5 años más tarde (cinco) el 'diligente' Tribunal de Cuentas encuentra un fraude en la adjudicación de multitud de obras públicas del llamado Plan E, impulsado por el gobierno de R.Zapatero. El organismo destaca que el 42% del importe total del programa, 2.100 millones de euros, fue adjudicado por las entidades locales siguiendo procedimientos con escasa o nula difusión, es decir que esas pequeñas obras fueron concedidas a dedo por los dirigentes municipales. Una grave acusación la de este siniestro organismo público para hacerla tan tarde y tan fuera de lugar, ya que si el asunto fuera prevaricador, el lugar lógico de esta acusación debería ser el de los tribunales de justicia y, de momento, esto no se ha producido. Parece que pueda haber de fondo un interés partidista, conocidos los actores que intervienen en este caso.
"ELCONFIDENCIAL* : El Tribunal de Cuentas ha encontrado graves defectos formales en el segundo Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobado en octubre de 2009 con una dotación total de 5.000 millones de euros bajo la denominación oficial de Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL). El organismo supervisor concluye en su informe de fiscalización, al que ha tenido acceso este diario, que casi la mitad del presupuesto del programa acabó adjudicándose a dedo, que la mayoría de los proyectos financiados no fueron de utilidad pública y que en uno de cada tres expedientes los fondos no sirvieron para generar ni un sólo puesto de trabajo.
El documento cuestiona con dureza la utilidad del fondo, que supuso un desembolso equivalente al 0,5% del PIB nacional. El organismo destaca que el 42% del importe total del programa, 2.100 millones de euros, fue adjudicado por las entidades locales siguiendo procedimientos con escasa o nula difusión. En la gran mayoría de esos casos, precisa el Tribunal del Cuentas, se utilizó en concreto el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que los empresas adjudicatarias fueron elegidas a dedo por los dirigentes de las entidades locales. A juicio del órgano supervisor, se trata de “una concentración muy elevada en un tipo de procedimiento que la propia Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público configura como excepcional frente a los procedimientos abierto y restringido, que garantizan en mayor medida los principios de publicidad y libre concurrencia”.
El Tribunal de Cuentas añade que, además de utilizar procedimientos de adjudicación opacos en casi la mitad de los procedimientos, también se ha detectado que, en el 87% de los expedientes, las entidades locales no justificaron con la diligencia exigible la selección de los criterios para la licitación de las obras o servicios.
La fiscalización también concluye que en un 56% de las adjudicaciones con cargo a la dotación del Plan E “no se acreditó o se hizo de forma inadecuada la necesidad pública de la inversión, cuestión que, además de suponer un requisito básico para la adjudicación, recogido en el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), supone una garantía de que los fondos públicos se destinen a un fin necesario para la entidad local”. Sólo el 44% de los proyectos de la segunda fase del plan de estímulo del Ejecutivo garantizó la utilidad del gasto público.
Adjudicación sin compromiso de empleo
El Tribunal de Cuentas también pone en duda el efecto que el programa tuvo en la creación de empleo, pese a que ese era uno de los objetivos con los que fue anunciado. El informe apunta que el “27% de los proyectos fue adjudicado a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo” y, un porcentaje aún mayor de los expedientes, el 38%, “se adjudicó a empresas que no iban a necesitar contratar a ningún trabajador nuevo”. Además, el 13% de las empresas que se comprometieron a “emplear nuevos trabajadores” incumplió esa promesa. Y por último, se ha podido constatar que el 9% de los empleados que según las firmas adjudicatarias habían sido contratados del desempleo “no constaba como inscritos en los correspondientes Servicios Públicos de Empleo”.
La fiscalización del segundo Plan E alcanza conclusiones similares a las que se desprendieron del análisis del primero, conocido oficialmente como Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y aprobado en 2008 con una dotación de 8.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas consideró que el 70% de los proyectos financiados con cargo a ese programa no justificaron su utilidad pública y que sólo el 4% de los trabajadores que fueron contratados para obras o servicios financiados por el plan mantenían sus empleos a finales de 2011.
* El Confidencial - José María Olmo - 1.8.14
Foto: Obras Plan E - wikipedia
Casi la mitad de los 5.000 millones del segundo Plan E se adjudicaron a dedo
Vecinos de Madrid protestan contra Ana Botella por la cesión al Opus Dei de una finca histórica
Las asociaciones de vecinos de Madrid están de nuevo en guerra contra la política urbanística privatizadora de la alcaldesa A.Botella. A pesar de las más de mil alegaciones que presentaron para que la Quinta de Torres Arias, un palacete con enormes jardines de cinco siglos de antigüedad, fuera finalmente de uso público, la alcaldesa, sin embargo, lo cedió al Opus Dei, a través de Universidad privada de Navarra. Una operación fraudulenta, especulativa y esperemos que reversible si llega a los tribunales de justicia, como parece ser su camino final. Es conocida la vinculación de A.Botella y familia con esta secta ultracatólica que actúa calladamente, pero que practica un proselitismo evidente entre las filas del conservador Partido Popular.
"POSTDIGITAL* : Una protesta vecinal convocada por la Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias ha recriminado hoy a la alcaldesa Ana Botella la intención del Ayuntamiento de Madrid de ceder esta finca pública del siglo XVI, de alto valor patrimonial, a la Universidad de Navarra, privada y vinculada a la secta ultracatólica Opus Dei. La protesta ha tenido lugar frente al Palacio de Cibeles coincidiendo en horario con la celebración del pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que se ha aprobado el Plan Especial para la Finca de Torre Arias, un espacio para el que los vecinos de San Blas llevan años reclamando un destino de sus instalaciones a equipamientos públicos que sean 100% de gestión pública, ya que la zona sufre una fuerte carencia dotacional.
El Plan ha sido aprobado en solitario por el grupo municipal del PP, “tras ignorar las más de 1.000 alegaciones presentadas por asociaciones vecinales y vecinas y vecinos a título individual”, ha informado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), y contempla la demolición de edificios de alto valor arquitectónico para la construcción de un aparcamiento.
Además de las demoliciones, el Plan regula el uso dotacional como equipamiento educativo del edificio principal, estableciendo el régimen de obras admisibles, y el PP ha asegurado que se llevará a cabo “un concurso público al que puedan acceder todos aquellos organismos educativos o culturales interesados”.
Para la Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias esto “invita a pensar que el Ayuntamiento de la capital ha diseñado un ‘traje a medida’ para la privatización parcial de la quinta vía la cesión de parte de las instalaciones a organismos como la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei, que ya ha mostrado su interés en instalar en ellas una sede para impartir cursos de postgrado”.
“No puede ser que los chavales y chavalas de Canillejas no tengan un instituto público en el barrio y el Ayuntamiento de Madrid ceda un espacio público destinado a una institución educativa de élite”, han expresado desde la plataforma, que exige la redacción y aprobación de un plan de rehabilitación integral para uso dotacional público que dé respuesta a las necesidades del distrito.
Una privatización encubierta
La Quinta Torre Arias es una hacienda de cinco siglos de antigüedad y una extensión de 13,45 hectáreas, situada en el último tramo de la calle de Alcalá. Además de la abundante vegetación y del palacete principal, cuenta con diversas construcciones catalogadas por el Ayuntamiento con diferentes niveles de protección histórico-artística, como las caballerizas, el matadero, varias fuentes y estanques y otras edificaciones anexas.
Tras la muerte en 2012 de su antigua propietaria, la condesa de Torre Arias, se hizo efectiva la cesión de la finca al Ayuntamiento de Madrid en virtud de un acuerdo firmado en 1985 entre sus propietarios y Enrique Tierno Galván, el entonces alcalde de la capital, según el cual la quinta pasaría a manos del municipio con la condición de que el espacio se empleara como parque público y para servicios a la ciudad.
La Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias cree que el Partido Popular pretende saltarse las condiciones del acuerdo, que establecía el uso público como condición para la cesión, mediante una privatización encubierta, a la vez que aparenta dar cumplimiento a las necesidades vecinales de dotaciones educativas cuya gestión estará en realidad en manos privadas y no serán accesibles para todo el mundo.
* PostDigital - 30.7.14
Foto: Madrid, Quinta de Torres Arias - dinastias
Dimite el alcalde de Paterna, imputado por dos delitos de prevaricación
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Otro alcalde 'popular' valenciano que dimite ante la imputaciones por prevaricación urbanística que le acechan. Por supuesto él alega motivos personales pero, tras años de permanencia en la poltrona municipal, las irregularidades en obras municipales, con colaboraciones privadas, parece que le pasarán factura en forma de sentencias condenatorias, a poco que la justicia sea imparcial y se esmere en estos nuevos casos de corrupción urbanística en la Comunidad Valenciana. Aparte de quién presentara las denuncias, lo que está claro es que, si un alcalde 'popular' dimite, algo muy grave debe haber detrás, porque es conocida su querencia habitual a negar todas las ilegalidades que cometen.
"PÚBLICO* : El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, imputado por sendos delitos de prevaricación administrativa, ha anunciado este miércoles "por sorpresa" en el transcurso del pleno ordinario de julio su dimisión, tras siete años en el cargo, por motivos personales. Fuentes del Ayuntamiento de Paterna han explicado que durante la sesión plenaria, Agustí ha hecho balance de sus años de gobierno y ha considerado que, aunque cree que las acusaciones de la oposición por las que está imputado no tienen peso, "lo mejor para Paterna" es marcharse ahora.
Agustí ha señalado que la dimisión se formalizará a partir de este jueves y ha pedido "apoyo sin fisuras" a sus compañeros para que ocupe la Alcaldía la primera teniente de alcalde del municipio, Elena Martínez. Las mismas fuentes han indicado que Agustí, que ha sido alcalde de Paterna desde que en 2007 arrebatase el cargo al PSOE, ha esgrimido motivos personales para abandonar su puesto y ha asegurado que su decisión llega en el momento oportuno "más allá de las críticas de la oposición".
Respecto al peso que hayan podido tener en su decisión las imputaciones por supuestas prevaricaciones a raíz de sendas denuncias de la oposición por su gestión en la zona franca y la adjudicación de las obras del auditorio, Agustí ha señalado que éstas "no tienen peso", que "confía en la justicia" y que "el tiempo las aclarará". Agustí, junto a otros cinco concejales del municipio, está imputado por supuestas irregularidades en la promoción de la zona franca, un proyecto de colaboración público privada que, según los cálculos del consistorio, supondría una inversión de 288 millones de euros y la creación de unos 70.000 puestos de trabajo.
Esta imputación parte de una denuncia de Compromís ante la Fiscalía Provincial de Valencia por el supuesto uso "irregular" de 628.000 euros de fondos públicos a través de la empresa municipal Gespa para financiar la promoción de "una Zona Franca inexistente". Además, el hasta hoy alcalde de Paterna también se encuentra imputado por un posible delito de prevaricación administrativa en el proceso de adjudicación de las obras del auditorio del municipio por un importe de 456.470 euros.
En este caso la denuncia partió del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Antonio Sagredo, quien ha señalado que les ha pillado "por sorpresa" el anuncio del alcalde, que se ha emocionado. Sagredo, a pesar de las palabras del alcalde, ha considerado que las imputaciones que pesan sobre él han influido de manera "absoluta" en su decisión.
* Público - EFE - 30.7.14
Foto: Alcalde de Paterna (archivo) - paternaahora
Ecologistas denuncia que Murcia quiere hacer un parque temático en un espacio natural protegido
En la Comunidad Murciana continúan como si no hubiera habido 'burbuja inmobiliaria', con faraónicos proyectos ilegales como el que ahora denuncian los siempre vigilantes 'Ecologistas en Acción' en el municipio de Alhama. Se trata de un gran Parque Temático, otro más, que invade una zona protegida al ser declarado Parque Natural. De nuevo la mafia urbanística 'popular' se ha puesto a funcionar a todo tren, ya que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad aprueban este nuevo atentado contra la Ordenación del Territorio, algo difícil de entender salvo que existan intereses espurios político-empresariales en la consecución de este macroproyecto. Habrá que esperar de nuevo a la intermitente acción judicial para tratar de resolver este nuevo caso de corrupción en el Urbanismo murciano.
"ELDIARIO* : La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia va a recibir en breve el recurso que Ecologistas en Acción presentó en diciembre del año pasado, y cuyo procedimiento se ha retrasado al haberse acogido a la justicia gratuita. La organización ecologista denuncia la resolución del ayuntamiento de Alhama de Murcia por la que se aprobó el Plan Especial de Ordenación del Parque Paramount en 2013, al entender que tanto el gobierno municipal como el autonómico, ambos del PP, están obviando la consideración de no urbanizable del 21% de su superficie.
Los 320.000 metros cuadrados que son objeto de recurso pertenecen al Parque Regional de Carrascoy-El Valle, y pasaron a ser urbanizables en 2001 con la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. La enmienda, añadida a última hora por el gobierno popular, pretendía hacer coincidir los límites de los Parques Regionales declarados por una ley de 1992 con los de los Lugares de Interés Comunitario (LIC), y abría la puerta a la urbanización de unas 11 mil hectáreas de terreno protegido. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad y en diciembre de 2012 –casi doce años después-, una sentencia del Tribunal Constitucional tumbó la Ley del Suelo de Murcia e hizo que todos esos terrenos recuperaran su condición de no urbanizables. Por ese motivo Ecologistas en Acción exige la anulación del Plan Especial de Paramount.
Poco después de hacerse pública la sentencia, el entonces consejero de Turismo, Pedro Alberto Cruz, declaró que los servicios jurídicos del ayuntamiento de Alhama de Murcia la habían revisado y que no alteraba “en nada” el proyecto. En la misma línea se expresó el presidente de la sociedad promotora, Jesús Samper, al asegurar que el parque temático y de ocio seguía adelante y que la resolución judicial no le afectaba.
Tecnicismos administrativos
El ayuntamiento de Alhama de Murcia y la comunidad autónoma no discuten los límites legalmente reconocidos del espacio natural, pero argumentan que esa parte del proyecto se va a dedicar a aparcamientos y zonas verdes, un uso que consideran compatible con la gestión y conservación de los valores ambientales del Parque Regional de Carrascoy-El Valle. En declaraciones a eldiario.es, el concejal de Urbanismo de Alhama de Murcia, Ángel Cánovas, defiende la legalidad del proceso y argumenta que según una norma medioambiental de 1985, en la que se dividía el espacio natural y se permitía diversos usos según zonas, el Plan Especial de Paramount sólo afecta a la denominada “franja de protección” donde se permite la construcción de aparcamientos. En su opinión, la norma que revive la sentencia del Constitucional es la de 1985, y añade: “De hecho, en nuestro Plan Especial hemos ampliado la superficie protegida”.
Por su parte, el secretario de Ecologistas en Acción Región de Murcia, Rubén Vives, discute esos argumentos y cree que ayuntamiento y comunidad están tratando de rodear administrativamente las resoluciones judiciales “agarrándose a la norma de 1985”. En declaraciones a este medio, Vives estima que las administraciones incurren en un error, ya que la Ley regional de 1992 que declaró oficialmente a esos espacios como Parques Regionales, “tiene un rango superior a la norma de 1985 y no diferencia usos ni zonifica el terreno, sino que consolida sus límites y otorga a toda su superficie la condición de no urbanizable”.
Rubén Vives reconoce que se trata de un asunto complejo y muy técnico que muchas veces se escapa a la comprensión ciudadana, pero lo resume: “Las administraciones no entienden que un Plan Especial es una herramienta de planificación urbanística que no puede afectar a un suelo urbanizable y a un suelo no urbanizable a la vez, porque son categorías de suelo distintas y llevan procedimientos diferentes”. En su opinión “nos encontramos ante una situación esquizofrénica”. Por su parte, el concejal Ángel Cánovas admite que la legislación podría ser más clara, pero “en este caso es que está clarísimo”.
Presiones políticas y modelos de desarrollo
Ecologistas en Acción confía en que la justicia les dará la razón. Sin embargo, su secretario matiza: “Nuestros abogados nos dicen que esto está ganado, pero en este tipo de procedimientos judiciales estamos convencidos de que hay influencia política, porque cuando alguien tumba una cosa de este tipo, sabe que eso tiene unas consecuencias. De hecho nadie nos ha sabido explicar la razón de que el Constitucional tardara doce años en tumbar la Ley del Suelo de Murcia, cuando la media para resolver un recurso de inconstitucionalidad es de tres o cuatro años”.
Rubén Vives opina que “todavía” no hay nerviosismo en las administraciones afectadas porque a diferencia del caso Novo Carthago, el recurso aquí es por la vía contencioso-administrativa: “La consejería de Ordenación del Territorio dice que los usos son compatibles, y como el ayuntamiento se fía de lo que dice la consejería, ellos están tranquilos. A ver qué pasa cuando la justicia empiece a pedir papeles”. Según Vives, “si les quitan la razón, les dará el soponcio”, algo que el concejal de Urbanismo de Alhama de Murcia descarta: “Cumplimos con creces las normas”.
A la pregunta de si Ecologistas en Acción percibe un mayor apoyo ciudadano en estos momentos de crisis frente a proyectos como el del Parque Paramount, Rubén Vives reflexiona: “El papel de encantador de serpientes que siempre tiene un promotor o la administración pública con lo de prometer empleos, es difícil de contrarrestar. Evidentemente las organizaciones ecologistas no podemos prometer empleos, pero ya tenemos la experiencia de otros proyectos y sabemos que este modelo tampoco ha cambiado nada. En su momento daría puestos de trabajo en la construcción, pero, ¿después qué? Después, nada”.
El exconsejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Cruz, afirmaba en enero de 2013 que “hay que ser respetuoso con el medio ambiente, pero no se pueden dinamitar proyectos que fomentan el desarrollo regional, porque si no, ¿cómo vamos a salir de la actual situación de crisis?”. Para el concejal Ángel Cánovas, “en un municipio como Alhama, donde hay dos mil personas en el paro, es importante que salgan adelante proyectos así que pueden ser un revulsivo en un sector como el de los servicios, que tira mucho del empleo”, y añade que en el caso de Paramount, “el riesgo corre por cuenta del inversor”.
Sin embargo Rubén Vives cree que esas afirmaciones “son mentira, porque todo eso necesita dinero público a punta de pala, y si luego este modelo quiebra, lo pagamos entre todos. Ese dinero público debe invertirse en proyectos reales que creen empleo de verdad, y no en un modelo agotado”. Vives recuerda que “Samper ha anunciado ya un montón de veces que tiene inversores de todo el mundo, sólo le falta decir que tiene inversores extraterrestres, pero al final va y pide dinero público de los Fondos FEDER”. El secretario de Ecologistas en Acción concluye que “conservar el medio ambiente no nos ha llevado a la ruina, es este modelo el que nos ha llevado a la ruina”.
* El Diario - Pedro Serrano Solana - 29.7.14
Foto: Zona en la que está previsto el parque temático Paramount - eldiario
Orihuela.- Ángel Fenoll, el capo de las basuras
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La corrupta Comunidad Valenciana sigue dando que hablar para mal, lamentablemente. A las recientes condenas judiciales de los 'populares' C.Fabra (Castellón), Hernández Mateo (Torrevieja) y la posible de J.Cotino (Valencia), se ha unido la del empresario del PP, capo de las basuras en la Vega Baja, A.Fenoll. Este último asunto ha pasado casi desapercibido, pero la enorme trama delictiva que tenía montada con el negocio de las basuras y vertederos, caso 'Brugal', le han supuesto 35 años de cárcel, según una reciente sentencia judicial. Evidentemente, en esta trama mafiosa hay numerosos políticos 'populares' imputados que iremos viendo desfilar por los juzgados en fechas próximas, ya que, como se sabe, la zona ilegal de actuación abarca toda la Vega Baja alicantina y gran parte de la murciana. Solo hay que esperar que la justicia sea diligente y actúe contra la corrupción urbanística con más energía.
"ELDIARIO* : Retrato del factótum de Orihuela y de uno de los cabecillas de la trama “Brugal”, condenado esta semana a 35 años de cárcel. Sin respiro. No hay semana que no se acumulen las malas noticias para el PP valenciano, ya sea por el desplante de los empresarios que ven al PSPV-PSOE como un interlocutor más válido para sus reivindicaciones o por los casos de corrupción que convierten el País Valenciano en un fango de corrupción permanente. Está semana, precisamente, el PP ha tenido una ración quíntuple.
La condena del “cacique” Carlos Fabra a 4 años de cárcel por parte del Tribunal Supremo –aunque ha sido recurrida al TC- , la providencia al ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, para que entre en prisión, la investigación de Anticorrupción al presidente de las Corts Valencianas, Juan Cotino, por las presuntas adjudicaciones a residencias de su familia y el cierre de la pieza cinco de la trama Gürtel, que se ha saldado con el procesamiento de un diputado del PP y tres ex consellers, han ocupado los focos de los medios de comunicación.
Pero, otra condena también ha afectado el PPCV, aunque no ha tenido tanta transcendencia en los medios. Es la condena por parte del juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela al empresario Ángel Fenoll a 35 años de cárcel, auténtico factótum de la política oriolana, cabecilla de la trama ‘Brugal’, magnate del negocio de la basura y uno de los empresarios más importantes de la provincia de Alicante junto con el omnipresente Enrique Ortiz. Una sentencia que parece poner fin al arquitecto de la política de Orihuela.
El emperador de la Vega Baja
Fenoll fue el emperador la Vega Baja. Natural de Múrcia, la política en la capital de la comarca situada más al sur de la provincia de Alicante no se puede explicar en las últimas décadas sin hablar de Fenoqui, nombre con el que se conoce de forma coloquial. Propietario de la mercantil Colsur SL construyó un auténtico imperio basado en el negocio de la basura a base de extorsiones y sobornos, según las afirmaciones sostenidas por la policía y la Fiscalía Anticorrupción en el sumario del caso Brugal.
La relación entre el empresario y la ciudad alicantina empieza en 1988, cuando consigue la adjudicación a dedo del negocio de la basura. Para evitar problemas, tirará de pillería y situará el vertedero en una parcela situada al límite entre el País Valenciano y Murcia, en la localidad de Abanilla. Una ubicación estratégica que ha causado problemas para pedir licencias al no saber si era competencia del gobierno valenciano o el murciano.
Su vinculación con el PP comienza a fraguarse bien pronto. Es condenado por tenencia ilícita de armas, estafa al seguro y por delito electoral. Por este último, se le condena a un año y medio de prisión, aunque finalmente se libra de la cárcel. ¿La irregularidad? Comprar votos para el PP por cinco mil pesetas (30 euros) en las municipales de 1991.
La afinidad al PPCV se hace patente cuando ayuda al ex alcalde Luis Fernando Cartagena a fabricar facturas falsas con las que esconder 48.000 euros donados por parte de las monjas para obras de servicio social y que Cartagena guardó en el piano del ayuntamiento de Orihuela sin ser destinados nunca a fines sociales, sino para su beneficio y el del PP.
No obstante, su afinidad al PPCV no le es problema para ayudar a otros partidos si lo cree conveniente. Fenoll, según el libro Tierra de Saqueo, ayudó a Francisco García Ortuño, anterior líder del PSPV-PSOE de Orihuela entre 2003 y 2007, en su nueva etapa como candidato del Partido Social Demócrata, una marca impulsada por el condenado por corrupción Rafael Blasco, para quitarle votos al PSOE.
Su sombra es omnipresente en la política de la Vega Baja. Precisamente, sus intentos por evitar que su ex socio José Alcantara vendiera su mercantil a Ferrovial, propició una escisión en el PP y dio lugar a una nueva formación denominada Centro Liberal. Una venta que no se produjo, ya que la otra parte de Colsur era propiedad de la mujer de José Alcantara y Fenoll forzó la ruptura del matrimonio para evitar la adquisición de su empresa.
Pero, el episodio que más transcendencia tuvo fue su apoyo a Mónica Llorente, hija de uno de sus padres políticos en Orihuela, Manuel Llorente. El alcalde del PP, Juan José Medina condenado por prevaricación en 2013 y distanciado de Fenoll, decide sacar a concurso la recogida de la basura y esta vez la empresa de Fenoqui no consigue la adjudicación. Antes del concurso para adjudicar la contrata, el empresario se reúne con un concejal del Centro Liberal y este le revela que la empresa que iba a ganar sería Urbaser, filial de la empresa propiedad de Florentino Pérez ACS, porque había sobornado al alcalde y a los concejales con tres millones de euros. Fenoll que había acudido a la reunión con una grabadora, entrega la cinta a la Fiscalía Anticorrupción.
Distanciado desde hace tiempo de Medina y a raíz de no adjudicarle la contrata de las basuras, el magnate decide aprovecharse de las guerras entre campistas y zaplanistas que se producen en Alicante. Y es entonces, cuando apoya a Llorente, enfrentada con el campista Medina y próxima al líder provincial José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación de Alicante. Un paso clave para ampliar sus negocios, pero que dará al estallido del caso Brugal.
Basura convertida en fango
La suerte de Fenoll se tuerce cuando los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial lo investigan durante un año y en 2007, una semana después de las municipales, lo detienen. La policía encuentra en sus despachos un arsenal de cintas y de material sobre sus negocios sucios y el de otros que dará lugar a la eclosión del caso ‘Brugal’ y al surgimiento de muchas piezas como la que implicará a Sonia Castedo y al constructor Enrique Ortiz en el presunto amaño del PGOU de Alicante.
Pese al surgimiento del escándalo ‘Brugal’, Fenoll se hace con la suya. Llorente, apadrinada por el empresario, llega a la alcaldía de Orihuela y convoca de nuevo el concurso, ya que el anterior que había de ser adjudicado a Urbaser queda desierto. La contrata la gana una UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Colsur, la mercantil de Fenoll, no gana, pero él está contento. Desconfiado ante la investigación de Brugal, crea dos empresas tapadera (Gobancast y Liasur) para hacerse con la contrata y así evitar perderla, según la investigación.
Pero, sus negocios no se quedan ahí. Su apoyo por Llorente le lleva a Ripoll, quién adjudicará a principios de 2008 la contrata de recogida de basuras del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la Zona XVII de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz. Según la investigación, la adjudicación se pacta entre los empresarios Ortiz y Fenoll y el presidente de la Diputación. Ripoll presuntamente adjudicaba el vertedero a una empresa de Ortiz a cambio de que este comprara unos terrenos de Fenoll valorados en cuatro millones y comprados por el capo de las basuras por 800.000 euros. Un acuerdo, que también según la investigación, contemplaba la entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Una apuesta por los medios de comunicación que no es nueva para el empresario de la basura: cuenta con una televisión en Orihuela (Tele Vega Baja) y tenía otras dos emisoras afines en Alcoi y Alicante.
Imputado por delito contra el Medio Ambiente, Fenoll controlaba la práctica totalidad de las contratas de la Vega Baja. La policía lo investigó por financiar la campaña municipal del PP en los pueblos de Pilar de la Horadada, Bigastro, Jacarrilla, Algorfa, Rafal y Callosa del Segura supuestamente a cambio de contratas. La investigación fue posteriormente archivada.
Sus negocios no solo habitaban en la Vega Baja. Según la policía, Fenoll se benefició de la contrata de basura de la localidad de Calp (Marina Alta) a cambio de supuestos sobornos a diferentes dirigentes municipales del PP. Todo, según la investigación, con el visto bueno de algunos técnicos del ayuntamiento y con el Calpe C.F. como protagonista. Presuntamente servía como lavadora del dinero de los supuestos sobornos.
Sin embargo, la figura de Ángel Fenoll ya no tiene la influencia que anteriormente tenía. Su imputación en el caso Brugal, la municipalización del servicio de basura por el gobierno de Montserrate Guillén en Orihuela y el triunfo judicial de los vecinos que exigían cambiar de ubicación el vertedero ha laminado su poder en la capital de la Vega Baja. La condena a 35 años de cárcel por 11 delitos fiscales y otro de falsedad documental parecen enterrar una época de reinado en Orihuela y en la Vega Baja del capo del negocio de la basura.
* El Diario - Moisés Pérez - 26.7.14
Foto: Orihuela (Alicante), empresario Ángel Fenoll - elpais.com
12 causas judiciales acorralan al gobierno municipal de Ourense
La provincia de Ourense se ha convertido en uno de los focos de corrupción urbanística más destacados del país. Si a la enorme influencia mafiosa del sentenciado capo del PP, Baltar, se une la especulativa socialista del gobierno de la capital y de la propia Xunta 'popular', queda dibujado un panorama desolador, solo comparable con los peores lugares corruptos levantinos. El ayuntamiento orensano tiene pendientes 12 causas judiciales por diversas obras públicas adjudicadas ilegalmente a dedo, habiendo, entre otros, 8 miembros del gobierno imputados. Habrá que ver si la actuación judicial está a la altura de las circunstancias, ya que de la principal de las causas pendientes han pasado 7 años (siete) y han seguido gobernando los mismos como si tal cosa, con impunidad descarada.
"ELPAÍS* : Tras siete años de gobierno, la justicia cerca al Ayuntamiento socialista de Ourense. Ninguna ha llegado todavía a la fase de apertura de juicio oral, pero una docena de causas penales salpican actualmente a 11 políticos municipales, ocho de ellos miembros de la Junta de Gobierno bipartita. Y todos los implicados miran al próximo otoño. Con la fontanería de los partidos trabajando para la elección de candidatos de los comicios locales de 2015 y con la instrucción judicial de algunas de las causas a punto de finalizar, el mes de septiembre está marcado en rojo en el calendario.
La instrucción que más preocupa, imputó a toda la Junta de Gobierno del año 2007 –un bipartito junto al BNG– por adjudicar, supuestamente a dedo, sin publicidad y con urgencia, la reforma de la calle Bedoya a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG con puesto en la lista electoral. La investigación concluirá con el verano y si el juez ordena abrir juicio a todo el gobierno de aquel año, el actual alcalde y sus dos tenientes de alcalde, siguiendo la norma del PSOE, deberán dimitir a pocos meses de las elecciones. Ese vacío en un gobierno dividido en dos bandos, con cinco concejales afines al alcalde y otros cinco enfrentados al regidor, abriría otra vez el melón del poder entre las dos familias socialistas ourensanas.
Aquella misma Junta de Gobierno bipartita está siendo investigada en otros dos casos: por adjudicar una obra de forma urgente y sin publicidad, y por legalizar una urbanización con orden de derribo tras pagar una indemnización de 358.000 euros de forma supuestamente irregular. El juez que indaga ese proceder, tras imputar a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, está a punto de encausar de nuevo a todo el gobierno de 2007, según explican los propios señalados por la denuncia. La investigación de irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio, imputó a la teniente de alcalde, Marga Martín, por malversación de caudales públicos y cooperación para estafa. El magistrado instructor constató la existencia de facturas falsas por varios cientos de miles de euros, pagos inflados a la concesionaria y enchufes dirigidos desde la alcaldía.
Aunque el regidor, Agustín Fernández, suma dos imputaciones por supuesta prevaricación, el horizonte pinta más oscuro para la otra teniente de alcalde y edil de Urbanismo. Soto acumula imputaciones por presunta prevaricación o malversación en seis casos diferentes. Además de las derivadas de su presencia en la Junta de Gobierno, en el caso matadero se dilucida si prevaricó por conceder licencia para el derribo y construcción de un muro. Otro juez la investiga por conceder permiso de ocupación y apertura a una residencia universitaria ilegal o por declarar secreto el nuevo plan de urbanismo en tramitación y no permitir su consulta.
Los tentáculos de la Operación Pokémon llegaron a Ourense en 2012 y se llevaron por delante al exalcalde, Francisco Rodríguez –imputado por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias o prevaricación–, a un exedil del BNG también imputado y además tumbaron el bipartito. La Pokémon destapó enchufes por toda Galicia, también en Ourense, una práctica investigada a su vez por otro juez en caso de las asistencias técnicas. La instrucción indaga supuesta prevaricación y malversación del exalcalde Rodríguez, del actual alcalde, de la directora general de Personal, Carmen Rodríguez, y de dos exoncejales del BNG, por enchufes de personal externo contratado como asistencia que luego consolidó puesto fijo. Además, tanto el alcalde Fernández como el exalcalde Rodríguez, han sido denunciados por el pago de un millón de euros, con facturas reparadas por el interventor, a un periódico local. Las indagaciones de la instructora encargada del caso permanecen estancadas desde hace meses.
Los jueces no son los únicos que cercan al Ayuntamiento. El fiscal jefe tiene entre sus manos dos casos que apuntan contra políticos locales. Por un lado investiga si es ilegal que el alcalde endosase al Plan E aceras de su casa debía pagar él. Y por otro, rastrea las cuentas de la agrupación municipal socialista al hallar indicios de supuesta malversación de caudales públicos en el pago del salario a un exasesor del partido, recientemente llamado a declarar como imputado. Pero la jurisdicción penal no es la única que ha puesto contra las cuerdas al gobierno ourensano. A comienzos de julio, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó medio centenar de puestos a dedo de la plantilla municipal, entre ellos los de la hija, el chófer o las dos secretarias del alcalde. El gobierno dice que cumplirá la sentencia sin ceses o despidos. Y en medio de esta complicada maraña judicial, el alcalde y sus ediles más fuertes se afanan en denunciar una estrategia de acoso y derribo contra ellos.
* El País - PABLO TABOADA - 27.7.14
Foto: Ourense, obras adjudicadas a dedo - elpais
Valencia.- El PP desoye a los vecinos y aprueba derribar parte del Cabanyal
Erre que erre, algunos políticos 'populares' no aprenden ni a gorrazos. Dª Rita, la alcaldesa corrupta valenciana es uno de ellos, a pesar de ha que su Plan primitivo de derribo del barrio del Cabanyal fue echado abajo hace años por el Ministerio de Cultura y de las advertencias repetidas de la UE. Ahora se acaba de sacar de la manga un nuevo Plan del Cabanyal, aprobado por el PP naturalmente, que cae en los mismos errores de expolio cultural por mucho que lo quiera disfrazar. Los vecinos, por supuesto, han saltado de nuevo ante esta afrenta sin justificación y ya se anuncia otra vez una temporada calentita contra la dictadora alcaldesa R.Barberá y su partido.
"LAMAREA* : Un total de 638 edificios (más de 1.200 viviendas) y una gran avenida que partirá el barrio por la mitad. Este es el nuevo plan para El Cabanyal que el equipo de gobierno de Rita Barberá ha aprobado esta mañana con los votos a favor del PP y con la oposición del resto de grupos. El pleno, que se ha desarrollado en un ambiente de tensa calma, ha contado con la participación de vecinos del barrio que, tras la aprobación del plan, se han pintado la cara de rojo y han permanecido de pie y en silencio durante varios minutos en señal de protesta.
Durante el debate, el Partido Popular ha justificado su plan alegando que de este modo dan cumplimiento a la Orden del Ministerio de Cultura del gobierno de Zapatero, que definía el anterior plan para el Cabanyal de “expolio” y pedía un nuevo proyecto urbanístico.
La oposición ha rechazado este nuevo plan ya que lo considera una mera “operación de maquillaje” pero que continúa con la agresión al barrio y ha pedido al gobierno de Barberá que “rectifique”, “retire la propuesta” e “inicie un diálogo con vecinos y plataformas ciudadanas que permita la rehabilitación del barrio”.
Desde Esquerra Unida, su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, ha recordado que “esta adaptación del plan es ilegal” ya que continúa habiendo “expolio”. En este sentido, ha anunciado que su grupo ha presentado un escrito al presidente de la Generalitat “para que subrogue las competencias urbanísticas del Ayuntamiento ya que no se está cumpliendo la ley”.
Joan Ribó, de Compromís, ha incidido en que “se derriban 194 viviendas en la zona BIC (Bien de Interés Cultural) y ha vuelto a destacar que “prolongar [la avenida hacia el mar] y proteger es incompatible”. Además, ha calificado de “impresentable, opaca y chapucera” la memoria económica.
Finalmente, desde PSPV, el concejal Vicent Sarria ha denunciado que “ustedes hablan de una propuesta de adaptación a la Orden Ministerial, pero es mentira, no se adapta, sigue habiendo una avenida de 48 metros que se convierte en un boulevard que destruye la parte fundamental del barrio”.
“Mi abuela ya defendió el Cabanyal hace 17 años”
Pero, sin duda, las intervenciones más emocionantes han sido las de tres representantes de tres asociaciones que han tomado la palabra antes del pleno. Una de ellas, Mar Villora, ha recordado que su abuela, fallecida hace algunos años, intervino hace 17 años en el pleno que aprobó el primer plan que partía el barrio en dos y que se declaró ilegal por el Tribunal Supremo. “Ni las bombas, ni la riada destruyeron el barrio, y vosotros tampoco lo conseguiréis”, ha concluido.
El resto de representantes vecinales se ha quejado de que “nos hacen pasar por la misma situación” y han terminado con un poema: “ Si Blasco Ibáñez levantara la cabeza y viera lo que quieren hacer / destruir el Cabanyal, en nombre de él”.
Tras la aprobación en el pleno, los vecinos han salido a la calle para concentrarse contra el nuevo plan, que ven como “una amenaza más” a sus viviendas. “Que lleguen pronto las elecciones”, pedía con resignación más de uno.
* La Marea - Toni Martínez - 25.7.14
Foto: Protesta en el Cabanyal de Valencia - (archivo)
Alicante.- Así diseñó el hermano de Castedo el 'pelotazo' para 'hacer rico' a Ortiz
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"ELMUNDO* : Las conversaciones intervenidas por la Policía en el caso Brugal recogen el momento exacto en el que empezó a fraguarse el pelotazo urbanístico del promotor Enrique Ortiz con el Plan General de Alicante. La fecha concreta es el 6 de noviembre de 2008, apenas dos meses después de que el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, haya cedido la vara de mando a la hasta entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. En cuanto accedió a la Alcaldía la edil aceleró el Plan General de la ciudad, que llevaba tramitándose desde 2001. Las escuchas demuestran que la relación de Castedo con Ortiz, dueño del 70% de suelo urbanizable de Alicante, era ya muy estrecha.
La regidora no sólo recibió varios regalos del constructor, sino que ambos compartieron vacaciones. Esa misma Nochevieja, la de 2008, viajaron juntos a Andorra, tal como demuestran las fotos de la fiesta que EL MUNDO publicó en exclusiva.
El pinchazo arranca con el hermano de la alcaldesa, el abogado urbanista José Luis Castedo, llamando a Ortiz para explicarle paso por paso cómo puede sacar el máximo provecho al suelo que ha adquirido en parques naturales de Alicante. La Policía cree que el empresario se hizo con estos terrenos con la intención de dar posteriormente un pelotazo, y la siguiente conversación demuestra que fue el hermano de Castedo quien diseñó el concepto de «metro a metro» que luego se quiso introducir en el PGOU y en el refundido de leyes urbanísticas de la Generalitat.
Primero Castedo informa a Ortiz que no se puede construir en el suelo verde que ha adquirido:
José Luis Castedo: He estado hablando con el servicio de parques naturales de aquí y me han confirmado lo que te decía yo.
Enrique Ortiz: Sí.
J. L. C.: Que ni de coña se admite una actuación urbanística.
E. O.: Hostias, madre mía.
J. L. C.: Ahí se admiten actuaciones infraestructuras, en su caso si tiene que pasar una línea eléctrica, pero poco más.
E. O.: Madre mía, madre mía.
Tras darle la noticia, el abogado explica que ha contactado con el redactor del Plan General, Jesús Quesada, para hablar con él. Entonces empiezan a diseñar un plan b.
E. O.: ¿Pues qué se te ocurre que hagamos?
J. L. C.: Vamos a ver, ahí... hombre, habrá que ir viendo qué pasa con el plan. En principio si está metido está metido.
E. O.: Sí.
J. L. C.: Vamos a ver qué pasa en el trámite de alegaciones, y si empiezan a pinchar mucho...
La idea del hermano de la alcaldesa es utilizar la figura urbanística del «metro por metro», la que permite permutar suelo en parque naturales por terrenos donde sí se permita construir, para que Ortiz se deshaga del peso muerto obteniendo en el proceso el máximo beneficio.
J. L. C.: Yo una cuestión que me estaba planteando, a efectos de las alegaciones del parque natural, es que a mí me parece muy bien que por ejemplo a Los Saladares [de Aguamarga] le pongan un coeficiente de 0,25.
E. O.: Sí.
J. L. C.: Pero... eh... si ellos se empeñan en mantener esos coeficientes, aunque espero que no, si ellos le están dando un menor valor deberían darle un mayor valor en la adscripción.
Lo que el abogado está diciendo es que el Ayuntamiento debería compensar a los propietarios con suelo verde de «pocas unidades de aprovechamiento» con «metros de techo que tuvieran mayor valor», ya que el suelo en parques naturales no tienen ninguna utilidad para un particular y, sin embargo, al consistorio sí que le interesaría adquirirlo.
Para dejarlo claro, se lo ilustra a Ortiz de la siguiente manera:
J. L. C.: En realidad lo que ha hecho Jesús es una milonga, porque al final te da unas unidades de aprovechamiento pero que, en metros de techo, en función de donde te lo adjudiquen, vale tanto o vale cuanto.
E. O.: Claro, porque como te lo dé en el polígono industrial pues fíjate...
J. L. C.: No vale nada, y sin embargo, te lo dan en La Condomina...
E. O.: Y vale un huevo, y te haces rico.
J. L. C.: Aunque te den menos.
E. O.: Es mucho más el 0,25 en La Condomina que el 0,75 en un industrial.
J. L. C.: Entonces es una opción que estaba considerando.
E. O.: Pues míralo, José Luis, a ver si lo que nos interesa al final es decirle que lo meta como suelo protegido.
Una vez trazada la estrategia, el promotor presionó a Quesada -incluso a través de Castedo- para conseguir su objetivo. Poco después estalló Brugal y la tramitación del PGOU quedó suspendida.
EL PROMOTOR TRATÓ DE QUE EL CONSELL SIGUIESE EL PLAN
Año y medio después de que el hermano de la alcaldesa trazase la hoja de ruta para Ortiz, el empresario presionaba al Consell para que éste incluyese el «metro por metro» en el refundido de leyes urbanísticas. Así consta en una conversación entre Ortiz y el abogado Juan Enrique Serrano.
Juan Enrique Serrano: Que sepas que Parot [un cargo de Urbanismo] me llamó el otro día (...) me dijo que le parecía muy bien, que estaba de acuerdo con todos los temas que había que meter, pero creía que el ambiente dentro de la casa no era proclive a lo del metro metro.
Enrique Ortiz: Ya, ya.
J. E. S.: Dentro hay varias posiciones tomadas, y él me habla en confianza que ahí el conseller [Juan Cotino] es el que menos criterio tiene. Lo digo para que tú le aprietes.
* El Mundo - S. SAMPEDRO | H.F - 27.7.14
Foto: Sonia Castedo y Enrique Ortiz - elmundo
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Almería.- El TSJA dice ahora que la licencia del hotel El Algarrobico es legal
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Con el caso del ilegal hotel de El Algarrobico, en la costa virgen y protegida almeriense, ya no se sabe si reír o llorar. Es tal el grado de ridiculez interesada de las administraciones y de los tribunales de justicia implicados que ha llegado el momento de acusar claramente a esta caterva de personajes corruptos. Hace más de 10 años que se concedió la primera licencia municipal de obras y desde entonces han intervenido la débil Junta de Andalucía, el Gobierno central, tribunales de justicia de todo tipo y, por supuesto, la acción ciudadana y de organizaciones ecologistas que han protestado en multitud de ocasiones contra esta aberración urbanística, considerada, además, emblema internacional de la especulación salvaje del Urbanismo en el país. Ha habido casi una veintena de sentencias contrarias a este 'mamotreto' ilegal, pero el asunto, finalmente, se puede decidir por otra sentencia más, esta vez injusta y posible prevaricadora de un Tribunal andaluz. Estamos ante el mayor disparate judicial y político del urbanismo salvaje en todo el país, encima en todo un emblema internacional de la corrupción española más sangrante... Así que: reír o llorar.
"ELDIARIO* : La licencia municipal de obras concedida en 2003 al Azata del Sol para construir el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Así lo ha dictaminado la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia que estima los recursos de Ayuntamiento de Carboneras y empresa promotora contra el fallo del juez de Almería, J.Rivera, que ordenó en 2008 la revisión de oficio de esa licencia al estimar que el hotel invadía el dominio público marítimo terrestre y se levantaba sobre suelo no urbanizable de especial protección.
La sentencia hecha pública este miércoles por el alto tribunal andaluz sostiene que la resolución de Rivera causa indefensión a las partes demandadas al no haber resuelto de "forma congruente y motivada" sus argumentos contra la revisión de oficio, ni la denuncia del Ayuntamiento de que las asociaciones ecologistas no habían aportado los documentos que exige la Ley para interponer demandas contencioso administrativas".
"DECLARACIONES MÁS ALLÁ DE SU COMPETENCIA"
En cuanto al recurso de la Junta de Andalucía, declara que la sentencia "fue incongruente" porque, pese a negar todos los argumentos por los que la Junta pedía la nulidad de la licencia, estimó el recurso del letrado de la administración autonómica "y además, no se limitó a declarar que se iniciara el trámite de revisión de oficio sino que hizo declaraciones que iban más allá de su competencia".
También revoca la sentencia por este motivo aunque entra a resolver el fondo de la demanda y declara que la licencia fue otorgada "con arreglo al planeamiento urbanístico aplicable ya que este planeamiento había sido aprobado por la propia Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento carbonero", contando, según remarca, con "informes previos y favorables" de la Administración del Estado, "que como titular de la defensa de las Costas no opuso ningún inconveniente".
LOS PLANES URBANÍSTICOS, DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La sentencia de la Sección Tercera, según indica el TSJA en un comunicado, sostiene, asimismo, que el ordenamiento jurídico "debe articular los medios para que los planes urbanísticos sean coherentes con la legislación ambiental y de costas", pero matiza que, una vez aprobados, "su aplicación y la concesión de las licencias de obras previstos en dichos planes es obligatoria para el Ayuntamiento".
"No puede alegarse la nulidad de aquellos planes urbanísticos, que son normas jurídicas vigentes, y su eventual nulidad no constituye causa para la revisión de la licencia urbanística", remarca.
El tribunal argumenta que la propia ley "impide los procedimientos de revisión de oficio de los reglamentos y planes urbanísticos a instancia de particulares, que pueden solicitar su declaración de nulidad si recurren las licencias que los aplican dentro del plazo legal para ello, dos meses desde el otorgamiento de la licencia".
Recuerda, no obstante, que, una vez que dichas licencias alcanzan firmeza, "solo se puede pedir su revisión de oficio por defectos de nulidad de las propias licencias, y no de los planes o reglamentos que definen las condiciones para otorgarlas".
"Por tanto, la clave del litigio es que lo que el juez de instancia --en alusión al magistrado Jesús Rivera-- resolvía como motivo para revisar la licencia eran las supuestas ilegalidades de los planes urbanísticos, y no defectos de nulidad de la propia licencia, que era firme y por tanto inatacable por esta vía".
DEFECTO DE FORMA
Con respecto a la causa de inadmisión de las impugnaciones de los colectivos ecologistas, señala que la causa de la inadmisión es que quienes comparecieron en nombre de estas asociaciones ecologistas "no acreditaron que existiera un previo acuerdo del órgano competente de las respectivas asociaciones que asumiera la decisión de interponer las demandas" y subraya que es "imprescindible" dicho acuerdo para actuar válidamente en nombre de una persona jurídica como son estas asociaciones privadas.
También expone que este defecto de comparecencia, que se les puso de manifiesto por la defensa del Ayuntamiento de Carboneras, pudo haber sido subsanado en toda la tramitación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería pero que "no aportaron el acuerdo, ni alegaron nada sobre la razón de no hacerlo".
La Sección Tercera estima, así, que hay un "incumplimiento consciente" de este requisito que la ley exige para garantizar que las asociaciones privadas asumen la responsabilidad de los actos y demandas de quien comparece en el proceso, "lo que el juez Rovera debería haber declarado y no entrar a enjuiciar los recursos así interpuestos".
* El Diario - EP - 30.7.14
Foto: El Algarrobico (Almería), protesta Greenpeace - A.Rodríguez, Greenpeace
Madrid.- El Constitucional anula ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico
La Comunidad de Madrid sigue empeñada en cometer ilegalidades de todo tipo al calor de la especulación urbanística más descarada. Ahora el Constitucional ha anulado gran parte de la reciente Ley de Patrimonio Histórico que, naturalmente, pretendía un mayor descontrol de los bienes catalogados como tal y que pertenecen al legado heredado por todos los ciudadanos. El asunto es grave ya que esta laxitud pretendida en las Normas del Patrimonio, firmadas por el presidente 'popular' I.González para favorecer intereses espurios, incidían en multitud de casos de excavaciones arqueológicas y actuaciones cotidianas en edificaciones. Afortunadamente el Constitucional ha estado atento esta vez y devuelve las competencias de la conservación y recuperación de este Patrimonio Histórico al más exigente control estatal.
"ELPAÍS* : El Tribunal Constitucional ha anulado ocho puntos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, aprobada en junio de 2013, al entender que las excepciones que el Gobierno regional incluyó, en las que se otorgaba la última palabra, invadían las competencias estatales.
La sentencia se produjo a raíz de un recurso interpuesto por 57 senadores del PSOE y del Grupo Mixto, que exigían la derogación de diez puntos de la normativa. El Constitucional estimó parcialmente el recurso. Los socialistas piden al Ejecutivo de Ignacio González (PP) que derogue la ley y elabore un texto consensuado con los profesionales vinculados al patrimonio histórico.
“Varios preceptos han sido declarados inconstitucionales al exceder el ámbito autonómico, al entrar en conflicto con competencias de exclusivo carácter estatal en el ámbito de la protección del patrimonio histórico”, explicó José Antonio Granero, decano del Colegio de Arquitectos. En las alegaciones que presentó en su momento, el Colegio defendió la necesidad de una regulación “armonizada en todo el Estado, que evite disposiciones diferentes en cada autonomía”.
El Constitucional declaró nulo los artículos que definían los Bienes de Interés Cultural (BIC). El primero de ellos establecía dentro de este grupo a aquellos bienes que, formando parte del patrimonio histórico de la región, “tengan un valor excepcional y así se declaren expresamente”. “En todo caso”, todas las piezas que integran los fondos de museos y colecciones de titularidad de la Comunidad serían considerados BIC. Otro artículo señalaba que la consideración de Bien de Interés Cultural se podría dejar sin efecto si se justificaba “la pérdida irreparable o la inexistencia del valor excepcional en virtud del cual fue protegido”. El Constitucional entendió que otorgaba un menor grado de protección en la redacción autonómica que en la norma estatal.
También fue declarado inconstitucional y nulo un apartado que regulaba las intervenciones u obras en los BIC porque no respetaba la competencia nacional. El Tribunal Constitucional lo impugnó porque no se especificaba el límite ni la naturaleza de las obras. “En la medida en que las eximen de la necesidad de recabar autorización previa, invaden la competencia estatal en materia de defensa del patrimonio histórico contra la expoliación”, razonó el tribunal.
El Gobierno regional y el Ayuntamiento, ambos del Partido Popular, rechazaron que los puntos anulados de la ley afecten al proyecto urbanístico conocido como Operación Canalejas, por el que OHL construirá un complejo comercial y hotelero de lujo en la céntrica manzana, a escasos metros de la Puerta del Sol.
“Los artículos anulados de la Ley de Patrimonio Histórico no afectan a la manzana de Canalejas”, afirmó el director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad, Ignacio Muñoz. “Ninguna de las autorizaciones dadas por la Dirección General de Patrimonio Histórico a este proyecto se han dado al amparo de los artículos anulados, por lo que la decisión del Tribunal Constitucional no afecta a las obras que se están llevando a cabo conforme a las mencionadas autorizaciones”, insistió el responsable de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura.
Las dudas sobre el proyecto de OHL se produjeron a raíz de la anulación del artículo de la ley de Patrimonio, que recogía que los monumentos y jardines históricos “no podrán ser objeto de segregación parcelaria”. Sí se admitiría excepcionalmente en caso de que concurrieran causas “debidamente justificadas” y con la autorización previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, es decir la que encabeza Ana Isabel Mariño.
“Es incierto que la anulación del artículo referido a segregaciones de monumentos afecte a esta manzana porque en ella no ha habido segregación alguna: lo que se ha producido es una agregación de parcelas sin que se haya segregado ningún monumento”, zanjó Muñoz. El Ayuntamiento también trasladó que en Canalejas “no hay ninguna segregación, sino agrupación de las parcelas, por lo que la trama urbana no cambia”.
Otro de los puntos de la normativa vigente anulados por el Constitucional permitía la colocación de publicidad comercial, cables, antenas y conducciones visibles en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos. Aunque de entrada era algo a evitar, el artículo de la Ley de Patrimonio Histórico daba a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura la potestad para aprobar, una vez más, excepciones a la norma. Finalmente, el Constitucional tumbó la posibilidad de que los inmuebles en los que se desarrollen actividades culturales puedan colocar rótulos indicadores de su horario de visitas, historia, patrocinio, o difusión de las actividades que se celebren en el bien, previa comunicación a la Consejería competente. Lo hizo argumentando, por enésima vez, que se invadían las competencias estatales.
Lo mismo pasó con la idea de la Comunidad de declarar a los BIC “inseparables de su emplazamiento”. Solo bajo causas “debidamente justificadas” se podría proceder al desplazamiento o remoción de objetos, como esculturas o pinturas, de tamaño medio o pequeño. Algo que, según la sentencia, “se extralimita de la competencia autonómica”.
Por último, el Tribunal declaró inconstitucional y nulo el artículo que regulaba la visita pública de los bienes inmuebles declarados de interés cultural. “Los titulares o poseedores de bienes inmuebles de titularidad pública declarados de Interés Cultural deberán permitir la visita pública al menos una vez al mes”, rezaba la ley, salvo causas justificadas. El Constitucional lo echó atrás debido a “la falta de toda referencia” a los bienes muebles e inmuebles de titularidad privada.
Una ley defendida tan solo por el PP
El PP sacó adelante la Ley de Patrimonio Histórico el pasado verano pese al rechazo unánime de los tres partidos de la oposición, los Colegios de Arqueólogos y Arquitectos o plataformas como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Todos coincidieron en que la legislación vigente (45 artículos), disminuye el grado de protección de la normativa anterior y advirtieron de su carácter “excesivamente economicista” y “cortoplacista”.
Las críticas se centraron en los silencios administrativos positivos, que permiten que se apruebe cualquier actuación en el caso de que no haya respuesta oficial en el reducido plazo de dos meses. También resultó polémico el establecimiento de un plazo de 30 días para los informes de impacto ambiental y sobre actuaciones en bienes protegidos, al considerar que se limitaba de forma considerable el margen de maniobra, en beneficio de la Administración autonómica.
La normativa vigente eliminó también la obligatoriedad de realizar informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, se puede construir encima de yacimientos de los que no hay constancia. La oposición señaló durante la tramitación de la ley que estaba pensada para favorecer a Eurovegas. Al final, el megacomplejo de casinos y ocio de Sheldon Adelson se quedó en nada.
* El País - JOSÉ MARCOS - 25.7.14
Foto: Excavaciones en un yacimiento visigodo en Vicálvaro. / KIKE PARA
¡Urbanismo punk!
Aunque pueda parecer una contradicción el titular de esta noticia, en realidad se trata del 'do it yourself/hazlo tu mismo' aplicado al Urbanismo actual. Vistas las consecuencias trágicas de una actividad Territorial salvaje 'dirigista', encabezada por las mafias político-financieras del país, ha llegado el momento de que la ciudadanía tome sus propias decisiones urbanísticas, siempre, claro, con un asesoramiento profesional y apartidista. Esto tiene su paralelismo con las bandas de música punk que surgieron a finales del siglo pasado en todo el mundo. El 'do it yourself' urbanístico es toda una filosofía de vida que entronca con las raíces más profundas históricas naturales y que ya ha tenido numerosos ejemplos en todo el planeta. Es hora que también, con las debidas reservas, ocurra en España frente a la corrupción reinante.
"RAMÓN MARRADES* : Nunca pensé que Fugazi, una de mis bandas favoritas, tuviese nada que ver con el urbanismo y las políticas públicas. Tampoco había caído hasta ahora en que mis años en un grupo de rock noventero autogestionado, de dedicación casi profesional pero resultados amateurs, hubiesen dejado rastro alguno en la manera de enfocar mi trabajo. Pero la relación entre la música y la geografía económica es más potente de lo que pensaba, con una actividad productiva -especialmente la creativa- donde el rol de las escenas, los gustos, las estéticas, tiene un peso creciente.
La ética DIY (do it yourself/hazlo tu mismo), el paradigma de la manera punk de hacer las cosas, nació en UK pero tomó relevancia en USA (con la oleada de grupos capitaneados por Fugazi, mirad este documental) como una reacción implícita a un contexto institucional específico. Los ochenta se caracterizaron por la puesta en duda de las políticas públicas existentes y el gobierno burocratizado, que protagonizó un proceso neoliberal de privatización. El Do-It-Yourself fue una reacción radicalmente transformativa a unas instituciones de las que no cabía esperar nada [1].
En el momento presente, dónde la acción del gobierno se ha sumergido (lo expliqué aquí), aparecen las prácticas urbanas punk (Do-It-Yourself) que recuerdan a la escena musical y la subcultura underground de finales de los ochenta, pero con una perspectiva más amplia, reflejando la percepción generalizada que se tiene del gobierno y las políticas públicas como agentes exógenos [2].
El urbanismo punk nace entonces cuando los ciudadanos deciden realizar acciones directas de mejora urbana sin tener que esperar a que sea la gestión pública quien lo haga. Cuando el gobierno sumergido ha tenido por consecuencia una creciente complejidad en los procesos de planeamiento, ha permitido acuerdos público-privados poco transparentes, controla y privatiza el uso de los espacios públicos, renuncia a hacer determinadas públicas -especialmente culturales, de juventud y/o de empleo- y, al mismo tiempo, deja libre un montón de espacio infrautilizado.
Identifico tres niveles de urbanismo punk que, surgiendo del mismo caldo de cultivo, tienen implicaciones distintas:
La forma más básica de urbanismo punk es el uso de la ciudad do-it-yourself: el urbanismo tradicional ha querido vendernos un futuro que nunca llega pretendiendo ofrecer soluciones homogéneas cerradas. Pero como el diseño urbano no ha sabido (ni tiene por qué saber) anticipar todos los usos que se pueden dar en la ciudad, el uso de la ciudad punk son las prácticas espontáneas que aprovechan los espacios, algunas veces transgrediendo las regulaciones absurdas. Como ejemplo de uso de la ciudad punk tenemos las plazas yermas que rodean grandes equipamientos culturales usadas por skaters, los jugadores de volley en los descampados de las periferias, quien aprovecha aparcabicis como un banco para sentarse, o los cruces en diagonal cuando los pasos de cebra están mal diseñados. La foto muestra una plaza de Oporto donde los ciudadanos, cansados de tener que dar una vuelta, han generando su propio camino y la forma del espacio se ha adaptado a ellos.
Un paso más allá es el diseño urbano do-it-yourself ( este artículo de Gordon Douglas lo explica): en contraposición a los movimientos políticos organizados el diseño urbano DIY representa un simple deseo (y el derecho percibido de cumplirlo) de reformar la ciudad construida según los propios criterios. Refleja también un sentimiento de hastío y frustración ante el planeamiento urbano y el sentimiento común de que el ayuntamiento, en ningún caso, lo haría igual de bien. Algunos de los proyectos son parte de iniciativas más amplias (como series de las mismas intervenciones en diferentes lugares, incluso diferentes ciudades), pero la mayoría son solo creaciones esporádicas en lugares específicos. Algunos conectan sus acciones con posiciones ideológicas difusas (como el ecologismo), pero muchos otros niegan o no son conscientes del impacto político de sus acciones. El diseño urbano punk une entonces la práctica espontánea con la mejora física de la ciudad: desde la instalación de bibliotecas temporales en cabinas telefónicas, instalaciones artísticas, mejoras en el espacio público, tenderetes ilegales, pintada de vías ciclistas, etc..
El nivel más avanzado es la gobernanza do-it-yourself: supone una vocación de permanencia e introduce mecanismos de gestión urbana colectiva al margen del sector público. La gobernanza punk es consciente de sus implicaciones políticas y genera alianzas entre los movimientos underground, asociaciones de vecinos, empresarios y ciudadanos no organizados, que trabajan temporalmente para mejorar (¡no sólo reclamar!) y gestionar sus barrios. En Valencia tenemos ejemplos interesantes como el caso de la Asociación de Vecinos de Benimaclet con su intención de realizar un concurso abierto de ideas para el PAI de Benimaclet-Est, Ciutat Vella Batega, Russafa Cultura Viva, etc.
La contra, argumentada por Barbara Ray ( en este artículo), es que algunas de las mejoras urbanas no son ni siquiera bienvenidas y que el urbanismo DIY recibe críticas por ser simplemente la más reciente de una serie de iniciativas para transformar el espacio público para los gustos de aquellos a los que la ciudad quiere atraer. Afirma acertadamente que vivir en una ciudad significa aprender a respetar los distintos puntos de vista -a menudo en desacuerdo con los propios-. A pesar de que el Urbanismo DIY consigue que las cosas se hagan -y nadie duda que los Ayuntamientos pueden no ser eficientes- lo que se necesita arreglar depende muchas veces del ojo del espectador. Además de que a pesar de que los espacios públicos y las vías ciclistas son fantásticas, los problemas más difíciles -acceso a la vivienda, educación, pobreza- casi nunca aparecen en la agenda.
Pero lo verdaderamente importante del urbanismo DIY, al igual que la escenas musicales DIY, es que significa que unas personas cansadas de ser solo consumidores del espacio, la música y las políticas públicas, pasen a ser agentes activos.
Notas:
[1] Willis, S. (1993) ‘Hardcore: subculture American style’, Critical Inquiry, vol. 19, no. 2, pp. 365–384.
"La vida cotidiana en el capitalismo de finales del siglo XX es un terreno de conflicto, cuyas ricas muestras de inventiva cultural marcan la intensidad de las contradicciones no resueltas. El desarrollo del hardcore como subcultura es una manera en que los adolescentes expresan las contradicciones de un sistema que los degrada como trabajadores y presume de ellos como consumidores. La problemática del hardcore es el problema del capitalismo.”
[2] Polyak, L. (2013). The Rules of Space: Regulation and Resistance in Budapest’s Public Spaces. In: E.T. Bertuzzo, E.B. Gantner, J. Niewöhner, H. Oevermann (eds.): Kontrolle öffentlicher Räume. Unterstützen Unterdrücken Unterhalten Unterwandern, LIT Verlag, Berlin
"Cuando el hardware de la ciudad -la arquitectura y el urbanismo- fallan, es el software -el uso de la ciudad- el que ha de crear el marco para que la ciudad funcione. Cuando la separación artificial de funciones (residencial, industrial, comercial y de ocio) de la ciudad moderna demuestra ser obstructiva en lugar de permisiva, cuando el gobierno abandona a sus ciudadanos más pobres, estos últimos no tienen otra elección que reinventarse transgrediendo las regulaciones”. (Polyak) [2]
*La semana pasada se celebró en Porto el Congreso Internacional “ Keep It Simple, Make it Fast: Underground Music Scenes and DIY Cultures”, dónde presenté la ponencia “Do-it-Yourself Urbanism: roots, transformed spaces and economic implications”
* El Diario - 17.7.14
Foto: Urbanismo punk / Ramon Marrades
El "pelotazo" de los Pujol en México
Parece que las historias inconfesables del clan Pujol no van a tener fin. Tras su declaración de culpabilidad en la evasión de impuestos del país y en el blanqueo de capitales, siguen las noticias sobre sus 'descarriados' hijos y su propia mujer. Mucho nacionalismo catalán de boquilla, pero al final ha sido en el extranjero donde ha amasado parte de su fortuna; en concreto en México esta 'famiglia' tiene puesta su aguda vista para los negocios, aunque hablen español, eso sí. La relación del expresident de la Generalitat con la poderosa élite mexicana viene de antiguo, de su propia mujer M.Ferrusola y luego, también, de su nieta. Sin entrar en 'chismorreos' que no nos interesan para nada, lo que sí parece claro es la relación con importantes empresarios y constructores de aquel país. Por tanto, más especulación urbanística a la vista.
"CHIC* : Los Pujol hacen contactos al otro lado del charco. El pasado mes de marzo, y sin que los medios se hicieran demasiado eco de ello, se casó por la Iglesia y en Barcelona la nieta del expresidente de la Generalidad, Mercè Pujol, con uno de los miembros de una de las más importantes familias de la élite mexicana, Ignacio García de Quevedo. Al enlace acudió, como era de esperar, la familia Pujol al completo (Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola), así como la esposa de Artur Mas, Helena Rakosnik, entro otros.
Tras la ceremonia en el convento de San Hipólito, la comitiva marchó a las Cavas Codorniú para celebrar la consiguiente cena para 400 personas, de las que alrededor de un 30% había llegado de México, publicó el diario.
Tal y como especulaba en su momento El Mundo, el matrimonio formado por una familia nacionalista catalana confesa y otra mexicana, obligará sin duda a los Pujol a hablar español. No es la única de la familia en realizar una jugada semejante. Marta Pujol Ferrusola está emparejada con José María Esperalba, un importante arquitecto de Jalisco.
Claro que, según parece, por causas de fuerza mayor. Pujol podrá ahora departir largo y tendido, y con mucha mayor comodidad, con su rico consuegro Xavier García de Quevedo, empresario mexicano y uno de los principales accionistas de Grupo México, la compañía fundada por Jorge Larrea, el tercer hombre más rico del país. Grupo México creció a la sombra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994. Poseen las minas de Cananea, la red ferroviaria pública e importantes activos en la minería. Su fortuna es incalculable.
Lo demuestra el hecho de que antes de todo esto, en noviembre de 2010, el primógenito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola inaugurase en Acapulco el Hotel Encanto, en una velada a la que Pujol acudió encantado, como lo demuestran las fotografías que se adjuntan. El Encanto dispone de más de 13.000 metros cuadrados frente a las aguas de Acapulco, y cuenta con 44 habitaciones de gran lujo. Jordi Pujol hijo también dispone de importantes propiedades en Argentina, donde se ha comprado parte del Puerto del Rosario.
La historia tiene, de momento, final feliz: los recién casados viven en Miami, donde -efectivamente- hablan castellano en la intimidad.
* Chic - 13.9.12
Foto: Marta Ferrusola, Jordi Pujol, y Jordi Pujol hijo en Acapulco - Marcos Vallejo
Valencia.- El juez procesa a tres consejeros de Camps en el ‘caso Gürtel’
Las ramificaciones del caso de corrupción urbanística 'Gurtel' son enormes. La Comunidad valenciana, con Zaplana y Camps de presidentes, es uno de los focos más importantes del país, junto al de Madrid. Ahora son procesados tres consejeros más de Camps, con lo que la cuenta de altos cargos de la Generalitat se sigue disparando. Como siempre, son acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. No obstante hay algunos nombres importantes que han quedado fuera de esta operación corrupta, con lo que parece que la justicia, de nuevo, ha actuado con demasiada benevolencia.
"ELPAÍS* : El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano J.Ceres ha procesado a tres consejeros de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros 18 cargos de su Administración como presuntos autores de cuatro delitos que habrían cometido al adjudicar a dedo decenas de contratos a la trama Gürtel. El magistrado ha dejado también a un paso del banquillo de los acusados a la plana mayor de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y a tres de sus subordinados.
Aunque la pieza separada de la causa que Ceres ha concluido este jueves es conocida como la de los contratos menores de la Generalitat, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones más de 760.000 euros.
Los exconsejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, exresponsable de Sanidad y exdiputado en el Congreso por Castellón, y Luis Rosado, que le sucedió al frente de la Consejería de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El juez narra en un auto de 263 páginas la extraordinaria acogida que El Bigotes recibió prácticamente en todos los departamentos y entes dependientes de la Administración valenciana durante la presidencia de Camps y hasta que el exjuez Baltasar Garzón desmanteló la trama en el año 2009.
“La irregular y plural contratación administrativa” se extendió por nueve consejerías, dos agencias, una fundación y cinco sociedades públicas. En todas ellas se produjeron “una gran cantidad de contrataciones con vulneración de los principios de publicidad y libre concurrencia”, con el objetivo aparente de “beneficiar” al entramado empresarial de Correa.
El magistrado recalca la sospechosa coincidencia de que las adjudicaciones presenten “un similar modus operandi pese a tratarse de muy diversas contrataciones y muy diversos órganos de contratación”. Como si en ellas hubiera existido “cierta influencia política”. El juez señala que en aquella época Orange Market, la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, “organizaba los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”. Y que, según declaró un antiguo empleado de esa sociedad, aquella circunstancia les “favoreció para las adjudicaciones”.
Para eliminar la competencia, el Gobierno valenciano y la red utilizaron, según el juez, un amplio repertorio de corruptelas. La primera vía para asegurar el resultado consistió en emplear “procedimientos negociados de contratación sin publicidad”, en los que bastaba con invitar a tres empresas. Una era “siempre” Orange Market; y las otras dos, empresas del mismo grupo de Correa. “No se encuentra explicación razonable de la causa de realizar invitaciones a sociedades del grupo radicadas en Madrid, que nunca habían trabajado en el respectivo órgano de contratación. Ni que ningún empleado público sepa explicar por qué se seleccionaron para ser invitadas, o quién era su interlocutor y a las que nadie conoce”.
“En muchas otras ocasiones”, prosigue el juez, el procedimiento fue incluso menos sofisticado. La Generalitat recurrió a “la técnica del fraccionamiento de la contratación”. Si un mismo acto era dividido en adjudicaciones inferiores a los 12.020,24 euros, podía concederse directamente.
De ese modo, para la organización del Congreso de Software Libre de 2005 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por ejemplo, El Bigotes cobró exactamente 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje del mobiliario” en general. Y otros 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje” solo de la moqueta.
“La confianza en la adjudicación era tal” que los empleados de Correa solían empezar los trabajos antes del inicio del procedimiento para adjudicarlos. Los pliegos administrativos en ocasiones “se diseñaban a posteriori, en función de las ofertas” que había presentado El Bigotes. Y otras veces los cargos procesados sugerían a los miembros de la red “cambiar conceptos esenciales de las facturas”, con la presunta finalidad “de obstaculizar la detección de irregularidades”. El juez exculpó al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, al considerar que los contratos fraccionados que firmó le vinieron dados. Pero no así a sus dos antiguos jefes en la Consejería de Sanidad, Cervera y Rosado.
Los contratos que Sanidad concedió a la trama, con motivo de la organización de los Premios Salud y Sociedad, fueron divididos no solo entre diferentes empresas de la red, sino entre distintos departamentos de la consejería. Todas esas contrataciones son presuntamente “pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a las respectivas direcciones generales que aparecen formalmente como órganos de contratación”. Los “técnicos cualificados a nivel de contratación” interrogados por el magistrado respondieron que esa “superior coordinación de las facturas y su pago se residencian primordialmente en el consejero [Cervera] y el secretario autonómico”, por entonces Rosado.
Varios testigos y algún imputado (incluido Bataller) declararon que Cervera se reunió con personal de Orange Market, y que la dispersión de las facturas partió del gabinete del consejero. El exjefe de gabinete y su antigua jefa de prensa señalaron, a su vez, “que actuaron cumpliendo las indicaciones” que les dio Cervera.
También ha sido capital para el procesamiento de Alicia de Miguel la declaración de su exjefe de gabinete. Éste “reiteradamente manifestó que fue la señora consejera quien organizó los actos, eligió a la empresa [Orange Market] y que incluso ella fue quien personalmente le presentó a Álvaro Pérez como la persona que se iba a encargar de organizar los actos de la consejería investigados”.
De Miguel, que fue miembro del Consell entre los años 2000 y 2007, tenía delegadas las competencias de contratación y, según su jefe de gabinete, le gustaba controlar todos los detalles: “La decisión sobre qué empresa hacía el acto siempre la tomaba la consejera. Daba cerrado el acto y la empresa”. En similar sebtido declararon otros subalternos de la consejera, que negaron tener “animadversión” hacia De Miguel.
* El País - IGNACIO ZAFRA - 24.7.14
Foto: Manuel Cervera, uno de los exconsejeros ahora procesados, con Rita Barberá y Francisco Camps en 2011. / CARLES FRANCESC
Barcelona.- A 10 años del Forum de las Culturas. El Parc del Fòrum: una plaza sin gente para gente sin plaza
La Barcelona que llevó adelante proyectos como las Olimpiadas del 92 quedó atrás y desde entonces, gracias a unos alcaldes especuladores, contagiados del espíritu faraónico madrileño o valenciano, el urbanismo dio un giro espectacular a peor, con operaciones tan fraudulentas como la del Fórum de las Culturas. Se remodeló toda una gran zona con edificios absurdos y espacios públicos vacíos y sin vida. Plazas gigantescas, fuera de escala y de sentido, algo de diseño inútil y, detrás, una enorme operación especulativa con nombres y apellidos de las empresas que se repartieron el pastel y los políticos que lo hicieron posible (P.Maragall y J.Clos entre otros).
"DIAGONAL* : ¿Quién crea una plaza?, ¿los arquitectos y diseñadores en sus gabinetes y despachos?, o ¿la gente, transitándola y habitándola, en definitiva, viviéndola? Para encontrar una respuesta a tal pregunta, decidimos hacer un pequeño experimento y pasar una calorosa tarde de julio deambulando por la plaza más grande de Catalunya, del Estado español y de Europa, y la segunda en dimensiones a nivel mundial justo detrás de la de Tiananmen, en Pekín. ¿Cuál es esa plaza?, os preguntaréis. Pues ni más ni menos que una con 16 hectáreas de extensión, la del Parc del Fòrum, en Barcelona. Sin embargo, para entender el por qué de las dimensiones y la situación actual de esta plaza hay que remontarse, no solo a su más inmediato origen, sino también a la forma de entender la ciudad que tuvieron sus creadores.
Aunque se suele señalar a los Juegos Olímpicos, celebrados en Barcelona en 1992, como el punto de inflexión más importante en la transformación urbana que ha venido sufriendo Barcelona, la verdad es que habría que remontarse a años antes, incluso décadas, si quisiéramos poner fecha y hora al inicio real de dicho proceso. Ya durante el controvertido periodo de gobierno de Josep Maria de Porcioles, alcalde franquista que rigió el destino de la ciudad de 1957 a 1973, fue patente la obstinación por recuperar la idea de la “Gran Barcelona”, traducida ésta en un desarrollo urbanístico sin precedentes caracterizado, básicamente, por la proyección de la ciudad como sede de congresos y ferias internacionales. Para llevar a cabo esta idea, el régimen necesitaba espacio, es decir, suelo urbano. En este sentido, el auge que la economía franquista experimentó durante los años 60 y 70 del pasado siglo, creó las condiciones necesarias para la obtención de cuantiosas plusvalías gracias a la recalificación descontrolada de suelo. Unas recalificaciones producidas al margen de los planes generales, sistemáticamente modificados para convertir zonas industriales en residenciales y áreas rurales en edificables. A todo este proceso no fueron ajenas las clases dominantes de la capital catalana que, al calor de las recalificaciones de terrenos y con el apoyo de la dictadura, logró grandes beneficios.
Fue a partir de aquella época que grandes empresas constructoras e inmobiliarias, propias de la oligarquía franquista, consolidaron su poder político y económico. De hecho, muchas de ellas permanecen hoy en pie, como la promotora inmobiliaria Juban, de la familia Banús, el grupo DRAGADOS, la constructora ACS de Florentino Pérez y, en parte, de la familia March, o el grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de la familia Koplowitz. Los orígenes del éxito económico del Estado español de los últimos años del siglo XX y principios del XXI, basado principalmente en la especulación inmobiliaria, podemos encontrarlos ya durante el frenesí desarrollista ocurrido hace más de cinco décadas. En la Ciudad Condal destaca de sobremanera el Plan Barcelona 2000, presentado por el mismo alcalde Porcioles en 1967 con el objetivo de “regenerar y dignificar la ciudad”, “embellecer la vía pública” y acabar de una vez por toda con “el desorden de los barrios populares”. De esta forma, podríamos decir que la era porciolista es el origen de eso que conocemos como “el urbanismo de las grandes obras públicas”, un eufemismo tras el cual se esconde la colaboración pionera entre los sectores público y privado en la promoción de grandes obras que facilitaban enormes beneficios económicos. El ambicioso Plan de la Ribera, de finales de los 60, por ejemplo, es otro de los proyectos que manifestaron esta línea de actuación. A pesar de la destitución de Porcioles en el año 1973, el legado ideológico de estos planes fue recogido finalmente por el Plan General Metropolitano de 1976, origen de la planificación actual, y prueba más que evidente de que el periodo democrático ha supuesto, únicamente, la consolidación de un modelo urbanístico ya prefigurado durante la Dictadura.
Con la construcción del complejo comercial y urbanístico de Diagonal Mar en el año 2001, enfocado hacía las clases medias y altas y ciertamente aislado de los barrios circundantes, estas dinámicas alcanzaron el margen derecho del río Besòs, generando una fuerte desarticulación del tejido urbano. Barrios fuertemente estigmatizados, como la Mina, quedaron definitivamente aislados y ocultos a la sombra de imponentes estructuras hoteleras, inmobiliarias y comerciales de la zona recuperada. Es en este punto cuando llegamos al origen del actual Parc del Fòrum.
Con la puesta en marcha del Projecte Fòrum 2004, la urbanización del terreno comprendido entre la Rambla de Prim, la Gran Via, el río Besòs y el mar, se convirtió de repente en un propósito internacionalmente promocionado y reconocido. Para hacernos una idea de sus dimensiones, basta echar un ojo a la superficie objeto de intervención, ya que, conjuntamente con el área del Distrito 22@ y Diagonal Mar, el espacio transformado llegaría a sumar más de 330 hectáreas, cifra cuatro veces superior a la intervenida durante los Juegos Olímpicos. Con un presupuesto, generado mediante la consabida colaboración público/privada del Modelo Barcelona, de más de 3.200 millones de euros, la recalificación de la zona preveía un campus universitario, hoteles, una zona de negocios, pisos para niveles altos de renta, en venta libre y alquiler, un puerto turístico y, cosa digna de subrayar, un gran área de equipamientos para toda la ciudad. Es dicha gran área de equipamientos lo que hoy conocemos como Parc del Fòrum, una obra que funcionó como inmejorable justificación para llevar a término la conversión de un área históricamente muy significativa, pero hasta entonces mantenida en precario y olvidada, en una nueva centralidad consagrada al ocio y al consumo, así como a encuentros y congresos de calado internacional. Sin embargo, a día de hoy, las mismas administraciones que lo pusieron en marcha reconocen que la transformación de la zona no ha producido todavía un “tejido social dinámico”.
Quizás el motivo de la inexistencia de este tejido tiene que ver más con el hecho de que los espacios no son producidos por urbanistas y políticos, sino por la gente que lo ocupa y lo usa. A no ser, claro está, y como se ha intentado demostrar con los párrafos precedentes, que lo que haya detrás no sea más que una operación inmobiliaria de grandes dimensiones que únicamente persiga el enriquecimiento de las empresas del sector en base a la recalificación y venta del suelo urbano. Operaciones que, como ha señalado estos días la Sindicatura de Cuentas de Catalunya evidencian, además, numerosas irregularidades a través de incumplimientos de la normativa en la contratación pública, en la elección de patrocinadores, en la planificación real de necesidades, etc.
Durante el experimento, en esa tarde calorosa de julio, fuimos testigos de cómo esos espacios, señalados como emblemáticos, comprometidos, icónicos, encantadores, íntimos y placenteros por la propaganda oficial, se encontraban ocupados por skaters que aprovechan el inmenso vacío para hacer piruetas y carreras, personas sin techo ni hogar, o nómadas urbanos según el discurso oficial, que bostezaban en las pocas sombras de la plaza, y esporádicos grupos de vecinos de los populares barrios cercanos que celebraban picnics, algo que, para poder realizarse, no hubiera necesitado de una inversión tan millonaria. En definitiva, el Parc del Fòrum se convierte, estos días, en una plaza sin gente tomada por gente sin plaza.
* Observatori d’Antropologia del Confl(OACU), Jose Mansilla y Giuseppe Aricó (OACU)
* Diagonal - 23.7.14
Foto: Barcelona, Forum de las Culturas - G.Aricó
Valencia.- Anticorrupción investiga adjudicaciones en 2009 a residencias de la familia Cotino
Siguen las noticias de corrupción en la C.Valenciana. Ahora la fiscalía está investigando unas adjudicaciones residenciales concedidas a familiares por el exconsejero 'popular' de Bienestar Social, J.Cotino, actual presidente de las Cortes valencianas. En estas concesiones irregulares de obras está implicado también el omnipresente empresario alicantino E.Ortiz, imputado en los casos 'Gürtel' y 'Brugal'. Como se ve un asunto gravísimo en el que está imputado uno de los capos 'populares' y que, en su día, ya dio que hablar al pedirse su dimisión como presidente de las Corts. La justicia lo dejó pasar entonces y ahora hay que esperar que actúe con mayor diligencia y llegue hasta el final de esta actividad urbanística mafiosa.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Valencia investiga desde el pasado 16 de julio unas adjudicaciones por valor de 15 millones de euros concedidas en 2009 por la consejería de Bienestar Social, que entonces presidía Juan Cotino, actual presidente de las Cortes, a la empresa Centros Residenciales Savia. Esta sociedad estaba participada por Sedesa, vinculada a la familia Cotino a través de su sobrino Vicente. El ministerio público, que recibió a principios de julio una denuncia del grupo parlamentario de Esquerra Unida (EU), cree que estos contratos públicos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
EU aportó con su denuncia los expedientes de las adjudicaciones, así como las transcripciones de unas conversaciones mantenidas en agosto de 2009 por Vicente Cotino y el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y en el caso Gürtel. En ellas, el sobrino del dirigente popular lamenta la destitución de su tío al frente de Bienestar, ocurrida un día antes: “Coño, era una consejería que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar”. La revelación de esta conversación el pasado mes de junio provocó una avalancha de peticiones de la oposición al presidente del Parlamento valenciano para que dimitiera de su puesto. Cotino respondió por aquel entonces que nunca había “metido la mano” en la caja ni dejado que nadie lo hiciera. También aseguró que nunca hizo adjudicaciones a empresas de su familia desde ninguno de los cargos que ha ocupado.
En el momento de producirse las concesiones investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, las plazas para personas mayores en geriátricos subvencionadas por la Generalitat estaban limitadas al 33%. Poco antes de salir de la Consejería de Bienestar, en 2009, Juan Cotino eliminó ese techo, ampliándolo al 66% de las plazas primero, y llegando, más tarde, a comprometerse con el sector a subvencionar el 100% de las plazas de ancianos en situación de dependencia. Ya en 2010, con el político popular fuera del departamento, el estado de las finanzas valencianas hacía evidente que esto sería imposible.
Según la denuncia de EU, gracias a las decisiones adoptadas por Cotino, el Grupo Savia multiplicó casi por tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006 y pasó de poseer 13 centros a 21 en 2009.
EU pide llegar hasta el final
Tras dar a conocer la resolución de Fiscalía, la diputada autonómica de EU Esther López Barceló se mostró satisfecha por la apertura de diligencias. Barceló espera que “se llegue hasta el final” y que se depuren todas las responsabilidades penales y políticas. Éstas últimas, en su opinión, “tendrían que haberse asumido ya por parte del señor Cotino, quien tendría que haber abandonado hace mucho tiempo su cargo como presidente de las Corts”.
“El mismo proceso de concesión de plazas subvencionadas se ha repetido en 2013, siendo ya la nueva consejera Asunción Sánchez Zaplana, ha aumentado la cantidad a 22 millones de euros y de nuevo recayendo muchas de las adjudicaciones en las empresas vinculadas a la familia Cotino”, añadió la parlamentaria a través del comunicado. Barceló cree que los valencianos necesitan “una limpieza” de sus instituciones, ya que hechos como este “dan la imagen de una Administración al servicio de una red clientelar y familiar”.
La primera —y, al cierre de esta edición, única— reacción por parte de la Generalitat la dio el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, que recordó que aún no hay ningún proceso abierto, aunque admitió que al Consell “le precupa cualquier cosa investigada por la Fiscalía”. Según él, sin embargo, lo único que hay es una información llegada a las manos de la Fiscalía Anticorrupción, que “tiene la obligación de verla”.
* El País - GUILLERMO HILDEBRANDT - 24.7.14
Foto: Valencia, Cotino en las Corts - abc
