Raquel Rodríguez*.- Diagonal** : "Los tres millones de viviendas vacías (15% del total) existentes en España se localizan mayoritariamente en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid. A pesar de la gravedad del problema, la infrautilización del parque de viviendas nunca ha sido abordada desde la política pública hasta ahora. Cataluña y País Vasco proponen gravar fiscalmente las viviendas vacías incrementando hasta el 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles. No es una idea nueva ni disparatada.
En Francia la iniciativa funciona desde 1998, al margen del color político del Gobierno, y con condiciones no muy restrictivas: la vivienda debe estar vacía más de 30 días al año, en buen estado de habitabilidad y ubicada en un municipio con problemas de acceso a la vivienda. El impuesto penaliza la reincidencia, incrementándose desde el 10% del primer año hasta el 15% del tercero. El dinero recaudado va a parar a la Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), institución que se dedica a la rehabilitación de viviendas en alquiler.
Para su aplicación en nuestro país, bastaría pues con firmar convenios con las empresas suministradoras de energía o agua para tener datos reales sobre la ocupación de la vivienda, recopilar los datos del Censo de Población y Viviendas realizado por el INE que permiten saber cuál es el estado de conservación del edificio, y realizar estudios sobre la demanda real de vivienda, labor abandonada a mediados de los ‘80 e importantísima para evaluar la gravedad del problema, y que ha sido retomada por algunas comunidades autónomas, como Cataluña, donde se están desarrollando los Planes de Vivienda municipales y está en redacción una nueva ley de vivienda, o el País Vasco, que ha aprobado recientemente el Plan Director de Vivienda 2006-2009.
El impuesto sobre las viviendas vacías sienta un precedente que penaliza la inversión en ladrillo y establece claramente el límite entre los dos derechos constitucionales que se contraponen cuando se aborda el problema de la vivienda: el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna. Esta medida abre la puerta a un replanteamiento general de la política pública en materia de vivienda y suelo, en la que se opte por garantizar el derecho constitucional al medio ambiente y la obligación de los poderes públicos de velar por una utilización razonable de los recursos naturales. No se puede seguir pensando que la única solución es la construcción de más viviendas, esta vez protegidas y siempre en propiedad.
No existen ni datos ni estudios sobre la estructura de la propiedad del parque de viviendas vacías, por lo que es impredecible el resultado final de esta medida por sí sola. Podría resultar que a los grandes inversores les saliera rentable pagar el impuesto y mantener sin uso su patrimonio. O que la clase media, que ha ido acumulando sus ahorros en ladrillo empujada por una política fiscal favorable, decida deshacerse de su patrimonio, es decir, opte por la venta y no por el alquiler.
Para que el impuesto sobre las viviendas vacantes sea realmente efectivo es necesario, por un lado, que la recaudación se reinvierta en garantizar el acceso a la vivienda de aquellos grupos sociales que lo necesiten, y, por otro, acompañarlo de una batería de medidas que incidan realmente sobre los problemas olvidados en materia de vivienda y suelo: sobredimensionamiento del parque de viviendas, estudio geográfico y sociológico sobre la necesidad y la demanda de vivienda real en relación con la existencia del patrimonio ya construido, diversificación de las formas de acceso a la vivienda, rehabilitación versus construcción.
*Raquel Rodríguez es investigadora y arquitecta urbanista
**diagonalperiodico.net - Número 51. 29 mar - 11 abr 2007
El foco de atención sobre los pisos vacíos
Contra una urbanización para más de 2.000 personas en Candeleda
Carlos de Miguel.- AvilaDigital* : "Una plataforma vecinal ha interpuesto un recurso contra la construcción de una urbanización de más de 2.000 personas en Candeleda porque recibirá más agua que la propia localidad. Con el nombre de Candelas de Gredos, la urbanización ocupará 21 hectáreas de un paraje situado en la zona de influencia del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Según Jesús Dura, portavoz de la Plataforma Ciudadana contra la especulación urbanística y ambiental de Candeleda, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha asignado mayor caudal a la futura urbanización, en la falda sur de la Sierra de Gredos, que a la propia localidad. El recurso se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde tiene su sede el organismo de cuenca.
"La urbanización -explicó- recibirá 12 litros por segundo frente a los ocho que dispone la población, en un proyecto que contempla la construcción de más de 400 viviendas y 200 plazas hoteleras que albergarán más de 2.000 personas, frente s los 4.000 censados en Candeleda, que son el doble en verano".
Milagrosamente favorables
Ante los informes “milagrosamente favorables”, han presentado recursos de alzada ante la Junta contra la aprobación del plan parcial porque no contempla la depuración de aguas, ya que la declaración de impacto se formuló para 226 viviendas y no 431 y 200 plazas hoteleras; y también consideran que infringe la Ley de Patrimonio, ya que las planificaciones urbanísticas deben incluir un catálogo de los bienes y las normas de protección, y en este caso no se ha hecho a pesar que en la zona existen dos yacimientos arqueológicos catalogados.
Los recursos han sido presentados por la asociación ecologista Cinclus y la formación Independientes de Candeleda al carecer de personalidad jurídica la plataforma vecinal, que también duda del proceso de declaración como urbanizables de los terrenos afectados.
*Avila Digital - Jueves 5 Abril de 2007
Foto: Candeleda /wikipedia.org
El Tribunal Superior anula la urbanización de la zona de expansión de Ourense
CristinaHUETE.- EL PAÍS* : "El Tribunal Superior de Xustiza ha declarado nula la urbanización de 75.000 metros cuadrados de una importante área de expansión de Ourense en el barrio de A Ponte, incluida en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. El complejo alberga un centenar de viviendas, zonas verdes, la nueva sede de la Policía Local y el vial que va a la estación del tren. El fallo se produce a instancias de los afectados por la recalificación, que el Ayuntamiento realizó con "una argucia legal para juntar varios solares en uno solo y modificar la edificabilidad, que concedió a un promotor".
La sentencia del alto tribunal indica que si los demandantes hubieran pedido la nulidad del plan general en su conjunto, la habría concedido. El plan urbanístico de Ourense, aprobado en 2003 por el grupo de gobierno del Ayuntamiento (PP), "favoreció en el barrio de A Ponte los intereses de un particular por encima de los públicos", señala el portavoz del BNG y candidato a la alcaldía, Alexandre Sánchez Vidal.
Sánchez Vidal asegura que el Ayuntamiento "amañó un acuerdo con un promotor de forma que aprobó la segregación del polígono urbano en varias parcelas y concedió a un promotor la destinada a la edificación mientras que a los particulares les concedió la otra en la que no sólo no les otorga edificabilidad, sino que les impone la cesión de los viales, el pago de la construcción de una carretera de 20 metros de ancho y el acondicionamiento de la zona verde".
El portavoz nacionalista asegura que como miembro de la comisión de Urbanismo alertó en reiteradas ocasiones al grupo de gobierno de esta irregularidad "pero al actual alcalde y candidato del PP, Enrique Nóvoa, le da por decir que no es político, sino electricista, y resulta que no es más que un incompetente". Sánchez Vidal destaca que con su actuación, Nóvoa ha provocado la "inseguridad e incertidumbre de promotores ajenos a esto y de cientos de familias orensanas que han comprando pisos en esa zona y que tienen ahora un futuro incierto".
El BNG señala que el actual regidor dejó sin contestar, en su etapa de concejal de Urbanismo, los recursos de reposición que durante cuatro años le plantearon los vecinos afectados de esta zona "generando con su silencio un problema de gran magnitud". "El candidato del PP no puede ampararse en que fue abducido durante todo este tiempo", protesta.
En el caso de que se apruebe el derribo de los cientos de edificaciones construidas, "el Ayuntamiento tendría que indemnizar con cantidades millonarias, de las arcas municipales, a los afectados", destaca el edil, "como consecuencia de una actuación de connivencia y trato de favor del grupo de gobierno hacia el promotor".
Además de a las viviendas, la sentencia afecta a importantes dotaciones públicas de la ciudad ejecutadas en esta zona próxima al centro: el edificio de la Policía Local, una parte del área del planeamiento de la zona del Puente del Milenio y el nuevo vial que comunica con la estación del ferrocarril, que en el futuro será la del AVE.
El PSdeG sostiene que sentencias como ésta ratifican su decisión de denunciar el plal general "porque es especulativo y sólo favorece intereses particulares". El portavoz y candidato socialista a la alcaldía, Francisco Rodríguez, advierte que éste "sólo es un capítulo más y no sabemos lo que nos depara el futuro". Explica que la "operación especulativa" que el PP llevó a cabo en A Ponte consistió "en modificar en el plan el área de reparto a suelo urbano consolidado para no pagar la cesión a la que obliga la ley no hacer vivienda protegida ni pagar la urbanización".
*ELPAIS.com - Ourense - 05/04/2007
Foto: Ourense /red2000.com
AMA pide soluciones para los afectados del Alto del Cuco
El Diario Montañés* : La Asociación AMA manifiesta su preocupación por la sentencia del Alto del Cuco que pone una vez más a los pies de la justicia, no al condenado el Ayuntamiento de Piélagos, sino a las familias que han comprado una vivienda. A partir de esta sentencia empiece un peregrinar de las citadas familias por abogados, juzgados, administraciones y un largo camino en el que hay gente como en Arnuero que lleva más de 13 años en el que muchas veces ha perdido hasta la salud y es que comprar una vivienda en Cantabria con esta inseguridad jurídica puede perjudicar seriamente la misma.
El Ayuntamiento de Piélagos a través del planeamiento urbanístico y mediante un plan parcial da legalidad a las actuaciones en la zona. La sentencia manifiesta que esa actuación no ha sido conforme a derecho.
La Consejería de MEDIO AMBIENTE, (ni más, ni menos) informa favorablemente sobre el citado plan parcial, manifestando que el proyecto se ajustaba a la normativa vigente
¿Cómo es posible que dos Conserjerías de un mismo Gobierno la de Presidencia y Urbanismo y Ordenación del Territorio ( pide el derribo de las viviendas y las medidas cautelares) y la Medio Ambiente (que da el visto bueno al proyecto)?.
¿Qué responsabilidades van asumir estas dos organismos de la Administración ?
¿Cuándo se resolverán las causas penales pendientes del Alcalde de Piélagos?
¿Actuarán los nuevos fiscales anticorrupción?
EL TSJC de Cantabria con los indicios de ilegalidad tenía, no se entiende como no ha parado la venta e informar a los compradores, máxime cuando el propio Gobierno de Cantabria había pedido esas medidas cautelares.
Los demandantes ARCA que defendiendo un bien superior el medio ambiente se olvidan de informa a lo compradores o de registrar su demanda para que sea conocida por todos los compradores
Tiene que ser compatible conservar el medio ambiente y que no estafar la gente que compra una vivienda de buena fe.
Esperamos que estas familias que han comprado las vivienda tengan al menos los mismos derechos que el compra un coche (entre 2 a 5 años de garantía) o una simple lavadora (mínimo 2 años), ya que actualmente su situación es muy grave con una indefensión casi total de los afectados.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que condena a la Administración , pero esta condena acaba repercutiendo todos ciudadanos de Cantabria, ya que las posibles indemnizaciones salen de las arcas públicas que se nutren con nuestros impuestos, por ello la necesidad de buscar a los culpables y que sean estos los que hagan frente con su patrimonio del daño producido.
El disgusto, el miedo, los nervios de la personas que compraron sus viviendas en el Alto del Cuco merecen por lo menos nuestro respeto, afecto y una solución rápida de las autoridades competentes.
*blogseldiariomontanes.es - 04.04.07
Foto: Alto del Cuco - Piélagos (Cantabria) - eldiariomontanes.es
Ver también noticia en El Diario Montañés, 4 de abril de 2007: El Gobierno regional pide al TSJC la suspensión cautelar del plan parcial
Urbanizaciones: destruyendo el territorio, hipotecando el futuro
Ecologistes en Acció del País Valencià** : "Los promotores inmobiliarios se han convertido en los auténticos diseñadores del urbanismo valenciano, con la complicidad de los ayuntamientos y del gobierno autonómico y con la ayuda de la legislación vigente. Este urbanismo del promotor es un modelo especulativo y depredador del territorio que no responde al interés común de la sociedad, sino al enriquecimiento rápido de unos pocos gracias a las grandes reclasificaciones de terrenos rústicos (a menudo a costa de los pequeños propietarios).
El resultado está bien a la vista: sólo entre 1990 y 2000, la superficie urbanizada en el País Valenciano ha crecido casi un 50%, llenando aún más de asfalto, ladrillos y hormigón el territorio (sobre todo la franja litoral, pero con tendencia a penetrar también hacia el interior).
Este proceso se ha intensificado en los últimos tiempos, en los que se han presentado cientos de programas de actuación integrada que pretenden reclasificar miles de hectáreas de terrenos agrícolas, sin ni tan siquiera respetar las tierras más fértiles ni el entorno de los principales espacios naturales.
Nos precipitamos así hacia un modelo de ciudad difusa, donde las urbanizaciones se desparraman como una mancha de aceite, difuminando los límites entre la ciudad y el campo, y separando cada vez más los espacios adscritos a las diferentes actividades: residencial, productiva, servicios, compras, ocio, etc. Especialmente negativas son las urbanizaciones que suponen un crecimiento masivo de población (duplicando o triplicando el número de habitantes de pequeños pueblos) o que se construyen a kilómetros de los núcleos de población.
Se trata de un modelo con un fortísimo impacto ambiental (mayor aún en las urbanizaciones de baja densidad): enorme consumo de agua, destrucción desmesurada de terrenos agrícolas, aislamiento de los ecosistemas naturales, aumento de las emisiones de contaminantes y alto coste energético por la gran dependencia del coche, saturación de las infraestructuras, etc. Un modelo, en definitiva, que atenta contra el medio ambiente y la cohesión social, que hipoteca la calidad de vida de las generaciones futuras y que trastoca la identidad del País Valenciano.
Consumo insostenible de agua
El consumo doméstico de agua por persona y día en las viviendas unifamiliares de las urbanizaciones, en especial los que tienen jardín y piscina, llega a ser el triple del de los pisos o las viviendas bajas sin jardín.
Este crecimiento de la demanda de agua (aún mayor si las urbanizaciones se asocian a campos de golf) aumenta la presión sobre los ríos y las aguas subterráneas; la construcción de desaladoras para promover nuevos crecimientos urbanísticos incontrolados es inaceptable por su impacto ambiental.
Por otra parte, las urbanizaciones comportan impermeabilizar enormes superficies, lo que provoca una considerable pérdida de infiltración del agua de lluvia, que tiene como consecuencia una menor recarga de los acuíferos y una mayor violencia de las riadas.
Pérdida de terrenos agrícolas
La ocupación de suelo agrícola supone una pérdida definitiva de producción agrícola, un despilfarro de un suelo que ha necesitado miles de años para formarse. Muchas actuaciones urbanísticas ocupan suelos agrícolas o de huerta que tienen unos valores agroambientals muy elevados y donde se han invertido importantes recursos para dotarlos de redes de riego (en algunos casos redes antiguas que tienen un gran valor histórico cultural).
Incremento del tráfico
Las urbanizaciones, por su carácter monofuncional (con un uso casi exclusivamente residencial), obligan a sus habitantes a desplazarse en coche para satisfacer las necesidades cotidianas (trabajo, escuela, compras, gestiones, sanidad, ocio, etc.). Además, la baja densidad de población impide un servicio de transporte público colectivo económicamente viable que pueda atender con eficacia estas zonas tan diseminadas.
Las consecuencias ambientales y sociales de este extraordinario incremento del uso del coche para los desplazamientos cotidianos son muy importantes: consumo de combustibles fósiles, emisiones de contaminantes atmosféricos, ocupación de suelo por el viario, ruido, peligro de accidentes y de atropellos, pérdida de autonomía de importantes sectores sociales (sobre todo niños y personas mayores) que deben depender de otras personas obligadas a hacer de "chóferes", etc.
Pérdida de identidad, segregación social e inseguridad
La urbanización del medio rural transforma el campo en un espacio desposeído de la cultura agrícola y de su historia, lo cual provoca la desaparición de los vínculos entre los habitantes y el territorio; en este contexto crecen el desarraigo social, el aislamiento y la pérdida de identidad y de sentimiento de comunidad.
Estas nuevas formas urbanas tampoco favorecen la cohesión social, ya que el mercado inmobiliario tiende a agrupar en cada urbanización a una población con un perfil socioeconómico muy semejante, impidiendo la coexistencia y la interacción entre grupos sociales diversos, que es una de las grandes riquezas de las ciudades; por otra parte, la oferta masiva de suelo urbanizable no ha abaratado el precio de las viviendas, sino todo el contrario.
Otra consecuencia de este modelo urbanístico es el incremento de la inseguridad, tanto por la dispersión de las viviendas, desocupadas buena parte del tiempo, como por la pérdida de vida en las calles, reducidas a simples viales de circulación motorizada.
Costes de mantenimiento de las infraestructuras y los servicios
Las urbanizaciones no sólo hipotecan los recursos naturales, sino también la economía de los ayuntamientos, que se ciegan con el dinero fácil de las licencias de construcción de los primeros años. Al acabar la inyección económica que éstas suponen, comienzan los problemas, ya que los ingresos no compensan de ninguna manera los altos costes de mantenimiento de los servicios que demandan los nuevos residentes: redes de abastecimiento de aguas y de alcantarillado, depuración de aguas, recogida y tratamiento de la basura, limpieza de calles, alumbrado público, seguridad, etc.
Los costes son, además, muy superiores en modelos urbanísticos de baja densidad (unifamiliares, chalés, etc.), con una proporción desmesurada de red viaria y de servicios para tan solo unos cuantos vecinos por calle; al final es el conjunto de la vecindad de las poblaciones quien acaba haciéndose cargo de los sobrecostes originados por las urbanizaciones, en detrimento de otras necesidades. El crecimiento poblacional sin ninguna previsión ni planificación ha provocado también en algunas zonas la saturación de las dotaciones sanitarias, educativas, culturales, etc.
Impactos sobre los parajes naturales
Frecuentemente las urbanizaciones se plantean alrededor de parques naturales, zonas húmedas, paisajes singulares, ríos, litoral, etc., ocasionando unos impactos inaceptables sobre los espacios naturales: aislamiento biológico, desnaturalización del paisaje, introducción de nuevas especias de flora y fauna, etc.
Además, hay que tener en cuenta que las nuevas urbanizaciones necesitan infraestructuras que multiplican el impacto ambiental: autovías y carreteras, canalizaciones de aguas potables y residuales, depuradoras, depósitos, líneas eléctricas, etc.
Turismo residencial
La plaga de urbanizaciones y segundas residencias que sufrimos no es turismo, sino una actividad puramente inmobiliaria que hasta incluso perjudica el sector turístico (tanto por su insostenibilidad ambiental, como porque deja escasos beneficios a los sectores hotelero y de restauración).
Algunas propuestas
* Planificación urbanística sostenible, participativa y al servicio del conjunto de la sociedad.
* Defensa de la ciudad compacta —tradicional en la región mediterránea— que combina una gran diversidad de usos en poco espacio, lo cual facilita la accesibilidad de los residentes, reduce la necesidad del transporte motorizado y favorece la cohesión social; las nuevas zonas urbanizadas, limitadas al mínimo imprescindible, deben ser contiguas a los núcleos consolidados.
* Mejora de las carencias actuales de las ciudades: esponjamiento en las zonas de excesiva densidad edificatoria, potenciación de las zonas verdes, pacificación del tráfico, mejora del transporte colectivo, reducción de la contaminación, etc.
* Fomento de la rehabilitación y la reutilización del patrimonio construido existente en lugar de promover nuevas construcciones, con el fin de causar menos daños ecológicos y evitar consumir más territorio.
* Potenciación de la eficiencia energética de los edificios y de la instalación de energía solar térmica y fotovoltaica (más allá del Código Técnico de Edificación).
* Establecimiento de medidas para impedir la especulación en los terrenos agrícolas; las expectativas de reclasificación encarecen los precios de la tierra y desincentivan la actividad agraria. Aplicación de un Plan de Revitalización de la Agricultura Valenciana, que dé especial importancia a la agricultura ecológica.
* Mejora de los servicios públicos en las zonas rurales: escuelas, sanidad, servicios sociales, transporte colectivo, etc.
**País Valencià, 3 de abril - Ecologistes en Acció del País Valencià
Murcia tendrá su particular Marina D’Or con 9.000 viviendas, veintidós hoteles y cinco campos de golf
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Vidal Coy.- El Confidencial* : "El Gobierno de Murcia (PP), con la aquiescencia e incluso la complicidad del PSOE, continúa su marcha imparable para urbanizar la costa virgen del sur de la Región, urbanizar antiguos espacios naturales protegidos y contribuir a ese mismo esquema que se está realizando en la zona limítrofe del norte de Almería, en municipios gobernados por socialistas y populares.
De cara a Semana Santa, ha quedado definitivamente abierta al tráfico la autopista de peaje de Cartagena (Murcia) a Vera (Almería), piedra angular sobre la que se asienta el desarrollismo a ultranza del sur de la provincia de Murcia y del norte de la de Almería, con decenas de miles de nuevas viviendas y por lo menos una docena de nuevos campos de golf.
De esa política desarrollista iniciada por el PP murciano con su nueva ley del suelo de 2001, que desprotegía unas 14.000 hectáreas, participa no sólo el PSOE almeriense -gobernante en algunos de los municipios de esa provincia andaluza con ingentes desarrollos urbanísticos (Cuevas de Almazora, Albox, Turre, Pulpí, Huércal Overa, Vera, etcétera)-, sino también el PSOE estatal, que decidió no rescatar la concesión de la autopista Cartagena-Vera cuando pudo hacerlo, a finales de 2004.
Los tiempos han cambiado en sólo tres años y, por eso, la apertura de los 90 kilómetros de peaje entre Cartagena y Vera —construidos por la UTE de FCC Construcción y Ploder— ha estado rodeada de confusión y se ha hecho casi ‘de tapadillo’.
Durante toda la semana pasada circularon versiones contradictorias sobre si la autopista se podría abrir finalmente el Viernes de Dolores y, finalmente, acabó abriéndose por sorpresa el jueves 29 de marzo, sin acto de inauguración oficial, sin corte de cinta… y sin la presencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de viaje en China.
Antes de las elecciones del 14-M, el PSOE prometió rescatar la concesión de esa autopista por ser innecesaria (discurre apenas a 20 kilómetros en paralelo a la autovía libre A-7) y causar grandes impactos ambientales directos e indirectos. El PSOE ganó en el Estado y meses después su portavoz en la Asamblea Regional murciana, Teresa Rosique, justificó que no se cumpliera lo prometido por ser “demasiado caro”. O sea que de lo dicho, nada de nada.
Apenas abierta la autopista, el Consorcio de Marina de Cope (Águilas), formado por el Gobierno murciano (PP) y los ayuntamientos de Águilas (PP) y Lorca (PSOE), anunció el domingo a través del diario La Verdad su proyecto de crear un ‘Nuevo Cancún’ en la zona Marina de Cope —desprotegida por la ley del Suelo de 2001—, que dejará pequeño al famoso Marina D’Or castellonense, con una superficie de 21 millones de metros cuadrados, 9.000 viviendas, veintidós hoteles, cinco campos de golf, una marina interior de dos mil amarres, todo ello con una inversión prevista de 4.000 millones de euros y la creación de 3.000 empleos.
Pulso Sacyr-Acciona por el nuevo aeropuerto
El Gobierno murciano seguirá adelante con esos planes urbanísticos, a pesar de que la desprotección de parajes naturales en la costa virgen de la Región que ejecutó a partir de 2001 está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional.
Las grandes constructoras estatales están sin duda al acecho, entre otras cosas porque ya participan en los grandes desarrollos. Un día antes de la apertura de la autopista Cartagena-Vera, el Gobierno murciano adjudicó la construcción de un nuevo aeropuerto regional entre Cartagena y Murcia al consorcio AEROMUR liderado con el 60% por Sacyr-Vallehermoso, dirigida por el murciano Luis del Rivero, al que acompañan Cajamurcia, CAM, y otras grandes empresas regionales, cada una con el 6,67%.
En la adjudicación del aeropuerto puede haber también problemas porque el segundo grupo competidor (consorcio Juan de la Cierva, dirigido por Acciona) ha mostrado a través de uno de sus componentes locales (Resort 3 Molinos) su disconformidad con el procedimiento de evaluación de ofertas.
*El Confidencial - Martes, 03 de abril de 2007
Foto: Cope (Murcia) / tierraylibertad
Corrupción urbanística
CarlosMARTÍNEZ-BUJÁN.- ELPAÍS. Galicia* : "De un tiempo a esta parte no pasa una semana sin que surja un nuevo municipio gallego asociado a la denominada corrupción urbanística, fenómeno que ofrece una doble vertiente: de un lado, se sitúan aquellos promotores y constructores que se benefician de una decisión administrativa; de otro lado, los funcionarios que dictan las correspondientes resoluciones ilícitas.
Es posible que la conselleira de Política Territorial tenga razón, al afirmar que los casos de corrupción urbanística en Galicia son "aislados" y que hay que desvincular el sector urbanístico de la corrupción. No obstante, conviene precisar el sentido de esta afirmación, dado que el concepto de corrupción urbanística puede ser concebido desde diferentes puntos de vista.
Si acogemos su significado más estricto y riguroso, sólo cabría hablar de corrupción allí donde la actividad urbanística ha dado lugar a un delito de cohecho (soborno) o, como mucho, a un delito de tráfico de influencias. El cohecho es el delito que castiga tanto el caso de que un particular ofrezca dinero u otras dádivas para intentar corromper a un funcionario público como el caso en que sea éste quien las solicite o reciba. Por lo que alcanzo a ver, entre los casos recientemente conocidos, únicamente en el caso de Gondomar cabría hablar, presuntamente, de una corrupción de esta índole.
El tráfico de influencias es en cierto modo un sucedáneo del cohecho, cuando no se puede probar el ofrecimiento de una contraprestación económica, y también puede ser cometido tanto por un funcionario, cuando influye en otro funcionario, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo, como por un particular, cuando influye en un funcionario, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario, siempre que se actúe con el fin de conseguir una resolución que les pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero. Tampoco es éste un delito frecuentemente aplicado por nuestros tribunales, y en el actual panorama gallego únicamente cabría mencionar las denuncias en los municipios de Nigrán y Narón.
Existe, sin embargo, un concepto más amplio de corrupción urbanística, que englobaría todos aquellos casos en que, sin concurrir un soborno o un tráfico de influencias, se han realizado otros delitos conectados de alguna manera a la actividad urbanística.
Entre ellos, figuran ante todo, por su vinculación directa, los llamados delitos sobre la ordenación del territorio, que, en esencia, ofrecen asimismo una doble vertiente: por una parte, la conducta de los promotores, constructores o técnicos directores que construyan edificaciones no autorizables en suelos no urbanizables; por otra parte, la de los funcionarios que concedan -o informen favorablemente- proyectos de edificación o licencias ilegales (prevaricaciones urbanísticas). Aquí el abanico de posibles infracciones se abre ya notablemente y se pueden citar casos como el de Cabanas, con una sentencia condenatoria, u otros que están siendo investigados por la fiscalía.
A estos delitos cabría añadir otros conexos, como algunos delitos contra la Administración pública, que pueden estar relacionados con la actividad urbanística, como sucede con las negociaciones prohibidas a los funcionarios o con la violación de secretos o información reservada por parte de un funcionario y su consiguiente aprovechamiento por un particular, que han dado lugar también a denuncias, como el caso de Porto do Son.
Finalmente existe un concepto mucho más amplio todavía de corrupción urbanística, que se sitúa al margen del Derecho penal, pero que reviste un interés indudable. Así en la Ciencia política se entiende que existe corrupción siempre que se sacrifica el interés público en beneficio privado, concepto de gran relevancia, sobre todo cuando se reconocen las insuficiencias del Derecho penal en este ámbito y se propone incluir en el Código penal (como personalmente creo correcto) algunas formas de este tipo de corrupción.
*ELPAIS.com - 02/04/2007
El TSJC anula el Plan de El Cuco por su impacto brutal sobre el paisaje
ConsueloDeLaPEÑA.- El Diario Montañés* : "La construcción de 395 viviendas en el Alto del Cuco supone un impacto brutal en el paisaje, que vulnera la Ley del Suelo de Cantabria. No en vano ha trasformado la ladera sur del monte a base de grandes desmontes y taludes. Así de contundente es la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que ha anulado el Plan Parcial del sector 2 de Piélagos, donde la empresa Fadesa está construyendo a marchas forzadas dichas edificaciones, cuya mayor parte, si no su totalidad, están vendidas.
La Sala de lo Contencioso Administrativo estima así el recurso promovido por la asociación ecologista ARCA, que impugnó el acuerdo adoptado en marzo de 2004 por el pleno del Ayuntamiento de Piélagos, que preside Jesús Ángel Pacheco (PP). Tras una instrucción complicada, debido a los numerosos informes periciales y documentales aportados por las partes (técnicos municipales, peritos de la constructora Fadesa, de la asociación ecologista, de la Comisión Regional de Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, y de los propios peritos designados por el tribunal), la Sala ha llegado a la conclusión de que esta macrourbanización supone una «quiebra» del paisaje, cuya subsanación es, además, imposible.
«La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), que forma parte del entorno paisajístico de los montes de Liencres, y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquél 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural existente antes de la aprobación del Plan parcial, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano... al que se llega tras una actuación traumática», concluye la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Teresa Marijuán.
No obstante, la sentencia, que ocupa 105 folios y se hizo pública ayer, no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Es más que probable que tanto el Ayuntamiento como la constructora acudan a este tribunal. De ser así, las obras continuarán. Sólo en el caso de que el Supremo ratifique la sentencia del TSJC se procederá a su ejecución, que supondrá en la práctica la demolición de lo ilegalmente construido y la responsabilidad patrimonial de la administración municipal, que tendrá que hacer frente a las indemnizaciones.
'Dentellada'
La sentencia determina que el impacto paisajístico más grave es la alteración de la topografía del Monte Picota, donde se han encajado 395 viviendas a costa de realizar desmontes y taludes escalonados, generándose desniveles de hasta 16 metros, y muros de contención de tierras casi verticales con una altura muy superior a un metro. Los movimientos de tierras (312.00 metros cúbicos) y roca (305.000 metros cúbicos) han supuesto, a juicio de la Sala, una «dentellada» al Monte Picota que le «ha desfigurado» completamente.
Pero además existen otras infracciones en Plan Parcial. Así, se construyen calles con pendientes medias del 8%, que en algunos casos llegan al 25%, cuando la ley autonómica sobre barreras arquitectónicas prohíbe en Cantabria que las rampas de peatones superen el 6% de inclinación; las pendientes de los espacios verdes dedicados a parques y jardines oscilan entre un 6 hasta un 10%, llegando alcanzar en la zona central el 40%; ubica las áreas de recreo y espacios infantiles en zonas con pendientes de entre 24 y el 33%, de modo que su utilidad es «nula o muy reducida» y no reserva la cantidad de suelo mínima exigida para equipamientos públicos.
*El Diario Montañés - Martes, 3 de abril de 2007
Foto: La urbanización está prácticamente terminada. / SANE (El Diario Montañés)
Una ciudad para tod@s
CarmenMORÁN.- EL PAÍS* : "¿Puede diseñarse una ciudad, con sus calles y sus transportes, comercios y viviendas, hospitales y colegios, adaptada a la igualdad entre hombres y mujeres? La ciudad amistosa, así la llaman, no es ajena a muchos de los estudios de arquitectura y género que se redactan en todo el mundo desde hace décadas. La Ley de Igualdad española, recientemente aprobada, recoge en su artículo 31 esta necesidad: "Las Administraciones Públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género...".
Pero ¿cómo se diseña una ciudad con perspectiva de género? No se trata de facilitar la vida a la mujer, sino de que estos cambios, que a ella la beneficiarán en mayor medida por las tareas que tradicionalmente desarrolla, sean útiles para todos cuando estar en la cocina o llevar al niño al pediatra no recaiga sólo en espaldas femeninas. Varias investigadoras, universitarias, arquitectas, aportan claves para construir la ciudad friendly.
- Todo a un tiro de piedra. Se construyen ciudades disgregadas donde las viviendas están a kilómetros de los centros de trabajo, y éstos, a otros tantos kilómetros de los lugares de ocio. "La circulación rodada se organiza por vías de circunvalación que unen estas zonas, pero son los hombres mayoritariamente quienes conducen vehículos privados, van al trabajo y vuelven a casa mientras las mujeres suelen, además, recoger a los niños, llevarlos al médico, hacerse cargo de sus mayores, y el transporte público no ayuda a esto", explica la socióloga e investigadora del CSIC María Ángeles Durán. Una encuesta de transporte del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona del año pasado, bajo la dirección de Carme Miralles-Guasch, revela el mayor uso que hacen las mujeres del transporte público (un 22,6% frente al 16,3% de los hombres) y los motivos de los desplazamientos: ellas se desplazan en un 18% por cuestiones de trabajo y en un 36,7% por asuntos personales, mientras que para ellos la movilidad personal y laboral es la misma, un 27% en los dos casos.
"Las ciudades amistosas generan servicios, tienen las guarderías al lado, los hospitales y, por qué no, el trabajo", dice Durán. "Son las mujeres en un 84% las que cuidan de los grandes dependientes, los mayores, hacen el trabajo que ningún sindicado aceptaría". No cuentan para ello con una ciudad bien diseñada. "En las mal llamadas ciudades dormitorio duermen los hombres, pero ellas, además, viven y gestionan la mayor parte del trabajo doméstico. Si no hay buenos transportes públicos, ni servicios, ni ocio cercanos, todo eso irá en contra de la mujer", afirma la doctora en arquitectura e investigadora en temas de urbanismo y género Anna Bofill. "Hay que frenar este modelo de ciudad dispersa, la plaga de los adosados que, además, van en contra de la sostenibilidad y del impacto ambiental", añade.
Bofill prefiere la ciudad racimo de uvas, donde a medida que aumenta la población se va añadiendo otra uva, una microciudad con todos los servicios necesarios, con equipamientos, comercios, zonas de deporte: "Todo ello irá en beneficio de la conciliación personal y laboral entre hombres y mujeres".
- Abajo los escalones. La accesibilidad se relaciona siempre con discapacidades físicas: personas ciegas, sillas de ruedas. Pero sólo hay que manejar un carrito de bebé para darse cuenta de que las escaleras insalvables afectan a todos, el metro sin ascensor, las obras que no dejan espacio para caminar. "Son las mujeres quienes más manejan ruedas pequeñas, quienes sacan a pasear a los mayores...", recuerda Bofill.
- Con mi chándal y mis tacones. Las grandes superficies comerciales no han mejorado la vida diaria. No se puede ir en un momento por una botella de leche que se ha acabado. Hay que planificarse y pensar en traer la compra para muchos días. "Hay que planificar los días sin trabajo para ir y, de paso, organizarte el ocio; al final el ocio y el consumo se confunden", sostiene Bofill.
- Cocina con vistas. La reina de la casa. Así se llamaba a las que, en realidad, eran esclavas de la casa. Aún hoy, el Eurobarómetro muestra que el 77% de las mujeres españolas afirma ser la encargada de la limpieza y un 81%, de la cocina. Los diseños de las viviendas los hacen hombres, cuando son ellas quienes más tiempo pasan en casa. "Los espacios deberían estar menos jerarquizados", dice la arquitecta Zaida Muxí: "La cocina, amplia para permitir que más de uno trabaje a la vez, integrada con un comedor, con posibilidad de cerrar ese acceso, con ventanas al patio donde juegan los niños. Siempre ponen el lavadero al lado de la cocina, cuando la ropa sale de la habitación y allí vuelve".
Propone, además, que los baños puedan dividirse para permitir usos simultáneos y que nunca estén privatizados en las habitaciones. "Las casas han de tener espacios para almacenar, para trasladar la actividad al pasillo y mejorar el espacio de la habitación".
Muxí recuerda las experiencias de otros países, como Austria, donde algunos proyectos arquitectónicos diseñaron espacios comunes en los bloques de viviendas para lavaderos. "Se ahorra en electrodomésticos y permite salir de la casa y relacionarse con los vecinos al hacer la colada". "Lo que no puede ser son esas casas alejadas, adosados sin servicios que condenan a la soledad y multiplican el trabajo y los horarios". Y habilitar zonas donde los niños jueguen sin salir del bloque. "Los niños están confinados, casi; salen de su cuarto al ascensor, de ahí al coche y del coche al lugar de ocio".
Unas viviendas diseñadas por mujeres en Holanda en 1992 mostraban plantas flexibles para poder acoger diferentes tipos de hogares. Además, las viviendas se pueden conectar a habitaciones de alquiler para trabajar en casa, pero fuera de casa. Así se señala en el estudio realizado en 2004 para el Institut Català de la Dona. El mismo informe alude a otra experiencia de arquitectura de mujeres en Alemania que ganó Monika Melchior y Heike Töpper. Las viviendas tenían todas las habitaciones con las mismas dimensiones, con paredes flexibles, sin escaleras oscuras y con trasteros y garajes comunes. La construcción no excedió el costo usual de vivienda social.
- Ya no llego a tiempo. Los horarios del trabajo no son compatibles con los del resto de la vida. Se entra a trabajar antes de que abra la guardería, se sale después de su cierre. Y a las nueve de la noche ya no hay panaderías abiertas. Bueno, sí, las tiendas de los chinos, que cierran a las doce y tienen esos productos de primera necesidad. De que las nuevas familias con dos miembros trabajando fuera no se vengan a pique por tener hijos, de que las mujeres que han sido madres no abandonen sus trabajos (por lo general menos remunerados que los de su pareja), se encargan las abuelas. Mujeres, mayores, jubiladas, pero que en el descanso de sus vidas han encontrado un trabajo fijo no remunerado: cuidar a sus nietos. Del 22% que lo hace, casi la mitad los cuida a diario, según datos del Imserso.
Más luz, más verde
La sensación de inseguridad es mayor en la mujer que en el hombre. Ellas se saben más vulnerables. Un sondeo de opinión efectuado en Canadá reveló que cerca del 60% de las mujeres tienen miedo de caminar solas de noche en su barrio frente al 17% de los varones que opinaba lo mismo.Por eso, diseñar una ciudad con perspectiva de género significa también tener en cuenta las medidas de seguridad, "un asunto que no se aborda sólo poniendo más policía en la calle", dice la arquitecta Anna Bofill. "Está comprobado que los barrios mejor cuidados son menos vandalizados. Si se mantiene el barrio limpio, verde, cuidado no será objeto de tantas agresiones". Pone de ejemplo los aparcamientos urbanos, que ahora se están diseñando con todo lujo de detalles, con más iluminación, con fotos, un espacio menos inhóspito. "El diseño mejora la seguridad", afirma Bofill.Respecto a la vivienda, también las mujeres perciben mayor inseguridad en los espacios comunes que no dan a ninguna parte, que no están iluminados, rincones que asustan. Por eso, las arquitectas proponen que esas zonas comunes de los edificios sean áreas transparentes, escaleras sin recovecos.Cuestión de seguridad física es la que también afecta a los niños, por eso, entre las ideas para una vida más fácil está la de dejar espacios ajardinados entre los bloques de viviendas y la calle, que los críos no salgan directamente y se encuentren con los coches.
*ELPAIS.com - Madrid - 02/04/2007
La C. Valenciana se sitúa a la cola de España en protección del territorio
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A.Teruel.- Levante-EMV* : "La Comunitat Valenciana es una de las que tienen menos territorio protegido de todo el país. En estos momentos, 195.860,40 hectáreas están amparadas por alguna figura de conservación medioambiental otorgada por la Generalitat, lo que equivale a un 8,4 por ciento de la superficie total. Sin embargo, sólo cinco comunidades -Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia- tienen un porcentaje menor, según se desprende de la actualización, a través de las consejerías competentes de los gobiernos autonómicos, del Anuario 2005 de la organización ambiental Europarc España.
El citado informe incluye solamente aquellos espacios protegidos directamente por las administraciones autonómicas, que, en el caso valenciano, son los parques naturales, los parajes municipales, los paisajes protegidos y las microrreservas. La C. Valenciana ha escalado un puesto en la lista desde 2005, dado que entonces tenía protegido un 6,36 por ciento del territorio. La extensión ha aumentado ostensiblemente gracias a la declaración de nuevos parques naturales, como la Tinença de Benifassà y el Penyagolosa (ambos en Castelló), y paisajes protegidos como el Maigmó. Sin embargo, se ha visto superada por Castilla y León, que ha protegido 16 espacios en sólo dos años, y sólo ha logrado sobrepasar a Extremadura porque Monfragüe ha sido elevado a parque nacional y, por tanto, ha pasado a depender del Estado.
Lugares de interés
La superficie catalogada como de interés ecológico en la C. Valenciana es mucho mayor a la que realmente está protegida, dado que comprende también los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de Protección de Aves (ZEPA), designados por la Unión Europea dentro de la Red Natura 2000. No obstante, estas declaraciones no implican en modo alguno a las administraciones inferiores, de manera que es perfectamente posible que estos espacios no tengan un amparo real, como ocurre, en la provincia de Alicante, con las sierras de Aitana y Serrella y el Puig Campana.
Algunas comunidades sí han incluido la Red Natura 2000 en sus propias catalogaciones de espacios protegidos, aspecto en el que destaca Navarra, que prevé realizar planes específicos de actuación para cada LIC, de los que ya ha llevado a cabo cuatro. También La Rioja ha declarado todos sus LIC como paisaje protegido, lo que hace que esta comunidad, pese a su exigua extensión -inferior a la de las provincias de Alicante, Castelló y Valencia- tenga amparadas por la legislación 184.224,70 hectáreas, casi tantas como toda la Comunitat Valenciana. El nivel de superficie protegida en La Rioja es del 36,6 por ciento, sólo superado por Canarias, donde la poca extensión, la orografía, la insularidad y la presión urbanística no son obstáculo para que el 41,58 por ciento del territorio esté protegido.
*Levante-EMV - 02 de abril de 2007
Foto: Vista del Puig Campana con la cima nevada (FINESTRAT) / lasprovincias.es
Las investigaciones por delitos urbanísticos se triplican en Sevilla
ReyesRINCÓN.- EL PAÍS* : "Las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en Sevilla en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006, lo que sitúa a Sevilla como la provincia andaluza donde más han crecido las investigaciones puestas en marcha por delitos urbanísticos. Los datos ya cerrados de 2006 desvelan también que, pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur.
La tendencia que reflejan los datos de esta provincia es similar a la que se da en el resto de Andalucía. En todas se incrementaron las diligencias abiertas por delitos urbanísticos, aunque no en una proporción tan alta. El aumento de diligencias abiertas en Sevilla desde que empezó a funcionar la Red de Fiscales Medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sido exponencial: 36 en 2004, 100 en 2005 y 353 en 2006. Pero no sólo se han incrementado las diligencias abiertas contra incumplimientos de las normas de ordenación del territorio. La suma de casos investigados en Sevilla en 2005 fue de 193, mientras que en 2006 han superado los 570.
Los 18 fiscales medioambientales de Andalucía tienen encomendadas la persecución de los delitos contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente (como incendios o vertidos ilegales) y contra la ordenación del territorio, si bien son estos últimos los que siguen acaparando más investigaciones en todas las provincias y los que más preocupan a los responsables de la Fiscalía del alto tribunal andaluz. Como en años anteriores, la mayoría de las diligencias se abren por delitos cometidos presuntamente por particulares, aunque muchas de ellas, según fuentes de la Fiscalía andaluza, derivan en la existencia de responsabilidad por parte de instituciones o cargos públicos.
La memoria de 2006 de la Red de Fiscales Medioambientales se presentará en las próximas semanas, pero en la memoria del año pasado las Fiscalías de Málaga y Sevilla ya mostraban especial preocupación por los delitos de prevaricación urbanística por parte de una autoridad o funcionario público que resolvió o votó a favor de la concesión de licencias contrarias a las normas vigentes "a sabiendas de su injusticia".
Dado que el volumen de trabajo de los fiscales medioambientales se multiplica cada año, los responsables de la Fiscalía vienen demandando un aumento del número de miembros del Ministerio Público que integran esta red. Actualmente todas las provincias tienen dos, excepto Sevilla, que cuenta con cuatro (tres en la capital y uno en Dos Hermanas). En el seno de la Fiscalía se considera que haría falta, al menos, dotar con un fiscal más a Málaga y Cádiz, las dos provincias con más carga de trabajo y permitir que, como mínimo, uno de los cuatro fiscales sevillanos, el coordinador de la Red andaluza, Luis Carlos Rodríguez León, pudiera tener exclusividad como fiscal medioambiental. Hasta ahora, todos menos uno de los de Cádiz tienen que compatibilizar sus tareas como fiscales medioambientales con las que ejercían hasta que se creó esta red.
La labor de investigación de los fiscales medioambientales se ha visto reforzada en las últimas semanas por la puesta en marcha de los grupos de la Guardia Civil dedicados específicamente a perseguir delitos urbanísticos. En Andalucía son 27, tres por cada Comandancia, los que desde hace un mes tienen encomendado este trabajo. Además, la Guardia Civil cuenta en la comunidad autónoma con 37 agentes específicos del Seprona, que se considera la primera policía medioambiental de Europa.
No obstante, fuentes de la Guardia Civil advierten de que todos los agentes del Instituto Armado, más de 13.000 en Andalucía, están autorizados para sancionar por delitos medioambientales. Según el último balance hecho público hace dos semanas por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, el Instituto Armado desarrolló en 2006 700.000 actuaciones en apoyo a materias con competencias exclusivas de las comunidades autónomas, entre ellas, algunas relacionadas con tráfico rodado (transportes de residuos, mercancías), protección del medio ambiente, y comercio, consumo y ocio. De estas 700.000, más de 178.000 se realizaron en Andalucía y, según fuentes de la Guardia Civil, más de 150.000 estaban relacionadas con el medio ambiente.
*ELPAIS.com - Sevilla - 01/04/2007
Foto: La Real Maestranza vista desde la Giralda (al fondo, el Aljarafe)/ Wikipedia
Murcia planea urbanizar 11.000 hectáreas de costa virgen aunque el Constitucional falle en su contra
RafaelMÉNDEZ.- EL PAÍS* : "El mayor complejo urbanístico de España se llama Marina de Cope y está en el litoral virgen de Murcia. El Gobierno de Murcia, del PP, eligió ese espacio, un parque natural, para impulsar un gigantesco desarrollo urbanístico que albergará a 60.000 personas. Para ello, desprotegió por ley 11.000 hectáreas de terreno en la costa. El PSOE llevó al Constitucional la ley, y el abogado del Estado, los ecologistas y el consejo jurídico de Murcia han pedido que no se urbanice el suelo hasta que falle el alto tribunal. Pero el Ejecutivo murciano ha advertido por escrito al tribunal de que sus planes seguirán adelante incluso si el Constitucional anula la ley que desprotegió Marina de Cope. Nadie parará las máquinas.
El Gobierno de Murcia sigue a la vanguardia en legislación prourbanística. Si en 2001 desprotegió por ley 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarla, ahora advierte de que mantendrá sus planes —entre ellos 11.000 viviendas en espacio protegido— aunque prospere el recurso contra esa ley que el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional. El abogado de la comunidad ha remitido un escrito al juzgado en el que advierte de que un eventual fallo en contra del Constitucional derogará la ley, pero eso no implica que los lugares dejen de ser urbanizables. La jugada tranquiliza a los promotores al garantizar la entrada de las máquinas en la costa virgen.
La urbanización en la costa al sur de Murcia es, con toda probabilidad, el mayor pelotazo en curso en España. En los últimos 70 kilómetros vírgenes del litoral mediterráneo hay previstas decenas de miles de casas. La operación ha sido diseñada con minuciosidad y ejecutada con precisión por el Gobierno regional, del PP, desde 2001.
Ese año, el ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel aprobó la Ley del Suelo. En una disposición adicional aparentemente técnica de última hora, la norma desprotegió miles de hectáreas de parques naturales en la costa. El cálculo exacto es complicado, pero los profesores de la Universidad de Murcia y miembros de Ecologistas en Acción Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, afirman que son 14.000 hectáreas; el Gobierno de Murcia ha reconocido la desprotección de 7.000 hectáreas y los socialistas afirman que son 11.000.
Esa disposición “ajustó” los espacios naturales de Murcia “a los Lugares de Importancia Comunitaria”. Así, Murcia se limitaba a preservar los lugares definidos por Bruselas, cuya protección es menor que la que tenían los parques naturales. Ante la imposibilidad de un recurso normal —ya que la comunidad le dio rango de ley— 50 diputados del PSOE recurrieron al Constitucional en 2001. El recurso no se ha resuelto, pero debe de estar próximo.
En 2004, el Ejecutivo murciano aprobó por decreto las directrices de ordenación del litoral, el plan para urbanizar unas 85.000 hectáreas (parte de ellas, las que desprotegió años antes) de la costa. Este plan permitiría construir 800.000 casas en 30 años, accesibles por tierra gracias a una nueva autopista entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y por aire por un nuevo aeropuerto.
El principal proyecto de este megapelotazo es Marina de Cope: una nueva ciudad para 60.000 habitantes, con 11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf y una marina artificial con 2.000 amarres. Ocupará 2.156 hectáreas, 1.843 de ellas desprotegidas en 2001 de (de las cuales hay 2,961 millones de metros cuadrados urbanizables) en del parque regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre.
La zona es un reducto virgen, pero, en unos años, gracias a 3.800 millones de inversión, será comparable a Marina d’Or. El boletín oficial de Murcia que aprobó la “actuación de interés regional” incluyó fotos en color de gente jugando al golf, lo que le dio aspecto de folleto publicitario. Los municipios de Lorca (PSOE) y Águilas (PP) apoyan el plan.
La asociación Prolitoral, que agrupa a Ecologistas en Acción, la Asociación de Naturalistas del Sureste y una asociación de vecinos, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia el decreto de urbanización. Al procedimiento se sumó el 17 de noviembre de 2006 el abogado del Estado, lo que significa que el Gobierno también se opone a la desprotección
El Gobierno y los ecologistas defendieron ante el tribunal que no se debía urbanizar la zona, al menos hasta el fallo del Constitucional: argumentaban que de nada serviría una sentencia si llega con el parque natural ya construido ya que sería “imposible restaurar los espacios desprotegidos”.
En el intercambio de escritos con el Tribunal, el abogado del Gobierno autónomo ha avisado de que “sea cual sea el fallo del Tribunal Constitucional, éste no afecta a las directrices de ordenación del litoral”. En el escrito, de 60 folios, fechado el 7 de febrero y recién notificado, la Comunidad adelanta su estrategia por primera vez. El texto añade que “el fallo concreto” sobre Marina de Cope es independiente del recurso de inconstitucionalidad, ya que “la estimación del recurso de inconstitucionalidad no afectaría al presente litigio”.
En una pirueta legal, el abogado alega que si el Constitucional estima el recurso y anula la desprotección, el parque natural no volvería a ser parque natural; sino que pasaría a ser Lugar de Interés Comunitario, figura de menor rango que no impide los chalés. Es decir, diga lo que diga el Alto Tribunal sobre la desprotección de las 11.000 hectáreas, el decreto que al amparo de esa ley permite urbanizar la costa virgen seguirá adelante. Este diario intentó el viernes, sin éxito, obtener la versión del Gobierno murciano.
Además de retar al Constitucional con su interpretación, el Gobierno murciano desoye a su propio consejo jurídico. Éste dictaminó en 2004 que Marina de Cope tenía que esperar y que el suelo debía “quedar exento de actuaciones no previstas en el status de protección anterior de ese suelo, a fin de preservarlo ante una posible sentencia [del Constitucional] que anule la desprotección”. El dictamen añadía que la urbanización es “totalmente incompatible con la conservación” de la zona.
Ahora, Murcia apuesta por los hechos consumados y tranquiliza a los promotores: habrá urbanización aunque el Constitucional anule la Ley del Suelo.
La última playa
Marina de Cope es la joya de la corona, con la que la Comunidad de Murcia quiere dejar pequeña a Marina d'Or. La operación tenía un pequeño gran inconveniente: el terreno pertenecía al parque regional Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, con ocho hábitats prioritarios para la Unión Europea y una de las pocas poblaciones de tortuga mora que quedan. El Gobierno murciano decidió desprotegerlo.La zona se había librado del urbanismo por la falta de agua y su agreste orografía. El paisaje es marrón, seco, similar al del cabo de Gata. Un camino de tierra conduce a calas semidesérticas; otras, sólo son accesibles por barco. Ahora, con la saturación de la costa, se convierte en el objeto deseado por las promotoras y ejemplo de la protesta contra el urbanismo. En 2004, comenzó a aparecer por Murcia una pintada: "Cope no se vende". Años después, el lema es: "Murcia no se vende" y los ecologistas están agrupados en toda España en el movimiento "el territorio no se vende".Pero se enfrentan a gigantes. En Marina de Cope y en las directrices del litoral hay mucho dinero en juego. Iberdrola poseía parte del terreno porque allí proyectó una central nuclear hace 25 años. En 2004 vendió el 40% de sus 328 hectáreas a Cajamurcia, Bancaja y Caja Castilla-La Mancha por 36 millones de euros, según una nota de la eléctrica.La constructora Aucosta (Ploder, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Autopistas del Sureste, FCC y Unicaja, entre otros) ha invertido 650 millones en 114 kilómetros de autopista de peaje entre Cartagena y Vera. La vía abrió al tráfico el viernes sin inauguración oficial. La concesionaria espera 7.000 vehículos en su primer año y unos 30.000 dentro de 30 años.El viernes, el Gobierno murciano adjudicó la construcción de un aeropuerto a Sacyr (del murciano Luis del Rivero), Cajamurcia, Grupo Fuertes (propietario de El Pozo), entre otros, por 135 millones.
*ELPAIS.com - Madrid - 01/04/2007
Foto: Marina de Cope (Águilas-Lorca) / Ecologistas en Acción
Enlace Noticia: El Gobierno Murciano del Sr. Valcárcel ha desprotegido 15.000 has. de espacios protegidos para que puedan ser urbanizados / Ecologistas en Acción
Los vecinos de tres pueblos de L'Alcoià se unen para frenar la presión urbanizadora en el interior
LucíaGADEA.- EL PAÍS* : "La plataforma Compromís pels Pobles de L'Aitana, que aglutina a los vecinos de Penàguila, Benilloba y Benasau, en la comarca de L'Alcoià, se dirigirá a los comités comarcales y a los diferentes partidos políticos valencianos para que informen sobre sus propuestas y su postura respecto a la presión urbanizadora "que comienza a amenazar el interior de Alicante".
La asociación Compromís pels Pobles de L'Aitana, quiere de este modo parar, entre otros, el proyecto urbanizador previsto a tres kilómetros del casco urbano de Penàguila y que contempla la construcción de 200 viviendas, 2 hoteles y un centro de alto rendimiento deportivo con campo de golf, hípica, tenis, fútbol. El proyecto urbanístico ha comenzado a tramitarse en el Ayuntamiento de Penàguila y cuenta con el aval de los concejales socialistas que gobiernan en esta población. Según la plataforma, la pretensión actual es construir las viviendas y luego ampliar la urbanización hasta desarrollar un área en la que se construyan "más de 1.500 chalés".
El colectivo, del que es portavoz Eduard Aracil, celebró ayer por la tarde en el Mercado Municipal de Penàguila una asamblea en la que se explicó a los vecinos interesados las posibles acciones que la plataforma prevé "para paralizar este proyecto o que sea lo menos perjudicial para el pueblo", dijo Aracil. Justificó la puesta en marcha del colectivo, al que se espera la adhesión de otras poblaciones, en la necesidad de "frenar el tipo de urbanismo especulativo que triunfa en la costa y que quiere ahora entrar en el interior a través de promotores que incluso vienen de otros países".
El colectivo reclamó además, "una respuesta clara del PSPV-PSOE", que en la actualidad gobierna en Penàguila. "Mientras el diputado provincial socialista, Jaume Pascual, se ha posicionado contra una urbanización similar en Benasau, se sitúa por otra parte al lado de los concejales socialistas que pretenden confeccionar en Penàguila una lista electoral que defiende una urbanización similar", señaló Aracil. La plataforma insinuó que existe un pacto entre PSOE y PP en apoyo de esta urbanización "con el apoyo de sus ejecutivas comarcales". La plataforma lanzó su llamamiento para que "todos los partidos políticos expliquen claramente su posición" ante el "urbanismo salvaje" que comienza a amenazar en las comarcas de interior.
*ELPAIS.com - Alcoi - 01/04/2007
Foto: Benilloba /cederaitana.com
Salvemos Mojácar logra la paralización de un macrocomplejo ilegal
Teleprensa, Almería.- Diario Digital* : "Hace dos años y medio Salvemos Mojácar presentó e hizo pública una denuncia relativa a una macrocomplejo en construcción, promovido por La Solana de Mojácar S.A., con claros indicios de ilegalidad, al contar, entre otras cosas, con la construcción de hasta 8 plantas en vertical, en una zona en la que solo se permiten dos, y llegando así a construirse 214 viviendas edificadas sobre 30 hectáreas.
El complejo se ubica detrás del Pueblo Indalo y no es inmediatamente visible desde la playa, al estar medio oculto ocupando una rambla. Se lo puede observar al tomar la carretera que sube hacia La Paratá, de unas dimensiones colosales, que lo convierten en un nuevo "Algarrobico" en Mojácar.
El complejo alberga cerca de diez irregularidades urbanísticas, algunas de ellas graves o muy graves.
La Modificación del proyecto que se hizo es sustancial y hubiera tenido que ser tratada como un nuevo proyecto.
En el expediente del proyecto falta la memoria y el proyecto de ejecución.
Al suspender las obras y otorgar la nueva licencia en la misma junta de Gobierno se deja sin validez las suspensión acordada, todo ello sin tener constancia de presentación de proyecto de ejecución.
No existe aprobación definitiva de estudio de detalle, ni publicación en el BOPA de la aprobación definitiva del PERI de la UA7 de Mojácar constituyendo estas infracción MUY GRAVE, al no contar el proyecto ni las obras con el instrumento que las legitime.
El proyecto incumple varias determinaciones de la Normas Subsidiarias de Mojácar, por lo que se ha otorgado una licencia contraria al planeamiento urbanístico vigente, que constituyen infracciones GRAVES.
La edificación llega asumar 8 plantas en vertical, cuando solo se pueden construir 2.
Hay viviendas bajo rasante, lo cual no está permitido.
Hay viviendas en sótano y semisótano, lo que tampoco estña permitido.
El espacio libre se ha dejado en un terreno con una fuerte pendiente que lo hace inaccesible y no funcional.
Salvemos Mojácar denunció ya en septiembre de 2004 la ilegalidad de la construcción. Posteriormente el ayuntamiento aprobó discrecionalmente en junta de gobierno local convocada de forma extraordinaria y urgente, siendo alcalde Carlos Cervantes, una modificación de licencia de obras en la que se aprobaba un modificado de proyecto ilegal también en el que se traban de camuflar las 8 alturas, siendo esto objeto de una nueva denuncia de la asociación.
La Asociación recurrió desde un principio al Defensor del Pueblo Andaluz, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento y la aparente inacción de la Junta de Andalucía frente a la denuncia que la asociación remitió en su día a dicha consejería y al consistorio. Gracias al Defensor del Pueblo Andaluz la asociación ha recibido copia de los informes y escritos que, a instancias del Defensor, han sido aportados por el Ayuntamiento de Mojácar y por la Junta de Andalucía, ya que la Junta de Andalucía solo ha respondido en una ocasión a la asociación y el ayuntamiento jamás han remitido carta alguna respondiendo a la asociación sobre e caso denunciado. Finalmente la Consejería de Obras Públicas se ha visto forzada a tomar cartas en un asunto que es sin duda escandaloso.
Tal como solicitaba la asociación la junta de Andalucía procedió con el trámite habitual en un caso como este, que es solicitar la revisión de Licencia de obras del complejo al Ayuntamiento de Mojácar, un trámite que habia sido solicitado sin éxito por la Asociación. Y consiguientemente, al no haber respuesta del consistorio, ha procedido a emprender el recurso contencioso administrativo contra el complejo.
A fecha de hoy hemos recibido noticia a través de diversos medios que las obras están paralizadas desde hace semanas si bien no se ha recibido notificación alguna al respecto de la junta de Andalucía, por lo que estamos a la espera de confirmar oficialmente la información.
Salvemos Mojacar lamenta que se hallan tardado más de dos años en paralizar el complejo, cuando está practicamente terminado, y exige a la Consejería de Obras Públicas que por una vez actúe como debe, impida su apertura y proceda a la demolición del complejo en un tiempo lo más breve posible.
El calendario de las actuaciones ha sido el siguiente:
26 abril 2002 - Aprobación del PERI de la UA7 de Mojácar en Junta de Gobierno Local, siendo alcalde Salvador Esparza. No se publica en el BOPA.
21 octubre 2002 - se concede licencia de Obras al proyecto de la mercantil La Solana de Mojacar SA
Durante 2003 - 2004 - inician las obras del proyecto, que en septiembre se encuentra ya muy avanzado.
17 de junio de 2004 - se presenta un nuevo proyecto básico con alteraciones sustanciales, redactado por otro arquitecto.
29 septiembre 2004 - Salvemos Mojácar presenta la primera denuncia contra el complejo en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mojácar, con copia al Defensor del Pueblo Andaluz.
21 octubre 2004 - 1ª Visita de Técnicos de la Junta de Andalucía al complejo.
12 noviembre 2004 - La Junta de Andalucía requiere mediante escrito al ayuntamiento de Mojácar que remitan un informe en el plazo de diez días hábiles, con la documentacion relativa al proyecto, con acuse de recibo del 17 de noviembre. A dicho escrito el Ayuntamiento no responde jamás.
18 noviembre 2004 - El Ayuntamiento convoca de forma extraordinaria y urgente una Junta de Gobierno Local, siendo alcalde Carlos Cervantes, en la que se aprueba un Acuerdo por el se paraliza las obras del complejo por no ajustarse este al proyecto original y al mismo tiempo se otorga Licencia de Obras al modificado de proyecto para la construcción de 214 apartamentos y garajes en la parcela P-4 de la UA-7 y colindante en Mojácar, con lo que las obras continuan inmediatamente.
4 julio 2005 - Salvemos Mojácar presenta 2º escrito de denuncia, esta vez contra la modificación de proyecto, presentado en el Ayuntamiento y la Consejería de Obras públicas, con copia al Defensor del Pueblo Andaluz.
13 julio 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide un informe al ayuntamiento de Mojácar.
22 julio 2005 - 2ª Visita del Inspector de la Consejería de Obras Públicas. Se pone de manifiesto que no existe Estudio de Detalle en el expediente del proyecto, sin embargo este era preceptivo.
- El Defensor del Pueblo Andaluz pide informe a la Junta de Andalucía.
29 agosto 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 2ª vez un informe a la Junta de Andalucía.
5 octubre 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz insta al Ayuntamiento de Mojácar a la revisión de oficio de la licencia de obras cuestionada.
- La Junta de Andalucía envía informe al Defensor del Pueblo Andaluz, que es remitido por este a Salvemos Mojácar. El informe considera que:
Que la Modificación del proyecto es sustancial y hubiera tenido que ser tratada como un nuevo proyecto.
Que en el expediente del proyecto falta la memoria y el proyecto de ejecución.
Que al suspender las obras y otorgar la nueva licencia en la misma junta de Gobierno se deja sin validez las suspensión acordada, todo ello sin tener constancia de presentación de proyecto de ejecución.
Que no existe aprobación definitiva de estudio de detalle, ni publicación en el BOPA de la aprobación definitiva del PERI de la UA7 de Mojácar constituyendo estas infracción MUY GRAVE, al no contar el proyecto ni las obras con el instrumento que las legitime.
Que el proyecto incumple varias determinaciones de la Normas Subsidiarias de Mojácar, por lo que se ha otorgado una licencia contraria al planeamiento urbanístico vigente, que constituyen infracciones GRAVES.
La edificación llega a sumar 8 plantas en vertical, cuando solo se pueden construir 2.
Hay viviendas bajo rasante, lo cual no está permitido.
Hay viviendas en sótano y semisótano, lo que tampoco estña permitido.
Que el espacio libre se ha dejado en un terreno con una fuerte pendiente que lo hace inaccesible y no funcional.
11 octubre 2005 - La Consejería de Obras públicas requiere al Ayuntamiento de Mojácar la revisión de oficio de la licencia de obras cuestionada.
11 nov 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 2ª vez un informe al Ayuntamiento de Mojácar.
16 enero 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 3ª un informe al Ayuntamiento de Mojácar
24 marzo 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz manda al Ayuntamienro Recordatorio del deber legal de auxiliar a esta institución
24 mayo 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz manda al Ayuntamienro Recordatorio legal y recomendación de que proceda a la revisión de licencia y Advertencia de que su falta de colaboración puede ser consederada entorpecimiento de las labores de esa institución.
- El Defensor del Pueblo Andaluz manda a la Consejería de Obras Públicas Recomendacion de que se formule un requerimiento formal al ayunt. para que se proceda a la revisión de licencia y que se proceda a recurrir ante el órgano jursidiccional competente en caso de que el ayuntamiento no proceda con la revisión.
7 de julio 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz notifica a Salvemos Mojácar que dará cuenta del rechazo del alcalde de Mojácar a la solicitud de revisión de licencia en su Informe Anual.
18 julio 2006 - La Consejería de Obras Públicas interpone recurso Contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Mojácar pidiendo la revisión de licencia del complejo, siendo alcalde de Mojácar Gabriel Flores.
20 julio 2006 - admitido recurso - en el Juzgado 1 de Almería con el Ordinal 595/06
17 enero 2007 - El Defensor del Pueblo Andaluz informa a Salvemos Mojácar de que se ha emprendido recurso contencioso el pasado 17 de julio, según le ha dado a conocer, seis meses más tarde, la Junta de Andalucía.
28 de marzo 2007 - Medios locales anuncian que las viviendas están paralizadas. Desde el verano anterior no se observaban movimientos notables en la zona, si bien el complejo está prácticamente terminado. La noticia de la paralización está pendiente de confirmación está pendiente de confirmación.
Salvemos Mojácar se personará en los próximos días en el procedimiento para que le sean comunicadas todas las actuaciones y para conocer si realmente se ha dictaminado la paralización desde el juzgado o si el hecho de que las obras estén, aparentemente, paralizadas obedece a otras causas.
Salvemos Mojácar exige la paralización de obras, que se impida abrir el complejo y la demolición inmediata.
La Actuación del defensor del Pueblo sienta precedentes positivos en la lucha del ciudadano ante los abusos urbanísticos, que es acaso la peor y más extendida lacra de España y la de más graves consecuencias sociales y medioambientales, por lo que alentamos a las asociaciones a recurrir a su ayuda ante la sistemática dejacion de funciones de la Administración Autonómica y municipal.
*Teleprensa - Diario Digital - Almería 30/03/07
Foto: La Solana /Teleprensa
La promotora del alcalde de Salceda de Caselas construye obras ilegales
PrimitivoCARBAJO.- Vigo.- EL PAÍS* : "Viviendas Caselas, SL, promotora de la que es accionista el alcalde de Salceda de Caselas, José Manuel Fernández Rodríguez, Chicho, realiza obras ilegales en el municipio por exceso de alturas, vuelos y aprovechamientos bajo cubierta, más una invasión directa de la vía pública sin respetar las alineaciones. Las denuncias, en lugar de paralizar las obras, las aceleran. Es uno de los efectos paradójicos de la doble condición de alcalde y promotor que reúne Chicho, quien confía en renovar su mayoría absoluta en el ayuntamiento después de 31 años de regidor.
La denuncia por infracción urbanística en el edificio que se construye en la calle Rosalía de Castro para 32 viviendas fue presentada el pasado 5 de diciembre por un vecino, Ángel Vaqueiro Fandiño, contra la promotora y propietaria, Viviendas Caselas; contra las constructoras Excavaciones Ponteareas y Conran, y contra el técnico que redactó el proyecto, Rafael Fernández Vale.
El alcalde, Fernández Rodríguez Chicho, tomó nota de la denuncia, dio cuenta a sus socios en la promotora y decidió cumplir la ley. Pero sólo en lo de darse tiempo para tramitar la denuncia. El denunciante, Ángel Vaqueiro, volvía al ayuntamiento el 20 de enero para señalar que, lejos de paralizarlas, la denuncia había sido espuela para los constructores del edificio: más máquinas y operarios estaban dando un ritmo a la construcción que competía con las imágenes a cámara loca.
Hasta el 2 de marzo no tuvo sobre la mesa el informe del técnico municipal que confirmaba que las obras de Rosalía de Castro no se ajustaban a las condiciones de la licencia. El alcalde ya lo sabía, obviamente. Esperó al último minuto que le permite la ley para no incurrir en delito y el 5 de marzo, a los tres meses exactos, firmó la resolución para "suspender inmediatamente las obras que realiza Viviendas Caselas, SL". Daba un plazo de 24 horas para retirar todos los materiales y decidía "incoar el correspondiente expediente de reposición de la legalidad a Viviendas Caselas".
Asesores contrastados
Contundente, sin duda. Aunque la misma resolución indicaba al denunciado que podía "aducir alegaciones y adjuntar documentos u otros elementos de juicio". Tal vez fueran muchos, las alegaciones y documentos, y al alcalde no le dio tiempo a examinarlos. Las obras de ese edificio, pese a los aceleres precedentes, siguen aún activas. "Confiarán en que si consiguen llegar a dar las licencias de ocupación, ya nadie va a ejecutar después los derribos que supondría restablecer la legalidad urbanística", barrunta Vaqueiro.
La normativa urbanística local ha sido cambiada con los únicos votos, aunque suficientes, del grupo popular y no se ajusta a la legislación vigente en Galicia. Las invasiones de viales y espacios públicos son habituales en Salceda, como los convenios urbanísticos que contravienen la ley o los estudios de detalle que la revientan, "por no hablar de alturas o sótanos con volúmenes prohibidos", añade el denunciante.
El alcalde Chicho, sin embargo, ha demostrado que sabe bandearse con los códigos y su aplicación. Ha sorteado acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias y otras de más enjundia judicial.
Hace diez años, por ejemplo, logró evitar su inhabilitación como alcalde en el Tribunal Supremo al cargar un delito de usurpación de terrenos sobre su persona y no sobre el cargo, pese a ser máquinas municipales las que consumaron la usurpación en una obra pública; más recientemente convenció a un juzgado de Tui de que un aguacero con riada se había llevado por delante todo rastro de un campo de fútbol pagado con fondos europeos, aunque, según otros testimonios fehacientes, el campo nunca llegó a construirse. Ahora cuenta además con el asesoramiento de Juan Colón Garrido, abogado perejil por su facilidad para estar en todas las salsas.
Juan Colón es asesor jurídico municipal en Salceda de Caselas con dieta mensual fija y, a su vez, actúa como letrado de no menos de media docena de promotoras y constructoras que trabajan en la villa, incluida, naturalmente, Viviendas Caselas. También desempeña una función análoga de asesor en los ayuntamientos de Salvaterra y Baiona. En Mos actúa contra el Ayuntamiento defendiendo los intereses del concejal Angel Sío y de José Luis Álvarez Ríos, promotores ambos de ejecuciones urbanísticas de efectos atroces en el municipio.
Chicho también tiene contratado como técnico municipal, para realizar informes relacionados con el urbanismo, a Manuel Novás Medín, inhabilitado en Porriño tras ser condenado en los tribunales por negocios prohibidos a funcionarios. Antes Chicho pagaba más a la familia: los cursos de carpintería los daba su cuñado; los de peluquería, su hermana en un local alquilado a su mujer.
Chicho renueva y reta "en positivo"
El viernes de la semana pasada, el alcalde José María Fernández Rodríguez Chicho, fue visto por la noche, solo, arrancando carteles electorales del BNG. En las anteriores campañas lo hizo a primeras horas de la mañana y acompañado de su mujer. Los vecinos le disculpan esos gestos de arrebato porque no responden a su talante más común, humilde y afable con todos, incluso con la oposición, que se lo reconoce pero para tacharle de "cínico redomado".
Por saber escuchar a los vecinos ha conseguido mantenerse durante 31 años al frente de la alcaldía. Fue en su momento el alcalde más joven de la democracia española y, en condición de tal, fue recibido en audiencia por los Reyes de España, aunque ni siquiera había sido elegido. Hijo del practicante municipal, entró en el ayuntamiento como concejal en 1972. En 1976 consiguió la alcaldía sin necesidad de elecciones: fue el único candidato al cargo. En 1979 arrasó como independiente y luego en las siguientes consultas, como candidato sucesivo de Alianza Popular y del Partido Popular.
En 1995 aportó un millón de pesetas para compartir el capital de la promotora Viviendas Caselas, SL, con otros tres socios. Hasta esa fecha los permisos de obra estaban congelados en el municipio; a partir de ahí, se dispararon.
A las próximas elecciones de mayo, Chicho se presenta con una lista totalmente renovada, en la que sólo repite el que ha sido su concejal de Urbanismo, Manuel Barros, de oficio albañil y también con promotora propia, Promociones Siglo XXI; va de número seis de la lista y, por si acaso, prepara unas oposiciones para quedarse en el ayuntamiento como personal auxiliar.
La candidatura del PP, con el eslogan Salceda en positivo, fue presentada el domingo pasado, con el apoyo de Ana Pastor y el presidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán. Ya en 1979 Chicho había prometido dotar al municipio de red de abastecimiento de agua; ahora promete acabarla en el próximo mandato. Ana Pastor le reconoció como "alcalde honrado y eficaz". Mariano Rajoy, su gran valedor y amigo, no pudo asistir.
*ELPAIS.com - Vigo - 30/03/2007
Foto: Igrexa de Parderrubias, no Concello de Salceda de Caselas / Albert galiza
Ver noticia: La inmobiliaria del alcalde de Salceda promovió 375 viviendas en una década
Codicia y avaricia
Emili PIERA.- Levante-EMV* : "Lo que han dicho los eurodiputados sobre nuestro romance sin fin (o hasta el fin) con el ladrillo es que alcaldes, concejales y demás gente de bastón y fajín no se conforman con hacer la vista gorda y recortar el cupón, sino que son ellos los primeros y más esforzados galeotos de la máquina de hacer dinero deprisa, deprisa, somos un pueblo-anfetamina, lanzado sobre la pista asfaltada y recalificada.
En términos casi bíblicos, sus señorías, caídas cual ángeles exterminadores del cielo de Bruselas, han hablado de «codicia y avaricia», nada menos, que son dos usos del mismo pecado capital: el uno busca, el otro acumula; tener uno es malo y tener los dos, peor, vicio de viejos.
Yo creí que, con ese lenguaje -«codicia y avaricia»-, los eurodiputados serían luteranos suecos o alemanes, pero los que rajaron eran un polaco, que será católico, y un británico, pero, se siente, nosotros no inventamos el capitalismo, pero como los chinos, nos sorprendió con hambres atrasadas, y con el tiempo, en muy poco tiempo, hemos devorado hasta la caseta del perro, con la que hacemos una bonita solución habitacional.
Como dicen pensadores tan distintos como Zizek o Vattimo, nuestra tolerancia es muy rara. Aceptamos la libertad de culto, el matrimonio homosexual o la críticas al primer ministro en televisión, qué bien, pero si a alguien se le ocurre decir que el capitalismo, al menos en su versión neocon, es suicida e inviable, le tachan de integrista totalitario. Y el capitalismo sigue a lo suyo, que consiste, paradójicamente, en acabar con la propiedad, ya sea de los chalés privilegiados (para hacer otros chalés), ya sea de los derechos de creación, pues uno se baja música y películas de internet por la cara.
La Constitución (la nuestra y las otras) no lo dice, pero puede resumirse en un solo precepto: si usted hace como que evita todo lo expresamente prohibido aquí, puede convertirse en un codiciador incesante de los bienes ajenos.
*Levante-EMV - 31 de marzo de 2007
El GOB reclama cupos de viviendas y que se penalicen las segundas residencias
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F.GUIJARRO.- Diario de Mallorca* : "El Grup Balear d´Ornitologia (GOB) reclamó ayer que se apliquen cupos en la concesión de licencias para la construcción de nuevas viviendas y que se penalice fiscalmente tanto las segundas residencias como los inmuebles vacíos, entre otras medidas destinadas a frenar la intensa actividad constructora que se está registrando en las islas. Estas propuestas han sido planteadas después de que el Colegio de Aparejadores de Mallorca hiciera público que el pasado año se alcanzó la cifra más alta en la historia de la isla por lo que a viviendas acabadas se refiere, con 8.955, y que se rozó el récord de 1999 por lo que a inmuebles proyectados, con 11.379.
Según el GOB, estas cifras demuestran que las medidas que se han tomado hasta ahora para controlar el desarrollo urbanístico han sido insuficientes, y ponen en evidencia el modelo desarrollista de los gobernantes isleños, de ahí la necesidad de promover un cambio.
Desde esta organización ecologista se considera imprescindible revisar las Directrices de Ordenación Territorial y el Plan Territorial de Mallorca para eliminar las áreas de reconversión, y aprobar una ley que fije cupos municipales en la concesión de licencias.
También se apuesta por la penalización fiscal de las segundas residencias y de las adquiridas con fines especulativos o para la promoción turística, junto a un gravamen para los inmuebles vacíos.
El GOB propone que se reduzca la edificabilidad en el suelo urbano, la reclasificación de los urbanizables que no tengan aprobado el proyecto de urbanización o la recalificación forzosa de los terrenos urbanos para la construcción de viviendas protegidas.
Frente a la postura defendida por el GOB, el presidente de la patronal de promotores de Balears, Gabriel Oliver, consideró que con el actual crecimiento de la población resulta inevitable que se mantenga una intensa edificación de viviendas, y recordó que el modelo económico balear se basa en la mano de obra, ya que tanto en la hostelería como en la propia construcción se necesitan plantillas muy numerosas, lo que hace necesaria la llegada de más trabajadores. Oliver destacó que nadie edifica viviendas sin la existencia de una demanda para su venta.
Además, rechazó la posibilidad de aplicar cupos en la concesión de licencias, al considerar que esta medida provocaría un mayor encarecimiento de los inmuebles, dado que su escasez favorecería la especulación.
*Diario de Mallorca - 31 de marzo de 2007
Foto: S.Llompart.- La fuerte actividad constructora de Balears es cuestionada desde el GOB /Diario de Mallorca
Urbanismo insostenible en España
Albert Gimpera.- EL PAÍS* : "El informe del Parlamento Europeo sobre la situación del urbanismo en España confirma lo que hace tiempo ya sabíamos, que la situación es insostenible. El fomento de la especulación urbanística es un cáncer que amenaza no sólo con deteriorar nuestro entorno, sino con erosionar la credibilidad misma de las instituciones democráticas.
Ni siquiera el nuevo Gobierno de izquierdas de Catalunya se libra de este vicio, dando luz verde a urbanizaciones en el Pirineo que contradicen los criterios de sostenibilidad que predica, para disgusto y decepción de sus votantes, como bien informa EL PAÍS.
Ignoro si el origen de este mal está en la famosa Ley del Suelo del PP de 1998, que consagra este disparate ultraliberal según el cual todo el suelo no protegido es potencialmente urbanizable.
No es posible continuar indefinidamente con este modelo. Hay que dar de una vez por todas por definitivamente cerrado este modelo nefasto basado en la construcción masiva de urbanizaciones de segundas residencias, que destruye el territorio y fomenta la corrupción local, y que amenaza con llevar ahora la degradación hacia zonas que se habían visto liberadas de la especulación urbanistica.
*ELPAIS.com - 31/03/2007
