Ya hemos comentado en este Blog la política especuladora ilegal del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en cuanto al Patrimonio cultural se refiere. En la capital son innumerables los casos de edificios que están pasando irregularmente a manos privadas que, lógicamente, solo tienen como fin la obtención del máximo beneficio, sin importarles en absoluto la calidad histórico-artística y fines sociales del inmueble de referencia. La venta del icónico Palacio de la Música, en la Gran Vía madrileña, es otra operación de esta naturaleza, ya que se desde los tiempos del alcalde Gallardón se había previsto como segundo auditorio municipal. El derrumbe delictivo de Caja Madrid, luego Bankia, ha traído consigo también la venta de activos inmobiliarios como este Palacio musical de estilo ecléctico, pero con una situación envidiable para el uso público. Hay que temerse lo peor, una vez más.
"ANA GARCÍA D’ATRI* : Ruiz Gallardón, un alcalde que salió elegido alcalde, se comprometió con los madrileños en ubicar lo que sería el segundo auditorio de la ciudad de Madrid en el Palacio de la Música. Era una buena noticia porque el lugar es un edificio emblemático de la Gran Vía, memorable para quienes asistieron a muchos conciertos y al estreno de películas como Gilda, Lo que el viento se llevó o El último cuplé. Un edificio del célebre arquitecto Zuazo que ya en el año 1924 podía combinar la música con el cine. El alcalde que presumía de melómano llegó a un acuerdo con Caja Madrid para que pagara la puesta a punto del auditorio respetando el edificio original con la absoluta protección de interior y exterior del edificio y con el uso de "artes escénicas".
¿Qué costaría? ¿Qué inversión tendría? ¿De dónde saldría la inversión? ¿Obtenía algo más a cambio Caja Madrid? Nadie dio ninguna explicación.
Todavía en el 2008 no sabíamos que Caja Madrid sería Bankia, que el ahorro de miles de familias se perdería con un engaño bautizado como "preferentes", ni que el melómano cambiaría de partitura para mostrarse como el más rígido de los sargentos en una cruzada contra los derechos civiles que nadie de la cultura podría entender más que en un impostor.
Una vez dilapidados los ahorros de todos cuantos creyeron en aquel engaño de las "preferentes" y una vez recuperado Bankia con el dinero de todos los españoles, ahora el camino parece ser continuar manejando algo que es de todos: el Palacio de la Música. Y han esperado a que llegue una melómana sorda, alcaldesa de rebote, para cambiar a su antojo el uso cultural previsto y así favorecer la especulación inmobiliaria con un edificio clave de la Gran Vía madrileña hasta ahora protegido.
Sin el gobierno del Ayuntamiento no habría cooperador necesario; y sin la melómana sorda de cómplice no se plantearía esta operación que nos devuelve a la burbuja inmobiliaria.
Instalar otra tienda de ropa en la Gran Vía no responde a generar empleo ni facturación. Gallardón aseguró que no cedería espacio comercial en este edificio que es singular para la cultura. Ya sabía la consecuencia de adecuar planes especiales para convertir cines históricos en tiendas de ropa y restaurantes. Basta darse hoy un paseo por esa famosa gran calle para comprobarlo.
¿Se ha comparado la facturación de cualquier tienda de ropa existente en la Gran Vía con la de un auditorio, y también el empleo? Por no hablar del respeto cultural y del atractivo para el turismo. ¿Nadie hace cuentas sobre los musicales de la Gran Vía?
Puede ser otro regalo ahora que la alcaldesa ha puesto Madrid en venta al por mayor. Pero los socialistas y muy en especial su portavoz, Jaime Lissavetzky, llevan mucho tiempo trabajando para hacer rectificar a las partes implicadas y evitar acabar con la esencia del Palacio de la Música. Demostrar al PP, a la Fundación Caja Madrid y a Bankia que la cultura es tan rentable como cualquier otra opción y que la alternativa es estafar a los españoles de nuevo. Por cierto, una y otra vez a cada uno de ellos les preguntamos: ¿Les da igual las 60.000 firmas en contra de la tienda de ropa y a favor del uso exclusivamente cultural?
Esa venta desnaturaliza la Gran Vía y sólo puede tener el interés de la especulación inmobiliaria. Hay muchas preguntas que no han respondido ninguna de las partes interesadas en esta "venta": ¿Por qué el cliente quiere ese inmueble? ¿Por qué Fundación Caja Madrid abandona la cultura? ¿Por qué Bankia no refinancia? ¿Por qué Ana Botella no se sienta con los empresarios culturales para que el uso sirva a la ciudad? ¿Por qué la alcaldesa no cumple lo comprometido y obliga a que sea un auditorio de uso exclusivamente cultural, como se acordó?
Nunca sabremos los motivos que hicieron a Caja Madrid comprometer una inversión a todas luces exagerada. Lo que sí sabemos es que están pactando de nuevo. Y su pacto consiste en un atraco de tres a Madrid de un edificio único de y para la cultura.
Todo huele a premeditación, ocultación sobre las negociaciones y los proyectos que solo se conocen en los despachos del gobierno municipal. Pasos internos para agilizar el uso no cultural y el disfraz como trámite del acoso y derribo del Palacio de la Música.
Tener un sentido de ciudad, un concepto de cultura urbana, exige que el Palacio de la Música continúe con el uso para el que se construyó. Otra cosa es un atraco de tres, en la hora más débil de una ciudad que sufre.
* Ana García D'Atri es responsable de Las Artes en el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
* El País - Opinión - 19.8.14
Foto: Fachada del Palacio de la Música, en la Gran Vía. / CARLOS ROSILLO
Madrid.- Palacio de la Música: un atraco de tres
Gibraltar aprueba la ejecución de nuevas obras de relleno en plena guerra del tabaco
Es conocida la habilidad diplomática británica para sacar partido de situaciones inverosímiles. Eso sucede en Gibraltar, donde, mientras se está hablando del tema del contrabando y la delincuencia transfronteriza, el gobierno 'llanito' aprovecha la ocasión para continuar su labor de relleno de zonas marítimas para aumentar sus dominios terrestres. Un delito urbanístico internacional 'de libro' que hoy día es fácil de comprobar viendo fotos de satélite actuales y de hace años. La superficie ganada al mar seguirán utilizándola, como hasta ahora, en la construcción de nuevas edificaciones e infraestructuras que complementen su 'Roca'. Se habla de una central térmica, nada menos. Mientras el gobierno español siga despistado y cacareando sin hacer nada positivo para la solución del chantaje de Gibraltar, esto puede ser solo el principio de más agresiones contra la Ordenación del Territorio en la bahía de Algeciras.
"ELCONFIDENCIAL* : Gibraltar sigue adelante con su plan para aumentar sus dominios terrestres. Su Gobierno acaba de iniciar el proceso de adjudicación de un nuevo contrato para obras de relleno con las que pretende ampliar el muelle más próximo a territorio español, el emplazamiento elegido por el ministro principal de La Roca, Fabian Picardo, para levantar una nueva central térmica de ciclo combinado. La decisión del Peñón se produce en pleno cruce de acusaciones entre España y Gibraltar tras un informe de la Unión Europea que constata la escasa diligencia de la colonia en la lucha contra el tráfico ilegal del tabaco que venden sus estancos.
El contrato de adjudicación de los rellenos fue publicado por el Gobierno de Gibraltar el pasado 6 de agosto. El proyecto tiene una asignación presupuestaria de 500.000 libras, unos 624.000 euros al cambio, según las fuentes consultadas por El Confindencial. El adjudicatario deberá encargarse de analizar el material de relleno, triturarlo, transportarlo y finalmente colocarlo en el emplazamiento seleccionado. Sólo podrán optar a estas obras las empresas locales inscritas en el registro de contratistas del Peñón. El plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 29 de agosto.
Los vertidos se realizarán en el muelle norte de la colonia, situado en la zona oeste, en la parte más próxima a la frontera con la Línea de la Concepción. Se trata de un lugar próximo a la zona de aguas españolas en la que Gibraltar lanzó unilateralmente el pasado verano 70 bloques de hormigón, desencadenando una de las más tensas crisis bilaterales de los últimos años.
En total, el Ejecutivo de Picardo quiere dotar a ese muelle norte de una superficie adicional de 8.500 metros cuadrados, equivalente a un campo y medio de fútbol, ampliando también por esta vías sus dominios marítimos, el principal foco de disputa con España en estos momentos. La central generará hasta 80 megavatios usando principalmente gas natural, aunque también podrá funcionar con diésel.
700 millones de perjuicio para la UE
El anuncio de los nuevos rellenos se produce en plena escalada de acusaciones tras el informe de la Oficina Europea del Fraude Fiscal (OLAF) de la UE que cifró en 700 millones de euros el perjuicio económico para la Unión generado por el contrabando de tabaco entre 2010 y 2013. El Gobierno de Mariano Rajoy ha aplaudido que ese documento ratifique por fin las acusaciones que España lleva años vertiendo contra la colonia por su laxa fiscalización de la venta de cajetillas y ha aprovechado para exigir a La Roca que adopte urgentemente medidas contra ese tráfico. Sin embargo, las autoridades del Peñón han reaccionado acusando a España de utilizar a la OLAF para atacar sus intereses y han vuelto a reclamar el fin de las colas en la verja.
No son los primeros rellenos que ejecuta el Gobierno de Picardo en los últimos meses. Este diario adelantó el pasado mes de abril la compra de 55.000 toneladas de roca destinadas en este caso a rellenos en la zona este de la colonia, concretamente, en la playa conocida como Sandy Bay. Colocadas unas junto a otras, esas rocas habrían permitido ocupar una superficie de 19.500 metros cuadrados, equivalente a tres campos de fútbol. El Gobierno español ha vetado la entrada de rocas y otros materiales de relleno por la frontera de la Línea de la Concepción pero Gibraltar ha salvado hasta ahora esa prohibición introduciendo la mercancía por mar desde Portugal, Marruecos y Argelia.
* El Confidencial - José María Olmo - 23.8.14
Foto: Gibraltar, vista de la bahía y los nuevos bloques de viviendas en rellenos junto al puerto - turismo
Una exconsejera acusa a Matas de amaño en la mayor concesión pública de Baleares
La historia del delincuente exministro y expresidente de Baleares, J.Matas, parece no tener fin en cuanto a corrupciones urbanísticas y de todo tipo se refiere. Ahora una exconsejera, a través de anticorrupción, le acusa de manipular un concurso público para la concesión del hospital de referencia en Mallorca, Son Espases. Total del amaño delictivo, entre obra y concesión, 635 millones de euros, el mayor pelotazo urbanístico público de las islas. Hay que recordar que el 'popular' Matas está ahora en prisión de 9 nueve meses tras otro escándalo urbanístico, en una sentencia muy benévola para él. Igualmente lo está la expresidenta del Parlamento Balear y del Consejo de Mallorca, MA.Munar, de UM. Es decir que el grado de corrupción en Mallorca ha sido tan elevado que hasta la cómplice justicia ha terminado condenando (suavemente) a los máximos dirigentes políticos. Aun así los electores han seguido votando al corrupto PP de las islas, como se ve actualmente, algo incomprensible.
"ElPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción ha logrado una confesión firmada de la exconsejera de Sanidad de Baleares por el PP en el último Gobierno de Jaume Matas (2003-2007), Aina Castillo, que destapa supuestas maniobras corruptas del expresidente, preso por una condena de 9 meses. La arrepentida ha desvelado una supuesta operación ilegal ordenada por Matas para favorecer a un adjudicatario con un negocio público "gigante", la obra y explotación de un hospital en Palma por 635 millones de euros.
Castillo acusa al exlíder de ordenarle manipular las valoraciones de la mesa de contratación de la adjudicación de la construcción, explotación y mantenimiento del hospital público de referencia de Baleares, Son Espases. Tras los cambios de valoraciones, con nuevos informes, ganó la UTE liderada por Florentino Pérez de Dragados (ACS) en detrimento del primer ganador, según los técnicos OHL de Juan Miguel Villar Mir. Con Pérez lograron la adjudicación como socios menores las empresas locales Melchor Mascaró y Llabrés Feliu, propietarios y gestores de ambas firmas están implicados en otros escándalos de corrupción.
Aina Castillo, que es abogado y fue una política de primera fila tras ser aupada y protegida por Matas, está imputada junto al exministro y expresidente en otro caso de supuesta financiación ilegal, el caso Over MC. En este asunto penal en instrucción también figura implicado el ex secretario general balear y ex consejero de Interior con Matas, José María Rodríguez, que sigue como presidente del PP de Palma, bajo el mandato del presidente balear y del PP, José Ramón Bauzá.
La Fiscalía Anticorrupción que encabeza en Palma, Pedro Horrach, no ha formulado todavía ante un juzgado de instrucción la querella criminal por el caso de Son Espases. Horrach defiende la primacía de la acción independiente del ministerio público en las investigaciones penales. El acusador ha elaborado un completo dossier sustentado sobre más de media docena de testimonios aparentemente incriminatorios. Este asunto se indaga desde hace años, la Fiscalía está a expensas de tomar declaración al reo Matas, a principios de septiembre. Horrach ha abordado esta cuestión con José Zaforteza uno de los letrados del ex líder del PP, Jaume Matas, preso por corrupción en Segovia por un delito de tráfico e influencias.
En el caso del hospital se abordan los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, fraude. Una de las claves por concretar está en la supuesta existencia de un soborno. La mesa de contratación otorgó la mejor puntuación a la UTE OHL, a pesar de que había presentado una oferta de 740 millones de euros, superior a la de Dragados y FCC que habían presentado una de 635 millones.
La Fiscalía se apoya en la confesión de Castillo, que afirma que el entonces líder popular le ordenó suspender la mesa de contratación para que ganara la UTE liderada por OHL, vinculada al exministro Juan Miguel Villar Mir. Sin embargo, después de la polémica suscitada, cuando se conoció públicamente que ganaría la oferta más costosa, la mesa de contratación varió sus condiciones y pidió dos informes a sendos colegios profesionales, de Economistas e Ingenieros, que decantaron la balanza por la oferta de ACS Dragados y FCC.
La exconsejera Castillo afirma que en dos encuentros que mantuvo con Matas, uno en un gimnasio de Palma y otro en su despacho oficial del Consolat de la Mar, este le entregó un sobre con las pautas para que la mesa de contratación cambiara sus criterios. Castillo era una de las mujeres del partido más afines a Matas, incluso había sido inquilina de uno de los pisos que el expresidente tiene en la céntrica zona del Borne de Palma. Fue una de las únicas que defendió a Matas cuando fue imputado por el caso Palma Arena e incluso fue señalada por la Guardia Civil por haber presionado a testigos de esta causa. Castillo está casada con el actual teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Julio Martínez, un político de peso del PP de Palma.
En los últimos meses, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, se ha desplazado a Barcelona y Madrid para tomar declaración a ex altos cargos y empresarios que participaron en el concurso. Entre ellos, al que fuera teniente de alcalde de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, que casi ha cumplido la condena a cinco años por abusos sexuales a menores. También ha tomado declaración al que fuera número dos de la Conselleria, Sergio Bertrán, que actualmente es gerente de la asociación empresarial Caeb. Éste, junto a funcionarios que participaron en el proceso de contratación, también relataron las supuestas prácticas irregulares.
La empresa OHL presentó una demanda en la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las islas para evitar que Dragados y FCC terminara adjudicándose el centro sanitario.
* El País - ANDREU MANRESA / LUCÍA BOHÓRQUEZ RIBAS - 20.8.14
Foto: El expresidente de Baleares Jaume Matas.- elpais
12 millones para poder esquiar en un secarral de Valladolid
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Como suele ocurrir, las desgracias nunca vienen solas, y ha tenido que ser en el municipio vallisoletano de Tordesillas, famoso ya por la crueldad de su 'festejo' del Toro de la Vega, donde se ha desarrollado este nuevo atentado urbanístico, un despilfarro inútil y delictivo, por la construcción de una pista de esquí en plena meseta castellana, en un secarral donde no hay nada más que la intención de dar un nuevo pelotazo y sacar adelante un proyecto sin pies ni cabeza. Hay que decir que la 'genial idea' sale de las filas de la Diputación provincial, gobernada por el PP, y gracias a un gobierno municipal del mismo signo político, aunque se hayan ido turnando en el ayuntamiento los 2 principales partidos. Además, el lugar elegido para la realización de este complejo imposible son unos terrenos que, previamente, habían sido quemados, arrasando el poco arbolado existente en la zona. Es decir, al delito urbanístico hay que sumar el medioambiental. Mientra tanto, 8 años después, el proyecto sigue paralizado por la justicia y los culpables de la Diputación siguen en sus poltronas, como siempre.
"PEDRO SIMÓN* : En 1935, el fotógrafo Walker Evans recibió el encargo del Gobierno de Estados Unidos de retratar los estragos generados por la Gran Depresión en la América profunda. La misión del artista escondía una trampa del político: con aquellas imágenes, el gabinete de Roosevelt quería demostrarle al ciudadano que vivía en las grandes ciudades por qué pagaba tantos impuestos. Alberto di Lolli no tiene el flequillo del periodista de Misuri, ni su Leica. Pero sí ese don de los que lo ven todo claro con solo cerrar los ojos.
Un día de 2014 abrió el maletero de su Nissan, metió su equipo fotográfico, arroz, pasta, galletas, una pequeña bombona de camping-gas, latas de conservas, una colchoneta plegable y se hizo 8.000 kilómetros para documentar la España del despilfarro, ese corte de mangas ético y estético que -en una cuneta, en mitad de un erial o a la entrada de un pueblo- nos ha dejado la crisis.
El resultado de este viaje iniciático por Derrochistán es una road movie del dispendio voraz. Como tantas otras veces, el que escribe (un servidor) ha ido detrás del que mira.
¿Puede construirse una pista de esquí seco de 12 millones de euros en Villavieja del Cerro -una pedanía castellana de menos de 100 habitantes- para que lleve ocho años sin uso? Puede.
¿Puede levantarse una ciudad del medio ambiente de 500 hectáreas y por 50 millones de forma ilegal en una zona inundable para que hoy sea un lugar fantasma? Puede.
¿Puede concebirse un Parque de la Relajación por valor de millón y medio de euros para que el único edificio construido de los tres previstos termine abandonado, ocupado por personas sin hogar y pasto de las llamas? Puede.
¿Pueden invertirse 10 millones en un acuario sin peces -sin rubor- y llamarlo Parque del Mar?
Todo se pudo en los felices años del hormigón y del ladrillo. Todo se pudo con el dinero público en el tiovivo de comisionistas y conseguidores. Todo se pudo: del verbo poder.
Hemos puesto el foco en el pintoresquismo más que en el mamotreto conocido. Enfocando al fósil de la arquitectura, pero dando voz a la gente que vivió desde cerca el proceso de putrefacción. Siguiendo un mapa sin preguntar por el signo político del responsable del desaguisado hasta que nos íbamos.
El resultado es un país que vivió por encima de sus imposibilidades, un viaje que enfada muchísimo, acaso la frase de Juan Cueto: "Cuando el fracaso se mide por el paro, es lógico que el triunfo se anuncie por el despilfarro".
Sucede en el país con más aeropuertos, kilómetros de alta velocidad y autopistas de toda Europa.
Sucede piel adentro.
En La Foz, un poco antes de Tarna (Asturias), donde un día vieron un ejemplar de urogallo y los políticos decidieron levantarle un museo que costó 677.000 euros, una paisana sostenida sobre unas madreñas nos puso en la pista de todo.
Media España se tambalea, sí. Pero Jesusa permanece apoyada en lo único seguro: una vara.
- Es muy importante que esto se sepa, eh, porque nos están quitando la vida y no nos damos cuenta.
Arrancamos.
La pista del delito
Desde la calle del Medio se ve la lengua blanca bajando por la loma como si fuera a merendarse el pueblo.
Desde la calle Humilladero se observa el complejo en todo lo alto, rajando la mejilla de la colina, como una cicatriz a punta de arquitecto.
Y allá donde mires te imaginas lo que esto iba a ser con sólo cerrar los ojos: 40.000 visitantes en la primera temporada, decían, 45.000 la segunda, 50.000 la tercera. Ya.
Así un año tras otro, como un alud de dinero blanco. Hasta ver desfilar por aquí a seis o siete Camp Nou en un pueblo de menos de 100 habitantes.
La pista de esquí seco que no será se plantificó en un pedanía de Tordesillas donde ni siquiera hay bar, ni colmado, ni futuro. Pero sí un montón de vidas más o menos roturadas por la crisis. Que si María, madre en paro, hija de tipógrafo, que vive gracias a una ayuda de 400 euros al mes. Que si un hortelano medio ciego que no atina con los tomates. Que si una casa rural quebrada. Que si unos niños que nunca estuvieron: el parque infantil oxidado y el cuento de la lechera de los 12 millones de euros.
- Fotos se han hecho de cojones.
- ¿Cómo dice?
- Los políticos, digo. Venían, se hacían la foto y se iban.
Nos lo cuenta Pedro mientras descarga un aguacero de verano (66 años y 40 viniendo al pueblo), quien nos da refugio apresurado bajo el toldo de su patio y señala al Complejo Aventura Meseta Ski. Ése iba a ser su nombre: complejo, aventura, meseta y esquí. No es mal resumen.
- Entra que te mojas. ¿Lo ves desde aquí?
- Sí.
- A la gente del pueblo le pareció bien. Pero el caso es que a mí me jodía. Dirás que por qué. Me quitaban la intimidad. Fíjate, desde ahí arriba me verían en el patio en calzoncillos.
Ahí arriba lo vemos, sí. Desde todos los ángulos posibles.
Desde un lado: la obra fue pagada con dinero público por la Diputación Provincial de Valladolid.
Desde el otro: lo que empezó costando 4,7 millones ha terminado costando 12.
Desde más allá: el proyecto iba a incorporar una cafetería-restaurante (tomen nota: y una tienda de artículos deportivos, y un aparcamiento para 100 vehículos, y una pista de hielo, y un campamento infantil, y rutas a caballo, y la biblia en verso), una meca a la que mandar escolares de toda la provincia para dinamizar la comarca de forma vigorosa.
Desde más acá: la construcción se hizo ilegalmente sobre un monte quemado.
Desde el punto final: el Constitucional escuchó a los ecologistas antes que al dinero. No habría esquí en Villavieja.
Y cuando Pedro termine con su chaparrón de datos -detalle arriba, detalle abajo-, ya habrá dejado de llover.
Aquí se mojaron todos haciendo cuentas, en esa lluvia fina de euros que iba a ser el invento.
Ya ven hoy: la pista de esquí seco como un tatuaje que no puedes quitarte por mucho que te frotes. La pista como un recordatorio amargo. La pista como un monumento al despilfarro. La pista como una broma.
María -la hija de tipógrafo, esposa de un técnico de mantenimiento desempleado, vecina ocasional del pueblo, madre y encuestadora de Sofres en paro- lo dice de otra manera: "No sé si se lo han llevado unos políticos u otros. Da igual. Ha sido alguien que supuestamente debería de trabajar para ti y para mí pero que vive divinamente. Mi padre siempre decía una cosa: que medio mundo se levanta con la picha tiesa para joder al otro medio".
Hay un conejo que corre despavorido al oír el motor del Nissan. En una de cada cinco casas nadie abre la puerta (porque no hay nadie, porque no se fían, porque es la hora de la siesta, porque no quieren hablar del esquí seco). El telesilla de la pista se balancea como un ahorcado moviendo a compasión.
La pista de esquí lo ha sepultado todo. No sólo en el sentido metafórico del verbo sepultar, sino también en su acepción más literal.
Se llamaba Raúl Rodrigo, tenía 23 años, trabajaba en la construcción del complejo, era uno de los chicos de Villavieja del Cerro y había decidido quedarse aquí, a la sombra del tótem de plástico y hormigón. "Era 29 de enero de 2007. Bajó a una zanja. Hubo un corrimiento de tierras. Y se le vino todo encima. Quedó enterrado vivo bajo cuatro metros de tierra. Era mi hermano".
Lo de menos es que la familia se esté arruinando con la casa rural que levantaron y que estaría llena de esquiadores futuros. Lo de menos son los inviernos sin nieve. Porque la ausencia de Raúl lo llena todo.
Y la pista.
Julita es la madre del chico enterrado vivo. De cuando en cuando suspira: "Maldita la hora. Maldita la hora en que se hizo esto".
COMPLEJO DE OCIO MESETA SKI
COSTE: 12 millones de euros. COMIENZO DE LAS OBRAS: Octubre de 2006. DESARROLLO: La Diputación de Valladolid (PP) gastó dinero público en un complejo que inicialmente iba a tener 9.500 metros cuadrados y estaría dotado de dos pistas destinadas a la práctica del esquí (de material deslizante 'snowflex') y otras instalaciones. Las obras se paralizaron cuando los ecologistas denunciaron que se hacían sobre una zona de monte quemado, un delito medioambiental. En 2010, las Cortes de Castilla y León hicieron una ley 'ad hoc' para sacar el proyecto adelante. Pero fue en vano. SITUACIÓN ACTUAL: Paralizado por el Tribunal Constitucional, el complejo permanece cerrado y vigilado.
PISTA DE ESQUÍ SECO DE VILLAVIEJA 12.000.000INACTIVA. DECLARADA ILEGAL POR EL TC
VALLADOLID. Iba a nevar dinero a espuertas, la pista de esquí seco recibiría 40.000 visitas en el primer año, el proyecto revitalizaría la zona y los vecinos del secarral castellano que es Villavieja del Cerro (100 habitantes) cantarían las bondades del proyecto con el mismo júbilo que lo hacían los paisanos de Villar del Río en 'Bienvenido, Mister Marshall'. Ocho años después de aquella ensoñación cocinada en plena burbuja, el pueblo despierta cada mañana para ver sus heridas. Allí mismo. No hay nieve seca posible. No hay dinero. No hay futuro en la comarca.
* El Mundo - PS - 25.8.2014
Foto: Tordesillas (Valladolid), pista de esquí anulada por la justicia - Alberto di Lolli
El Ayuntamiento de Burgos adjudicará a Méndez Pozo la construcción de la plaza de toros
La noticia de esta adjudicación no debe sorprender a nadie que conozca medianamente la vida político - empresarial de Burgos. El cacique 'popular' Méndez Pozo es un personaje con las más altas influencias empresariales en la zona burgalesa (entre otras), y posee desde el periódico local a innumerables promotoras inmobiliarias y constructoras con las que ha conseguido hacerse con un capital especulador notable. Condenado en varias ocasiones por corrupción ha sabido salir a flote gracias a sus contactos políticos de alto nivel. Entre sus fechorías más destacadas está el famoso caso del bulevar en el Gamonal burgalés, que fue largamente contestado por los vecinos hasta lograr tumbarlo definitivamente. Ahora sigue recibiendo encargos urbanísticos (bajo aparente concurso, claro) de los mismos políticos 'populares' que le continúan aupando. Los brazos de la mafia son siempre muy alargados, ya se sabe.
"CANAL54* : El Ayuntamiento de Burgos adjudicará a las empresas Sacyr y Río Vena, esta última propiedad del constructor y editor de Diario de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo, la construcción de la nueva Plaza de Toros. Así lo ha anticipado este martes el alcalde en funciones, Ángel Ibáñez, quien ha adelantado la decisión y ha explicado que será en la Junta de Gobierno Local del 4 de septiembre cuando se realice la adjudicación definitiva de las obras a estas empresas. Una noticia que no parece haber sorprendido, pese a que al concurso se presentaron 6 ofertas de importantes constructoras españolas.
El concurso contempla una inversión cercana a los 4,5 millones de euros más IVA para realizar la primera fase del futuro pabellón multiusos, a la que se sumarán otras para climatizar la infraestructura y dotarla de vestuarios y otras dotaciones, entre otras cuestiones.
Hay que señalar que no es la única adjudicación del Ayuntamiento que en los últimos tiempos recae sobre Méndez Pozo. Sin ir más lejos, el constructor realiza en estos momentos la transformación en un centro cívico de la antigua sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, radicada en la calle San Juan.
Esta obra ha estado envuelta en la polémica desde el primer momento. No solo por los plazos de ejecución, sino también por su presupuesto. Pese a que en un primer momento se aseguró que la adaptación del inmuble no llevaría más de unas semanas y un escaso presupuesto, lo cierto es que la obra parece interminable, al igual que su presupuesto que, según los últimos cálculos, ya roza el medio millón de euros.
* Canal 54 - 19.8.14
Foto: Burgos, 3D nueva plaza Toros - canal 54
Riesgo de urbanización en la última pinada virgen de Benissa
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No es que en este Blog estemos en contra del urbanismo bien hecho y necesario para la sociedad, sino de los numerosos casos del urbanismo salvaje y especulador que están asolando las ciudades y costas de este país (y otros, claro). Es el ejemplo de esta amenaza de urbanización muy negativa en Benissa (Alicante). El lugar elegido para la construcción, como se ve en la foto, es la última pinada virgen en los acantilados costeros que posee la localidad, y esto supone un grave atentado medioambiental y urbanístico que 'clama al cielo'. Sin duda, el gobierno municipal 'popular' está tramando otro pelotazo más en una zona privilegiada de la costa alicantina. Como se sabe, el Plan General fue anulado por la justicia hace un año por otros motivos, lo que ha hecho que se prorroguen las antiguas normas urbanísticas, bastantes más laxas, y por tanto sea hasta 'legal' esta actuación delictiva, si nadie lo impide antes. Dada la consabida lentitud judicial y la rapidez especulativa de los avispados promotores hay que ponerse en lo peor siempre. También aquí, como denuncian los vecinos.
"ELPAÍS* : Un cartel metálico de grandes dimensiones levantado frente a la Pinada de Cantalar en Benissa (Alicante) tiene revuelto al vecindario de una de las pocas zonas vírgenes de acantilado que quedan en la comarca de La Marina Alta. Los residentes de esta área de chalets están convencidos de que una carambola jurídica ha dejado desprotegida parte de una arbolada que ocupa 14.344 metros cuadrados sobre el acantilado benisero, cobijo además de tranquilas calas como la de Baladrar, la Llobela o Advocat. Y sospechan que por el tamaño y lugar del cartel detrás ande un proyecto inmobiliario.
Algunos de estos vecinos llevan ya cuatro años denunciando irregularidades urbanísticas en la zona sin respuesta del Ayuntamiento, según cuentan. Y que nadie haya impedido que se coloque con maquinaria pesada de obra un cartel -descrito por los vecinos "como el de las inmobiliarias"- aumenta sus sospechas, más cuando la normativa local prohíbe el uso de esta maquinaria durante el periodo estival y hasta el 15 de septiembre.
Algunos residentes llevan cuatro años denunciando irregularidades urbanísticas sin obtener respuesta municipal
Los vecinos no entienden cómo en plena época de agosto y con una sequía asolando el territorio, alguien puede ponerse a soldar metales en medio de una pinada para un cartel. Tampoco cómo pueden aflorar reformas en algunos chalets de la zona en un espacio supuestamente protegido, como vienen denunciando desde hace cuatro años algunos de ellos sin obtener respuesta del Ayuntamiento, cuentan.
Vicent París, abogado experto en urbanismo, ahonda en las razones de esta desconfianza: una sentencia del Tribunal Supremo invalidó hace un año el Plan General de Ordenación Urbana de benisero, en vigor desde el 2003, por una razón ajena la Pinada de Cantalar. “Al derogarse el plan”, explica el letrado, “entra en vigor el anterior, de 1982, y por el cual la protección de la zona se reduce casi un 35%”.
Cuando el Supremo emitió su sentencia, “el Ayuntamiento tomó precauciones suspendiendo las licencias de obra que pudieran causar situaciones irreversibles, pero se ha olvidado de la zona de Cantalar”, asegura París. Según la ficha municipal consultada, el abogado sostiene que cualquiera que pida licencia para construir una vivienda unifamiliar de 800 metros cuadrados podrá obtener el permiso municipal de obra.
Arturo Poquet, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente asegura que todas las licencias de obra están suspendidas y el espacio está protegido. Su área, no obstante, comprobó que el cartel “no cumple ni lindes ni dimensiones” y se lo comunicaron al propietario en cuanto lo denunciaron los vecinos. “Presuponer que van a construir allí por una valla publicitaria en blanco es mucho suponer, podría ser para publicitar un hotel. El dueño dice que antes de mes lo habrá quitado”, consideró Poquet. ¿Qué iba a anunciar? “No se lo preguntamos”, asegura.
* El País - RUBÉN ESQUITINO - 21.8.14
Foto: La Pinada de Cantalar, el último acantilado virgen de Benissa. / PEPE OLIVARES
La alcaldía de Aranjuez no impide la ruina del edificio histórico Hospital San Carlos
Lo que está ocurriendo con el Patrimonio monumental en casi todo el país es de auténtica vergüenza, en un momento, además, en que debido a la crisis/estafa inmobiliaria, la nueva edificación lleva varios años paralizada. No se entiende que las distintas administraciones no hayan dedicado más recursos y tiempo a la restauración y la rehabilitación de espacios y construcciones que lo necesitaban 'como agua de mayo'. Más bien todo lo contrario, y el mejor ejemplo lo tenemos en la Comunidad madrileña, donde el gobierno 'popular' de I.González está cayendo en los mayores errores urbanísticos del país en términos de Patrimonio cultural. En Aranjuez, con un alcalde también del PP, se está dejando arruinar el antiguo Hospital de S.Carlos, una joya arquitectónica neoclásica con 3 siglos de antigüedad y con un enorme valor histórico. Todo esto es algo impensable en una sociedad que se dice moderna y se declara respetuosa a la vez con los valores culturales heredados.
"ELPAÍS* : El Hospital San Carlos, en pleno centro de Aranjuez y con tres siglos a sus espaldas, lleva cerrado desde 2003 y se va degradando hacia un estado ruinoso ante la inacción de los sucesivos regidores municipales. Este edificio neoclásico de dos plantas con imponentes fachadas de ladrillo surcadas por grandes ventanales y dos patios flanqueados por corredores, considerado desde la propia Dirección de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid como “una construcción de indudable interés monumental”, lleva una década sin recibir una obra de consolidación que impida su derrumbe.
Desde la alcaldía presidida por María José Martínez de la Fuente (PP) admiten que el proyecto está “parado” porque no hay presupuesto y tienen “otras prioridades”. Mientras tanto, el edificio se mantiene en pie en una zona transitada y con serios riesgos de desmoronamiento de algunas de sus partes, según certifican arquitectos municipales.
Desde 1990, el Hospital San Carlos es propiedad del Ayuntamiento (antes pertenecía a Patrimonio Nacional) y durante estos años no han faltado proyectos para reconvertir este espacio, pero las autoridades municipales de Aranjuez se han mostrado incapaces hasta el momento. A finales del siglo pasado se planteó convertirlo en un Parador, lo que se desestimó ante la presión de los hosteleros de la zona, que veían peligrar sus negocios. En el año 2000, el entonces regidor José María Cepeda (PP) propuso convertir el San Carlos en un hotel de lujo, e incluso el expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, acudió a Aranjuez a hacerse la foto oficial colocando la primera piedra. El proyecto quedó en eso, una mera instantánea.
La última iniciativa para rehabilitar y dar uso al emblemático edificio corrió a cargo del grupo socialista durante el último periodo en que gobernó el consistorio: hace cinco años presentó un plan para convertir el Hospital San Carlos en un centro de artes plásticas con un presupuesto de 2,6 millones de euros, de los que el 75% se solicitó a la subvención estatal que concede el Ministerio de Fomento al patrimonio histórico y el 25% restante correría a cargo de las arcas municipales. A un año de las elecciones, el grupo opositor del Partido Popular solicitó a la Comunidad de Madrid la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del hospital, al tiempo que Fomento rechazaba su aportación al proyecto.
En 2011 los populares recuperaron el Ayuntamiento de Aranjuez con la alcaldesa María José Martínez de la Fuente al frente, y el proyecto de convertir el Hospital San Carlos en centro de artes plásticas quedó totalmente descartado. Para el grupo socialista, fue una maniobra para dinamitar su iniciativa. “Sabían que si declaraban el edificio como BIC habría que congelar el proyecto”, dice David Estrada, concejal del PSOE. Lo cierto es que cualquier obra sobre un edificio en fase de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural debe paralizarse y, en caso de que se le conceda ese estatus, es necesario pedir los permisos necesarios a la autoridad competente. Pero según confirman en esta viceconsejería, la solicitud para calificar al Hospital San Carlos sigue en ese nivel: el de solicitud. Ni siquiera han iniciado la incoación. “Son muchas las peticiones y esto va lento, lo que no impide que consideremos que ese edificio tiene un gran valor histórico”, declaran desde Patrimonio.
El PP, que ahora gobierna el consistorio, es coherente con su solicitud al paralizar cualquier proyecto de rehabilitación anterior hasta recibir una respuesta; siempre y cuando el edificio no revista un riesgo para la ciudadanía. Pero el que una vez fuera un lugar de sanación, está a punto de convertirse en un serio peligro para la integridad de quienes pasean bajo sus desvencijadas cornisas y tejas: solo uno de sus laterales está protegido por una alambrada perfectamente franqueable, el resto linda directamente con las aceras.
Y es en este punto donde cobra especial relevancia el proyecto de la anterior alcaldía socialista desestimado ahora por la regidora del PP: según el informe de los técnicos del Ayuntamiento, era urgente una consolidación previa de la estructura, entre otros motivos, por “la ruina puntual de diversos elementos constructivos y la desaparición de revestimientos y falsos techos en numerosos lugares”. Tres años después, el edificio no se ha tocado y los ribereños siguen paseando junto a sus fachadas.
El propio Ayuntamiento admite ahora la peligrosidad del estado del edificio cuando ha prohibido expresamente acceder a su interior, lo que no impide que algunas bandas locales se cuelen en la antigua morgue y la usen como local de ensayo, o que se organicen “sesiones de espiritismo, porque se ha generado un halo de misterio en torno a este hospital abandonado”, según Estrada. Algunos incluso han colgado sus vídeos en Youtube a la caza de psicofonías y emociones fuertes, en pisos que apenas se mantienen en pie o se inclinan sobre los pasillos inferiores dando una imagen de absoluto abandono. En el doble patio interior, donde antes había un pulcro jardín, hoy se levantan arbustos y ramajes a unos cuantos metros de altura por encima de la herrumbrosa verja trasera.
La alcaldía ha cifrado una obra actual de rehabilitación en torno a los seis millones de euros, “de los que el Ayuntamiento no dispone por las deudas recibidas del anterior Gobierno municipal”. Con todo, siguen buscando fórmulas para darle un “uso productivo al edificio”, que revierta positivamente en la economía de Aranjuez. Mientras se lo piensan, una vez más, el Hospital San Carlos se sigue marchitando.
Un recinto con mucha historia
El Hospital San Carlos tuvo unos inicios muy regios. El rey Carlos III lo inauguró en 1776 para atender a sus empleados y criados y, por extensión, a los ciudadanos del Real Sitio de Aranjuez. El suntuoso edificio cuadrangular de estilo neoclásico y con macizas fachadas de ladrillo, obra del arquitecto Manuel Serrano, estaba presidido por un amplio patio interior y una sala grande de cirugía a la que se accedía desde fuera por un portalón de piedra blanca que dominaba la fachada principal, en forma de arco de medio punto coronado por una cruz y dos jarrones.
En 1864 recibió su segunda restauración por encargo de la reina Isabel II, después de que Carlos IV hubiera ordenado su ampliación y el añadido de nuevas salas. Las posteriores reformas se sucedieron en 1885, 1950 y 1960.
Durante el siglo pasado y el actual ha tenido numerosas y varias utilizaciones. Ha sido cárcel militar, ha alojado diferentes dependencias consistoriales, la Universidad Popular y, en sus primeros años de decadencia, el estudio de la radio local Onda Aranjuez. En 2002 se encerraron tras sus muros concejales del PSOE e IU como protesta contra la poca objetividad de dicha emisora en un periodo en que gobernaba el PP.
Desde 2003 permanece cerrado y los diferentes gobiernos municipales no acaban de dar con un destino cierto para el edificio, mientras se deteriora cada día que pasa. Un simple vistazo desde el exterior lo corrobora.
* El País - LUIS MEYER - 20.8.14
Foto: Ruinas del Hospital Municipal de San Carlos en Aranjuez. / ALVARO GARCIA
La favela de Berlín
La historia urbanística y social de Berlín es contradictoria y ambivalente en todos los sentidos. De ser una ciudad dividida por un muro en la 'guerra fría', pasó a moderna metrópoli capital de las dos Alemanias y, luego, a reducto decrépito en el barrio de Kreuzberg, una zona de refugio de inmigrantes del Este, turcos y de otros países. Así la actual capital federal alemana posee un barrio pobre y marginal digno de figurar en todos los anales de lo que se ha llamado el 'cuarto mundo'. El dueño de los terrenos quiere reconvertirlos y edificar nuevas viviendas de lujo en un lugar repleto de chabolas de cartón y hojalata, tal como si fueran las favelas de Brasil. Así que el conflicto social está servido en la pujante ciudad de la modernidad. Es de esperar una larga batalla entre la multitud de vecinos depauperados y los agentes del orden clásico alemán. Parece que no puede haber reconciliación entre mundos tan diferentes.
"ELPAÍS* : “Berlín es pobre, pero sexi”, dijo Klaus Wowereit, cuando admitió hace unos años la ambivalente fama de la capital alemana, para resaltar la recuperada vida alegre que ofrece la ciudad: diversión las 24 horas del día. El lado sexi se encuentra en cada esquina, pero ¿quién conoce el lado pobre de Berlín, el que no aparece en los folletos turísticos? La ciudad que gobierna Wowereit desde hace 13 años goza del raro honor de ser la única gran metrópoli alemana donde existe un miserable terreno repleto de chabolas de cartón y hojalata, un microcosmos de la pobreza copiado de las famosas favelas de Brasil.
La única favela que existe en todo el territorio de la primera potencia económica de Europa comenzó a ser construida hace casi dos años en una zona de Kreuzberg que a partir de los años setenta fue bautizada como la pequeña Estambul, a causa de la población turca que llegó al país y eligió este barrio para vivir. Casi rodeado por el Muro, el famoso Muro, Kreuzberg era barato, pintoresco, multicultural, y terminó convirtiéndose en un imán para artistas pobres, hippies y punkis. La favela de Berlín está construida en un terreno del tamaño de una cancha de fútbol. Uno de sus extremos linda con el río Spree y está habitada por unas 200 personas provenientes de Rumania, Bulgaria, Polonia y Rusia, que comparten un futuro incierto y miserable con varios junkies alemanes y artistas alternativos que dejaron atrás una vida burguesa para buscar nuevos horizontes o quizá una nueva inspiración.
“No sabemos hasta cuándo podremos vivir aquí, pero estamos preparados para enfrentarnos a la policía si intenta desalojarnos”, dice Jan, un rumano de 43 años que vivió en Almería y que abandonó España a causa de la crisis. “Aquí vivimos mal, pero en Berlín hay trabajo”.
La favela, que fue bautizada por la prensa germana como Cuvrybrache, ofrece una envidiable vista panorámica al río, está rodeada de cafés, bares y restaurantes, y todavía nadie en el vecindario se explica cómo puede existir algo parecido en la capital alemana.
Hace dos años, BMW y el Museo Guggenheim de Nueva York anunciaron la construcción en la zona de un laboratorio futurista destinado a estudiar el desarrollo de las grandes ciudades. Pero una protesta pacífica de los vecinos enterró el proyecto y el terreno baldío fue bautizado como Free Cuvry. A partir de entonces, comenzó a poblarse de gente sin nombre y sin documentación. En la favela solo existe un escusado primitivo y por las noches las ratas acuden en busca de restos de comida.
Las ratas no molestan ni a Marx ni a su amigo Markus, jóvenes alemanes que viven en una chabola construida con restos de madera y latón. Llegaron hace un año, atraídos por la incierta fama de ser un territorio libre donde no se hacen preguntas y cada uno se da el lujo de no hacer nada y contemplar cómo pasa el tiempo.
Pero la amenaza de desalojo es real y proviene de Múnich, donde vive el empresario Artur Süsskind, dueño del terreno y que desea construir viviendas de lujo.
* El País - ENRIQUE MÜLLER - 13.8.14
Foto: Desplazados de Europa del Este en sus chabolas en 'Cuvrybrache', en el barrio berlinés de Kreuzberg, en julio pasado. / KAY NIETFELD (DPA)
Alicante.- Resaca de cemento en La Vega Baja
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La Vega Baja alicantina continúa siendo una comarca récord en cuanto a edificación irregular y transacción de viviendas en los últimos años. La explosión constructora ha sido de tal importancia que el territorio ha quedado irreconocible bajo una selva continua de hormigón y ladrillo. Lógicamente, en gran parte de los casos se ha realizado ilegalmente, saltándose todas las normativas urbanísticas que aconsejan un desarrollo sostenible y armónico. A ello han contribuido el ansia especulativo de promotores desalmados y unos políticos 'populares' delictivos, poniendo el cazo en cuanto veían un negocio fácil, cayera quien cayera. Hoy en día, tras la crisis/estafa, el paisaje es semejante al que acontece tras una devastadora guerra: edificios abandonados y llenos de porquería, calles desoladas y sin vida, terrenos repletos de escombros, etc... una sensación de un paisaje derruido tras un bombardeo auténtico. La muerte del urbanismo en manos de la especulación más criminal.
"ELPAÍS* : Adosados sin estrenar, bloques de pisos enteros, incluso un hotel spa de cuatro estrellas… Decenas de viviendas sin ocupar e inmuebles abandonados a su suerte son saqueados en la comarca de La Vega Baja (Alicante). “Cobre, puertas, hierro”, se lo han llevado todo, asegura Moisés Cruz, miembro de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta. La plataforma lleva un año fotografiando los restos del “afán especulativo”, cuenta Cruz. Comenzó como una pequeña iniciativa de unos ciudadanos que fotografiaban edificios vacíos para concienciar sobre cómo se había especulado con los terrenos de huerta durante el boom inmobiliario.
El trabajo va camino de convertirse en un catálogo del frenesí vivido por la construcción en el sur de la Comunidad Valenciana y del sinsentido en una comarca donde casas abandonadas y sin estrenar son desvalijadas mientras persisten los desahucios de ciudadanos.
Entrando en Almoradí, un edificio de pisos es pasto de drogadictos y grafiteros. A las puertas de Callosa de Segura, lo que era una “oportunidad única” de dúplex entre los 100.000 y los 200.000 euros no tiene ni baños. Ocurre también en Benferri, donde a bungalós acabados les entra el viento por los techos ya sin cableado. Son viviendas que han quedado en manos de bancos, en algunas hasta dejaron la grúa. Los ejemplos se multiplican en siete municipios, mientras el colectivo lamenta la pérdida de “la oportunidad de usar estas viviendas en beneficio de la gente sin casa”. Muchos no fueron ni estrenados; otros, simplemente abandonados, como el caso del Hotel Spa Villa de Catral, un cuatro estrellas cerrado en 2010 cuyas termas son hoy escombreras.
“Son edificios que parecen bombardeados en alguna guerra, productos de planes generales desmesurados”, contextualiza Cruz en una comarca cuya capital, Orihuela, tiene más de 15.000 casas ilegales.
El sentido común no ha estado presente en el urbanismo de algunos pueblos vegabajenses. En Orihuela, precisamente, la semana pasada el PP y el partido liberal CLR —con mayoría plenaria— votaron en contra de la exposición pública del plan cuando la pretensión inicial era que estuviera expuesto durante tres meses y no uno, como recomienda la ley, para que participara la mayor parte de la ciudadanía.
A principios de 2014, la Generalitat no permitió a Almoradí recalificar suelo para 11.000 viviendas en las que acoger a 50.000 habitantes más (el pueblo tiene unos 20.000). Por las mismas fechas, el Tribunal Superior anuló el plan de San Miguel de Salinas por no falta de evaluación ambiental. La idea original era edificar 40.000 viviendas para 100.000 nuevos vecinos que acudirían a vivir a este pueblo de unos 7.000 habitantes.
La comarca, líder en venta de casas
Las compras internacionales en La Vega Baja prácticamente han situado a la Costa Blanca a la cabeza de toda España en transacciones de viviendas de segunda mano. Su parque inmobiliario es probablemente el más grande de la Comunidad Valenciana, que durante los primeros seis meses de 2014 fue la autonomía donde más pisos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la reestructuración Bancaria (SAREB) se vendieron.
Según los datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), Torrevieja y Orihuela aparecen como los lugares con más ventas de casas de la Comunidad. La Vega Baja es casi una obsesión para los británicos, que compraron unas 1.200 casas durante el primer semestre de 2014. Durante ese periodo, solo los rusos compraron más de 100 al mes en Torrevieja; los suecos, igual.
Sin exceptuar entre extranjeros y españoles, de las tres provincias, Alicante es donde más viviendas se han vendido, 16.492, por una cuantía media de 114.632 euros. Le sigue la provincia de Valencia, con 13.098 casas y una cuantía total media de 102.200 euros. En Castellón se han vendido 3.337 viviendas por una media de 93.164 euros.
Los datos corresponden a todas las escrituras de inmuebles de la Comunidad Valenciana; es decir, todas las viviendas vendidas ya fueran compradas en Madrid, Alicante o Sevilla.
* El País - RUBÉN ESQUITINO - 18.8.14
Foto: Casas en Callosa de Segura que hace meses se vendían por más de 100.000 euros - elpais
Aragón.- Ecologistas advierten de que el reglamento de Consejos Provinciales de Urbanismo "sale sin consenso"
Las Comisiones Provinciales de Urbanismo son las teóricamente encargadas de velar por la legalidad urbanística en su territorio. Por encima solo poseen la Comisión Autónoma de Urbanismo que está regulada por la Comunidad de que se trate. Sus atribuciones, pues, son fundamentales para la Ordenación Territorial, pero solo si son manejadas correctamente y con profesionalidad. Muchas veces hemos resaltado en este blog la inoperancia de estas Comisiones debido a su excesiva politización. Aunque haya buenos profesionales del Urbanismo en ellas, la mayoría de las veces están condicionados por las decisiones políticas del partido que gobierna que, lógicamente, arrima 'el ascua a su sardina'. En este caso concreto de Aragón, vemos, una vez más, la misma situación que ha sido culpable del Urbanismo salvaje que ha asolado nuestro país en los últimos años. Parece que todavía no se aprendido nada de los errores pasados.
"EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) han advertido de que el nuevo reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo ha salido "sin consenso" y han criticado que "no incluye medidas para evitar lo ocurrido en los años de la especulación urbanística y la corrupción". Además, "no introduce medidas de transparencia y participación social reclamadas por los grupos ecologistas" y todas las alegaciones presentadas por estos grupos han sido desestimadas, según han informado en una nota de prensa.
En ella, han explicado que "nuestra pretensión ha sido únicamente hacer más transparentes los acuerdos que se toman en las Consejos Provinciales de Urbanismo pidiendo más tiempo y medios para estudiar los expedientes, más facilidades para el acceso del público en general y de los medios de comunicación".
Asimismo, solicitaban "la inclusión en los expedientes de las actas de todas las reuniones mantenidas durante la tramitación del mismo --con alcaldes, promotores, empresas, funcionarios--" ya que estas medidas "podrían ayudar a evitar la corrupción en materia urbanística y no suponen ninguna obstrucción al normal funcionamiento administrativo".
Han agregado que la experiencia de participación desde hace más de diez años en estos Consejos "nos ha permitido conocer a fondo las deficiencias de su funcionamiento", algo que han criticado "sistemáticamente en los plenos y en las reuniones mantenidas con distintos responsables de varios de los gobiernos que se han sucedido en la Diputación General de Aragón".
Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón han recordado que según el Convenio de Aarhus, suscrito por el España, se contempla el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en materias ambientales. Este documento "tiene rango de ley y está amparado en el artículo 96 de la Constitución".
Este convenio "reconoce el papel esencial de las ONG ambientales y la obligación del Estado de reconocerles, apoyarles para que sus miembros no se vean penalizados y tengan amplio acceso a la información".
Ambas organizaciones han indicado que los Consejos Provinciales de Urbanismo de Zaragoza, Huesca y Teruel tienen entre sus competencias la aprobación definitiva y las modificaciones a los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios de Aragón, incluidas ahora las capitales de provincia.
"De ahí la importancia de sus acuerdos en materias urbanísticas y por tanto con importantes repercusiones ambientales", ha argumentado. Están formados por representantes de los distintos Departamentos del Gobierno autonómico y de municipios y comarcas, diputaciones, Administración del Estado y Confederación Hidrográfica del Ebro, un representante de organizaciones empresariales, otro de los sindicatos más representativos y uno de organizaciones de defensa ambiental.
La periodicidad de las reuniones es mensual, en horario de mañana. En unas dos horas se pueden ver más de un centenar de asuntos importantes, han sostenido desde Ecologistas en Acción y ANSAR.
* Europa Press - 15.8.14
Foto: Aragón - EP
Palma.- Construir un puerto para destruir un barrio
En la isla de Mallorca continúa la especulación urbanística decretada por el gobierno 'popular' desde los tiempos del corrupto exministro Matas. Ahora en Palma se pretende la construcción de un nuevo macro Puerto Deportivo en el barrio de Es Molinar, que ya tenía un pequeño puerto. Lógicamente, la alteración urbanística y social que esto supone para el barrio de pescadores es inmensa y ya se han opuesto los vecinos desde distintas asociaciones y la creación de una Plataforma específica contraria. Los promotores del proyecto defienden mientras tanto el 'desarrollismo' especulador de toda la vida y la creación de puestos de trabajo (falsos), sin aportar ninguna justificación explícita, por lo que la guerra en este barrio está abierta, como ha ocurrido en casos semejantes de El Cabanyal, Gamonal, etc. Difícil consensuar ahora cuando la inversión está encima de la mesa y los 'populares' no parecen dispuestos a ceder ni un ápice en las consabidas comisiones por corrupción urbanística.
"PÚBLICO* : En el centro del paseo litoral de Es Molinar y como acurrucado en una dentellada del mar sobre la costa (la pequeña ensenada de Es Caló d'en Rigo), se encuentra el Club Marítim Molinar de Llevant (para los vecinos, Es Club), un pequeño puerto con capacidad para 130 embarcaciones, cuyo modesto calado solo permite el amarre de lanchas, pequeños veleros y los tradicionales llaüts mallorquines, en cualquier caso no superiores a los ocho metros de eslora. Se trata del decano de los puertos deportivos de Baleares, fundado en 1917. En octubre de 2013, la junta directiva de Es Club dio a conocer un proyecto de ampliación de las instalaciones portuarias: una obra necesaria, según la misma fuente, para mantener la concesión administrativa del puerto, que finaliza en 2017 y cuya renovación exige la realización de obras de mejora estructural.
El plan preveía la creación sobre el mar de un recinto portuario entre espigones, con 290 m de longitud por 300 m de anchura, que excedía sobremanera los límites actuales del puerto, tanto en su frente costero como por su penetración marítima. Si las nuevas instalaciones de ribera pasarían de los 5.000 m2 actuales a 37.000 m2, la lámina de agua interior ocuparía un 715 % más del espacio actual, con un calado apto para embarcaciones de hasta 20 m de eslora. El número de amarres sería de 315. Se contemplaba también la demolición de la sede del Club, un edificio que en 2017 cumplirá cien años, y la construcción de tres nuevos inmuebles acristalados, con una amplia zona deportiva adjunta sobre la cala hormigonada, aparte de la amenaza de fin de concesión, los defensores del proyecto recurrieron al consabido argumento desarrollista, atribuyendo a la nueva infraestructura la virtud segura de atraer negocios y puestos de trabajo para el barrio.
Pronto se articuló un amplio frente cívico de rechazo a la obra, con la creación de la plataforma Al Molinar, Port Petit (literalmente: En El Molinar, Puerto Pequeño), que cuenta con la participación activa de la plataforma Salvem Es Molinar (Salvemos El Molinar), el Grup d'Ornitologia Balear (GOB), la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA), Amics de la Terra, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, la Asociación de Vecinos Vogar i Ciar y la organización conservacionista Greenpeace. Convocado el período de consulta a entidades y empresas sobre el estudio de impacto ambiental, el GOB, organización emblemática del ecologismo insular, presentó alegaciones contra el proyecto ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
En las mismas se cuestionaba la necesidad de crear un nuevo puerto deportivo en una línea costera de 13 km de longitud, la del municipio de Palma, donde ya existen siete instalaciones de estas características, con más de 2.600 amarres disponibles. Los promotores de la ampliación no aportaron ninguna justificación relativa a la necesidad de incrementar el número de amarres de Es Club, una pretensión cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que los puertos deportivos cercanos a Es Molinar no están, ni de lejos, saturados en su oferta. Además, el GOB denunció la falsedad del propósito declarado de "mejora y remodelación", pues se trataba de construir una nueva infraestructura, por completo ajena a la previa.
En cuanto a los problemas del puerto actual, sí reconocidos por la organización ecologista (aterramiento de sedimentos arenosos, problemas en el dique de protección del puerto, inundación de muelles y pantalanes con temporales fuertes), se solicitó la realización de obras de remodelación adecuadas, pero en ningún caso de ampliación.
El segundo proyecto
El primer proyecto de pretendida remodelación del Club Molinar no halló respaldo ni en el Ayuntamiento palmesano ni ante el Consell Insular de Mallorca, cuyos respectivos plenos se posicionaron en contra. El alcalde de Palma, Mateu Isern, consideró en público que el plan era "desproporcionado". Ante la mala acogida de su propuesta, la directiva del club se comprometió a presentar correcciones al proyecto original... Pero lo realizado no fue sino un segundo plan de ampliación, tan independiente del primero que este no quedó anulado y siguió su curso administrativo ante las autoridades portuarias estatales. El segundo plan de remodelación, presentado ante la opinión pública el 3 de agosto de 2014, reducía en un 40 % las dimensiones de su precedente: la superficie proyectada pasaba de 70.000 a 40.000 m2; el número de amarres descendía de 315 a 220; y la eslora máxima prevista de las embarcaciones se quedaba en 15 m.
Los nuevos espigones, recortada su longitud en una veintena de metros, curvarían sus perfiles a modo de cazuela. Y persistía la dirección del club en la intención de derribar su actual sede social, aunque solo se construyeran ahora dos nuevos edificios, en lugar de tres, y se renunciara a la zona de instalaciones deportivas. A la vista de lo anterior, el caballo de batalla de las protestas vecinales seguía vivo y coleando: las nuevas instalaciones ocuparían una superficie cuatro veces superior a la actual, con la desaparición de la ensenada natural del caló. En el acto de presentación ante la prensa del segundo proyecto, la dirección del Club Molinar evaluó la cuantía de las obras en unos nueve millones de euros "autofinanciables" mediante la venta de los nuevos amarres.
El presidente de las entidades, Luis Vallespir, aseguró que no se perseguía la creación de un club rentable, "sino un club sostenible". También autoalabó los esfuerzos de la directiva para armonizar las necesidades de la entidad con las demandas vecinales. La respuesta de Al Molinar, Port Petit no se hizo esperar. En nota de prensa, la plataforma manifestó su indignación ante este segundo proyecto, igualmente desproporcionado a su entender; sin variación de su impacto ambiental, urbano y social con respecto a la propuesta original, puesto que "desfiguraría la fisonomía del barrio y del litoral", y provocaría la alteración de las playas urbanas y los caladeros de pesca cercanos. Además, la asociación vecinal insistió en que el incremento de amarres y calado "no responde a una demanda real". En conclusión, se acusaba a la directiva de Es Club de mantener una postura "nada dialogante" con respecto al "consenso que le reclaman ciudadanos e instituciones".
Construir un puerto para destruir un barrio
¿Qué consecuencias puede traer para Es Molinar la ampliación de su club marítimo? No son pocas las quejas que los vecinos esgrimen cual memorial de agravios, y las hay de todo tipo. Para empezar, de orden paisajístico. Ya se ha dicho que la obra supondría la destrucción del asentamiento natural del puerto, Es Caló d'en Rigo, que desaparecería bajo una plataforma de hormigón. El frente costero del barrio, uno de los más apreciados de la bahía de Palma a tenor de sus valores estéticos, quedaría roto por la excrecencia de las instalaciones portuarias (a diferencia de las actuales, que se integran armónicamente en la pareja faz del litoral).
Por otra parte, los espigones a construir truncarían las panorámicas de la línea costera palmesana (catedral, Paseo Marítimo, dique del Oeste) que hoy se disfrutan desde Es Molinar. El medio ambiente también quedaría afectado. No es desatinado pensar que los dragados enturbiarán las aguas, sobre todo si consideramos que el fondo marino de la zona es muy rocoso. Se teme igualmente a la contaminación generada por la afluencia de un número mayor de barcos. Todos estos factores amenazan la calidad de las aguas para el baño, y pueden suponer una merma de las especies de pesca (riesgo denunciado por la Cofradía de Pescadores de Palma).En cuanto a la seguridad de las personas, el nuevo puerto creará una zona de tráfico marítimo intenso a pocos metros de una costa salpicada de playas, donde se concentra un número importante de bañistas en los meses estivales.
No resultan menos graves los problemas relativos a infraestructuras. Las vías de acceso al Molinar, que apenas se han ampliado desde la década de 1980, se colapsan con frecuencia debido al creciente número de residentes y visitantes, sobre todo los fines de semana. Con el nuevo puerto en funcionamiento, los vecinos temen que el barrio quede por completo colapsado. Las propias obras portuarias constituyen el principal riesgo de colapso. La dirección del club no ha explicado cómo cree posible que la retícula de estrechas calles de Es Molinar asimile el tráfico de camiones y maquinaria, ni dónde piensa estacionar todo el material necesario para la preparación y desarrollo de la obra, en un lugar donde apenas median diez metros de distancia entre la puerta de acceso al club y la primera casa del otro lado de la calzada.
Las obras -y su producto final- supondrían la eliminación física de la continuidad urbanística hoy presente en la fachada litoral del barrio. Para concluir, no debe olvidarse que el desarrollo económico experimentado por Es Molinar en las dos últimas décadas, estrechamente ligado al sector de servicios (sustituto de las desaparecidas fábricas y de una actividad pesquera ya testimonial), ha sido posible gracias a los encantos tradicionales del barrio: emplazamiento, paisaje urbano y, ante todo, tranquilidad (nada que ver con las macrourbanizaciones de S'Arenal o Magalluf, refugio de las hordas del balconing y la happy hour). Estas condiciones fueron expresamente reconocidas con la calificación de Es Molinar como zona de Especial Protección Urbanística y Patrimonial (pleno del 19 de diciembre de 2013 del Ayuntamiento de Palma).
Este diario intentó contactar con la dirección del Club Marítim Molinar de Llevant, para conocer de primera mano los argumentos de sus responsables, en tanto que valedores del proyecto de construcción del nuevo puerto deportivo. A tal efecto se les envió por correo electrónico un cuestionario sobre el asunto, al cual nunca contestaron, pese a las buenas palabras de la persona encargada de las relaciones públicas de la entidad.
* Público - IGNACIO GONZÁLEZ OROZCO - 17.8.14
Foto: Palma de Mallorca, nuevo puerto Es Molinar - publico
Carboneras.- Aznar subvencionó ‘El Algarrobico’ con casi tres millones de euros
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Un nuevo giro de tuerca en el escandaloso asunto de la construcción del ilegal hotel El Algarrobico en una playa virgen almeriense. A la concesión de la licencia municipal por parte del gobierno de Carboneras, la autorización de la socialista Junta de Andalucía y la complicidad judicial con sentencias contradictorias, se une ahora el conocimiento de la concesión de una subvención del Gobierno 'popular' de Aznar a la empresa promotora 'Azata del Sol' para edificar el mamotreto ilegal; se reúne así una conjunción de hechos difícilmente superable, que demuestra claramente la actuación delictiva de las administraciones implicadas. El símbolo por antonomasia del Urbanismo salvaje en España se convierte así en el símbolo también de las distintas administraciones y poderes corruptos. Imposible superar el listón, es la vergüenza absoluta nacional. Pura 'Marca España' con denominación de origen.
"ELPLURAL* : La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús Serrano, ha afirmado que, según los datos facilitados por Hacienda y por las agencias públicas, “no nos consta que Azata del Sol SL, ni Azata Patrimonio SL ni Parque Club El Algarrobico hayan recibido subvención alguna por parte de la Junta de Andalucía”. En relación a esta cuestión, Serrano ha sostenido que fue el Gobierno presidido por José María Aznar en 2002, en una orden del Ministerio de Economía, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, quien aprobó subvencionar la edificación del Hotel de El Algarrobico. Por tanto queda demostrado que fue el Gobierno del PP con José María Aznar como presidente y Rodrigo Rato como ministro de Economía quienes dieron ayudas públicas al hotel ilegal.
El BOE delata al PP
Serrano ha aclarado que puede comprobarse a través del BOE del día 6 de mayo de 2002, que publica una orden por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para la resolución de incentivos regionales, que afectó a casi un centenar de empresas. “Entre ellas, la sociedad limitada Azata del Sol, a la que se le aprobaba una subvención de 2,8 millones de euros tras presentar una inversión presupuestada en más de 28 millones”.
Contradicciones en el PP
Para la consejera de Medio Ambiente ello demuestra que el PP tiene “doble vara de medir” así como se ve el cinismo de este partido al acusar a la Junta de dar subvenciones a un proyecto que fue subvencionado por el PP”. Serrano ha subrayado las “contradicciones” de los dirigentes del PP como el presidente provincial en Almería que pide que se abra el hotel mientras que la ministra “está esperando que concluya la maraña judicial para derribar el edificio”.
La ministra Narbona elevó su protección ambiental
La consejera ha afirmado que “ésta es la única realidad, la de los documentos oficiales. Precisamente el BOE nos recuerda que fue la ministra Narbona, ya con los socialistas en el Gobierno, quien acometió el deslinde de esta playa en 2005 para elevar su protección ambiental”. De ahí que Serrano haya sostenido que “fue aquella decisión la que dio un giro radical al tema, abriendo paso a la paralización de la construcción de una mole subvencionada dos años antes por el Gobierno del Partido Popular”.
El acuerdo Junta-Ministerio para demoler el hotel sigue vigente
En cuanto al complejo proceso judicial en el que se encuentra el caso con sentencias contradictorias, la consejera ha insistido en que “respetamos las decisiones judiciales, pero no las compartimos”. Además, Serrano ha recordado que en el terreno institucional tanto la Administración autonómica como la Administración General del Estado han manifestado su intención de regenerar medioambientalmente la zona. “No sólo han sido los ministros socialistas los que han apoyado la demolición, también lo hizo Arias Cañete y la actual titular del Ministerio”, ha apostillado. Según la titular de Medio Ambiente de la Junta, “la propia García Tejerina me ha ratificado la voluntad del Gobierno central de cumplir el acuerdo de colaboración suscrito para hacer realidad la demolición cuando haya seguridad jurídica”.
La Junta quiere demoler El Algarrobico
Por último, la consejera de la Junta ha ratificado cuál es la postura del Gobierno andaluz ante este tema. Así, ha recordado que el próximo 12 de septiembre se formalizará el derecho de retracto por el que las parcelas del paraje del Algarrobico pasarán a ser patrimonio público andaluz mediante los 2,3 millones de euros depositados en 2006. “A continuación, esperaremos a que los procesos judiciales que estén abiertos se resuelvan”, ha asegurado. Serrano ha reiterado la intención de la Junta de Andalucía de demoler El Algarrobico “en cuanto tengamos seguridad jurídica” para proceder a la recuperación ambiental de la playa
* El Plural - 21.8.14
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal Punto Negro - Greenpeace
Madrid.- Nuevo PGOU, más especulación en Urbanismo
El actual gobierno 'popular' de A.Botella en Madrid pretende aprobar el nuevo Plan General municipal antes de que termine su legislatura, es decir de Mayo de 2015, y para ello está acelerando su proceso sin utilizar para nada el consenso y con la oposición declarada de todos los demás partidos políticos, asociaciones de vecinos y colectivos implicados. Las prisas suelen ser malas consejeras y más aún cuando lo que se pretende son nuevas privatizaciones de actuales dotaciones públicas para obtener beneficios que lucren a los amiguetes de turno. Así, ha sido denunciado ya el avance de este nuevo PGOU que pretende el expolio de edificios públicos, a la vez que promociona un nuevo desarrollismo imposible para la actual ciudad de Madrid. La mejor prueba del rechazo ciudadano es la creación de la Plataforma 'No a Este Plan Urbanístico' que se opone radicalmente a este nuevo pelotazo del PP en la capital.
"DIAGONAL* : La frenética carrera del equipo de Ana Botella para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue ocasionando muestras de rechazo de la mayoría de colectivos y asociaciones vecinales. La insistencia del Consistorio en modificar el actual planeamiento urbanístico de la capital, vigente desde 1997, para declarar urbanizable zonas que alcanzarían hasta los límites territoriales marcados por los distritos, se ha encontrado con la oposición de varios grupos, que ven la medida como un mero intento de continuar la especulación urbanística en favor de grupos de poder y grandes propietarios y en detrimento del patrimonio urbano, cultural y de zonas verdes que disfrutan los madrileños.
El Ayuntamiento desea aprobarlo antes del final de su mandato, en mayo de 2015, pero apenas tiene consenso. Entre varios cambios, prevé dar a 146 unidades urbanísticas (desde parcelas, edificios y manzanas) que ahora son dotaciones públicas (equipamientos deportivos, educativos, sanitarios o administrativos) un nuevo uso económico y lucrativo (oficinas, hoteles, comercio, etc.), según alertan diferentes asociaciones, como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que desconfía, por ejemplo, de que la situación económica permita cubrir las 200.000 nuevas viviendas que el Plan prevé construir en los siguientes años, cuando la población española se está reduciendo progresivamente.
Expolio de edificios públicos
La ofensiva del Ayuntamiento comenzó en noviembre pasado, cuando su Junta de Gobierno entregaba el Preavance del nuevo PGOU (actualmente en fase de discusión pública) y calificaba un nuevo tipo de suelo como ‘actividad económica’, que sustituía los actuales usos industrial y terciario. Entonces, el Consistorio defendía el proyecto alegando que el antiguo Plan potenció la llamada ‘burbuja inmobiliaria’ y que ahora era necesario un modelo que flexibilice la tramitación urbanística que “retrae la inversión por la dilatación de los plazos administrativos”, señalaba en su momento la concejala de Urbanismo, María Paz González. Pero a esta tesis le han salido varios críticos.
Uno de ellos es la Plataforma No a Este Plan Urbanístico, que nacía el pasado junio para “impedir el expolio de suelos y edificios públicos al servicio de intereses privados”. Formada por diferentes asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio, sindicatos y partidos políticos, se creó para rechazar un PGOU que “camina en contra de los intereses ciudadanos”, al desregular los usos y permitir que los edificios puedan albergar cualquier tipo de actividad.
El colectivo denuncia que el Plan provocaría un crecimiento “insostenible e innecesario” del desarrollo inmobiliario y segregaría barrios ricos de pobres, al decidir los usos en parcelas por criterios de rentabilidad y, por contra, descuidar la movilidad y la intervención pública en materia de vivienda y suelo en zonas ya existentes.
Los analistas estiman que un indeterminado número de inmuebles públicos de Madrid pasaría a tener uso especulativo. El Plan contempla modificar a uso privado desde los Juzgados de Plaza de Castilla y las instalaciones de RTVE en Torrespaña, pasando por la Consejería de Presidencia de Pontejos, hasta el edificio de Registro Civil de Padrillo o el antiguo Hospital del Aire de San Cipriano, por poner sólo algunos ejemplos. Igualmente, afectará a casi medio centenar de edificios de Telefónica, como su sede en la Gran Vía. Que la estrategia va en serio lo demuestra la ‘Operación Canalejas’, iniciativa privada promovida por el Grupo Villar Mir y aprobada por el Ayuntamiento para transformar esta céntrica manzana de 50.000 metros cuadrados en un hotel de lujo y un centro comercial.
Plazos cortos
El documento de Preavance presentado en noviembre por el Gobierno regional consta de 19 tomos y más de 6.000 páginas y se dio hasta el pasado 31 de enero para presentar sugerencias y alegaciones. Para la FRAVM, el plazo era “demasiado corto” para que los madrileños y organizaciones examinasen la documentación. Por ello, exige que se aplace su discusión hasta después de las elecciones. Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de FRAVM, lamenta que “no se ha contado con la participación ciudadana en un tema tan serio como la modificación de su propia ciudad. Madrid corre el riesgo de quedarse sin terreno no urbanizable y zonas verdes”, al tiempo que no descarta una estrategia política: “Si el PP no gana las elecciones, dejará la patata caliente al que venga detrás. Hay que centrarse en mejorar los barrios que ya existen”, resume Pérez Quintana.
El Plan contempla que los propietarios de los inmuebles cedan al Ayuntamiento una superficie equivalente para uso dotacional, que se ubicarían en zonas periféricas más baratas. Sin embargo, la FRAVM habla de “desamortización” en detrimento de los ciudadanos. Los críticos al Plan alertan de que el cambio de uso permitirá a sus gestores desprenderse de inmuebles emblemáticos aprovechando el mercado inmobiliario, medida aplicada desde el inicio de la crisis por las Administraciones públicas para aliviar su deuda. Un dato, el Gobierno regional subastó en 2013 varios inmuebles por los que calculaba obtener 742 millones de euros, pero sólo logró 240.
Arrasar con todo
Mariano Lapuente, asesor técnico del grupo municipal de IU, exige la retirada del Preavance por “disconformidad con el contenido y por ser inoportuno al estar a menos de un año de las elecciones”. El técnico de urbanismo alerta de que el Plan amenaza con extender la ciudad urbanizable hasta aquellos límites que alcanzan el término municipal, como Rivas-Vaciamadrid, Getafe o la Cañada Real. “Se intenta arrasar con todo y urbanizar aquello que no esté protegido por ley”, comenta el asesor, que añade que “el Plan pasa de puntillas por diferentes puntos, entre ellos el déficit de equipamiento de los distritos periféricos o la protección del patrimonio”. Por su parte, desde Ciudadanía y Patrimonio se asegura que la intención del Ayuntamiento es “tener carta blanca para regular cualquier proyecto inmobiliario. Muchos usos públicos se mudarán a terciarios con el peligro de privatización, como el mercado de la Cebada, el Palacio de la Música o el Teatro Albéniz, estos últimos propiedad de la banca”.
Varios expertos se preguntan por qué se lanza ahora este PGOU, especialmente cuando quedan todavía pendientes desarrollos en el sureste de Madrid, donde se prevén más de 300.000 viviendas para casi 1,3 millones de habitantes. Muchos aseguran que el Preavance es una simple manta de seguridad para salvar el vacío legal de desarrollos ya iniciados con el PGOU de 1997, como el de Valdebebas, y para que se eviten futuros recursos judiciales en contra. Los expertos coinciden en que los grupos de poder y determinadas entidades financieras adquirieron en su momento muchos terrenos no urbanizables, que ahora quieren proteger con una cobertura jurídica.
Parte de la Ley de Patrimonio, inconstitucional
El 24 de julio, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La ley, aprobada unilateralmente por el PP en octubre de 2013, fue denunciada por desproteger el patrimonio y por supeditarlo a intereses económicos. Tres días después de su aprobación, diez de sus artículos fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional a través de 57 senadores del PSOE y del Grupo Mixto. Uno de los artículos declarados inconstitucionales podría afectar directamente a la ‘Operación Canalejas’, por la que se pretende construir un hotel de lujo, un párking y un centro comercial en una manzana que incluía varios bienes de interés cultural.
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, afirmó poco antes de la aprobación de la ley que “la única manera de conservar el amplísimo patrimonio histórico que tenemos es dando la posibilidad de que tenga aprovechamiento económico” y defendía aprobar la ley para “hacer compatible la preservación de nuestro patrimonio histórico con la explotación económica, comercial, turística, de ocio, etc., para hacerlo sostenible”.
* Diagonal - Ricardo Vallano - 11.8.14
Foto: La 'operación Canalejas' podría paralizarse por decisión del Tribunal Constitucional. / DAVID FERNÁNDEZ
La 'Marbella de Extremadura' corta el acceso a las zonas públicas de una isla protegida
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La corrupción urbanística llegó también a Extremadura, como no podía ser menos. El complejo turístico de lujo edificado ilegalmente en la isla del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, sigue dando que hablar. A pesar de ser anulada por el Supremo, la macro urbanización continúa en su sitio sin que el gobierno del presidente de la Junta 'popular', JA.Monago, haya movido un dedo a favor de su demolición, sino más bien poniendo nuevas pegas. Como ya se ha dicho otras veces, se trata de unos terrenos protegidos y con un decreto que consagra el acceso público de los visitantes. Pero en este lugar apartado sigue dominando el caciquismo ancestral y unos vigilantes de seguridad privados impiden el acceso a la isla, bajo excusas inadmisibles en un estado de derecho. Es decir, se practica la ley de la selva, a pesar de las decisiones judiciales contrarias. Inadmisible y delictivo.
"ELDIARIO* : Es terreno protegido, público y con un decreto que consagra el acceso de la población. Pero también es una urbanización de lujo y un campo de golf declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Sin embargo, es el complejo privado Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) el que decide –y deniega– el paso a las zonas públicas de este suelo de alto valor medioambiental. Mientras, es el Gobierno extremeño de José Antonio Monago (PP) el que defiende al complejo ante los jueces para salvarlo de su demolición.
Unos reporteros de eldiario.es acudieron a la zona. Una barrera impide la entrada. A la derecha, desde una garita, el vigilante pregunta con la mirada.
-Venimos a tomar un café al hotel.
-No se puede, necesitáis una invitación o tener una cita con alguien.
Entrar a la antigua isla de Valdecañas en el noreste de la provincia de Cáceres ya no es posible. Lo que otrora era un terreno municipal creado al antojo del embalse del mismo nombre, hoy es un exclusivo resort con la puerta cerrada para quien no tenga una propiedad o un trabajo en el interior, o al menos una invitación. Este ‘Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico, y de Servicios’ (su título oficial) busca trasladar el modelo de golf y lujo desde el litoral hasta el interior. Ya desde la fase de obras, iniciadas en 2007, ha existido una valla que impide el acceso público a dicha urbanización, a su playa fluvial, a las riberas del embalse, al hotel y a las zonas verdes, así como a los aparcamientos y viales públicos. Así lo denuncia la asociación ecologista Adenex que junto a Ecologistas en Acción ha llevado a los tribunales unas irregularidades que ya nadie niega.
El presidente de Adenex, Ismael Sánchez, envió el pasado 30 de julio tres cartas a los alcaldes de El Gordo y Berrocalejo, localidades cacereñas en cuyo término municipal se ha construido el complejo, así como a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, solicitando que se elimine la barrera para facilitar el acceso a los espacios públicos de la isla, ahora convertida en istmo.
Pero nadie se da por aludido. Mientras la empresa declina hacer declaraciones, la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo “está procediendo a su análisis para ofrecer la correspondiente respuesta”, explican desde el Ejecutivo regional.
El Decreto de la Junta de Extremadura 55/2007, que aprueba el Proyecto de Interés Regional promovido por la empresa gestora, menciona claramente itinerarios urbanos y plazas de aparcamiento “de uso público”, así como parcelas en la zona de espacios libres “que se considerarán de uso dominio público”. Dicho marco legal afirma incluso que “la zona donde se pretende realizar la playa artificial no perderá el carácter de dominio y uso público”. Nada de eso se ha cumplido.
Urbanismo segregacionista
En julio, el Ejecutivo de Extremadura patrocinó un curso sobre Gestión de recursos hídricos y aprovechamientos turísticos apoyado por la misma promotora del resort con el empresario José María Gea a la cabeza. “Socialmente, el complejo es un ejemplo de urbanismo segregacionista que ha privatizado un suelo público al que ya no se permite entrar. Es una muestra de lo que se denomina ‘ciudades de muros’, que privatizan su uso para una minoría, excluyendo el contacto con el resto de la población”, apuntan desde Adenex.
El dominio sobre el terreno llega hasta el punto de que las jornadas incluían una visita para los alumnos a Marina de Valdecañas de la que eldiario.es fue testigo e, incluso, los que disponían de una beca pudieron alojarse en algunos de los apartamentos del complejo.
“Se vendió como de máximo interés general y público, pero no hubo información. El interés es el del promotor”, apuntó en el curso Ángeles Lópex Lax, la abogada que ha llevado el caso desde Adenex y que calificó este modelo de turismo de obsoleto.
Una zona protegida
La promotora se escuda ahora en que no había protección ambiental al lanzar su proyecto: “Cuando empezamos las gestiones no había Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Apareció no sabemos cómo. De repente dijeron que allí no podíamos construir”, argumenta Gea. También que hay invertidos más de 140 millones de euros en Marina Isla de Valdecañas y criticó la falta de seguridad jurídica de la región: “Se está haciendo una interpretación bárbara de la ley”.
Que los terrenos sean una ZEPA es la clave de la ilegalidad del resort: las 133 hectáreas del complejo pertenecen a la Red Natura 2000 y por eso no se pueden hacer desarrollos urbanísticos, según han corroborado los tribunales. ¿Conocían los promotores la protección ambiental de esta parte del embalse de Valdecañas? Según los documentos a los que ha tenido acceso eldario.es, sí. En una notificación que la Junta de Extremadura envía en noviembre de 2005 a la promotora, recuerda que es una Zona Especial de Protección de Aves y que, por ley, está por tanto sujeto a la justificación de un “interés público de primer orden”.
A pesar de ello, la promotora sostiene que no tuvo constancia de ninguna declaración oficial al respecto. Y lo cierto es que, más allá de aquellos documentos internos, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente había comenzado, dos años antes, un proceso de elaboración de nuevas ZEPA que aún estaba pendiente de publicación. El clavo ardiendo de la empresa es por tanto que, mientras no exista un documento oficial, no existe zona protegida alguna. La abogada López Lax echa por tierra este argumento, “como evidencian la Directiva Aves y la Directiva HÁBITAT. Bajo esa mentira Marina admite la incompatibilidad urbanística entre este proyecto y la Red Natura 2000”.
De hecho, el Tribunal Supremo ratificó el pasado mes de febrero la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: el complejo Marina Isla de Valdecañas es ilegal. Los magistrados han ordenado desmantelar la conocida como ‘Marbella de Extremadura’ y reponer los terrenos a la situación previa a las obras pues son terrenos no urbanizables. El Ejecutivo popular extremeño, con apoyo del PSOE, que autorizó las obras mientras gobernaba, aduce ahora “imposibilidad de ejecución” de la sentencia. El tema está de nuevo en manos de los juzgados. Mientras, la barrera de acceso sigue filtrando las entradas.
* El Diario - Mª Ángeles Fernández / J. Marcos - 11.8.14
Foto: Vista de la urbanización de Valdecañas el 17 de julio de 2014 /M.A.F.
