Los errores urbanísticos amenazan a Sanxenxo con la bancarrota

El centro turístico por antonomasia de la provincia de Pontevedra, Sanxenxo, se encuentra en una deplorable situación urbanística y, como consecuencia, económicamente endeudado hasta las cejas. Los sucesivos gobiernos municipales del PP, tras un Plan General desastroso de la época del alcalde Telmo Martín, hoy diputado nacional, están ahora implicados en numerosas causas por delitos contra la Ordenación del Territorio. Al menos hay 19 imputados municipales que deberán pasar por el banquillo prontamente (es de esperar), entre ellos la actual alcaldesa. Derribos, indemnizaciones y expropiaciones pendientes son los motivos urbanísticos que asfixian las finanzas municipales, y lo harán aun durante decenios.
"ELPAÍS* : La política urbanística de Sanxenxo ha generado un lastre financiero insoportable para la ya debilitada economía municipal, 15 años después de la aprobación de un plan general cuyos patentes errores castigados por los tribunales crearon una de las mayores burbujas inmobiliarias en la costa gallega. El principal centro turístico de las Rías Baixas sigue acumulando un nivel de endeudamiento que hipotecará las arcas municipales hasta al menos la mitad de este milenio.

Con 19 imputados por dudosas licencias urbanísticas, entre los que se encuentran políticos (como la alcaldesa, Catalina González, del PP, y la actual secretaria de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas), técnicos y promotores, implicados en presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y la administración pública, el gobierno local tiene que acatar en el horizonte más inmediato la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le obliga a expropiar una parcela de 3.000 metros cuadrados declarada zona verde en el centro urbano. La ejecución del fallo llega cuando el municipio ya está pagando por otros errores urbanísticos un millón de euros al año más intereses y debe afrontar otros casi cinco por indemnizaciones y derribos pendientes. El precio de la expropiación que se debate ahora en los tribunales podría ser la vuelta de tuerca para acabar estrangulando sus exiguos ingresos desde que la crisis obligó a cerrar la Xerencia de Urbanismo, creada para administrar la euforia de la época dorada del ladrillo, que llegó a multiplicar por cuatro el actual presupuesto municipal (de unos 30 millones). Este fallo judicial amenaza al Ayuntamiento desde 2008, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG admitió parcialmente la demanda de los propietarios de la parcela a partir de los planos del plan general aprobado en 2003 cuando era alcalde el hoy diputado nacional del PP Telmo Martín. El caso inicia su recta final después de que los dueños, los hermanos Rocafort, hayan presentado ante el Xurado de Expropiación de Galicia una tasación de 47 millones de euros basándose en los precios vigentes cuando el plan entró en vigor, al comienzo del bum.

Los propietarios intentaron anular el Plan de Ordenación que calificó como zona verde la parcela situada en la Rúa das Cunchas, en la segunda línea de la playa de Silgar, y exigieron que se les diera los mismos derechos de edificación que a las fincas colindantes. Uno de los motivos para impugnar el documento urbanístico fue la ausencia de un estudio financiero sobre las actuaciones previstas, además de un flagrante error que afectaba a la parcela en litigio: la empresa que elaboró el documento, Interurban, adscribió la finca en litigio a la zona de Canelas, en Portonovo, que se encuentra a dos kilómetros de distancia y con unas características de suelo diferentes. El TSXG enmendó ese error en 2008 y acordó que el Ayuntamiento debía expropiar la finca. Eso sí, “aun admitiendo como irregular la actuación de la Administración municipal demandada”, el tribunal desestimó la anulación del conjunto del plan de urbanismo que había sido aprobado cinco años antes. El Ayuntamiento ha intentado todos los recursos legales posibles para retrasar lo inevitable, pero el asunto está de nuevo en el TSXG, ahora para que la misma Sala de lo Contencioso determine el precio final de la expropiación. El consistorio esperó hasta el último momento para impugnar la tasación de los propietarios, mientras el Xurado de Expropiación estipulaba en 3.010.872 euros el valor de la parcela, a los que hay que sumar otro medio millón de euros hasta la fecha por los intereses acumulados.

Los propietarios han recurrido las estimaciones del Xurado de Expropiación y elevan notablemente sus exigencias basándose en los parámetros de edificabilidad de la parcela si esta se hubiese declarado urbanizable como las otras fincas colindantes. Además, los hermanos Rocafort señalan que Xurado ha reducido la superficie real a 1.750 metros cuadrados y les ha otorgado un valor de 1.800 euros por metro, cuando ellos defienden que el justiprecio debe ascender a 14.000 por metro. También el Ayuntamiento ha recurrido la tasación del Xurado. Mientras el caso se dirime en los tribunales, los intereses que van engordando la cuenta para la Administración municipal suman 100.000 euros al año.

El TSXG deberá dirimir estas diferencias sobre la superficie y los bienes a valorar, que, en ningún caso, serán inferiores a los tres millones, más intereses, que ya fijó el Xurado de Expropiación. Aunque el fallo judicial está aún en el aire, expertos consultados apuntan a que lo habitual en casos como este es que el finiquito esté muy por encima del que determina el Xurado y muy por debajo del que reclaman los propietarios. Las mismas fuentes señalan que, de mantenerse esa línea de actuación, la cifra final podría rondar los 10 millones de euros.



Agobiados por las deudas

El Ayuntamiento de Sanxenxo ha tenido que hacer muchos números para encajar otro de los errores más flagrantes de su anterior gobierno local: el pago de 3,8 millones de euros a tres constructoras y la censura de los tribunales a la decisión política, amparada en una cláusula de la Lei de Ordenación do Territorio, de que los promotores pagasen en dinero el coste de las viviendas públicas que estaban obligados a entregar a cambio de levantar dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro.

Con 12 millones de deuda que ya arrastraba antes de ese último fallo judicial, el Ayuntamiento ha ido aumentando el lastre de los pelotazos urbanísticos en la misma medida que ha crecido su recurso a los préstamos bancarios. Y aún sigue enredado en otros procesos judiciales, como el de una parcela para una Ciudad Deportiva, que amenaza con acabar en otro quebranto económico para las arcas municipales. Un suma y sigue que ha puesto en bandeja los argumentos para una oposición (PSdeG, BNG y los independientes de SAL) que no ha hecho otra cosa que reaccionar con la calculadora en mano ante cada varapalo de los tribunales para echar cuentas de cuántos años estará endeudado el Ayuntamiento y qué porcentaje le saldrá a pagar a cada vecino.

Entretanto, un juez de Cambados ha pedido la ampliación de algunas pruebas documentales que obran ya en la causa abierta contra el gobierno local por licencias urbanísticas supuestamente ilegales. La Audiencia de Pontevedra tiene pendientes de resolver ocho recursos presentados contra el auto de imputación y contra el desglose de la causa en cinco piezas separadas. La alcaldesa, Catalina González, del PP —imputada junto a la que fuera responsable local de urbanismo y actual secretaria general de este departamento en la Xunta, Encarnación Rivas— afrontó esta etapa con una tesorería al borde de la quiebra y unos presupuestos prorrogados que han recortado los proyectos de inversión. González, que anunció su despedida hace unos meses, ha dado muestras de que ahora está reconsiderando esa decisión. Y en algunos círculos del PP se especula con la vuelta a la vida municipal del exalcalde y actual diputado Telmo Martín.



* El País - Elisa Lois - 3.1.15
Foto: Sanxenxo - mma

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La impresentable planificación urbanística de La Marina Baixa con la población en descenso

La provincia entera de Alicante no hay por donde cogerla urbanísticamente, los excesos salvajes y los pelotazos de libro han alcanzado tanto a la Marina como a la Vega o a la propia capital. Estos desastre planificadores se están viendo ahora, en plena crisis, donde abundan edificios vacíos, negocios ruinosos, obras y planes sin acabar, etc. Mientras tanto, hay pocos responsables públicos o privados que hayan pagado por semejante derroche territorial, o sea de todos. Pero lejos de reconocer los errores, hoy en día se siguen realizando Planes de Ordenación en importantes municipios, como Altea, L’Alfàs del Pi y La Nucia, sin tener en cuenta una planificación territorial del conjunto. Otro disparate más.
"MARINAPLAZA* : La discusión de qué fue primero, si el huevo y la gallina, puede llevar a cualquier pregunta de semejante jaez. Por ejemplo, para el caso del desarrollo urbanístico, ¿qué debe llegar antes, la demanda de suelo y vivienda o su oferta a borbotones? Las consideraciones que se hagan tienen un evidente cariz económico, pero atesoran una carga mucho mayor de rentabilidad social porque la ordenación del territorio afecta directamente al entorno de todos los ciudadanos, es decir, a su día a día.

Sin embargo, con la población de La Marina Baixa en descenso, con miles de viviendas vacías esparcidas por su territorio y con centenares de miles de metros de suelo urbanizado y planes parciales completos donde todavía no se ha puesto un ladrillo, seis municipios de la comarca están revisando su Plan General sin una mínima planificación territorial de conjunto, lo que todavía es más grave si se tiene en cuanta que tres de estas localidades son vecinas: Altea, L’Alfàs del Pi y La Nucia. Y a mayor abundamiento, las dos primeras comparten equipo redactor de su nuevo PGOU. Las otras tres, Finestrat, Relleu y Orxeta ni siquiera suman 10.000 habitantes entre todas, sus cascos urbanos están en el interior, pero siguen pensando que ver el mar a 10 kilómetros de distancia o la lámina de agua de un pantano casi seco desde un adosado puede arrastar a miles de personas a estas localidades, aunque nadie sabe muy bien con qué objetivo.

La población de la comarca ha pasado de los 193.165 habitantes de 2010 a los 198.040 con que cerró 2013. Es decir, en cuatro años ya solo había crecido un 2,5% frente al 45% de incremento de la década anterior entre 2000 y 2009. En este último porcentaje -y en el pensamiento definitivamente instalado entre la ciudadanía de que el crecimiento es necesario- radica uno de los ejes en los que se ha basado el expansionismo urbanístico que ha provocado heridas paisajísticas tan profundas que serán difícilmente sanables. Es más, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) que la Generalitat presentó en 2009 para el periodo 2010-2030 marca un crecimiento poblacional para la Marina Baixa del 1,6% anual acumulado, que ya no se cumplía.

A mayor abundamiento, la realidad ha sido justo la contraria y con el año finalizado, la comarca habrá perdido a lo largo de 2014 ni más ni menos que 7.612 habitantes, lo que supone más de un 4% de su población con respecto al año 2013, según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística. En otras palabras, la población de La Marina Baixa ha descendido a niveles de 2008 y las previsiones de la ETCV han saltado por los aires.

Es evidente que la autonomía municipal ha derivado en una especie de autismo político que ha llevado a muchos políticos locales a vestir unas orejeras que no les han dejado tener la necesaria visión periférica. Las competencias urbanísticas son locales y eso, que ya de por si es cuestionable, ha provocado daños colaterales ahora muy de moda: la famosa corrupción. Bastaría con repasar los nombres, los conocimientos y la capacidad de algunos concejales de Urbanismo que, ya sea arropados por su alcalde o directamente por su partido, emprendieron una enloquecida carrera por tener al menos su propio campo de golf y su macrourbanización para ricos. El último y mas flagrante caso ha sido Callosa d’En Sarrià con el PAI Anibits Margequivir. Allí, el PP, el PSPV y hasta Compromís sucumbieron a los influjos de un PAI imposible, anulado por segunda vez por el TSJ valenciano.

El objetivo del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, prácticamente desde que accedió al cargo en 2001, ha sido el desarrollo urbanístico residencial de su municipio, sin más criterio que ocupar suelo por intereses particulares y la megalomanía que ha afectado especialmente a este regidor. La aprobación de los sectores de La Serreta, Pie de Monte y Algar, que suman casi siete millones de metros cuadrados, prevén la construcción de 11.461 viviendas. Como no los ha podido sacar adelante mediante la reclasificación del suelo y los tres están empantanados tras estallar la burbuja inmobiliaria, lo que por otro lado le puede ocasionar un roto económico relevante a las arcas locales, Cano ha optado por la revisión del Plan General, pero incluyendo el mismo suelo de estos sectores.

La memoria justificativa de la propuesta de revisión del PGOU de La Nucia aboga por el modelo extensivo de crecimiento. Entre 2001 y 2009 el municipio multiplicó por tres su población (pasó de 6.587 a 17.874 habitantes), una operación que con el nuevo PGOU en tramitación podría volver a repetirse. ¿Es necesario? ¿Hay demanda? No, evidentemente. Ese crecimiento de La Nucia, además, se prevé de espaldas a dos municipios limítrofes: Altea y L’Alfàs. Ambas localidades han contratado a la misma redactora para la revisión de su plan general: Rosario Berjón Ayuso, quien en su día ejerció de secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante.

En realidad, Cano, más allá de la simpatía con la plana mayor de la trama Gürtel, se ha guiado hasta ahora por su interés en aparecer como el gestor ideal, cuando lo que hizo fue utilizar la fórmula de la permuta a cambio de suelo público en los tres futuros PAIs para construir el retén de la Policía Local, los ocho centros sociales de las urbanizaciones, la renovación de la Seu Universitària, la guardería municipal, los auditorios de La Mediterrània y Les Nits y sus infraestructuras anexas, una biblioteca, las fuentes de las rotondas de la CV-70 o mobiliario urbano en general. Convirtió en norma lo que legalmente es una excepción con la aquiescencia del Consell, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló varias permutas porque no se justificaba su urgencia. Solo en una de ellas, Cano cedió la titularidad de nueve fincas que sumaban más de 350.000 metros de suelo que debía acabar siendo urbanizable, la mayoría en La Serreta, a cambio de obras por un valor de casi 17 millones de euros. Nada que no hubiera podido hacer cualquier otro político, aunque para ello haya que atesorar una capacidad temeraria poco común para eludir la prudencia que debería salvaguardar estas actuaciones.

El L’Alfàs del Pi inició el proceso de revisión del Plan General -en vigor desde 1987- en 2003 con el voto unánime de todos los grupos municipales. A finales de octubre de 2006, el equipo redactor presentó el Concierto Previo del nuevo Plan General para su estudio y sometimiento a información pública. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2006, el pleno acordó suspender los trabajos de revisión del Plan General hasta celebradas las elecciones municipales de mayo de 2007. En 2008 se redactó la primera versión preliminar y se remitió a Conselleria.

El motivo de aquella suspensión estaba relacionada con la filtración de planos y la compra masiva de suelo que iba a reclasificarse, según reconoció el propio alcalde, entonces el popular Gabriel Such, quien llegó a recomendar al futuro gobierno (en 2007 ganó las elecciones el PSPV) que lo tirara a la basura y redactara uno nuevo. La oposición, entonces formada por el PSPV, Aidda y l’Entesa, anunció denuncias en Anticorrupción y también amenazó con querellarse contra ellos el regidor del PP

La cuestión es que el nuevo planeamiento incluido en el PGOU aumenta la superficie de suelo no urbanizable del 50 al 56% de un total de 19 kilómetros cuadrados de término municipal, dejando el parque natural de Serra Gelada al margen, si bien recoge hasta 26 áreas de reparto distribuidas por el resto del término municipal. Antes de concluir la tramitación del PGOU el gobierno local desclasificó casi dos millones de metros cuadrados y dio carpetazo a seis expedientes de construcción, iniciados en su mayoría en el año 2003 en diferentes puntos del término municipal, básicamente en el extrarradio del casco urbano porque eran zonas con un “alto valor paisajístico y medioambiental. Se trataba de los sectores Cautivador III y IV, Park del Sol, Pla de la Serra, Romeral II y Finca Bodega.

El PGOU de Altea está vigente desde 1982, cuando fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Aquel documento clasificó como suelo urbanizable áreas de un gran valor ecológico y paisajístico actualmente protegidas, si bien el desarrollo urbanístico de la década del urbanismo descontrolado, la pasada, provoca que la población creciera casi un 50% en la localidad, aunque el desarrollo de urbanizaciones de baja densidad con edificaciones aisladas se ha compensado con un crecimiento moderado de los dos núcleos de población más importantes.

De acuerdo con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, habría que prever suelo urbanizable en Altea para 33.424 habitantes, ya que el crecimiento previsto en el periodo 2010-2030 es de un 37,3%. Esto supondría pasar de las casi 15.000 viviendas actuales a 19.680, o sea, construir 5.353 viviendas nuevas en Altea. Sin embargo, en 2014 su población descendió en 1.815 habitantes y desde 2010 hasta ahora ha perdido unos 1.500. Y a pesar de que el PGOU está vigente 32 años, no se han desarrollado una gran parte de los suelos urbanizables que recogía: IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, IT-5, IT-6, IT-9 e IT-10. De hecho, de los 15 sectores previstos, solo cuentan con ordenación aprobada cuatro, en dos de ellos ni siquiera de ha presentado iniciativa alguna y hay dos sectores industriales pendientes de adjudicación por la Comisión Territorial de Urbanismo. ¿Necesita Altea algo más que no sea adaptar su PGOU a la actual realidad jurídica? Parece que no, que le sobra suelo urbanizable para décadas. Incluso ha desclasificado el plan parcial de Alhama Spring por el valor medioambiental de sus 80.000 metros cuadrados.

Berjón también ha redactado el nuevo PGOU de Relleu, que ha pasado del intento de reclasificar cinco sectores de suelo no urbanizable para uso residencial/hotelero, que sumaban una superficie conjunta de 2,7 millones de metros cuadrados y una edificabilidad de 593.721 metros cuadrados de techo, a reclasificar dos sectores, uno de 66.859 metros colindante con el casco urbano actual y otro de 68,44 hectáreas que linda con el término municipal de Orxeta, donde haría falta que el futuro urbanizador ampliara en más de un kilómetro la antigua carretera del pantano para darle acceso al sector. La colmatación de ambos supondría la construcción de 2.110 nuevas viviendas y 4.50o nuevos habitantes, lo que multiplicaría casi por cuatro la población actual del municipio.

Respecto al anterior Plan General que el Ayuntamiento aprobó provisionalmente en 2007 y el Consell tumbó, el suelo urbanizable pasa de ser el 3,56% del término municipal al 0,98% de sus 7.690 hectáreas. En la versión preliminar del nuevo plan aprobada el pasado pleno, se quedaría como suelo no urbanizable el 98,30% de su superficie y un 52,64% estaría protegido.

Sin embargo, este nuevo plan general deja un resquicio de cara al futuro, ya que también establece una reserva de suelo en la partida de Muscarets que supone el 2,47% de todo el término municipal (casi 1,9 millones de metros más), que se corresponden con parte de sectores clasificados como urbanizables en la anterior propuesta y que podrán ser objeto de desarrollo urbanístico en el futuro en el momento que las condiciones socioeconómicas y legislativas así lo permitan, para lo que, además, deberá observar las directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio del PGOU. Es decir, que deja la puerta abierta a seguir urbanizando. En realidad, si se suma el 0,98% de suelo urbanizable en el término municipal propuesto en este nuevo PGOU y el 2,47% de la reserva de suelo citada, el resultado (3,45%) es casi el 3,56% que pretendía urbanizar el anterior plan.

Pegado a Relleu está Orxeta, un municipio de 875 habitantes que en 2012 empezó también a perder población, pero que tiene en tramitación su primer Plan General de Ordenación Urbana con la pretensión de que el Consell le apruebe cuatro nuevos sectores residenciales para reclasificar 2.253.374 metros cuadrados liberando la protección de su huerta y así poder construir unas 3.500 viviendas nuevas, un hotel y un campo de golf. Por cierto, un PGOU del que nada se sabe desde hace años y que está paralizado en la Comisión Territorial de Urbanismo sin visos de que pueda salir adelante.

En el Estudio de Paisaje que se expuso en su día se hablaba de “crear un nuevo foco de atracción turística en el municipio de manera que se potencie el crecimiento económico de Orxeta frente a otros focos de atracción turística del litoral”. El alcalde que impulsó este primer Plan General de Orxeta, Vicente Llinares, del PSPV, declaró en 2006: “Estamos hablando de convertir la huerta en un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cinco estrellas”. Entonces auguraba que “todo eso traerá riqueza, trabajo y turismo de calidad”. Era el argumento entonces de moda. Ningún alcalde, del partido que fuera, podía permitirse el lujo electoral de perder ese tren. Y no solo pasó de largo, sino que sus previsiones no han podido quedar más lejos de la realidad. Han traído un mayor abandono de su huerta, un mayor desastre paisajístico y se antoja difícil imaginar ni siquiera a largo plazo que Orxeta pueda tener un campo de golf y viviendas de lujo en su entorno.

Como ya publicó LA MARINA PLAZA, a pesar de que 18 de los 32 sectores que recogían las normas subsidiarias de Finestrat no se han edificado, el anterior Consistorio presidido por Miguel Llorca, del PSPV, y el actual, del que es alcalde Honorato Algado desde 2007, han previsto el desarrollo de 6.706.429 metros de suelo urbanizable, donde se contempla la posibilidad de construir 10.583 viviendas y convertir Finestrat en un municipio con una población de 33.856 habitantes, todo ello bajo el parámetro de que cada vivienda se construiría sobre 150 metros cuadrados y habría 3,2 habitantes en cada una de ellas.

El nuevo documento que se está tramitando consiste básicamente en “la asunción de la totalidad del suelo urbano y urbanizable” actual “y además los sectores reclasificatorios de las normas subsidiarias que han superado el proceso de exposición pública, es decir los sectores el Arquet y La Pedrera, abarcan 1.685.450,05 y 485.940,49 metros cuadrados, respectivamente”. Esto es, que a los 6,7 millones de metros hay que añadir otros dos millones más para alcanzar los casi 9 millones de metros cuadrados expuestos al ladrillo.

Así que el Consell, en su propuesta y análisis de alternativas al escenario adoptado por el Ayuntamiento, asegura que “el planteamiento de alternativas al modelo territorial actual que incluyen nuevos desarrollos no parece, a la vista de la gran cantidad de suelo vacante en los sectores urbanizados o del escaso/nulo desarrollo de sectores aprobados, estar justificado”. “Por tanto, las alternativas deberían elaborarse en sentido contrario, es decir, estableciendo criterios y normas encaminadas a completar la edificación del suelo ya urbanizado y a revisar la viabilidad de los sectores no desarrollados discordantes con los valores o limitaciones del territorio identificados en la fase de diagnóstico”.

Cabe añadir que Relleu, Orxeta y Finestrat -como La Nucia, L’Alfàs y Altea- también son limítrofes entre sí y que a pesar de la gran cantidad de derivaciones que ello conlleva, los tres han tramitado de espaldas a su vecino el documento de planeamiento de sus términos municipales.

Capítulo aparte merecen algunos casos que no tienen que ver con la revisión de planes generales, pero que han ocasionado daños colaterales muy relevantes. Es el caso de Sella, donde el plan parcial Saleres, tramitado mediante la reclasificación de suelo, pretendía construir 180 viviendas y duplicar la población de uno de los pueblos con más encanto de la comarca. Ahora, lo que queda de aquel proyecto, que provocó la dimisión del alcalde Vicente Mas, del PP, y otro concejal popular porque tenían suelo en el sector y no lo podían aprobar con su voto, es una inmensa herida del tamaño del casco urbano.

En Callosa d’En Sarrià el TSJ ha anulado el plan parcial Anibits Margequivir y el Plan General en lo que afecta a este sector, lo que implicará su reformulación. Y en Benidorm las cosas han funcionado al revés. El único municipio de La Marina que podía justificar su crecimiento, entre otras cosas porque tiene el precio de la vivienda más caro de la Comunidad Valenciana, ha visto como planes parciales que deberían estar desarrollados hace ya años, como Armanello o El Murtal, lo que habría permitido cerrar la trama urbana e integrar zonas muy degradadas del término municipal, siguen bloqueados judicialmente porque sus promotores, Enrique Ortiz y Francisco Gómez (alias El Paloma), los adjudicatarios de la urbanización, prefirieron pleitear intentando colar condiciones ilegales al resto de los propietarios de suelo en el sector.

Capítulo aparte merecen los mercenarios de todo tipo que han pululado alrededor de las redacciones de estos planes generales. Gabinetes, estudios y técnicos de todas las disciplinas se han convertido en pistoleros del ayuntamiento que los contrataba para redactar informes a la carta de las peticiones de políticos de medio pelo, a los que les ha importado una higa el interés general y la verdadera trascendencia de lo que estaban haciendo.


* La Marina Plaza - 2.1.15
Foto: Marina Baja (Alicante), vista - marinaplaza

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Cataluña.- La posible quiebra de una autovía puede obligar a la Generalitat a asumir un rescate de 280 millones

Siguen los rescates multimillonarios a obras públicas realizadas 'alegremente' por las administraciones al calor de evidentes pelotazos urbanísticos. La autopista C­17, entre Centelles (Barcelona) y Ripoll (Girona), se construyó mediante el sistema del peaje en la sombra, actualmente muy cuestionado porque supone un enorme encarecimiento financiero de las obras. Debido al despilfarro político y a la falta de un realista estudio técnico, el tráfico de vehículos ha sido claramente insuficiente, como ha ocurrido con numerosos ejemplos por toda la geografía, lo cual ha llevado a la quiebra de todo el sistema de planificación que, ahora, pagarán seguro todos los ciudadanos y por duplicado.
"PÚBLICO* : La sombra del multimillonario rescate público de las autopistas radiales de Madrid y la indemnización de 1.350 millones a Escal UGS -sociedad controlada mayoritariamente por la constructora ACS, que preside Florentino Pérez- por el cierre del almacén submarino de gas Castor, planea ahora sobre la C-17, una autovía catalana de 49 kilómetros que discurre entre Centelles (Barcelona) y Ripoll (Girona).

Cedinsa Ter, la empresa que construyó la vía rápida y tiene la concesión para explotarla, está al borde de una quiebra que supondría un nuevo rescate multimillonario con fondos públicos. En este caso, sería la Generalitat de Catalunya la que tendría que asumir un coste de 280 millones de euros. La autovía fue financiada con el sistema de peaje en la sombra, un método mediante el cual las empresas constructoras son las que pagan la obra y, posteriormente, cobran anualmente de la administración que encargó la infraestructura, con los intereses correspondientes.

La transformación de la C-17 en una autovía hasta Ripoll se inauguró en julio de 2011, después de cinco años de obras que sirvieron para desdoblar el tramo entre las Masies de Voltregà -cerca de Vic- hasta la población pirenaica. En 2006, el gobierno tripartito adjudicó los trabajos a Cedinsa Ter, que también incluyeron la mejora del tramo entre Centelles y les Masies de Voltregà. A cambio de construirla, la concesionaria se garantizó su explotación durante 33 años. Cedinsa Ter invirtió 312 millones de euros en una infraestructura, que la Generalitat pagaría anualmente hasta el 2039 en función del número de vehículos que la utilicen. La previsión inicial era un tráfico diario de 35.000 vehículos, pero la realidad es que desde su inauguración el volumen medio se ha movido entre los 20.000 y los 25.000, por lo que el gobierno catalán ha pagado menos de lo proyectado por la compañía privada.

Cedinsa Ter, una filial de Cedinsa Concessionària -que, a su vez, está controlada por la constructoras FCC (34%), Comsa Emte (22%), Copisa (22%) y Copcisa (22%)-, firmó en 2009 un crédito de 225 millones para financiar las obras con un consorcio de seis entidades financieras -Caixa Bank, Bankia, Santander, BBVA, Catalunya Banc y el ICO- que venció el 31 de diciembre de 2014. Llegada esta fecha, la compañía no había devuelto el crédito y ahora mismo la principal opción que se baraja, según informó La Vanguardia y confirmaron a Público.es fuentes del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, es una refinanciación del crédito por un período de 20 años, con el aval de la administración autonómica.

En los presupuestos de la Generalitat para el 2015, todavía pendientes de aprobación, se incluye un aval de 222 millones de euros a Cedinsa Ter. Pero no está nada claro que sea admisible, ya que podría suponer un aumento de la deuda pública catalana y, de hecho, la Generalitat está pendiente de un dictamen de su Comisión Jurídica Asesora para saber qué puede hacer. La alternativa es la quiebra definitiva de Cedinsa Ter y la ejecución de la responsabilidad patrimonial de la Generalitat, como administración titular, lo que supondría el pago de un rescate de 280 millones, que incluye el valor del préstamo más las inversiones llevadas a cabo sin financiación bancaria.

Un modelo perverso
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La Generalitat financia obras públicas a través del llamado peaje en la sombra desde la presidencia de Pujol, pero fue el gobierno tripartito el que redobló la apuesta por este sistema, con el socialista Joaquim Nadal como responsable de Obras Públicas. Actualmente, la Generalitat cuenta con casi 350 kilómetros de vías de alta capacidad que operan con el peaje en la sombra, lo que supone un lastre para las cuentas públicas. Según los cálculos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad del gobierno catalán, la Generalitat puede acabar pagando más de 6.650 millones de euros hasta 2041 por unas infraestructuras cuyas obras costaron menos de 1.800 millones. En 2011, durante la inauguración del último tramo de la C-17, el entonces conseller del ramo, Lluís Recoder, lamentó que el coste de la infraestructura pasara de poco más de 300 millones a casi 1.000, como consecuencia de la financiación diferida y el pago de intereses.

En declaraciones a Publico.es, el presidente de la asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) y experto en movilidad, Ricard Riol, subraya que se trata del “peor tipo de peaje posible, porque la administración pública no sólo acaba pagando la obra, sino unos gastos financieros muy altos. Y si no hay tráfico suficiente también acaba rescatando e indemnizando a la concesionaria”. Riol añade que los peajes en la sombra “debilitan a la administración, que se convierte en deudora y ve mermada su capacidad inversora, ya que su presupuesto se ve condicionado por estos pagos”.

El Eje Diagonal, una vía de 64 kilómetros que une Manresa y Vilanova i la Geltrú, fue la última carretera financiada con peaje en la sombra que se inauguró, hace justo tres años. Su construcción corrió a cargo de ACS, con un coste de 380 millones, pero la previsión es que la Generalitat la estará pagando año a año hasta el 2041, con un gasto final de casi 1.400 millones de euros. Otros ejemplos de infraestructuras construidas con este sistema son el Eje Transversal o C-25, cuya obra supuso una inversión de 720 millones pero que hasta el año 2040 conllevará un gasto público de un máximo de 2.600 millones, o la C-16 entre Sant Fruitós del Bages y Berga (Barcelona), que implicará el pago de más de 1.150 millones por unas obras de 266, según los datos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Como alternativa, la Generalitat planteó durante la pasada legislatura utilizar el posible dinero proveniente del fondo de rescate a las vías de peaje para financiar los cánones anuales de los peajes en la sombra, pero la realidad es que el gobierno estatal no ha materializado este fondo. Ricard Riol, por su parte, defiende que las vías rápidas con peaje en la sombra “deben tener un peaje directo, para que paguen quiénes las usen”. El presidente de la PTP añade también que se tienen que “homogeneizar los peajes y hacer una euroviñeta [una tasa para los vehículos pesados] global”.

Un negocio para las constructoras
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En el caso de la autovía C-17, lo curioso es que la hipotética quiebra de Cedinsa Ter no significa que su matriz, Cedinsa Concessionària, pase por un mal momento, ya que el grupo obtiene beneficios gracias a las otras cuatro carreteras de la Generalitat con peaje en la sombra que gestiona con sus filiales Cedinsa Eix Llobregat, Cedinsa d'Aro y Cedinsa Eix Transversal. Cedinsa, por lo tanto, es rentable para sus propietarios, las constructoras FCC -una de las mayores de España y controlada por el magnate mexicano Carlos Slim y por Esther Koplowitz-, Copcisa, Copisa y Comsa-Emte. Esta última, estrechamente vinculada a CiU, es una de las principales compañías del sector en Catalunya y acapara contratos de obra pública durante los gobiernos de Artur Mas, como reveló Crític.

Con los peajes en la sombra, las constructoras privadas tienen el negocio garantizado. Si la vía tiene el tráfico previsto, acabaran teniendo un importante beneficio económico. Si, por el contrario, los números no salen, será la administración que la haya encargado la que tendrá que asumir las pérdidas, como responsable patrimonial. Ricard Riol subraya que se trata de un modelo “totalmente contrario a la movilidad sostenible, ya que estimula el uso del camión y el coche porque la vía se paga entre todos, no a través de los que la usan”. Y es que, como concluye el presidente de la PTP, también en Catalunya se vivió una “burbuja de infraestructuras” y se apostó por un sistema que permitió dotar al territorio con unas carreteras que “no tocaban, porque no se podían pagar”. Eso sí, con un riesgo cero para sus constructoras. Ya pagan los ciudadanos.


* Público - Marc Font - 11.1.15
Foto: Autopistas vacías.- publico

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Cabanas.- Veinte años para demoler un edificio que se construyó ilegalmente

Otra prueba más del caos que gobierna el urbanismo en la gran mayoría del territorio español: en Cabanas (Coruña) se edificó ilegalmente un edificio hace 20 años (veinte), sin que, extrañamente, el Ayuntamiento se percatara de ello. Mientras tanto los vecinos han seguido viviendo en el edificio como si nada, pero ahora, el gobierno municipal quiere ejecutar el derribo del exceso de edificación 'casi permitido'. De nuevo la intervención judicial ha sido nefasta para el caso, ya que la lentitud procesal no tiene razón lógica. Para ser justos aquí se deberían repartir las responsabilidades, incluso económicas, entre el Ayuntamiento poco vigilante, el empresario infractor y la justicia tardía, claramente injusta.
"ELPAÍS* : A Antonio Pérez, ya octogenario, la alegría de estrenar piso en Cabanas en el verano de 1994 le duró bien poco. Tres meses después de comprarlo, y cuando el Ayuntamiento ya le había autorizado el enganche a la red de saneamiento, descubrió que el constructor había edificado dos alturas por encima de lo permitido, que su vivienda era ilegal y que iban a demolerla.

No fue el único. En la misma situación estaban otros siete propietarios de los dos cuartos y dos quintos pisos del edificio O Penso, que suma 28 viviendas construidas en tres fases.

Ayer empezó a correr el plazo que fijó el Ayuntamiento para iniciar la demolición de las dos plantas —cuarta y quinta de la primera fase— levantadas a primeros de los años noventa de espaldas a la normativa. La ley las obliga a derribar para desconcierto de los vecinos que aún las habitan y que “compraron y pagaron sus viviendas legalmente”, recalcan los afectados. “Es que no nos queda otra”, replica el alcalde del municipio costero coruñés, Germán Castrillón, del PP. El regidor está imputado por desobediencia al demorar la ejecución del derribo y explica que ya ha pagado una multa de mil euros de su bolsillo por los atrasos. Dice que no es plato de gusto haber heredado un problema de tal calibre que le va a costar 1,6 millones de euros a las arcas locales —el presupuesto de 2015 asciende a 2,8— sumando los gastos de la demolición (en dos fases) y las indemnizaciones a los vecinos que se quedan sin casa.

En diciembre, el alcalde comunicó por escrito a los propietarios que tenían que dejar sus pisos antes del 2 de enero para iniciar la primera fase de una demolición ya adjudicada en 373.956 euros. Ayer las máquinas no aparecieron porque un vecino solicitó una prórroga de cinco días para retirar sus enseres, pero los dueños saben que terminarán por llegar porque la sentencia judicial es firme y no hay alternativa. En el portal de su edificio cuelga desde hace días una nota informativa “sin firma ni sello oficial de ningún tipo”, critican, donde les indican la fecha de inicio de la demolición, que comenzará por sustituir el ascensor. Una decena de afectados se plantó ayer en el registro del Ayuntamiento para dejar constancia de sus quejas. Argumentan que el proyecto técnico de demolición no incluye normas de seguridad para los vecinos residentes y que el consistorio no les ha proporcionado ninguna alternativa de realojo ni compensación económica. Con los mismos argumentos acudirán el próximo día 8 a los juzgados de Ferrol para solicitar medidas cautelares que congelen o pospongan el derribo.

La demolición de los dos pisos altos del edificio O Penso, más conocido como Elpidio, es el punto final a dos décadas de litigio que terminaron en dos sentencias del Tribunal Superior de Galicia, fechadas en 1994 y 1996 y ratificadas en 2000 y 2001, que certificaron las irregularidades del inmueble y ordenaban el derribo de las dos alturas que no se ajustan a derecho. Fue una construcción de la empresa Prominfer, SL, que aprovechó el desnivel de terreno para levantar dos plantas extra para las que no tenía permiso porque las normas subsidiarias de 1988, que regían a falta de un plan de ordenamiento municipal, sólo permitían bajo y dos plantas. El constructor obtuvo la licencia de la corporación que encabezaba Modesta Anca (PSdeG) y construyó dos pisos más en las dos primeras fases de una construcción diseñada en tres etapas. Los vendió todos. La denuncia que un vecino interpuso en 1990 derivó en una causa que dio tumbos por los juzgados desde octubre de 1994, cuando el Tribunal Superior dictó la primera sentencia certificando la ilegalidad, hasta que se cerró en firme en 2001, confirmando los fallos anteriores.

De los ocho vecinos afectados, sólo Antonio Pérez sigue viviendo allí de forma permanente mientras que otro va y viene, explican los residentes. Antonio se mudó con su mujer a Cabanas a mediados de los noventa buscando un clima más suave que el de As Pontes, su localidad natal, para disfrutar de la jubilación cerca de la playa. Cumplidos los ochenta, continúa viviendo en el piso que le van a tirar y que se ha negado a pintar en los últimos años porque “era tontería”, explica su hijo Rafael. Este resalta que O Penso se ve “en línea recta” desde el mismísimo Ayuntamiento. “Vieron cómo se construía a diario”, lamenta Pérez. Ni la comisión de gobierno de entonces ni el constructor “han sido penalizados por la justicia mientras que los propietarios estafados van a tener que salir corriendo de sus casas, cargando con sus trastos y siendo desposeídos de unas viviendas que compraron legalmente”. Las indemnizaciones por daños y perjuicios tardarán en llegar, se quejan los afectados, la mayoría jubilados, y temen que ellos “ya nunca las van a ver ingresadas”.


* El País - Lorena Bustabad - 2.1.15
Foto: Edificio que será demolido parcialmente en Cabanas (A Coruña) / CABALAR (EFE)

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Un movimiento ciudadano lucha contra la última cacicada urbanística de Marbella

En Marbella, a pesar de haber acaecido el caso de corrupción urbanística más grave de los sucedidos en el país en los últimos años, parece que el Ayuntamiento no termina de aprender la lección. Ahora la alcaldesa 'popular', A.Muñoz, pretende ceder unos terrenos a la vecina localidad de Benahavís, con el objetivo único de que su gran mansión, en ellos ubicada, sea legalizada con el intercambio territorial, ya que en el lugar donde actualmente la posee es zona rústica y, por tanto, ilegal. Los vecinos, hartos de estos políticos corruptos de pacotilla, están sublevados y tratan de denunciarlo públicamente.
"ELCONFIDENCIAL* : Marbella intenta evitar que se entregue "ni un metro más de su municipio para otra población". Así reza el eslogan de un nuevo movimiento ciudadano, similar al que puso fin al proyecto de la construcción de los rascacielos en la ciudad, que fue paralizado por el consistorio marbellí. La indignación del pueblo ha crecido estos días ante la inminente entrega de 170.000 metros cuadrados de terrenos de su término municipal de gran valor al pueblo vecino de Benahavís. “Y sólo por el mero hecho de que la alcaldesa del PP de Marbella, Ángeles Muñoz, tiene su gran mansión ubicada en estos mismos terrenos".

De esta manera su vivienda, ahora en suelo no urbanizable, rústico y construida de forma cuando menos irregular y expuesta a posibles sanciones e incluso a la demolición, será legalizada. Una vez más los interés privados de un político priman sobre los interés del pueblo y no estamos dispuestos a consentirlo”, señala a El Confidencial Carola Herrero, arquitecto y miembro de la creación de esta plataforma ciudadana denominada "No Deslindes Marbella".

Los creadores del colectivo "Ni un metro de Marbella para otra población" tienen clara su posición. El grupo funcionará al margen de partidos políticos. Uno de los generadores de este movimiento a través de las redes sociales, Miguel Lima, explica que desde que se creó esta iniciativa el día de Reyes “llevamos casi mil firmas y necesitamos concienciar a la ciudadanía con los actos que vamos a organizar para que firmen muchos más”.

Miguel y el resto del colectivo quieren puntualizar que funcionarán al margen intereses de partidos, cuyos militantes pueden participar a título personal. Lo que sí harán los grupos políticos que cuentan con ediles en el Ayuntamiento es trabajar desde esta institución para velar por la defensa de los bienes territoriales de Marbella, mostrando el rechazo a la entrega de su patrimonio territorial.

Un regalo de la alcaldesa a su familia

Carola Herrero, hermana del conocido periodista Antonio Herrero, y que ya participó en la lucha contra la construcción de los rascacielos en Marbella, el proyecto que se vino abajo gracias al movimiento vecinal, aduce que “este colectivo que hemos creado ahora pretende movilizarse contra el expolio de nuestro patrimonio, que es en beneficio de la propia alcaldesa, su marido, su cuñado y otros familiares que tienen intereses directos en la zona objeto de deslinde en la Vega del Colorado".

En la operación administrativa que se ha llevado a cabo, auspiciada por Ángeles Muñoz y su homólogo José Antonio Mena, Marbella sólo recibe a cambio 27.000 metros, la mayoría subraya Carola “en zona de servidumbre y por debajo de la autopista”. En este sentido, el técnico en urbanismo Javier de Luis, parte activa contra el pacto del deslinde desde 2008, subraya a este diario que “no hay una causa objetiva para que se pueda alterar el término municipal. Sólo los intereses de la familia de la alcaldesa que adquirieron terrenos rústicos a bajo precio y los verán inmediatamente revalorizados con la mera alteración de las lindes entre los municipios”. Un pelotazo urbanístico en toda regla según este movimiento ciudadano.

La movilización de los ciudadanos de Marbella y San Pedro ha empezado ya con diferentes reuniones. La próxima el 14 de este mes para activar a los vecinos y presentar el mayor número de alegaciones posibles, como una medida de desaprobación frente al Ayuntamiento de Marbella. Este colectivo ha comenzado una campaña de recogida de firmas tanto en la calle como en portales especializados de internet, como en Change.org, donde pretenden canalizar su rechazo a la cesión de los terrenos para que Ángeles Muñoz "rectifique una decisión perjudicial para Marbella".

De momento la suerte les acompaña. “El plazo de alegaciones se acababa el 15 enero, matiza Herrero, estaba todo pensado para que el mes de alegaciones pillara en Navidad, Nochevieja y Reyes. Pero, por error, lo publicaron en el BOJA de Almería. Ahora la Junta tiene que volver a publicar la resolución en el de Málaga y dar otro mes más para firmas y alegaciones a partir de publicación. Las prisas no han sido buenas, el PP quiere hacer todo antes de elecciones por si pierde dejar todo listo. De esta manera tenemos un mes más para trabajar”.

El concejal que fue a Sevilla

El único edil presente en la constitución del movimiento ciudadano, Rafael Piña, apuntó a este medio que “las últimas actuaciones llevadas a cabo por nuestro partido (OSP) es haber presentado un recurso de reposición contra el pleno del 28 de noviembre, en el que la alcaldesa, a pesar de tener intereses personales, no se abstuvo y votó a mano alzada, algo que no puede hacer”.

El concejal sampedreño matizó las alegaciones que prepara su grupo, al estar el expediente de la Junta de Andalucía aún abierto, por lo que la última decisión sobre lo que califica como una “segregación de terrenos” es del Ejecutivo autonómico. “Estuvimos en Sevilla hace unos días y el plano que se nos enseñó de los terrenos de la Vega del Colorado que ha mandado el Ayuntamiento a la Junta no se corresponde para nada con el que nos están mostrando aquí los políticos del PP. Los planos están incompletos y esto es una falta grave”. La oposición municipal denuncia el "expolio de patrimonio municipal" por parte de una alcaldesa que "pretende beneficiarse personalmente del acuerdo" antes de dejar la alcaldía.

Filias y fobias desde el PP

Desde el Partido Popular surgen filias y fobias al movimiento. Desde el sector crítico del PP apuntan a El Confidencial que “este caso del deslinde puede costarnos las elecciones en Marbella. Desde dentro del partido algunos ya han increpado a Ángeles Muñoz por el tema de su vivienda y sobre todo por los negocios de su marido, Lars Brobeng, vinculados a estos terrenos”. Según explica este sector, “este debate es muy inoportuno, pues la dificultad del Ayuntamiento para explicar la decisión plenaria y la imputación del concejal de Urbanismo en una causa judicial lastran el voto de nuestros electores y debemos evitarlo”.

Mientras algunos miembros del PP muestran esta preocupación ante el nacimiento de este colectivo ciudadano, a la alcaldesa Ángeles Muñoz no le preocupa ni lo más mínimo y vaticina que “tendrá poco recorrido, ya que la intención de montar esta plataforma es política, pero ellos verán si ese es el proyecto que tienen”. La regidora opina que es “bastante pobre que vuelvan a insistir otra vez en un tema que está muy bien explicado y que tiene el consenso de todas las Administraciones”. A este respecto, IU ha tenido que defenderse de las críticas hacia la Junta de Andalucía, especialmente hacia la Consejería de Administración Local, en manos de Diego Valderas, por no haber detenido el expediente de deslinde auspiciado entre Marbella y Benahavís y no ver que se trata de una “clara alteración de términos municipales”.


* El Confidencial - Amparo de la Gama - 12.1.15
Foto: Vista parcial de la urbanización de La Zagaleta, en Benahavís.- (Efe)

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'Umbra': la sombra de la sospecha sobre el alcalde de Murcia

La Comunidad Murciana tiene uno de los índices de corrupción urbanística más elevados del país, a pesar de todo nunca ha tenido la repercusión que debería, comparándola por ejemplo con su vecina C.Valenciana. Tras la fuga a Europa del capo máximo, el expresidente Valcárcel (PP), siguen quedando muchos casos de corrupción por dilucidar, como el 'Umbra' en la capital. El alcalde 'popular' MA.Cámara y una treintena más de altos cargos y empresarios están imputados en un asunto de convenios urbanísticos para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad. Como se ve, varios grandes pelotazos de los que alguno viene desde 1.999 nada menos. Como siempre demasiado tiempo para una débil y cómplice justicia que lo ha permitido.
"ELDIARIO* : Umbra significa ‘sombra’ en italiano, nombre al que responde la operación por el caso de presunta corrupción urbanística más importante del municipio de Murcia y en el que están imputadas una treintena de personas. Entre ellas, el alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, el exconcejal de urbanismo Fernando Berberena, el exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, la práctica totalidad de los técnicos responsables de la Gerencia de Urbanismo, empresarios como Jesús Samper –presidente del Real Murcia-, figuras de reconocido prestigio social como el exconsejero de Cultura del Gobierno regional y ahora presidente del Real Casino de Murcia, Juan Antonio Megías, abogados urbanistas y un ingeniero italiano, Renato de Nocce, presente en muchas de las operaciones realizadas en la última década en materia urbanística en el término municipal de Murcia, y cuyo país de origen inspiraría el nombre que se dio a esta causa judicial.

El 5 de octubre de 2010 dio comienzo la Operación Umbra con los registros efectuados por la UCO de la Guardia Civil en las dependencias municipales de la Gerencia de Urbanismo de la capital regional, y en diversos despachos profesionales y viviendas de Murcia y Madrid.

Dirigida por el juez David Castillejos, magistrado instructor del juzgado nº 8 de Murcia, a instancias de la Fiscalía del TSJ, el caso Umbra investiga seis convenios urbanísticos suscritos sobre 9.959.946 metros cuadrados para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad, por los que las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar unos 500 millones de euros, con la consiguiente y presunta malversación de caudales públicos.

La clave sería la valoración a la baja de los terrenos por parte de la Concejalía de Urbanismo, que situó el precio en 120 euros por metro cuadrado, lo que quedaba muy por debajo los 600 euros por metro cuadrado que fijaba el mercado. De ese modo, el 10% del aprovechamiento urbanístico pagado por los promotores de los convenios habría sido muy inferior a lo que correspondería.

El primer convenio, conocido como Nueva Condomina (17-7-2001) fue promovido por Sport Management and Project y el Real Murcia SAD. Lo firmó Jesús Samper, dueño del Real Murcia desde 1999, para construir 4.000 viviendas y un centro comercial a cambio de levantar un nuevo estadio de futbol para la ciudad. La presunta malversación se estima entre 106,5 y 92,7 millones de euros.

El segundo convenio (7-10-2005) fue impulsado por empresarios locales propietarios de suelo –AgrumExport, Ageco, Euroland e Inveralrahu- en una zona aledaña a Nueva Condomina, y acordó la rehabilitación del Real Casino de Murcia –monumento declarado BIC, situado en el centro de la capital y objeto de miles de visitas turísticas- además de la construcción de 18 polideportivos, a cambio de la posibilidad de construir 2.000 viviendas. Las obras del Casino se valoraron en 10 millones de euros, mientras que con los 6 millones que se recibieran en metálico se construirían las instalaciones deportivas. En este caso se pudo producir una malversación de unos 282,7 millones de euros.

El tercero de los convenios (3-7-2006) acordó la rehabilitación del Teatro Circo de Murcia, segundo teatro de la ciudad, que estaba en estado prácticamente de ruina. Fue promovido por Urbamur 2003 SL, Visionaria SL y Obralia del Sureste SL. La presunta malversación se estima en 49,5 millones de euros.

A estos tres hay que añadir tres convenios más: uno firmado con el empresario Manuel Nicolás García (27-6-2006), promovido por Nicolás y Bienert SL y con una malversación estimada en 35,5 millones de euros; otro con varias empresas (7-7-2006) promovido por Lo Navarro de Murcia SA, Profusa, Mirallevant SL y Actividades e Inversiones Futuras 3000, con una presunta malversación que se estima en 61,7 millones de euros; y el último (10-7-2006) acordado con las empresas Urbamur, Castillo de Larache SL, Fadesa Inmobiliaria SL, Desarrollos Urbanos SL, Mediterráneo Hispagroup SA, Tricinter Albamur SL y Andrés Muñoz Cánovas, que pudo dar lugar a una malversación estimada en 138,2 millones de euros.

Un largo proceso de instrucción

Pasado el tiempo, y durante la instrucción, se ha sabido que existe un protocolo privado anterior a la firma del convenio Nueva Condomina entre Jesús Samper y el alcalde de Murcia, que aseguraba la viabilidad del proyecto al empresario madrileño antes de su tramitación; que, coincidiendo con la aprobación del convenio del Teatro Circo, el exconcejal de Urbanismo habría recibido diversos regalos, entre ellos relojes de alta gama y obras de arte por importe superior a 85.000 euros, y que además existen fotografías del mismo en el yate del promotor Ramón Salvador acompañado del ingeniero italiano Renato de Nocce, jugando al dominó y de travesía; y que este ingeniero, además de cobrar dos millones de euros por las obras de rehabilitación del Casino, habría emitido facturas falsas a una empresa sin haber realizado ésta trabajo alguno conocido ni tener trabajadores.

El 28 de diciembre, una vez levantado el secreto que pesaba sobre la investigación del patrimonio del alcalde de Murcia, se ha conocido que Miguel Ángel Cámara y su familia han pasado de tener 57.435 euros en el banco en el año 2002 a disponer de 554.698 euros a finales de 2011, incremento que también pudo deberse al ingreso en sus cuentas del dinero resultante de la venta de unos terrenos del suegro de Cámara a las empresas Titobio y Programa 2010, vinculadas respectivamente a dos implicados en el caso: Joaquín Peñalver –exjefe de Planeamiento urbanístico-, y el promotor Ramón Salvador. Por otra parte, y además de estos importantes depósitos bancarios, el alcalde de Murcia posee cuatro viviendas y cuatro plazas de garaje, y estuvo dos años sin sacar dinero ni por ventanilla ni por cajeros automáticos, según el auto del juez instructor.

En los últimos días se ha levantado también el secreto del sumario sobre un registro llevado a cabo en la sede de Construcciones Villegas, empresa que llevó adelante las obras de restauración del Casino de Murcia, a la búsqueda de pruebas que demuestren el pago de comisiones de por lo menos 200.000 euros a políticos locales.

Las diligencias continúan abiertas a la espera de las conclusiones del fiscal Juan Pablo Lozano y del juez Castillejos, que tiene que determinar la naturaleza de los delitos cometidos –si es que se ha cometido alguno por parte de los imputados-, y fijar la fecha de un juicio que va a poner sobre la mesa toda la gestión del urbanismo en Murcia por parte del Partido Popular, una gestión que tiene sobre sí la sombra de la sospecha y que ha sido dirigida desde el Ayuntamiento bajo el control de su secretario general, Miguel Ángel Cámara, durante 20 años de mayoría absoluta.

El alcalde: Miguel Ángel Cámara

Miguel Ángel Cámara Botía nació el 6 de mayo de 1955 en Orihuela, localidad alicantina históricamente vinculada con la Región de Murcia y a tan sólo 20 kilómetros de la capital. Es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia (1981) y Diplomado en Administración de empresas por la Universidad Politécnica de Madrid (1982). También es profesor Titular de Química Agrícola de la Universidad de Murcia, actualmente en excedencia.

Cámara ingresó en Alianza Popular en 1983, y siete años después fue elegido Secretario General Regional del Partido Popular de Murcia, repitiendo en el puesto hasta la actualidad. De 1987 a 1995 ejerció como concejal de la oposición en el ayuntamiento de Murcia, y el 28 de mayo de 1995 se alzó con la victoria en las elecciones municipales, derrotando al alcalde socialista José Méndez.

Miguel Ángel Cámara ha ganado cinco comicios seguidos en el ayuntamiento de Murcia (1995, 1999, 2003, 2007 y 2011), obteniendo siempre mayoría absoluta. Además de Secretario General regional del PP y de alcalde de la capital, es Presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

Está casado con Marisol Meroño, profesora en un colegio religioso en la ciudad de Murcia. Ambos son padres de tres hijos: Miguel Ángel, Alberto y Soledad.

De semblante serio y carácter frío, Miguel Ángel Cámara tiene fama de controlarlo todo sin inmutarse y de, llegado el caso, ir dejando en el camino a aquellos que pudieran limitar sus propósitos. Así sucedió con su amigo de juventud y compañero de docencia, Ginés Navarro –conocido como “El Maco”-, que fue quien le llevó de la mano a hacerse el carnet del PP y que además fue responsable, como organizador de la campaña electoral, de la primera victoria del Partido Popular que le llevó a la alcaldía de Murcia.

Años después, y precisamente a consecuencia de las diferencias de criterio de Ginés Navarro con relación al convenio de Nueva Condomina, éste fue denostado por Cámara, que le relegó de su tarea como Primer teniente de alcalde de Urbanismo hasta su abandono de la política.

Ausente en la mayoría de los Plenos, Miguel Ángel Cámara ejerce su función más desde el despacho que desde la calle. Religioso, culé confeso en lo futbolístico y de gustos frugales en la mesa, desde hace unos años gusta mucho de salir a correr. De hecho, participó en el último maratón de Nueva York.


* El Diario - María José Alarcón - 3.1-15
Foto: Bloque de viviendas junto a Nueva Condomina, al norte de Murcia / PSS

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Santa Cruz.- El 'mamotreto' y el urbanismo chicharrero

En Santa Cruz de Tenerife sigue coleando el asunto del 'mamotreto' en la playa de las Teresitas y, con el tiempo que ha costado llegar a una sentencia condenatoria, todavía hay gente que es capaz de dudar de la conveniencia de su derribo al tratarse de una ilegalidad manifiesta y un pelotazo urbanístico generado ya hace años. El nivel medioambiental isleño anda en pañales si tenemos en cuenta lo que está sucediendo allí. En la propia capital este notorio caso ha dejado de lado el debate sobre otras consecuencias graves del urbanismo salvaje del alcalde M.Zerolo (CC) y otros políticos de bajo nivel, que continúa a la espera de la necesaria participación ciudadana.
"CANARIAS AHORA* : La reciente sentencia sobre el caso del mamotreto de Las Teresitas ha generado una enorme cantidad de comentarios en los medios de comunicación y en las redes sociales. Uno de los gremios que ha destacado por sus críticas es el de los arquitectos, el mismo sector profesional que monopoliza la dirección de los planes urbanísticos y son, por tanto los responsables técnicos del planeamiento urbano de Santa Cruz, incluido el plan que afecta a la playa de Las Teresitas y a sus aledaños.

En la mayoría de los casos las opiniones son críticas con la sentencia y consideran disparatado derribar el inacabado edificios de aparcamientos situado al comienzo de la playa y afectando al margen izquierdo de la desembocadura del barranco. Lo primero que llama la atención de esas críticas hechas por expertos y veteranos urbanistas, es la total desconexión del caso mamotreto con lo que la fiscal del caso definió como pelotazo de libro. El objetivo -y eso ha quedado claro a lo largo de la instrucción judicial- no era adecuar la playa y su entorno para el uso de vecinos y visitantes, sencillamente era un espectacular negocio para unos pocos y el planeamiento solo era era una herramienta para hacer el negocio. De hecho, los fines de la operación se consiguieron y, sin arriesgar un euro propio, unos pocos ya se han embolsado millones y la playa sigue igual, nada ha cambiado, excepto el mamotreto.

Desde el punto de vista urbanístico, las actuaciones contempladas en la zona son más que discutibles e ignora los condicionantes ambientales. Afecta a la desembocadura de los dos barrancos de la cuenca de San Andrés y, su actuación agrava los problemas de inundaciones en el barrio. Los autores del plan no se dieron cuenta, aunque resultara evidente, que afectaba a terrenos ganados al mar y que, por tanto, eran de titularidad pública; ignoraron el deslinde marítimo costero y establecieron un número de viviendas, locales comerciales e instalaciones hotelera y de ocio sin tener en cuenta un hecho esencial: el sistema de comunicaciones entre el casco urbano y barrios y playas situados en la comarca sur de Anaga. Si los accesos se colapsan actualmente durante los meses de verano, no es difícil imaginar que el aumento de la población produciría el atasco de la única vía que les comunica con el resto del municipio, pero eso no lo tenían previsto los “expertos” urbanistas. La Justicia ha encontrado indicios racionales de delito, de connivencia entre empresarios, políticos, (entre ellos el ex alcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo que ya ha sido condenado por otro caso de corrupción) técnicos, abogados, funcionarios y otros “listos”que se apuntaron al negocio fácil. El mamotreto solo es la nefasta y cara consecuencia de la praxis urbanística de Coalición Canaria (CC), grupo político que ha dominado la gestión del ayuntamiento desde las primeras elecciones democráticas, pero con el apoyo de los otros dos partidos que han dominado el panorama político canario: el Partido popular (PP) y el Partido Socialista Canario (PSC). Es a ellos a quién hay que pedir responsabilidades, no a quienes denunciaron en su momento las ilegalidades cometidas. Tampoco hay que pedírselas a los que llevamos años pidiendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos.

El debate sobre el mamotreto es una pena que no haya desembocado sobre los cambios que se han llevado a cabo en las últimas tres décadas en Santa Cruz y sobre los resultados urbanísticos obtenidos y la rentabilidad económica y social de las inversiones públicas en la ciudad. Por ejemplo, la poco usada vía que se ha hecho en el cauce del barranco de Santos para descongestionar el tráfico entre la parte alta de la ciudad y la zona baja. Sería interesante conocer la opinión de los técnicos en urbanismo sobre la ubicación del estadio o el de su edificio vecino, el Hotel Escuela, que por no tener no cuenta con acceso para sus clientes y todos los días los vehículos de suministro ocupan la acera impidiendo el paso de los peatones. Sobre la disparatada ubicación del auditorio, o que la mayor parte de los hoteles y clínicas de la ciudad no tengan aparcamientos para autobuses, taxis o ambulancias, o sobre el charco que dejó a los vecinos sin espacio para el paseo, fiestas y concentraciones en la plaza de España. Además, los gobernantes del ayuntamiento han machacado las señas de identidad histórica de la ciudad, y el nuevo Santa Cruz, nacido en los planes de los urbanistas, no ha hecho sino empeorar la trama urbana de la ciudad.

La planificación y gestión de la ciudad, no es algo a solucionar por los técnicos, corresponde a la política, al fin y al cabo de la polis griega deriva el término política. La participación ciudadana y el control de la gestión de sus representantes son imprescindibles en una sociedad democrática sujeta al imperio de la ley y, en el caso de Las Teresitas, es evidente que se ha negado la participación ciudadana, la opacidad ha sido la norma, se han incumplido las legalidad y se saquearon las arcas públicas. El disparate del mamotreto no es más que la caricatura de una gestión política, por tanto urbanística, que no ha tenido más objetivo que obtener poder y/o dinero para sus mentores. El resultado lo tenemos a la vista y eso, hay que derribarlo.


* El Diario - CA - Eustaquio Villalba - 28.12.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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Madrid.- Los Aznar-Oriol maniobran para legalizar su campo de polo en zona de máxima protección natural

Como se sigue viendo a diario, aunque con menos intensidad, el fenómeno de la especulación urbanística continúa arrasando las zonas protegidas y naturales del Territorio. Los corruptos siguen siendo básicamente los mismos y se apoyan en las debilidades de un sistema putrefacto. Así en la provincia de Madrid, la conocida familia Aznar-Oriol trata de que el estudio de impacto ambiental de un vallado y una nave sirva para el visto bueno de todo lo construido en su finca del Parque Regional del Río Guadarrama. Entre otras cosas han realizado un campo de polo que tratan de legalizar burdamente al haberse celebrado irregularmente hasta torneos públicos.
"ELDIARIO* : La familia Aznar-Oriol trata de legalizar su campo de polo privado –que montaron en una finca situada en zona de máxima protección ambiental en Madrid– haciéndolo pasar como parte de una "explotación ganadera" en la que cuidan a sus caballos y dan paseos por el campo.

Seis meses después de disputarse en esos terrenos el Abierto Aznar, un torneo reconocido por la Federación Madrileña de Polo, han presentado un estudio de impacto ambiental para montar una nave y un vallado en el Parque Regional del Río Guadarrama y, en sus palabras, aprovechar "la pradera de regadío" que hay allí para jugar "esporádicamente" partidos de polo. Todo, según describen, para "ocio y disfrute personal".

El carácter privado y esporádico del polo que se practica en la finca queda desmentido por la naturaleza del Abierto Aznar que se celebró entre mayo y junio de este año. La Federación Madrileña de Polo explica que "los torneos más importantes que se juegan en la capital son los que componen la Temporada Internacional de Madrid y que alguna de las copas es ya centenaria. Dicha temporada está formada por el Abierto del R. C. Puerta de Hierro, el Abierto Aznar y el Memorial de S. M. el Rey Don Alfonso XIII.

La sociedad dueña de los terrenos, Ibaizabal de Cartera, ha encargado un estudio que hace pasar la cancha que los Aznar-Oriol fueron construyendo, a través de movimientos de tierra, siembra de césped y nivelación del terreno natural, por una pradera de pastos en la que, de paso, "se puede practicar el polo". El documento pretende justificar la construcción de edificaciones relacionadas con el mantenimiento de los animales y colar en ese visto bueno todo lo que ya se ha construido. "Han incluido dos cosas que no necesitarían una declaración de impacto ambiental, como son una valla y la nave para que se les legalice todo lo que ya está hecho", analiza María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción.

Las imágenes que utiliza para describir la finca muestran un terreno todavía por adecuar cuando el servicio de ortofotos de la Comunidad de Madrid ya refleja un campo perfectamente delimitado y césped en perfecto uso: una cancha apta para disputar pruebas del calendario nacional. Aparece hasta una balsa para almacenar agua. En el estudio, esa zona de balsa ni existe y se le atribuye funciones de "pista de calentamiento" donde se plantarán robles a cambio de poder levantar la nave en el corazón del parque regional.

"Efecto beneficioso"

Este paso es el último escalón para cerrar la "legalización de las instalaciones que componen la explotación" dedicada a cuidar los caballos y jugar al polo. El proceso legal se remonta a 2009, cuando Ibaizabal de Cartera solicitó autorización para dos proyectos: rehabilitar unas viviendas y construir dos campos de polo. En la reunión de la Junta Rectora del Parque del Curso Medio del Guadarrama de 29 de enero de aquel año, la mención a las canchas desapareció y la solicitud quedó en una genérica remodelación de edificios y cuadras para 24 caballos, según el acta de la reunión.

Ecologistas en Acción alertó entonces en ese foro de que detrás de la autorización se escondía la construcción de los campos. Aun así, la Comunidad de Madrid "informó favorablemente de la rehabilitación, ocultando la verdadera intención de todo ello: la celebración de pruebas de polo", refiere María Ángeles Nieto. Un año después, en 2010, la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid eliminó la figura de la junta donde participaban las asociaciones y los ayuntamientos.

Con los campos en funcionamiento y el torneo Aznar celebrado, llega ahora este estudio de impacto. Los propietarios han tenido que incluir la referencia a los eventos deportivos, como reconoce el documento, ya que la finca ha acumulado más de 20 denuncias por parte del Cuerpo de Agentes Forestales de Madrid. Se les pidió información específica sobre las pruebas a caballo. En la respuesta se indica que la familia Aznar-Oriol planea practicar polo de forma ocasional: "Con fines de ocio y disfrute privado". De hecho, en un párrafo del informe, se llega a decir al mismo tiempo que los cascos de los equinos tienen un efecto beneficioso en el terreno y que ese efecto es "inapreciable, dada la baja frecuencia de la práctica".


* El Diario - Raúl rejón - 14.12.14
Foto: El campo de polo en La Montana, el 16 de septiembre, según el visor de la Comunidad de Madrid

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Torredembarra.- Una empresa del ‘caso Pujol’ pagó 580.000 euros a un alcalde de CDC

El caso de corrupción del expresident de la Generalitat, J.Pujol, sigue dando mucho que hablar. Quien fuera máximo dirigente de Cataluña durante 23 años, por CDC, ha dejado tras de sí una trama mafiosa de favores y prebendas incontables. Ahora un juez investiga cuatro transferencias sospechosas de Jordi Sumarroca, perteneciente a una familia muy allegada al partido del expresident, hacia el exalcalde de Torredembarra a través de firmas filiales de Teyco (constructora). A pesar de las numerosas sombras existentes para encausar a varios miembros, estas familias tienen prácticamente a la justicia en el bolsillo, luego no es de esperar grandes consecuencias penales.
"ELPAÍS* : La obra pública y el pago de comisiones ilegales han vuelto a unir en los tribunales a la familia Sumarroca, propietaria de dos de las mayores constructoras catalanas (Teyco y Emte), y a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido que el patriarca del clan, Carles Sumarroca Coixet, fundó junto al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Tras el estallido del caso Pujol, que mantiene a los primogénitos de ambos imputados por la Audiencia Nacional, un juzgado de El Vendrell (Baix Penedès) investiga ahora el pago de 581.000 euros (IVA incluido) desde filiales de Teyco a dos empresas del alcalde convergente de Torredembarra (Tarragonès), Daniel Masagué, por trabajos supuestamente inexistentes. Los pagos se hicieron con cuatro transferencias bancarias hechas entre el 23 y el 28 de diciembre de 2011, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

En el centro del caso, cuya investigación llevan el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, la fiscalía y la Guardia Civil y que arrancó tras denuncias de la concejal Montserrat Gasull —entonces en ERC, hoy fuera del partido— y el PSC, está un gran aparcamiento de 250 plazas adjudicado en 2009 a Teyco por 2,5 millones de euros, que acabó costando un 40% más y que hoy permanece cerrado por el Ayuntamiento, incapaz de hacer frente a los 12.000 euros mensuales de mantenimiento de una instalación que casi siempre estaba vacía y que presentaba múltiples problemas de funcionamiento.

Masagué fue detenido por la Guardia Civil en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell el pasado 26 de junio y dimitió desde la cárcel dos semanas después, tiempo en el cual recibió el apoyo de la cúpula de CDC. “Es un buen amigo mío, lo conozco desde hace muchos años”, afirmó Felip Puig, consejero de Empresa, cuando Masagué aún estaba entre rejas.

El juez mantiene imputado a Masagué por los delitos de cohecho, organización criminal, malversación, prevaricación y blanqueo, entre otros. En el caso, además de otros cinco concejales y empresarios locales, está imputado por delitos contra la administración pública Jordi Sumarroca Claverol, hijo de Carles Sumarroca Coixet y consejero delegado de Teyco. Los investigadores del caso, que sigue bajo secreto de sumario, tratan ahora de averiguar si Masagué se lucró con el dinero recibido de Teyco o este tenía otro destino.

Las obras del aparcamiento son las más polémicas de las ejecutadas por Teyco en Torredembarra, pero no las únicas. La compañía de aguas que sirve en la zona, Sorea, también encargó a la constructora durante el mandato de Masagué unos 14 millones de euros para varias actuaciones urbanísticas en el municipio no previstas en el contrato de suministro, entre ellas una rotonda y un parque público, según fuentes del Ayuntamiento.

Los pagos sospechosos detectados por los investigadores hasta ahora se concentran en diciembre de 2011 a sendas sociedades de Masagué. Dos de ellos fueron a la empresa Maes Flequers i Pastissers, dedicada al “comercio al por menor de pan y productos de bollería”, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. El 22 de diciembre de 2011 Maes giró dos facturas a las empresas Teycotel Gestió d'Hotels y Teycotel BCN. La primera, por 211.720 euros, alude a la “reparación y nuevo equipamiento de la cocina sobre proyecto de la propiedad”. La segunda, por 91.488 euros, está justificada por “el servicio de hosteleria y catering durante 2011”. [PASA]

Los otros dos pagos fueron a parar a la sociedad Daloi, que según las cuentas del Registro Mercantil está dedicada a “actividades inmobiliarias” y que en los últimos años apenas ha tenido personal ni facturación. En dos facturas también fechadas en un mismo día —el 11 de diciembre de 2011—, Daloi cargó 217.960 euros a otra filial de Teyco —Castellbell Residenciial— por “tareas de planeamiento urbanístico y convenios con la Agencia Catalana del Agua y el Ayuntamiento”; y 60.359 euros a Teycotel Cap Roig por “tareas de planeamiento urbanístico y localización de inversores para el alquiler”.

Fuentes cercanas a la investigación en el Ayuntamiento de Torredembarra aseguran que no se ha encontrado ninguna evidencia de que las empresas de Masagué llevaran a cabo estos trabajos y que “las tareas estaban fuera de la capacidad de las sociedades y escapaban a cualquier lógica empresarial”. Ni Massagué ni Teyco han atendido a las llamadas de este diario, mientras el abogado del exalcalde, Xavier Melero, declinó comentar los pagos “al estar las investigaciones aún bajo secreto de sumario”.

El actual alcalde de Torredembarra, Enric Grangel (PSC), considera que la construcción del aparcamiento estuvo plagada de “cosas extrañas”. “Se pagaron 7.000 euros por arrancar 200 árboles donde solo había unos setos”, recuerda. “Ni el hierro, el cemento o el hormigón pueden justificar que el coste de las obras se disparara de esa forma”, añade. La denunciante Montserrat Gasull, hoy concejal no adscrita, destaca que “pese al gran coste del proyecto, las máquinas de tickets se pagaron aparte”. “¿Cómo se entiende que no se incluyeran en el proyecto de un aparcamiento”, se pregunta.

Las dos constructoras de la familia Sumarroca, Teyco y Emte (hoy fusionada con Comsa), han recibido decenas de adjudicaciones desde hace tres décadas del Gobierno catalán, ayuntamientos gobernados por CiU y organismos financiados por la Generalitat. Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, y Carles Sumarroca Claverol, hijo del fundador del grupo constructor, están imputados en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por los negocios del primero con empresas adjudicatarias de la Generalitat. En concreto, Ruz quiere aclarar el pago desde Emte a Pujol Ferrusola de 132.800 euros (sin IVA) por supuestos “servicios de intermediación” en negocios en México.


* El País - ORIOL GÜELL / MERCÈ PÉREZ PONS - 2.1.15
Foto: Torredembarra (Tarragona) - mma.es

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Seseña aprueba contrarreloj un nuevo Plan Urbanístico plagado de errores

Seseña (Toledo) es la famosa localidad donde el constructor 'el Pocero' levantó la megaurbanización fantasma, que actualmente sigue vacía en su mayor parte. Tiempo ha pasado desde aquel pelotazo urbanístico fallido, pero se ve que todavía el Ayuntamiento 'popular' no ha aprendido la lección, ya que ahora aprueba un Plan General chapucero, a toda prisa para recibir una subvención, pero con unos errores de bulto como aspirar a quintuplicar su población en poco más de 10 años. Algo inconcebible y prresumiblemente ilegal, pero parece que los malos políticos son capaces de todo hoy en día, sobre todo si la justicia lo permite.
"ELDÍA* : La mayoría del PP en el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) ha aprobado un nuevo Plan de Ordenación Municipal que según admite el propio Ayuntamiento en Pleno municipal "no está correcto", pero que esos errores ya los arreglarán dentro de unos meses con la publicación de un nuevo plan. Lo hace ahora "a marchas forzadas" para poder recibir una subvención que perciben los ayuntamientos que han elaborado un Plan de Ordenación para antes de que acabe 2014.

Todos los grupos en la oposición se han opuesto a un Plan de Ordenación que se basa en unas estimaciones que han sido definidas desde "irreales" a "una auténtica barbaridad", según Izquierda Unida en la localidad. Este plan contempla una proyección para la localidad (21.000 habitantes en la actualidad) para el año 2027 de 96.000 habitantes, es decir, que ese proyecto contempla que en el año 2027 Seseña será la población con más habitantes de la provincia de Toledo, casi quintuplicando su población actual.

"Y en una época en la que apenas se venden viviendas", destacan desde Izquierda Unida. Son unas cifras que no se sabe muy bien de dónde obtiene el Gobierno de la localidad pero que resultan a todas luces cuanto menos difíciles de creer. De hecho en Castilla-La Mancha jamás ninguna población ha tenido un 'boom' demográfico de esa magnitud.

Todo ese Plan de Ordenación Municipal está basado en unas proyecciones muy lejos de las reales para la localidad. Para ello el Plan indica que se destinará a hacer urbanizable 4 millones de metros cuadrados del término municipal construyendo 7.426 viviendas con un crecimiento de 20.000 vecinos antes de que acabe la década. Dicho Plan contempla también datos como el esperar más de 40 millones de euros de ingresos por permisos de obra de naves industriales que en realidad ya están funcionando y algunas de ellas con actividad desde hace más de 10 años o unas proyecciones para 2015 de ingresos por licencias de obras de naves y viviendas de 25 millones de euros, cuando la construcción continúa su crisis.

Proyección de ingresar 172 millones en 2015 en la localidad y de ingresar en tres años a base de vender suelo municipal 280 millones en un informe que la Dirección General de Impacto Ambiental y Calidad ha rechazado en todos sus puntos porque "se considera un crecimiento propuesto para el municipio de Seseña desmesurado, sin estar justificado en la documentación".

A pesar de los continuos errores, del tamaño de estos y de lo indicado por los distintos organismos, el Partido Popular ha aprobado el proyecto sin llevarlo a debate para no perder más tiempo y así poder captar la subvención. Fuera del Plan queda el "pelotazo urbanístico" que ha estado cerca de dar el yerno del portavoz del PP en el municipio, propietario de 94.886 metros cuadrados de suelo rústico donde había propuesto hacer 237 viviendas sin más justificación y alejadas del núcleo urbano, para lo que el Gobierno local iba a hacer esos terrenos urbanizables, plan que tuvieron que cambiar en una reunión de urgencia el domingo 28 por el escándalo que provocó, según los ediles de Izquierda Unida.

Aparte de los documentos presentados, un "compendio de irrealidades" según toda la oposición en bloque, quedan las palabras de los miembros del PP en el Pleno que indicaron que hacían esta aprobación por vía de urgencia "por interés general" así como la concejala de Urbanismo que decía que "el interés general lo decide el PP".


El Día - 31.12.14
Foto: Complejo fantasma proyectado de "El Pocero" en Seseña (Toledo) - elmundo

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Las cinco claves ocultas que delatan por qué BCN World es un proyecto zombi

El faraónico proyecto de casinos de BCN World que, con apoyo de la Generalitat catalana, se preveía realizar junto al actual parque de ocio de Port Aventura en Tarragona, parece que se viene abajo como un castillo de naipes. Al igual que pasara con Euroworld en los alrededores de Madrid, solamente se mantiene 'de boquilla' por efecto de las próximas elecciones políticas, pero el fracaso es evidente, como demuestran numerosos signos en plena crisis económica que afecta a todas las Comunidades autonómicas.
"ELCONFIDENCIAL* : La Generalitat asegura que el proyecto de ocio y casinos de BCN World en Tarragona está más vivo que nunca. Lo mismo mantiene Veremonte, el holding inversor del promotor Enrique Bañuelos. En el entorno de la Administración catalana incluso se fantasea con dar un pelotazo a favor de las arcas públicas, ya que se ha firmado una opción de compra con La Caixa por los terrenos donde se tienen que levantar seis hoteles y casinos por “sólo” 110 millones.

Sin embargo, la realidad es mucho más sangrante. Y hay como mínimo cinco signos que apuntan a que el proyecto, como pasó en su día con Eurovegas en Madrid, está más muerto que vivo, y que se mantiene su ficción sólo por el interés electoral. Artur Mas y CiU no quieren reconocer un fracaso a un año de las elecciones y pretenden evitar que el fiasco de BCN World se convierta en un argumento de las fuerzas políticas contrarias a la independencia, en el sentido de que los inversores extranjeros huyen del proyecto político de Mas. Ciertamente, el aciago final de BCN World tiene poco o nada que ver con la tensión soberanista en Cataluña, pero lo que lo convierte en una cuestión política es el empecinamiento de la Generalitat en negar el revés. Y estas son algunas de las pistas que dejan al descubierto que el rey está desnudo.

1. La imposibilidad de financiar suelo en España

Pese a la voluntad de sus promotores de vender el proyecto como una operación de turismo intercontinental –traer chinos de Asia para que jueguen en el Mediterráneo–, en origen BCN World es una operación de suelo. Pero no hay financiación para el suelo en España. Se ha abierto el grifo para la promoción, pero sólo si ya se es propietario del suelo. La banca española no acepta solares como parte de la garantía y la extranjera no se ha mostrado interesada en jugar. Bañuelos consiguió inversores, sí. Pero bajo la premisa de que los terrenos los aportaba su grupo, Veremonte, comprándolos a La Caixa, un principio que no ha sido posible cumplir.

2. La falta de tamaño de Veremonte

Veremonte no da mucha información sobre sus finanzas. Ninguna, en realidad. Pero ha quedado claro que el proyecto le venía grande. Podía poner unos 125 millones entre fondos propios o de inversores asociados, pero no los 377 que le costaba comprar el suelo en Tarragona, junto al parque de atracciones Port Aventura. Si lo unimos con la primera pista, blanco y en botella: Bañuelos tenía el arrojo pero a veces, en grandes complejos como este, hace falta pulmón financiero.

3. La oposición de ERC

Sea primera o segunda fuerza política, ERC será la formación clave en la próxima legislatura. ¿Y cuál es una de las exigencias que ha puesto sobre la mesa para negociar los Presupuestos con CiU? Retirar las ayudas a los casinos que aprobó la Cámara catalana para que Bañuelos sacase adelante su megacomplejo. El Parlament rebajó al 10% la tasa de la Ley del Juego cuando antes estaba en el 55%. Ahora la formación de Oriol Junqueras quiere dar marcha atrás. Y Junqueras es un pragmático. Si hace tres años abogaba por cerrar las nucleares, en la actualidad el líder de ERC obvia el tema, consciente de que una Cataluña independiente que quiera energía barata necesitará las centrales nucleares operativas. Si los republicanos quieren dar marcha atrás en las ayudas a los casinos, es que ven BCN World sin ningún futuro.

4. La desaparición de la subestación eléctrica

Otra pista que apunta a la muerte de BCN World por mucho que la niegue la Generalitat es la planificación eléctrica aprobada por el Gobierno para el período 2015-2020. En ella la subestación eléctrica que debía alimentar BCN World ha desaparecido. Teniendo en cuenta que el complejo de casinos ubicado junto a Port Aventura iba a crear un polo de gran consumo en el sur de Tarragona, todo apunta en la nula fe en el proyecto que tiene el Ministerio de Industria.

5. El mutis por el foro de Santi Vila

Oficialmente es el Incasol el organismo público que asume la gestión del proyecto. Pero el conseller del que depende, Santi Vila, de Territorio y Sostenibilidad, ni ha abierto la boca sobre la gran inversión extranjera en Cataluña –4.500 millones–. Fue el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, quien dio la cara por este asunto en una improvisada comparecencia. Es como si Vila hubiese pensado que ya había tenido bastante con comerse el marrón de ATLL, en cuyo origen no tiene nada que ver, para encima tener que justificar lo injustificable.


* El Confidencial - Marcos Lamelas - 30.12.14
Foto: BCN World (Tarragona), proyecto - confidencial

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Madrid.- La alta velocidad entre Chamartín y Atocha arrastra tres años de retraso

Es otro disparate más del proyecto del AVE en este país, que no tiene pies ni cabeza. Si después de haber despilfarrado delictivamente miles de millones de euros en una red en su mayor parte inútil y errónea, con unas nuevas líneas centralistas, resulta que no se culmina el intercambio norte-sur en Madrid y, por tanto, la necesidad de hacer transbordo en la capital hace imposible el proyecto de supuesta mejora del trazado. Es como ocurre en la falta de unión con la red francesa, ya que en el país vecino, más inteligentes, han decidido no invertir en líneas no competitivas económicamente. Es decir, aquí se sigue ejecutando el AVE hasta sobrepasar pronto los 4.000 km de líneas sin sentido, algo que supone un claro delito del que deberían dar cuenta ya las autoridades de Fomento.
"ELPAÍS* : España dispone de la segunda mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, con 3.100 kilómetros, de momento. Solo por detrás de China. Sin embargo, la conexión directa, sin transbordos, entre Norte y Sur con Madrid como nudo neurálgico de comunicaciones, hoy por hoy no existe. Pese a una inversión global de más de 45.000 millones de euros, viajar por ejemplo de Málaga a Valladolid a 300 kilómetros por hora, sin cambiar de AVE y de estación, no es posible.

Y así lo seguirá siendo. Al menos, un año más, por la demora en la finalización del túnel exclusivo para la alta velocidad entre Atocha y Chamartín: el estreno del enlace, previsto para 2012 y que permitiría circular de una punta a otra del país sin detenerse en la capital, cumplirá en 2015 el tercer año de demora.

“El túnel se terminó de perforar en 2011, y es muy lamentable que cuatro años después aún no esté en servicio. La conexión AVE entre Atocha y Chamartín multiplicaría las posibilidades de conectividad entre las mitades norte y sur de la península”, lamenta Rafael Simancas, diputado del PSOE en el Congreso.

El objetivo de la infraestructura —terminada de horadar en febrero de 2011 por la tuneladora Gran Vía, en un acto al que asistieron José Blanco, ministro de Fomento; Esperanza Aguirre, presidenta regional; Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid— es unir las líneas de alta velocidad del noroeste de España (las que finalizan en Chamartín) con las que unen la capital con Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla, con origen y llegada en Atocha. Con ello se pretendía mejorar, además de posibilitar los servicios directos Norte-Sur, la rotación de los trenes y la explotación de la red.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España (Adif), entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento, asegura que “a principios del próximo año” se licitarán las obras para finalizar el proyecto, con entre 30 y 50 metros de profundidad en sus tramos más hondos. En concreto, para la electrificación (catenaria e instalaciones asociadas) y señalización del túnel, que a la espera de una solución permanece con las bocas de sus dos extremos tapiadas, según fuentes de la Administración autonómica. Adif, que en 2013 justificó los retrasos por las “actuales dificultades presupuestarias”, prefiere no comprometerse y elude dar una fecha exacta: ya afirmó en su momento que el túnel se inauguraría en 2014. “No hay un plazo para la puesta en servicio, desconocemos la estimación de la duración de la obra”, se muestran prudentes en el ente público, donde no descartan que el túnel entre las dos estaciones de AVE en Madrid —pasa bajo más de 500 edificios— no esté operativo hasta 2016. Otras fuentes alargan el plazo incluso hasta 2018, con seis años de retraso sobre la fecha prevista.

En principio, la obra estaba presupuestada en 356 millones, de los que, observaba Adif hace un año, ya se habían ejecutado más de 280 para construir el túnel de 7,3 kilómetros de longitud, la plataforma y la colocación de la vía. El coste de las obras por realizar sería de unos 100 millones, calculan en Adif (en los presupuestos generales del Estado para 2015 hay una partida de 38 millones para la obra). Entre las tareas pendientes se tiene que construir una vía entre Atocha y Torrejón de Velasco. El motivo es que en la actualidad los convoyes que conectan con Levante y Andalucía comparten la misma salida y llegada a Madrid. “Con las vías adicionales se incrementará la capacidad del servicio y se evitarán embudos logísticos”, explican en Adif.

La apertura del túnel, mejoraría el flujo entre Norte y Sur pero, al menos a corto plazo en el mejor de los casos, solo permitiría que los trenes se parasen en Chamartín a su paso por Madrid. “Atocha no cuenta de momento con una estación pasante, habría que hacerla”, reconoce el Gobierno de Mariano Rajoy. “Que solo se dé servicio en Chamartín sería un parche”, critica Simancas.

La Comunidad, al igual que el Estado gobernada por el PP, ha exigido en los últimos meses que el AVE llegue también al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas para “reforzar la interconexión entre ambos medios de transporte y potenciar el papel” de Barajas como “gran hub” o nudo de comunicaciones internacional con vuelos de larga distancia.

Para ello habría que hacer obras de adaptación de la línea entre Chamartín y la Terminal 4, valoradas en unos 50 millones por Fomento. “La plataforma está preparada y sólo tendrían que tenderse la vía y la catenaria”, explica el Ejecutivo de Ignacio González. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a dar también 2012 como el año en que el AVE llegaría a Barajas.


* El País - JOSÉ MARCOS - 29.12.14
Foto: La tuneladora Gran Vía rompe el último trozo de túnel hasta alcanzar las inmediaciones de Atocha, en febrero de 2011. / LUIS SEVILLANO

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Arona concedió 131 licencias urbanísticas de supuesta ilegalidad

El urbanismo en el municipio turístico de Arona (Tenerife) lleva largos años de ilegalidades sucesivas, casi siempre bajo el mandato en el Ayuntamiento del partido Coalición Canaria. La lista de irregularidades cometidas es enorme, tanto es así que la justicia ha debido repartirlos entre el llamado caso 'Arona 1' y el 'Arona 2'. En este último hay una veintena de imputados que intervinieron en la concesión de ilegales licencias municipales bajo mandato del alcalde JA.González, entre 2006 y 2011. Pero no es de recibo que la justicia haya tardado tanto tiempo en la instrucción del caso, cuando además, todavía no hay fecha señalada para el juicio. Un asunto evidente de negligencia.
"ELDÍA* : En el marco del conocido como caso Arona 2, el Juez de refuerzo del Juzgado de 1ª Instancia nº4 imputa a 20 personas por haber participado en la aprobación de numerosas licencias urbanísticas contraviniendo los trámites legales o reglamentarios. Concretamente, el listado que incluye su señoría en el auto que emitió el 24 de noviembre pasado incluye 131 licencias.

Todas ellas fueron aprobadas entre el 15 de diciembre de 2006 y el 20 de mayo de 2011 en el transcurso de 66 sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona, si bien las mismas tuvieron lugar en mandatos diferentes aunque con el mismo alcalde, José Alberto González.

El 27 de mayo de 2007 se celebraron elecciones municipales, obteniendo entonces CC la mayoría absoluta. Entre el 15 de diciembre y ese día, la Junta de Gobierno Local se reunió en 19 ocasiones y el juez investiga 42 licencias de las que 31 se corresponden con obra mayor y todas ellas cuenta con "informe del servicio de Urbanismo desfavorable".

Pero además de ese reparo, en el cómputo de las 131 licencias urbanísticas objeto de la causa judicial también se refleja que hay casos en los que se aprobaron las licencias "sin constar que se haya podido emitir informe del servicio de Urbanismo", otros en los que se justifica el pronunciamiento técnico contrario porque "no consta que el inmueble tenga licencia de obras", otros más en los que se califica como "nulas de pleno derecho las licencias otorgadas" o porque "no se ha terminado la urbanización".

Llama la atención la otorgada el 5 de febrero de 2007, en el que el juez señala en su auto que "no consta que en la Junta de Gobierno Local de esa fecha se haya abordado el tema referido a esta licencia de obra mayor. Tampoco se adoptó en esa fecha acuerdo relativo a los mismos intervinientes". En cualquier caso, su señoría advirtió de un posible error de transcripción.

Entre las presuntas irregularidades, el juez menciona, asimismo, que "el 7 de octubre de 2008 se deja caducar un procedimiento de caducidad sin iniciarse el procedimiento de oficio como señalan los informes jurídicos".

La Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de noviembre otorgó cinco licencias objeto de investigación. Una fue concedida "sobre terreno dedicado a parques y jardines por silencio positivo", si bien la condicionó, dejándola sobre la mesa, al informe del servicio de Urbanismo.

El 13 de febrero de 2011, el gobierno municipal de Arona permitió a una empresa "continuar con su actividad pese a no tener licencia de apertura".

Esta parte del conocido como caso Arona 2 pasará a ser diligenciado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Se da la circunstancia de que el juez titular es Nelson Días Frías, el mismo del caso Edén, comúnmente caso Arona.

Tendrán que declarar ante el juez

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona dividió el conocido como caso Arona 2 en la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) "en contra de lo dispuesto en los informes técnicos y/o jurídicos" y en la aprobación de numerosas licencias contraviniendo los trámites legales o reglamentarios. 22 concejales y exconcejales declararán ante el juez por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.

El juicio del Arona 1, el año próximo

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará el caso Edén o Arona 1 el año próximo. Con 17 acusados, la Fiscalía plantea un total de 28 años de prisión, unas 170 inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público y hasta profesional, así como multas.


* El Día - J.A. Medina - 10.12.14
Foto: Arona (Tenerife), vista con la costa - DA

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