Vuelven las negativas noticias acerca de Gibraltar. Originalmente era solo una roca con un estrecho istmo que la unía con tierra firme, es decir con España tras el tratado de Utrecht. Pero ya en el siglo pasado se fue aumentando paulatinamente la superficie construida, ganando espacio al mar. Así se hizo con el ilegal aeropuerto, el nuevo puerto y terrenos rellenados junto a éste. Numerosos bloques de viviendas empezaron a aparecer al oeste de la Roca, en plena bahía de Algeciras. Y, lejos de quedarse ahí, el gobierno 'llanito' actual, con total impunidad jurídica, pretende ampliar esta superficie ilegalmente hasta 20.000 m/2 más, con los graves problemas añadidos de población y de aguas circundantes. Un tema político conflictivo que debería haberse resuelto hace tiempo en la UE u organismos internacionales existentes.
"ELCONFIDENCIAL* : El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, sigue adelante con sus planes expansionistas, a pesar de las supuestas buenas relaciones que mantienen en estos momentos los Ejecutivos de Madrid y Londres. La colonia británica acaba de sacar a concurso la adquisición de otras 55.000 toneladas de rocas similares a las que ha utilizado hasta ahora para ampliar la superficie del istmo y restar espacio a aguas de soberanía española.
Las condiciones de licitación del suministro de esta nueva partida de rocas fueron publicadas en el boletín oficial del Peñón el pasado 13 de marzo. La oferta económica más baja que se presente antes del próximo 2 de mayo se llevará el contrato.
Un portavoz oficial de la colonia ha rechazado a preguntas de este diario detallar el destino que tendrán ese material y se ha limitado a informar de que se utilizará para “construcción”. Pero expertos consultados por este diario precisan que las rocas que pretende adquirir Gibraltar sólo son utilizadas como material de relleno. Para poder emplearlas en construcción, las autoridades del Peñón tendrían que trocearlas y procesarlas, un laborioso proceso para el que no disponen de la infraestructura necesaria. Se da la circunstancia, además, de que la colonia ya ha utilizado estas mismas rocas con anterioridad para ampliar su superficie en la zona de Catalan Bay y, más recientemente, para crear dos espigones en la parte de Sandy Bay. En ambos casos, las extensiones de terreno se han producido invadiendo aguas de soberanía española.
Equivalente a tres campos de fútbol
Colocadas unas junto a otras, las 55.000 toneladas de rocas que va a adquirir Gibraltar ocuparían una superficie equivalente aproximada a tres campos de fútbol de 100 metros de longitud por 65 de ancho, es decir, unos 19.500 metros cuadrados. Para poder transportarlas hasta la colonia, serían necesarios más de 3.200 viajes en camión. Pero el Gobierno de Picardo no las introducirá por tierra, sino por mar, debido a las restricciones que ha impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy en la frontera de la Línea de la Concepción.
El Ejecutivo español ha prohibido que crucen la verja rocas, arenas y cualquier otro producto que pueda ser utilizado por la colonia para ampliar su superficie tras comprobar que los diferentes Gobiernos del Peñón estaban ampliando irregularmente sus dominios terrestres con materiales procedentes de España. Al menos 40 camiones de la arena utilizada en la zona de Catalan Bay, en la vertiente oriental de La Roca más próxima a territorio español, habrían salido de los arenales protegidos de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz).
El proveedor de las rocas tampoco podrá ser una empresa española por las mismas restricciones. Cualquier compañía que no sea española puede optar a este contrato, que sólo pone como condiciones que el vencedor entregue el lote completo. Vencerá la oferta más baja que se presente antes de las 12 horas del próximo 2 de mayo.
Lo más caro, el transporte
Fuentes del sector aseguran que las 55.000 toneladas de rocas tienen un precio en el mercado de unos 300.000 euros. La tonelada se vende a entre cinco y seis euros, dependiendo de la calidad. La más común en los rellenos es la roca caliza. Se trata de uno de los materiales más baratos que existen en el segmento de los áridos y areniscas por su gran abundancia. De hecho, lo más caro es el transporte, que puede superar el precio del propio producto. Lo lógico es que las rocas acaben siendo suministradas desde Portugal o Marruecos y en un solo envío, para abaratar al máximo los costes.
Algunas embarcaciones disponen de compuertas o pontonas que permiten descargar las rocas directamente en el lecho marino. El lanzamiento unilateral de bloques de hormigón en aguas de soberanía española por parte de Gibraltar fue precisamente el detonante que desencadenó la crisis con la colonia del pasado verano. El Gobierno de Rajoy reaccionó intensificando los controles policiales y aduaneros en la frontera de La Línea, desatando una espiral de respuestas que acabó llegando a la Comisión Europea.
Enfrentamientos en el mar
La tensión volvió a repuntar el pasado mes de noviembre cuando el buque oceanográfico español Ramón Margalef entró en aguas que reivindica la colonia y fue acosado por embarcaciones de la Armada británica. Finalmente, tras unas horas en las inmediaciones del Peñón, el buque de investigación se alejó de la zona con escolta de la Guardia Civil. El Foreign Office, equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores español, citó al embajador español en Londres, Federico Trillo, para abordar este incidente.
Hace una semana se vivió un suceso similar cuando un buque del Instituto Oceanográfico Español entró en aguas españolas reivindicadas por la colonia. Hasta cuatro patrulleras gibraltareñas abordaron al buque español y a las embarcaciones de la Guardia Civil que habían acudido en su ayuda. El Foreign Office volvió a convocar a Trillo y calificó el incidente de “grave intrusión”. Será difícil que baje el tono del conflicto en los próximos meses. Gibraltar celebra elecciones en diciembre de 2015 y Picardo opta a la reelección.
* El Confidencial - José María Olmo - 10.4.11
Foto: Gibraltar, vista aérea - turismo
Gibraltar compra 55.000 toneladas de rocas más para seguir ampliando su superficie
Valencia.- Soler, rey de los 'pelotazos'
A menudo se ha comentado en este blog de la íntima relación existente entre presidentes y mandatarios del fútbol y la especulación inmobiliaria. Los palcos de un campo de fútbol es uno de los mejores lugares para hacer negocios ilícitos y contactar con personajes inmersos en el mundo delictivo del urbanismo depredador que nos rodea. Es el caso del expresidente del Valencia, J.Soler, aupado en el cargo por políticos corruptos como Camps y Barberá, arruinó al club de Mestalla y a sí mismo con las especulaciones urbanísticas. Este nefasto personaje llegó al cargo en 2004 y desde entonces sus 'pelotazos' han tenido más que ver con operaciones ilegales relacionadas con el urbanismo que con su actividad deportiva, lamentablemente.
"ELPAÍS* : En una comida con periodistas, a finales de 2004, el entonces presidente del Valencia, Juan Soler, anunció la buena nueva: “Voy a dar una serie de pelotazos para el Valencia. Ingresaremos 550 millones. Si fuera médico, trataría de descubrir una vacuna; como soy promotor, hago esto. Vamos a ser la envidia del Madrid y del Barcelona”. Soler, de 57 años, es un símbolo de la burbuja inmobiliaria. Cuando llegó a Mestalla, en noviembre de 2004, era presidente de los promotores valencianos. Contó con el total beneplácito de las autoridades locales, encabezadas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Vía libre de las administraciones públicas para todas sus especulaciones urbanísticas, las propias y las que llevaban detrás el nombre del Valencia CF.
En 2006, Barberá le recalificó 130.000 metros cuadrados del estadio de Mestalla, 92.000 metros de edificabilidad, el doble de lo permitido por ley en esa zona norte de la ciudad. Como los socialistas valencianos del PSPV votaron en contra, Soler les echó a los peñistas encima. El club emitió un comunicado a favor del PP y en contra del PSPV. Fue cuando el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, tachó al líder socialista, Joan Ignaci Pla, de “Mijatovic” [el delantero montenegrino traspasado del Valencia al Madrid y acusado de traidor por los valencianistas más radicales]”.
En Riba-roja, a 20 kilómetros de Valencia, Soler concibió otro pelotazo: una nueva ciudad deportiva a pesar de que la de Paterna estaba a pleno funcionamiento. Con la ayuda del alcalde de la localidad, Francisco Tarazona, del PP, y del siguiente consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Rafael Blasco –juzgado ahora como supuesto autor del saqueo de seis millones de las ayudas que destinaba la Generalitat a los países en desarrollo-, el promotor compró 1.651.650 metros cuadrados de campos de naranjos por 35 millones y, tras recalificarlos, los vendió por 168.
El tercer pelotazo sería el estadio nuevo, presentado con boato el 10 de noviembre de 2006, en el Museo Príncipe Felipe. A instancias de la alcaldesa, Soler preguntó a la UEFA cómo sería el campo más lujoso posible, un cinco estrellas. Y se lo encargó al arquitecto holandés Mark Fenwick. Pero, tras gastarse 150 millones, el nuevo Mestalla se quedó a medio construir, paradas las obras desde febrero de 2009, un monstruo de cemento abandonado, sin nadie que pueda acabarlo.
En realidad, el millonario era el padre, el constructor Bautista Soler, que, años después, lloraría ante un amigo por haber dejado el Valencia en manos de un hijo tan poco capacitado. Cuatro años devastadores en Mestalla, desde 2004 a 2008. La deuda pasa de 120 millones a 550. Los fichajes son un ‘todo a 18 millones’: Manuel Fernandes, Zigic, Banega… Los rivales de fuera y los buitres de dentro se aprovechan de la candidez y megalomanía del presidente. Para llegar al palco de Mestalla, Soler había comprado acciones compulsivamente, a un precio hinchadísimo, y, al marcharse del club, se las vendió a su sucesor en el cargo, Vicente Soriano. Con una gran diferencia: Soriano no iba a pagárselas, un total de 85 millones.
Soler ha arruinado al Valencia, a las puertas de ser vendido a un fondo extranjero de inversión. Pero también a sí mismo. En noviembre pasado, Urbanas de Levante, su principal empresa, presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores en el juzgado mercantil número 2 de Valencia. Este miércoles, Soler volvió a los juzgados acusado de tentativa de secuestro sobre su principal acreedor. Así ha acabado quien fue, a principios de milenio, el rey del pelotazo en Valencia.
* El País - CR - 9.4.14
Foto: Valencia, viejo Mestalla con las nuevas gradas anuladas - levante
Llanes se declara en rebeldía y no revisa la licencia del hotel Kaype como exigió Urbanismo
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Aquí cualquier administración puede declararse en rebeldía, todos menos los ciudadanos de a pie, claro. Es vergonzosa la falta de criterio y los intereses creados entre municipios y autonomías en lo referente a Urbanismo. El caso de Llanes (Asturias) es paradigmático al respecto, un ayuntamiento reincidente que defiende lo indefendible respecto a la licencia ilegal concedida a la ampliación de un gran hotel situado en primera línea de playa. Sin entrar en más detalles jurídicos, lo más grave parece que no se den cuenta que ya hay suficientes 'Algarrobicos' en la costa de este país y que no se pueden consentir nuevos ejemplos de urbanismo salvaje y atentados contra el ya degradado territorio.
"LNE* : El Ayuntamiento de Llanes se ha declarado en rebeldía, al desoír la orden de la Dirección General de Urbanismo de revisar la licencia concedida para ampliar el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. En una decisión que algunos expertos consideran "sin precedentes" y "presuntamente delictiva", la alcaldesa de Llanes, la socialista Dolores Álvarez Campillo, con el respaldo de varios informes del secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, ha decidido "inadmitir" la resolución de la Dirección General del Urbanismo por la que se le concedió un mes de plazo para revisar la licencia municipal concedida hace un año para ampliar el hotel Kaype, al considerar el organismo regional que los "incumplimientos" observados constituyen "una infracción grave" de la legalidad vigente y, en consecuencia su "nulidad de pelo derecho".
La regidora basa su decisión en los informes técnicos y jurídicos, así como en la alegación presentada por la propiedad -la empresa Carrera y Pérez S. L.-. Entre los argumentos que esgrime la dirigente llanisca figura que la resolución por la que se le exigió revisar la licencia estaba firmada por el director general de Urbanismo, José Manuel Cañal Villanueva, y no por la consejera, Belén Fernández.
El Ayuntamiento de Llanes considera un "hecho irrefutable" que la solicitud de revisión de oficio de la licencia "ha sido instada por órgano incompetente". Además, las autoridades llaniscas insisten en que la razón está de su parte en el conflicto suscitado con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en torno al cálculo de la edificabilidad. El organismo regional considera que el Ayuntamiento de Llanes otorgó a los propietarios del Kaype una edificabilidad muy superior a la máxima legal permitida (unos 1.600 metros cuadrados de más).
Asimismo, los servicios técnicos y jurídicos llaniscos mantienen, contra el criterio de Urbanismo, que fue correcto otorgar cuatro alturas (tres, más ático). Ello pese a que en aquellos concejos carentes de planeamiento urbanístico general (Llanes ha visto anulados por los tribunales de justicia todos los planes que aprobó) la legislación vigente señala que "en suelo urbano, mientras no exista planeamiento o norma urbanística que lo autorice, no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables". Y añade: "cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos terceras partes, los ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos". Urbanismo interpreta que este artículo impide superar las tres alturas en Barru, mientras que el Ayuntamiento cree que permite levantar cuatro.
Las autoridades municipales han desoído también la orden de Urbanismo de proceder a la "suspensión de los efectos" de la licencia; esto es de paralizar las obras. De hecho, los trabajos continúan y el nuevo edificio está ya a medio construir.
La orden de Urbanismo vino a dar la razón al abogado Gerardo de la Iglesia, representante de un vecino de Barru, y a la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que recurrieron la licencia, al rechazar todos los argumentos en los que el Ayuntamiento de Llanes basó la concesión del permiso, otorgado tiempo después de que empezaran las obras, lo que motivó también un expediente sancionador.
De la Iglesia, experto en Derecho Público y Urbanismo, indicó ayer que no admitir a trámite la resolución de la Dirección General es "un acto de presunta prevaricación como la copa de un pino". Añadió que nunca en el ejercicio de su profesión se encontró con "una decisión semejante" y lamentó que la previsible "responsabilidad patrimonial futura" por las actuaciones del equipo de gobierno tengan que ser sufragadas "por los vecinos". Según De la Iglesia, el Ayuntamiento, al margen de otras supuestas irregularidades, ha hecho "trampas", al computar bajo rasantes para el cálculo de la edificabilidad.
* La Nueva España - Ramón DÍAZ - 8.4.14
Foto: Llanes (Asturias), hotel ilegal playa Barru - lne
Lamentan que el caso de la Ciudad del Golf de Ávila siga sin responsables
Ya lo decíamos en este blog hace pocos días tras las inauditas sentencias judiciales que no encontraban culpabilidad en ninguno de los intervinientes del delictivo caso de la Ciudad del Golf. Afortunadamente aun hay asociaciones independientes como Ecologistas en Acción o Centáurea que van a presentar un recurso de apelación ante la justicia. Hay que tener en cuenta que se pretendía construir nada menos que 1.600 viviendas, una zona hotelera y varios campos de golf en un pinar protegido de las Navas, es decir que el delito no es pequeño y, aunque se consiguiera paralizar su desarrollo final, el daño realizado por la tala de grandes árboles queda en el monte como una cicatriz desmesurada. No cabe duda que en este caso ha debido haber grandes presiones políticas para evitar la imputación de altos cargos de la Junta de Castilla y León, algo que, lamentablemente, no es la primera vez que ocurre.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Tras siete años de investigación, la Justicia no halla ningún culpable de la recalificación urbanística y posterior tala parcial de un espacio natural protegido en Las Navas del Marques. Una vez más, como sucediera con las catástrofes del petrolero Prestige en Galicia y de la balsa de Boliden en el Parque Nacional de Doñana, parece que destruir la naturaleza en España sale gratis. Transcurridos siete años y medio desde que en septiembre de 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara ilegal el proyecto de construir 1.600 viviendas, una zona hotelera y dos campos de golf en 215 hectáreas de la Red Natura 2000 en el municipio de Las Navas del Marqués (Ávila), afectando a un Área Crítica para la conservación de la Cigüeña Negra, especie en peligro de extinción, ninguno de los veinte imputados por los hechos ha sido hallado responsable de los mismos.
La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid absuelve a los cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que intervinieron en los informes y la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial “Ciudad del Golf”, al no observar “arbitrariedad en la actuación de los funcionarios públicos informantes” sino “discrepancia técnica, fundamentada y razonada”.
Por otro lado, sentencia la Juez “que ninguno de los acusados ha dictado resoluciones (no formaban parte del órgano decisorio) sino que informaron de los aspectos medioambientales que fueron sometidos a su consideración técnica”, sin que les resulte de aplicación el tipo penal de la prevaricación urbanística porque las actuaciones enjuiciadas son anteriores a la reforma del Código Penal de 2010, y por lo tanto sólo afecta a proyectos de edificación pero no a instrumentos de planeamiento urbanístico ilegales como el informado por los cargos de medio ambiente en el caso de la Ciudad del Golf.
En este sentido, es muy llamativo que ninguna de las personas que resolvieron la aprobación del plan urbanístico declarado ilegal, empezando por el Alcalde y el Secretario de Las Navas del Marqués, el ex-Delegado de la Junta y los restantes miembros de la Comisión de Urbanismo de Ávila, o la entonces Consejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz, hayan sido encontrados culpables o ni siquiera hayan sido enjuiciados por estos hechos, amparándose en que ellos hacían lo que informaban los técnicos.
Si los técnicos pueden informar lo que quieran sin responsabilidad alguna porque los que deciden son los políticos y los políticos eluden su responsabilidad porque de materias técnicas no entienden y se limitan a seguir lo que proponen los informes de los técnicos, Centaurea y Ecologistas en Acción consideran que el panorama resulta desolador y peligrosísimo para la conservación de la naturaleza.
Por todo ello, ambas asociaciones van a estudiar la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid, y esperan que ésta sea también la opción barajada por la Fiscalía, ante una sentencia cuya argumentación no comparten, y que en opinión de los ecologistas alienta la impunidad de las autoridades y funcionarios que por adoptar resoluciones ilegales e informes sesgados han sido incluso promocionados en lugar de cesados, como es el claro caso del actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz,.
* Ecologistas En Acción - 4.4.14
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad del Golf - aviladigital.com
Valencia.- La nueva ley urbanística rebaja los requisitos para legalizar los chalés diseminados
Otra autonomía que lo fía todo a una nueva etapa de especulación urbanística. El Gobierno valenciano tiene totalmente interiorizado que sólo cabe fiar el futuro al ladrillo, a más ladrillo, claro. El Consell aprobó hace unos días la nueva Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, para que continúe su trámite parlamentario. Como no podía ser menos en una Comunidad hasta los topes de viviendas ilegales, se aprobaron medidas para facilitar su legalización, es decir otra corrupción urbanística más. Tras permitir la construcción de miles de diseminados ilegales, ahora, finalmente, ceden ante la presión y la injusticia y pretenden legalizarlo todo. De nuevo la ley del más pillo y de las turbias comisiones en dinero negro. Dada la complicidad judicial en estos procesos delictivos, hay que esperar poco de los tribunales y más de una ciudadanía indignada ante estos graves atentados al territorio.
"LEVANTE* : La nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) llamada a simplificar el galimatías urbanístico valenciano inició ayer su tramitación formal al ser aprobada por el pleno del Consell. En breve llegará a las Corts para su debate y posterior aprobación. La consellera de Territorio, Isabel Bonig, compareció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para explicar los detalles de la nueva «criatura» legislativa -esto ha sido como un embarazo-, admitió.
Bonig cumple así el compromiso público que hizo el 22 de agosto de 2011, cuando anunció la quinta purga urbanística que se intentaba desde 2007, y que se acogió con escepticismo, pero que ve la luz casi tres años después. El nuevo texto legal adelgaza el paquete de cinco leyes y dos reglamentos con 1.183 artículos, heredados de la etapa de Rafael Blasco, hasta 269 artículos.
Entre las novedades de la ley menos conocidas hasta ahora está la flexibilización de la normativa para legalizar los «diseminados», las urbanizaciones construidas en suelo rústico sin servicios mínimos como saneamiento, agua o luz. «Se ha buscado una solución para los diseminados en suelo no urbanizable común», basada en los cambios de la densidad exigida. «Si antes se requería 10 viviendas o más en un área de 100 metros cuadrados para legalizarlas, lo que generaba muchos problemas, ahora se reduce [el requisito] a tres viviendas o más en una hectárea (10.000 m2) para legalizarlas siempre que presenten un plan especial y un proyecto de urbanización que debe ejecutarse para evitar los impactos en el medio ambiente. Sólo entonces se les dará la licencia de legalización».
La concreción de esta nueva medida será competencia de los ayuntamientos. «Nosotros damos un instrumento legal para regularizar una situación que existe, pero es competencia que deben ejercer los ayuntamientos de acuerdo con los propietarios [de las viviendas]», respondió Bonig cuando fue preguntada sobre si la regularización de viviendas sería «voluntaria» o la conselleria iba a iniciar una «batida» de legalizaciones. El problema de los diseminados era una de las patatas calientes que debía afrontar la nueva ley para resolver la metástasis de chalés ilegales que se arrastra desde los años 60 y 70 y que supone un auténtico quebradero de cabeza en poblaciones como Llíria, Montroi (donde dos alcaldes acabaron imputados en una investigación que aún continúa) Montserrat, Ontinyent, la Marjaleria de Castelló, Llíber o Albalat de Tarongers, por citar sólo algunos ejemplos.
Para compensar esta manga ancha con las viviendas ilegales «de hecho», se va a endurecer la prescripción de las construcciones ilegales, para que el «hecho» se convierta en «derecho». Esta medida no ha gustado a algunos alcaldes, según admitió ayer la consellera. Cuando entre en vigor la nueva Lotup las ilegalidades urbanísticas ya no prescribirán a los cuatro años, sino a los quince. Se pretende atajar así la pillería muy extendida de ejecutar unas obras sin licencia y esperar, sin hacer ruido, durante un plazo de cuatro años para iniciar el proceso de legalización de una vivienda. Bonig también recordó que la ilegalidad en suelo protegido «no prescribe nunca».
* Levante - LAURA BALLESTER - 5.4.14
Foto: La nueva ley urbanística rebaja los requisitos para legalizar los chalés diseminados - levante
El ‘caso Innova’ salpica al presidente de la Diputación de Tarragona
Lo hemos repetido en numerosas ocasiones: la profundidad de la corrupción en Cataluña del principal partido nacionalista, CiU, es inmensa y llega a todas las administraciones y rincones. Ahora salta, otra vez más, el caso Innova en Tarragona, un compendio de irregularidades urbanísticas de todos los tipos. En la macrocausa de Reus y alrededores, ha sido imputado también el presidente de la Diputación por CiU y alcalde de Vila-seca, J.Poblet, un político de gran poder en la provincia. En total los imputados por corrupción en esta delictiva trama asciende ya a unos 50, y subiendo. Como se ve, son todas las provincias catalanas las que han terminado cayendo, lamentablemente, en irregularidades urbanísticas, prevaricación y tráfico de influencias, generalmente a las órdenes de CiU.
"ELPAÍS* : El caso Innova, la macrocausa judicial en la que investiga una larga lista de presuntas ilegalidades en el entramado de empresas municipales de Reus (Baix Camp), dio ayer otro vuelco: Diego Álvarez de Juan, el titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Reus, que instruye el proceso, imputó al presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet (CiU), por una ristra de presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez ha citado a declarar a Poblet mañana. El presidente de la Diputación de Tarragona, el político de CiU con más poder en la provincia, está imputado por supuestas irregularidades en la construcción del Centro de Atención Primaria (CAP) de Vila-seca (Tarragonès). El proyecto sanitario está siendo investigado por la Guardia Civil, la fiscalía y el juez en la pieza separada del caso Innova.
El juez también imputa por el mismo motivo a otros seis concejales convergentes del Ayuntamiento de Vila-seca. Están acusados de los mismos delitos que el alcalde y citados a declarar: Francesc Xavier Farriol, regidor de Hacienda; Manuela Moya, titular de Urbanismo; Josep Maria Pujals, ex concejal de Salud Pública; Josep Toquero, edil de Relaciones Ciudadanas; Esmeralda Núñez, concejal del Área de La Pineda (el núcleo turístico de Vila-seca); y Ana Josefa Girona, que fue responsable del barrio de La Plana.
El caso Innova se ha extendido desde el entramado de empresas municipales de Reus hasta Vila-seca tras investigar la Guardia Civil los trabajos efectuados por uno principales imputados en la causa: Jorge Batesteza, arquitecto acusado de blanqueo por cobrar 387.000 euros presuntamente injustificados entre 2007 y 2010 en concepto de asesoría técnica para la construcción del hospital Sant Joan de Reus.
Batesteza fue gerente de Infraestructuras de Área de Patrimonio y Inversiones del Servicio Catalán de la Salud desde 2000 hasta el 2007. Precisamente, uno de estos trabajos de Batesteza fue la supervisión de la redacción del proyecto del CAP de Vila-seca. El 19 de mayo de 2008 una sesión ordinaria de la junta de gobierno local aprobó el encargo de Batesteza por 10.440 euros a cargo del presupuesto municipal. La decisión se tomó “por unanimidad” tras un informe del arquitecto municipal. “Este contrato puede conceptuarse y ser tramitado como contrato menor, por razón de cuantía”, que solo requiere de “la aprobación del gasto, la incorporación de la factura al expediente y el presupuesto de las obras”, rezaba en el acta municipal. El CAP, que costó 11,2 millones de euros, entró en funcionamiento en septiembre de 2011 y da servicio a 21.000 personas.
En febrero la Guardia Civil ya acudió al Ayuntamiento de Vila-seca para recbar información referente a la adjudicación, construcción y puesta en marcha del centro.
Convergència emitió ayer un comunicado en el que anuncia su total “apoyo” a Poblet y expresa su confianza en la inocencia del edil. De manera extemporánea, el comunicado mezcla la imputación de Poblet con el hecho de que el sábado participara en un acto de la Assemblea Nacional Catalana y que la acusación se produzca un día antes de que en las Cortes se debata la petición de transferencia a la Generalitat de la competencia de convocar referéndums. El Ayuntamiento De Vila-seca negó cualquier conexión con Innova y el Ayuntamiento de Reus y manifestó su seguridad en el trabajo “transparente” de técnicos y políticos del Consistorio.
El caso Innova suma ya casi 50 imputados, entre los que se encuentra la misma esposa de Poblet, Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova. Está acusada de estafa, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros delitos.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 7.4.14
Foto: El presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet / JOSEP LLUÍS SELLART
Córdoba.- El TSJA anula el plan especial que regularizaba las naves de Sandokán
Continúa la polémica de las inmensas naves industriales que posee R.Gómez 'Sandokán' en las cercanías del conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba. El empresario corrupto, acusado gravemente en el caso Malaya, luego metido en política municipal con su propio partido, siempre ha salido adelante gracias a una justicia débil y permisiva. Ahora el Tribunal andaluz anula el Plan especial que el ayuntamiento cordobés había aprobado para regularizar sus ilegales naves, pero ya es la segunda vez que esto ocurre y habrá que esperar nuevos acontecimientos.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón a la Junta de Andalucía y ha tumbado el plan especial de la carretera de Palma del Río, que preveía la regularización de 15.000 de los 40.000 metros cuadrados de las naves ilegales construidas por Rafael Gómez, conocido como Sandokán. El plan especial permití también el uso industrial y comercial de los inmuebles. Y son estos dos puntos los que tumba el TSJA. Según la sentencia, se declaran “nulos” los dos artículos del Plan Especial de la carretera de Palma del Río, el 14 y el 20, referidos a los usos, “dada su inadecuación al orden jurídico”.
El alto tribunal andaluz ha anulado, de esta manera, el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Córdoba en el que votaron de forma unánime todas las formaciones el 11 de diciembre de 2012: PP, dos concejales de UCOR, IU y PSOE. Es la segunda vez que el TSJA rechaza el plan especial de Carretera de Palma. En 2008 el tribunal lo tumbó porque el documento había sido redactado por la propia empresa infractora, Arenal 2000, de Rafael Gómez.
La resolución del TSJA de hoy atiende el grueso de la impugnación de la Junta y supone un duro revés a la Corporación municipal que votó a favor de legalizar las naves ilegales. El revés es especialmente duro para el PSOE e IU, que votaron a favor. Sus colegas de ambos partidos -que gobiernan coaligados en San Telmo- recurrieron un proyecto al que dieron luz verde en Córdoba sin abrir la boca y sin dudar en público ni un segundo. No les importó que su voto positivo beneficiase al mayor deudor del Ayuntamiento -Gómez debe una multa de 24,6 millones de euros por construir ilegalmente las naves- ni tampoco dudaron en alinearse con Unión Cordobesa, el partido que Sandokán improvisó poco antes de las últimas elecciones locales y que le aupó a ser el actual líder de la oposición, por delante de IU y PSOE.
Las naves se levantaron durante el mandato de la alcaldesa Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. En su mandato se dejó que fuese el mismo Sandokán quien redactase un plan especial que regulase todo el urbanismo de la carretera de Palma del Río y legalizara sus propias naves. El documento redactado por la empresa infractora fue aprobado en el pleno con los votos a favor de IU y PP. Pero la oposición del PSOE y de la Consejería de Obras Públicas llevó el asunto a los Tribunales que lo terminarían declarando nulo en 2008.
En 2010, Aguilar se convirtió en consejera de Obras Públicas. Con ella al frente se coció el nuevo Plan Especial de la Carretera de Palma que se aprobó definitivamente en diciembre y que la Junta tumba ahora nuevamente. El plan permitía que el propietario de las naves, oficialmente, Rafael Gómez, redactase un proyecto de ejecución que derribaría solo 15.000 metros cuadrados de los 40.000 metros cuadrados ilegales que conforman las naves
Gómez decidió presentarse él mismo a alcalde en 2011. Unión Cordobesa arrasó en las urnas y hasta hizo pensar en que la mayoría absoluta del PP estaba en peligro, aunque no llegase a tanto. Logró cinco ediles.
* El País - MANUEL J. ALBERT - 1.4.14
Foto: Naves de Colecor construidas por Rafael Gómez en Córdoba. / JUAN MANUEL VACA
La justicia no halla culpables de dañar el pinar protegido en Navas del Marqués
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Es absolutamente demencial y criticable que la justicia española, una vez más, no encuentre delito para sentenciar a los culpables de este caso evidente de Urbanismo salvaje en pinares protegidos de la provincia de Ávila. Como ha ocurrido en otros asuntos graves de atentado contra el Medio Ambiente, como el del 'Prestige' por ejemplo, es inaceptable que unos jueces se inhiban ante unos delitos que, además, han causado un enorme revuelo en la sociedad. Pero es que, además, la justicia es reincidente ya que primero absolvió al alcalde de Navas y al promotor 'El Paloma', y ahora lo hace con los que debían supervisar las leyes, los altos cargos de la Junta de Castilla y León. Reír por no llorar. El siguiente paso a dar por la ciudadanía debería ser acusar directamente a estos jueces 'prevaricadores' por haber sido cómplices en esta lamentable actuación pública. ¡Podrida justicia!
"ELPAÍS* : Los jueces no encuentran culpables al intento de construir 1.500 viviendas, una zona hotelera y varios campos de golf en un pinar protegido en las Navas del Marqués (Ávila) y los daños que ocasionó hasta que este gran proyecto fue paralizado hace ocho años. En junio de 2012 fueron absueltos el alcalde, Gerardo Pérez (PP) y el promotor de la urbanización La ciudad del Golf, Francisco Gómez. Hoy, el juzgado de lo Penal nº2 de Valladolid ha exonerado también a cinco técnicos y altos cargos de la Junta de Castilla y León que estaban acusados de prevaricación administrativa y delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
El fallo, contra el que cabe recurso en 10 días, concluye que ninguno de los informes que emitieron se considera resolución administrativa por lo que no fueron determinantes para conceder licencia alguna. Tanto la fiscalía como los abogados de la acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción y Centaurea, reclamaban ocho años de inhabilitación para ellos.
Los funcionarios absueltos son Mariano Torre Antón, José Ignacio Molina, Juan Manuel Pardo Ontoria, Sabas Yagüe Bosch y José Ángel Arranz, actual director de Medio Natural en la Junta de Castilla y León. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván se ha mostrado satisfecho por la resolución. “Siempre he confiado en el rigor y el buen hacer de los trabajadores públicos en general y de mi gente en particular”, ha declarado tras conocer la sentencia, notificada hoy.
La satisfacción de la Administración se torna preocupación si se pregunta a los colectivos ecologistas que lograron frenar el macroproyecto. "Nos parece preocupante que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León libre a responsables políticos, como a la exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, diciendo que sólo firmaba informes de los técnicos y cuando los técnicos se sientan en el banquillo, el juzgado de Valladolid alegue que no firmaron las autorizaciones para exonerarles. Uno por otro, al final nadie es responsable de nada", incide Carlos Bravo, portavoz de Centaurea.
Tanto Centaurea como Ecologistas en Acción todavía tienen que estudiar si recurrirán la decisión judicial. Aunque en su ánimo está hacerlo, lo supeditan a motivos económicos, derivados del incremento de las tasas judiciales aprobado por el Gobierno del PP.
La decisión judicial ha tenido en cuenta el impacto de este proyecto sobre el área de protección de la cigüeña negra. Los abogados de los acusados insistían en que el proyecto no afecta a áreas de nidificación, ni de alimentación, consideradas áreas críticas para la conservación de esta especie. Durante el juicio, sus peritos aseguraron que se podía afectar este tipo de zonas, protegidas a nivel europeo y autonómico, “siempre que el impacto sea moderado” y se adopten medidas correctoras y compensatorias.
"Pretendían construir en una zona que estaba dentro del Plan de Recuperación de la cigüeña negra y los propios técnicos de la región se saltaron su propia normativa, que decía que no se pueden desclasificar estas zonas así como así. Proponían pasar 11,6 hectáreas del área crítica a otro lado, como si las cigüeñas pudieran leer el BOE", relata Bravo, de Centaurea.
La historia arrancó en 2001 cuando el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués compró 7.700 hectáreas de pinares (casi todo el término municipal) a la Unión Resinera. Como alegó no tener los 8,8 millones que costaba la operación, se comprometió con la empresa Residencial Aguas Nuevas a recalificar unas 200 hectáreas de pinar para levantar allí viviendas a cambio de 10 millones.
La urbanización fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2006, que dio la razón a un vecino cuya parcela de monte no fue recalificada.
La vía penal se dividió en cuatro piezas. Dos han sido archivadas. La Audiencia Provincial de Ávila exoneró al alcalde, al secretario municipal y al promotor en verano de 2012 y la causa contra los cargos de la Junta de Castilla y León, pendiente de recurso, va en el mismo sentido.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 4.4.14
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf -J.Martin ( EFE )
Patrimonio arquitectónico: catedrales de una religión industrial
"ELPAÍS* : Una iglesia y cuatro casas alrededor. A veces una escuela y también un cuartel. Así se organizó durante mucho tiempo la vida social de las comunidades, los núcleos urbanos que constituían pueblos o ciudades. La llegada de la Revolución Industrial, sin embargo, convirtió el trabajo y a sus nuevas catedrales en epicentro urbanístico de lo doméstico. El empeño y el éxito arquitectónico en la construcción de fábricas en España en los últimos 150 años ha sido muy heterogéneo. Pero en la mayoría de casos configura el relato social y tecnológico de un periodo de la historia en que la vida y los métodos de producción dieron un giro copernicano. Hoy muchos espacios que se han conservado intactos —“las bellas durmientes”, como dicen los expertos—, esperan la ejecución de un crimen perfecto, la mayoría de veces, planeado en los años de especulación inmobiliaria.
El patrimonio industrial es esa valiosa e incómoda herencia que a menudo ni Administraciones ni particulares desearían haber recibido. Sobre todo el más reciente: fábricas desprotegidas y contempladas por la ciudadanía como una mancha anacrónica en el paisaje moderno. Sucede ahora con el conjunto racionalista de Clesa en Madrid, obra de Alejandro de la Sota, considerada por los expertos como una joya del patrimonio, que aguarda estos días la licencia de demolición. O Averly, una magnífica villa factoría en Zaragoza de 1855 —la única fundición de España que hasta hace poco más de un año todavía funcionaba—, que se ha vendido a una constructora para derribarla y construir viviendas. Algo parecido a lo que les sucede a la fábrica de Bombas Gens (cuya nave principal arrasó un incendio) o a La Ceramo, ambas en Valencia, sumidas en un deterioro sin remedio. Todas son joyas del patrimonio industrial. Pero el precio del solar que ocupan impide apreciar el valor de lo que cuentan.
España, según los expertos consultados, mantiene un atraso insalvable respecto a países como Alemania (con magníficos ejemplos como la Cuenca del Ruhr) o Reino Unido. Sucede principalmente en el sur de Europa, donde la enorme riqueza cultural de otros ámbitos del patrimonio ha eclipsado al legado industrial.
Pese al enorme esfuerzo que se hizo con el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y la catalogación de 100 elementos históricos que debían protegerse, la descoordinación con las Administraciones locales y la falta de presupuesto hace que parte de la vigilancia de este acervo arquitectónico recaiga en movimientos ciudadanos (como ADUPEPA, la asociación aragonesa que lucha por el patrimonio) o expertos como Diana Sánchez Mustieles, doctora en Arquitectura y autora del blog http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es. Una de sus últimas denuncias ha sido la del complejo Averly, catalogado en el Plan Nacional, pero con protección únicamente en la parte de la vivienda. “Arquitectónicamente tiene mucho valor.Ese es el problema de que quieran derribar parte. En España muchas veces se dedican a mantener chimeneas y se descontextualiza el complejo”, explica.
La Ley de Patrimonio Histórico española no reconoce su variante industrial. Y cuando esos edificios quedan desprotegidos, el único remedio es que su dueño pelee para lograr su relevancia local o declararlos Bien de Interés Cultural (BIC). En la mayoría de casos, los propietarios evitan hacerlo para no renunciar a la millonaria venta del solar, como sucedió con Averly. “Por eso los nuevos usos deben ser rentables. De forma privada o pública. Ahora mismo las Administraciones no tienen dinero, pero los privados pueden recuperar estos espacios para nuevos usos, incluyendo viviendas. En Viena, por ejemplo, hay un conjunto de gasómetros donde hay pisos, un centro comercial y oficinas. Se puede hacer de todo. Incluso darle a esa entidad privada opciones para que recupere ese bien. Hoy por hoy conseguir un solar y edificar viviendas es ridículo. Lo que hay que hacer es rehabilitar y dar uso a los edificios abandonados”, insiste Sánchez.
Algo así se ha hecho en la fábrica El Águila en Madrid, donde ahora hay un archivo y biblioteca; en la Tabacalera de Valencia, convertida en edificio municipal, o en la de Sevilla, que es una universidad o la fábrica Vapor Aymerich, en Terrassa, hoy sede del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. En el País Vasco, una de las comunidades que junto a Cataluña más cuidado tiene con esta herencia, se hallan la antigua fábrica de harina La Ceres, hoy un edificio de viviendas, o los altos hornos de Vizcaya. En Europa brillan la antigua fábrica de acero Belval, en Luxemburgo, una ciudad de la ciencia y la innovación. O la mina Zollverein, en Essen, catalogada como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
El movimiento por la recuperación de este tipo de arquitectura —y de paisaje— surgió en los años setenta, cuando los procesos de reconversión industrial comienzan a eliminar décadas de historia con la piqueta. Sucedió en Reino Unido primero, cuando se derribaron grandes catedrales de la Revolución Industrial. Y poco a poco surgieron entidades internacionales como TICCIH (nacida en Reino Unido), que en España, donde el movimiento caló 10 años después, está presidida por Miguel Ángel Álvarez Areces. “Es un testimonio de lo cotidiano, es historia de nuestros antepasados y de la época contemporánea. Eran las ilusiones, los fracasos, las alegrías de las personas. Su vida. Pero 30 años después de que surgieran estos movimientos, se sigue destruyendo patrimonio, aunque hoy esté reconocido. Todavía ni las Administraciones públicas ni los propietarios reconocen que tiene un valor similar a los castillos, iglesias… Mientras a nadie se le ocurriría tocar las Pirámides de Egipto, se deja caer en el deterioro irreparable una fábrica como Averly, con más de 100 años de antigüedad y que concentra toda la historia industrial de España”, explica este reconocido experto.
Algunos lugares que fueron emblema de la Revolución Industrial, como Málaga, han perdido el rastro de aquella historia. Eusebi Casanelles, presidente vitalicio de la Comisión Internacional de Patrimonio Industrial, recuerda el caso contrario del barrio barcelonés del Poble Nou y la importancia histórica —a la altura de los cambios del neolítico, dice— de aquel periodo: “Hubo una lucha sobre qué preservar. Muchos fueron reutilizados, otros son solo chimeneas. Pero es importante que la gente cuando pasee vea unos elementos y se pregunte qué había ahí. Pueblo Nuevo era el Manchester de España. De la misma manera que se conserva el románico, nuestra obligación es hacer lo mismo con esto”.
Porque más allá del edificio, los expertos insisten en preservar su entorno y algunas de las huellas del proceso de producción que contienen todavía. Proponen una mezcla de usos rentable para el propietario, pero que permita entender el pasado. “El patrimonio industrial ayuda a explicar la historia reciente. La fábrica nunca está aislada. Es el centro de algo: viviendas, economato, escuelas, ferrocarril, un puerto… Hay todo un conjunto alrededor”, explica Alberto Humanes, quien fue arquitecto del Ministerio de Cultura y coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial entre 2001 y 2012. Un proyecto pionero, aunque se topase con problemas como la falta de iniciativas económicas o el desinterés absoluto de la mayoría de comunidades autónomas por aplicarlo. Casos como el Molinar de Alcoy (en ruinas), que la Comunidad Valenciana se negó a proteger, o los altos hornos de Marbella ilustran ese desprecio.
En 2015 se celebrará el Año del Patrimonio Industrial en Europa. Muchos de los edificios en liza estos días probablemente ya se habrán derribado.
* El País - DANIEL VERDÚ - 30.3.14
Foto: Vapor Aymerich, en Terrassa, sede del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. / CRISTÓBAL CASTRO
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El Escorial.- Un esqueleto para la justicia
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Ahora es una infraestructura judicial la que se suma a esa larga lista de despilfarros delictivos que existen en todas las Comunidades del país. La futura sede de los juzgados de San Lorenzo de El Escorial lleva paralizada 7 años (siete), ante la vergüenza de los políticos de la Comunidad de Madrid incapaces de terminar esa obra una vez que está medio construida. Evidentemente se podría criticar su inmediata necesidad, pero peor es hacer una fuerte inversión pública y dejarla incompleta, con lo que seguro que no sirve para nada. De nuevo la expresidenta de la Comunidad, E.Aguirre, junto a su delfín, I.González, son los culpables de este atentado contra los ciudadanos madrileños.
"ELPAÍS* : Unos cimientos, los tabiques y poco más. Así se encuentra desde hace años lo que en teoría debería ser la nueva sede de los juzgados de San Lorenzo de El Escorial, un edificio moderno recubierto de piedra levantado en una parcela de 3.108 metros cuadrados. La Comunidad afirma que no tiene dinero para terminarlo y que ha acometido mejoras en los dos edificios en los que se distribuyen los actuales juzgados.
Los juzgados de San Lorenzo de El Escorial extienden su actividad a 12 localidades con una población de 84.674 habitantes, que en épocas estivales duplica el número de residentes. Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los cuatro juzgados, que comparten jurisdicción penal y civil, recibieron en 2012 un total de 12.527 asuntos que se sumaron a los 3.542 que tenían pendientes de resolver de ejercicios anteriores. El documento recoge sus carencias: “Se considera necesario y urgente un nuevo edificio judicial que, aglutinando todos los juzgados, permita desempeñar las funciones en las adecuadas condiciones de salubridad y seguridad”. El informe lo firma la juez decana, Alazne Basáñez Gutiérrez.
Otro problema acuciante es que están dispersos en dos edificios. El 1 y el 2 se encuentran en la plaza de la Constitución, en el edificio del Ayuntamiento, con los consiguientes problemas de organización; y los dos restantes, en un inmueble alquilado de la calle de Velázquez.
En teoría, los problemas de los juzgados sanlorentinos deberían haber quedado resueltos a finales de 2009 o, como muy tarde, a principios de 2010. El entonces consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, presentó en enero de 2007 el proyecto arquitectónico del futuro Palacio de Justicia. Esas “modernas infraestructuras” le convertirían en la primera de esas dimensiones en la sierra madrileña.
El inmueble de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante tenía prevista una superficie de 4.811 metros cuadrados y un coste inicial de 5,5 millones de euros. Se levantaría en una parcela cedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo, situada en la calle de las Pozas número 165 con vuelta a la de Teresa de Berganza.
Este enorme edificio con planta en forma de U tendría capacidad para siete juzgados (tres de reserva), cinco salas de vistas, registro civil y sala de bodas, clínica médico-forense, fiscalía, decanato y servicios de asistencia jurídica. Por fuera se había respetado la arquitectura de la zona con cubiertas de pizarra y piedra de granito en las fachadas.
El sustituto de Prada, Francisco Granados, visitó el 23 de septiembre de 2009 las obras del futuro edificio. En aquella fecha se dijo que se había reducido el precio de la adjudicación a 4,2 millones de euros, según el comunicado oficial del Gobierno regional. Pero las obras poco han avanzado desde entonces. Por fuera, tan solo se ve el armazón, algún tabique de ladrillo levantado, el esqueleto de la cubierta y redes de seguridad. Una valla perimetral impide la entrada. Paradójicas resultan las señales de “peligro, zona de obras”.
La diputada del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, preguntó por la situación y futuro del edificio a la directora general de Justicia, Beatriz Grande, en la última comisión del ramo. Esta se limitó a contestar que “en momentos de estabilidad presupuestaria” —léase recortes— había que priorizar el gasto, de forma que se pudiera garantizar el acceso a la justicia gratuita de 130.000 personas al año. Y eso, pese a que corresponden a partidas presupuestarias distintas. También aseguró que el Gobierno regional había gastado 1,5 millones de euros en mantenimiento, vigilancia, limpieza y conservación de las distintas sedes judiciales de la región. “Haremos la reposición y mejora de los edificios en función de lo que la disponibilidad presupuestaria nos permita”, añadió Grande.
A lo que no contestó la directora general fue a las preguntas de Valcarce: cuánto se ha gastado ya en el edificio, cuánto queda por pagar para terminarlo y cuándo estará listo. “La justicia para el PP no es una prioridad y finalizar los juzgados de San Lorenzo tampoco. Estamos hartos de las primeras piedras y del autobombo”, criticó la diputada del PSM. “Es una situación escandalosa, de despilfarro y de mala gestión. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quizá un pelotazo urbanístico en esta zona?”, añadió.
* El País - F. JAVIER BARROSO - 31.3.14
Foto: El futuro palacio de Justicia de San Lorenzo de El Escorial. / ULY MARTÍN
El Algarrobico, la mole indestructible
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A pesar de las tópicas palabras de los políticos y jueces implicados en la causa del ilegal hotel de El Algarrobico situado en una playa virgen de la costa almeriense, parece que nadie quiere dar el paso adelante para demoler este icono del urbanismo salvaje en este país. 15 años más tarde y tras multitud de denuncias, acciones políticas y sentencias judiciales contradictorias, ahí sigue en pie, como un barco varado en medio de la nada. Cuando ya parecía que se le terminaban sus días tras la sentencia del Supremo, una última del Tribunal de Andalucía, irregular y puede que prevaricadora, ha decidido amnistiar, momentáneamente, la mole de cemento junto a las aguas del Mediterráneo. Habrá que seguir esperando, sin duda.
"ELPAÍS* : Todos daban por cerrado el destino del hotel aferrado como un empaste blanco a la dentadura montañosa del cabo de Gata: 65.000 metros cúbicos de hormigón para rellenar los cerros vaciados por excavadoras. El derrotero judicial hacía presumir que el Algarrobico saltaría por los aires el día que el último recurso se resolviese, pero un inesperado fallo a favor de la constructora Azata parece que puede guiar el hotel a la salvación. Incluso para los más críticos con esta sentencia, los tribunales han tenido la virtud de recordar que, a pesar de que hacía años que las Administraciones solo hablaban del Algarrobico para fijar la estrategia de derribo, jueces y políticos han ido sucediéndose y la mole resiste en la playa con los ojos entornados frente al sol. Decenas de sentencias, cuatro ministros de Medio Ambiente, tres presidentes de la Junta de Andalucía, dos alcaldes de Carboneras… Todo pasa, menos el Algarrobico.
En un país asomado al abismo del ladrillo, el Algarrobico se erigió para ecologistas y Administraciones en el modelo de lo que había que evitar. Ahora los tribunales han aceptado un recurso de los promotores y del Ayuntamiento y estiman que el hotel se encuentra en terreno urbanizable, en contra de lo que había dictado el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería en el proceso que dio pie en 2008 a un caso muy complejo. La última sentencia se sintetiza en la idea de que el edificio responde a un planteamiento de los años ochenta, anterior a que la zona se declarase parque natural, y que los terrenos sobre los que se levantó se consideraban entonces urbanizables. En ese momento ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía ni el Estado intentaron detener la construcción, e incluso allanaron su camino con maniobras dudosas (un famoso plano que alguien en la junta modificó a bolígrafo con el argumento de subsanar un error gráfico). Esto viene a significar un cambio espectacular de criterio: antes el juez definió la modificación de la planimetría como “burda maniobra” tras la que quedaban intereses oscuros, determinó que la Ley de Costas y la declaración de parque natural prevalecían sobre los derechos de los terrenos… Ahora eso ha cambiado.
Un comienzo para entender las aristas del caso es visitar a José Rodríguez, subdirector de la inmobiliaria Azata. Recibe en la sede de la misma, un palacete del centro de Madrid coronado con una bandera con el anagrama de la compañía.
Azata se define como una empresa dedicada a la construcción y el arrendamiento de infraestructuras. Con ese modelo creció por el norte de Madrid mediante proyectos a menudo polémicos, como una urbanización en un pinar de Boadilla. La familia Rodríguez no era una de tantas madrileñas de las que veranean en Almería: también tenía intención de ampliar sus negocios al sur. Por eso en 1999 compró a buen precio unos terrenos frente a una playa de piedras que sirvió de escenario en el rodaje de Lawrence de Arabia. El proyecto del Algarrobico se diseñó para touroperadores internacionales: un gran hotel que se compartimentara en siete módulos independientes.
“Se han generado expectativas sobre la demolición que no se refrendan por los hechos jurídicos”, asegura Rodríguez. “Cuando compramos, nos informaron de que el terreno era urbanizable”, asegura. “Nos movió la confianza legítima en la Administración: no nos pueden venir a decir ahora que las reglas han cambiado”.
Azata no aclara si aspira a retomar las obras del edificio (según ellos, completo al 90%) o si batalla por una indemnización. Su posición es que, si cambiaron los criterios para querer un hotel, la Administración debe asumir los gastos: “Ahora la idea es que un parque tiene que protegerse más que cuando nos dieron las licencias. Nos parece bien, pero las Administraciones deben asumir los costes”. A la pregunta de si considera que la apariencia mastodóntica del hotel en mitad de un paraje virgen fue la que desató la alarma, Rodríguez explica que todo está en la pintura: “No es tan grande. En blanco choca mucho. Se planeó que fuera ocre, pero nos obligó la normativa municipal. También teníamos previsto un jardín vertical que lo mimetizaría con el paisaje”.
Opuesto a esta argumentación, José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, considera que la última resolución judicial es “un colchón que los jueces han creado para legitimar lo próximo: la legalización del hotel en la sentencia que está a punto de salir sobre su licencia”. Si esa nueva resolución dictaminara que el plan parcial en base al que se concedió la licencia estaba en orden, la estructura principal del hotel (la que se incrusta en la montaña: pisos del 10 al 21) se consideraría en regla. No sería el caso de los 100 metros a pie de tierra (los pisos del 1 al 9 y las piscinas) que violan la Ley de Costas —de 1988, cuando se inició la tramitación del hotel— por estar dentro de la zona de servidumbre de protección marítima: sobre esos 100 metros ya hay una sentencia firme del Supremo en 2012, que ordena la demolición. Así, si se determinara que el grueso del hotel es legal, se abriría un debate endemoniado: ¿la solución es derribar solo una parte, compensar por el resto a los propietarios y derribarlo entero o abrir al público la zona legal?
El del Algarrobico también es un problema de distancias. La foto del hotel escandaliza en Madrid y Sevilla, pero en Carboneras una mayoría de la ciudadanía lo apoya. El pueblo es otro de esos rincones del litoral español en los que las discusiones urbanísticas compiten en los bares con las futbolísticas. Carboneras creció desproporcionadamente en segundas residencias, y ahora los anuncios de venta y alquiler recorren su paseo marítimo. Sin embargo, pequeño y tranquilo, dista mucho de ser una ciudad sin ley urbanística.
Dentro de un parque natural al que cedió el 75% de su término municipal, los cultivos están limitados. Con 8.000 habitantes, el paro ronda el 35%. Tiene una central térmica, una cementera, una desaladora y una notable flota de palangre. A pesar de ello, el jueves la lonja estaba cerrada y casi no se veían pescadores.
El alcalde del pueblo es desde hace dos años Salvador Hernández (del partido independiente Gicar). Alineado con la defensa del hotel, expresa en su despacho cierta incredulidad: “Después de tantos varapalos la sentencia nos deja helados. Tampoco quiero ser populista: esto no va a generar mil empleos, pero quizá sí 80, y eso es mejor que nada para una estructura a medias. Sobre si es feo o bonito puedo tener mi opinión, y a lo mejor me habría gustado un hotel más recogidito, pero lo que hay que ver es si se ajusta a derecho”.
Hernández heredó el Algarrobico del socialista Cristóbal Fernández, regidor casi 30 años. Carismático y controvertido, Fernández determinó la incorporación del municipio al parque natural, recibió un indulto del Gobierno tras una condena por apaños electorales y fue sucesivamente amigo y enemigo íntimo de Cristina Narbona, ministra cuando estalló la lucha contra el hotel. En un segundo plano de la actividad desde hace una legislatura, el nuevo portavoz del PSOE local es otro Fernández, su sobrino.
“Gobierno y junta se reúnen para discutir quién pone la dinamita, pero con nosotros no cuentan”, lamenta el actual alcalde en referencia a las conversaciones estos años entre la junta y los ministros de Medio Ambiente (tras Narbona: Elena Espinosa, Rosa Aguilar y Miguel Arias Cañete) sobre cómo se aportarán los millones del coste del derribo. “Somos los indios de la reserva: no podemos opinar”, insiste.
El alcalde recuerda que la junta en un principio apoyó el hotel. Una razón política es que Fernández era socialista. Otra, que Andalucía deseaba promocionar el turismo en el parque natural y estaba dispuesta a exhibir manga ancha en las condiciones. Defendió varios proyectos de promoción turística (en 1985 y 2004) que apostaban por las infraestructuras hoteleras. “El problema es que no pareció calcular las dimensiones del proyecto de Azata, y que desde el principio los promotores jugaron al borde de la ley”, considera una fuente municipal: “La junta confió en que harían algo que trajera turismo, pero cuando vio eso y el revuelo que estaba armando, no pudo defenderlo”.
Al acercarse al Algarrobico para conocer al protagonista de la historia resuenan las palabras del subdirector de Azata: “No es tan grande”. Sin embargo, al doblar un recodo entre las rocas emerge lo que parece una pirámide con poco que envidiar al Machu Picchu. Más que en Lawrence de Arabia, la playa hace pensar en la estatua de la Libertad que Charlton Heston halla en la escena final de El planeta de los simios: el cementerio de un vestigio de una civilización extinta. Tras las dimensiones, más descubrimientos. Por ejemplo, que, al contrario de lo que suele argumentarse, el hotel no se derrama directamente sobre el mar, sino que muere en una carretera a menos de 40 metros del agua. Otro mito: el hotel no parece tan terminado como asegura Azata. No es solo el deterioro que ha acumulado en ocho años; también la impresión de que muchos elementos se aceleraron ante la inminente detención de las obras. Pequeñas distorsiones que representan bien lo que fuentes cercanas al proceso tildan como “la demagogia de los dos lados”.
Miguel García era el jefe de obras el 21 de febrero de 2006, cuando se pararon y 234 trabajadores abandonaron el hotel. Ahora trabaja de guarda del edificio. Recorre las habitaciones y se lamenta mientras encadena cigarrillos con soltura de cowboy: “¡Qué lástima!”. García sube por escalones de mármol hasta la cúpula que preside el hotel. En su camino pasa por toneladas de material de construcción y chumberas que crecen en los escombros. La orden judicial no permite tocar nada desde hace ocho años. La cocina ha sido saqueada, los cables y aires acondicionados han desaparecido. Las cuatro grúas alrededor del edificio son devoradas pacientemente por el mar. “Los días de viento es horrible: giran como locas”, dice García. Su sueño es terminar la obra. “Y beberme una cerveza en la terraza”, sonríe. Él horadó la montaña: “12 pisos, a plomo. A ver cómo rellenan eso si tiran el hotel”, mira desafiante evocando la caries. “El error no fue el tamaño, sino pintarlo de blanco”, concluye.
A espaldas del Algarrobico se abren los montes. La última sentencia también deja como urbanizable un segundo sector allí que, para los ecologistas, puede ser la clave del asunto. “Ahí el promotor quería construir unos campos de golf y siete hoteles que a nosotros no nos convencen nada”, reconocen fuentes del equipo municipal: “Nosotros les apoyamos con lo del hotel porque está a medio construir, pero luego ya veremos”.
Todo está por ver. A espera de la última batalla judicial, el del Algarrobico se eleva como un conflicto difícil de resolver. Ni siquiera con una mano de pintura.
Un hotel con demasiadas vistas
MANUEL PLANELLES
La duda era cuándo. Porque la mayoría de actores implicados en la polémica tenía claro que tarde o temprano —quizás, más tarde que temprano— las piquetas limpiarían el paraje de El Algarrobico, donde se levanta un hotel que tiene una veintena de autos y fallos a sus espaldas que parecían condenarlo a la demolición. Pero una nueva sentencia, esta semana, ha descolocado a muchos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto que el edificio está en una zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que se debe considerar urbanizable. Este pronunciamiento no salva al hotel, porque hay una ristra de fallos que lo dejan al borde del abismo desde que su construcción fue paralizada en 2006.
Sin embargo, el TSJA ha reforzado las pretensiones económicas de la promotora Azata, que siempre ha mantenido que empezó a levantar el hotel en 2003 con el permiso de las Administraciones. La constructora reclama —de momento, sin éxito— 70 millones de euros al Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería). La última sentencia también puede retrasar el hipotético derribo al enmarañar más su camino judicial. Aunque, en verdad, los ocho años que lleva abierto este caso no son tantos si se compara con otros precedentes. Por ejemplo, el Gran Hotel se levantó en la década de los setenta del siglo pasado en la zona de Atlanterra de Tarifa (Cádiz). Nunca abrió porque, entre otras cosas, invadía la zona de dominio público. No se logró demoler hasta 2002.
La última sentencia del TSJA ha desatado una tormenta de reproches a los magistrados que firmaron el fallo. Los ecologistas han presentado una querella por prevaricación. La Junta, que recurrirá en el Supremo, critica la “desprotección” que se va a generar. IU, que gobierna con el PSOE en Andalucía, habla de una decisión “aberrante” y de “extrañas maniobras judiciales”.
Lo que más ha sorprendido de la última sentencia es que la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA ya se había pronunciado sobre los suelos en los que está el hotel en junio de 2012, pero en sentido contrario al fallo de esta semana. Los jueces de la sección Primera —al igual que los magistrados de la Tercera que firman la última sentencia— decidieron hace casi dos años anular el plan de ordenación del parque de Cabo de Gata en la parte que afectaba al paraje en la que se levanta el hotel. Al fijar la situación en la que quedaban los suelos de El Algarrobico tras esa anulación, la sección Primera concluyó que ahí nunca se podría edificar al ser zona no urbanizable. Pero la sección Tercera, al analizar el mismo caso, ha concluido que el área es urbanizable.
El cambio de criterio se ha producido cuando han cambiado los jueces. Contra el plan de ordenación de este parque se presentaron 28 recursos en el TSJA. “Todos, absolutamente todos los pleitos” fueron “tramitados en la sección Primera”, sostiene José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace y de varios grupos ecologistas. Fuentes de la sala de lo Contencioso-administrativo reconocen también que la “mayoría” de recursos contra el plan se analizaron en esa sección. Pero el de Azata, que cambia el criterio sobre el paraje de El Algarrobico, ha sido resuelto por la Tercera.
Las mismas fuentes del TSJA afirman que la sección Tercera es la capacitada para analizar los asuntos medioambientales. Esgrimen un acuerdo interno del tribunal de 2011 en el que se establecía el reparto de áreas. Ese acuerdo existe. Pero en él se establece que todos los casos que estuvieran turnados antes de 2011 en una sección debían continuar ahí. No ocurrió así con el recurso de Azata, que se turnó y tramitó durante al menos cuatro años en la Primera pero fue sentenciado por la Tercera.
Los ecologistas denuncian en la querella que el cambio se produjo solo unos días antes del fallo. El TSJA, sin embargo, afirma que la sección Tercera se encargaba del caso desde marzo de 2012. “Llevaba más de un año en el armario del ponente [Jorge Muñoz Cortés]”, indican estas fuentes que, sin embargo, reconocen que no existe resolución alguna firmada por los magistrados de esa sección que pueda respaldar esta afirmación. Las partes personadas no supieron hasta un mes antes de la sentencia que era la Tercera la que deliberaría.
Estos movimientos han puesto en alerta a los ecologistas y a la Junta. En la querella que el grupo Salvemos Mojácar ha presentado contra los magistrados se afirma que el “presunto motivo” por el que se produjo el traslado de procedimientos de una sección a otra era “para poder dictar una sentencia contradictoria sin vulnerar el principio de igualdad”. Pero el miedo de los ecologistas va más allá de este último fallo. La sección Tercera es la que se pronunciará sobre otro fleco fundamental: la nulidad de la licencia de obras del hotel. La sentencia se espera para dentro de un par de semanas y, tras la última conocida, se teme otro volantazo en este enredado caso.
* El País - AMANDA MARS - 31.3.14
Foto: El hotel del Algarrobico, en Carboneras, cuyas obras se pararon en 2006. / FRANCISCO BONILLA
Denuncian un Plan de Infraestructuras del pasado
Continúa la irracionalidad y el despilfarro delictivo en infraestructuras por parte de los dirigentes del Gobierno. Todavía en plena crisis-estafa, la ministra de Fomento, A.Pastor, pretende llevar a cabo un nuevo Plan de infraestructuras claramente 'desarrollista', más propio del siglo pasado que del momento que vivimos. Algo incomprensible, salvo que haya 'intereses' ocultos para beneficiar a grandes empresas amigas y/o favores políticos que hacer a determinados territorios. Todas las organizaciones ambientales independientes lo han denunciado oportunamente ya que supone una nueva agresión al medio ambiente y al entorno, con importantes consecuencias sociales, ya que lo pagarán los ciudadanos de a pie, una vez más.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : El ministerio de Fomento vuelve a presentar un plan en el que se incluyen decenas de proyectos muy lesivos para el medio ambiente y despilfarradores de fondos públicos. Por ello, las principales organizaciones ambientales plantearán directamente al ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente su oposición a este plan y le demandarán acciones concretas para reducir su negativa incidencia sobre el entorno.
El pasado 12 de marzo terminó el periodo de información pública para la evaluación ambiental del Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda 2012-2024, PITVI, que promueve el ministerio de Fomento. Aprovechando una de sus reuniones periódicas, las principales organizaciones ambientales quieren hacer llegar directamente al ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente su profunda preocupación sobre el contenido de este plan.
El momento elegido es pertinente: ahora es cuando deben acordar ambos ministerios, Fomento y Medio Ambiente, una memoria ambiental en la que se definirán las determinaciones y restricciones que debería cumplir el PITVI. Pero, además, se está en plena polémica por la enorme cuantía –al menos 3.600 millones de euros– que supone el rescate de 9 autopistas privadas que prevé acometer el Gobierno.
Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF estamos ante un plan del pasado, sobre todo en lo referido a grandes infraestructuras de transporte. Un plan que pretende invertir 140.000 millones de euros para construir 12.000 kilómetros de infraestructuras lineales de alta capacidad (4.686,2 km de nuevas autovías y 7.289,3 km de líneas de alta velocidad ferroviaria), con los tremendos impactos ambientales que supone, y olvidando que ya somos récord europeo en kilómetros de estas infraestructuras y eso no nos ha hecho más resistentes a la crisis o ha generado empleo.
A juicio de las organizaciones ambientales, la evaluación ambiental que se ha realizado del PITVI es muy deficiente. Así, no se ha tomado en consideración una verdadera alternativa cero, como exige la ley –Ley 9/2006, artículo 8–, sino que se ha optado por comparar el escenario PITVI con respecto a lo que ocurriría si seguimos construyendo obras según el plan anterior, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, aprobado en 2005 por el anterior Gobierno socialista.
Usando esas comparaciones se llega a resultados esperpénticos. Por tomar un ejemplo de entre los muchos posibles, se plantea la afección a “zonas de interés paisajístico” (Informe de Sostenibilidad Ambiental, ISA, pág. 595) y se concluye para la carretera que “El efecto producido por las previsiones del PITVI es de menor magnitud que el existente en la situación actual o el producido por el PEIT”, y que por lo tanto resulta positivo. Es decir, 4.700 km de nuevas autovías serán beneficiosos para nuestro paisaje sencillamente porque se compara con un escenario aún peor, y no con la alternativa de no construirlos.
Del mismo modo se afirma que “Los incrementos de ocupación debidos a las infraestructuras viarias y ferroviarias previstas sobre la Red Natura (3.498 hectáreas) y sobre el conjunto de espacios de interés analizados […] son de escasa significación” (ISA, pág 493). Esto es, nada menos que 1.311 km de autovía y 1.847 km de alta velocidad ferroviaria afectarán a distintas categorías de espacios naturales protegidos, pero eso no parece relevante.
Otra cuestión a enfatizar es el hecho que aunque teóricamente el PITVI tiene por objetivo el delimitar las orientaciones estratégicas de las políticas de transporte y vivienda, de forma contradictoria con esta orientación incluye un listado de proyectos de autovías, líneas AVE, ampliaciones de puertos o aeropuertos ya definidos y concretos. Y más chocante aún es que estos proyectos incluyen muchos que ya se evaluaron en su día y que fueron rechazados por su fuerte impacto ambiental.
Por todos estos motivos, las organizaciones de defensa ambiental recordarán a los responsables políticos de medio ambiente que este plan tan desarrollista y ajeno a los intereses de la sociedad y tan agresivo para el medio ambiente, además supondrá el despilfarro de dinero público. Y esto ocurre cuando mayor es la sensibilidad ante los continuos recortes en prestaciones sociales o en mejoras ambientales, y justo también cuando surge la polémica sobre el rescate a las autopistas privadas en concurso de acreedores por falta de tráfico. Por eso, demandarán al ministerio que se oponga a los planes de Fomento haciendo valer su mandato de defensa del medio ambiente, planteando condiciones que limiten drásticamente los daños que provocaría el PITVI.
* Ecologistas en Acción - 31.3.14
Foto: AVE - diagonal
Cañete riega a las constructoras con 4.000 millones del trasvase del Ródano a Cataluña
Parece que los dirigentes de este país nunca aprenden de los errores cometidos y se siguen aventurando a programar nuevas infraestructuras faraónicas que, lógicamente, serán controvertidas y significarán un nuevo despilfarro delictivo del dinero público para beneficio de unos pocos 'amiguetes' empresariales. La iniciativa desmedida que propone el impresentable ministro Cañete supone construir un nuevo canal kilométrico para traer las aguas del Ródano a Cataluña y, posteriormente, a todo el Levante. Un auténtico disparate megalómano 'interesado' que solo va a traer disputas por todas las Comunidades de España y de Francia, y que ya se anuncia como la próxima guerra que viene: la del agua. Un bien escaso y muy cotizado hoy día.
"ELCONFIDENCIAL* : El Gobierno dará oxígeno a las constructoras reactivando la inversión pública gracias a los planes para un trasvase del Ródano. El impulsor del plan es el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que prepara un nueva planificación hidrológica cuyo proyecto estrella es el trasvase del Ródano desde Montpellier hasta las cuencas catalanas. Fuentes del sector de la construcción aseguran que se trata de una obra de 4.000 millones de euros que daría aire a las grandes constructoras españolas después de los tres últimos años, en los que la licitación pública ha languidecido.
Desde el Ministerio de Agricultura han preferido no pronunciarse. La misma postura han adoptado portavoces de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. Sin embargo, Arias Cañete ha mantenido varias reuniones con su homólogo en la responsabilidad de medioambiente en la Generalitat, Santi Vila, para analizar este nuevo trasvase entre Francia y España, según han explicado fuentes conocedoras de los contactos entre ambas Administraciones.
Estas fuentes han revelado que fue Santi Vila el que puso sobre la mesa de Arias Cañete la alternativa del trasvase del Ródano, una vieja idea que ya había querido impulsar Jordi Pujol durante los años noventa, cuando presidía la Generalitat.
Al contrario que entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recibido el proyecto con los brazos abiertos, vista la necesidad que tienen las constructoras españolas de que se les eche una mano. Tras la crisis de Sacyr en el Canal de Panamá, el Ejecutivo español ha identificado a los gigantes de la construcción de capital español como un sector clave para lo que se denomina la Marca España, dada su extensa internacionalización. Y desde Moncloa se muestran preocupados por la debilidad financiera de estas empresas pese a la reciente adjudicación para FCC y ACS de la línea 2 del Metro de Lima.
La sombra de un relevo
Precisamente una de las preocupaciones del Gobierno es que la posible candidatura de Arias Cañete como cabeza de lista del PP a las europeas no retrase el trasvase. La intención es que se empiecen a licitar las obras durante esta legislatura.
El trasvase del Ródano tiene algunas ventajas como plan de apoyo a las constructoras. Es una obra transeuropea, con lo que puede financiarse en buena parte con fondos comunitarios y con créditos blandos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que reduce en buena parte el coste para las exhaustas arcas públicas españolas.
Santi Vila y Arias Cañete tienen muy buena relación personal, algo de lo que se está beneficiando el futuro proyecto. En los encuentros, la Generalitat ha mantenido que dará todas las facilidades a la ejecución y tramitación de esta nueva infraestructura.
Exceso de caudal
El Ródano tiene un exceso de caudal que podría compensar las carencias hídricas del Levante español, filosofía de fondo que defiende el Gobierno. El caudal del río francés es de 1.700 m/seg, mucho mayor que el Ebro, con 438 m/seg o los 27 m/seg de la sobreexplotada cuenca del Ter, que es el río que alimenta a toda el área metropolitana de Barcelona.
La revisión del proyecto incluye un nuevo trazado al previsto hace años, que preveía que el tubo llegase hasta Cardedeu (Barcelona). En cambio, el nuevo recorrido plantea que el trasvase conecte con el centro de distribución de agua de Campredó, en Tarragona, a 360 kilómetros de Perpiñán y mucho más lejos que la alternativa anterior. Se trata de un itinerario más largo que permitiría conectar el agua traída de Francia con la cuenca del Ter, la más necesitada de estos recursos.
Cambio climático
El trasvase del Ródano ha de servir para garantizar el agua en todo el Levante español. Esta necesidad se ha puesto de manifiesto en un año como este 2014, en el que ha habido un invierno lluvioso pero sólo en la parte oeste de la Península. En cambio, en toda la parte oriental del país ha sido un invierno seco. Hay agua, pero se dibuja una tendencia en la que además se prevé que se reduzcan los períodos anuales entre sequía y sequía, con lo que estas serán más frecuentes.
El mismo problema lo tiene Francia. El Gobierno francés quiere llevar el trasvase hasta Perpiñán y esa oportunidad la quiere aprovechar el Ejecutivo español. Además, el proyecto encaja en las prioridades estratégicas marcadas desde Bruselas. Hay algunos problemas técnicos, como la energía que se consumirá para que el agua cruce los Pirineos. A largo plazo, la intención es prolongar el trasvase francés de Cataluña a la Comunidad Valenciana y Murcia.
* El Confidencial - Marcos Lamelas - 31.3.14
Foto: Cañete en el canal murciano - chsegura
La 'carrera de pillos' en la que la Iglesia siempre gana
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Que la Iglesia está interesada desde siempre en los bienes terrenales es algo que sabíamos, solo hay que recordar el escándalo del Banco Ambrosiano (Vaticano) en Italia. Aquí en en este país también y, pasito a pasito, se ha ido haciendo con un patrimonio extensísimo, que afecta no solo a los bienes inmuebles de su propiedad sino, incluso, al suelo donde se asientan. El registro de esos terrenos a su nombre se ha ido haciendo en silencio, con el consentimiento de las autoridades competentes, por supuesto, y ahora nos encontramos con que no solo las grandes catedrales, iglesias o ermitas están a su nombre, sino también casas parroquiales, locales, cementerios, prados, terrenos circundantes, etc.
"ELDIARIO* : Las inmatriculaciones son una "carrera de pillos". El primero que registra un pedazo de tierra que hasta ahora no era de nadie, gana. El que llega segundo al despacho del registrador tiene que demostrar que el primero se equivoca. Esos términos usa el catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, cuando explica cómo la Iglesia católica ha sido la más rápida, durante años, en el maratón de las inmatriculaciones. Y también, la más silenciosa.
Si no fuera porque en el año 2007 un investigador navarro, revolviendo en la historia de su pueblo, se topó con que el terreno en el que se levantaba su parroquia estaba inscrito a nombre de su respectivo arzobispado, no se habría levantado la liebre. "Pura casualidad", recalca Pascual Larunbe, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, creada a raíz de ese hallazgo.
"Al solicitar un par de notas simples, nos dimos cuenta de que era un asunto muy grave. Es lo que nosotros llamamos un escándalo monumental", recuerda Larunbe. Ermitas, iglesias, catedrales, basílicas, locales parroquiales pero también casas, atrios, cementerios, frontones, viñas, pastizales, prados, garajes... inscritos a nombre del Arzobispado de Pamplona y Tudela.
La única ocasión en la que se ha conseguido un listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia sucedió en Navarra en el año 2008. El grupo Izquierda-Ezkerra solicitó esa información a la presidenta del Parlamento autonómico, Elena Torres (PSOE). Ella cursó la petición al Ministerio de Justicia, presidido en ese momento por Mariano Fernández Bermejo (PSOE). Justicia trasladó el requerimiento a los registros de la propiedad correspondientes y, en cuatro meses, se obtuvo la respuesta: 1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007, de los cuales, un 80% son lugares de culto. No obstante, la información quedó incompleta, pues el Registro de la Propiedad número 3 de Pamplona se negó a proporcionarla.
El 'making of' de Navarra
"Si cada comunidad autónoma hiciera lo propio –propone Pascual Larunbe–, sabríamos de cuántos bienes estamos hablando en todo el Estado". Y se atreve a un cálculo, grosso modo: "Si en Navarra sólo conocemos 1.000 a partir de 1998, échale al menos otros 1.000 por las casas parroquiales de los más de 600 concejos navarros que puedan haber sido inmatriculados antes de ese año. Ahora multiplica 2.000 por las 50 provincias españolas, por decir algo. En todo el Estado deben de ser miles y miles, y económicamente no se puede valorar porque a la casa del cura le puedes poner un precio pero no a una catedral".
"Estamos reivindicando bienes públicos", añade. "A los ciudadanos les interesa saber qué está pasando con las ermitas y las casas de sus pueblos porque son ellos los que las han pagado". El patrimonio que la Iglesia está registrando a su nombre va desde la ermita de Santa Engracia en el pueblo zaragozano San Mateo de Gállego hasta la Mezquita-Catedral de Córdoba; desde las 29 fincas de pastos, viñas y olivares del pueblo navarro de Eslava hasta la mismísima catedral gótica de Tudela.
Pero la propuesta de Pascual Larunbe no está funcionando y la vía política se ha bloqueado con el Gobierno del PP. "Nosotros hicimos un calco del sistema navarro", admite Jorge A. García, presidente de la asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL). Ni las Cortes de Aragón ni la Mesa del Congreso de los Diputados pudieron cursar las peticiones de la Chunta Aragonesista.
Primero, el Ministerio de Justicia se declaró no competente y después aseguró que la responsabilidad de la publicidad de los datos es de los registradores. De postre, criticó que la manera en la que se obtuvo el listado navarro no era "el procedimiento propio" y que prueba de ello era que uno de los registradores se negara.
Tras la pista del IBI
De oca a oca, MHUEL se dirigió al Registro de la Propiedad. "Nos dijeron que carecemos de legitimación para pedir esa documentación" explica García. "Son contestaciones que hacen ruborizar", opina el portavoz de esta asociación en defensa del laicismo, cuyo objetivo ahora es "la concienciación" de cada ayuntamiento. "Con el tema de la exención del IBI se pueden detectar inmatriculaciones, pero tienen que ser los ayuntamientos los que saquen esa información si tienen voluntad política de hacerlo". Izquierda Unida y Chunta Aragonesista pidieron al Ayuntamiento de Zaragoza que lo hiciera, pero con la negativa del PP y la abstención del PSOE, la moción no salió adelante.
En Valencia, un tercer caso. La coalición Compromís registró dos proposiciones no de ley en las Cortes Valencianas. En la primera de ellas afirmaba que "algunos de estos bienes (casas y tierras) están siendo vendidos por el Arzobispado, obteniendo unos cuantiosos beneficios", por lo que la diputada Mònica Oltra instaba a la Generalitat a que consiguiera a través del Ministerio de Justicia un listado de inmatriculaciones realizadas por el Arzobispado de Valencia.
Un portavoz de Compromís recuerda que "la Mesa de Las Cortes, con mayoría del PP, la inadmitió por ser ofensiva con la Iglesia". "Hay que destacar –añade– que Juan Cotino, muy vinculado a la Iglesia católica, es el presidente de Les Corts y de la Mesa".
La Diócesis de Valencia ha inmatriculado, al menos, las ermitas de la Muntanyeta (Alberic) y la de la Virgen del Lluch (Alzira), además de la Fortaleza de Xàbia, "una torre defensiva mantenida y reformada por los ciudadanos con fondos públicos municipales", recalca la proposición. En la segunda de ellas se pedía que la Dirección General de Patrimonio tomara la iniciativa de inmatricular para "conservar el patrimonio valenciano en poder del pueblo".
eldiario.es ha preguntado al gabinete de prensa del Ministerio de Justicia por qué esta cartera no proporciona o facilita el acceso a la información sobre inmatriculaciones y su respuesta es la misma que en la vía política: diríjanse al departamento de prensa del Colegio de Registradores.
Desde el Colegio aclaran que "cada registrador tiene la facultad de elegir si proporciona o no esta información" . Al ser "jurisdiccional", unos pueden pensar "que prevalece el derecho a la información sobre la protección de datos, o no ". Esa independencia explica que la registradora del número 3 de Pamplona denegara la información al Ministerio de Justicia, una decisión que, según Pascual Larunbe, podría tener que ver con que se trata de "una conocida miembro del Opus". "Ya está bien que una registradora incumpla su deber profesional de proporcionar una documentación que es pública y ha sido solicitada en toda regla", se queja.
"El Registro de la Propiedad es independiente de la política", explica una portavoz del Colegio, "actúa con criterios de su jurisdicción y no con criterios políticos". Preguntados por si en el hipotético caso de recibir una orden del Ministerio de Justicia podría el Colegio de Registradores recabar de todos los registros de España las inmatriculaciones de la Iglesia católica en el conjunto del Estado español, la respuesta es sí, el Colegio podría hacerlo.
Perder el juicio
Ser el más rápido en "la carrera de pillos" no asegura la victoria. Xabier Iltzarbe cuenta con "bastante rabia y desilusión" la historia de la ermita de su pueblo, Garísoain (Navarra), del cual él es el alcalde. Alertado, Iltzarbe comprobó que la ermita de Nuestra Señora del Pilar no estaba inmatriculada, así que la inscribió a nombre del concejo de su pueblo. Al darse cuenta el obispo, demandó al municipio reclamando la propiedad de la ermita. El juicio, en los Juzgados de Primera Instancia de Estella-Lizarra, se celebró en 2011 y lo perdió el Arzobispado. Pero no contento con el resultado, lo recurrió en la Audiencia Provincial. La apelación cambió el sentido de la sentencia y concedió a la Iglesia la titularidad de la ermita. La prueba decisiva fue la aportación de un título de propiedad a nombre de la Diócesis sobre el terreno que la circunda.
"Somos un pueblo pequeño –relata Iltzarbe–, y ahora tenemos que pagar las costas del juicio, pero no tenemos dinero porque ya estamos pagando un crédito que pedimos para hacer un frontón". La paradoja llega a la hora de buscar financiación para pagar las costas judiciales: "Le hemos ofrecido al obispo un trato para vender un terreno urbanizable que tenemos a medias la Diócesis y el Ayuntamiento y, si lo vendemos, sacaríamos de ahí el dinero para pagar el juicio que hemos perdido contra ellos".
En opinión del alcalde, este ha sido "un juicio político" que no pensaban que iban a perder. "En Navarra, tanto la Iglesia como el Opus tienen mucho poder" y, "si se da batalla, es de ciudadanos de a pie, de concejos, pero no de la élite, que sigue siendo muy derechona".
Diez años para reclamar
Mejor acabó el juicio del obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, sobrino del expresidente de la Conferencia Episcopal, contra 53 vecinos de la aldea de Ribadulla (A Coruña) que inmatricularon un campo. El denominado "campo da festa" o "campo do cruceiro" es un terreno rústico que la Diócesis quería vender junto a una casa parroquial. Pero los vecinos fueron más rápidos. El juez de Arzúa los absolvió.
Pero esta batalla, explican los que la libran, no puede ser de los David contra el gran Goliat. Carmen Urriza, de la Plataforma Navarra, reclama que sin un inventario general "no sabemos de lo que estamos hablando" y que, aunque en Navarra el tiempo para reclamar una inmatriculación es de 20 años, en el resto del país es sólo de 10. Para la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, el plazo se cumple en 2016.
"Las inmatriculaciones son inconstitucionales"
Gracias al art. 206 de la Ley Hipotecaria y al art. 304 del Reglamento Hipotecario, los obispos quedan equiparados a otros funcionarios públicos de las diferentes administraciones a la hora de certificar que un bien es suyo, con el objetivo de inmatricularlo.
Inmatricular significa inscribir un bien inmueble, por primera vez, en el Registro de la Propiedad. Y aunque es cierto que la inmatriculación no da automáticamente la propiedad del bien, a la larga sí la otorga si nadie la cuestiona.
Sólo un funcionario público a cuyo cargo esté la Administración del Estado, la provincia o el municipio puede emitir certificaciones de dominio. Pero el art. 304 del Reglamento Hipotecario recoge que, cuando los bienes son de la Iglesia católica, el diocesano –obispo o arzobispo– puede hacerlo también. Por eso las diócesis están inmatriculando sin freno, incluyendo templos gracias a la reforma hipotecaria que hizo el Gobierno de Aznar en 1998. Hasta esa fecha, los templos no eran susceptibles de ser inscritos en el Registro de la Propiedad.
Para el catedrático Alejandro Torres, los citados artículos de la Ley Hipotecaria de 1966 son inconstitucionales, pues van en contra del principio de laicidad del Estado. "Si ninguna confesión tendrá carácter estatal", el profesor Torres se pregunta "¿cómo es que los obispos pueden emitir unos certificados de dominio que les equipara a los notarios?".
Según estos expertos, los artículos que respaldan esta masiva campaña de inmatriculaciones son inconstitucionales porque van no sólo contra el principio de laicidad del Estado, sino también contra el de igualdad, pues concede a la Iglesia un privilegio que no tienen las demás confesiones.
* El Diario - Elena Cabrera - 30.3.14
Foto: La ermita de Santa María de Eunate es una joya románica construida en el siglo XII que aparece en el listado de 1.087 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en Navarra. / Foto: Roberto Cacho Toca (CC)
