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Al urbanismo salvaje que asfixia todo el país no escapa ni la joya del Patrimonio Natural, el Parque de Doñana. El Ministerio de Economía, a través del CSIC, está acometiendo unas obras ilegales en el mismo Palacio del Parque Nacional, un edificio del siglo XVI, altamente protegido, que carece, además, de licencia para esta remodelación sin sentido. Aquí hay que llamar la atención de la dejadez del Ayuntamiento PP de Almonte que no ha dicho nada hasta siete meses después, pero también del propio Ministerio que está infringiendo gravemente la normativa legal en un palacio y su entorno natural que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. La justicia tiene, si quiere hacerlo, la última palabra.
"ELPAÍS* : El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y que se define como la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa, lleva desde octubre del pasado año realizando obras sin licencia en el Palacio de Doñana, un edificio del siglo XVI con la máxima protección, sede de la Reserva Biológica del Parque Nacional (Patrimonio Mundial) y por la que han pasado presidentes y numerosos jefes de Estado.
Las obras están presupuestadas en siete millones de euros y están financiadas por el Ministerio de Economía y los Fondos Feder de la UE El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio al que pertenece esta zona de Doñana, gobernado por el PP, ha reconocido que carecen de permiso y ha comenzado ahora a abrir un expediente ahora, siete meses después. El máximo responsable de la Estación Biológica, Juan José Negro afirmó que “se está intentando arreglarlo”.
El concejal del PSOE José Villa dio la voz de alerta ante el volumen que adquirían los trabajos y la “dejación” del Ayuntamiento. “Conocen las obras y no las paran. El gobierno municipal no ha hecho nada y, encima, la irregularidad es de una institución del Ministerio”, lamentó Villa, quien alertó de la “falta de transparencia” de las administraciones gobernadas por el PP, que le han denegado de forma sistemática información sobre las obras.
Fuentes municipales confirmaron que la remodelación carece del permiso, aunque se solicitó el día 25 de febrero, cinco meses después del comienzo de los trabajos. Sin embargo, la documentación presentada contiene irregularidades que impiden conceder la licencia. De hecho, el municipio va a empezar ahora a abrir un expediente contra los promotores y la semana que viene tienen prevista una visita a las obras.
La licencia de obras se solicitó a nombre del CSIC y se adjuntó la adjudicación definitiva de los trabajos y el contrato de los mismos con Condisa.
El edificio es un cortijo andaluz de más de 400 años que fue durante generaciones pabellón de caza de las familias reales y de la aristocracia. Su protección es máxima, de grado uno, lo que impide realizar cualquier trabajo que no sea de mantenimiento.
Negro afirmó que los permisos son responsabilidad de la contrata y que se pagó incluso la tasa correspondiente. Pero el pago no implica la concesión del permiso definitivo de los trabajos.
El responsable de la reserva apuntó que las obras de Patrimonio del Estado están exoneradas, pero se pidió el permiso por “deferencia”. Técnicos de bienes culturales negaron esta circunstancia y afirmaron que en todos los bienes catalogados la licencia es necesaria, así como los permisos de las comisiones de Patrimonio.
Las obras, que cuentan con un presupuesto de siete millones de fondos públicos, suponen una remodelación completa del edificio para convertir las instalaciones de esta sede Científico Tecnológica Singular (ICTS) del CSIC en un centro de alta tecnología “para la protección, gestión y uso sostenible de la biodiversidad”, según el proyecto de la institución.
El edificio que está siendo remodelado se encuentra incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos y en el expediente consta que el estado de conservación es “bueno”. El inmueble está incluido en los planes de ordenación del territorio del ámbito de Doñana desde 2004 y en el rector de uso y gestión del parque de 1991. Su grado de protección, según el documento que consta en el PGOU de Almonte solo permite “obras de conservación y mantenimiento”.
De González y Gorbachov a centro tecnológico
Los vestigios más antiguos del edificio que remodela el CSIC pertenecen a un torreón que controlaba el paso entre Moguer (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Desde 1957, fue sede de las primeras expediciones científicas auspiciadas por José Antonio Valverde, ornitólogos europeos y los entonces propietarios, la familia bodeguera jerezana González Gordon.
Felipe González, cuando era presidente del Gobierno, pasó sus vacaciones de verano en este edificio, por el que pasaron también Mijail Gorbachov, François Mitterrand o Helmut Kohl. Es un uso que prevé el Plan General de Ordenamiento de Almonte (Huelva).
“Estamos montando una infraestructura de última generación para dar cobijo a la necesidad de mucha computación al mismo tiempo y adaptando este edificio, que tiene muchísimos años, a esa necesidad”, afirmó la vicedirectora técnica de la Estación Biológica de Doñana, Guyonne Janss, a la agencia Efe cuando presentó las obras el pasado mes de abril.
Las instalaciones contarán con centenares de sensores o equipos de seguimiento de especies desplegados por Doñana que podrán ser transmitidos al instante a través de un centro de proceso de datos con capacidad de un millón de gigabites.
La Reserva Biológica de Doñana está situada a 89 Km de la sede central de Sevilla. Se encuentra dentro del Parque Nacional de Doñana y consta de dos fincas. La Reserva Biológica de Doñana propiamente dicha, con 6.794 hectáreas, que pertenece y es gestionada por el CSIC y la Reserva Biológica del Guadiamar.
* El País - Raúl Limón - 30.4.15
Foto: Palacio de Doñana en obras en una imagen tomada el pasado mes. / RAÚL CARO (EFE)
El CSIC hace una remodelación total del Palacio de Doñana sin licencia
El macrojuicio por corrupción urbanística de Castro se cobra su primera víctima
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La corrupción urbanística tiene en Castro (Cantabria) uno de sus focos más llamativos ya que, como si se tratara de una mafia municipal, en la llamada 'Malaya del Cantábrico' se han cometido ilegalidades innumerables y ya fueron detenidos por ello dos exalcaldes de hace pocos años. Ahora dimite el candidato del PSOE a la alcaldía del municipio, D.Rivas, después de que la Audiencia haya ratificado su imputación por el 'caso La Loma', en el que hay un total de 48 encausados, 23 de ellos políticos. Entre los años 2002 y 2004, el Pleno municipal modificó el Plan General de Ordenación Urbana para recalificar "fraudulentamente" más de 300.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en esta nueva zona de expansión castreña.
"ELDIARIO* : A apenas 48 horas de comenzar la campaña electoral, el PSOE ha sufrido un fuerte revés en dos municipios en los que prevé ostentar tareas de gobierno a partir del próximo 24 de mayo. La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la imputación de sus candidatos a la Alcaldía de Castro Urdiales y de Laredo, Daniel Rivas y Juan Ramón López Revuelta, respectivamente.
El primero ya ha anunciado que se retira de la carrera electoral, con lo que el partido tendrá que nombrar un nuevo candidato -posiblemente Ainhoa Pérez San Miguel, número dos en la lista-, mientras que López Revuelta comparecerá este jueves ante los medios de comunicación para dar a conocer su decisión que, según ha podido saber este diario, será seguir siendo cabeza de cartel en las elecciones y dimitir una vez se abra juicio oral. Con ello, cumpliría "estrictamente" el Código Ético del PSOE, señalan fuentes del partido.
Ambos son las dos primeras víctimas del 'caso La Loma', en el que hay un total de 48 encausados -23 políticos, trece promotores y constructores, ocho funcionarios, tres técnicos y un notario- por el desarrollo urbanístico "irregular" de esta zona de Castro Urdiales. Entre los años 2002 y 2004, el Pleno municipal modificó el Plan General de Ordenación Urbana para recalificar "fraudulentamente" más de 300.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable, según recoge la instrucción del magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro, quien tras la confirmación de la Audiencia Provincial, tendrá que emitir un nuevo auto para iniciar el juicio oral.
Entre el casi medio centenar de imputados también figuran los exalcaldes Fernando Muguruza (tránsfuga del Partido Regionalista de Cantabria) y Rufino Díaz Helguera, que es candidato por Acuerdo por Castro. En conjunto, la Fiscalía pide penas que suman 200 años de prisión por haber incurrido en diez tipos de delitos, entre otros, prevaricación, estafa, cohecho, falsedad de documentos públicos y malversación.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Rivas ha explicado que su renuncia es "irrevocable", y que constituye una decisión "personal" y "meditada". Lo hace, ha dicho, "por el bien del partido", y por no contribuir a "la mala imagen" de Castro y sus vecinos, después de que la Audiencia haya rechazado el recurso que interpuso en 2012 contra su imputación por prevaricación tras votar en el Pleno municipal a favor del Plan Parcial. "Ésta ha sido la única implicación que yo he tenido en todo el procedimiento" de La Loma, ha subrayado Rivas. En el caso de López Revuelta está acusado de estafa continuada por su actuación como representante de una de las empresas constructoras.
Tras apuntar que el Plan Parcial no se ha desarrollado, es decir, que a día de hoy "está verde", y que venía acompañado por los "informes favorables" de los técnicos municipales, Rivas ha asegurado que no tiene "nada que ver" con el resto del caso La Loma, esto es, "con licencias concedidas en suelo rústico, casas sin abastecimiento de agua, presuntos cohechos, enriquecimientos personales y un largo etcétera". "Mi única participación -ha insistido- fue en un Pleno, siendo concejal de la oposición y con informes favorables de los técnicos".
Así, el socialista ha defendido su honorabilidad. "Creo firmemente en la decencia política. No tengo nada que ocultar, todo mi patrimonio está a disposición de los ciudadanos. La calidad de las personas se fija con los niveles de exigencia que uno se exige asimismo", ha argumentado Rivas.
Finalmente, Rivas, que durante los últimos cuatro años ha liderado la oposición de su partido en el municipio, ha remarcado que el proyecto del PSOE en Castro es de "trabajo y futuro", y "a parte de Daniel Rivas hay mucho más PSOE".
"Trama de corrución"
El 'caso La Loma' constituye el mayor procedimiento judicial contra la corrupción de Castro Urdiales. En un auto de más de 200 páginas, el juez Acayro concluyó que el desarrollo urbano de ese sector se gestionó con "el pelotazo, la fata de infraestructuras básicas y la falta de equipamientos" como "denominador común".
En la instrucción de la causa, que supera los 70.000 folios, Acayro asegura que existen indicios sólidos "como para apreciar una trama de corrupción" en la gestión urbanística del municipio, uno de los que mayor crecimiento inmobiliario ha experimentado en los últimos años en Cantabria.
La Audiencia Provincial ha ratificado esta semana el auto del magistrado, manteniendo la práctica totalidad de las imputaciones -salvo la de dos empleados municipales-. El Tribunal afirma que la Corporación concedió licencias de obra para la construcción de viviendas "pese a que no había infraestructuras para el abastecimiento de agua, ni era previsible que las hubiese a la finalización de la construcción".
* El Diario - Rubén Vivar - 6.5.15
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
Inmatriculada corrupción
Ya se ha comentado en este Blog la labor de rapiña que ha estado haciendo la Iglesia Católica con miles de bienes patrimoniales al inmatricularlos en el Registro como de su propiedad, cuando nada hay más lejos de esta circunstancia ya que se trata de bienes públicos del Estado cuyos dueños son todos los ciudadanos españoles. El asunto ha pasado de puntillas en los medios cómplices de comunicación y, por supuesto, ni la justicia ni el gobierno se han atrevido a decir nada, presos de su propia corrupción. Precisamente fue el católico gobierno de Aznar el que aprobó en 1998 el Reglamento hipotecario a fin de permitir a la Iglesia registrar a su nombre templos de culto y otros espacios públicos: el mayor expolio monumental realizado en el país hasta el momento.
"ANTONIO MANUEL* : No merece llamarse democracia el sistema político que no democratiza su sistema económico. Que no socializa toda su riqueza mediante una fiscalidad universal y progresiva. Que ampara exenciones injustas y paraísos fiscales dentro de su propio Estado. Todos somos ciudadanos porque todos estamos sujetos al deber de declarar y tributar, pagando más quien más tenga. Ése fue el grito de los revolucionarios norteamericanos contra los colonizadores británicos: “no taxation without representation”. Y por la misma razón murió el feudalismo en Francia, arrastrando su caída a media Europa, cuando las asambleas populares votaron la abolición de los privilegios de la nobleza y el clero. Desgraciadamente, esta revolución siempre fue abortada en España por quienes nos mantienen anclados en la eterna Edad Media de su escudo: la cruz y la corona.
En pleno siglo XXI, Iglesia y Estado siguen siendo dos hermanas siamesas cosidas por el bolsillo. Y a cada intento político de separación para incorporarnos a la modernidad, sobreviene una reacción visceral por puro instinto de supervivencia.
El pueblo siempre supo que esta dependencia parasitaria era culpable de sus males. Pero necesitaban de los ilustrados para elevar su voz y denunciar razonadamente lo obvio. En el Informe reservado de 1787, el conde de Floridablanca alertó del triple fraude a las arcas públicas ocasionado por los inmuebles en las “manos muertas” de la Iglesia: no pagan impuestos, privan de su aprovechamiento a quienes de verdad los necesitan, y su conservación corre de cuenta del Estado. A pesar de la estrategia moderada de Camponanes o Jovellanos respecto a los bienes eclesiásticos, el Rey rechazó sus informes y la Inquisición los condenó por diabólicos. Las sístoles y diástoles del siglo XIX trajeron dos grandes e insuficientes desamortizaciones. La vanguardista ley republicana intentó equipararnos al resto de Estados europeos, pero la Iglesia no tardó en pasear bajo palio al caudillo por la gracia de dios que le devolvió su régimen de privilegio. El Concilio Vaticano II consiguió que muchos cristianos rompieran con su jerarquía, compartiendo trinchera con las fuerzas democráticas en la transición. Lo que no podíamos imaginar, ni en la peor de nuestras pesadillas, es que precisamente ahora la Iglesia perpetrara el mayor expolio de la historia de España. Ilegítimo, inmoral, injusto, inconstitucional, antidemocrático. Y consentido.
No obedece a la casualidad que Aznar aprobara en 1998 dos reformas para desmantelar el patrimonio público: una, de la ley de suelo en favor de bancos y promotores; otra, del reglamento hipotecario a favor de la jerarquía católica. De la primera conocemos las consecuencias y los culpables. De la segunda, no nos dejan saber. La coartada fue abrir las puertas del Registro a los templos de culto, hasta entonces públicos como las calles o las plazas. Al carecer en la mayoría de los casos de títulos de propiedad, la Iglesia se sirvió para inscribirlos de dos normas franquistas e inconstitucionales que la equiparaban con una administración pública y a sus obispos con notarios. De esta forma, sin papeles ni rendir cuentas a nadie, la jerarquía católica comenzó a inmatricular bienes religiosos en buen estado de conservación o recién restaurados con el dinero de todos. Después se apropió de los que pertenecían a sus propias órdenes o hermandades. Y por último, con evidente abuso de derecho, de patrimonios mundiales, no religiosos o que jamás habían poseído: desde la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, hasta plazas públicas y locales comerciales, pasando por solares, viviendas, cocheras, quioscos… y cualquier finca que no estuviera a nombre de nadie. Todo menos las iglesias en ruinas, todavía públicas. Y sin declarar ni pagar impuestos por ellos, ni por los ingresos que generan: sólo la Mezquita de Córdoba, más 12 de millones de euros.
Nadie conoce la magnitud del escándalo y las secuelas que producirá en el futuro este empoderamiento sin precedentes de la jerarquía católica. El gobierno se niega a facilitar la lista de los miles de bienes usurpados, consciente de la crisis de Estado que le supondría abrir la caja de Pandora. La presión de las plataformas ha conseguido que el Partido Popular derogue el privilegio, pero sin efectos retroactivos. Las miles de inmatriculaciones siguen siendo tan inconstitucionales como antes. Sólo que no hay una fuerza política que esté a la altura de la Historia y se atreva a impugnarlas, dada la indefensión en las que nos deja a la ciudadanía.
No se trata de un debate religioso, sino patrimonial y de defensa de lo público. Mientras la crisis sirve de coartada para despedir a médicos y maestros, la Iglesia abre hospitales, colegios y universidades sobre el suelo que ha usurpado y por el que no tributa. Nadie cuestiona su labor asistencial, pero la garantía del Estado social no se encuentra en la caridad porque no es un derecho ni se invoca en tribunales. Como decía Eduardo Galeano, “la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”. Simplemente queremos que nos devuelvan lo que es nuestro y paguen por lo que es suyo. Que se sometan a la misma transparencia que la Corona, partidos y sindicatos. Que desparezca este paraíso fiscal, en palabras del Magistrado Manglano, cuantificado en miles de millones: “No entiendo qué tiene que ver la labor social y la libertad religiosa con que no paguen como en el resto de Europa”. En definitiva, que se investigue y condene esta “inmatriculada corrupción”. Porque como dice el propio Papa Francisco: “La corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta. Un ciudadano que deja que le invada la corrupción no es cristiano, ¡apesta!”
* La Marea - AM - 29.4.15
Foto: Sevilla, catedral - JMB
Guardianes espaciales de los derechos humanos: cuando los satélites son los únicos testigos de la destrucción
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La tecnología actual sigue avanzando y gracias a los satélites espaciales es posible un control exhaustivo de la Ordenación Territorial, con las enormes aplicaciones que puede tener para localizar las agresiones al medio ambiente y al urbanismo delictivo. Además tienen otras funciones, cuando ni siquiera periodistas y defensores de los derechos humanos pueden acceder a territorios en conflicto, la indefensión de quienes viven en esos lugares es máxima. Por eso muchas organizaciones utilizan satélites para obtener imágenes. A cientos de kilómetros de altitud, estos vigilantes tecnológicos se convierten en testigos de masacres, bombardeos y destrucción.
"LUCÍA EL ASRI* : Están a cientos de kilómetros de altitud y son capaces de ver que ayer, anteayer o hace un mes, los bombardeos indiscriminados de Bashar Al Assad destruyeron varias regiones de Siria. También que miles de seres humanos que hace días abandonaban sus casas huyendo de la guerra se encuentran ahora en territorio seguro. Son satélites que en los últimos tiempos se están convirtiendo, casi, en los únicos testigos de la destrucción que se cierne sobre algunos rincones del planeta.
A principios de enero, Amnistía Internacional recibió información sobre ataques masivos de Boko Haram en la ciudad de Baga, al noreste de Nigeria. Según explica a HojaDeRouter.com Christopher Olof, uno de sus activistas, no hay ni periodistas ni investigadores de derechos humanos capaces de acceder a la zona y algunas de las infraestructuras de telecomunicaciones han sido destruidas.
“Los medios de comunicación apenas publicaron información porque era escasa”, dice. La ONG, sin embargo, fue capaz de despejar las dudas gracias a dos imágenes satélite de los momentos inmediatamente anterior y posterior al ataque. Con ellas pudieron comprobar que cerca de 3.700 estructuras habían sido dañadas o destruidas. Su posterior análisis “ arrojó luz sobre un crimen que, de otra forma, habría pasado inadvertido”.
No es la única organización que utilizan las imágenes. Son numerosas las que necesitan observarlas y analizarlas para obtener acceso, aunque sea visual y en la distancia, a aquellos lugares donde sus trabajadores no pueden estar físicamente por cuestiones de seguridad, como suele ocurrir con las regiones en conflicto.
Explica Olof que también sirven para realizar evaluaciones detalladas y sistemáticas de un área específica donde encontrar, por ejemplo, centros de detención secretos, demoliciones generalizadas de viviendas o desplazamientos forzados.
Human Rights Watch también ha utilizado la información de estas herramientas para, entre otras cosas, calcular el uso indiscriminado de bombas que el régimen sirio ha utilizado en Alepo y Daraa (Siria), ver las decenas de miles de casas que han sido destruidas en el país, localizar fosas comunes y el lugar de ejecución de cientos de soldados iraquíes asesinados por el Estado Islámico el pasado junio en Tikrit, documentar la destrucción de pueblos en Sudán o en Burma e incluso en Turquía o identificar a los sirios atrapados en un campo de minas cercano a la ciudad de Kobane.
Esta organización realiza investigaciones en más de noventa países de todo el mundo entrevistando a activistas locales, autoridades, supervivientes y testigos de importantes violaciones de los derechos humanos, y apoya su trabajo con los datos proporcionados por estos satélites. Con ellos no solo certifican masacres perpetradas en un determinado lugar, sino que también pueden, por ejemplo, planificar nuevas misiones comprobando si sus investigadores tendrán acceso a trabajar sobre el terreno.
“Fue así como conseguimos identificar más de treinta pueblos en República Centroafricana donde la mayoría de los hogares habían sido quemados durante 2013. Era una situación que hasta el momento no había sido documentada por los medios de comunicación y que tanto la ONU como Cruz Roja desconocían”, explica Josh Lyons, uno de los investigadores de HRW. Gracias a los satélites, la organización pudo confeccionar mapas y algunos de sus activistas viajaron hasta los pueblos para encontrar supervivientes, documentar los ataques e investigar a los responsables.
Habitualmente, dice Lyons, las imágenes obtenidas por satélite ayudan a encontrar evidencias que apoyan lo que un testigo ha dicho sobre un incidente en particular. “Buscamos pistas en esas imágenes que coincidan con los testimonios”, y que a veces también sirven para demostrar qué imágenes – de todas las que consiguen llegar por las redes sociales desde zonas de conflicto y que han sido tomadas con ‘smartphones’ - son reales.
Capaces de superar obstáculos
Los satélites que toman estas imágenes suelen ópticos o de radar, y son capaces de rastrear millones de kilómetros cuadrados por día. Por ejemplo, el GeoEye-1 de DigitalGlobe, uno de los mayores proveedores de imágenes satelitales, que actualmente tiene cuatro en funcionamiento, recoge información de más de 350.000 kilómetros cuadrados cada jornada, con un margen de error de menos de cinco metros. Mientras tanto, el WorldView-1, también de DigitalGlobe, recoge hasta 1,3 millones de kilómetros cuadrados diarios.
Los satélites ópticos tienen incorporadas cámaras bastante potentes, con mucho 'zoom', y a diferencia de las cámaras normales, “no sólo captan la radiación del color rojo, verde y azul, sino que también recogen aspectos que no son del espectro visible, como pueden ser las frecuencias de infrarrojos”, explica Mateo Burgos, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Algunos de esos infrarrojos son sensibles a la vegetación y pueden utilizarse para ver cómo los bosques crecen, o cómo han variado las cosechas. Otros pueden medir el calor y captan zonas brillantes donde hay focos como consecuencia de incendios o explosiones.
Este tipo de satélites necesitan la luz del día para poder tomar sus imágenes. Sin embargo, los satélites con radar son capaces de tomar imágenes de noche y de día, y pueden ver incluso superando obstáculos como la niebla o las nubes. “Son capaces de atravesar esos obstáculos e incluso pueden ver cosas enterradas en el suelo, a escasa distancia de la superficie”, explica Burgos. De ahí que se haya estudiado su aplicación para la detección de minas antipersona.
Barreras en el camino
Las imágenes que toman estos satélites tienen que ser interpretadas por analistas humanos. En este sentido, los ópticos juegan con ventaja, ya que las imánges que obtienen son muy similares a las que nuestros ojos están acostumbrados. Las que se toman con radar son más díficiles de analizar, no tienen color y si lo tienen no suele corresponderse con el real.
Por eso necesitan de un proceso muy complejo para ser entendidas e interpretadas, y aunque las imágenes son realmente de ayuda en muchas ocasiones, “es difícil confirmar una masacre utilizando sólo imágenes satélite”. Eso hace que, en la medida de lo posible, intenten contrastarlas con datos recogidos desde el terreno, nos explica Micah Farfour, analista en DigitalGlobe.
Por otra parte, estos satélites circulan de un polo a otro, dando vueltas, y siguiendo habitualmente una órbita concreta. En ese camino van tomando las fotos, y a cada vuelta que dan se desplazan un poco en la órbita para no pasar siempre por el mismo sitio. Por eso el tiempo que tarda en visitar de nuevo los lugares por los que pasó ayer es más o menos largo (puede tardar varios días), lo que hace difícil conseguir información detallada y al minuto de cada lugar.
Aunque hoy no podamos saber que acaban de bombardear una ciudad en Iraq, sí podremos saberlo mañana. Al fin y al cabo, “ si han masacrado un lugar, cuando el satélite vuelva a pasar verá las casas destruidas, verá que algo ha cambiado, verá el recorrido que ha hecho un grupo de personas que huye de sus países en guerra”, afirma Burgos.
España también controla, a través del Ministerio de Defensa, dos satélites de este tipo: el Paz (radar) y el Ingenio (óptico). El primero tiene un tiempo de revisita de un día, es bastante rápido y puede colaborar con otros satélites para que esa visita se realice, por ejemplo, cada 12 horas.
Prueba ante un tribunal
Este tipo de información visual se ha utilizado en varias ocasiones como prueba en tribunales, en la Corte Penal Internacional y hasta en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). “Por ejemplo, la aplicación en 2008 de una orden de arresto contra Omar Al-Bashir, presidente de Sudán, se hizo gracias al uso de imágenes de satélite que demostraban la destrucción de aldeas en Darfur”, explica Olof.
También son utilizadas en investigaciones independientes que, a menudo, influyen en procesos judiciales. Así se han utilizado para investigar el conflicto entre Rusia y Georgia o las violaciones de derechos humanos en las cárceles secretas de Corea del Norte.
Desgraciadamente, la tecnología aún plantea muchas limitaciones. El principal reto a la hora de utilizar estas imágenes en un contexto legal es el análisis e interpretación exahustivos que requieren. Un tribunal podría no aceptarlas como prueba si lo que muestran no es muy evidente.
Al fin y al cabo, como explica Burgos, son imágenes digitales tomadas a cientos de kilómetros de distancia (por ejemplo, el GeoEye-1 está a 681 kilómetros de altitud). "El tamaño del píxel es muy gordo, y físicamente hablamos del orden de dos por dos metros cada uno”. Por eso ver cosas pequeñas, como personas, es realmente difícil. Para hacer frente a este problema, se está empezando a investigar con aviones no tripulados equipados con sensores que actúan de forma similar a los satélites.
En cualquier caso, estas imágenes satelitales proporcionan “una evidencia irrefutable y casi de carácter científico” de que se está produciendo una violación de los derechos humanos, afirma Olof. Las imágenes son poderosas y ayudan, añade, a movilizar a los ciudadanos. Lyons recuerda que esta debe ser una herramienta más para la denuncia, no la única, e insiste en que los defensores de los derechos humanos deben volver, siempre que sea posible, a andar sobre el terreno. La defensa de esos derechos ni puede ni debe reducirse a la tecnología.
* El Diario - Lucía El Asri - 21.4.15
Foto: No hay periodistas ni investigadores de derechos humanos capaces de acceder a una zona como Baga (Nigeria)- digitalglobe
El Gobierno huye hacia adelante con la autovía del Pirineo
Los despropósitos del Ministerio de Fomento, bajo el mando de A.Pastor, parece que no tienen límite. A medida que nos acercamos a las elecciones se cometen todo tipo de despilfarros sin sentido; es lo que está ocurriendo con el AVE gallego o, ahora, con la autovía del Pirineo. A pesar de que la parte aragonesa está paralizada hasta que no se resuelva el contencioso administrativo del 'peaje en la sombra', la ministra dio el visto bueno a la autovía en el lado navarro, con el consiguiente coste económico sin utilidad del nuevo eje. Seguimos estando, lamentablemente, ante una pésima gestión de los recursos públicos en infraestructuras de transporte.
"ELDIARIO*: El Gobierno de Navarra asegura que el retraso de las obras de la Autovía del Pirineo en la parte aragonesa no le perjudica. Se olvida del coste del recurso presentado en el contencioso – administrativo por la empresa que gestiona la autovía mediante el sistema de peaje en la sombra porque el número de vehículos que circulan por ella es menor de lo previsto porque no ha finalizado la obra o que no se haya beneficiado del “potencial de atracción industrial, de inversiones y de turismo” que, según el propio gobierno, iba a favorecer la carretera.
En una respuesta a Geroa Bai el ejecutivo asegura que en ningún caso el retraso de las obras por parte del Estado, encargado de acometer el trazado en la parte aragonesa, perjudica a la Comunidad Foral. Cuestión puesta en duda por Manu Ayerdi, parlamentario que ha realizado la consulta y que considera que esta afirmación “es una forma de esconder su incapacidad en la gestión y no darse cuenta de que esto era un eje y tenía que haber habido un convenio en el que estuvieran delimitados los plazos”. El Gobierno asegura que la obra se llevó a cabo por intereses propios de Navarra, únicamente con “vocación interna”.
Para Ayerdi una cuestión que tiene “poca credibilidad” ya que para mejorar la comunicación con determinadas zonas de Navarra no se realiza una “autovía impresionante” sino que se habría desdoblado o mejorado la carretera existente. Además, parece que olvida el Gobierno todos los beneficios que la vía a tener cuando se anunció su construcción, como favorecer las inversiones en Navarra o mejorar el atractivo turístico de la Comunidad, cuestiones que no han sucedido porque la obra está sin terminar.
Las críticas del grupo nacionalista están avaladas, además, por otra afirmación vertida por el ejecutivo y es que no consta ningún convenio formal en el que el Estado y Navarra se comprometieran a acometer su parte de la infraestructura con una planificación y unos plazos concretos. Cuestión que lleva a preguntarse a Manu Ayerdi por qué entonces se acometió el final de la autovía con la fórmula del peaje en la sombra en lugar de esperar a tener disponibilidad presupuestaria, como está haciendo el Estado en la parte que falta.
Peaje en la sombra
El tramo navarro, ya finalizado, terminó de construirse con la fórmula del peaje en la sombra, puesto en duda por la Cámara de Comptos, que segura que “había alternativas” más económicas para Navarra. Entre otras, como defiende el propio Ayerdi, haber construido el último tramo “en la medida que hubiéramos podido”. “Nos hemos comido un peaje en la sombra que no habría sido necesario, igual que llegamos hasta la venta de judas por presupuesto ordinario, podíamos haber llegado hasta Aragón”.
Una tercera cuestión, que “preocupa” a Geroa Bai es la dilatación en los plazos del tramo aragonés y es que, muchos de los tramos que quedan por construir no están ni proyectados, se encuentran parados, o manejan tiempos de ejecución que van más allá de 2017, por lo que la conexión real entre Pamplona y Jaca, todavía tendrá que esperar.
* El Diario - Celia Bustamante - 1.5.15
Foto: Uno de los tramos navarros de la autovía del Pirineo entre Liédena y Yesa.- el diario
Mapa de las inmatriculaciones de la iglesia católica en Córdoba
Ya se ha comentado en este Blog el tremendo expolio inmobiliario que ha realizado la Iglesia Católica en los últimos años, acogiéndose a una obsoleta Ley franquista de 1946. Además, en 1998 el gobierno Aznar aprobó un reglamento hipotecario a favor de estos actos delictivos que suponían que el Patrimonio público pasara a una entidad privada como la Iglesia, con unos gastos mínimos en el registro de la propiedad. Córdoba ha sido una de las ciudades donde más claro se aprecia este hecho sin precedentes, llegando a expoliar hasta calles y plazas urbanas. El ejemplo de la Mezquita donde la ciudadanía ha protestado fuertemente la actuación eclesial es un ejemplo de cómo se deben detener estos delitos impunes, pues el Gobierno y la justicia miran para otro lado, lamentablemente.
"LAMAREA* : Aunque el expolio inmobiliario que ha llevado a cabo la jerarquía católica en los últimos años es una pandemia que afecta a todo el Estado, pocas ciudades como Córdoba han sido capaces de desvelar el escándalo en sus distintas dimensiones, sin duda a raíz de la reivindicación ciudadana de la Mezquita. La apropiación de bienes por parte de la Iglesia Católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas, propias de un Estado confesional y flagrantemente inconstitucionales: una equipara a la Iglesia Católica con una administración pública, y otra a los diocesanos con notarios. Valiéndose de ambas herramientas, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de bienes de manera clandestina y sin acreditar título de propiedad, con especial codicia a partir de la reforma con la que Aznar abrió la puerta del Registro a los “templos de culto” en 1998.
Hasta entonces, nadie cuestionaba la naturaleza pública de estos bienes, como las calles o las plazas, sin perjuicio de los derechos al uso que en su caso pudieran corresponder a sus poseedores. La inmensa generalidad de los inmuebles con finalidad aparentemente religiosa, no habían sido construidos por ninguna estructura de la Iglesia, habían sido mantenidos por el pueblo y restaurados con dinero de todos y todas.
Desconocemos el número de bienes inmatriculados con arreglo a este procedimiento porque el Gobierno, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de los Registros y del Notariado, se han negado sistemáticamente a proporcionar estos datos con las excusas más peregrinas o con el silencio como respuesta.
En segundo lugar, no sólo se han inmatriculado templos de culto o similares. Este hecho contrastado desmonta la coartada de la Iglesia Católica de limitarse a regularizar sus “posesiones” (que no sus propiedades), porque han inscrito bienes privados de otra índole, que no ha poseído o documentadamente públicos, hasta el extremo de ofrecer vergonzantemente su devolución. El caso de las plazas del Pocito, del Triunfo de San Rafael o del kiosco de San Hipólito, raya el esperpento y evidencia el uso torticero y la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica.
Y en tercer lugar, por definición, los bienes de dominio público no acceden al Registro de la Propiedad “privada”. Las inmatriculaciones practicadas por la jerarquía católica han invertido la prueba de manera diabólica: ahora se presumen que son suyos y deben ser las administraciones quienes tienen que demostrar lo que hasta entonces era incuestionable. Para colmo, han degradado su naturaleza jurídica al rango de un mero bien privado. Desde la Mezquita hasta la plaza del Pocito
Dejando aparte el caso más emblemático de la Mezquita, intentaremos diseccionar los diferentes supuestos de expolio que hemos sufrido en la ciudad de Córdoba:
Apropiación de plazas públicas
Triunfo de San Rafael
En abril del 2011 el Obispado inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael sin presentar ningún título de propiedad, fundamentando su dominio únicamente en la descripción histórica del monumento y en su dedicación al “culto católico”.
La titularidad pública de la plaza es indiscutible. En el archivo constan datos precisos que prueban que desde el año 1850 la plaza es de propiedad pública, con el consentimiento expreso del Obispado de desprenderse de ella para no asumir su mantenimiento. Además, está documentado que todas las reparaciones realizadas hasta hoy han sido pagadas por el Ayuntamiento. Las últimas actuaciones fueron su inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento en el año 1984, y su restauración en el año 2002 en el Plan de Excelencia Turística. Aún con esto, el obispado inmatriculó la plaza a su nombre en el 2011.
La respuesta lógica hubiese sido reclamar su devolución inmediata, pero no fue así. El Ayuntamiento optó por borrarlo de su inventario de bienes y decir que si la Iglesia manifiesta que es suyo, será que es cierto, aunque choque frontalmente con los antecedentes documentados y con las propias actuaciones anteriores del Ayuntamiento. No es una mera dejación de su obligación de defender el patrimonio público, sino una verdadera colaboración activa en la apropiación privada del mismo.
La Plaza del Pocito de la Fuensanta
En 1987 se inmatriculó la Plaza del Pocito de la Fuensanta, ocultando su carácter religioso y con una descripción oscura para ocultar su apropiación. La reforma de Aznar que permite registrar templos de culto no se produjo hasta 1998, por lo que el Obispado no declaró que se trataba de una iglesia para poder inscribirla en el Registro. Además el texto trata de esconder que se inscribe la plaza. Para ello se usó esta descripción:
“Porción de terreno al pago de Nuestra Señora de la Fuensanta, de esta Capital, con superficie de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, sobre la que existen edificaciones en su fondo, que ocupan mil ochocientos veintiocho metros cuadrados, y que consisten en la Casa del Capellán, con un pequeño jardín; Capilla y otras dependencias.”
De la comparación del texto con los metros de superficie y el plano que consta en el catastro se extrae que cuando se dice “otras dependencias” se está refiriendo a la Iglesia, el pocito y la plaza pública en la que se encuentra.
Ante esta apropiación el Ayuntamiento de nuevo ha guardado silencio, siendo el consejo de Distrito Sureste, que representa a los vecinos de la Fuensanta, los que han actuado en contra. Lejos de acceder a la devolución, el Obispado parece dispuesto a discutir la propiedad de la plaza en los juzgados.
Bienes públicos mantenidos por las administraciones públicas
Estas plazas no han sido los únicos bienes públicos de los que se ha apropiado la Iglesia frente a la pasividad de las Administraciones públicas. En el 2005, el Obispado inmatriculó la Iglesia de San Hipólito, y aprovechando que estaba en su esquina, un kiosko municipal. Está perfectamente documentado que el kiosko, actualmente en desuso, fue construido por el Ayuntamiento. Encontrarse en una esquina de la iglesia y estar cerrado parecen motivos suficientes para inscribirse en el registro junto con el templo.
Puede decirse que el Ayuntamiento no ha respondido ante estos hechos, limitándose a decir que estudiará la situación. Al hacerse público este “robo jurídico”, el Obispado ha decidido devolver por sí mismo el kiosko, con lo que podemos dar por hecho que no habrá ninguna consecuencia en su contra. Estará automáticamente libre de culpa. Tan sorprendente como injusto.
Analizar todas las inmatriculaciones de Córdoba sería una labor demasiado extensa, por lo que sólo señalaremos unas de las más representativas, las iglesias fernandinas. Mandadas construir por Fernando III el Santo, son el ejemplo perfecto de templo de titularidad pública. Su construcción fue ordenada por la corona, se utilizaron como edificios administrativos en sus respectivos barrios y sus restauraciones han sido pagadas hasta hoy por el Estado. Así encontramos la Iglesia de San Agustín, restaurada con casi cuatro millones de euros por la Junta, o la Iglesia de la Magdalena, cuya reparación tras un incendio costó a la Junta más de 600.000 euros. Ambas iglesias fueron inmatriculadas por el Obispo poco después de su última restauración. Especialmente grave es el caso de la Magdalena, al tratarse de un bien desacralizado. Ya sabemos que este mismo procedimiento se usó con las Iglesias de San Pablo (ganada posteriormente en el Tribunal Supremo por sus legítimos propietarios), San Pedro, Santa Marina, la Ermita de los Santos Mártires, la Iglesia del Socorro, la Basílica del Juramento de San Rafael, etc.
La respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma, guardar silencio y continuar sufragando el mantenimiento de los templos.
La Iglesia no inmatricula ruinas
“La Iglesia no inmatricula ruinas.” Así de claro lo dijo el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La expresión más correcta sería que las ruinas son restauradas con dinero público para ser después inmatriculadas por la Iglesia. Ese es el procedimiento que se ha seguido con la inmensa mayoría de inmuebles, algunos ya citados.
Córdoba se ha convertido en el ejemplo perfecto de este expolio monumental. Tenemos tres templos en ruinas: el convento de Regina, la Iglesia de Santa Clara y la de Campo Madre de Dios. Nunca se ha cuestionado su titularidad ni a quién corresponde su restauración, ambas en manos del Ayuntamiento. Está visto que cuando su estado de conservación es malo no choca que sean templos de titularidad pública.
El Convento de Regina ya está siendo restaurado para albergar el museo cofrade, y el culmen de la mala actuación del Ayuntamiento llega con Campo Madre de Dios, pactando que se restaure con dinero público para cederlo después a la Iglesia. Lejos de exigir a la Diócesis el cuidado de sus bienes, se restauran los públicos para regalarlos. Y lamentablemente, no es la primera vez que ha ocurrido.
* La Marea - Claudio Rodríguez - 3.5.15
Foto: Córdoba, mezquita aérea- arte
Valencia.- Así era la Ceramo antes de la ruina
La Comunidad Valenciana es el paradigma de lo que ha ocurrido en todo el país en las últimas décadas, junto al abandono y ruina de edificaciones que son Patrimonio monumental (fábrica la Ceramo, el Cabanyal) existen las construcciones y urbanizaciones más horteras y desaforadas del continente (Marina D'Or, Terra Mítica). Todo ello bien trufado, naturalmente, de maletines y sobres producto de la corrupción pura y dura. Es la España del pelotazo urbanístico, un material exclusivo de mal gusto y despilfarro que ha derivado en la gran crisis que seguimos padeciendo, con la complicidad, por supuesto, de los poderes fácticos de país, que han aunado fuerzas para forrarse haciendo recaer la ruina y la pobreza sobre la ciudadanía.
"LEVANTE* : La fábrica de la Ceramo, una factoría protegida, de estilo neomudéjar, en cuyos hornos se produjo la cerámica que decora los edificios más destacados de la ciudad, ha sufrido en apenas dos décadas un grave proceso de degradación. Las fotografías inéditas del interior de la fábrica facilitadas por el Círculo por la Defensa del Patrimonio y por Rubén Vázquez Carrió muestran como era la Ceramo en los años 90 del siglo pasado, justo antes del cierre, y ponen todavía más en evidencia el acelerado proceso de degradación del edificio, de propiedad municipal.
El Circulo por la Defensa del Patrimonio lleva años denunciando el riesgo de desplome de la fábrica, cuyo tejado se ha hundido en algunas zonas. El ayuntamiento, tras meses de denuncias, está llevando a cabo obras de consolidación para evitar que el inmueble se venga abajo. Los responsables del Museo Nacional de Cerámica González Martí han manifestado su interés por recuperar la fábrica, un referente fundamental de esta industria artesanal valenciana, para ampliar allí sus dependencias. El Ministerio de Cultura, del que depende el citado museo, sin embargo, no concreta y de momento proyecto una nueva y no exenta de polémica ampliación de su actual sede en el Palacio del Marqués de Dos Aguas.
En las fotografías que ha hecho públicas el Círculo por la Defensa del Patrimonio se ven los hornos morunos donde se cocían las piezas de cerámica de reflejo dorado, una técnica de origen medieval recuperada por José Ros Furio, impulsor de la Ceramo, construida en 1885 en la avenida Burjassot en lo que entonces eran las afueras de la ciudad. También aparecen los talleres donde se diseñaban, pintaban y moldeaban las piezas así como los almacenes y zonas de secado. Los hornos de la fábrica son uno de los elementos patrimoniales de más valor, sin embargo, el Círculo por la Defensa del Patrimonio advierte de su posible pérdida. Estos hornos funcionaban con leña de romero, un combustible que provocaba intensas humaredas y no pocas quejas de los vecinos.
En las fotografías se aprecian detalles arquitectónicos del interior de la factoría: arcos apuntados, techos de madera, las chimeneas de ladrillo de los hornos rematadas con cúpulas de cerámica, la zona de secado con sus respiraderos de estilo árabe y los almacenes). Las fotografías incluyen el mural „completo„ de temática religiosa obra de Alfonso Pastor, el último propietario de la fábrica, que decora uno de los muros de la factoría y que, según imágenes recientes, se ha perdido casi por completo tras un derrumbe parcial en la fábrica.
El Círculo por la Defensa del Patrimonio ha presentado una nueva denuncia ante el Síndic de Greuges para conocer la situación real en la que se encuentra la antigua factoría, en cuyos talleres se fabricaron falsificaciones de esculturas y obras de arte repartidas por medio mundo. La entidad se queja de que el ayuntamiento les niega los informes del Servicio de Bomberos y de Patrimonio „pese a ser parte interesada en el expediente„ para que evitar que se sepa el punto de degradación de la fábrica, por cuya expropiación el ayuntamiento ha pagado dos millones de euros.
En las imágenes facilitadas por la plataforma ciudadana se adivina como fueron los años dorados de una fábrica que dio trabajo a muchos valencianos y cuyos propietarios vivían en una vivienda anexa a la factoría, que contaba con amplios patios interiores y una fachada principal a la que se accedía por una zona ajardinada con palmeras y pinos de gran porte.
* Levante - Hortensia García - 2.5.15
Foto: Así era la Ceramo antes de la ruina - levante
El pelotazo urbanístico de Dragados en el barrio de Tetuán cuesta a Madrid 30 millones
Continúan los pelotazos urbanísticos en Madrid, aunque salgan mal para todos, ya que entonces terminan pagándolos solo los ciudadanos. En los años 80 se expropiaron unos terrenos para zona verde al norte del barrio de Tetuán, pero solo se hizo la mitad, y con Gallardón al frente del Ayuntamiento se urbanizó ilegalmente el resto (Dragados-ACS); ahora han reclamado los propietarios el cambio de uso y se les debe indemnizar con 30 millones. Otra deuda más para los madrileños ya que el alcalde faraón y sus amigos constructores como Florentino se han ido, como siempre, 'de rositas'.
"VOZPÓPULI* : La operación urbanística que permitirá a Dragados, la constructora del grupo ACS, disponer de 100.000 metros cuadrados de suelo para vivienda protegida en el madrileño distrito de Tetuán ha pasado una cara factura a los ciudadanos de la capital. El Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a indemnizar a los antiguos propietarios del suelo sobre el que planeó el desarrollo con algo más de 30 millones de euros. Se trata de particulares y sociedades a los que el Consistorio expropió en su día y que han reclamado sus correspondientes derechos de reversión, toda vez que los terrenos no se han destinado al fin que justificó en su día la expropiación.
En los años 80, el Ayuntamiento expropió suelo en un extremo del distrito de Tetuán, en la zona norte de Madrid, para la construcción de una gran zona verde, lo que después fue bautizado como Parque Rodríguez Sahagún, en memoria del exalcalde de la capital. Sin embargo, los planes urbanísticos dejaron en prácticamente la mitad la extensión del parque, por lo que el Ayuntamiento, por entonces bajo el mando del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, decidió urbanizar el resto, cuyo límite se encuentra en el Paseo de la Dirección.
Toda vez que la finalidad definitiva de la expropiación de esos terrenos no se correspondía con la original que la motivó, los propietarios de las aproximadamente 30 fincas afectadas decidieron ejercer sus derechos de reversión, por el que pueden optar a recuperar la propiedad de los terrenos o bien ser indemnizados.
Por este motivo, y dado que el Ayuntamiento mantiene los planes de urbanizar la zona, la solución ha consistido en una compensación económica que ha sumado unos 30 millones de euros de las necesitadas arcas públicas madrileñas.
A la espera del nuevo convenio
Dragados, a la que el Ayuntamiento adjudicó a mediados de la pasada década la urbanización del área conocida como Paseo de la Dirección, espera a que el Consistorio apruebe definitivamente la modificación del Plan de Ordenación Urbanística que permitirá cambiar el convenio firmado en su día para regular esta concesión, toda vez que la crisis hizo que a la compañía no le salieran las cuentas.
En 2007 se firmó el convenio que ahora se pretende sustituir por el que Dragados recibiría como pago por los trabajos de urbanización de la zona una porción de terreno de algo más de 75.000 metros cuadrados para la construcción de vivienda libre, valorada por entonces en 2.310 euros por metro cuadrado.
La llegada de la crisis hizo que la operación, que en principio era muy beneficiosa para la compañía, se convirtiera en una trampa debido a que el desplome del sector residencial y la consiguiente caída de precios hacían completamente imposible que Dragados obtuviera rentabilidad de la concesión.
Desarrollo paralizado
La compañía decidió paralizar prácticamente el desarrollo, a mediados de 2011, y solicitar al Ayuntamiento un rescate de la concesión debido al cambio del entorno macroeconómico. Tras una extensa negociación, el Consistorio decidió modificar la reforma del Plan de Ordenación Urbanística que afecta a la zona para adaptarlo a las nuevas circunstancias, trámite que se encuentra únicamente pendiente de la aprobación definitiva por parte del pleno.
En cuanto se apruebe la modificación, Dragados y el Ayuntamiento firmarán un nuevo convenio por el que la compañía pasará a recibir unos 100.000 metros cuadrados de suelo como retribución por los trabajos de urbanización pero, a diferencia del anterior convenio, el suelo será para desarrollar vivienda protegida, valorado entre 470 y 645 euros por metro cuadrado.
Los números comenzarán a cuadrarle a Dragados, aunque distinta es la situación para el Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido que indemnizar a los reversionistas, a los afectados por la urbanización de la zona, que siguen padeciendo las consecuencias de las obras paralizadas y del consiguiente deterioro de la zona, que hace que también bajen a pasos agigantados las valoraciones de las viviendas que van a tener que dejar.
* VoaPópuli - Raúl Pozo - 27.4.15
Foto: Madrid, Parque R.Sahagún - minube
Los fondos buitre compran pisos de desahuciados en Catalunya por entre 5.000 y 20.000 euros
La enorme especulación inmobiliaria que ha sido protagonizada por las Cajas en todo el país tiene un ejemplo destacado en CatalunyaCaixa, cuyos pisos provenientes de desahucios 'ilegales' llegan otra vez al mercado a precio de saldo a través de los llamados fondos buitre. Esta ingeniería inmobiliaria delictiva que ha arruinado a miles de personas, causando dolor y afrentas injustificadas a toda la sociedad, no ha tenido repercusiones judiciales para los altos cargos con responsabilidad en las Cajas de Ahorro que, al día de hoy, continúan libres sin imputaciones. Algo inaudito.
"ELDIARIO* : La Generalitat ha anunciado este jueves que podrá optar a comprar 1.404 pisos de entidades financieras a precios entre 5.000 y 20.000 euros. Estos son los precios a los que los bancos ofrecen los pisos procedentes de desahucios a fondos de inversión, la mayoría de los cuales (904) proceden de la operación entre CatalunyaCaixa y Blackstone.
Los precios a los que, según comunica la Generalitat, se ofrecían estos pisos donde vivían familias que han sido desahuciadas o han recibido la dación en pago son tan bajos como 5.000 euros en Palafrugell, 6.000 en Tortosa, 10.000 en Lleida, 20.000 euros sabadell o poco más de 20.000 euros también en la ciudad de Barcelona.
Las administraciones públicas podrán optar a su compra gracias a un decreto de medidas urgentes presentado el pasado mes de marzo y finalmente convalidado este jueves por el Parlamento de Catalunya. Esta medida da derecho de tanteo y retracto -optar a comprarlos al mismo precio- a la Generalitat y los ayuntamientos de 72 municipios en las transmisiones de todos los pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias con posterioridad a abril de 2008.
La Generalitat cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros para estas adquisiciones, pero el secretario de vivienda Carles Sala explica en un entrevista con CatalunyaPlural que confía también en los recursos que puedan destinar los ayuntamientos. Preguntados sobre si las administraciones adquirirán todos estos 1.404 viviendas desde el departamento de Territorio y Sostenibilidad responden que son pisos que se pueden comprar, no que se estén comprando.
904 pisos de CatalunyaCaixa
La gran mayoría de los pisos de esta operación proceden de CatalunyaCaixa, que los ofrece al fondo buitre estadounidense Blackstone, que se ha hecho con el control de sus hipotecas. De las 904 viviendas de la entidad, la mayoría se encuentran en el área metropolitana barcelonesa: 150 en L'Hospitalet de Llobregat, 142 en Barcelona, 48 en Terrassa, 47 en Santa Coloma de Gramenet y 32 en Sabadell.
Las otras entidades con más pisos en estas condiciones son Bankia, con 200 viviendas y BBVA con 100. Los restantes provienen de Banco Sabadell-Solvia (20), Sareb (11), Santander (5), Crédit Agricole (6) o Deutsche Bank (5).
* El Diario - João França - 30.4.15
Foto: PAH, viviendas ocupadas Sabadell - público
Un exalcalde y la edil de Urbanismo de Calp, imputados por cuatro delitos
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Calp es un municipio turístico alicantino que ha crecido desmesuradamente en los últimos años debido a una permisividad urbanística que ha sobrepasado lo puramente legal. Ahora se juzga a un exalcalde y a la actual concejala de Urbanismo (PP) por la indebida expropiación de un solar, ya que el justiprecio a pagar por el ayuntamiento estaba muy lejos del solicitado por los propietarios. Así el asunto es una clara prevaricación por la cantidad debida y por el retraso de casi 4 años en enviarlo al necesario Jurado de Expropiación, con unos informes falseados por los técnicos para dar aparente cobertura legal.
"ELPAÍS* : Una juez de Dénia (Alicante) ha citado a declarar los próximos 13 y 14 de mayo en calidad de imputados al exalcalde de Calp (Alicante), Joaquín Tur (Bloc) y a Ana Sala, actual concejal de Urbanismo por el PP, por la comisión de varios presuntos delitos entorno a la expropiación de un solar de 15.000 metros cuadrados en los que el Ayuntamiento instaló un recinto ferial.
La magistrada del juzgado de instrucción nº2 ha imputado además al técnico de la Administración General Juan Antonio Revert, al arquitecto municipal Alberto Mengual y a la secretaria municipal, Mercedes Mas.
El juzgado investigará dos presuntos delitos de prevaricación, así como otros dos contra la ordenación del territorio en determinados informes urbanísticos y el falseamiento de documento público. La decisión de la magistrada de reabrir una investigación penal sobre esta causa, sobreseída provisionalmente, data del pasado 5 de marzo a petición de la familia propietaria de los terrenos.
La reapertura del juicio tiene base en una sentencia firme alcanzada el 22 de abril de 2014 por un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante. Según esta, el Ayuntamiento habría incurrido en “una clara desviación” de poder al intentar quedarse los terrenos a través de una permuta cuando el cauce legal apropiado era la expropiación forzosa. Para ello requirieron de informes que dieran una aparente cobertura jurídica a una vía ilegal.
El motivo para actuar así estaba en el desacuerdo entre propietarios y Ayuntamiento en el justiprecio del solar: la oferta municipal era de 53.000 euros, mientras que los dueños demandaban 2,4 millones.
La juez de Dénia quiere conocer ahora si existió un presunta prevaricación en la justipreciación del solar durante el mandato de Tur y el porqué el Ayuntamiento se demoró tres años y siete meses en el cumplimiento legal de enviar el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación, un deber siempre que no exista acuerdo entre las partes. También investigará si a través del falseamiento de documentos el Consistorio intentó quedarse por el precio más económico posible con una parcela en la que instaló una carpa para 5.000 personas, como prueba la sentencia firme de 2014.
Los hechos se remontan al gobierno de Joaquín Tur que accedió a la alcaldía durante el pasado mandato tras sacar adelante de la mano del PP una moción de censura que apartó al PSPV del poder. En el 2012, ya con el popular y actual alcalde César Sánchez, el equipo de Gobierno sacó adelante una moción por la cual se garantizaba la permuta y no la expropiación, lo que ha llevado a la responsable de Urbanismo, Ana Sala, a la imputación.
La edil forma parte de la lista municipal del PP para las próximas elecciones, lo que supone un problema para Sánchez, ya que el PP de Alicante aprobó en 2014 no incluir imputados en sus listas. Tur abandonó el Bloc (partido englobado en Compromís) el pasado enero después de ser citado a declarar como imputado en otra causa, según informó La Marina Plaza.
En la actualidad, la familia propietaria no puede arrendar el lugar al encontrarse en "un limbo jurídico", según fuentes del caso. Se da la circunstancia de que este suelo, no urbanizable y a cinco kilómetros del casco urbano, contiene todos los servicios posibles: alcantarillado, tendido eléctrico, telefonía, etc. El Ayuntamiento se gastó alrededor de 300.000 euros en estas obras, 247.000 más de lo que ofreció a los propietarios. En este recinto se han llegado a celebrar tres ediciones del Oktober Fest de Calp (el peso de la población de origen germano en la zona es considerable) y varias ferias.
* El País - RUBÉN ESQUITINO - 22.4.15
Foto: Calp (Alicante), vista aérea - elpais
Madrid.- La justicia prohíbe derribar el Vicente Calderón para hacer rascacielos
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la operación urbanística diseñada por el Ayuntamiento de la capital y por el Atlético de Madrid para derribar el estadio Vicente Calderón, construir 2.000 viviendas sobre la parcela que ocupa junto al río Manzanares, y trasladar al club de fútbol al campo de La Peineta, al otro lado de la ciudad.
El TSJM ya había paralizado en enero de 2012 esta operación urbanística, pero el Tribunal Supremo anuló esa sentencia en octubre de 2014 y obligó a repetir el proceso judicial. Ahora, de acuerdo con la sentencia fechada el 13 de abril, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces del TSJM toman en cuenta las disposiciones del Supremo y examinan, además, el cambio legislativo aprobado por la Comunidad de Madrid en 2013 precisamente para soslayar las trabas a la operación.
El fallo resultante mantiene sin embargo la anulación, y además ofrece unos argumentos que afectan también al plan urbanístico aprobado recientemente por el Ayuntamiento para sustituir a la operación anulada en 2012. Los magistrados estiman que en ese ámbito no es posible, de acuerdo con la ley regional del suelo, construir edificios de más de cuatro alturas. La conocida popularmente como Operación Calderón, que prevé rascacielos de 36 pisos, queda así herida de muerte, a expensas eso sí de un posible recurso ante el Supremo. El Ayuntamiento ha avanzado que recurrirá porque su interpretación difiere de la dictada por el tribunal.
La sentencia resuelve el recurso interpuesto en 2010 por la asociación Señales de Humo (crítica con la gestión del club y contraria a su traslado a La Peineta) contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento y refrendado por la Comunidad en diciembre de 2009. El Gobierno municipal, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), había firmado en 2008 un convenio con el club en virtud del cual éste se mudaría a La Peineta, comprando esa parcela municipal (41,2 millones) y levantando allí un estadio nuevo (195 millones). Para costearlo, el club se alió con la cervecera Mahou (dueña de una antigua fábrica junto al Calderón) y encargó a FCC la obra de La Peineta. El nuevo campo se costearía con la construcción de 2.000 viviendas sobre los terrenos donde ahora se asientan el Vicente Calderón y la antigua fábrica. Y, para hacerlo posible, el Ayuntamiento aprobó un plan urbanístico.
Señales de Humo recurrió ese plan, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló en enero de 2012 al considerar que la operación, que preveía entonces la construcción de torres de 17 pisos, incumplía la ley regional del suelo aprobada en 2007 por Esperanza Aguirre (PP), que prohíbe superar las cuatro alturas.
Pero el Supremo anuló a su vez la sentencia del TSJM en octubre de 2014, sin entrar eso sí en el fondo de la cuestión: consideró que no se había dado voz en el proceso judicial a Mahou. Obligó pues a repetir el juicio, que es lo que ha hecho el TSJM. Pero eso ha permitido —además de incluir a Mahou— que el tribunal pueda tomar en consideración los cambios legales aprobados por la Comunidad a raíz de la sentencia de 2012 precisamente para soslayar las trabas puestas por los jueces.
El meollo de la cuestión es el cambio introducido en 2007 por Aguirre en la ley del suelo: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático”.
Después de que el TSJM anulara el plan urbanístico del Calderón por incumplir ese precepto, Aguirre (ahora candidata del PP al Ayuntamiento) insistió en que no cambiaría su ley. Pero la presidenta regional dejó el cargo poco después, en septiembre de 2012, y su sustituto, Ignacio González (PP), sí cambió la norma. En abril de 2013, se matizó que el límite de alturas no sería “de aplicación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la ley, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que lo afecten”.
Esa modificación legal debía salvaguardar no ya el plan urbanístico anulado por el TSJM en 2012, que se dio por perdido, sino el nuevo aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2014 para sustituirlo, que también prevé superar de largo las cuatro alturas: con dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22.
La sentencia del 13 de abril no anula pues el nuevo plan de 2014, porque el recurso se presentó contra el anterior, pero sí incluye argumentos que llevarían a paralizarlo también en caso de ser recurrido ante la justicia, como pretende hacer Señales de Humo cuando sea aprobado definitivamente.
En concreto, el TSJM considera que el ámbito del Calderón sí está afectado por la limitación de las alturas, pese al cambio legal de 2013, porque es “un auténtico nuevo desarrollo urbanístico que transforma totalmente el ámbito”. Y como tal, debe someterse a la ley del suelo ahora en vigor.
Por tanto, se anula el anterior plan, pero esa misma anulación es extensible en caso de recurso al nuevo, dejando así en el aire el futuro de la operación… o de la ley del suelo que aprobó Aguirre.
Los “intereses” del Atlético
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en noviembre de 2014 el plan urbanístico que afecta al área del estadio Vicente Calderón y a la antigua fábrica de cerveza de Mahou (demolida en 2010). El objetivo es levantar dos rascacielos gemelos de 36 pisos, y ocho bloques de hasta 22 alturas, con una superficie edificable total de 175.365 metros cuadrados. Con el dinero de la venta de esos 2.000 pisos, se pagarán la obra de La Peineta, al otro lado de Madrid, adonde el club se trasladará en 2018.
El Ayuntamiento prevé que las obras se realicen en tres fases: comenzarían este año, y estarían concluidas en 2023. Pero la asociación Señales de Humo tiene previsto recurrirlo: “No tiene sentido que las personas que detentan la mayoría accionarial del Atlético, en connivencia con los dirigentes de las administraciones, perpetren un atentado urbanístico de espaldas a la ciudadanía y a la masa social del club. Entendemos que el Atlético, como institución, se debe a su comunidad de aficionados y a la sociedad de la que forma parte, y que bajo ningún concepto debe participar junto a políticos que defienden intereses privados en operaciones oscuras que nos perjudican a todos y que únicamente buscan lograr beneficios para los grandes accionistas del Atlético”, dice su portavoz, Emilio Abejón.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO / JOSÉ MARCOS - 24.4.15
Foto: Proyección realizada por el Ayuntamiento de Madrid del ámbito junto al río Manzanares una vez concluida la reforma.
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No es corrupción: son los bonus de España SA
Según los últimos estudios y encuestas, España es ya un país conocido en casi todo el mundo por la corrupción, pero no existen casos tan espectaculares como fue el caso Marbella, por ejemplo, hay que hablar más de una corrupción estructural que se parece cada vez más a un sistema de incentivos como el que usan las grandes empresas con sus ejecutivos. Así los sobresueldos existentes en realidad son primas, las mordidas por otorgar contratos públicos son comisiones por ventas, las cuentas en Suiza o Andorra, stock options, etc, etc.
"ISAAC ROSA* : No lo llames corrupción: llámalo retribución variable. Bonus. Incentivos. Primas. Durante décadas la democracia española ha funcionado como una empresa. Como una gran empresa. España SA. Otro día hablamos de quiénes son sus propietarios, hoy solo me fijaré en sus directivos.
Todo este goteo interminable de casos de sobresueldos, pagos en negro, tarjetas 'black', cuentas en Suiza, comisiones, partidas de formación desviadas, puertas giratorias, gastos de viajes, comidas y hoteles a todo tren… No, no es corrupción estructural. En realidad es un sistema de retribución variable, como el que tantas compañías usan para motivar a sus ejecutivos.
Así que no son corruptos. Son profesionales. Y como tales, recibían su salario pero también todo un catálogo de bonus, complementos, primas. Que ya sabemos que la política está muy mal pagada. Estoy seguro de que quienes hoy son imputados se sienten así: ellos se limitaron a seguir una práctica muy extendida, según la cual el paso por la política admitía ciertos beneficios bajo cuerda. Desde Urdangarin a Rodrigo Rato, pasando por los mil y un corruptos señalados en el último lustro, todos muestran la misma sorpresa cuando les pillan: “¡Pero si yo no he hecho nada malo!”. Y, en efecto, parece que solo se beneficiaron de un sistema de incentivos muy extendido.
Llamemos a las cosas por su nombre, aplicando la neolengua del management: los sobresueldos en realidad son primas. Las mordidas por otorgar contratos públicos son comisiones por ventas. Los trabajillos al filo de la ley de incompatibilidades, bonus por resultados. La financiación ilegal, gastos de representación. Las comisiones por recalificar terrenos o agilizar tramitaciones, una merecida gratificación. Las cuentas en Suiza o Andorra, stock options. Los sillones en los consejos de las antiguas cajas o las tarjetas 'black', pago en especie. Los viajes y hoteles a todo trapo, simples dietas. Un ático en Marbella es un merecido premio por objetivos. Y las puertas giratorias, un sencillo complemento de jubilación, mientras que para expresidentes y reyes abdicados se reserva el premio gordo: el 'paracaídas dorado'.
Así ha funcionado la democracia española mucho tiempo, al menos para una parte de sus directivos. No todos, claro, sigue habiendo gente honrada que pasó por la política y salió con lo mismo que llegó, incluso con menos. Pero conocemos demasiados casos de ministros, diputados, consejeros, concejales y cargos de confianza para los que el servicio público ha sido un buen negocio, mesurable en aumento de ingresos, jugosas ofertas de empleo y crecimiento patrimonial.
Mientras la empresa funcionaba y daba beneficios, todo bien. Alegría, alegría. El país crecía, se urbanizaba, extendía infraestructuras (algunas útiles, muchas otras inútiles), daba músculo a las empresas para salir al exterior, engordaba fortunas, y algo salpicaba a quienes estábamos abajo. No mucho, pero suficiente para hacer la vista gorda, e incluso votar al que ya se sabía corrupto.
Pero cuando entró en números rojos, los empleados y usuarios (pues eso somos nosotros, empleados y usuarios, a ver si alguien se cree accionista o propietario de España SA) empezamos a ver con malos ojos los desmesurados bonus de los directivos más codiciosos. Y hoy sospechamos que hubo mucho más que un generosísimo plan de incentivos: también delitos societarios. Apropiación indebida, estafa y administración desleal. El saqueo de España SA por sus propios directivos.
* El Diario - ir - 23.4.15
Foto: Corrupción - terra.es
Valencia.- Anticorrupción aparcó hace un año el pelotazo del nuevo Mestalla con empresas de Rato en la trama
Las vinculaciones empresariales del corrupto R.Rato no sólo llevan hasta Holanda y otros territorios de legislación fiscal laxa, sino también a la lista de morosos de la Bankia que él presidió. En Jardines de la Ribera del Tajo SL, una de las mercantiles que participó en el 'pelotazo' paralizado desde 2009 del nuevo Mestalla en Valencia, aparece la familia de la cuñada del exvicepresidente del Gobierno con un saldo impagado de 2,5 millones. Todo ello en la etapa en la que el que también fuera director gerente del FMI ocupaba la presidencia de la entidad.
"VOZPÓPULI* : El frustrado 'pelotazo' del nuevo Mestalla lleva aparcado en el cajón de la Fiscalía Anticorrupción desde hace casi un año. Una operación en la que participaban empresas ligadas a Rodrigo Rato, a través de la sociedad NewcoVal, una firma al 50% entre Bankia y la constructora Grupo Aedifica, donde se integra la sociedad de la cuñada del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar. El proyecto urbanístico fue uno de los 17 expedientes denunciados ante la Fiscalía Anticorrupcción por el nuevo equipo gestor de la entidad, el 9 de mayo de 2014.
Desde entonces, el Ministerio Público no ha realizado ningún tipo de movimiento en relación a esta operación, bien incorporándola como posible pieza separada del caso Bankia, bien abriendo un nuevo frente judicial, según confirman varias fuentes conocedoras del proceso a Vozpópuli.
La nueva dirección de Bankia envió a Anticorrupción los dos 'forensic' que encargó a KPMG y Herbert Smith Freehills para ahondar y diseccionar el entramado de esta operación. Incluso, de ella llega a hablar el perito del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras en el informe en el que asegura que las cuentas presentadas por la entidad en la salida a Bolsa eran falsas. En la página 3 de su escrito, Sánchez Nogueras asegura que "el nuevo equipo gestor envío el 9 de mayo de 2014, 17 expedientes denunciados ante la Fiscalía así como aquellas otras que han dado lugar a que el Grupo BFA/Bankia se persone en causas ya abiertas en defensa de sus intereses. Entre ellos destacan Grupo Calabuig (Costa Bellver, Capital Costa), Grupo Ramón Salvador, Grupo Royactura, Urbanika, Grupo Salvador Vila, Grupo Grand Coral, Grupo Aedifica, Grupo Share Capital, todas ellas de carácter inmobiliario".
Como reconoce el forensic de KPMG, una de las 12 empresas que conforma el Grupo Aedifica, creado en 1974 para realizar proyectos inmobiliarios, tanto civiles como industriales, estaba ligado a Rodrigo Rato. Se trata de la firma Jardines de la Ribera del Tajo SL. La firma fue creada en junio de 2006 y en su accionariado figura una maraña de sociedades en la que participa Inmobiliaria Coso SL, "una sociedad relacionada con la familia Salazar-Simpson, familia de la esposa de don Ramón Rato", hermano ya fallecido del político. Una circunstancia esta última que los autores del documento mencionan en, al menos, tres ocasiones. Precisamente, Jardines de la Ribera del Tajo figuraba en la relación de deudoras de la propia Bankia por "un saldo impagado" de 2,5 millones de euros, como informó este medio la pasada semana. Todo ello en la etapa en la que el que fuera director gerente del FMI ocupaba la presidencia de la entidad.
El pelotazo, abortado en septiembre de 2012 cuando se hizo cargo de Bankia el nuevo equipo gestor, había sido aprobada en diciembre de 2011, cuando la crisis del sector de la construcción estaba en pleno apogeo. La misma contemplaba la creación de NewcoVal, una sociedad al 50% entre el propio banco y la constructora Grupo Aedifica, donde se integra la sociedad de la cuñada de Rato, para asumir la gestión del proyecto urbanístico consistente en la terminación de las obras del Nuevo Mestalla, en la actualidad un proyecto fantasma que necesita más de 100 millones de euros para su finalización, la gestión del desarrollo inmobiliario con posterior venta de la edificabilidad del solar donde se encuentra el actual estadio del Valencia, así como los compromisos asumidos por el equipo de fútbol con las administraciones local y autonómica consistentes en el traslado de la ciudad deportiva de la localidad de Paterna a la de Náquera. Una operación que superaría los 300 millones de inversión y que ponía en un serio riesgo a Bankia, puesto que la entidad financiera era la única firma que procedía a financiar el proyecto en su primera fase. Un riesgo pese a los problemas de liquidez que atesoraban las empresas participantes.
El proyecto no contaba con ningún tipo de sentido financiero. De hecho, como reconoce el forensic de KPMG, dos de las 12 empresas que conforma el Grupo Aedifica, creado en 1974 para realizar proyectos inmobiliarios, tanto civiles como industriales, presentaban pérdidas en los ejercicios 2009 y 2010, siendo las de este último casi 3 veces mayores que en 2009. Los números rojos de Terrenys Beguda Alta y Sama Nein se elevaban hasta los 3,4 millones de euros. Además, otro dato que muestra la peligrosidad de la operación es que el 85% de la deuda financiera del grupo, que alcanzaba a cierre de 2010 los 102,6 millones de euros, estaba contraída con Bancaja. Precisamente la auditora KPMG pone el énfasis en este aspecto. "La estructura de dicho endeudamiento entre largo y corto plazo se ha modificado de forma sustancial de un año a otro (2009 a 2010), en el sentido de que mientras en 2009 un 70% de la deuda era a largo plazo, en 2010 dicho porcentaje llega a ser de un 89%. Esta modificación podría significar que el Grupo ha obtenido refinanciaciones y carencias para sus préstamos con entidades bancarias con el fin de aplazar el pago de los mismos", sostiene el informe de la consultora.
"Saldos impagados"
Los datos con los que contaba Bankia, a 26 de julio de 2012, reflejaban que la entidad contaba con un capital dispuesto en relación con las sociedades del Grupo Aedifica de 112,8 millones. De esta deuda, un total de 11 millones representan saldos impagados, relacionados principalmente con operaciones de Residencial Náquera Golf, por 7 millones de euros; y Jardines de la Ribera del Tajo SL, por 2,5 millones. Del total del resto de la deuda, 98 millones estaban clasificadas por Bankia como riesgo subestándar (con alta probabilidad de impago), con una dotación de provisión entre un 15% y un 25%, de acuerdo con la estimación realizada por los analistas de crédito del banco.
¿Por qué se realizó esta operación? Ante la falta de sentido financiero, el proyecto se aprobó en un momento de importantes tensiones internas dentro de la incipiente Bankia. Concretamente, en la dura lucha de poder que mantuvieron José Luis Olivas y Rodrigo Rato, presidentes de Bancaja y Caja Madrid, respectivamente, que culminó con la salida del expresidente de la Generalitat de la entidad. "Rato sacó adelante la operación para ganar puntos ante el mundo del empresariado valenciano en ese contexto de disputa con Olivas", sostienen fuentes conocedoras del proyecto. En el contexto también hay que tener en cuenta que la aprobación de esta compra de terrenos se produjo casi en paralelo a la intervención del Banco de Valencia por parte del Banco de España.
"Se sugiere prudencia"
Jardines de Ribera del Tajo SL es el ejemplo de un 'pelotazo' que tenía un difícil argumentario para justificarlo. La firma fue creada en junio de 2006 y en su accionariado figura una maraña de sociedades en la que participa Inmobiliaria Coso SL, "una sociedad relacionada con la familia Salazar-Simpson, familia de la esposa de don Ramón Rato", hermano ya fallecido del político. Una circunstancia esta última que los autores del documento mencionan en, al menos, tres ocasiones. El forensic de la auditora también reitera varias veces que esta empresa tenía un endeudamiento a corto plazo de más de 3,8 millones de euros y que en los correos internos de Bancaja, entidad que terminaría integrándose en Bankia, figuraba que tenía "problemas con el urbanismo". "A 26 de julio de 2012 la sociedad aparece con un saldo vencido e impagado de casi 2,5 millones de euros, clasificado por Bankia como deuda morosa". El mismo documento de la consultora califica su "riesgo comercial" de "medio alto". "Se sugiere prudencia", añade al hablar de la concesión de créditos.
Domiciliada en Toledo, Jardines de Ribera de Tajo tiene como objeto la promoción de terrenos y un capital social de 2,7 millones de euros. El número de sus trabajadores a 2010 se reducía a uno. Además de su participación en el 'pelotazo' de Valencia, la empresa estaba relacionada con un proyecto en el municipio de Mocejón, en la provincia de Toledo. En un correo electrónico remitido por un directivo de Bancaja a otro de Caja Madrid el 24 de marzo de 2011, y que se ha incorporado al sumario del 'caso Bankia', se habla precisamente de este proyecto que iba a incluir un campo de golf, un hotel, una casa club, un boulevard que la uniría con el municipio, un parque fluvial además de la urbanización. Según se detalla en el 'email', la financiación del mismo estaba prevista hacerla con un tercio "de fondos propios" y el resto "de financiación ajena". El mensaje mostraba sus dudas sobre la viabilidad para obtener esos fondos ajenos.
* Voz Pópuli - M. Alba / Ó. López-Fonseca - 28.4.15
Foto:Valencia, nuevo Mestalla parado desde 2009 - elpais
Tercera imputación del alcalde de Las Rozas
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Las Rozas es un municipio cercano a Madrid y habitual en las noticias de este Blog por las ilegalidades urbanísticas cometidas por los gobiernos 'populares' del Ayuntamiento. Todavía colea el pelotazo de la Ciudad del Fútbol que está a la espera de sentencia judicial, cuando ahora el actual alcalde F.Rubio es imputado por tercera vez en un delito contra la ordenación del territorio al crear un aparcamiento en una zona protegida, pero de la época en que era regidor del Ayuntamiento de la cercana localidad de Guadarrama. Como se ve, el área de mayor nivel económico de la provincia de Madrid está plagado de corrupción urbanística.
"ELPAÍS* : El actual alcalde de Las Rozas y exregidor de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio (PP), declaró ayer en el juzgado por su tercera imputación en un proceso judicial. En esta ocasión, la Fiscalía de Madrid le considera como supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de un aparcamiento en superficie en una parcela del centro de Guadarrama, pese a que se encontraba en una zona protegida y sobre la que no se podía construir. Fernández Rubio fue regidor de Guadarrama a finales de la pasada década.
La denuncia ante la fiscalía la interpuso la sociedad Intor Concesiones SA, que había ganado la explotación de un aparcamiento municipal (190 plazas en propiedad y 173 en rotación) en otra parcela del municipio. La empresa denunció que el terreno usado para el nuevo estacionamiento vulneraba las normas urbanísticas.
Para regularizar el aparcamiento, el Consistorio aprobó un plan especial, pero no lo remitió nunca a la Comunidad para que le diera el visto bueno. “Talaron los árboles que había en la zona y lo pavimentaron, pese a ser un suelo protegido”, resume Pablo Prieto, consejero delegado de Intor Concesiones, representado por el abogado José María Garzón.
El exalcalde de Guadarrama aseguró a EL PAÍS que la actuación del Ayuntamiento fue lícita y que se produjo al amparo de la Ley Regional del Suelo. “Se envió el plan especial a la Comunidad, pero nunca contestaron”, relató Fernández Rubio, que recuerda que dejó este Ayuntamie nto serrano en 2008. El regidor ha recurrido también la admisión a trámite de la denuncia, ya que la actual corporación municipal ya ha regularizado el uso del terreno.
En la denuncia también están imputados la actual regidora, Carmen María Pérez del Molino, y el secretario municipal en aquellas fechas.
* El País - F. JAVIER BARROSO - 22.4.15
Foto: Las Rozas (Madrid), vista aérea - elpais
La Audiencia de Castellón juzgará por prevaricación al número dos de Carlos Fabra
La provincia de Castellón ha estado inmersa en una enorme trama corrupta desde los más altos cargos de la Diputación del PP, así ha ocurrido con el 'lotero' expresidente C.Fabra y con su número 2 y actual alcalde de Vall d'Alba, F.Martínez. Junto a varios cargos imputados más, entre los que está el exalcalde de Borriol, se les ha abierto juicio oral por dos delitos continuados de prevaricación, cuatro de tráfico de influencias, siete de fraude ilegal y uno de negociaciones prohibidas en relación con la expropiación de unos terrenos donde se iba a construir la depuradora de Borriol.
"ELDIARIO* : La Audiencia Provincial de Castellón enjuiciará al alcalde de Vall d'Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez (PP), y al exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado de Instrucción número 2 ha dictado hoy la apertura de juicio oral contra Martínez, Santamaría y otras cinco personas (Andrea Martínez Tena, Fancisco Martínez Tena, Raúl Babiloni Llidó, Ignacio Sangüesa Roger y Luis García del Campillo).
Sobre ellos pesan las acusaciones de dos delitos continuados de prevaricación, cuatro de tráfico de influencias, siete de fraude ilegal y uno de negociaciones prohibidas en relación con la expropiación de unos terrenos donde se iba a construir la depuradora de Borriol.
El caso se hizo público tras la denuncia del grupo Compromís en Borriol, el mismo día en el que iba a probarse en el pleno del municipio la expropiación de los terrenos para la depuradora, a un precio, "seis veces mayor al normal" y a una empresa, Franvaltur, que resultó ser propiedad de los hijos de Martínez y en la que éste también poseía parte del accionariado.
Esto provocó que el presidente de la Diputación, Javier Moliner, cesara a Martínez como vicepresidente de la Diputación. El ahora procesado abandonó, meses más tarde, su acta de diputado provincial, pero ha mantenido la alcaldía de Vall d'Alba.
El caso de la depuradora provocó también la dimisión de Adelino Santamaría como diputado provincial, quien poco después dejó también su cargo como primer edil de Borriol alegando que lo hacía "por jubilación".
Aunque varias de las partes personadas en la causa presentaron recurso contra el auto de transformación de procedimiento (equivalente al de procesamiento), ese recurso no supone la paralización del procedimiento, por lo que el juzgado ha continuado la tramitación de la causa.
El auto, dictado el 13 de abril, señala a la Audiencia Provincial como órgano competente del enjuiciamiento. El siguiente paso será una resolución en la que se fije el plazo que las partes tendrán para presentar sus respectivos escritos de acusación y defensa.
* El Diario - EFE - 17.4.15
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra y exvicepresidente Martínez - elmundo
El Supremo anula el plan urbanístico de González Panero en Boadilla
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Boadilla (Madrid) fue durante años uno de los centros de corrupción de la trama Gürtel, al menos mientras estuvo al frente del Ayuntamiento el 'popular' G.Panero. Una de las mayores ilegalidades cometidas fue el aprobar el Plan General en 2002, que iba a construir desaforadamente en el municipio hasta doblar la población y que recibió el visto bueno de la cómplice Comunidad. Todo ello preparado para favorecer a empresas de la trama corrupta, naturalmente. Lo que no es fácil de explicar es que la justicia haya tardado 13 años (trece) en anular este Plan urbanístico mafioso 'de libro'.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte aprobado en 2002 por la corporación municipal del entonces alcalde, Arturo González Panero (PP). Panero, conocido como El Albondiguilla en las conversaciones de la red Gürtel, desempeñó el cargo entre 1999 y 2009, cuando dimitió por su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama de corrupción.
La sección cinco de la sala de lo contencioso aprecia en su fallo, del pasado 3 de marzo, que hubo un defecto de forma que inhabilita el desarrollo urbano ideado por el exregidor, que pretendía doblar la población de la localidad, hasta las 85.000 personas, y al que la Comunidad de Madrid dio el visto bueno en 2012.
El defecto de forma que terminó por tumbar el plan urbanístico de 2002 fue la falta de documentación sobre convenios urbanísticos que reclamaba el PSOE y que no estaba en el primer acuerdo de aprobación provisional de 2001, y que se facilitó esa legislatura, señalan desde el Ayuntamiento.
Consciente de las sombras sobre la viabilidad del PGOU, Antonio González Terol, alcalde desde 2011 y también del PP, ha dedicado la legislatura a diseñar, en previsión de la sentencia del Supremo, un nuevo plan que garantice la seguridad jurídica del urbanismo del municipio, que ahora mismo cuenta con 49.300 habitantes.
Anticipándose a los acontecimientos, el pleno municipal aprobó a finales del pasado marzo un nuevo PGOU —la previsión es que el Ejecutivo autonómico de Ignacio González (también del PP) lo sancione antes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo— que corrige el eliminado, incluyendo más zonas protegidas y limitando la expansión de ladrillo que imaginó González Panero. En concreto, no reclasifica suelo rústico ni incrementa el número de viviendas del municipio o la edificabilidad máxima prevista en el plan anterior.
“Nos hemos olvidado de épocas anteriores: el techo de población no alcanzará los 70.000 habitantes”, afirma Miguel Ángel Ruiz, concejal de Urbanismo. La previsión es que la población de Boadilla no supere ese techo en los próximos 15 años. El motivo es que el plan impide la creación de nuevos desarrollos urbanísticos y se limita a consolidar los ya existentes, “necesarios para seguir creciendo en servicios y multiplicar la oferta comercial”, según el Ayuntamiento.
El PGOU recientemente aprobado por Boadilla también eliminaría la incertidumbre que pudiera generar la anulación del vigente hasta ahora entre los vecinos e inversores de Boadilla, ya que ello impediría la concesión de licencias para nuevas viviendas (también las de protección oficial) u obras por parte de las empresas, una situación que habría paralizado el desarrollo normal del municipio. “Lejos de entender que el PGOU estaba vigente, hace tres años iniciamos la elaboración de un nuevo plan urbanístico para, en caso de que se anulase el anterior, tener otro que diera seguridad jurídica al municipio”, apuntan desde la concejalía de Urbanismo.
El Consistorio esgrime que interpuso diferentes recursos ante el Supremo para, entre otras razones, postergar su decisión y ganar tiempo a fin de crear el nuevo plan. Este fue sometido por primera vez a información pública hace un año: el Ayuntamiento ha aceptado casi un centenar de sugerencias de vecinos, el 70% de las recibidas, para su elaboración.
Por tipos de suelo, Boadilla dispondrá de 24,6 millones de metros cuadrados de suelo urbano, de los que un millón son urbanizables y 21,6 millones son no urbanizables protegidos. El futuro plan general no agota el suelo urbanizable de la localidad, ya que en la zona sur de la Ciudad Financiera quedan 1,5 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable no sectorizado, de los que el 70% son propiedad del Ayuntamiento; se han reservado para futuros equipamientos.
El nuevo plan aumentará la protección medioambiental de zonas de valor ecológico que hasta ahora no estaban preservadas. Los grupos ecologistas reconocen esta mejora, aunque creen que podría ser mayor. “Hemos aprovechado para proteger mucho más el monte, quitando zonas que antes eran urbanizables y que hemos protegido como monte”, señala Miguel Ángel Ruiz. El edil de Urbanismo destaca la protección de la finca de la finca La Milagrosa, así como el entorno del Palacio del Infante Don Luis, edificio en rehabilitación, “para favorecer la adecuada conservación del patrimonio histórico”.
* El País - José Marcos - 22.4.15
Foto: Boadilla (Madrid), el exalcalde Arturo_Gonzalez_Panero y el actual Juan_Siguero (archivo) - elpais.com
