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El caso 'Brugal' sigue dando que hablar y su extensión se multiplica. El anterior gobierno 'popular' de Orihuela (Alicante) está ya imputado en pleno por prevaricación urbanística al conceder ilegalmente obras y servicios municipales a empresas del cabecilla del caso, A.Fenoll. Lógicamente la contraprestación, además del lucro personal de los imputados, recaía sobre el propio PP que se beneficiaba del apoyo económico subsiguiente. Ahora solo cabe esperar que la lenta justicia haga bien su trabajo y sancione debidamente esta trama mafiosa que se extiende por toda la Vega Baja del río Segura.
"ELPAÍS* : El único edil que quedaba por imputar del último gobierno del Partido Popular en Orihuela, entre 2007 y 2011, ya lo está. Antonio Rodríguez Barberá, concejal en la actualidad y expresidente de la Junta de Gobierno municipal ha sido citado por un juzgado de primera instancia de Orihuela junto a ocho ediles populares que formaban el equipo de gobierno de la exalcaldesa Mónica Lorente. Bajo la sospecha de la prevaricación, los nueve imputados deberán explicar los pagos realizados con reparo del interventor municipal a empresas de Ángel Fenoll, considerado cabecilla del caso Brugal y sospechoso de financiar las campañas de Lorente.
La imputación de Rodríguez Barberá se suma a la de toda la Junta de Gobierno de Mónica Lorente, quien curiosamente no formaba parte de esta pese a ser la alcaldesa. El caso nace de una denuncia presentada por la exregidora del PSPV en esta legislatura, Antonia Moreno.
En 2009, Moreno denunció que la Junta autorizaba pagos a las empresas de Fenoll por servicios “no sometidos a permisos o sin contrato” como eran la limpieza de Orihuela Costa y de dependencias municipales.
Para la presidenta del PP oriolano, Pepa Ferrando —imputada en este caso y en el de las facturas de Fitur—, los socialistas “no saben otra cosa que ir al juzgado”. La popular acusó además al actual gobierno de verdes y socialistas de aprobar facturas con reparos de intervención. “Una vez más iremos con la indignación y la tranquilidad de siempre a dar cuenta”, dijo una Ferrando que será la que abra el próximo 28 de julio el baile de declaraciones.
La documentación entregada a fiscalía por Antonia Moreno, que ocupó el área de urbanismo del actual gobierno de verdes y socialistas hasta su dimisión, apunta a la existencia de pagos por valor de 55 millones de euros con reparos desde 2002, “de forma reiterada y a determinadas mercantiles”.
A la espera de que comiencen todos los juicios que pesan sobre una gran parte de los concejales populares en la capital de La Vega Baja, la situación no deja de ser una anomalía. En la actual bancada del PP, de 12 ediles que tiene, siete están imputados y uno condenado. Solo cuatro de ellos están libres de sospecha, los que se han estrenado en esta legislatura y nunca tocaron poder.
* El País - RUBÉN ESQUITINO - 3.7.14
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Imputada por prevaricación urbanística toda la Junta de Gobierno del PP en Orihuela
Ex-alcalde Puertollano imputado por las obras de la plaza de toros
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"CLM24* : El exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso, ha sido citado declarar como imputado por unas presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras de la plaza de toros de la ciudad, informaron fuentes jurídicas. Hermoso ha sido citado en los juzgados de Puertollano después de que hayan declarado los dos técnicos del Ayuntamiento que emitieron los informes técnico y jurídico sobre la adjudicación de la obra, realizada entre los años 2008 y 2011.
Estas obras fueron cuestionadas hace ahora un año en un informe de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha donde se detectaba un posible incumplimiento de la ley en la adjudicación de las mismas a la empresa Navarro Piquer.
Según la Sindicatura, del análisis de la documentación de los expedientes de justificación de gasto del contrato de obra de cimentación, graderío y barrera, que tuvo un importe total de 1.537.467,98 euros, se desprendía que se había realizado un "fraccionamiento del contrato", que podría implicar la elusión de los requisitos de publicidad y libre concurrencia.
En la causa judicial se han personado Izquierda Unida y el Partido Popular de Puertollano.
Joaquín Hermoso presentó su renuncia al cargo en julio de 2013 y fue sustituido por Mayte Fernández, también del PSOE.
"Nada que esconder"
Por su parte, la actual alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, ha manifestado que en el Ayuntamiento que rige nadie tiene "nada que esconder" tras conocerse la citación como imputado del exprimer edil.
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Fernández, sucesora de Hermoso en el cargo, ha declarado sobre este asunto su "total confianza hacia el equipo de Gobierno" y en todos los funcionarios.
Según Fernández, "el procedimiento está ante el juez, que es donde debe estar, y hablar en otro ámbito sería especular. Ojalá todos los ayuntamientos se hubieran sometido a una auditoría como nosotros lo hicimos".
Ha subrayado además en que el exalcalde acude en calidad de "imputado", que "no es lo mismo que acusado", y ha recordado que "se trata de una fase de instrucción en la que cabe todo el respaldo de la Ley". "Esperemos que se resuelva cuanto antes, porque esto nos ayudará a seguir trabajando en pos de la ciudad".
* CLM24 - 4.3.14
Foto: Puertollano (Ciudad Real), nueva plaza de toros - puertollano
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'Novo Carthago'.- El nombre de Valcárcel aparece en las investigaciones sobre corrupción urbanística
"VEGAMEDIA* : El nombre del anterior presidente de Murcia y actual europarlamentario Ramón Luis Valcárcel planeó durante parte del interrogatorio al que fue sometido el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, imputado en el caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago. Por su parte, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, imputado también en la causa y citado ayer por el juez, hizo uso de su derecho a no declarar, a pesar de que cuando fue encausado hace una semana expresó su “total disposición a colaborar con la Justicia”.
En el interrogatorio a Cerdá, varias de las preguntas formuladas por el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región Manuel Abadía, estuvieron dirigidas a saber si una reunión celebrada en la sede de la presidencia del Ejecutivo autonómico en la que se habló del proyecto había sido convocada por Valcárcel.
Igualmente, Abadía preguntó al consejero qué hacía en aquella ocasión en la sede de la Presidencia el letrado Ángel Luna, que representaba a la inmobiliaria Hansa Urbana, promotora del proyecto urbanístico, que contemplaba la construcción de 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles de lujo en suelo parcialmente protegido.
Durante el interrogatorio, que se prolongó por espacio de casi una hora, el juez preguntó a Cerdá si se recibió en la consejería de la que es titular un regalo de Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, dirigido a él, y si el mismo "tuvo billete de ida y vuelta o solo de ida".
Sobre este particular, Cerdá manifestó en el acta que "recibió un regalo y decidió devolverlo, que cree que eran unos gemelos, pero no sabe quién lo mandó, ni a quién se devolvió; que lo devolvió a la dirección que venía en el regalo, aunque en este momento no sabe cuál era la dirección".
Cuando ya había terminado el interrogatorio con las preguntas de su defensa, el instructor retomó el tema para advertir al consejero de la importancia que tenía que precisara "el nombre y dirección del funcionario al que ordenó la devolución del regalo", aunque Cerdá insistió en que no puede acordarse. Ante esta situación, el instructor le indicó que si lo recuerda lo puede poner en conocimiento suyo a través del abogado defensor.
Al comienzo del interrogatorio, Abadía mostró su sorpresa por el hecho de que la Comisión de Impacto Ambiental en la que se habló de Novo Carthago fuese convocada en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autónomo, y no en la propia Consejería, que es su sitio natural.
"¿Acaso tiene usted poder para disponer de las estancias y habitaciones de la Presidencia de la Comunidad Autónoma?", le dijo el juez instructor.
Sobre este extremo, Cerdá manifestó que la orden de celebrarse en ese lugar la dio él, porque uno de los técnicos integrantes de la misma tenía otra reunión el mismo día en esa sede. "Fue una reunión que no convocó el presidente de la Comunidad", explicó, "además de que fue informal".
"¿Es cierto –añadió el magistrado– que el presidente de la Comunidad Autónoma les recibió a Ángel Luna y a usted previamente en su despacho y que por eso se desplazaron allí, para ratificar ante Luna el plácet del presidente de la Comunidad a la urbanización de Hansa Urbana y para mostrar a la Comisión que el proyecto contaba con el apoyo del presidente?".
La interrogante fue constestada por el consejero en el sentido de manifestar que "nunca le ha pedido nada el presidente de la Comunidad".
Sobre la orden de reinicio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que aprobó, Cerdá señaló que siempre creyó más conveniente la recalificación urbanística de los terrenos por ser más conveniente un uso recreativo que seguir dedicándolos al regadío extensivo, por tratarse de suelos "altamente contaminados por metales pesados que podían pasar a la cadena alimentaria".
El consejero de Agricultura y Agua explicó en otro momento de su declaración que el proyecto Novo Carthago "era uno más de los muchos que entraban en la consejería, y que los técnicos siguieron –en su tramitación– el mismo camino que en los demás casos, sin que el declarante acelerara ni desacelerara nada en absoluto".
* Vegamedia - EFE - 3.7.14
Foto: Cartagena, urbanización Novo Carthago - JM.Rodríguez, laverdad.es
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La justicia invalida una recalificación urbanística de Bildu en Bermeo
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"DEIA* : El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha invalidado la recalificación de una parcela que pasó de urbanizable a suelo urbano con la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2012, de la mano del equipo de gobierno de Bildu. Esa nueva calificación permitió arrancar la edificación de un bloque de 16 pisos en un solar en julio de 2013 por parte de una constructora, aún cuando previa aprobación del PGOU resultaba imposible edificar.
La administración bermeana puede seguir plantando batalla judicial ante el Tribunal Supremo, pero los argumentos del TSJPV son contundentes. La Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el suelo sobre el que se erige la promoción de viviendas privadas a cargo de la constructora Bermeo Eder Etxegin-tza “no es urbano al carecer de suministro de energía”. El valor de la parcela recalificada pasó de cero a 3 millones de euros con la citada modificación urbanística, ya que podría llegar a albergar hasta 40 pisos -cinco de ellas tasados-, 24 más de los 16 en construcción actualmente, según denunció el demandante en verano de 2013.
De la misma forma, el Tribunal también pone como ejemplo la escasa promoción de inmuebles de carácter protegido -solo cinco de los 40 edificables- para censurar el “urbanismo a la carta” practicado por el Consistorio. Lo hace a la vista de que el desgajamiento de la parcela mediante el PGOU -la unidad de ejecución 26.1 antes estaba incorporada en la unidad urbana S-22 - conllevó una reducción de esos volúmenes de pisos de protección para la parcela en litigio, evidenciado “una clara desigualdad de trato”. El Tribunal cita que esa actuación municipal “no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el principio de igualdad”.
En una primera valoración, el Ayuntamiento indicó ayer que la aprobación provisional del PGOU se realizó en la anterior legislatura, siendo aprobado definitivamente “por unanimidad” y obteniendo además el beneplácito de instituciones como el Departamento de Vivienda o la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV). Además, estimaron que hubiera sido “ilegal” no haber dado las correspondientes licencias de obras, que fueron emitidas en mayo de 2013 pese a estar abierto un proceso judicial.
EN DEIA El caso San Miguel fue dado a conocer por DEIA en agosto de 2013, cuando se informó de la apertura de la investigación del TSJPV para esclarecer la existencia de una posible recalificación ilegal en el citado solar de San Miguel, de 4.400 metros cuadrados, que fueron separados de un terreno mayor para habilitar la promoción de los pisos. En 2012 había presentado su denuncia el vecino demandante, quien también presentó alegaciones al Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) posteriormente, una petición que cayó en saco roto.
Con un malestar entre el vecindario que se ejemplarizó en la presentación de más de 60 firmas contrarias al plan urbanizador, tampoco entonces hubo respuesta por parte del actual concejal de Urbanismo y exalcalde de Bermeo con EA durante 16 años, Juan Karlos Goienetxea, ni de la alcaldesa, Idurre Bideguren. El TSJPV, por ahora, ha dado ahora la razón al demandante.
* Deia - IMANOL FRADUA - 1.7.14
Foto: La promoción en litigio está ubicada en el barrio de San Miguel. (I. Alberdi)
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Fraude en Valladolid.- "Hacienda somos todos, pero unos más que otros"
"DIAGONAL* : Una vivienda secreta para el jefe de Hacienda en Valladolid. Eso es lo que se ha construido en la cuarta planta del nuevo edificio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la capital castellana. Planta que según el plan aprobado por el Gobierno central en noviembre de 2010 estaba destinado a uso administrativo, ya que la falta de espacio de trabajo era lo que motivaba el cambio del viejo edificio de la Agencia Tributaria al nuevo edifico de la avenida de Salamanca.
En algún momento y fuera de lo aprobado se construyó esta vivienda secreta en la cuarta planta del nuevo edificio. Esta planta se utilizaría para el delegado de Hacienda, que es un cargo de libre elección, actualmente ocupado por Georgina de la Lastra tras una reciente cascada de despidos altos cargos de Hacienda a nivel estatal. La empresa adjudicataria de la obra, Corsán, tenía un presupuesto inicial de 18,8 millones de euros, y hasta que no se entregue el edificio terminado no sabremos el incremento de costes que puede hacer supuesto la conversión de la vivienda para la delegada.
La denuncia de la CGT, y su repercusión en los medios locales, como El Norte de Castilla, provocó una ola de excusas por parte de la administración. José Antonio Bermejo, el subdelegado del gobierno en Valladolid declaró que la delegada Georgina de la Lastra “no tiene intención de ocupar la vivienda”, pero no comentó nada sobre revertir el uso administrativo para el cual ha sido aprobado, que es lo que reclaman los trabajadores. La delegación de Gobierno no ha querido hacer declaraciones a DIAGONAL.
Fernando Ramos desde CGT explica que han hecho diversas peticiones a la administración, sin respuesta alguna, para que la cuarta planta de la sede de la AEAT vuelva a tener uso administrativo, que era el previsto inicialmente y permitiría una mejor atención a la ciudadanía. “Queremos simplemente que se utilice el edificio para lo que se ha construido, y no este tipo de prebendas injustas que no son propias del siglo XXI”
* Diagonal - Aurora Gómez Delgado - 30.6.14
Foto: Valladolid - construccion edificio Hacienda - urban
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Alicante.- Bruselas fuerza a vender la Ciudad de la Luz por competencia desleal
"ELPAÍS* : El sueño de Luis García Berlanga se ha transformado en una pesadilla de tintes berlanguianos. El cineasta valenciano, fallecido en 2010, promovió durante años la instalación de unos grandes estudios de cine a orillas del Mediterráneo con el fin de fomentar la industria, aprovechando el clima benigno, muy similar al de Hollywood. La Generalitat valenciana lo hizo suyo.
Levantó con fondos propios la Ciudad de la Luz de Alicante y concedió ayudas a las producciones para rodar en sus seis platós y en uno de los mayores tanques de agua del mundo, donde se filmó el espectacular tsunami de Lo imposible, de Juan José Bayona. En 2005 se inauguró lo que iba a ser “el mayor centro audiovisual de Europa”, según vaticinó el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana.
Este jueves, el Tribunal General de la Unión Europea dio la puntilla al proyecto, tal y como fue concebido, y confirmó que los 274 millones de euros destinados por la Generalitat valenciana a los estudios cinematográficos son ilegales y deben ser recuperados. El tribunal sostiene que la construcción del complejo y las subvenciones a los rodajes constituyen ayudas de Estado y trastorna la competencia en el sector. En consecuencia, obliga al Gobierno valenciano a “desinvertir”, lo que comporta la venta los estudios para intentar recuperar los fondos públicos.
“Ningún inversor privado habría aceptado invertir en las mismas condiciones. Por lo tanto, la financiación pública suponía una ventaja que falseaba la competencia entre los principales estudios de cine europeos”, manifestó Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y responsable de la Competencia a nivel europeo.
La sentencia del tribunal viene a ratificar una decisión de la Comisión Europea, que ordenó el reembolso de las subvenciones en mayo de 2012, y desestima en su totalidad los recursos presentados, a través del Reino de España, por la Generalitat. El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, declaró que el resultado del contencioso “era algo esperado”.
El litigio arrancó cuando el megaestudio británico donde se han rodado películas de James Bond, Pinewood, denunció hace siete años ante Bruselas el sistema de ayudas de la Ciudad de la Luz. Luego se sumaron otros estudios.
En los estudios alicantinos se han rodado alrededor de 60 producciones audiovisuales (entre películas, series y programas). Además de Lo imposible, entre los títulos más conocidos se encuentran Astérix en los Juegos Olímpicos que recibió una ayuda de 4,7 millones de euros de la Generalitat (con un retorno de 30 millones de euros para Alicante, aseguró el Consell); Tetro, de Francis Ford Coppola, que también cobró 500.000 euros por dar una clase magistral y una rueda de prensa; o El camino de los ingleses, de Antonio Banderas. La presencia de populares nombres del cine en Alicante iba acompañada por una fotografía con los responsables políticos, como la imagen que inmortalizó un abrazo entre el expresidente Francisco Camps y Obélix, encarnado por Gérard Depardieu.
La Generalitat destinó en torno a 17 millones de euros a ayudas a los rodajes en distintas modalidades. Al respecto, la resolución de Competencia de la Comisión Europea dice textualmente: “Todo incentivo otorgado a productores cinematográficos con la condición de que el rodaje tenga lugar en Ciudad de la Luz (...) constituye ayuda estatal incompatible con el mercado interior”.
El portavoz de Competencia, Atoine Colobani, añadió ayer que “cuando el Estado o una autoridad pública, como una comunidad autónoma, decide actuar como inversor privado con expectativas de ingresos, no hay problema, no se trata de una ayuda, sencillamente es una inversión, pero no es el caso de esta situación”.
El complejo cinematográfico alicantino, diseñado por el especialista estadounidense Gary Bestien, ha recibido numerosos elogios de los cineastas por sus instalaciones. Pero las críticas no han cesado desde su nacimiento por sus enormes dimensiones, su cuestionable rentabilidad y su gestión. La empresa adjudicataria de la gestión, Aguamarga, y la Generalitat mantienen un litigio que ha ganado esta última. Los estudios arrastran unas pérdidas de 84 milones sólo en el periodo comprendido entre 2004 y 2010. La Generalitat siempre ha respondido que el impacto económico para Alicante y la Comunidad Valenciana era muy positivo.
Sin embargo, los estudios permanecen cerrados desde la decisión de la Comisión Europea y han dejado de recibir posibles rodajes. Tampoco las arcas exangües de la Generalitat permitían seguir regando de subvenciones a las producciones. Esta parálisis se suma a la crisis del cine español y a la falta de exenciones fiscales para atraer grandes rodajes.
Desinvertir
El siguiente paso para “desinvertir” los 274 millones destinados por la Generalitat a la Ciudad de la Luz es su venta, como reconoce la consejera de Cultura, María José Català. La operación consiste en que la Administración valenciana se devuelva el dinero a ella misma. Por eso, la única vía será la venta de las instalaciones. ¿Cubrirá esa venta los 274 millones considerados ayuda de Estado? La consejera y también portavoz del Consell responde: “Es un futurible; es el escenario en el que estamos trabajando”. La portavoz del Gobierno de Fabra insistió en que el valor de mercado de las instalaciones puede cubrir esa cantidad. La oposición niega la mayor y pide que se asuman responsabilidades políticas por “este escándalo”, como apunta la diputada autonómica socialista Eva Martínez, que cifra en ocho millones el coste de las instalaciones cerradas sólo este año.
La Generalitat no se ha definido por la posibilidad de vender en uno o en varios lotes el complejo e incide en que está en contacto con la Comisión Europea. Ésta persigue “asegurarse de que las ayudas sean devueltas a los contribuyentes en la medida de lo posible”, afirmó Almunia.
* El País - A. BELTRAN / FERRAN BONO - 3.7.14
Foto: Ciudad de la Luz (Alicante) - elpais
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Resucita otra mega causa de corrupción urbanística en el sur de Tenerife: Arona 2
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Canarias se ha destacado últimamente como una de las Comunidades más pobres y con mayor paro, sin embargo esto contrasta con sus condiciones de islas paradisíacas: entonces ¿qué ocurre? Pues que posee una de la castas políticas más corruptas y caciquiles de todo el país. Día tras día aparecen más casos espectaculares de corrupción, como este de Arona (Tenerife). Uno de los grandes municipios turísticos que abarca una costa famosa por sus grandes hoteles y su multitud de construcciones ilegales. Los responsables del Ayuntamiento tienen en su contra al menos nueve causas penales por delitos urbanísticos, cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Cifra que pronto se incrementará hasta llegar a los 25 concejales, del PP y CC, imputados por corrupción urbanística y pertenecientes a tres mandatos municipales diferentes. Todo un lamentable récord.
"TENERIFEAHORA* : El ayuntamiento tinerfeño de Arona está pujando fuerte por hacerse con el récord estatal de escándalos de corrupción. La cantidad y nivel de competidores complica bastante el triunfo en ese ranking, pero los políticos y técnicos de este municipio del Sur de Tenerife se están aplicando a conciencia: el caso Arona 2, que va ya por 22 imputados de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, está a punto de salir de su letargo para unirse a otras ocho mega querellas y causas que protagonizan los gobernantes municipales y ediles de la oposición aronera de los tres últimos mandatos.
Esta mega querella estrechamente ligada al Plan General de Ordenación (PGO) anulado el mes pasado y al caso Arona 1 (pendiente de fecha para juicio) incluye entre sus imputados a la diputada del Partido Popular Águeda Fumero y al consejero de Innovación Tecnológica del Cabildo de Tenerife Antonio Miguel Marichal (a punto de ser proclamado candidato de CC a la Alcaldía aronera para las elecciones municipales de 2015).
Citación de nuevos imputados y testigos
En representación del bloque anticorrupción liderado por Ciudadanos por Arona, el abogado Felipe Campos instó el martes por escrito al titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Arona a realizar varias diligencias probatorias que incluyen, entre otras propuestas, la citación en calidad de imputados de dos ex secretarios generales del Ayuntamiento (Cristian Marcelino Represas y Javier García Doncel) y del redactor del PGO tumbado hace unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por ocho motivos distintos de nulidad que coinciden en gran medida con los presuntos delitos que se investigan en el Caso Arona 2).
Además, Campos ha propuesto la citación en calidad de testigos de cinco funcionarios de este Ayuntamiento: las dos responsables del servicio jurídico de Urbanismo, Manuela Melo y Carmen Ana Díaz ; la jefe de Recursos Humanos, Carmen Teresa Hernández; el coordinador del Plan de Modernización, Juan Pedro García y, por último, el arquitecto Damián García.
Falsificación documental y grabaciones sobre pelotazos
En ese escrito Campos plantea en primer lugar "fijar el objeto" de este complejo procedimiento penal que aúna cinco denuncias presentadas ante Fiscalía entre 2008 y 2011 por presuntos delitos relacionados con el controvertido urbanismo de este municipio turístico, residencial y agrícola.
Al parecer, la instrucción del caso Arona 2 se había centrado solo en una de las denuncias (la relativa a la aprobación plenaria del PGO) y había pasado por alto la parte de la causa referida a la presunta falsificación documental del planeamiento urbanístico aprobado en pleno, así como la relativa a las grabaciones en las que se oye al entonces alcalde y al redactor del PGO reconociendo irregularidades y pelotazos en el planeamiento que intentaban aprobar.
Asimismo, parece que en esta instrucción también se habían obviado las denuncias contra las argucias desarrolladas por los gobernantes y técnicos municipales para seguir concediendo licencias al margen de la legalidad a pesar de que ya estaba en marcha una investigación judicial por esa práctica (el caso Arona 1, que arrancó a principios de 2007).
Para poner la instrucción al día, además de las nuevas imputaciones y testificales, el letrado de la acusación particular ha requerido la aportación documental de expedientes de licencias urbanísticas "que no han sido aportadas a la presente causa" a pesar de formar parte de la misma.
Aparte de todo ello, está buscando una parte de esta causa a la que ha perdido la pista: la denuncia de un pelotazo relativo a la recalificación de 152.000 metros cuadrados de suelo rústico..
¿El motivo de semejante desbarajuste en esta instrucción penal?
Por una parte, la saturación de los juzgados aroneros (uno de los más atascados del país) y la inestabilidad de su plantilla: por esta instrucción que arrancó en 2008-2009 han pasado ya al menos tres magistrados y tres fiscales. Por otra parte, la complejidad de esta causa que incluye una parte escindida del caso Arona 1 (mega querella que fue dividida en dos para evitar que se eternizara su instrucción) y cinco denuncias de Felipe Campos y José Antonio Reverón (concejal de Ciudadanos por Arona). Influye también que están imputados gobernantes de dos mandatos distintos (los siete integrantes de la Junta Local de Gobierno de 2003-2007 –de CC, PP y CAN-CCN–, y los siete de 2007-2011, todos de CC), así como concejales dos partidos de la oposición (PP y CAN-CCN). Algunos acumulan imputaciones como gobernantes de dos mandatos distintos y otros como gobernantes en la primera etapa y como ediles de la oposición en la segunda etapa política investigada en este caso.
Además, ha complicado esta investigación el elevado número de empresarios aludidos en las licencias concedidas con informes jurídicos desfavorables (a mediados de 2012 declararon ocho titulares de licencias, pero faltarían varios más). Sin olvidar que forma parte de estas diligencias previas también el inmenso Plan General que comenzó a tramitarse en Arona en 1997, que se rehizo entre 1999-2003, que volvió a rehacerse de nuevo entre 2003-2006 y que, una vez aprobado definitivamente en pleno, sufrió transformaciones secretas hasta su nueva aprobación definitiva en diciembre de 2012 (con lo que no es de extrañar que se hayan emitido en su contra 16 sentencias de nulidad tanto totales como parciales).
Un año de atasco por la imputación de una aforada
Y lo que más ha demorado esta instrucción, aparte de las tácticas de dilación de la defensa de los imputados, ha sido la presencia de una aforada entre los imputados. Desde que en noviembre de 2012 fue citada a declarar la diputada Águeda Fumero por haber apoyado la entrada en vigor de un PGO con indicios de ilegalidad cuando era concejal de la oposición, este caso quedó estancado. Ella impugnó la citación alegando que le correspondía comparecer ante el Tribunal Supremo, el magistrado instructor aprovechó ese fuero para intentar deshacerse de esta complicada causa enviándola íntegra al Alto Tribunal; la fiscal y el abogado Felipe Campos recurrieron esa decisión y el Supremo les dio la razón indicando que no era razonable enviar toda la instrucción a Madrid cuando la aforada solo estaba implicada en una cuarta parte de la causa. La abogada de los imputados recurrió sin éxito para intentar que la instrucción se llevara a cabo fuera de la Isla (lo que hubiera imposibilitado la presencia de acusación particular) y, desde entonces (marzo de 2013), el caso Arona 2 no había vuelto a dar señales de vida.
Fuentes judiciales apuntan que al fin está despertando y que está previsto que haya citaciones de imputados y testigos durante el próximo mes de octubre. Con lo cual, teniendo en cuenta las otras causas protagonizadas por responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Arona, toca un calendario judicial de lo más apretado para ello.
Calendario judicial de los políticos aroneros
Resumiendo ese calendario, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está pendiente de fijar fecha para el mega juicio del caso Arona 1, que aglutina a 16 acusados de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación, extorsión, tráfico de influencias y prevaricación (entre ellos, ocho imputados de CC, PP y CAN-CCN, el exarquitecto jefe y un exaparejador del área de Urbanismo). Uno de los acusados, Antonio Sosa, aún forma parte del gobierno aronero de Coalición Canaria y está compitiendo por ser candidato a la alcaldía.
Durante el presente mes de julio han sido citados a declarar 15 políticos municipales imputados por prevaricación en el caso del Alcalde Okupa por las tretas que urdieron entre agosto y noviembre de 2012 para mantener en la Alcaldía a un alcalde que incurría en causa de incompatibilidad a raíz de una condena de inhabilitación (las imputaciones que pueden derivar en la inhabilitación de la mayoría del pleno aronero aluden al actual alcalde, al exalcalde y a 11 ediles del grupo de gobierno de CC, así como a dos de la oposición del CAN-CCN). En esta causa también han sido citados en calidad de testigos los 10 ediles de la oposición de PSOE, PP y CxA, así como la secretaria general del Ayuntamiento.
También está previsto que entre este mes y septiembre presten declaración en calidad de imputados el exalcalde, el anterior y el actual concejal de Urbanismo por el caso Relinche (permitir la construcción de un chalé en suelo rústico bajo licencia para una cuadra de caballos) y por el caso Capitel (reapertura irregular de un pub mientras los tribunales investigaban su licencia de actividad a raíz de una denuncia vecinal).
A todo ello se unen el caso Arona 3 (de tal magnitud que el fiscal ha planteado dividirlo en cinco causas), el caso Arona 4 (centrado en el gasto presuntamente ilegal de casi 100 millones de euros de dinero público durante la última década, 15 de los cuales fueron gastados el pasado 2013), el caso Enchufe 2 (imputado el exalcalde inhabilitado en el caso Enchufe 1) y varias causas más cuyo contenido no ha trascendido aún. Según un documento emitido por los juzgados aroneros al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el exalcalde José Alberto González Reverón está acusado e imputado en nueve causas penales distintas.
* El Diario - Blana Salazar - 2.7.14
Foto: Los Cristianos.- José Mesa/ Flickr
Cataluña.- La mujer de Oriol Pujol encubrió pagos de comisiones durante cinco años
Según la UE Cataluña es la Comunidad autónoma con mayor corrupción; sin entrar en cifras parece algo discutible dada la fuerte competencia, pero lo que sí está claro es que la mayor parte del pastel se lo lleva el partido nacionalista CiU. Un ejemplo de esto es el 'caso ITV', donde el nº2 Convergente, Oriol Pujol, hijo del mismísimo Jordi, ha sido imputado y ha tenido que dimitir de varios cargos. Como se sabe la justicia ha acusado el propio Oriol de valerse de su “peso político” para lucrarse y beneficiar a empresarios amigos. Es decir, toda una trama corrupta bien organizada y dispuesta a defraudar a los ciudadanos. Ahora la Agencia Tributaria asegura que la mujer del imputado facturó servicios inexistentes a la empresa de un amigo, encubriendo así el pago de comisiones a su marido por las ITV. Veremos hasta dónde llega la justicia en este asunto catalán tan politizado.
"ELPAÍS* : La Agencia Tributaria concluye en un informe del caso de las ITV que Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol, encubrió el pago de comisiones a su marido mediante la facturación de servicios inexistentes a la empresa que administraba un amigo, en un "modus operandi" que se prolongó al menos durante cinco años.
En un informe, el Servicio de Vigilancia Aduanera cree "inverosímil" e "incongruente" la explicación que Anna Vidal, imputada por cohecho, dio ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para justificar los 46.400 euros que en 2008 cobró de la empresa Alta Partners, de Sergi Alsina, amigo íntimo del diputado de CiU Oriol Pujol, informa Efe.
Según la Agencia Tributaria, del análisis de la facturación entre Sergi Alsina y Anna Vidal se desprende que, al menos entre 2007 y 2012, existió un "modus operandi común" para encubrir pagos que "obedecen supuestamente a satisfacer las gestiones llevadas a cabo por Oriol Pujol en beneficio de su amigo, así como en su propio beneficio".
El informe de la Agencia Tributaria fue encargado por el juez del caso de las ITV Enric Anglada, después de que tanto Vidal como Alsina mantuvieran que los 46.400 euros cobrados por esta -que la Fiscalía cree eran comisiones de la trama de las ITV por las gestiones de Oriol Pujol- obedecían a servicios profesionales de consultoría que la mujer del diputado hizo para Alta Partners.
La defensa de ambos imputados aportó al TSJC diversa documentación para tratar de justificar los trabajos realizados por Anna Vidal, que asegura asesoró en sendas operaciones de compra y venta de dos empresas, pero la Agencia Tributaria cree que "de ninguno" de ellos se deriva la participación de la esposa de Pujol en esos servicios.
Hacienda resalta además que las conclusiones remitidas al TSJC son las mismas que las que se han enviado al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, en una de las piezas separadas que este tiene abiertas derivadas de la causa de las ITV, en que Pujol está imputado por tráfico de influencias y por cohecho.
Ese informe remitido al juzgado de instrucción consistió en el análisis de la facturación entre Anna Vidal y la empresa de Sergi Alsina Alta Partners durante los años 2010 y 2012. Para los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, de toda la documentación que obra en sus manos se constata "la utilización de un patrón común en las supuestas relaciones comerciales puestas de manifiesto entre Anna Vidal y Sergi Alsina".
Según la Agencia Tributara, para facturar a Alsina la esposa de Pujol "interpone" dos empresas de su propiedad "que se nutren prácticamente en exclusiva de la facturación que le proporcionan empresas relacionadas" con Alta Partners, "llegando a incrementar sus ingresos hasta en un 1.291,53 % de un año a otro".
Según Hacienda, los trabajos desempeñados por Vidal adolecen de falta de justificación, que consiste en "folios manuscritos, notas de prensa, documentos obsoletos y documentos internos de otras empresas" y hay "incongruencia" entre las explicaciones que han dado los imputados y las
conversaciones y documentos incautados.
El informe añade que, "como método habitual para dar cobertura a la facturación entre ambos, se utilizan servicios que realmente han existido en el marco de la actividad empresarial desarrollada por Alta Partners, pero que en realidad habían sido llevados a cabo por otros profesionales y/o sociedades (...)".
La Agencia Tributaria destaca también la "ausencia total de documentos y llamadas intervenidas que justifiquen la participación de Anna Vidal en las mencionadas operaciones", mientras que existen "múltiples conversaciones referidas a intervenciones de Oriol Pujol en operaciones llevadas a cabo por Sergi Alsina".
El dictamen de Vigilancia Aduanera apunta asimismo que las facturas de 15.000 y 10.000 euros que Vidal giró a Alta Partners en 2008 por el trabajo de asesoramiento para la compra de la empresa Jayán tenían como fin una "ampliación de capital" de una sociedad que la esposa de Pujol tiene con su marido, no el cobro de servicios de asesoramiento.
Según el informe, los trabajos que Anna Vidal manifestó realizar en relación con las operaciones de compra y venta de dos empresas fueron efectuados por G.M.P Auditores y por un despacho de abogados que emitió su estudio meses después del supuesto trabajo desempeñado por la esposa de Pujol.
* El País - 3.7.14
Foto: Barcelona, Oriol Pujol, junto su padre y Mas - publico
Denuncian al Ayuntamiento de Madrid por la adjudicación de las bicicletas de alquiler
Que en la ciudad y Comunidad de Madrid las cosas se hacen mal y los problemas urbanísticos se acumulan es fácil de comprobar. El servicio de bicicletas públicas 'BiciMad' en poco más de una semana ha comenzado a hacer aguas por todas partes. No es solo que el sistema de funcionamiento haya sido deficiente y la mitad de los usuarios apuntados no hayan podido hacer uso de la instalación, es que también ha sido denunciado por su irregular concesión, algo habitual en las filas políticas 'populares'. Una asociación de marcas y bicicletas, AMBE, lo hizo ya en Marzo ante la Comisión de la Competencia. Ahora veremos que ocurre con este asunto, mientras la ciudad sigue sumida en el caos circulatorio y este servicio público de bicicletas debía llevar décadas funcionando, como ocurre en cualquier población moderna.
"ELCONFIDENCIAL* : El servicio de alquiler de bicicletas públicas se ha puesto a funcionar en Madrid esta misma semana, pero el Ayuntamiento ya acumula una denuncia por la manera en la que se adjudicó el sistema. La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (Ambe) presentó en marzo (tres meses antes de que el nuevo servicio entrara en funcionamiento) una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que actúe de oficio e interponga un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación del Consistorio dirigido por Ana Botella a la empresa Bonopark. Según consta en la denuncia, se ha vulnerado el derecho a la libre competencia.
Ambe es una asociación que representa a más de 30 empresas españolas del sector de las bicicletas (entre fabricantes, importadores, distribuidores y agentes del sector ciclista). Su demanda recoge que la licitación que publicó el Ayuntamiento de Madrid para adjudicar este nuevo servicio de bicicletas públicas establecía que el valor para determinar la solvencia o no de los licitadores era “haber conseguido un contrato gestionado en los últimos tres años de gestión de bicicleta pública al menos de 2.000 unidades”. Bonopark, la empresa que finalmente se hizo con la adjudicación, “carece de solvencia técnica y financiera”, según consta en la demanda.
La asociación alega que el capital suscrito por Bonopark es de 625.000 euros, “cuando el importe del contrato asciende a 25 millones”; advierte de que la situación financiera de la empresa “a todas luces es deficitaria” y que el riesgo comercial “es elevado”. Bonopark pujó por la adjudicación junto con la empresa americana Alta Bicycle, una compañía que opera este tipo de servicios en varias ciudades norteamericanas, entre ellas Nueva York. Ambe asegura que esta empresa que provee de software a Bonopark “está en situación de quiebra, con el consiguiente peligro para cumplir el cumplimiento del contrato”. Una voz de alarma que, según reconocen, ya fue comunicada a los responsables del Ayuntamiento de Madrid, que optaron finalmente por adjudicar el recién estrenado servicio a la citada empresa.
Preguntas sin respuesta por parte del Ayuntamiento
Ambe acusa al Ayuntamiento de Madrid de no haberles ofrecido la documentación que se le solicitó para comprobar si la empresa adjudicataria cumplía o no los requisitos impuestos por el Consistorio. Según la asociación, los hechos se sucedieron como se relata a continuación. Representantes de dicha organización remitieron el 24 de enero un escrito a la Secretaría General Técnica del Área de Medio Ambiente con el objetivo de que le justificaran la solvencia económica y técnica de la empresa que consiguió el concurso.
La respuesta se recibió tres semanas después vía e-mail. La Secretaría se limitó a comunicar que “dicha empresa resultó admitida a la licitación por la mesa, por considerar acreditados los extremos anteriores y concretamente su solvencia, de acuerdo con lo previsto en el art. 63 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a la integración de la solvencia por medios externos”. En el mismo e-mail se cuenta que “los documentos que obran en el expediente referidos a esta acreditación suponen el compromiso de la empresa Alta Bicycle Share de cesión de su solvencia para la gestión y explotación de sistemas de bicicletas públicas a todos los efectos considerados en la legislación”.
Ambe echa en cara al Ayuntamiento que haya impuesto unas condiciones “inasumibles” para cualquier empresa española que haya querido optar al suculento concurso y critica que se haya adjudicado a una empresa que no cumple las condiciones de los pliegos de contratación. Por último, reprocha a Ana Botella que no hayan permitido a “las partes interesadas el examen de la documentación”.
* El Confidencial - Ana I.Gracia - 28.6.14
Foto: Madrid, bicimad - ecomovilidad
El Supremo ordena derribar la biblioteca ilegal del ministro J.M.Soria
Los antecedentes de actual ministro de Industria, JM.Soria, en Canarias siguen pasándole factura dada la gravedad de las múltiples acusaciones en las que está inmerso este controvertido personaje, amigo de sus amigos (corruptos) y enemigo acérrimo de las energías renovables. En 1997, durante su mandato en la alcaldía de Las Palmas, concedió una licencia irregular para la construcción de una Biblioteca pública contraria a las disposiciones urbanísticas, que eliminaba zonas verdes y contaba con una pantalla arquitectónica que cercenaba las vistas del litoral. Es decir una ilegalidad 'de libro'. Pero, dada la rapidez habitual de la justicia en este país, se ha tardado nada menos que 17 años en dar la orden definitiva de derribo para este edificio. Evidentemente, ahora llegarán los problemas para efectuar esta acción y condenar al alcalde 'popular' especulador, pero eso a la justicia parece no importarle demasiado.
"INFOLIBRE* : La Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, cuya construcción fue decidida por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, cuando era alcalde de la ciudad canaria entre 1995 y 2003, ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo. La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia y establece la demolición del edificio, rechazando así los recursos del Ayuntamiento capitalino y de la Abogacía del Estado contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 2013.
En concreto, el alto tribunal ha confirmado que el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria, debe ser demolido "por ser contrario a las disposiciones urbanísticas", además de por haber eliminado zonas verdes y constituir una pantalla arquitectónica que "cercena las vistas del litoral", entre otras cuestiones citadas.
Con esta decisión, el TS rechaza los recursos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Abogacía del Estado contra el auto del TSJC, de 14 de febrero de 2013, que rechazó la solicitud de que se decretase la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia firme del caso que estableció la demolición (en el año 2002) argumentando que la biblioteca "tiene idéntico régimen jurídico de los bienes de interés cultural, previsto en la Ley de Patrimonio, por lo que no procede ordenar su demolición".
En este sentido, el Supremo explica su rechazo a esa tesis, apuntando que la finalidad de la Ley de Patrimonio "es amparar las bibliotecas de titularidad del Estado bajo el presupuesto de que éstas se hayan construido legalmente y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales".
Asimismo, la Sala afirma ser consciente de los conflictos que plantean las actuaciones administrativas declaradas ilegales cuando los hechos se han consumado como ocurre en este caso, al tiempo que agregó que su cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".
La sentencia del TS cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, que entendían que debía estimarse el recurso del Ayuntamiento y del abogado del Estado declarándose la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, y fijándose alternativamente una indemnización para los vecinos de la comunidad de propietarios del edificio San Telmo.
* InfoLibre - 2.7.14
Foto: Biblioteca del Estado. Las Palmas de Gran Canaria.- canariasahora
El juez Ruz imputa al extesorero del PP de Castilla-La Mancha por un contrato a Sufi, la filial de Sacyr
"20MINUTOS* : El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, ha imputado al extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda, en relación con el contrato otorgado por el consistorio a la empresa Sufi para el servicio de limpieza y recogida de basuras. Ruz, que le ha citado a declarar el próximo 24 de julio, ha adoptado esta decisión en un auto tras recibir el informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que concluye que la contratación de Sufi, filial de Sacyr, podría ser nula de pleno derecho porque cuando ya se estaba ejecutando el contrato se adoptó una modificación del precio omitiendo el procedimiento legalmente establecido.
En relación con este asunto, el juez pide además al Ayuntamiento de Toledo que en un plazo de cinco días le remita el testimonio íntegro del acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 23 de mayo de 2007 en el que se trató esa modificación al alza del precio previamente acordado, que se elevó de los 6,7 millones de euros iniciales a 7,2. A la luz del informe de la IGAE, fechado el pasado 9 de junio, Ruz observa que en la fase de ejecución del contrato, el 21 de mayo de 2007 se produjo un preacuerdo entre Sufi y los trabajadores a raíz de un conflicto laboral en el que se introdujeron incrementos salariales, que fue suscrito en un protocolo con el vicealcalde y concejal de Hacienda, que en esas fechas era García Pineda.
Este acuerdo fue posteriormente ratificado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo el 23 de mayo de 2007, y la IGAE considera que se adoptó omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos por lo que podría considerarse nulo de pleno derecho de acuerdo con el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Para aclarar este asunto, Ruz encarga también a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que tome declaración testifical a los responsables de Sufi que hubieran intervenido en este asunto para que elabore el correspondiente informe.
Entrega de Sacyr para la campaña de Cospedal
Con estas diligencias, Ruz trata de averiguar si, tal y como declaró el extesorero del PP Luis Bárcenas, se produjo una entrega por parte de Sacyr Vallehermoso de 200.000 euros para la campaña electoral de la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para las autonómicas de 2007, a cambio de la adjudicación a Sufi, que le fue concedida por el Ayuntamiento de Toledo el 15 de enero de 2007.
Con respecto a esta adjudicación, Ruz ya tomó declaración como imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, al que, según el propio Bárcenas, le dio los 200.000 euros de Sufi y para demostrarlo entregó al juez los correspondientes recibís firmados por éste. Sin embargo, Cañas negó ante el juez haber recibido ese dinero y explicó que le firmó a Bárcenas unos recibís por esa cantidad porque el extesorero era su superior y le obligó a ello.
Con estas nuevas diligencias, el juez trata también de constatar "el grado de participación" que en estos hechos "hubiera podido tener persona o personas aforadas" y que de confirmarse supondría la remisión de esta parte de la instrucción al Tribunal de Justicia de Castilla La Mancha. Esto es así, porque según el relato de Bárcenas, sobre el pago de esta comisión al PP a cambio de la adjudicación a Sufi, estaba también enterado el actual presidente de las Cortes de esta comunidad, Vicente Tirado, que entonces era secretario general del PP en Castilla-La Mancha.
* 20 Minutos - EFE - 1.7.14
Foto: Toledo, palacio_de_Fuensalida, sede Castilla-La Mancha - wikipedia
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Mi casero es un fondo de inversión
Los fondos de inversión llevan muchos años en el candelero de los productos financieros más demandados, ahora bien, últimamente, muchos se han ajustado más y ahora son llamados con más propiedad 'fondos buitre', pues a eso se dedican realmente. No tienen cara ni sentimientos y se mueven al margen de las leyes nacionales o políticas, es la nueva economía global del capital depredador. En unos de los sectores más golosos como el de la vivienda no podían pasar desapercibidos y su influencia se nota (negativamente) en hechos que a veces no se perciben, pero que causan un gran perjuicio a numerosas personas en su vida cotidiana. Por ejemplo se sabe que en un solo año 5.093 viviendas públicas de este país han pasado a manos de empresas privadas. Algo muy grave y delictivo, sin duda.
"ELPAÍS* : Vanesa Fernández ha pasado de tener un casero llamado Estado a uno que se llama Goldman Sachs. El primero era más permisivo y aplicaba reducciones en el alquiler para que esta mujer en paro y con un hijo pudiera seguir pagando. El segundo no ha cambiado los términos del contrato pero lo aplica a rajatabla, pues busca la rentabilidad. Y eso es lo que ha hecho que esta mujer esté con un pie en la calle.
En plena burbuja, comunidades y ayuntamientos compraron terreno a precio muy elevado y dedicaron parte a levantar vivienda protegida. Ahora, con el corsé impuesto por Hacienda que les obliga a dar beneficios, los han revendido a fondos de inversión.
Vanesa Fernández, de 35 años, tardó siete en lograr que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) le diera un piso protegido en régimen de alquiler. En 2012 se mudó al piso, un apartamento de 43 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas. Comparte la cama con su hijo de ocho años y viven también con ellos un jilguero y una siamesa que saluda dejando su orín en la funda del cámara. Le cobraban 409 euros. Meses después perdió su empleo como limpiadora. Pidió entonces a la Comunidad de Madrid una reducción de su cuota. Se la concedieron: durante dos años, prorrogables, solo tendría que pagar 81 euros al mes.
Pero las condiciones han cambiado. Desde octubre, su casero ya no es el Estado, sino Encasa Cibeles, la inmobiliaria de dos fondos de inversión: el estadounidense Goldman Sachs y el español Lazora, especializado en alquilar vivienda protegida, que tiene entre sus accionistas a la gestora de pensiones de Telefónica y del BBVA.
En situaciones similares se encuentran los residentes de 2.953 viviendas del Ivima, 1.860 pisos del Ayuntamiento de la capital y 298 del de Barcelona. Habrá más. La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), con un agujero de 25,8 millones, planea desprenderse de más vivienda protegida para cumplir con el corsé del Ministerio de Hacienda que le obliga a dar beneficios.
Los nuevos propietarios están forzados a mantener los contratos de la Comunidad o los Ayuntamientos. El problema es que estos incluían claúsulas que muchas veces se aplicaban de forma laxa en función de las condiciones económicas de los inquilinos. Ahora los nuevos dueños las aplican de forma estricta.
Vanesa Fernández, por ejemplo, tendrá que volver a pagar los 409 euros de alquiler que fijaba su contrato inicial (300 por el piso y 109 por una plaza de garaje que no usa pero que es ilegal alquilar). Pero no puede. Sus ingresos son 150 euros que le pasa su expareja por el niño y los 338 euros de la renta mínima de inserción. A veces saca 100 euros al mes limpiando, pero no siempre. La reducción del alquiler que le había concedido la comunidad era su única opción para poder acceder a una vivienda.
Pero la Comunidad de Madrid ya no se hace cargo. Y, cuando Vanesa comunicó a Encasa Cibeles que en agosto tenía que renovar la reducción de su alquiler, le informaron de que ya no vivía en suelo público, y de que una vez caducada dejaba de tener derecho a esa ayuda (al igual que otras 500 familias). Vive desde entonces atemorizada. “Cuando deje de poder pagar, ¿me desahuciarán?”, se pregunta. “¿Dónde viviremos?”. Ha añadido un cerrojo a la puerta porque teme que alguien intente ocuparla. La mitad de las viviendas de su planta lo están.
El mismo miedo que siente Vanesa se ha apoderado de Margarita Ponsa, de 63 años. En 2012 la realojaron de la casita baja en la que vivía en un piso del Ivima. Un día Margarita vio cómo cuatro todoterrenos se paraban en la puerta de su vivienda, con vistas a las cuatro torres, y salían de ellos varios ejecutivos que clavaban los ojos en su edificio. Días después recibía una llamada supuestamente del Ivima en la que le pedían información de muchos de sus vecinos, lo que la terminó de preocupar. Días después se extendió el rumor de que el edificio había pasado a manos de un fondo de inversión. Anda desde entonces atemorizada. Solo cobra 426 euros al mes y no le da para pagar su alquiler. Con su reducción actual, del 60%, se le queda en 100 euros. Lo que no sabía Margarita, es que la subasta de su edificio quedó desierta. Por el momento puede respirar tranquila: su vivienda sigue estando en manos públicas.
Enrique Villalobos, de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Vallecas, explica otros problemas que han descubierto los vecinos afectados: “Aunque el contrato incluía el pago del IBI por parte de los inquilinos, la Comunidad de Madrid no lo cobraba. Pero Encasa Cibeles ha empezado a hacerlo. Además, están subiendo los gastos de comunidad un 15%”. La mayoría de los casos eran contratos de alquiler con opción de compra y los inquilinos están comprobando que, a diferencia de lo que esperaban de la Comunidad de Madrid, los fondos de inversión están fijando el mayor precio de mercado que permite el contrato para la compra-venta.
Los que eran inquilinos del Ayuntamiento de Madrid también se quejan. En Carabanchel, los vecinos de una promoción municipal ven que se acerca agosto y no van a poder comprar la casa como algunos deseaban. El contrato de un tercio de los pisos dice que la Empresa Municipal de la Vivienda “facultativamente” se lo ofertará, pero el negocio de los nuevos dueños —Blackstone y Magic Real Estate— es alquilar y no abren esa posibilidad. Muchos vecinos han invertido en las casas y se sienten indefensos.
Miguel Oñate, de Magic Real Estate, afirma que las condiciones de alquiler se mantienen en todos los casos. Oñate asegura que están dispuestos a bajar el precio hasta un 25% a quienes contaban con una ayuda social y a llegar a acuerdos con quienes no pueden cumplir. Trescientos vecinos no pagaban; hoy son 50. Tienen 15 okupas y cuatro desahucios pendientes: uno se va a ejecutar pues el inquilino se niega a pagar. Los otros tres los han paralizado mientras el Ayuntamiento busca otro piso a las familias.
Uno de los desahucios paralizados es el de Mari, de 51 años, su marido y su hija enferma. En 2012 la familia dejó de pagar los casi mil euros de piso (que incluye los gastos de agua y luz) porque él, albañil, se quedó en 2009 sin empleo y ella, asistenta, no puede trabajar por problemas de fibromialgia, diabetes y un glaucoma. Ella entiende el desalojo ante el impago, pero no que no se haya rebajado el alquiler de su vivienda social en función de su renta, que es de 420 euros mensuales, o que no le hayan cambiado, como pidió, a un piso más pequeño. “Vivo aquí desde 2006. Nadie me ha regalado nada. Tengo fotos con la concejala que subió a mi casa a hacerse fotos para la prensa”, cuenta por teléfono Mari, que quiere preservar el anonimato mientras busca un nuevo piso. En diciembre se enteró de que su caso llegaba a los juzgados y se acercó a Magic Real Estate para negociar. “Nos preguntaron de dónde éramos. Y nos dijeron que por qué no íbamos pensando en mudarnos a Burgos que es más barato”, cuenta pasmada. La gestora no ha pedido que ejecuten su desahucio.
En Barcelona, 298 viviendas municipales han pasado a manos de Azora Gestión, dueña también de Lazora. Josep Ortiz, representante de los vecinos, explica que, aunque los alquileres se mantienen, los gastos de mantenimiento han subido un 50% y les obligan a alquilar una plaza de garaje. Le preocupa la “indefensión” ante “especuladores que no garantizan que con nuestro dinero se mantenga vivienda protegida”.
Muchos vecinos del Ivima están empezando a recibir órdenes de desahucio. Por ellos intermedia la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. “Le pasamos a la Consejería los desahucios que nos llegan”, dice Villalobos. “Su compromiso es estudiarlos. Hasta ahora se están parando. A algunos les presentan un plan de pagos y a otros les ofrecen vivir en barrios o localidades donde la gente no quiere”. El Ivima sostiene que no se ha “desvinculado” y hace de “mediador” para evitar desahucios. Encasa Cibeles declina responder pero asegura que hacen “un gran esfuerzo para ofrecer soluciones a quienes lo necesiten, en colaboración con trabajadores sociales y la Administración Pública”. Hoy Goldman Sachs negocia con empresarios chinos vender sus casas en Leganés.
El Defensor del Pueblo, que ha pedido más información al Ivima, sostiene que los afectados debían haber tenido la consideración de interesados en la venta de sus viviendas. Estos han creado una asociación para unirse a la querella del PSOE contra la directora del Ivima, Ana Gomendia, a la que acusan de vender a un precio irrisorio los pisos y de prevaricación y malversación. Han contratado a los abogados que ganó la causa de la Sanidad pública contra las privatizaciones de Lasquetty, el bufete Liria. Sus honorarios, 30.000 euros, esperan recaudarlos mediante micromecenazgo. “Podríamos incluso lograr la paralización y retrotraer la venta si el juez la considera fraudulenta”, dice Juan Carlos Antón, abogado del bufete.
Tras la nueva compra, Lazora gestiona más de 8.400 viviendas protegidas en alquiler en 13 ciudades. Muchos de sus inquilinos no están pudiendo pagar. Carmen, aragonesa, les debe tres meses. Su cuota es de 447 euros. “El alquiler es demasiado alto, no deberíamos pagar tanto de comunidad ni de IBI. Cuando tenemos un problema la chica en Zaragoza dice: ‘lo hablaré con Madrid”. Loli Cuenca, 38 años, de Alicante, aporta otra queja: “Cuando no quieren comunicarse, desaparecen”. Lo vivió tras dejar tres meses impagados al morir su padre, con cuya pensión pagaban el alquiler. “Quisimos pagar pero no hubo forma. Lazora cortó la conversación”. Días después recibieron su orden de desahucio.
* El País - CARMEN PÉREZ-LANZAC / ELISA SILIÓ - 29.6.14
Foto: Bloque de viviendas en construcción - 20minutos (archivo)
Un magistrado del Supremo asesoró al principal imputado en un caso de corrupción en Lanzarote
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Tampoco hay que escandalizarse, este caso de Lanzarote es uno más en el que a la Justicia se le ve el plumero. Que el juez de marras sea del Supremo es igual que si fuera de la Audiencia, del Constitucional o del mismo CGPJ. La justicia en este país es una de las instituciones del Estado peor valorada en todas las encuestas serias realizadas y, fundamentalmente, lo es porque no ha sabido renovarse a tiempo y mantiene unas estructuras orgánicas propias de tiempos franquistas. Por ella no ha pasado la Transición, ni la mala siquiera, es como si viviera en una burbuja alejada de la realidad y, por supuesto, movida por los hilos del poder político ejecutivo que hace lo que le place, sin apenas oposición judicial. Es decir, la falta de calidad democrática se la ha ganado a pulso y ahí sigue instalada como un ente cancerígeno. Mejor no hablar ahora de Montesquieu.
"CANARIASAHORA* : Dos magistrados en ejercicio, uno en el Tribunal Supremo y el otro en la Audiencia Provincial de Madrid, asesoraron en 2008, cuando eran letrados del Tribunal Constitucional, al principal encartado en un caso de corrupción descubierto en la isla de Lanzarote, el caso Unión. Ángel Agüallo Avilés e Ignacio Sánchez Yllera aparecen en los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil al empresario Luis Lleó Kuhnel, el cerebro de una operación que incluyó el intento de soborno del ex consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE), autor de una queja presentada hace unos días ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ahora hace aflorar estas complicidades.
Ambos magistrados utilizaban sus cuentas de correo electrónico oficiales del Tribunal Constitucional para asesorar a Luis Lleó en materia de evasión de impuestos y hasta en fórmulas para desacreditar socialmente al político socialista que denunció los intentos de soborno a los que fue sometido por un emisario del empresario al que los juristas asesoraban.
Informes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, citados por Carlos Espino en su queja ante el CGPJ, identifican a Ángel Aguallo Avilés, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, como “uno de los autores intelectuales” de un dictamen en el que se recomendaban a Lleó los pasos a dar para que una de sus empresas, Residencial Costa Roja, tributara como sociedad patrimonial para obtener una tributación muy inferior a la legalmente establecida a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. Junto a Aguallo, la Guardia Civil atribuye la coautoría de ese informe al inspector de Tributos del Ayuntamiento de Sevilla Ignacio Pérez Royo.
Residencial Costa Roja era la promotora de un gigantesco proyecto urbanístico de igual nombre en el municipio lanzaroteño de Yaiza por el que se ejecutó un complejo de mil viviendas y otros equipamientos sin autorizaciones administrativas que resultó declarado ilegal tras muchas vicisitudes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Forma parte del lote en el que hay una quincena de hoteles y complejos turísticos ejecutados al margen de las prescripciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote del que es autor y garante el Cabildo de Lanzarote. De ahí que se pretendiera sobornar al político responsable del área urbanística de esa Corporación local.
Carlos Espino, que denunció los intentos de soborno en las dependencias centrales de la Guardia Civil, en Madrid, para evitar las lógicas contaminaciones locales, se prestó durante un año a hacer de señuelo del instituto armado hasta conseguir grabar muchas conversaciones presenciales que permitieron desarticular la trama en la que hay más de cien imputados y más de una decena de piezas separadas.
En su dictamen, Aguallo y Pérez Royo recomendaban a Lleó que disolviera la sociedad Residencial Costa Roja y diera entrada a otras personas como accionistas. Este último consejo fue ejecutado, pero la UCO sospecha que dando entrada ficticia a dos nuevos partícipes “solamente de manera documental”.
El magistrado, actualmente en la Audiencia Provincial de Madrid, ejercía como letrado del constitucional en 2008 en régimen de excedencia por servicios especiales y también asesoró al principal encartado en la operación Unión. De hecho, la Guardia Civil sospecha que el pago del asesoramiento jurídico se efectuaba a través de su pareja, la abogada María José García Vizcaíno, que giraba las facturas por “los servicios relacionados con Residencial Costa Roja, Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguayo”.
El síndrome del gobernador de Nueva York
El 5 de febrero de 2008 aparece un correo enviado por Ignacio Sánchez Yllera comentando a Luis Lleó su temor a que “tus cosas familiares (consultores-inmuebles) vayan a estallar por los aires”. El magistrado advertía a su cliente de que podría verse envuelto “en otra causa penal”.
Este juez, que ha saltado recientemente a la actualidad por ser autor de la sentencia que condenaba a 22 años al asaltante de la casa de los Bárcenas, remitió a su cliente el 19 de marzo de 2008 un correo electrónico desde su cuenta personal en el que aconsejaba aislar socialmente al denunciante de la trama de corrupción: “Cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo… mejor para ti y para el futuro”. Y añadía: “Deja que Carlos Espino muerda el anzuelo porque le pasará como al gobernador de Nueva York”.
El gobernador de Nueva York al que se refería el magistrado en sus consejos a Luis Lleó no es otro que Eliot Spitzer, que se veía obligado a dimitir por aquellas mismas fechas (exactamente dos días antes, el 17 marzo de 2008) tras difundirse que había mantenido relaciones sexuales con una prostituta de lujo. Spitzer había llegado al cargo de gobernador de Nueva York precisamente prometiendo que iba a erradicar la corrupción.
Ignacio Sánchez Yllera era, en esos momentos, letrado del Tribunal Constitucional con destino en la Audiencia Provincial de Madrid y jefe de Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, del mismo partido que el cargo lanzaroteño denunciante de los hechos. Alguna “sugerencia” le llegó desde La Moncloa, reconoce seis años después Carlos Espino.
* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Sosa - 24.6.14
Foto: Arrecife (Lanzarote), cabildo - lanzarote
Diez proyectos inconclusos en el Madrid de Botella y Gallardón
En realidad la noticia debería ser 10 proyectos inconclusos más en Madrid, porque el desastre urbanístico en el que está sumida la capital, desde los tiempos del 'tipical' Manzano pasando por el faraón Gallardón hasta la insípida Botella, es escandaloso. No solo se ha despilfarrado a paladas delictivas sino que se han dejado de hacer proyectos de barrio de menor escala pero más necesarios para sus habitantes. Que la capital tenga esa deuda astronómica, de récord Guiness, es debido a la incompetencia delincuente de los citados alcaldes. Y, desde luego, ahora no pasa por su mejor momento, como ha demostrado estos días el fracaso del servicio público de bicicletas, mientras se sigue apostando incomprensiblemente por el vehículo de motor privado. Esta lista de 10 proyectos municipales inconclusos también lo demuestra.
"PÚBLICO* : El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha elaborado un "top 10 de 'greatest hits' de (Ana) Botella & (Alberto Ruiz) Gallardón", como lo han denominado. Un ranking con diez proyectos del Ayuntamiento de Madrid que nunca llegaron a completarse pese a la inversión realizada a lo largo de sus mandatos.
1- El 'Covent Garden' de La Latina, el Mercado de la Cebada
Según IU, la actual alcaldesa únicamente ha destinado 300.000 euros de inversión "para que el mercado de siempre pase la Inspección Técnica de Edificios (ITE)". El proyecto lleva paralizado desde 2006, aunque este mismo viernes el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a la modificación puntual del plan general de urbanismo, lo que desbloquea la reforma de la plaza de la Cebada. Pretende convertir el mercado convertir el mercado tradicional en un centro comercial con jardines en la azotea.
2- Nave Boetticher
Después de la primera piedra puesta en 2009, a día de hoy está vacía y sin uso. La alcaldesa aseguró hace pocos meses que trabaja para que esté lista lo antes posible especificando que se encuentra "en la fase final de rehabilitación", aunque no hay fecha para su inauguración. La idea es que esta antigua nave industrial se convierta en centro de innovación, bautizada como la Catedral de las Nuevas Tecnologías.
3- El parque de La Gavia
El tercer puesto es para el Parque de La Gavia, que se ha quedado a medio construir por falta de presupuesto, "está seco, no hay luz y plagado de peligrosos elementos arquitectónicos, como trozos de cemento, principalmente ", denuncia IU. Situado en Vallecas, formaba parte del primer proyecto olímpico y se preveía su apertura para 2013.
4- Centro de alzheimer de La Latina
Le sigue el centro de alzheimer de la calle Alhambra, en La Latina, abandonado desde 2011. Tuvo una inversión de tres millones de euros, sin embargo el proyecto del Ayuntamiento de Madrid, proyectado en la calle Alhambra, parece haberse quedado en una simple idea.
5- Mercado de Legazpi
La mitad de la tabla es para el mercado de Legazpi, que sigue desocupado siete años después de que se anunciara su conversión en la sede de Urbanismo "mientras se pagan alquileres a empresas privadas", critica IU.
6- Centro Internacional de Convenciones
El Centro Internacional de Convenciones ocupa la sexta plaza. El "lirismo" con el que fue presentado por Gallardón -"un sol naciente que emergería entre las torres de la Castellana", se ha quedado en "un agujero de récord Guinness por lo que ha costado hacerlo, 120 millones de euros", asegura el grupo municipal. Un parking, un auditorio y un comercio taparán el agujero que se ha quedado en Chamartín.
7- Coliseo de las Tres Culturas
Le sigue el Coliseo de las Tres Culturas, que iba a ser un gran centro cultural inspirado en el Parco della Musica de Roma pero que, en la actualidad, sigue siendo "un solar lleno de matorrales inspirado en la más salvaje campiña", explica IU. El origen del Coliseo data del año 2000 pero fue en febrero de 2010 cuando el equipo de Gobierno decidió poner punto y final a la situación después de que José Luis Moreno incumpliera tanto los plazos en los que tenía que haber finalizado el proyecto y después de que dejara de pagar el correspondiente canon, lo que supone un perjuicio para las arcas municipales de unos ocho millones de euros.
8- Palacio de la Duquesa de Sueca
El Palacio de la Duquesa de Sueca iba a ser una biblioteca en tiempos del alcalde José María Álvarez del Manzano, en 2005 iba a albergar 107 viviendas sociales para jóvenes, pero sigue "abandonado y amenazado de ruina". Fue expropiado por el Ayuntamiento en 1999 y el proyecto está paralizado desde 2007 por varios litigios. El año pasado iba a ser demolido porque ponía en peligro un instituto cercano.
9- Ciball de Ballesta
El penúltimo puesto de la lista de los grandes fracasos conservadores es para Ciball de Ballesta, concebido como "punto de encuentro de innovadores y creadores dentro de un espacio flexible y futurista" en el barrio de Malasaña, ahora no es más que un outlet para comprar ropa italiana de "rebajas en la tienda en la que se ha convertido", dice IU.
10- El 'Broadway' madrileño
El décimo, y cerrando la clasificación, está ocupado por el "Broadway madrileño". Gallardón anunció en 2007 la compra de un cine en Gran Vía como punto de partida de este lugar que emula a la avenida de Nueva York, pero desde 2004, cuando se permitió su cambio de uso, la Gran Vía ha perdido diez de sus trece cines.
* Público - 27.6.14
Foto: Madrid, centro convenciones 4 Torres inconcluso - publico
Detenidos el alcalde y seis concejales de CiU y el PP de Torredembarra
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Se ha repetido en numerosas ocasiones: si en el panorama general del país el PP lleva ventaja en cuanto a corrupción urbanística, hay autonomías como Cataluña donde CiU arrasa en cuanto a estos delitos cometidos con impunidad en la mayoría de ocasiones. En Torredembarra (Tarragonès) ha caído casi todo el gobierno municipal, empezando por el alcalde de Convergencia, D.Massegué, que poco después ingresaría en prisión. Como siempre ocurre en estos casos de delincuentes urbanísticos hay un cúmulo de ilegalidades, entre las que encuentra la adjudicación irregular de contratos y alquileres. Es decir, contrataciones de obras y servicios municipales a dedo, se supone, claro, que para favorecer intereses privados de amiguetes específicos.
ELPAÍS* : La Guardia Civil dio este jueves un golpe a la corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragonès), gobernado por CiU, PP, y el grupo independiente GIT. Los agentes detuvieron al alcalde, el convergente Daniel Massagué, a un empresario local, Blas Niubò, y a seis ediles del equipo de gobierno: la primera teniente de alcalde, Paquita Folguera (CiU); los concejales nacionalistas, Elia Rodríguez, Pere Font y Santiago Ardèvol; el independiente Ignasi Duran; y el popular José Oviedo. La mayoría de ellos forma parte de la Junta de Gobierno Local.
Todos están acusados de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales por un cúmulo de ilegalidades, entre las que encuentra la supuesta adjudicación irregular de contratos y alquileres, según fuentes policiales. Los detenidos empezaron a declarar por la tarde en los juzgados de El Vendrell (Baix Penedès).
La operación arrancó a primera hora de la mañana, cuando la Guardia Civil accedió al Consistorio para registrarlo y pidió a los trabajadores que dejaran sus ordenadores abiertos y salieran del edificio. Decenas de vecinos se agolparon durante todo el día en los aledaños del Ayuntamiento con carteles contra la corrupción.
La trama tiene abiertos varios frentes bajo secreto de sumario, ya que los agentes también registraron la sede de la constructora Teyco, en Barcelona, que entre otros proyectos ha levantado en el municipio el aparcamiento de Filadors. El PSC denunció en un pleno en 2010 que el presupuesto del equipamiento, inicialmente de dos millones de euros, acabó costando casi un millón más. La CUP acusó en 2013 al alcalde de conceder a dedo las obras.
La investigación indaga si Teyco, empresa propiedad de la familia Sumarroca, tiene relaciones con una sociedad vinculada a Massagué, según fuentes cercanas al caso. La Guardia Civil precintó el domicilio del alcalde y Maes, una panadería relacionada con el convergente, a la espera de registrar ambos inmuebles, previsiblemente, esta madrugada.
Las denuncias de presunta corrupción llevadas a la justicia por los partidos de la oposición —PSC y ERC—, y particulares llevan sucediéndose durante todo este mandato. Entre ellas, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Baix Penedès) indagan en la presunta ilegalidad de trabajos de asesoramiento e informes encargados mensualmente a la empresa consultora Efial. También el alquiler de dos locales, uno de ellos pactado inicialmente por 6.000 euros al mes pese a sufrir varias carencias.
Por todo ello, el pasado 9 de junio estaba citada a declarar la jefa de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento en calidad de imputada. Esta denuncia de la oposición se remonta a octubre de 2012, cuando el PSC acusó al Gobierno local de no convocar concursos públicos y otorgar a dedo las contrataciones del Consistorio, llegando a afirmar que el alcalde hacía caso omiso a los informes jurídicos del secretario municipal y lo puenteaba acudiendo a una consultora externa para realizar informes “a medida”. “Los concursos se convocan cuando se pueden llevar a cabo”, argumentó entonces el alcalde.
Entre enero y mayo de 2012, Efial facturó al Ayuntamiento 88.438 euros. Entre 2010 y esa fecha, la cifra superó los 171.000 euros. Los tentáculos de Efial también están judicializados en las Tierras del Ebro: El Juzgado de Instrucción 1 de Tortosa (Baix Ebre) imputó por dos contratos al alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí (CiU), y a Antonio Martos, socio de Efial y al mismo tiempo gerente de una sociedad municipal urbanística.
En Torredembarra, la oposición acusó al alcalde de llevar al Ayuntamiento “a situaciones al límite de la ley” prorrogando contratos o adjudicándolos por el procedimiento de urgencia. Este último caso ocurrió con la limpieza viaria, cuando en junio de 2011 se adjudicó a una empresa por 270.000 euros. El PSC, cuando acudió a la justicia, también puso de relieve el mantenimiento del aparcamiento Filadors, asegurando que un acuerdo de tres meses por 34.000 euros acabó prolongándose al menos otro año y medio por 10.000 euros al mes.
La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, avanzó que su partido suspenderá de militancia Oviedo, segundo teniente de alcalde, si resulta imputado. Mientras, CiU defendió en un comunicado “la presunción de inocencia” de los implicados” y cargó contra los agentes por “exposición mediática a la que se han visto sometidos durante el registro policial”.
Más de un centenar de personas se concentraron por la noche frente al Ayuntamiento condenando la gestión del equipo de gobierno. “¡Por fin!”, exclamaban varios vecinos en corrillos.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 26.6.14
Foto: Agentes de la Guardia Civil, en la puerta del Ayuntamiento de Torredembarra. ACN / Roger Segura
Radiografía (desde el cielo) de 15 años de urbanismo descontrolado en España
A nadie extraña ya semejante afirmación: en los últimos 16 años (desde la Ley de Suelo del gobierno Aznar) el urbanismo español ha experimentado un salvajismo sin límites en todas sus autonomías y municipios. Evidentemente el mayor peso de este descontrol delictivo ha recaído sobre aquellos lugares donde gobernaban el PP, CiU, CC, UM, sin dejar lejos al PSOE, PNV, FA, etc. Esto es fácilmente comprobable en este blog que pronto cumplirá 10 años de existencia. Hay casos urbanísticos sangrantes: de pueblos que triplican su tamaño, barrios fantasma, autopistas a ninguna parte o extrañas rotondas que han cambiado el paisaje radicalmente. Las aberraciones no se hacen solo por ignorancia, sino que toda una serie tramas mafiosas han actuado, impunemente, para beneficiarse económicamente de estos delitos públicos.
"ELDIARIO* : En España, dentro de una rotonda cabe de todo. Cabe una iglesia de tamaño medio, cabe un bar de carretera con su aparcamiento para camiones o el objeto más inesperado a modo de escultura, desde excavadoras hasta paelleras gigantes. Y hay muchas rotondas por todo el país. Estas y otras "perlas" se han encontrado los creadores de la web nacionrotonda.com durante horas y horas de rastreo por todo el territorio español en busca de los cientos –o miles– de actuaciones urbanísticas que han transformado el paisaje del país en las últimas dos décadas.
Pese al nombre de la web y las curiosidades encontradas en las omnipresentes rotondas, ese elemento común que aparece por toda la geografía y le hace sentir a uno que está siempre en el mismo barrio, el objetivo no es enseñar glorietas extrañas. Esto es la anécdota. Los impulsores de Nacionrotonda pretenden crear un " inventario visual del cambio de uso en el territorio durante los últimos 15 años", según explica Esteban García, uno de los tres amigos ingenieros de Caminos creadores del proyecto junto a Miguel Álvarez y Rafael Trapiello, a los que se unirían después el arquitecto Guillermo Trapiello, hermano del anterior, y la correctora Melina Grinberg. Los años del urbanismo desaforado, podría añadirse. "Antes todo esto era campo", reza la web. De momento han creado 480 entradas desde que empezaron hace aproximadamente un año, a mediados de 2013. Y sumando.
Ofrecen exactamente lo que prometen: un recorrido visual desde el cielo por España en el que se aprecia mediante una sencilla técnica de superposición de fotografías (el antes y después de un determinado lugar) cómo ha evolucionado el urbanismo de pueblos, polígonos industriales, puertos o autovías desde el año 2000. Una web sin mensaje –sólo hay fotografías– que sin embargo deja una idea muy evidente en el visitante. Si una imagen vale más que mil palabras, dos y combinadas multiplican su efecto.
El resultado de la burbuja de la construcción es impactante cuando se mira desde arriba. Barrios enteros urbanizados sin una sola casa construida, municipios que triplican su tamaño (o lo intentan), autopistas a ninguna parte, rotondas gigantes sin salidas o polígonos industriales descomunales que nunca llegaron a funcionar pintan un panorama "de Mad Max", describe Miguel Álvarez.
El mundo desde arriba
La web nace con idea de convertirse en un inventario "para consultar dentro de unos años y que se pueda ver qué hemos hecho", explica García. En una siguiente fase se podría "seleccionar de entre todos los ejemplos aquellos en los que de una manera realista se pueda pensar en acciones para recuperarlos" ante la perspectiva de que los terrenos queden sin uso "hasta la siguiente burbuja", tercia Álvarez. O como base de datos para periodistas, proponen.
Álvarez destaca que "existe una alta correlación entre los pueblos en los que se descubre un caso de corrupción, sea urbanística o no, y las entradas de Nacionrotonda. Casi cada vez que sale un caso nuevo en un pueblo nosotros ya lo teníamos en la web". Y no porque los busquen. La selección tiene mucho de aleatoria, basta con abrir Google Earth y ponerse a mirar, los grandes desarrollos saltan a la vista.
Para García y Álvarez el problema que subyace tras este urbanismo desaforado (y la corrupción que trajo con él, aunque no todo fuera corrupción) es la financiación de los ayuntamientos. "La única manera que tenían de financiarse era estos desarrollos", explica García. La capacidad de recaudar de las corporaciones municipales se limita a unos pocos impuestos (basuras, IBI, etc.). Sin embargo, por cada desarrollo urbanístico nuevo al Ayuntamiento de turno le corresponde, además de los terrenos considerados dotaciones públicas, el 10% de los terrenos con aprovechamiento lucrativo (aproximadamente, según la región), más los correspondientes impuestos, puestos de trabajo, etc. Una mina.
"Si además hay una legislación urbanística sobredesarrollada se abren las puertas a la corrupción", remata Álvarez. Cuántas más leyes hay más huecos se abren a la trampa, a la posibilidad de inflar partidas o desviar presupuestos. Si, según dice el refrán, "hecha la ley, hecha la trampa", con 50 leyes habrá 50 trampas.
Un ejemplo de esta práctica puede ser en la obra pública, explican Álvarez y García. Cuando se gana un contrato, el contratista tiene que dedicar el 1,5% a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística. Y cada administración decide a qué dedica ese 1,5%. "Puede ser restaurar una iglesia románica cercana. O puede ser levantar una escultura en medio de una rotonda, seguramente a cargo de un artista local. Y ahí está el problema, no puedes fiscalizar el valor de una escultura", ilustran.
Otro se da en el desarrollo urbano. Si se lo puede permitir, el contratista puede esperar a que se construya el siguiente desarrollo, más alejado de la ciudad. De esa manera cuando construyan sus viviendas ya estará rodeado de ciudad, no será el último barrio. Un ejemplo de esto puede verse en Telde, Gran Canaria.
Quitar un camping para nada
Detrás de los grandes desarrollos los miembros de Nacionrotonda también se han encontrado dramas personales. Como el del desaparecido camping Sertorium de Villajoyosa que se vio devorado por el fenómeno de Terra Mítica. En el camping, en primera línea de playa, vivían unas 200 personas empadronadas, según cuenta uno de los miembros de la familia que poseía el lugar. La fiebre de Terra Mítica llevó al Ayuntamiento a aprobar la construcción de viviendas la familia se vio obligada a vender el terreno en 2003 bajo al amenaza de la expropiación. Pero para cuando el promotor logró el último permiso que necesitaba ya era tarde para la vivienda. La empresa cerró por la crisis y dejó un barrio fantasma con aceras y calles pero no casas. Así sigue.
García destaca que a lo largo y ancho de todo el territorio ha proliferado el mismo tipo de desarrollo urbano, independientemente de las características de cada lugar. Barrios con manzanas grandes y edificios retranqueados se encuentran desde Murcia a Galicia. "Se proponen soluciones iguales para diferentes entornos. Supone una ruptura con el urbanismo, no se adaptan al desarrollo de la ciudad", lamenta.
Bajo estos grandes desarrollos los dos ingenieros observan una falta absoluta de coordinación por parte de las Comunidades Autónomas, a las que correspondía haber puesto un cierto orden pero no lo hicieron. Un desarrollo urbano no tiene por qué ser negativo per se, admiten. Los que han tenido éxito -a nivel de ocupación- como el de Paracuellos del Jarama (aunque cabría preguntarse en qué beneficia a los vecinos del casco antiguo el modelo de desarrollo elegido) y los hay que no.
Detrás de esta idea asoma otro de los proyectos, o una ampliación de este, que los miembros de Nacionrotonda realizarán cuando tengan tiempo: cruzar los datos de quién gobernaba en los municipios y las Comunidades cuando se realizaron los desarrollos urbanos para observar si existe alguna correlación en este sentido. Otro proyecto paralelo a Nacionrotonda, este ya en marcha, hace más justicia a su nombre. Un Tumblr que muestra, a través de Google Streetview, las rotondas más exóticas que han ido encontrando en sus búsquedas. "Las rotondas chorras gustan mucho", sonríe Álvarez.
* El Diario - Daniel Sánchez Caballero - 21.6.14
Foto: El antes y el después de la Ciudad de la Luz, en Alicante.- nacionrotonda
