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Vidal Coy.- El Confidencial* : "El Gobierno de Murcia (PP), con la aquiescencia e incluso la complicidad del PSOE, continúa su marcha imparable para urbanizar la costa virgen del sur de la Región, urbanizar antiguos espacios naturales protegidos y contribuir a ese mismo esquema que se está realizando en la zona limítrofe del norte de Almería, en municipios gobernados por socialistas y populares.
De cara a Semana Santa, ha quedado definitivamente abierta al tráfico la autopista de peaje de Cartagena (Murcia) a Vera (Almería), piedra angular sobre la que se asienta el desarrollismo a ultranza del sur de la provincia de Murcia y del norte de la de Almería, con decenas de miles de nuevas viviendas y por lo menos una docena de nuevos campos de golf.
De esa política desarrollista iniciada por el PP murciano con su nueva ley del suelo de 2001, que desprotegía unas 14.000 hectáreas, participa no sólo el PSOE almeriense -gobernante en algunos de los municipios de esa provincia andaluza con ingentes desarrollos urbanísticos (Cuevas de Almazora, Albox, Turre, Pulpí, Huércal Overa, Vera, etcétera)-, sino también el PSOE estatal, que decidió no rescatar la concesión de la autopista Cartagena-Vera cuando pudo hacerlo, a finales de 2004.
Los tiempos han cambiado en sólo tres años y, por eso, la apertura de los 90 kilómetros de peaje entre Cartagena y Vera —construidos por la UTE de FCC Construcción y Ploder— ha estado rodeada de confusión y se ha hecho casi ‘de tapadillo’.
Durante toda la semana pasada circularon versiones contradictorias sobre si la autopista se podría abrir finalmente el Viernes de Dolores y, finalmente, acabó abriéndose por sorpresa el jueves 29 de marzo, sin acto de inauguración oficial, sin corte de cinta… y sin la presencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de viaje en China.
Antes de las elecciones del 14-M, el PSOE prometió rescatar la concesión de esa autopista por ser innecesaria (discurre apenas a 20 kilómetros en paralelo a la autovía libre A-7) y causar grandes impactos ambientales directos e indirectos. El PSOE ganó en el Estado y meses después su portavoz en la Asamblea Regional murciana, Teresa Rosique, justificó que no se cumpliera lo prometido por ser “demasiado caro”. O sea que de lo dicho, nada de nada.
Apenas abierta la autopista, el Consorcio de Marina de Cope (Águilas), formado por el Gobierno murciano (PP) y los ayuntamientos de Águilas (PP) y Lorca (PSOE), anunció el domingo a través del diario La Verdad su proyecto de crear un ‘Nuevo Cancún’ en la zona Marina de Cope —desprotegida por la ley del Suelo de 2001—, que dejará pequeño al famoso Marina D’Or castellonense, con una superficie de 21 millones de metros cuadrados, 9.000 viviendas, veintidós hoteles, cinco campos de golf, una marina interior de dos mil amarres, todo ello con una inversión prevista de 4.000 millones de euros y la creación de 3.000 empleos.
Pulso Sacyr-Acciona por el nuevo aeropuerto
El Gobierno murciano seguirá adelante con esos planes urbanísticos, a pesar de que la desprotección de parajes naturales en la costa virgen de la Región que ejecutó a partir de 2001 está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional.
Las grandes constructoras estatales están sin duda al acecho, entre otras cosas porque ya participan en los grandes desarrollos. Un día antes de la apertura de la autopista Cartagena-Vera, el Gobierno murciano adjudicó la construcción de un nuevo aeropuerto regional entre Cartagena y Murcia al consorcio AEROMUR liderado con el 60% por Sacyr-Vallehermoso, dirigida por el murciano Luis del Rivero, al que acompañan Cajamurcia, CAM, y otras grandes empresas regionales, cada una con el 6,67%.
En la adjudicación del aeropuerto puede haber también problemas porque el segundo grupo competidor (consorcio Juan de la Cierva, dirigido por Acciona) ha mostrado a través de uno de sus componentes locales (Resort 3 Molinos) su disconformidad con el procedimiento de evaluación de ofertas.
*El Confidencial - Martes, 03 de abril de 2007
Foto: Cope (Murcia) / tierraylibertad
Murcia tendrá su particular Marina D’Or con 9.000 viviendas, veintidós hoteles y cinco campos de golf
Corrupción urbanística
CarlosMARTÍNEZ-BUJÁN.- ELPAÍS. Galicia* : "De un tiempo a esta parte no pasa una semana sin que surja un nuevo municipio gallego asociado a la denominada corrupción urbanística, fenómeno que ofrece una doble vertiente: de un lado, se sitúan aquellos promotores y constructores que se benefician de una decisión administrativa; de otro lado, los funcionarios que dictan las correspondientes resoluciones ilícitas.
Es posible que la conselleira de Política Territorial tenga razón, al afirmar que los casos de corrupción urbanística en Galicia son "aislados" y que hay que desvincular el sector urbanístico de la corrupción. No obstante, conviene precisar el sentido de esta afirmación, dado que el concepto de corrupción urbanística puede ser concebido desde diferentes puntos de vista.
Si acogemos su significado más estricto y riguroso, sólo cabría hablar de corrupción allí donde la actividad urbanística ha dado lugar a un delito de cohecho (soborno) o, como mucho, a un delito de tráfico de influencias. El cohecho es el delito que castiga tanto el caso de que un particular ofrezca dinero u otras dádivas para intentar corromper a un funcionario público como el caso en que sea éste quien las solicite o reciba. Por lo que alcanzo a ver, entre los casos recientemente conocidos, únicamente en el caso de Gondomar cabría hablar, presuntamente, de una corrupción de esta índole.
El tráfico de influencias es en cierto modo un sucedáneo del cohecho, cuando no se puede probar el ofrecimiento de una contraprestación económica, y también puede ser cometido tanto por un funcionario, cuando influye en otro funcionario, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo, como por un particular, cuando influye en un funcionario, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario, siempre que se actúe con el fin de conseguir una resolución que les pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero. Tampoco es éste un delito frecuentemente aplicado por nuestros tribunales, y en el actual panorama gallego únicamente cabría mencionar las denuncias en los municipios de Nigrán y Narón.
Existe, sin embargo, un concepto más amplio de corrupción urbanística, que englobaría todos aquellos casos en que, sin concurrir un soborno o un tráfico de influencias, se han realizado otros delitos conectados de alguna manera a la actividad urbanística.
Entre ellos, figuran ante todo, por su vinculación directa, los llamados delitos sobre la ordenación del territorio, que, en esencia, ofrecen asimismo una doble vertiente: por una parte, la conducta de los promotores, constructores o técnicos directores que construyan edificaciones no autorizables en suelos no urbanizables; por otra parte, la de los funcionarios que concedan -o informen favorablemente- proyectos de edificación o licencias ilegales (prevaricaciones urbanísticas). Aquí el abanico de posibles infracciones se abre ya notablemente y se pueden citar casos como el de Cabanas, con una sentencia condenatoria, u otros que están siendo investigados por la fiscalía.
A estos delitos cabría añadir otros conexos, como algunos delitos contra la Administración pública, que pueden estar relacionados con la actividad urbanística, como sucede con las negociaciones prohibidas a los funcionarios o con la violación de secretos o información reservada por parte de un funcionario y su consiguiente aprovechamiento por un particular, que han dado lugar también a denuncias, como el caso de Porto do Son.
Finalmente existe un concepto mucho más amplio todavía de corrupción urbanística, que se sitúa al margen del Derecho penal, pero que reviste un interés indudable. Así en la Ciencia política se entiende que existe corrupción siempre que se sacrifica el interés público en beneficio privado, concepto de gran relevancia, sobre todo cuando se reconocen las insuficiencias del Derecho penal en este ámbito y se propone incluir en el Código penal (como personalmente creo correcto) algunas formas de este tipo de corrupción.
*ELPAIS.com - 02/04/2007
El TSJC anula el Plan de El Cuco por su impacto brutal sobre el paisaje
ConsueloDeLaPEÑA.- El Diario Montañés* : "La construcción de 395 viviendas en el Alto del Cuco supone un impacto brutal en el paisaje, que vulnera la Ley del Suelo de Cantabria. No en vano ha trasformado la ladera sur del monte a base de grandes desmontes y taludes. Así de contundente es la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que ha anulado el Plan Parcial del sector 2 de Piélagos, donde la empresa Fadesa está construyendo a marchas forzadas dichas edificaciones, cuya mayor parte, si no su totalidad, están vendidas.
La Sala de lo Contencioso Administrativo estima así el recurso promovido por la asociación ecologista ARCA, que impugnó el acuerdo adoptado en marzo de 2004 por el pleno del Ayuntamiento de Piélagos, que preside Jesús Ángel Pacheco (PP). Tras una instrucción complicada, debido a los numerosos informes periciales y documentales aportados por las partes (técnicos municipales, peritos de la constructora Fadesa, de la asociación ecologista, de la Comisión Regional de Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, y de los propios peritos designados por el tribunal), la Sala ha llegado a la conclusión de que esta macrourbanización supone una «quiebra» del paisaje, cuya subsanación es, además, imposible.
«La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), que forma parte del entorno paisajístico de los montes de Liencres, y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquél 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural existente antes de la aprobación del Plan parcial, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano... al que se llega tras una actuación traumática», concluye la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Teresa Marijuán.
No obstante, la sentencia, que ocupa 105 folios y se hizo pública ayer, no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Es más que probable que tanto el Ayuntamiento como la constructora acudan a este tribunal. De ser así, las obras continuarán. Sólo en el caso de que el Supremo ratifique la sentencia del TSJC se procederá a su ejecución, que supondrá en la práctica la demolición de lo ilegalmente construido y la responsabilidad patrimonial de la administración municipal, que tendrá que hacer frente a las indemnizaciones.
'Dentellada'
La sentencia determina que el impacto paisajístico más grave es la alteración de la topografía del Monte Picota, donde se han encajado 395 viviendas a costa de realizar desmontes y taludes escalonados, generándose desniveles de hasta 16 metros, y muros de contención de tierras casi verticales con una altura muy superior a un metro. Los movimientos de tierras (312.00 metros cúbicos) y roca (305.000 metros cúbicos) han supuesto, a juicio de la Sala, una «dentellada» al Monte Picota que le «ha desfigurado» completamente.
Pero además existen otras infracciones en Plan Parcial. Así, se construyen calles con pendientes medias del 8%, que en algunos casos llegan al 25%, cuando la ley autonómica sobre barreras arquitectónicas prohíbe en Cantabria que las rampas de peatones superen el 6% de inclinación; las pendientes de los espacios verdes dedicados a parques y jardines oscilan entre un 6 hasta un 10%, llegando alcanzar en la zona central el 40%; ubica las áreas de recreo y espacios infantiles en zonas con pendientes de entre 24 y el 33%, de modo que su utilidad es «nula o muy reducida» y no reserva la cantidad de suelo mínima exigida para equipamientos públicos.
*El Diario Montañés - Martes, 3 de abril de 2007
Foto: La urbanización está prácticamente terminada. / SANE (El Diario Montañés)
Una ciudad para tod@s
CarmenMORÁN.- EL PAÍS* : "¿Puede diseñarse una ciudad, con sus calles y sus transportes, comercios y viviendas, hospitales y colegios, adaptada a la igualdad entre hombres y mujeres? La ciudad amistosa, así la llaman, no es ajena a muchos de los estudios de arquitectura y género que se redactan en todo el mundo desde hace décadas. La Ley de Igualdad española, recientemente aprobada, recoge en su artículo 31 esta necesidad: "Las Administraciones Públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género...".
Pero ¿cómo se diseña una ciudad con perspectiva de género? No se trata de facilitar la vida a la mujer, sino de que estos cambios, que a ella la beneficiarán en mayor medida por las tareas que tradicionalmente desarrolla, sean útiles para todos cuando estar en la cocina o llevar al niño al pediatra no recaiga sólo en espaldas femeninas. Varias investigadoras, universitarias, arquitectas, aportan claves para construir la ciudad friendly.
- Todo a un tiro de piedra. Se construyen ciudades disgregadas donde las viviendas están a kilómetros de los centros de trabajo, y éstos, a otros tantos kilómetros de los lugares de ocio. "La circulación rodada se organiza por vías de circunvalación que unen estas zonas, pero son los hombres mayoritariamente quienes conducen vehículos privados, van al trabajo y vuelven a casa mientras las mujeres suelen, además, recoger a los niños, llevarlos al médico, hacerse cargo de sus mayores, y el transporte público no ayuda a esto", explica la socióloga e investigadora del CSIC María Ángeles Durán. Una encuesta de transporte del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona del año pasado, bajo la dirección de Carme Miralles-Guasch, revela el mayor uso que hacen las mujeres del transporte público (un 22,6% frente al 16,3% de los hombres) y los motivos de los desplazamientos: ellas se desplazan en un 18% por cuestiones de trabajo y en un 36,7% por asuntos personales, mientras que para ellos la movilidad personal y laboral es la misma, un 27% en los dos casos.
"Las ciudades amistosas generan servicios, tienen las guarderías al lado, los hospitales y, por qué no, el trabajo", dice Durán. "Son las mujeres en un 84% las que cuidan de los grandes dependientes, los mayores, hacen el trabajo que ningún sindicado aceptaría". No cuentan para ello con una ciudad bien diseñada. "En las mal llamadas ciudades dormitorio duermen los hombres, pero ellas, además, viven y gestionan la mayor parte del trabajo doméstico. Si no hay buenos transportes públicos, ni servicios, ni ocio cercanos, todo eso irá en contra de la mujer", afirma la doctora en arquitectura e investigadora en temas de urbanismo y género Anna Bofill. "Hay que frenar este modelo de ciudad dispersa, la plaga de los adosados que, además, van en contra de la sostenibilidad y del impacto ambiental", añade.
Bofill prefiere la ciudad racimo de uvas, donde a medida que aumenta la población se va añadiendo otra uva, una microciudad con todos los servicios necesarios, con equipamientos, comercios, zonas de deporte: "Todo ello irá en beneficio de la conciliación personal y laboral entre hombres y mujeres".
- Abajo los escalones. La accesibilidad se relaciona siempre con discapacidades físicas: personas ciegas, sillas de ruedas. Pero sólo hay que manejar un carrito de bebé para darse cuenta de que las escaleras insalvables afectan a todos, el metro sin ascensor, las obras que no dejan espacio para caminar. "Son las mujeres quienes más manejan ruedas pequeñas, quienes sacan a pasear a los mayores...", recuerda Bofill.
- Con mi chándal y mis tacones. Las grandes superficies comerciales no han mejorado la vida diaria. No se puede ir en un momento por una botella de leche que se ha acabado. Hay que planificarse y pensar en traer la compra para muchos días. "Hay que planificar los días sin trabajo para ir y, de paso, organizarte el ocio; al final el ocio y el consumo se confunden", sostiene Bofill.
- Cocina con vistas. La reina de la casa. Así se llamaba a las que, en realidad, eran esclavas de la casa. Aún hoy, el Eurobarómetro muestra que el 77% de las mujeres españolas afirma ser la encargada de la limpieza y un 81%, de la cocina. Los diseños de las viviendas los hacen hombres, cuando son ellas quienes más tiempo pasan en casa. "Los espacios deberían estar menos jerarquizados", dice la arquitecta Zaida Muxí: "La cocina, amplia para permitir que más de uno trabaje a la vez, integrada con un comedor, con posibilidad de cerrar ese acceso, con ventanas al patio donde juegan los niños. Siempre ponen el lavadero al lado de la cocina, cuando la ropa sale de la habitación y allí vuelve".
Propone, además, que los baños puedan dividirse para permitir usos simultáneos y que nunca estén privatizados en las habitaciones. "Las casas han de tener espacios para almacenar, para trasladar la actividad al pasillo y mejorar el espacio de la habitación".
Muxí recuerda las experiencias de otros países, como Austria, donde algunos proyectos arquitectónicos diseñaron espacios comunes en los bloques de viviendas para lavaderos. "Se ahorra en electrodomésticos y permite salir de la casa y relacionarse con los vecinos al hacer la colada". "Lo que no puede ser son esas casas alejadas, adosados sin servicios que condenan a la soledad y multiplican el trabajo y los horarios". Y habilitar zonas donde los niños jueguen sin salir del bloque. "Los niños están confinados, casi; salen de su cuarto al ascensor, de ahí al coche y del coche al lugar de ocio".
Unas viviendas diseñadas por mujeres en Holanda en 1992 mostraban plantas flexibles para poder acoger diferentes tipos de hogares. Además, las viviendas se pueden conectar a habitaciones de alquiler para trabajar en casa, pero fuera de casa. Así se señala en el estudio realizado en 2004 para el Institut Català de la Dona. El mismo informe alude a otra experiencia de arquitectura de mujeres en Alemania que ganó Monika Melchior y Heike Töpper. Las viviendas tenían todas las habitaciones con las mismas dimensiones, con paredes flexibles, sin escaleras oscuras y con trasteros y garajes comunes. La construcción no excedió el costo usual de vivienda social.
- Ya no llego a tiempo. Los horarios del trabajo no son compatibles con los del resto de la vida. Se entra a trabajar antes de que abra la guardería, se sale después de su cierre. Y a las nueve de la noche ya no hay panaderías abiertas. Bueno, sí, las tiendas de los chinos, que cierran a las doce y tienen esos productos de primera necesidad. De que las nuevas familias con dos miembros trabajando fuera no se vengan a pique por tener hijos, de que las mujeres que han sido madres no abandonen sus trabajos (por lo general menos remunerados que los de su pareja), se encargan las abuelas. Mujeres, mayores, jubiladas, pero que en el descanso de sus vidas han encontrado un trabajo fijo no remunerado: cuidar a sus nietos. Del 22% que lo hace, casi la mitad los cuida a diario, según datos del Imserso.
Más luz, más verde
La sensación de inseguridad es mayor en la mujer que en el hombre. Ellas se saben más vulnerables. Un sondeo de opinión efectuado en Canadá reveló que cerca del 60% de las mujeres tienen miedo de caminar solas de noche en su barrio frente al 17% de los varones que opinaba lo mismo.Por eso, diseñar una ciudad con perspectiva de género significa también tener en cuenta las medidas de seguridad, "un asunto que no se aborda sólo poniendo más policía en la calle", dice la arquitecta Anna Bofill. "Está comprobado que los barrios mejor cuidados son menos vandalizados. Si se mantiene el barrio limpio, verde, cuidado no será objeto de tantas agresiones". Pone de ejemplo los aparcamientos urbanos, que ahora se están diseñando con todo lujo de detalles, con más iluminación, con fotos, un espacio menos inhóspito. "El diseño mejora la seguridad", afirma Bofill.Respecto a la vivienda, también las mujeres perciben mayor inseguridad en los espacios comunes que no dan a ninguna parte, que no están iluminados, rincones que asustan. Por eso, las arquitectas proponen que esas zonas comunes de los edificios sean áreas transparentes, escaleras sin recovecos.Cuestión de seguridad física es la que también afecta a los niños, por eso, entre las ideas para una vida más fácil está la de dejar espacios ajardinados entre los bloques de viviendas y la calle, que los críos no salgan directamente y se encuentren con los coches.
*ELPAIS.com - Madrid - 02/04/2007
La C. Valenciana se sitúa a la cola de España en protección del territorio
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A.Teruel.- Levante-EMV* : "La Comunitat Valenciana es una de las que tienen menos territorio protegido de todo el país. En estos momentos, 195.860,40 hectáreas están amparadas por alguna figura de conservación medioambiental otorgada por la Generalitat, lo que equivale a un 8,4 por ciento de la superficie total. Sin embargo, sólo cinco comunidades -Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia- tienen un porcentaje menor, según se desprende de la actualización, a través de las consejerías competentes de los gobiernos autonómicos, del Anuario 2005 de la organización ambiental Europarc España.
El citado informe incluye solamente aquellos espacios protegidos directamente por las administraciones autonómicas, que, en el caso valenciano, son los parques naturales, los parajes municipales, los paisajes protegidos y las microrreservas. La C. Valenciana ha escalado un puesto en la lista desde 2005, dado que entonces tenía protegido un 6,36 por ciento del territorio. La extensión ha aumentado ostensiblemente gracias a la declaración de nuevos parques naturales, como la Tinença de Benifassà y el Penyagolosa (ambos en Castelló), y paisajes protegidos como el Maigmó. Sin embargo, se ha visto superada por Castilla y León, que ha protegido 16 espacios en sólo dos años, y sólo ha logrado sobrepasar a Extremadura porque Monfragüe ha sido elevado a parque nacional y, por tanto, ha pasado a depender del Estado.
Lugares de interés
La superficie catalogada como de interés ecológico en la C. Valenciana es mucho mayor a la que realmente está protegida, dado que comprende también los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de Protección de Aves (ZEPA), designados por la Unión Europea dentro de la Red Natura 2000. No obstante, estas declaraciones no implican en modo alguno a las administraciones inferiores, de manera que es perfectamente posible que estos espacios no tengan un amparo real, como ocurre, en la provincia de Alicante, con las sierras de Aitana y Serrella y el Puig Campana.
Algunas comunidades sí han incluido la Red Natura 2000 en sus propias catalogaciones de espacios protegidos, aspecto en el que destaca Navarra, que prevé realizar planes específicos de actuación para cada LIC, de los que ya ha llevado a cabo cuatro. También La Rioja ha declarado todos sus LIC como paisaje protegido, lo que hace que esta comunidad, pese a su exigua extensión -inferior a la de las provincias de Alicante, Castelló y Valencia- tenga amparadas por la legislación 184.224,70 hectáreas, casi tantas como toda la Comunitat Valenciana. El nivel de superficie protegida en La Rioja es del 36,6 por ciento, sólo superado por Canarias, donde la poca extensión, la orografía, la insularidad y la presión urbanística no son obstáculo para que el 41,58 por ciento del territorio esté protegido.
*Levante-EMV - 02 de abril de 2007
Foto: Vista del Puig Campana con la cima nevada (FINESTRAT) / lasprovincias.es
Las investigaciones por delitos urbanísticos se triplican en Sevilla
ReyesRINCÓN.- EL PAÍS* : "Las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en Sevilla en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006, lo que sitúa a Sevilla como la provincia andaluza donde más han crecido las investigaciones puestas en marcha por delitos urbanísticos. Los datos ya cerrados de 2006 desvelan también que, pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur.
La tendencia que reflejan los datos de esta provincia es similar a la que se da en el resto de Andalucía. En todas se incrementaron las diligencias abiertas por delitos urbanísticos, aunque no en una proporción tan alta. El aumento de diligencias abiertas en Sevilla desde que empezó a funcionar la Red de Fiscales Medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sido exponencial: 36 en 2004, 100 en 2005 y 353 en 2006. Pero no sólo se han incrementado las diligencias abiertas contra incumplimientos de las normas de ordenación del territorio. La suma de casos investigados en Sevilla en 2005 fue de 193, mientras que en 2006 han superado los 570.
Los 18 fiscales medioambientales de Andalucía tienen encomendadas la persecución de los delitos contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente (como incendios o vertidos ilegales) y contra la ordenación del territorio, si bien son estos últimos los que siguen acaparando más investigaciones en todas las provincias y los que más preocupan a los responsables de la Fiscalía del alto tribunal andaluz. Como en años anteriores, la mayoría de las diligencias se abren por delitos cometidos presuntamente por particulares, aunque muchas de ellas, según fuentes de la Fiscalía andaluza, derivan en la existencia de responsabilidad por parte de instituciones o cargos públicos.
La memoria de 2006 de la Red de Fiscales Medioambientales se presentará en las próximas semanas, pero en la memoria del año pasado las Fiscalías de Málaga y Sevilla ya mostraban especial preocupación por los delitos de prevaricación urbanística por parte de una autoridad o funcionario público que resolvió o votó a favor de la concesión de licencias contrarias a las normas vigentes "a sabiendas de su injusticia".
Dado que el volumen de trabajo de los fiscales medioambientales se multiplica cada año, los responsables de la Fiscalía vienen demandando un aumento del número de miembros del Ministerio Público que integran esta red. Actualmente todas las provincias tienen dos, excepto Sevilla, que cuenta con cuatro (tres en la capital y uno en Dos Hermanas). En el seno de la Fiscalía se considera que haría falta, al menos, dotar con un fiscal más a Málaga y Cádiz, las dos provincias con más carga de trabajo y permitir que, como mínimo, uno de los cuatro fiscales sevillanos, el coordinador de la Red andaluza, Luis Carlos Rodríguez León, pudiera tener exclusividad como fiscal medioambiental. Hasta ahora, todos menos uno de los de Cádiz tienen que compatibilizar sus tareas como fiscales medioambientales con las que ejercían hasta que se creó esta red.
La labor de investigación de los fiscales medioambientales se ha visto reforzada en las últimas semanas por la puesta en marcha de los grupos de la Guardia Civil dedicados específicamente a perseguir delitos urbanísticos. En Andalucía son 27, tres por cada Comandancia, los que desde hace un mes tienen encomendado este trabajo. Además, la Guardia Civil cuenta en la comunidad autónoma con 37 agentes específicos del Seprona, que se considera la primera policía medioambiental de Europa.
No obstante, fuentes de la Guardia Civil advierten de que todos los agentes del Instituto Armado, más de 13.000 en Andalucía, están autorizados para sancionar por delitos medioambientales. Según el último balance hecho público hace dos semanas por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, el Instituto Armado desarrolló en 2006 700.000 actuaciones en apoyo a materias con competencias exclusivas de las comunidades autónomas, entre ellas, algunas relacionadas con tráfico rodado (transportes de residuos, mercancías), protección del medio ambiente, y comercio, consumo y ocio. De estas 700.000, más de 178.000 se realizaron en Andalucía y, según fuentes de la Guardia Civil, más de 150.000 estaban relacionadas con el medio ambiente.
*ELPAIS.com - Sevilla - 01/04/2007
Foto: La Real Maestranza vista desde la Giralda (al fondo, el Aljarafe)/ Wikipedia
Murcia planea urbanizar 11.000 hectáreas de costa virgen aunque el Constitucional falle en su contra
RafaelMÉNDEZ.- EL PAÍS* : "El mayor complejo urbanístico de España se llama Marina de Cope y está en el litoral virgen de Murcia. El Gobierno de Murcia, del PP, eligió ese espacio, un parque natural, para impulsar un gigantesco desarrollo urbanístico que albergará a 60.000 personas. Para ello, desprotegió por ley 11.000 hectáreas de terreno en la costa. El PSOE llevó al Constitucional la ley, y el abogado del Estado, los ecologistas y el consejo jurídico de Murcia han pedido que no se urbanice el suelo hasta que falle el alto tribunal. Pero el Ejecutivo murciano ha advertido por escrito al tribunal de que sus planes seguirán adelante incluso si el Constitucional anula la ley que desprotegió Marina de Cope. Nadie parará las máquinas.
El Gobierno de Murcia sigue a la vanguardia en legislación prourbanística. Si en 2001 desprotegió por ley 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarla, ahora advierte de que mantendrá sus planes —entre ellos 11.000 viviendas en espacio protegido— aunque prospere el recurso contra esa ley que el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional. El abogado de la comunidad ha remitido un escrito al juzgado en el que advierte de que un eventual fallo en contra del Constitucional derogará la ley, pero eso no implica que los lugares dejen de ser urbanizables. La jugada tranquiliza a los promotores al garantizar la entrada de las máquinas en la costa virgen.
La urbanización en la costa al sur de Murcia es, con toda probabilidad, el mayor pelotazo en curso en España. En los últimos 70 kilómetros vírgenes del litoral mediterráneo hay previstas decenas de miles de casas. La operación ha sido diseñada con minuciosidad y ejecutada con precisión por el Gobierno regional, del PP, desde 2001.
Ese año, el ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel aprobó la Ley del Suelo. En una disposición adicional aparentemente técnica de última hora, la norma desprotegió miles de hectáreas de parques naturales en la costa. El cálculo exacto es complicado, pero los profesores de la Universidad de Murcia y miembros de Ecologistas en Acción Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, afirman que son 14.000 hectáreas; el Gobierno de Murcia ha reconocido la desprotección de 7.000 hectáreas y los socialistas afirman que son 11.000.
Esa disposición “ajustó” los espacios naturales de Murcia “a los Lugares de Importancia Comunitaria”. Así, Murcia se limitaba a preservar los lugares definidos por Bruselas, cuya protección es menor que la que tenían los parques naturales. Ante la imposibilidad de un recurso normal —ya que la comunidad le dio rango de ley— 50 diputados del PSOE recurrieron al Constitucional en 2001. El recurso no se ha resuelto, pero debe de estar próximo.
En 2004, el Ejecutivo murciano aprobó por decreto las directrices de ordenación del litoral, el plan para urbanizar unas 85.000 hectáreas (parte de ellas, las que desprotegió años antes) de la costa. Este plan permitiría construir 800.000 casas en 30 años, accesibles por tierra gracias a una nueva autopista entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y por aire por un nuevo aeropuerto.
El principal proyecto de este megapelotazo es Marina de Cope: una nueva ciudad para 60.000 habitantes, con 11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf y una marina artificial con 2.000 amarres. Ocupará 2.156 hectáreas, 1.843 de ellas desprotegidas en 2001 de (de las cuales hay 2,961 millones de metros cuadrados urbanizables) en del parque regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre.
La zona es un reducto virgen, pero, en unos años, gracias a 3.800 millones de inversión, será comparable a Marina d’Or. El boletín oficial de Murcia que aprobó la “actuación de interés regional” incluyó fotos en color de gente jugando al golf, lo que le dio aspecto de folleto publicitario. Los municipios de Lorca (PSOE) y Águilas (PP) apoyan el plan.
La asociación Prolitoral, que agrupa a Ecologistas en Acción, la Asociación de Naturalistas del Sureste y una asociación de vecinos, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia el decreto de urbanización. Al procedimiento se sumó el 17 de noviembre de 2006 el abogado del Estado, lo que significa que el Gobierno también se opone a la desprotección
El Gobierno y los ecologistas defendieron ante el tribunal que no se debía urbanizar la zona, al menos hasta el fallo del Constitucional: argumentaban que de nada serviría una sentencia si llega con el parque natural ya construido ya que sería “imposible restaurar los espacios desprotegidos”.
En el intercambio de escritos con el Tribunal, el abogado del Gobierno autónomo ha avisado de que “sea cual sea el fallo del Tribunal Constitucional, éste no afecta a las directrices de ordenación del litoral”. En el escrito, de 60 folios, fechado el 7 de febrero y recién notificado, la Comunidad adelanta su estrategia por primera vez. El texto añade que “el fallo concreto” sobre Marina de Cope es independiente del recurso de inconstitucionalidad, ya que “la estimación del recurso de inconstitucionalidad no afectaría al presente litigio”.
En una pirueta legal, el abogado alega que si el Constitucional estima el recurso y anula la desprotección, el parque natural no volvería a ser parque natural; sino que pasaría a ser Lugar de Interés Comunitario, figura de menor rango que no impide los chalés. Es decir, diga lo que diga el Alto Tribunal sobre la desprotección de las 11.000 hectáreas, el decreto que al amparo de esa ley permite urbanizar la costa virgen seguirá adelante. Este diario intentó el viernes, sin éxito, obtener la versión del Gobierno murciano.
Además de retar al Constitucional con su interpretación, el Gobierno murciano desoye a su propio consejo jurídico. Éste dictaminó en 2004 que Marina de Cope tenía que esperar y que el suelo debía “quedar exento de actuaciones no previstas en el status de protección anterior de ese suelo, a fin de preservarlo ante una posible sentencia [del Constitucional] que anule la desprotección”. El dictamen añadía que la urbanización es “totalmente incompatible con la conservación” de la zona.
Ahora, Murcia apuesta por los hechos consumados y tranquiliza a los promotores: habrá urbanización aunque el Constitucional anule la Ley del Suelo.
La última playa
Marina de Cope es la joya de la corona, con la que la Comunidad de Murcia quiere dejar pequeña a Marina d'Or. La operación tenía un pequeño gran inconveniente: el terreno pertenecía al parque regional Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, con ocho hábitats prioritarios para la Unión Europea y una de las pocas poblaciones de tortuga mora que quedan. El Gobierno murciano decidió desprotegerlo.La zona se había librado del urbanismo por la falta de agua y su agreste orografía. El paisaje es marrón, seco, similar al del cabo de Gata. Un camino de tierra conduce a calas semidesérticas; otras, sólo son accesibles por barco. Ahora, con la saturación de la costa, se convierte en el objeto deseado por las promotoras y ejemplo de la protesta contra el urbanismo. En 2004, comenzó a aparecer por Murcia una pintada: "Cope no se vende". Años después, el lema es: "Murcia no se vende" y los ecologistas están agrupados en toda España en el movimiento "el territorio no se vende".Pero se enfrentan a gigantes. En Marina de Cope y en las directrices del litoral hay mucho dinero en juego. Iberdrola poseía parte del terreno porque allí proyectó una central nuclear hace 25 años. En 2004 vendió el 40% de sus 328 hectáreas a Cajamurcia, Bancaja y Caja Castilla-La Mancha por 36 millones de euros, según una nota de la eléctrica.La constructora Aucosta (Ploder, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Autopistas del Sureste, FCC y Unicaja, entre otros) ha invertido 650 millones en 114 kilómetros de autopista de peaje entre Cartagena y Vera. La vía abrió al tráfico el viernes sin inauguración oficial. La concesionaria espera 7.000 vehículos en su primer año y unos 30.000 dentro de 30 años.El viernes, el Gobierno murciano adjudicó la construcción de un aeropuerto a Sacyr (del murciano Luis del Rivero), Cajamurcia, Grupo Fuertes (propietario de El Pozo), entre otros, por 135 millones.
*ELPAIS.com - Madrid - 01/04/2007
Foto: Marina de Cope (Águilas-Lorca) / Ecologistas en Acción
Enlace Noticia: El Gobierno Murciano del Sr. Valcárcel ha desprotegido 15.000 has. de espacios protegidos para que puedan ser urbanizados / Ecologistas en Acción
Los vecinos de tres pueblos de L'Alcoià se unen para frenar la presión urbanizadora en el interior
LucíaGADEA.- EL PAÍS* : "La plataforma Compromís pels Pobles de L'Aitana, que aglutina a los vecinos de Penàguila, Benilloba y Benasau, en la comarca de L'Alcoià, se dirigirá a los comités comarcales y a los diferentes partidos políticos valencianos para que informen sobre sus propuestas y su postura respecto a la presión urbanizadora "que comienza a amenazar el interior de Alicante".
La asociación Compromís pels Pobles de L'Aitana, quiere de este modo parar, entre otros, el proyecto urbanizador previsto a tres kilómetros del casco urbano de Penàguila y que contempla la construcción de 200 viviendas, 2 hoteles y un centro de alto rendimiento deportivo con campo de golf, hípica, tenis, fútbol. El proyecto urbanístico ha comenzado a tramitarse en el Ayuntamiento de Penàguila y cuenta con el aval de los concejales socialistas que gobiernan en esta población. Según la plataforma, la pretensión actual es construir las viviendas y luego ampliar la urbanización hasta desarrollar un área en la que se construyan "más de 1.500 chalés".
El colectivo, del que es portavoz Eduard Aracil, celebró ayer por la tarde en el Mercado Municipal de Penàguila una asamblea en la que se explicó a los vecinos interesados las posibles acciones que la plataforma prevé "para paralizar este proyecto o que sea lo menos perjudicial para el pueblo", dijo Aracil. Justificó la puesta en marcha del colectivo, al que se espera la adhesión de otras poblaciones, en la necesidad de "frenar el tipo de urbanismo especulativo que triunfa en la costa y que quiere ahora entrar en el interior a través de promotores que incluso vienen de otros países".
El colectivo reclamó además, "una respuesta clara del PSPV-PSOE", que en la actualidad gobierna en Penàguila. "Mientras el diputado provincial socialista, Jaume Pascual, se ha posicionado contra una urbanización similar en Benasau, se sitúa por otra parte al lado de los concejales socialistas que pretenden confeccionar en Penàguila una lista electoral que defiende una urbanización similar", señaló Aracil. La plataforma insinuó que existe un pacto entre PSOE y PP en apoyo de esta urbanización "con el apoyo de sus ejecutivas comarcales". La plataforma lanzó su llamamiento para que "todos los partidos políticos expliquen claramente su posición" ante el "urbanismo salvaje" que comienza a amenazar en las comarcas de interior.
*ELPAIS.com - Alcoi - 01/04/2007
Foto: Benilloba /cederaitana.com
Salvemos Mojácar logra la paralización de un macrocomplejo ilegal
Teleprensa, Almería.- Diario Digital* : "Hace dos años y medio Salvemos Mojácar presentó e hizo pública una denuncia relativa a una macrocomplejo en construcción, promovido por La Solana de Mojácar S.A., con claros indicios de ilegalidad, al contar, entre otras cosas, con la construcción de hasta 8 plantas en vertical, en una zona en la que solo se permiten dos, y llegando así a construirse 214 viviendas edificadas sobre 30 hectáreas.
El complejo se ubica detrás del Pueblo Indalo y no es inmediatamente visible desde la playa, al estar medio oculto ocupando una rambla. Se lo puede observar al tomar la carretera que sube hacia La Paratá, de unas dimensiones colosales, que lo convierten en un nuevo "Algarrobico" en Mojácar.
El complejo alberga cerca de diez irregularidades urbanísticas, algunas de ellas graves o muy graves.
La Modificación del proyecto que se hizo es sustancial y hubiera tenido que ser tratada como un nuevo proyecto.
En el expediente del proyecto falta la memoria y el proyecto de ejecución.
Al suspender las obras y otorgar la nueva licencia en la misma junta de Gobierno se deja sin validez las suspensión acordada, todo ello sin tener constancia de presentación de proyecto de ejecución.
No existe aprobación definitiva de estudio de detalle, ni publicación en el BOPA de la aprobación definitiva del PERI de la UA7 de Mojácar constituyendo estas infracción MUY GRAVE, al no contar el proyecto ni las obras con el instrumento que las legitime.
El proyecto incumple varias determinaciones de la Normas Subsidiarias de Mojácar, por lo que se ha otorgado una licencia contraria al planeamiento urbanístico vigente, que constituyen infracciones GRAVES.
La edificación llega asumar 8 plantas en vertical, cuando solo se pueden construir 2.
Hay viviendas bajo rasante, lo cual no está permitido.
Hay viviendas en sótano y semisótano, lo que tampoco estña permitido.
El espacio libre se ha dejado en un terreno con una fuerte pendiente que lo hace inaccesible y no funcional.
Salvemos Mojácar denunció ya en septiembre de 2004 la ilegalidad de la construcción. Posteriormente el ayuntamiento aprobó discrecionalmente en junta de gobierno local convocada de forma extraordinaria y urgente, siendo alcalde Carlos Cervantes, una modificación de licencia de obras en la que se aprobaba un modificado de proyecto ilegal también en el que se traban de camuflar las 8 alturas, siendo esto objeto de una nueva denuncia de la asociación.
La Asociación recurrió desde un principio al Defensor del Pueblo Andaluz, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento y la aparente inacción de la Junta de Andalucía frente a la denuncia que la asociación remitió en su día a dicha consejería y al consistorio. Gracias al Defensor del Pueblo Andaluz la asociación ha recibido copia de los informes y escritos que, a instancias del Defensor, han sido aportados por el Ayuntamiento de Mojácar y por la Junta de Andalucía, ya que la Junta de Andalucía solo ha respondido en una ocasión a la asociación y el ayuntamiento jamás han remitido carta alguna respondiendo a la asociación sobre e caso denunciado. Finalmente la Consejería de Obras Públicas se ha visto forzada a tomar cartas en un asunto que es sin duda escandaloso.
Tal como solicitaba la asociación la junta de Andalucía procedió con el trámite habitual en un caso como este, que es solicitar la revisión de Licencia de obras del complejo al Ayuntamiento de Mojácar, un trámite que habia sido solicitado sin éxito por la Asociación. Y consiguientemente, al no haber respuesta del consistorio, ha procedido a emprender el recurso contencioso administrativo contra el complejo.
A fecha de hoy hemos recibido noticia a través de diversos medios que las obras están paralizadas desde hace semanas si bien no se ha recibido notificación alguna al respecto de la junta de Andalucía, por lo que estamos a la espera de confirmar oficialmente la información.
Salvemos Mojacar lamenta que se hallan tardado más de dos años en paralizar el complejo, cuando está practicamente terminado, y exige a la Consejería de Obras Públicas que por una vez actúe como debe, impida su apertura y proceda a la demolición del complejo en un tiempo lo más breve posible.
El calendario de las actuaciones ha sido el siguiente:
26 abril 2002 - Aprobación del PERI de la UA7 de Mojácar en Junta de Gobierno Local, siendo alcalde Salvador Esparza. No se publica en el BOPA.
21 octubre 2002 - se concede licencia de Obras al proyecto de la mercantil La Solana de Mojacar SA
Durante 2003 - 2004 - inician las obras del proyecto, que en septiembre se encuentra ya muy avanzado.
17 de junio de 2004 - se presenta un nuevo proyecto básico con alteraciones sustanciales, redactado por otro arquitecto.
29 septiembre 2004 - Salvemos Mojácar presenta la primera denuncia contra el complejo en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mojácar, con copia al Defensor del Pueblo Andaluz.
21 octubre 2004 - 1ª Visita de Técnicos de la Junta de Andalucía al complejo.
12 noviembre 2004 - La Junta de Andalucía requiere mediante escrito al ayuntamiento de Mojácar que remitan un informe en el plazo de diez días hábiles, con la documentacion relativa al proyecto, con acuse de recibo del 17 de noviembre. A dicho escrito el Ayuntamiento no responde jamás.
18 noviembre 2004 - El Ayuntamiento convoca de forma extraordinaria y urgente una Junta de Gobierno Local, siendo alcalde Carlos Cervantes, en la que se aprueba un Acuerdo por el se paraliza las obras del complejo por no ajustarse este al proyecto original y al mismo tiempo se otorga Licencia de Obras al modificado de proyecto para la construcción de 214 apartamentos y garajes en la parcela P-4 de la UA-7 y colindante en Mojácar, con lo que las obras continuan inmediatamente.
4 julio 2005 - Salvemos Mojácar presenta 2º escrito de denuncia, esta vez contra la modificación de proyecto, presentado en el Ayuntamiento y la Consejería de Obras públicas, con copia al Defensor del Pueblo Andaluz.
13 julio 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide un informe al ayuntamiento de Mojácar.
22 julio 2005 - 2ª Visita del Inspector de la Consejería de Obras Públicas. Se pone de manifiesto que no existe Estudio de Detalle en el expediente del proyecto, sin embargo este era preceptivo.
- El Defensor del Pueblo Andaluz pide informe a la Junta de Andalucía.
29 agosto 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 2ª vez un informe a la Junta de Andalucía.
5 octubre 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz insta al Ayuntamiento de Mojácar a la revisión de oficio de la licencia de obras cuestionada.
- La Junta de Andalucía envía informe al Defensor del Pueblo Andaluz, que es remitido por este a Salvemos Mojácar. El informe considera que:
Que la Modificación del proyecto es sustancial y hubiera tenido que ser tratada como un nuevo proyecto.
Que en el expediente del proyecto falta la memoria y el proyecto de ejecución.
Que al suspender las obras y otorgar la nueva licencia en la misma junta de Gobierno se deja sin validez las suspensión acordada, todo ello sin tener constancia de presentación de proyecto de ejecución.
Que no existe aprobación definitiva de estudio de detalle, ni publicación en el BOPA de la aprobación definitiva del PERI de la UA7 de Mojácar constituyendo estas infracción MUY GRAVE, al no contar el proyecto ni las obras con el instrumento que las legitime.
Que el proyecto incumple varias determinaciones de la Normas Subsidiarias de Mojácar, por lo que se ha otorgado una licencia contraria al planeamiento urbanístico vigente, que constituyen infracciones GRAVES.
La edificación llega a sumar 8 plantas en vertical, cuando solo se pueden construir 2.
Hay viviendas bajo rasante, lo cual no está permitido.
Hay viviendas en sótano y semisótano, lo que tampoco estña permitido.
Que el espacio libre se ha dejado en un terreno con una fuerte pendiente que lo hace inaccesible y no funcional.
11 octubre 2005 - La Consejería de Obras públicas requiere al Ayuntamiento de Mojácar la revisión de oficio de la licencia de obras cuestionada.
11 nov 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 2ª vez un informe al Ayuntamiento de Mojácar.
16 enero 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 3ª un informe al Ayuntamiento de Mojácar
24 marzo 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz manda al Ayuntamienro Recordatorio del deber legal de auxiliar a esta institución
24 mayo 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz manda al Ayuntamienro Recordatorio legal y recomendación de que proceda a la revisión de licencia y Advertencia de que su falta de colaboración puede ser consederada entorpecimiento de las labores de esa institución.
- El Defensor del Pueblo Andaluz manda a la Consejería de Obras Públicas Recomendacion de que se formule un requerimiento formal al ayunt. para que se proceda a la revisión de licencia y que se proceda a recurrir ante el órgano jursidiccional competente en caso de que el ayuntamiento no proceda con la revisión.
7 de julio 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz notifica a Salvemos Mojácar que dará cuenta del rechazo del alcalde de Mojácar a la solicitud de revisión de licencia en su Informe Anual.
18 julio 2006 - La Consejería de Obras Públicas interpone recurso Contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Mojácar pidiendo la revisión de licencia del complejo, siendo alcalde de Mojácar Gabriel Flores.
20 julio 2006 - admitido recurso - en el Juzgado 1 de Almería con el Ordinal 595/06
17 enero 2007 - El Defensor del Pueblo Andaluz informa a Salvemos Mojácar de que se ha emprendido recurso contencioso el pasado 17 de julio, según le ha dado a conocer, seis meses más tarde, la Junta de Andalucía.
28 de marzo 2007 - Medios locales anuncian que las viviendas están paralizadas. Desde el verano anterior no se observaban movimientos notables en la zona, si bien el complejo está prácticamente terminado. La noticia de la paralización está pendiente de confirmación está pendiente de confirmación.
Salvemos Mojácar se personará en los próximos días en el procedimiento para que le sean comunicadas todas las actuaciones y para conocer si realmente se ha dictaminado la paralización desde el juzgado o si el hecho de que las obras estén, aparentemente, paralizadas obedece a otras causas.
Salvemos Mojácar exige la paralización de obras, que se impida abrir el complejo y la demolición inmediata.
La Actuación del defensor del Pueblo sienta precedentes positivos en la lucha del ciudadano ante los abusos urbanísticos, que es acaso la peor y más extendida lacra de España y la de más graves consecuencias sociales y medioambientales, por lo que alentamos a las asociaciones a recurrir a su ayuda ante la sistemática dejacion de funciones de la Administración Autonómica y municipal.
*Teleprensa - Diario Digital - Almería 30/03/07
Foto: La Solana /Teleprensa
La promotora del alcalde de Salceda de Caselas construye obras ilegales
PrimitivoCARBAJO.- Vigo.- EL PAÍS* : "Viviendas Caselas, SL, promotora de la que es accionista el alcalde de Salceda de Caselas, José Manuel Fernández Rodríguez, Chicho, realiza obras ilegales en el municipio por exceso de alturas, vuelos y aprovechamientos bajo cubierta, más una invasión directa de la vía pública sin respetar las alineaciones. Las denuncias, en lugar de paralizar las obras, las aceleran. Es uno de los efectos paradójicos de la doble condición de alcalde y promotor que reúne Chicho, quien confía en renovar su mayoría absoluta en el ayuntamiento después de 31 años de regidor.
La denuncia por infracción urbanística en el edificio que se construye en la calle Rosalía de Castro para 32 viviendas fue presentada el pasado 5 de diciembre por un vecino, Ángel Vaqueiro Fandiño, contra la promotora y propietaria, Viviendas Caselas; contra las constructoras Excavaciones Ponteareas y Conran, y contra el técnico que redactó el proyecto, Rafael Fernández Vale.
El alcalde, Fernández Rodríguez Chicho, tomó nota de la denuncia, dio cuenta a sus socios en la promotora y decidió cumplir la ley. Pero sólo en lo de darse tiempo para tramitar la denuncia. El denunciante, Ángel Vaqueiro, volvía al ayuntamiento el 20 de enero para señalar que, lejos de paralizarlas, la denuncia había sido espuela para los constructores del edificio: más máquinas y operarios estaban dando un ritmo a la construcción que competía con las imágenes a cámara loca.
Hasta el 2 de marzo no tuvo sobre la mesa el informe del técnico municipal que confirmaba que las obras de Rosalía de Castro no se ajustaban a las condiciones de la licencia. El alcalde ya lo sabía, obviamente. Esperó al último minuto que le permite la ley para no incurrir en delito y el 5 de marzo, a los tres meses exactos, firmó la resolución para "suspender inmediatamente las obras que realiza Viviendas Caselas, SL". Daba un plazo de 24 horas para retirar todos los materiales y decidía "incoar el correspondiente expediente de reposición de la legalidad a Viviendas Caselas".
Asesores contrastados
Contundente, sin duda. Aunque la misma resolución indicaba al denunciado que podía "aducir alegaciones y adjuntar documentos u otros elementos de juicio". Tal vez fueran muchos, las alegaciones y documentos, y al alcalde no le dio tiempo a examinarlos. Las obras de ese edificio, pese a los aceleres precedentes, siguen aún activas. "Confiarán en que si consiguen llegar a dar las licencias de ocupación, ya nadie va a ejecutar después los derribos que supondría restablecer la legalidad urbanística", barrunta Vaqueiro.
La normativa urbanística local ha sido cambiada con los únicos votos, aunque suficientes, del grupo popular y no se ajusta a la legislación vigente en Galicia. Las invasiones de viales y espacios públicos son habituales en Salceda, como los convenios urbanísticos que contravienen la ley o los estudios de detalle que la revientan, "por no hablar de alturas o sótanos con volúmenes prohibidos", añade el denunciante.
El alcalde Chicho, sin embargo, ha demostrado que sabe bandearse con los códigos y su aplicación. Ha sorteado acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias y otras de más enjundia judicial.
Hace diez años, por ejemplo, logró evitar su inhabilitación como alcalde en el Tribunal Supremo al cargar un delito de usurpación de terrenos sobre su persona y no sobre el cargo, pese a ser máquinas municipales las que consumaron la usurpación en una obra pública; más recientemente convenció a un juzgado de Tui de que un aguacero con riada se había llevado por delante todo rastro de un campo de fútbol pagado con fondos europeos, aunque, según otros testimonios fehacientes, el campo nunca llegó a construirse. Ahora cuenta además con el asesoramiento de Juan Colón Garrido, abogado perejil por su facilidad para estar en todas las salsas.
Juan Colón es asesor jurídico municipal en Salceda de Caselas con dieta mensual fija y, a su vez, actúa como letrado de no menos de media docena de promotoras y constructoras que trabajan en la villa, incluida, naturalmente, Viviendas Caselas. También desempeña una función análoga de asesor en los ayuntamientos de Salvaterra y Baiona. En Mos actúa contra el Ayuntamiento defendiendo los intereses del concejal Angel Sío y de José Luis Álvarez Ríos, promotores ambos de ejecuciones urbanísticas de efectos atroces en el municipio.
Chicho también tiene contratado como técnico municipal, para realizar informes relacionados con el urbanismo, a Manuel Novás Medín, inhabilitado en Porriño tras ser condenado en los tribunales por negocios prohibidos a funcionarios. Antes Chicho pagaba más a la familia: los cursos de carpintería los daba su cuñado; los de peluquería, su hermana en un local alquilado a su mujer.
Chicho renueva y reta "en positivo"
El viernes de la semana pasada, el alcalde José María Fernández Rodríguez Chicho, fue visto por la noche, solo, arrancando carteles electorales del BNG. En las anteriores campañas lo hizo a primeras horas de la mañana y acompañado de su mujer. Los vecinos le disculpan esos gestos de arrebato porque no responden a su talante más común, humilde y afable con todos, incluso con la oposición, que se lo reconoce pero para tacharle de "cínico redomado".
Por saber escuchar a los vecinos ha conseguido mantenerse durante 31 años al frente de la alcaldía. Fue en su momento el alcalde más joven de la democracia española y, en condición de tal, fue recibido en audiencia por los Reyes de España, aunque ni siquiera había sido elegido. Hijo del practicante municipal, entró en el ayuntamiento como concejal en 1972. En 1976 consiguió la alcaldía sin necesidad de elecciones: fue el único candidato al cargo. En 1979 arrasó como independiente y luego en las siguientes consultas, como candidato sucesivo de Alianza Popular y del Partido Popular.
En 1995 aportó un millón de pesetas para compartir el capital de la promotora Viviendas Caselas, SL, con otros tres socios. Hasta esa fecha los permisos de obra estaban congelados en el municipio; a partir de ahí, se dispararon.
A las próximas elecciones de mayo, Chicho se presenta con una lista totalmente renovada, en la que sólo repite el que ha sido su concejal de Urbanismo, Manuel Barros, de oficio albañil y también con promotora propia, Promociones Siglo XXI; va de número seis de la lista y, por si acaso, prepara unas oposiciones para quedarse en el ayuntamiento como personal auxiliar.
La candidatura del PP, con el eslogan Salceda en positivo, fue presentada el domingo pasado, con el apoyo de Ana Pastor y el presidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán. Ya en 1979 Chicho había prometido dotar al municipio de red de abastecimiento de agua; ahora promete acabarla en el próximo mandato. Ana Pastor le reconoció como "alcalde honrado y eficaz". Mariano Rajoy, su gran valedor y amigo, no pudo asistir.
*ELPAIS.com - Vigo - 30/03/2007
Foto: Igrexa de Parderrubias, no Concello de Salceda de Caselas / Albert galiza
Ver noticia: La inmobiliaria del alcalde de Salceda promovió 375 viviendas en una década
Codicia y avaricia
Emili PIERA.- Levante-EMV* : "Lo que han dicho los eurodiputados sobre nuestro romance sin fin (o hasta el fin) con el ladrillo es que alcaldes, concejales y demás gente de bastón y fajín no se conforman con hacer la vista gorda y recortar el cupón, sino que son ellos los primeros y más esforzados galeotos de la máquina de hacer dinero deprisa, deprisa, somos un pueblo-anfetamina, lanzado sobre la pista asfaltada y recalificada.
En términos casi bíblicos, sus señorías, caídas cual ángeles exterminadores del cielo de Bruselas, han hablado de «codicia y avaricia», nada menos, que son dos usos del mismo pecado capital: el uno busca, el otro acumula; tener uno es malo y tener los dos, peor, vicio de viejos.
Yo creí que, con ese lenguaje -«codicia y avaricia»-, los eurodiputados serían luteranos suecos o alemanes, pero los que rajaron eran un polaco, que será católico, y un británico, pero, se siente, nosotros no inventamos el capitalismo, pero como los chinos, nos sorprendió con hambres atrasadas, y con el tiempo, en muy poco tiempo, hemos devorado hasta la caseta del perro, con la que hacemos una bonita solución habitacional.
Como dicen pensadores tan distintos como Zizek o Vattimo, nuestra tolerancia es muy rara. Aceptamos la libertad de culto, el matrimonio homosexual o la críticas al primer ministro en televisión, qué bien, pero si a alguien se le ocurre decir que el capitalismo, al menos en su versión neocon, es suicida e inviable, le tachan de integrista totalitario. Y el capitalismo sigue a lo suyo, que consiste, paradójicamente, en acabar con la propiedad, ya sea de los chalés privilegiados (para hacer otros chalés), ya sea de los derechos de creación, pues uno se baja música y películas de internet por la cara.
La Constitución (la nuestra y las otras) no lo dice, pero puede resumirse en un solo precepto: si usted hace como que evita todo lo expresamente prohibido aquí, puede convertirse en un codiciador incesante de los bienes ajenos.
*Levante-EMV - 31 de marzo de 2007
El GOB reclama cupos de viviendas y que se penalicen las segundas residencias
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F.GUIJARRO.- Diario de Mallorca* : "El Grup Balear d´Ornitologia (GOB) reclamó ayer que se apliquen cupos en la concesión de licencias para la construcción de nuevas viviendas y que se penalice fiscalmente tanto las segundas residencias como los inmuebles vacíos, entre otras medidas destinadas a frenar la intensa actividad constructora que se está registrando en las islas. Estas propuestas han sido planteadas después de que el Colegio de Aparejadores de Mallorca hiciera público que el pasado año se alcanzó la cifra más alta en la historia de la isla por lo que a viviendas acabadas se refiere, con 8.955, y que se rozó el récord de 1999 por lo que a inmuebles proyectados, con 11.379.
Según el GOB, estas cifras demuestran que las medidas que se han tomado hasta ahora para controlar el desarrollo urbanístico han sido insuficientes, y ponen en evidencia el modelo desarrollista de los gobernantes isleños, de ahí la necesidad de promover un cambio.
Desde esta organización ecologista se considera imprescindible revisar las Directrices de Ordenación Territorial y el Plan Territorial de Mallorca para eliminar las áreas de reconversión, y aprobar una ley que fije cupos municipales en la concesión de licencias.
También se apuesta por la penalización fiscal de las segundas residencias y de las adquiridas con fines especulativos o para la promoción turística, junto a un gravamen para los inmuebles vacíos.
El GOB propone que se reduzca la edificabilidad en el suelo urbano, la reclasificación de los urbanizables que no tengan aprobado el proyecto de urbanización o la recalificación forzosa de los terrenos urbanos para la construcción de viviendas protegidas.
Frente a la postura defendida por el GOB, el presidente de la patronal de promotores de Balears, Gabriel Oliver, consideró que con el actual crecimiento de la población resulta inevitable que se mantenga una intensa edificación de viviendas, y recordó que el modelo económico balear se basa en la mano de obra, ya que tanto en la hostelería como en la propia construcción se necesitan plantillas muy numerosas, lo que hace necesaria la llegada de más trabajadores. Oliver destacó que nadie edifica viviendas sin la existencia de una demanda para su venta.
Además, rechazó la posibilidad de aplicar cupos en la concesión de licencias, al considerar que esta medida provocaría un mayor encarecimiento de los inmuebles, dado que su escasez favorecería la especulación.
*Diario de Mallorca - 31 de marzo de 2007
Foto: S.Llompart.- La fuerte actividad constructora de Balears es cuestionada desde el GOB /Diario de Mallorca
Urbanismo insostenible en España
Albert Gimpera.- EL PAÍS* : "El informe del Parlamento Europeo sobre la situación del urbanismo en España confirma lo que hace tiempo ya sabíamos, que la situación es insostenible. El fomento de la especulación urbanística es un cáncer que amenaza no sólo con deteriorar nuestro entorno, sino con erosionar la credibilidad misma de las instituciones democráticas.
Ni siquiera el nuevo Gobierno de izquierdas de Catalunya se libra de este vicio, dando luz verde a urbanizaciones en el Pirineo que contradicen los criterios de sostenibilidad que predica, para disgusto y decepción de sus votantes, como bien informa EL PAÍS.
Ignoro si el origen de este mal está en la famosa Ley del Suelo del PP de 1998, que consagra este disparate ultraliberal según el cual todo el suelo no protegido es potencialmente urbanizable.
No es posible continuar indefinidamente con este modelo. Hay que dar de una vez por todas por definitivamente cerrado este modelo nefasto basado en la construcción masiva de urbanizaciones de segundas residencias, que destruye el territorio y fomenta la corrupción local, y que amenaza con llevar ahora la degradación hacia zonas que se habían visto liberadas de la especulación urbanistica.
*ELPAIS.com - 31/03/2007
Cataluña y País Vasco son las más europeas en vivienda
MartaBELVER.- El Mundo* : "País Vasco y Cataluña están un paso más cerca de Europa que el resto de las comunidades autónomas españolas. Los gobiernos de estas dos regiones han planteado medidas para combatir la 'plaga' de los pisos vacíos (aplicar un canon y la expropiación temporal, respectivamente) similares a las que ya están operativas en algunos países del Viejo Continente. «Son soluciones muy variadas con una característica común: la intervención del Estado para buscar vías que favorezcan la salida al alquiler de las casas desocupadas o bien la aplicación de disposiciones punitivas», apunta Javier Burón, director de Planificación del Departamento de Vivienda del Ejecutivo vasco. Y se pregunta: «Si España ha conseguido europeizarse en otras cosas, ¿por qué no lo hace también en esto?».
Francia. Los vecinos galos han elaborado al detalle su legislación sobre inmuebles que permanecen desiertos. Según explican en su Ministerio de Vivienda, la medida consiste en el pago de una tasa y afecta a las propiedades de municipios situados en las inmediaciones de las ciudades de París, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier, Niza y Cannes.
Los dueños de estos pisos tienen que abonar en concepto de multa un 10% de su valor catastral durante el primer año de desocupación, un 12% el segundo y un 15% el tercero y posteriores.
Reino Unido. La Agencia de Viviendas Vacías británica nació en 1992 con el objetivo de mediar entre las autoridades locales de unos 200 ayuntamientos y los propietarios privados. Los responsables de la asociación aseguran que como resultado de esta acción cada año entran en el mercado de alquiler «decenas de miles de casas vacías».
Asimismo, las autoridades de Reino Unido pueden forzar el arrendamiento o la venta de viviendas que hayan permanecido desocupadas durante un periodo de tiempo superior a seis meses salvo que tengan la categoría de segunda residencia, su titular se encuentre enfermo o haya fallecido y se esté tramitando la herencia o bien trabaje en otra ciudad, de acuerdo con la información de la página web 'www.vpo.info'.
Suecia. Este portal apunta también que el Gobierno de Estocolmo contempla la posibilidad de demoler los pisos deshabitados.
Alemania. La misma opción está vigente en suelo germano en aquellos municipios en los que más del 10% del parque de viviendas permanece desocupado. Los propietarios, además, pueden ser obligados a rehabilitar sus propiedades y, en caso de incumplimiento, la sanción se mueve en una amplia horquilla que va desde la multa hasta la expropiación, una realidad de la que se hacen eco en sus 'blogs' Javier Burón y Pablo Aretxabala, director general de Visesa (la empresa promotora de vivienda protegida del Gobierno Vasco).
Italia. En cuanto a la situación legal de esta península mediterránea, argumentan que las casas sin habitantes tienen allí una penalización fiscal del nueve por mil de su valor.
Dinamarca. En el Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social exponen el caso danés, cuya ley data de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial: los dueños de inmuebles desocupados durante más de seis semanas pueden ser multados si no informan a las autoridades municipales pertinentes. Eso sí, la medida sólo es efectiva en las localidades más importantes.
Luxemburgo. Aunque todavía no existe penalización para los pisos vacíos de este país, en breve podría ser efectiva. El Ejecutivo luxemburgués ha elaborado un proyecto de ley que recoge sanciones para los inmuebles desocupados durante más de 18 meses, apuntan desde su Ministerio de Vivienda.
*El Mundo /Su Vivienda - 30 de marzo de 2007
Foto: En los Países Bajos es legal la ocupación de viviendas que están descupadas más de año y medio. / EL MUNDO
Los eurodiputados constatan una falta de voluntad política para luchar contra los abusos urbanísticos
ClaraPinar.- LEVANTE-EMV* : "Los eurodiputados que visitaron a principios de marzo la Comunitat denunciaron ayer que las autoridades valencianas no tienen «voluntad política» para solucionar los abusos relativos con el urbanismo. Asimismo, constataron que éstos persisten a pesar de que el Consell se comprometió a poner en práctica las recomendaciones del Informe Fourtou que adoptó la Eurocámara en diciembre de 2005.
El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, presentaron ayer su informe con las observaciones que les merecieron sus reuniones con las autoridades y denunciantes de la Comunitat Valenciana, Madrid y Almería, en la misión a España que realizaron entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
El informe alerta de los abusos que se dan en toda España pero la Comunitat Valenciana se cita repetidamente como ejemplo de las peores prácticas o de aquellas que aún perduran. Aunque el informe no se pudo discutir ayer por problemas de traducción, Cashman se refirió a una de las ideas que emanan del documento, relativa a «la gran diferencia entre la manera en que se nos recibió en Valencia y lo que vimos en Madrid» . «A (el conseller de Territorio, Esteban González) Pons le hicimos preguntas directas que se quedaron sin respuesta , se nos dijo que las peticiones son ficticias, que ni existen en la realidad », añadió Cashman, que dijo haber vuelto a Bruselas con «la impresión de que había una total desatención de estos problemas y no existía voluntad política para buscar soluciones».
El informe recuerda las recomendaciones del Informe Fourtou a favor de la definición y reconocimiento del «interés público» en la ley del suelo, un «criterio para calcular las compensaciones» a los afectados por expropiaciones o la «revisión de las bases» de los contratos públicos. Recuerda también que estas competencias caían bajo «la responsabilidad de las autoridades del Gobierno regional valenciano» . Sin embargo, más de un año después, el informe critica que «la urbanización continúa imbatible en Valencia con nuevos proyectos que se aceleraron para beneficiarse de las ventajas de la vieja ley (LRAU) antes de que entrase en vigor la nueva en febrero de 2006» , en alusión a la LUV, también expedientada por la Comisión Europea.
Sesenta nuevas denuncias
Casham y Libicki conformaron la tercera delegación de la Eurocámara que estudió el urbanismo en la Comunitat y que, según el informe, tuvo una «considerable justificación. No sólo hay un procedimiento de infracción en camino, sino que hay nuevas peticiones» que se incrementaron este mismo mes, con 60 nuevas denuncias presentadas ante los diputados en su visita a las localidades valencianas.
De sus entrevistas con afectados y autoridades, los eurodiputados concluyeron que «de los 540 municipios que hay en la Región Valenciana, parece que entre el 25 y el 20%, concentrados esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas resultado de un urbanismo extensivo, muchos de ellos con denuncias de corrupción en los últimos años» . Añaden que «un número considerable de los casos documentados en los ayuntamientos revelan planes urbanísticos que no emanan de necesidades de crecimiento poblacional y turístico, sino por su avaricia y codicia» . Hablan también de «ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores» y de «ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable».
Por el contrario, afirman en su informe que Pons «se negó a reconocer que haya problemas con el urbanismo y, si los hubiera, mantuvo que deberían resolverse en los tribunales» . El informe afirma que «en comparación con visitas previas, parece más claro que nunca que la ley del suelo se han inventado o al menos se ha interpretado en primer lugar teniendo en cuenta en interés de los promotores y urbanizadores y no con los derechos legítimos de los propietarios individuales o del entorno social o medioambiental» .
Por último, Libicki y Cashman hacen una mención especial a la actitud «arrogante» del conseller de Territorio, Esteban González Pons. El documento denuncia los «ataques» de que fueron objeto por parte de «eurodiputados y representantes de la comunidad empresarial» y critica las condiciones en que se dio la reunión con González Pons, de manera que fue «más en confrontación que constructiva» . Así, denunciaron un cambió de escenario «en el último momento» de una reunión en la que finalmente el conseller se presentó «flanqueado por promotores urbanísticos y agentes de viajes, que criticaron la visita y defendieron la ley de suelo valenciana y las actividades de la construcción» .
*Bruselas
*LEVANTE-EMV - 28 de marzo de 2007
Foto: Benidorm /losgenoveses
Marbella, un año después
EUROPA PRESS* : "Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco-Costa del Sol pusieron en marcha hace un año, y bajo la dirección del juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción, un dispositivo policial por el que registraron las principales dependencias municipales marbellíes, especialmente las vinculadas con Urbanismo. Actualmente, sólo cuatro de los 94 imputados conocidos hasta el momento en el denominado caso 'Malaya', contra la corrupción, están en prisión.
Las primeras estimaciones fueron que la valoración de los bienes incautados superaba los 2.400 millones de euros. Cerca de 300 obras de arte, más de 100 caballos de pura raza, toros, armas de gran valor, importantes cantidades de dinero, más de 14 vehículos de lujo, un helicóptero, un barco y unas 1.000 cuentas bancarias bloqueadas son algunos de los datos de esta operación, que comenzó a instruirse en noviembre de 2005 tras la declaración del jefe del departamento jurídico del Ayuntamiento, Jorge González; y en la que se han decretado fianzas que superan los 6,5 millones de euros.
El ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca; y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, al que se le atribuye el diseño de toda la organización societaria del anterior están en prisión desde el comienzo de la operación, el primero en Albolote (Granada) y el segundo en Alhaurín de la Torre. A estos se añade el ex alcalde Julián Muñoz, que está encarcelado desde finales de julio, ahora en Jaén; y el abogado Juan Hoffmann.
Ese mismo día 29, fueron detenidas 20 personas, entre ellas, además de Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe, el secretario municipal, Leopoldo Barrantes; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez; varios empresarios como Ismael Pérez Peña; así como testaferros del ex asesor de Urbanismo y seis abogados del despacho Sánchez Zubizarreta.
De madrugada, fue arrestada la entonces primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, cuando llegaba del viaje de luna de miel; y en los días sucesivos otras personas presuntamente vinculadas a la trama, como el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo; hasta llegar a 29 detenidos en la primera fase de la operación policial, de los que 12 ingresaron en la cárcel.
El juez instructor envió a la prisión de Alhaurín de la Torre al presunto cerebro de la trama, a Yagüe, a García Marcos, a Pérez Peña, a la testaferro Monserrat Corulla, a Rodríguez, al empresario Rafael Llopis, a cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta Soriano y al también testaferro Oscar Benavente. De estos, sólo Roca y Sánchez Zubizarreta permanecen encarcelados.
Estas detenciones llevaron a la disolución del Ayuntamiento marbellí, cuyo decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 7 de abril, y a la constitución de una gestora, presidida desde finales de dicho mes por el abogado Diego Martín Reyes, hasta que se celebren, en mayo de este año, elecciones municipales.
SEGUNDA FASE
En la segunda fase de la operación 'Malaya', fueron detenidas 30 personas, entre ellas 13 ex concejales, además de constructores y personas relacionadas con el Consistorio marbellí. Tras las declaraciones, el juez decretó prisión para siete ex ediles marbellíes y un constructor, libertad bajo fianza para once personas y libertad con cargos para otras once. Posteriormente, ingresaron en la cárcel de Alhaurín de la Torre otros dos empresarios.
Así, en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) ingresaron los ex concejales del GIL Tomás Reñones, Vicente Manciles, Rafael González Carrasco, Rafael Calleja y José Luis Fernández Garrosa; el expulsado del PSOE José Antonio Jaén, que en la primera fase quedó en libertad con fianza; la ex edil del PA María José Lanzat; el empresario de Las Ventas Fidel San Román y, posteriormente, los también constructores Carlos Sánchez y Andrés Liétor.
A finales de julio, se produjeron cinco detenciones más, dentro de esta fase; en concreto del ex alcalde de la localidad Julián Muñoz, acusado de malversación y cohecho; del ex concejal del Partido Andalucista Pedro Pérez; y tres directivos de la constructora Aifos, el presidente, Jesús Ruiz Casado; el director general, Jenaro Briales; y el director financiero, José Andrés León.
De éstos, sólo se decretó prisión para Pérez, que salió más adelante en libertad bajo fianza; y para Muñoz, que aún sigue en la cárcel. El balance fue 33 nuevos imputados en una causa que en noviembre de 2006, un año después del inicio de las investigaciones, acumulaba ya al menos 62 presuntos implicados.
TERCERA FASE
La tercera fase policial profundizó en la trama de blanqueo y cohecho, en concreto relacionado con el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, ya que se detuvo en noviembre a 12 personas, entre las que estaba la ex mujer de Muñoz, Maite Zaldívar, el hermano de ésta, un funcionario judicial, un director de banco y varios empresarios, como José María González de Caldas. No hubo prisiones en esta ocasión, sino fianzas para eludirla.
Asimismo, el juez Torres llamó a declarar, también por blanqueo, a la hija de Muñoz y a la mujer de Roca, quien meses después, este mismo mes de marzo, sería detenida junto con su hija, su hermano y la empleada de una inmobiliaria, presuntamente relacionada con el ex asesor de Urbanismo y loterías premiadas.
En medio, la Policía detuvo a dos abogados, uno de ellos aún en prisión; y a un joyero; y también a varios policías locales, en relación con una trama de subastas ilegales de coches. En total, que se sepa por el momento, 94 imputados, contando una trabajadora municipal, dos agentes de la Policía Local, un policía nacional y un guardia civil, cuyas imputaciones se han conocido en los sucesivos levantamientos del secreto de sumario.
SUMARIO
El sumario, con al menos 73 tomos, ha puesto de manifiesto que, para el instructor, Roca ha sido el que controlaba y dirigía las decisiones municipales "por encima de la alcaldesa", que no era sino "una marioneta" en sus manos. El papel de éste en todo el entramado de corrupción municipal es "el del jefe que influye en los concejales, ordena la aprobación de actos administrativos injustos, percibe cantidades para aprobar convenios y exige dinero para mantener contratos".
Así, el juez estima, a través de las sucesivas declaraciones y de los archivos encontrados en la empresa Maras Asesores, que el ex asesor de Urbanismo recibía dinero de los empresarios, que, luego, repartía entre los concejales que votaban las resoluciones presuntamente ilegales. Además, se servía de una serie de testaferros para ocultar propiedades, así como de "una complejísima estructura societaria", supuestamente creada por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta.
Queda investigación por concluir, fundamentalmente relacionada con dinero en paraísos fiscales y con blanqueo de capitales. Además, queda pendiente localizar a dos imputados, como son el ex edil marbellí del PA Carlos Fernández y el empresario José Manuel Carlos Llorca, ambos con órdenes de detención.
*Diario Metro - Jueves 29 Marzo
Foto: Ayuntamiento Marbella /euroresidentes
La Operación Voramar dispara las denuncias por delitos urbanísticos ante la fiscalía de Palma
F.ARMENDÁRIZ.- Diario de Mallorca* : "El impulso que las fiscalías anticorrupción y de delitos medioambientales de Balears están dando, desde el pasado 27 de noviembre, al caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en dicha localidad, ha animado a numerosas personas particulares y a entidades a formular nuevas denuncias ante el ministerio público. Los casos de los que se ha informado al ministerio público versan sobre temas diversos, aunque predominan los de presunta corrupción y los de supuestas irregularidades urbanísticas.
La fiscalía de Palma decidió a principios del pasado verano unificar en una sola causa el aluvión de denuncias que había ido recibiendo con antelación por supuestos delitos contra la ordenación del territorio en Andratx. Estas denuncias habían sido interpuestas por personas particulares, entre ellas concejales o afiliados de Unió Mallorquina en la localidad, sindicatos como Comisiones Obreras, partidos políticos, como el PSOE, organizaciones ecologistas como el GOB, etc.
Estas diligencias fueron declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma y dieron lugar, el 27-N, a la operación Voramar, con la detención de tres de los principales implicados en la supuesta trama de corrupción.
Efecto mimético
El enorme eco que en los medios de comunicación de toda España, e incluso del extranjero, ha tenido el caso Andratx ha hecho que otras personas se animen a informar a la fiscalía de más presuntos casos de corrupción o de delitos contra el medio ambiente.
El llamado caso cintas, otro presunto entramado de corrupció en torno al Ayuntamiento de Santa Margalida y personificado en su ex alcalde, Antoni del Olmo, ha sido otra de las investigaciones desarrolladas por la fiscalía en los últimos meses que también ha suscitado la interposición de otras denuncias.
Varios de los casos denunciados en las últimas semanas han dado lugar a la apertura de diligencias de investigación por parte del ministerio fiscal. Son temas que están en marchay en los que los fiscales están tratando de determinar si hay indicios delictivos.
*Diario de Mallorca - 28 de marzo de 2007
Foto: Andratx /guides
El Parlamento Europeo detecta abusos urbanísticos generalizados en España
EUROPA PRESS* : "Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha visitado Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado ciudadanos españoles y extranjeros.
Este informe viene precedido por otro que realizó la ONU, el pasado mes de diciembre, en el que ya se alertaba de la 'especulación urbanística' desenfrenada que vive España.
El Parlamento Europeo afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".
La peor parte del informe es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".
Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.
Negación de derechos
En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".
Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parece ser su avaricia". Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".
Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí".
También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.
Directivas incumplidas
El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos la directiva contra el lavado de dinero".
En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".
Reclama a la Comisión Europea que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.
Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.
*El Mundo - 27/03/2007
Foto: Parlamento europeo /imanol
Los eurodiputados critican los planes urbanísticos aprobados por la "codicia"
CristinaVÁZQUEZ.- EL PAÍS* : "Los eurodiputados que el pasado febrero viajaron a España para investigar denuncias sobre abusos urbanísticos culpan a algunos ayuntamientos de aprobar planes urbanísticos sobredimensionados por "avaricia o codicia", según el informe que ayer presentaron al pleno del Comité de Peticiones en Bruselas. "Los residentes ven a menudo cómo la población de sus pueblos se multiplica fuera de toda proporción por la ambición de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores", dice el texto, que denuncia abusos generalizados en España.
El informe no puede ser más contundente: "Los ciudadanos europeos se han convertido en víctimas de ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable. Los ciudadanos se convierten en culpables; la autoridad municipal, en un intermediario pasivo; el gobierno regional se lava las manos y las autoridades nacionales dicen que no pueden interferir a pesar de las directivas europeas".
El documento critica abiertamente que estas administraciones no estén poniendo freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que multiplican la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los grandes perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. La peor parte se la lleva la Comunidad Valenciana, porque, según cita el informe, "a pesar de las promesas [del Gobierno autonómico] y la aprobación de nuevas leyes [como la LUV] se han conseguido pocas mejoras" después de tres visitas del PE y una batería de recomendaciones.
Según el informe, "de los 540 municipios valencianos, cerca del 15% ó 20%, concentrados sobre todo en la costa, han experimentado graves problemas derivados de una urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años".
El vicepresidente del Comité, el laborista inglés Michael Cashman presentó por la tarde al pleno de este organismo consultivo un resumen oral del informe, cuyo debate se aplaza al 11 de abril a petición del eurodiputado del PP Luis Herrero, que apeló a un artículo que exige que los informes se traduzcan a varias lenguas antes de ser debatidos. Libicki le dio la razón y estableció que el documento se discutirá en dos semanas.
Aplazado el debate del informe, los eurodiputados se centraron en el trato dado a la delegación por parte de las autoridades valencianas. David Hammerstein, de Los Verdes, denunció las "trabas y los insultos" a los que se enfrentaron los dos eurodiputados. El popular Luis Herrero pidió disculpas en nombre del PP por las ofensas personales que pudieran haber recibido ambos. "Disculpas si alguien se ha considerado maltratado", dijo Herrero. Willy Meyer (IU) expresó su solidaridad con la delegación y reprobó la conducta de la Generalitat. Carlos Carnero (PSOE) sugirió que se adjunten al informe los recortes de prensa y grabaciones audiovisuales sobre los insultos. La eurodiputada liberal italiana Luciana Sbarbati planteó incluso la posibilidad de presentar una resolución de condena porque el trato ofrecido a Libicki y a Cashman es un desprecio al conjunto de la Eurocámara. Cristina Gutiérrez (PP) precisó que sentía mucho los insultos, si bien excluía de los mismos las palabras "partidista" y "electoralista". Cashman agradeció las muestras de apoyo y reconoció el buen trato que brindaron a la delegación tanto las autoridades de Madrid como el conjunto de los peticionarios.
Hammerstein aseguró a la salida que el urbanismo valenciano "está muy enfermo y la receta europea exige cambios de envergadura". El socialista Joan Calabuig apostó por reconducir el modelo y calificó de "poco inteligente" la actitud de la Generalitat con los eurodiputados.
Un representante de la Comisión Europea, presente en el pleno, anunció que estudiarán el informe en profundidad.
*ELPAIS.com - Valencia - 28/03/2007
Foto: Atomium Bruselas /Lycos
