"No podemos volver a casa por navidad porque todavía no nos hemos marchado de ella"

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Lo más grave es la desregulación

Oriol Nel·lo* : "Hace unos días, escuchando las noticias por la radio, oí cómo el locutor explicaba que alguien había sido detenido "por delito de urbanismo". "Hasta aquí hemos llegado", me dije: la práctica urbanística ha sido hasta tal punto pervertida y denostada que, en vez de ser vista como el instrumento colectivo para ordenar el territorio, ha acabado siendo identificado con el descontrol e incluso con la pura y simple delincuencia.
Esta situación es el resultado del estallido en los últimos meses de diversos casos muy visibles de malas prácticas, incentivadas por el aumento continuado de los precios, que, con su carga de morbosidad, han encontrado un notable eco en la prensa y en los medios de información. Bien están estas denuncias, pero me temo que su proliferación está generando un tremendo equívoco.


En efecto: centrar el debate sobre la situación del urbanismo en España en la corrupción no sólo resulta sesgado y parcial, sino que puede ser desorientador y contraproducente. El principal problema del urbanismo en España no yace en lo adjetivo -la corrupción-, sino en lo sustantivo -el modelo de ocupación del territorio-. Un modelo a través del cual se están urbanizando de manera inadecuada e innecesaria grandes extensiones de suelo, con la única justificación del beneficio privado a corto plazo, sin tener en cuenta los costes colectivos que acarrea. Y esto acontece, en buena parte de los casos, de forma perfectamente legal. Así, tal como se afirma en el manifiesto Por una nueva cultura del territorio, suscrito por profesionales del urbanismo de toda España, en nuestro país la urbanización voraz y masiva "está teniendo consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas", de las que "son expresión palmaria las dificultades de acceso a la vivienda, el incremento de la movilidad y el aumento de los costes de los servicios". Esto es así porque demasiado a menudo la Administración ha permitido, e incluso impulsado, iniciativas privadas de urbanización de baja densidad, mal integradas en el sistema urbano y con nula preocupación por sus efectos sociales.

En este contexto, centrar el debate urbanístico exclusivamente sobre el tema de la corrupción tiene efectos negativos. En primer lugar, se oscurece el problema de fondo, que no es otro que el de la debilidad de los instrumentos y las políticas públicas para ordenar, domeñar y corregir la evolución del proceso urbanizador en beneficio de la colectividad. Debilidad que resulta especialmente patente a la hora de dar respuesta a las demandas de vivienda asequible y entorno de calidad.
Por otra parte, la polvareda de la corrupción permite diluir la responsabilidad de los sucesivos gobiernos del Partido Popular, los cuales se aplicaron a fondo para incrementar esta debilidad de la Administración. Así, a través de las denominadas "medidas liberalizadoras" se impulsó la noción de que la vocación primordial de todo suelo es la de ser urbanizado y su valoración debe realizarse al máximo valor especulativo posible. Estas políticas no han obtenido, obviamente, ninguno de sus pretendidos efectos benéficos (los precios del suelo y la vivienda no se han moderado, antes al contrario) y han alentado la dispersión de la urbanización, así como la recalificación extensiva de suelo rústico. Por otra parte, la carrera del oro auspiciada por estos planteamientos ha sido un excelente caldo de cultivo para las irregularidades que ahora se denuncian.

Finalmente, la corrupción se está tomando como excusa y justificación para reclamar una recentralización de las competencias urbanísticas. Así, desde el propio PP, desde determinados cuerpos estatales, e incluso desde algunos medios progresistas se ha venido a equiparar autonomía y mala práctica urbanística. A ésta se contrapone la presunta eficiencia taumatúrgica del Gobierno central del momento y se reclama para aquél la devolución de las competencias urbanísticas. Se trata de posiciones abiertamente anticonstitucionales que, además, no soportan la carga de la prueba: si la práctica urbanística ha podido ser algo más ordenada en algunas comunidades autónomas -entre las que se encuentra Catalunya- esto se ha debido, precisamente, a la existencia de gobiernos autónomos que han hecho prevaler sus competencias y sus políticas frente al urbanismo salvaje inducido por ciertas reformas legales del Gobierno central.

Por todo ello, es necesario, a nuestro entender, reconducir el debate sobre el urbanismo. Ciertamente, los casos de corrupción deben ser publicitados, perseguidos y erradicados de manera contundente y absoluta. Pero al mismo tiempo deben impulsarse las adecuadas medidas legislativas -entre las que se encuentra la Ley del Suelo ya en trámite en las Cortes- y las políticas públicas adecuadas para hacer del urbanismo aquello que nunca debió dejar de ser: un instrumento eficaz y transparente destinado a ordenar los usos del territorio en beneficio de la colectividad.


*El País 17-12-06

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Algo huele mal en la justicia

Recientemente, el fiscal anticorrupción de Baleares ha arremetido contra el juez del caso Andratx por dejar en libertad bajo fianza a algunos imputados (alcalde e inspector de obras) en un auto judicial "que no se ajusta a derecho", ya que la gravedad de los delitos implica un riesgo de fuga que debería evitarse y, además, les ha permitido abonar la fianza con fondos de cuentas intervenidas (es como si al acusado de asaltar un banco le dejan pagar la fianza para salir en libertad con el dinero presuntamente robado).
Algo huele mal...
El propio presidente de Baleares, Matas, acudió hace unos días, con la mosca detrás de la oreja, a entrevistarse con el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, para conocer de primera mano cómo estaba la investigación por corrupción urbanística en las islas, tras los rumores de nuevas actuaciones y la imputación como acusado de su director general de Ordenación del Territorio (¡el máximo responsable del tema en Baleares!).
Algo huele mal...
El mismo fiscal general ha visitado también Andalucía para rubricar un protocolo con la Junta de mejora y cooperación en la legalidad urbanística. El presidente Chaves dice que "todo va bien" en urbanismo y que la Comunidad es un modelo para todo el país en la lucha contra la corrupción. Pone como ejemplo de su "modélica" actuación la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella (¡quince años más tarde de la llegada de Gil y el gilismo!). El fiscal general aplaudió las últimas actuaciones realizadas por la Junta en este ámbito, sin el más mínimo asomo de crítica por lo hecho (o no hecho) anteriormente en Andalucía.
Algo huele mal...
Mientras, una asociación de jueces, el Foro judicial independiente, critica las previsiones de la Junta de Andalucía para crear nuevos juzgados de lo contencioso, cuya sobrecarga actual "impide otorgar una tutela judicial sin dilaciones, en una materia tan sensible como es el control de la legalidad de los actos de la administración". Se quejan fuertemente de la cortedad de la Junta en las ampliaciones de juzgados de lo contencioso-administrativo.
Algo huele mal...
Y es que, últimamente, las acciones de la Justicia están en el ojo del huracán del problema de la vivienda y la especulación urbanística en España. Se han dado algunos pasos (sobre todo en casos puntuales), pero la falta de medios del llamado Poder judicial, su escasa neutralidad política y unos criterios técnicos a veces desfasados (como en el caso de la falta de suspensiones cautelares de obras con licencias municipales recurridas, que ha producido que cuando llegaran las sentencias firmes los edificios estuvieran terminados y las viviendas incluso habitadas), han hecho que la opinión pública esté muy sensibilizada con el tema y tenga dudas "razonables" sobre la actuación diligente e imparcial de la Justicia en un ámbito de tanta repercusión e importancia como es la ordenación del territorio y la especulación urbanística.

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El que espera desespera, ministra

Alberto Montero Soler* : "La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se despachaba este pasado día 12 con unas declaraciones muy expresivas de su incompetencia para gestionar un problema que le viene grande y de la que ya ha dado muestras más que probadas a pesar de ser, precisamente, el único problema del que tiene que ocuparse y de que para ese fin dispone de todo un ministerio creado a tal efecto.
Un problema que además, y según la última encuesta del CIS, los españoles consideran que, personalmente, es el que en mayor medida afecta a sus vidas.
Preocupación que puede ser de todo menos infundada si se tiene en cuenta que, desde 1998, el precio de la vivienda ha experimentado un alza acumulada de más de un 150% mientras que, sin embargo, los salarios reales de los trabajadores se mantenían a finales del tercer trimestre de este año en el mismo nivel que presentaban en 1997. En román paladino, que mientras el precio de la vivienda se ha multiplicado por dos veces y media en los últimos diez años (por 3,23 veces en el caso de los pisos de segunda mano), el poder adquisitivo de los salarios sigue siendo exactamente el mismo.
Un problema que ha trascendido nuestras fronteras y ha llegado incluso hasta las Naciones Unidas. Desde allí se desplazó hasta España su Relator Especial sobre una Vivienda Adecuada quien se mostró sorprendido de la situación del mercado inmobiliario español y alertó de su carácter insostenible a medio plazo. Es más, en rueda de prensa oficial declaró que entre el 20 y el 25% de la población española se encuentra excluida del mercado de la vivienda debido a su alto precio.
Este problema, por otra parte, no deriva de la escasez de oferta de viviendas -que también podría haber sido- porque, según revela un reciente estudio de Funcas, en España existen 510 viviendas por cada mil habitantes, es decir, el mayor parque de viviendas en relación al número de habitantes de toda Europa: más de una por cada dos habitantes.
Y la situación no tiene visos de cambiar porque esa oferta se alimenta de una demanda en permanente expansión que, aunque comienza a desacelerarse, tiene sus principales motores en la inversión puramente especulativa y en las demandas tanto de los no residentes como de la población inmigrante que se está instalando en nuestro país.
Esta grave situación, percibida por el Relator de Naciones Unidas en una visita de tan sólo doce días, le llevó a afirmar que el Ejecutivo debería intervenir y adoptar “medidas inmediatas” para resolver el problema de la vivienda en España, al que ha calificó como "el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo".
Sin embargo, parece que la ministra de Vivienda ni se entrevistó con el Relator al que el propio Ejecutivo había invitado, ni fue a la rueda de prensa que éste dio ni debe saber mucho del mercado inmobiliario español.
No otra puede ser la interpretación que se deriva de sus declaraciones de ayer cuando afirmaba que “espera” que el precio de la vivienda suba en 2007 como el IPC, un 2% (es decir, la tasa de inflación también “esperada” por el gobierno para el próximo año).
En efecto, tenemos una ministra que para hacer frente al principal problema actual de los españoles y a uno de los problemas inmobiliarios más graves del mundo a lo único que se le ocurre recurrir es a la esperanza. Se olvida de que los gobiernos pueden y deben regular los mercados; que deben luchar contra el fraude y la especulación, que deben prevenir y, en su caso, perseguir la corrupción urbanística; que pueden recurrir a las ayudas directas para las familias que no tienen acceso a una vivienda; o, incluso que siempre tienen a su disposición el expediente de la expropiación por causa de utilidad pública o social (como acaba de plantear el gobierno autonómico catalán).
Pues no. La ministra de Vivienda de este gobierno “socialista” no va a recurrir a la intervención en el mercado inmobiliario para preservar a los ciudadanos de las consecuencias de los desequilibrios del mismo. ¡Dios nos libre de interferir sobre los mercados!, debe decirse.
En su lugar va a esperar -con los dedos cruzados, imaginamos- a que el mercado, por sí mismo, recupere el equilibrio a pesar de que dicho equilibrio, si es que se alcanza, puede ser perfectamente compatible con la expulsión del 25% de la población del acceso a una vivienda digna.
Así que tranquilos: si no pueden comprar una vivienda no se preocupen y hagan como nuestra ministra: esperen y esperen y esperen…


*elotrodiario.com
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión. / REBELION.ORG

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¡Vivienda digna ya! Macromanifestación

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¡Vivienda digna ya!
Esta manifestación se hará en forma de marcha cortando el tráfico por las principales calles de las ciudades del Estado el SÁBADO 23 DE DICIEMBRE A LAS 17:00
La lista de ciudades es la que nos han confirmado hasta el momento, seguramente irá ampliándose conforme corra la noticia
Motivos
Últimamente se están haciendo sentadas por una vivienda digna de manera desorganizada y disgregada en unas pocas ciudades. Éste es un problema a nivel estatal, por lo que se convoca una MACROMANIFESTACIÓN (no es una macrosentada) para el SÁBADO 23 DE DICIEMBRE A LAS 17:00. Se comunica con tanta antelación para que se difunda lo máximo posible. ¡Para eso se pide vuestra ayuda!, publicadlo en foros, blogs, panfletos, cartas a los medios de comunicación, comunicadlo a todo tipo de asociaciones, todo lo que se os ocurra.
Cómo se realizará
Esta manifestación se hará en forma de marcha cortando el tráfico por las principales calles de las ciudades del Estado, ya que ha quedado claro que las simples sentadas no son atendidas. No obstante, nunca se abandonará el espíritu pacífico con el que esta iniciativa ha nacido. Si la policía detiene la marcha, se volverá al punto de partida pacíficamente, sin enfrentamientos, y se esperará a que se pueda reanudar. En el caso de no poder hacerse, se convertirá en una sentada más, pero se habrá llamado más la atención.
Eslogan
Debido a las fechas navideñas de la macromanifestación, el eslogan principal será:
No podemos volver a casa por Navidad porque todavía no nos hemos marchado de ella.
¿Dónde?
Las ciudades de las que hasta ahora tenemos constancia que tienen convocatoria son:
* Madrid: Puerta del Sol* Barcelona: Plaça Catalunya* A/La Coruña: Plaza de Maria Pita* Albacete: Plaza del Altozano* Badajoz: Plaza de San Francisco* Bilbao: Plaza del Teatro Arriaga* Burgos: Plaza del Cid* Cádiz: Plaza España* Collado Villalba (Madrid): Plaza del Ayuntamiento* Córdoba: Plaza de las Tendillas* Elche: Plaça Baix* Gijón: Plaza del Ayuntamiento* Granada: Fuente de las Batallas* Huesca: Plaza Zaragoza* León: Plaza de San Marcelo* Málaga: Plaza de la Constitución* Oviedo: Plaza de Ámerica* Palencia: Plaza Mayor* Pamplona: Plaza del Castillo* Salamanca: Plaza Mayor* San Fernando (Cadiz): Plaza de España* Sevilla: Plaza Nueva* Toledo: Plaza de Zocodover* Valencia: Plaza de San Agustín* Valladolid: Plaza Mayor* Vigo: Puerta del Sol* Zaragoza: Plaza del Pilar
Kaosenlared.net

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El derroche de las viviendas vacías

Mucho se está hablando estos días de las viviendas vacías en España, y del proyecto de ley del gobierno catalán que permitirá expropiarlas cuando lleven más de dos años vacías y ponerlas en el mercado de alquiler por un máximo de seis años.
Todos los analistas y comentaristas políticos se hacen eco de esta polémica iniciativa. La mayoría para criticarla por intervencionista y atentar contra la propiedad privada. Otros por considerarla de difícil aplicación, ya que el concepto de "vivienda vacía" es ambiguo y no fácil de delimitar (por ej. el Ayuntamiento de Madrid ya lo intentó hace un tiempo y luego se volvió atrás).
Incluso, desde el Ministerio de la Vivienda se han desmarcado de esta drástica opción y apuestan por la Sociedad Pública de alquiler (bastante inoperante por otra parte, en el tiempo que lleva en funcionamiento).
Pero lo que está claro es que los datos no mienten. Y en España hay cerca de tres millones y medio (3.500.000) de viviendas vacías (según la misma Sociedad Pública), es decir casi un 15% del parque total de viviendas. Unas cifras escalofriantes, con una subida en diez años de más del 25%. Y que sitúan a España, que es el país con más viviendas por habitante de la UE (528 de cada 1000), también a la cabeza en proporción de viviendas vacías.
Se ha repetido muchas veces en distintos foros e, incluso, hace poco hasta una delegación especial de la ONU avisó sobre tan preocupante asunto, ya que deja fuera del acceso a la vivienda a un 25% de la población, sobre todo jóvenes.
Soluciones hay bastantes, empezando por una mejora en la ley de arrendamientos urbanos que potencie el alquiler de viviendas, en sintonía con lo que sucede en otros países de Europa, y la aplicación inmediata de una nueva fiscalidad pública que penalice este tipo de especulación inmobiliaria. Porque lo que está en el fondo del asunto, lo que la mayoría de comentaristas no se da cuenta, es del enorme despilfarro territorial que supone esta actividad. El tremendo gasto energético y "espacial" que lleva consigo el considerar a la vivienda (y los múltiples servicios asociados) como un recurso exclusívamente económico, como un refugio para los ahorros personales o, en su caso, para el dinero negro.
Aquí es donde choca este primitivo pensamiento economicista con la realidad territorial, con la complejidad del entorno urbano; porque el suelo donde se construye es un bien limitado... y escaso. Y hay que administrarlo con cuidado y sabiduría. Sobre todo en determinadas zonas geográficas que, curiosamente, es donde se produce la mayor presión edificatoria.

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Miserables urbanistas

Soledad Gallego-Díaz* : ¿Estamos ante una corrupción urbanística generalizada? Seguramente, desde un punto de vista penal, no. Hay muchos ayuntamientos en los que la recalificación de terrenos no se hace buscando obtener fondos para la financiación extra, e ilegal, de los partidos políticos, ni para el provecho personal del alcalde, de los concejales y de todo tipo de sinvergüenzas añadidos.
Pero una cosa es estar convencido de eso y otra, creer que en Mallorca y en Baleares no hay más casos de corrupción urbanística penalmente sancionable que los que ya se han detectado, como pareció anunciar el pasado miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. O bien el fiscal general padece un problema de facundia o sufre una repentina necesidad de congraciarse con todo el mundo, de cara a las fiestas navideñas. Cualquier cosa es posible, menos esperar que los ciudadanos crean que la Fiscalía Anticorrupción ya lo ha investigado todo, en Baleares como en otros lugares de España.

Pase lo que pase con esos graves casos de corrupción urbanística, es posible que lo más importante que ocurre hoy día en España no sea tanto ese tipo de delitos concretos como la extensión de algo que no es un crimen pero que tiene, incluso, consecuencias más desastrosas para el conjunto de la ciudadanía: la notable indecencia intelectual que padece desde hace ya bastantes años el urbanismo y la arquitectura en este país, con el resultado de un territorio cada vez más destrozado e irrecuperable.
Lo incomprensible es que haya prosperado casi sin oposición la feroz idea de los expertos ultraliberales, acogidos en el seno del PP, según los cuales todo el territorio de este país es edificable, salvo pequeñas parcelas perfectamente definidas que deben ser protegidas, bien sea por su valor paisajístico extraordinario o por otras circunstancias igualmente particulares y determinadas. El resto, decían, es un solar potencial. Así se abarataría el suelo y bajaría el precio de la vivienda.

El resultado está a simple vista de los ciudadanos: el suelo y la vivienda son más caros que nunca y, al mismo tiempo, sin beneficio alguno a cambio, el territorio está cada vez más destruido y arrasado. El resultado es Seseña, un páramo de Toledo donde se levantan miles de viviendas y donde, obviamente, no había ninguno de esos escasos bienes legales a los que, según los ultraliberales, cabe proteger. Desde luego, no el paisaje, un secarral de tomo y lomo. Tampoco primorosos cultivos agrícolas, puesto que aquellos fueron unos aburridos campos de cebada. Es posible que en Seseña, como en otras tantas catástrofes urbanísticas que padece España desde hace algunos años, no haya corrupción ni delito. Lo que sí hay es desvergüenza. Un urbanismo desvergonzado que construye donde no hay ni agua ni equipamientos ni, sobre todo, necesidad alguna. El mismo urbanismo descarado e insolente que cree que todo lo que se puede hacer, se debe hacer. El que quiere arrasar parte de Guadarrama o la ladera de los montes de Cee en la Costa de la Muerte, el que ya ha arrasado Los Cristianos, en Tenerife, o la costa valenciana.

El resultado de esa indecente idea es el deterioro de un bien irrecuperable e insustituible que era propiedad de todos nosotros.
¿Qué ha pasado con los alcaldes, urbanistas y arquitectos que en los años 80 advertían contra esa locura?
¿Qué ha sido de aquellos alcaldes y de aquellos especialistas que luchaban por un urbanismo comprometido con la ciudadanía, con una forma de ser de la ciudad y del paisaje?
¿Con aquellos concejales y consejeros de urbanismo que creían en el patrimonio común y en que no era lo mismo dejar que la ciudad creciera por un lado que por otro, de una manera que de otra?
La gran mayoría estaba en la izquierda y, lamentablemente, fue la izquierda la que prescindió de ellos.
Todos se contaminaron de esa otra visión burocrática, rutinaria y miserable del urbanismo que ahora sufrimos los ciudadanos y que nadie, ni tan siquiera aquellos urbanistas y arquitectos que en otros momentos levantaron la voz, parece hoy querer, ni saber, combatir.


*El País, 8 Diciembre

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Hartos del "boom" del ladrillo

CARLOS CARRIÓN
ABC Semanal - 3 de Diciembre
No son `okupas´ ni alternativos. Ni siquiera jóvenes, porque muchos han superado los 30. Son, sencillamente, víctimas del `boom´ inmobiliario. Hace un mes sorprendieron con movilizaciones masivas. El humor de sus consignas no hacen sino subrayar la gravedad de un problema que afecta a más del diez por ciento de la población. Su objetivo: que se cumpla el artículo 47 de la Constitución: «Todos tenemos derecho a una vivienda digna».

El pasado 7 de noviembre a las 12 de la mañana, mientras el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, inauguraba la feria inmobiliaria Meeting Point, dos mujeres introducían sus manos en un bidón de cemento fresco. La Policía tardó cuatro horas en liberarlas y tuvo que utilizar un martillo percutor para separarlas del hormigón. Con ese gesto pretendían hacer visible la relación de los españoles con las hipotecas y la especulación inmobiliaria. Inseparables. Dos semanas antes, más de cien jóvenes con pijama se adueñaron de la sección dormitorio de Ikea en Hospitalet de Llobregat y, a finales de octubre, la Asamblea contra la Precariedad y a favor de una Vivienda Digna dio muestras de su poder de convocatoria al reunir a 15.000 personas en una manifestación en Madrid.
El movimiento social a favor de una vivienda digna crece cada día ante la mirada impasible de los políticos, que de momento prefieren despachar a los que protestan con decálogos de buenas intenciones. Algunos medios los llaman «okupas», «antisistema» o, sencillamente, «jóvenes», y lo cierto es que ni son okupas ni quieren dinamitar las estructuras ni son «sólo jóvenes», adjetivos que simplifican un movimiento plural y espontáneo donde abundan ecologistas, estudiantes universitarios, sindicalistas y asociaciones de vecinos, pero también mucha gente que nunca había participado en un colectivo y decide enrolarse por primera vez en una causa porque le toca donde más duele. Luis Castrillo pertenece a estos últimos: «Si con 32 años me siguen llamando `joven´ es porque vivo en precario, no porque lo sea. Después de varios contratos miserables he decidido prepararme unas oposiciones. Vivo con mi pareja en un piso de alquiler y no puedo aspirar a más. Sinceramente creo que nuestra generación está acorralada. En España no se reconoce la formación universitaria y las empresas se han acostumbrado a tener una clase obrera de lujo. La única gente que conozco que está ganando mucho dinero es porque se ha ido a trabajar a Holanda o a Estados Unidos, donde sí reconocen el valor de nuestras titulaciones. En este país hay una bomba de relojería: los jóvenes que están dejando de serlo y no tienen acceso a nada de lo que esperaban».
Por miedo al activismo de estos jóvenes (que tienen todos los lujos de la clase media hasta que se independizan de sus padres), la Generalitat y el Gobierno desconvocaron la cumbre de ministros de Vivienda de la UE que debía celebrarse en Barcelona en octubre. Trataban de evitar los efectos de esta oleada de protestas que comenzó en mayo gracias a un correo electrónico anónimo. «Por una vivienda digna. Pásalo». Nadie sabe quién escribió la misiva, pero lo cierto es que funcionó y miles de personas acudieron a sentadas por toda la geografía española, sin permiso, sin organización y sin líderes. La experiencia se repitió seis domingos. Así surgió la Asamblea contra la Precariedad y la Vivienda Digna, conocida como V de Vivienda, que se multiplicó por Barcelona, Málaga, Zaragoza, Sevilla, Logroño, San Sebastián, Cáceres y Granada.
"Internet es la piedra angular del movimiento".
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Los principios del neoUrbanismo

"Las sociedades occidentales están cambiando y entran en una nueva fase de la modernidad que ve evolucionar profundamente las formas de pensar y actuar, la ciencia y la técnica, las relaciones sociales, la economía, las desigualdades sociales, los modelos de democracia. Estas mutaciones suponen y hacen necesarios cambios importantes en el concepto, la producción y la gestión de las ciudades y de los territorios, y ponen de actualidad una nueva revolución urbana, la tercera después de la revolución de la ciudad clásica y de la ciudad industrial.
La sociedad debe, por tanto, dotarse de nuevos instrumentos para intentar dominar esta revolución urbana, sacar partido de ella y limitar sus posibles perjuicios. Para ello, hace falta un nuevo urbanismo que se corresponda con las formas de pensar y actuar de esta tercera modernidad.
Para resumir y calificar este neourbanismo que inicia su camino, al menos en el mundo occidental, podemos decir que es:
- un urbanismo de dispositivos: no se trata tanto de diseñar planes como de establecer dispositivos que los elaboren, los discutan, los negocien y los hagan avanzar;
- un urbanismo reflexivo: el análisis no precede a la regla y al proyecto, sino que está presente permanentemente. El conocimiento y la información se usan antes, durante y después de la acción. Recíprocamente, el proyecto se convierte plenamente en instrumento de conocimiento y negociación;
- un urbanismo precavido, que da lugar a controversias y que se procura los medios para tener en cuenta los efectos y las exigencias del desarrollo sostenible;
- un urbanismo participativo: la concepción y la realización de proyectos son el resultado de la intervención de muchos actores con ideas distintas, y de la combinación de dichas ideas;
- un urbanismo flexible, de consenso, de efecto catalizador, en sintonía con las dinámicas de la sociedad;
- un urbanismo heterogéneo, compuesto de elementos híbridos, de soluciones múltiples, de redundancias, de diferencias;
- un urbanismo estlísticamente abierto que, al separar el diseño urbano de las ideologías político-culturales y urbanísticas, deja terreno para elecciones formales y estéticas;
- un urbanismo multisensorial, que enriquece la urbanidad de un lugar.
Dicho con otras palabras, el neourbanismo es un plan particularmente ambicioso que necesita más conocimientos, más experiencias y más democracia".

François Ascher: "Los nuevos principios del Urbanismo" (ALIANZA)

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¿Por qué Urbanismo PatasArriba?

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- ¿Por qué y para qué Urbanismo PatasArriba?...

En primer lugar, porque el urbanismo en España no pasa por uno de sus mejores momentos y la situación ha llegado a ser "insostenible". Se ha denunciado repetídamente por numerosas voces autorizadas, y resulta evidente si se recorre el país de punta a punta, de costa a costa.
Pero es que, además, es un tema conflictivo en el que están implicadas las distintas administraciones y los partidos políticos, con una complicidad no suficientemente analizada en los medios de comunicación y que preocupa a todo el mundo, como han demostrado las recientes encuestas.

El URBANISMO, como actividad humana compleja, que debiera tratar, fundamentalmente, de la ordenación del territorio y de los sistemas urbanos, ha alcanzado en este país, en pocos años, uno de los ejemplos más sangrantes de especulación inmobiliaria y de caos paisajístico degradante. Con las graves consecuencias socio-culturales y económicas que esto conlleva. Desde el difícil acceso a la vivienda de gran parte de la población, hasta la contaminación de las ciudades y las costas, con la pérdida generalizada de recursos y de calidad de vida.
Así que más bien habría que preguntarse:

- ¿Y por qué no Urbanismo PatasArriba?...

Porque con el panorama nacional que tenemos, donde la corrupción y los "pelotazos" urbanísticos campan a sus anchas, lo lógico y lo normal (o quizás ilógico y anormal) es lanzar una página-web o un blog como éste, un lugar de análisis y debate en la red sobre la des-Ordenación del Territorio, la especulación inmobiliaria galopante y el acoso desenfrenado al medio ambiente.
Y es que se trata de situar o poner el urbanismo "patas arriba", pero es que, curiosamente, el urbanismo actual que se hace en España está casi todo "patas arriba", vive "patas arriba".
O sea que...

-En fin, lo fundamental es abrir puertas, oxigenarse un poquito y permitir recorrer caminos menos contaminantes, por aquello de que se hace camino al andar. En ello estamos y así hemos nacido, con independencia, en la red de redes. Con aspiraciones participativas y de colaboración. Ahí está la oportunidad de todos.
Tratando de aportar, por nuestra parte, un granito de arena transparente en la "construcción/deconstrucción" de este soporte interactivo sobre el proceloso mundo de la "construcción/destrucción" urbanística, pública o privada, y sobre la impactante huella que está dejando en nuestro entorno. Desde las aglomeraciones saturadas de la costa, hasta las aldeas recalificadas del interior, pasando por los suburbios marginales de las capitales. Del paisaje y paisanaje del turismo de "sol y playa", al del patrimonio histórico-artístico, o al de los límites urbanos de la inmigración.

En definitiva, el gran caleidoscopio del urbanismo nacional que vive y respira "patas arriba".

Carlos de Rueda, arquitecto

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El modelo insostenible de la Costa

El famoso hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería).
Salvajada urbanística insostenible, actualmente paralizada judicialmente gracias a la denuncia ciudadana.

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La ONU alerta sobre la especulación urbanística desenfrenada de España

ELPAIS.com/AGENCIAS - Madrid - 01/12/2006
Naciones Unidas ha alertado hoy sobre la "especulación urbanística desenfrenada" del mercado de la vivienda en España. El organismo considera que el Gobierno debería modificar el sistema de deducciones fiscales a la compra de inmuebles porque, en su opinión, se "está subvencionando a los promotores con dinero público".
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, se ha mostrado muy crítico en rueda de prensa con el mercado de vivienda español y ha expresado su preocupación sobre el acceso de la población inmigrante a una vivienda digna, aunque ha ensalzado algunas iniciativas del Gobierno para frenar la especulación, concretamente, la nueva Ley del Suelo y ha señalado como una de las soluciones el fomento del alquiler.


Kothari, que elaborará un informe sobre el grado de cumplimiento del derecho a una vivienda digna en España, afirmó que entre el 20 y el 25% de la población española está excluida del mercado de la vivienda, debido principalmente a su alto precio. Kothari cree que el Ejecutivo debería intervenir y adoptar "medidas inmediatas" para resolver el problema de la vivienda en España, al que ha calificado como el "el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo". Un Gobierno "sensibilizado", pero una situación "insostenible".
El relator de Naciones Unidas señaló que el Gobierno español "está sensibilizado" con este asunto y recordó que ha visitado España a petición del propio Ejecutivo, pero insistió en que la situación actual es "insostenible".
Sobre la corrupción, dijo que el caso de Marbella es "sólo la punta del iceberg" y "mucho más grave" de lo que la opinión pública ha podido saber por los medios de comunicación. Por ello, recomendó extremar la vigilancia y aplicar el código penal con rigor, aunque reconoció que para ello hace falta "voluntad política y económica" e hizo referencia al conflicto de intereses que existe a veces entre el Gobierno central y el de las comunidades autónomas y los municipios.
Problemas para la clase media y los inmigrantes. Kothari se mostró sorprendido tras constatar que España es un país rico desde el punto de vista financiero, con grandes inversiones en infraestructuras y altos ingresos por turismo, y en cambio padece un grave problema de acceso a la vivienda, debido a que la "clase media" cuenta en muchas ocasiones con "trabajos poco estables" y con dificultades para conseguir una hipoteca. También expresó su preocupación por la subida de los tipos de interés, un fenómeno que encarece las cuotas de las hipotecas y que genera "estrés" a los propietarios de la vivienda. Asimismo, recordó que el problema de la vivienda afecta a los inmigrantes, que, a pesar de contribuir de manera importante al crecimiento económico, "viven de manera segregada y excluidos".

Tras pasar doce días en varias ciudades españolas, el relator elaborará ahora un informe sobre el grado decumplimiento del derecho a una vivienda digna en España, que elevará al Consejo de Naciones Unidas en un plazo de tres meses. El Gobierno español recibirá una copia y contará a su vez con otros cuatro meses para responder al mismo.

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Por un urbanismo solidario

J. Manuel Sánchez Gordillo. CUT-BAI

En esta hora en que el ruido de los escándalos suenan por todas partes con la corrupción ya cuasi estructural como fondo creo que es la hora de reivindicar para que se ponga en marcha el urbanismo solidario.

Para profundizar en las causas de la corrupción urbanística galopante que nos rodea y nos ahoga por todas partes no sería malo recordar una verdad elemental que en estos momentos olvidamos con gran facilidad: cual es que es actual sistema económico y de desarrollo que genera el capitalismo sitúa en el altar supremo y como valor indiscutible el ganar el máximo de dinero en el mínimo de tiempo y, sea como sea, y a costa de lo que fuere.

Cuando el Dios y el valor supremo es el ganar dinero ya no importa como este dinero se obtiene, ya sea mediante el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la guerra, la especulación del suelo o la pura y dura destrucción sistemática de la naturaleza.

Por tanto habrá que sacar una consecuencia elemental: el sistema capitalista, en sí mismo, es una gran fábrica de corrupción puesto que su mandamiento primero es el beneficio privado sin límites y a cualquier medio.

Por tanto, a nadie le debería sorprender que en el Estado Español suceda lo que está sucediendo: que las grandes constructoras con la ayuda o la acción directa del capital financiero está poniendo en marcha una corrupción escandalosa con una necesidad elemental del ser humano como es contar con el suelo donde poder edificar su propia vivienda.

Creo que habría que subvertir radicalmente esta filosofía del actual orden establecido que en su afán por ganar dinero entra de lleno en el terreno de las necesidades humanas más elementales y las convierte en negocio: la cultura, el suelo y la vivienda, la tierra para comer o la medicina con la que nos tenemos que curar.

Como hipócritas nos rajamos las vestiduras cuando oímos los escándalos realmente miserables que se producen en Marbella, la casi totalidad de la costa, los alrededores de las grandes ciudades, la sierra de Madrid, la huerta valenciana o el último pueblecito del último rincón de nuestra sociedad.

No deberíamos sorprendernos cuando la tierra para edificar se ha convertido en una mercancía que se compra y que se vende y que, por lo tanto, se especula cuanto más mejor.

Las condiciones están dadas para la corrupción urbanística, al igual que para otras muchas corrupciones que irán saliendo a la luz en la medida que a los caza-plusvalía millonaria les interese o huela la posibilidad.

Las grandes constructoras lo tienen claro: el negocio consiste en comprar suelo rústico a 500 ptas. el metro cuadrado, buscar la recalificación de ese suelo y multiplicar no sé cuántas veces por 1.000 el valor de ese suelo una vez que lo hemos convertido en urbano o en urbanizable.

Quienes piensan solo en ganar dinero no se van a parar en trabas legales. Basta forzar la ley mediante el soborno de unos ayuntamientos al borde de la bancarrota que están deseando encontrar un rey Mida que le permita hacer los grandes proyectos que por sus propios recursos financieros raquíticos les son imposibles.

Eso en el mejor de los casos. También hay sin vergüenzas como la copa de un pino, que el dinero que le ofrecen las grandes constructoras no lo emplean para obras de interés general o mejoras de infraestructuras de su pueblo, sino que ,aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se lo llevan a sus bolsillos a Andorra o a Suiza o se compran los grandes caprichos de su vida.

Pero también hay que decir que todos los planes urbanísticos, modificaciones o PGOU's tienen que ser aprobados por las Comisiones Provinciales de urbanismo, que son competencia de la Junta de Andalucía, Extremadura o Cataluña. Y decir también que la corrupción ha sobrepasado con mucho estos entes a veces metidos a nivel de directores generales o consejeros hasta los tuétanos.

¿Qué hacer ante esta situación?

Dejar de lamentarnos, de mirar para otro lado o poner en la picota única y exclusivamente a los ayuntamientos con lo que de camino nos cargamos la pobrísima autonomía local, cosa que me parece un auténtico disparate.

Lo que se debería hacer es:

1.- Una nueva Ley del Suelo por la que todo el suelo urbanizable deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho, pongamos por caso, del pueblo andaluz o de la humanidad.

El suelo rústico cuando en los PGOU´s pasen a ser urbanizables serán públicos, se pagarán a los antiguos propietarios como rústicos, puesto que así los cotizaba en hacienda y los ayuntamientos que dispongan de ese suelo barato tendrán que facilitar ese suelo al mismo precio que los compraron para la construcción de viviendas.

Es decir, con el suelo nadie podrá hacer negocio, puesto que será un derecho ciudadano que venga a cubrir una necesidad humana básica como es la de disponer de un techo.

De esta manera, no hay especulación que valga. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el Estado o las cooperativas podrán hacer viviendas públicas, baratas y dignas y sobre todo al alcance de las personas concretas que las demandan.

2.-Nueva Ley de las Haciendas locales que permitan a los ayuntamientos disponer de la fuerza económica suficiente para no dejarse tentar por ningún especulador o corruptor, y atender a los servicios crecientes que han asumido su competencia absoluta pero sin un duro para llevarlas a cabo.

Llevan muchos años los ayuntamientos solicitando una financiación equitativa al Estado del 33, 33, 33 que nos equipare a Europa, y sobre todo, que permita al poder municipal el más cercano al ciudadano realizar sus tareas con solidaridad, ética y eficacia.

Hace falta una descentralización con competencias pero también con dineros para que los ayuntamientos puedan cumplir con su función, con la necesaria participación ciudadana para realizar los proyectos que los distintos pueblos y ciudades demandan, y demandan con justicia.

Dos simples leyes son suficientes. Leyes audaces, valientes pero imprescindibles para que la ética llegue porque todo lo demás no son más que cuentos y zarandajas.

Nosotros, desde Marinaleda, a pesar de no contar con esas dos leyes que hoy reclamamos más que nunca, hemos puesto en marcha un proyecto de urbanismo solidario que se viene realizando desde hace ya unos años y que ha consistido:

• El ayuntamiento mediante compra o expropiación se ha hecho con una gran bolsa de suelo.

• Ese suelo se le ofrece al auto constructor totalmente gratuito.

• El ayuntamiento mediante un convenio con la Junta de Andalucía le facilita al auto constructor los materiales también gratuitos.

• El ayuntamiento pone los técnicos y el arquitecto municipal al servicio de este proyecto de auto construcción.

• El auto constructor pone su trabajo desde que comienzan hasta que terminan las viviendas.

De esta manera hemos construido 300 viviendas con 3 habitaciones, azotea, cuartos de baño y un patio de 100 metros cuadrados… y el auto constructor sólo tiene que pagar lo que él mismo mediante asamblea de vecinos ha decidido que en este instante es de 2.500 ptas. al mes.

Esto demuestra que es posible que el urbanismo sea realmente solidario si se ponen la voluntad política, la ética y los medios que tengamos a nuestro alcance al servicio de las personas y no del beneficio egoísta de un puñado de desaprensivos.

No es una utopía. No es un cuento de hadas. Es algo que se puede y se debe venir a comprobar, y que, desde luego, se puede hacer.

Lo que me da una rabia infinita es que teniendo tantos medios a nuestro alcance los despilfarremos tan disparatadamente.

Y es que la economía debe estar al servicio del conjunto de los seres humanos y no al revés.

REBELION.ORG

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