Alberto Zapico, ex presidente de la federación y miembro de la candidatura socialista al ayuntamiento, ha acusado al alcalde de prestar más atención a esta zona que a otras de los alrededores deterioradas por el paso del tiempo.
*ELPAIS.com - León - 13/04/2007
Foto: Barrio de la Rosaleda /elbierzodigital.com
Tenerife: sábado 14 de abril, manifestación contra la corrupción
indymedia* : "L@s canari@s tenemos una nueva cita en la calle este sábado 14 de abril, a las 12 horas en la plaza Secundino Delgado (conocida oficialmente con el nombre del criminal "Weyler"). Este sábado habrá nuevo ejercicio de democracia participativa, convocado por la Asamblea por Tenerife. Nos reuniremos en Santa Cruz para volver a decir lo que ya hemos gritado tantas veces en estos últimos años de lucha masiva contra la administración esperpéntica del tándem político-empresarial que gobierna y que nos tiene la democracia maltrecha : NO A LA CORRUPCION, NO AL PUERTO DE GRANADILLA.
Sí a los servicios públicos de calidad, a una sanidad y una educación digna, NO la autopista exterior y demás carreteras que cubre de piche lo poco que queda de tierra, NO a la RIC; en defensa del sector primario frente a la especulación, por las energías renovables, por el transporte público… ¡QUEREMOS QUE ESTO CAMBIE!
La adjudicación de las obras en granadilla tras los esfuerzos masivos de la ciudadanía para parar este disparate de puerto o la aprobación de nuevas camas turísticas tras las leyes de moratoria nos deja ahora bien claro que estamos sól@s. Sol@s ante unas leyes hechas a medida del poder, que se pliegan a su conveniencia. Pero también sabemos que nos tenemos a nosotr@s, que somos una multitud que es capaz de pensar, de hablar, de gritar: que no permitiremos que las condiciones sociales, económicas, culturales, medioambientales de nuestro pueblo se deterioren aún más.
¡Hacemos un llamamiento a la asistencia, con más fuerza que nunca!. Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos. ¡por nuestra tierra, por nuestros hijos, salgamos a la calle a dar una patada en el culo al gobierno! ¡mándense a mudar!
*Canarias indymedia - 12 abr 2007
La Eurocámara condena la tolerancia con el urbanismo salvaje en la costa
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R.M.deRITUERTO/C.VÁZQUEZ.- EL PAÍS* : "La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer por 13 votos a 3 un demoledor informe sobre las tropelías del urbanismo salvaje español, así como varias recomendaciones para ponerles freno. El informe se centra en "el 'enladrillado' del litoral" mediterráneo, en particular el valenciano, sometido a "un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural". El consejero de Territorio, Esteban González Pons, calificó en Bruselas el informe de "inquisitorial e injusto" por centrarse en Valencia "cuando en toda España se construye igual".
A la Comisión no le costó mucho aceptar los duros términos de este informe, según el cual "en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE". El documento es fruto del viaje realizado entre el 27 de febrero y el 3 de marzo por dos eurodiputados (el polaco Marcin Libicki, del partido de los hermanos Kaczynski, y el laborista británico Michael Cashman) a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
"Lo que está ocurriendo a lo largo del litoral mediterráneo español no es tanto desarrollo sostenible programado de las comunidades locales -aunque tal desarrollo también se produzca- cuanto, con frecuencia, un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural", señala el informe. El documento menciona también los graves obstáculos encontrados en su visita a la Comunidad Valenciana, donde el equipo investigador "halló una actitud más arrogante y donde se le facilitaron menos explicaciones".
La Comisión aprobó, con los votos de socialistas, verdes y liberales, las recomendaciones del informe, donde se insta a las comunidades autónomas a crear, con la participación de los defensores del pueblo locales, comisiones de arbitraje -la redacción inicial menciona "tribunales administrativos especiales", pero se varió la redacción-, a los que puedan tener acceso sin costes las personas directamente afectadas por proyectos urbanísticos. También se pidieron valoraciones económicas acordes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y el de los Derechos Humanos cuando se imponga una compensación por pérdida de la propiedad.
Pese al voto en contra de tres eurodiputados populares españoles incluido el suyo propio, Luis Herrero dijo: "Con este informe básicamente estamos bastante de acuerdo". La intervención de su compañero de partido Carlos Iturgaiz fue de rechazo frontal al contenido del informe, del que dijo que su objetivo es "desgastar" al Consell.
El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein lamentó que el territorio valenciano "se haya convertido en el salvaje oeste europeo", mientras el parlamentario socialista Joan Calabuig recriminó la actitud de la Generalitat porque no ha defendido adecuadamente los intereses generales de los valencianos en esta cuestión.
González Pons, que pudo haber tomado la palabra en la Comisión, decidió no hacerlo finalmente. Éste cree ver intereses espúreos en la singularización de la Comunidad Valenciana "cuando en toda España se construye igual" y lamenta los onerosos costes en imagen, inversión y turismo que puede suponer semejante documento, que calificó de "inquisitorial e injusto".
Este último informe acaba aquí su recorrido. Aprobadas las recomendaciones en la Comisión, el contenido no se remitirá al pleno del Parlamento Europeo. Los dos representantes de la Comisión Europea -el del Mercado Interior y el de Medio Ambiente- explicaron que en junio se decidirá si el expediente abierto a España por falta de transparencia en los contratos públicos se remite al Tribunal de Justicia Europeo. También confirmaron que la Comisión ha abierto 19 expedientes contra España por abusos relacionados con atentados al medio ambiente.
*ELPAIS.com - Bruselas / Valencia - 12/04/2007
Foto: Los miembros de la delegación de eurodiputados en Valencia- SANTIAGO CARREGUÍ
El TSJA anula el plan urbanístico de Llanes por su «directa vulneración de la legalidad»
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MarcelinoGUTIÉRREZ.- El Comercio* : "El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el plan urbanístico de Llanes por segunda vez en menos de diez años y a menos de dos meses de las elecciones. Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo consideran que la elaboración y aprobación del documento comportaron una «directa vulneración de la legalidad urbanística». El fallo señala que las notables modificaciones que introdujo la CUOTA deberían haber pasado a información pública. El tribunal cree injustificada la inclusión de nuevos núcleos urbanos y urbanizaciones de la norma derogada en 1997. El documento constituía el soporte legal para la construcción de cinco mil viviendas en el municipio.
El fallo supone la contundente respuesta al recurso presentado en 2002 por Andecha Astur. Esta formación política denunció la aprobación por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) de un Plan General de Ordenación Urbana que incluía las grandes áreas residenciales de las normas anuladas por la misma instancia judicial cinco años antes.
La resolución de la sala que preside Julio Luis Gallego incluye una amplia enumeración de las razones por las que el texto, que pretendía servir de soporte legal a la construcción de cinco mil viviendas, «no se ajusta al ordenamiento jurídico». Su principal argumento es la decisión del Principado de aprobar por unanimidad el texto el 10 de julio de 2002 con la condición de que la Administración local aceptase 16 de los 54 recursos presentados por los particulares e importantes limitaciones en las principales áreas de actuación. Con estos cambios, el equipo de gobierno de Llanes, del PSOE, presentó un texto refundido que fue ratificado en abril de 2003.
Según el criterio de los jueces, la propuesta municipal vulneraba la legalidad y la Administración regional no podía aprobarla en ningún caso. «Tendría que haber aplazado la aprobación hasta que se garantizara la participación de los ciudadanos».
El tribunal señala que las «deficiencias» corregidas por la CUOTA fueron tan importantes que deberían haber sido sometidas a alegaciones. Entre otros aspectos, pidió justificar de nuevo el carácter urbano de los suelos de Niembro, Barro, Nueva, Poo y Toró. También sometió a numerosas condiciones el desarrollo de las urbanizaciones previstas en Celorio, La Llavandera, Llanes y Posada, y reclamó la ampliación de los informes urbanísticos, históricos, etnográficos y económicos que sustentaban las propuestas del equipo redactor. Para subsanar estos errores, el Pleno de Llanes remitió al Principado una nueva propuesta acompañada de un informe del redactor del plan, otro del arquitecto municipal y un dictamen del secretario municipal.
Informes
A juicio del Superior de Justicia, las abundantes carencias aún estaban muy lejos de quedar solventadas por estos informes. «Y en definitiva, la Administración autonómica aprueba la clasificación como suelo urbano de unos terrenos que no se acredita que tengan tal carácter y sustrae relevantes elementos de juicio al debate en fase de información pública, que constituye una de las más importantes formas de control democrático del planeamiento», concluye la sentencia, que incluso reprocha a la Administración haber convertido «la participación ciudadana en una simple formalidad o apariencia».
Otro de los elementos que sustentan la decisión de los jueces es la inclusión de las urbanizaciones previstas en las normas subsidiarias anuladas en 1997. El fallo establece que este intento de «convalidación», defendido tanto por los técnicos que realizaron el plan como por el entonces alcalde de Llanes, Antonio Trevín, no respeta la exigencia de elaboración de planes parciales para cada una de las actuaciones.
Las cinco promociones más importantes de la ordenación derogada fueron 'legalizadas' con una única y somera referencia: «Se declaran vigentes los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de este plan, cuyas determinaciones se ajusten al mismo y que son los siguientes: Plan Parcial de La Talá, Plan de La Huertona, La Llavandera, el Polígono Industrial de Posada y la Unidad de Actuación de El Sablón». Cada una estas actuaciones también debería haberse sometido a información pública de forma independiente.
De 'coste cero'
Ni siquiera la memoria inicial de la que parte el Plan General resulta bien librada. En este punto, el tribunal indica que es «forzoso reconocer» que estos criterios básicos, planteados ya al inicio de la tramitación «no son congruentes» con las soluciones adoptadas. Sobre este aspecto, destaca que no se recogen las fuentes de financiación con las que se pretenden acometer actuaciones de «coste cero», como dotaciones deportivas al aire libre en Celorio o en espacios libres de Pancar, Barro, Niembro o El Humedal. Aún más: «la capacidad inversora del Ayuntamiento no permite asegurar la viabilidad financiera del plan», a pesar de que la aportación municipal es sólo el 3,39%.
Este varapalo judicial fue recibido ayer con evidente preocupación por las administraciones responsables de su tramitación y los empresarios. En cambio, el PP ve en la decisión de los magistrados una de sus principales bazas electorales en Llanes. La norma hasta ayer considerada «ejemplar» por el Ayuntamiento y el Gobierno asturiano queda a expensas de un posible recurso ante el Tribunal Supremo. Y cinco mil viviendas, la base del desarrollo del municipio en los próximos quince años, se cobijan ahora bajo una absoluta incertidumbre legal. Igual que hace diez años. ANTONIO TREVÍN
*El Comercio - 12 de abril de 2007
Foto: LLANES. Zona Este de la villa, donde el Plan General de Ordenación Urbana autorizaba la construcción de quinientas viviendas. / DAVID ESPINOSA
Los planes de la costa malagueña prevén urbanizar hasta el último metro del litoral
ABC.- Malaga* : "Braulio Asensio, biólogo y responsable de la presentación de conclusiones del «Congreso andaluz de sostenibilidad, urbanismo y turismo: binomio sostenible» que se celebra en Marbella, alertó ayer de que el 97% del litoral malagueño está construido y que todos los avances de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios presentan este fenómeno en su totalidad y proponen edificar «hasta el último centímetro del litoral que no está protegido».
Esta es una de las conclusiones al que han llegado los 150 especialistas participantes en este congreso, que subrayan que la saturación urbanística está generando la «degradación evidente de los elementos naturales que hacían atractivos estos destinos». Por ello, en un documento elaborado por un panel de expertos tres meses antes del encuentro, sugiere la «inevitable» necesidad de plantear una «desaceleración drástica» del proceso de ocupación del territorio.
Síntomas de saturación
Su diagnóstico refleja que el crecimiento actual de las zonas turísticas «es inestable y muestra síntomas de saturación» y advierten de la necesidad de buscar «urgentemente» alternativas. Por ello, recomiendan, entre otras cuestiones, construir ciudades más saludables.
Algunas de esas medidas las contempla el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol, cuyo redactor, el arquitecto José Seguí, aseguró que el documento «establece unas reglas del juego» que permite que los municipios «crezcan de manera más controlada». En ese sentido, Seguí afirmó que con los planteamientos vigentes de los municipios de la Costa del Sol existe suelo disponible «para crecer en los próximos 15 o 20 años».
Para Seguí, la aprobación definitiva y entrada en vigor del POT «deja todavía un largo recorrido para esta costa a pesar de las enormes turbulencias que ha soportado».
También subrayó «la necesidad de que haya condiciones de infraestrucutra para que se construya con garantías» en cuestión de abastecimiento y viales, y abogó por un «crecimiento físico ordenado», ya que «después nos encontramos con demasiadas casas y pocos espacios públicos».
En su opinión, el POT «limita el crecimiento para que no siga produciéndose como antes, sin el control supramunicipal». Y destacó que «el turismo tiene otro tipo de crecimiento distinto al de una ciudad, basado en el medio natural».
Medidas contra la especulación
En términos similares se expresó también en este congreso el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, quien aseguró que el mantenimiento del urbanismo en la Costa del Sol «no es igual a crecimiento cero y a la paralización de la construcción», sino que pasa por «establecer medidas para frenar la especulación».
Marcos destacó, además, que con la aprobación del POTA por parte de la Junta «se prevé» que el desarrollo residencial sea proporcional al de equipamientos y servicios. En ese sentido, recordó que el crecimiento residencial «no ha respondido a necesidades demográficas», de forma que en toda la provincia de Málaga «existen 116.000 viviendas vacías a precios inalcanzables para jóvenes y familias medias».
*ABC - 12 de abril de 2007
Foto: Benalmádena - Torrequebrada (Malaga) /UrbPatasArriba
"Un empresario en España encarece el precio de la vivienda en más de un 30 %"
DavidCORRAL* : "El pocero de Fuenlabrada, que ha charlado con los lectores de ELPAIS.com, ha puesto en jaque el mercado inmobiliario al ofrecer viviendas cuatro veces más baratas. "El precio de una vivienda son diez millones de pesetas, y con eso ya está bien pagada", de forma rotunda y con lenguaje llano, el 'otro pocero' intenta explicar que su milagro es más mundano que divino. Para José Moreno la clave de la burbuja inmobiliaria comienza con la falta de terreno liberado por las comunidades autónomas y el porcentaje que cobran los empresarios, ya que hasta un 40% del precio de un piso acaba en sus bolsillos. "A mí me resulta abusivo el porcentaje del 3,6% que hemos cobrado, de hecho cuando nos den nuevas promociones lo bajaremos al 2,5%".
Entre pregunta y pregunta a Moreno le suena el teléfono. Los medios de comunicación le acosan. Nada más atender la llamada de otro medio, el móvil vuelve a sonar, esta vez al otro lado de la línea una señora que pregunta: "¿Es usted José Moreno el de los pisos baratos de Fuenlabrada?" Él afirma y acto seguido, la pregunta que se hace toda España: "¿Qué tengo que hacer para conseguir uno de sus pisos?".
Moreno, que atiende con amabilidad y paciencia a la desconocida, pregunta a su interlocutora si es de Fuenlabrada. Al obtener la respuesta negativa, responde un sentido "lo siento. Debe estar empadronada al menos tres años en Fuenlabrada y estar apuntada al Instituto de la Vivienda".
La charla con los internautas se reanuda y el constructor del milagro vuelve a la carga para defender la realidad de sus pisos de tres habitaciones, trastero y piscina por 84.000 euros. "Empecé en esto porque mi Asociación de Vecinos consideraba prioritario el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Por ello fundamos una cooperativa entre los vecinos. El precio de los terrenos obtenidos fue de 1.050 millones de pesetas". Moreno siempre se maneja en pesetas y recalca que el problema de que justo enfrente de su promoción los pisos cuesten 420.000 euros y los suyos 84.000 es que "el mercado inmobiliario en un 99% es privado", sumando la liberación de terrenos por parte de las comunidades y los beneficios del empresario.
"Mi fórmula se puede aplicar a promociones privadas"
El hecho de que sus promociones estén realizadas sobre terreno público no quita que su idea se pueda exportar al mercado privado. "Alguna vez he pensado en aplicar esta fórmula a promociones privadas. Se podría abaratar el coste de la vivienda por lo menos en un 30%, ese porcentaje se reduce de los beneficios del empresario". De ahí que Moreno ya haya escuchado algunos comentarios en el sector: "Están preocupados, nerviosos, me han comentado que me ande con cuidado".
Pero a Moreno no sólo le han llegado amenazas, también ofertas de otros ayuntamientos interesados en exportar su sistema. "En concreto el ayuntamiento de un pueblo de León, que pone incluso los terrenos gratis, y no tendríamos que pagar impuestos. Además gente de Ciudad Real, de Ávila..." La avalancha de peticiones ha sorprendido a Moreno: "Jamás pensé que además de Fuenlabrada hubiese tanta necesidad real en todos los pueblos".
Este extremeño de 57 años entiende las hipotecas como un receso "a la época de Espartaco, han vuelto las cadenas. Una hipoteca supone encadenar a los jóvenes durante 40 años", asegura, y no duda en citar siempre a su querida Fuenlabrada y los avances que ha alcanzado gracias a la cooperativa que el preside. "En Fuenlabrada se está construyendo hasta un 60% de vivienda pública, creo que ahora que hay elecciones hay que exigir a los candidatos que se comprometan a construir como mínimo un 50% de vivienda protegida. Que se comprometan ante notario y si no lo cumplen, sed su peor pesadilla".
¿Y si alquilamos?
Saúl: ¿Por qué cree que en España nos resistimos tanto a vivir de alquiler y preferimos 'atarnos' como usted dice durante 40 años a una hipoteca cuando por la mitad de dinero podríamos alquilar un piso?
José Moreno: Estamos en lo mismo, hay que diferenciar entre iniciativa privada y pública. Si son las viviendas de Fuenlabrada van a pagar una media de 300 o 400 euros al mes por compra. De alquiler en Fuenlabrada cuesta entre 750 y 1.100 euros. Como consecuencia lo suyo es luchar en el compromiso de los diferentes pueblos, que los concejales y alcaldes se comprometan ante notario por escrito a construir como mínimo el 50 % de vivienda pública. Así tanto en los Ayuntamientos como en las Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid es por ley que el mínimo del 50% tiene que ser vivienda pública.
*ELPAIS.com - Madrid - 11/04/2007
El PE aprueba el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería
EUROPA PRESS* : "El informe ha sido elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Es el tercero que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana desde el año 2003 y el primero que habla de otras regiones.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería y reclama que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados. En total, 15 eurodiputados votaron a favor y 3 en contra.
El PP votó 'no' después de que el presidente de la comisión y coautor del informe, Marcin Libicki, rechazara su petición de retrasar la votación para poder presentar nuevas enmiendas a un texto "con el que básicamente estamos bastante de acuerdo", según dijo el eurodiputado, Luis Herrero. Más duro se mostró el parlamentario popular Carlos Iturgáiz, que rechazó de plano el informe al considerar que su único objetivo es "intentar desgastar al Gobierno del PP en Valencia".
El otro ponente del texto, el laborista británico Michael Cashman, hizo traer a la sala donde se celebraba la reunión de la comisión de Peticiones dos grandes baúles que contenían las "15.000 peticiones" recibidas de ciudadanos europeos por abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana para demostrar que no son "una invención" como sostiene el Gobierno valenciano. Asimismo, explicó que siguen llegando denuncias y que durante su visita le entregaron otras 60 que "describen los desproporcionados sueños urbanos de los urbanizadores que se han convertido en pesadillas para los ciudadanos".
Cashman destacó que "la aplicación de las leyes urbanísticas que rigen los derechos de las personas sobre sus propiedades legítimamente adquirida sigue siendo problemática en varias comunidades autónomas españolas". "Los residentes locales, sean o no españoles, son los más afectados por estos programas de urbanización y son los que tienen más que perder", señaló.
Estos problemas "son más comunes en la región de Valencia que en ningún otro lugar", prosiguió el coautor del informe, que señaló que precisamente los representantes de esta comunidad autónoma fueron los que recibieron a la misión de la Eurocámara "con más arrogancia y con menos explicaciones sobre los proyectos de urbanización que han llevado a la destrucción de muchas áreas costeras", y tuvo duras críticas contra el conseller valenciano de Territorio, Esteban González Pons por el desprecio mostrado hacia la delegación. También afirmó que llevará a los tribunales a los que repitan los insultos contra él.
ALMERÍA Y MADRID
Las críticas de Cashman se centraron en el caso de la Comunidad Valenciana y fueron mucho más benévolas para Almería o Madrid. En el primer caso destacó que, aunque la visita de los parlamentarios coincidió con el día de Andalucía y era una jornada festiva, representantes del Gobierno regional en la provincia aceptaron reunirse con la delegación "para discutir las leyes urbanísticas andaluzas y su aplicación en varios municipios y el tema de la compra legal de edificios ilegalmente construidos".
Sobre su visita a Madrid, el eurodiputado destacó que fue recibido también por las autoridades regionales y que la misión visitó Torrelodones y Galapagar, localidades de las que habían llegado quejas al Parlamento. La misión expresó a las autoridades madrileñas su "preocupación" por el impacto de los programas de urbanización en los espacios protegidos por la red Natura 2000 en el río Guadarrama y por los problemas de tratamiento de aguas residuales.
RECOMENDACIONES
Para resolver estos abusos, la comisión de Peticiones aprobó un catálogo de recomendaciones en el que reclama a las autoridades españoles y a los Gobiernos regionales, especialmente el de la Comunidad Valenciana, que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida" y que definan de manera precisa el "interés general" que puede justificar una apropiación.
También pide la creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados. Finalmente concluye que, cuando haya que otorgar una compensación por la pérdida de propiedad, se haga a un nivel adecuado que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y exige a la Comisión que investigue cualquier denuncia.
En el debate previo a la votación, la eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez Cortines aseguró que la legislación española da excesivas competencias a los Ayuntamientos en materia de urbanismo. "Sólo un pacto entre todos los partidos políticos sería capaz de conseguir que la administración pública del Estado adquiriera mayores competencias que las que tiene actualmente", dijo.
Por su parte, el socialista Carlos Carnero expresó su "satisfacción" por el informe porque a su juicio ha tenido una "gran utilidad" en la Comunidad de Madrid por "impedir que culminaran planes de urbanismo salvaje particularmente en Galapagar y Torrelodones". Asimismo, explicó que, aunque el consejero de Presidencia, Francisco Granados, recibió a la delegación "con una sonrisa", tras su marcha la calificó de "espectáculo cómico-taurino".
El eurodiputado socialista Joan Calabuig lamentó "la actitud de las autoridades de la Comunidad Valenciana y en concreto del conseller González Pons, que hizo ruedas de prensa para atacar a la delegación, que se reunió de manera absolutamente absurda con los promotores inmobiliarios, cuando él tiene la obligación de defender el interés general y no sólo el de una parte".
El representante de Los Verdes, David Hammerstein, denunció que "la democracia local ha sido fagocitada por unos Ayuntamientos en la sombra de las constructoras". "El interés público se ha sustituido por la idea de que urbanizar por urbanizar siempre es bueno. No se defienden los derechos fundamentales, hay blanqueo de capitales de forma masiva, hay muchos casos de corrupción y especulación y esto es un asunto europeo", recalcó, al tiempo que pedía una intervención más decidida de la Comisión.
Finalmente, la verde danesa Margrete Auken negó que la comisión de Peticiones esté desprestigiando a la Comunidad Valenciana. "En Dinamarca sabemos, se hacen eco los medios de comunicación, de que una zona maravillosa ha sido destrozada debido a esa especulación", aseguró.
*EUROPA PRESS - BRUSELAS, 12 Abr.
Foto: Parlamento europeo /juntadeandalucia.es
