Parece que los dirigentes de este país nunca aprenden de los errores cometidos y se siguen aventurando a programar nuevas infraestructuras faraónicas que, lógicamente, serán controvertidas y significarán un nuevo despilfarro delictivo del dinero público para beneficio de unos pocos 'amiguetes' empresariales. La iniciativa desmedida que propone el impresentable ministro Cañete supone construir un nuevo canal kilométrico para traer las aguas del Ródano a Cataluña y, posteriormente, a todo el Levante. Un auténtico disparate megalómano 'interesado' que solo va a traer disputas por todas las Comunidades de España y de Francia, y que ya se anuncia como la próxima guerra que viene: la del agua. Un bien escaso y muy cotizado hoy día.
"ELCONFIDENCIAL* : El Gobierno dará oxígeno a las constructoras reactivando la inversión pública gracias a los planes para un trasvase del Ródano. El impulsor del plan es el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que prepara un nueva planificación hidrológica cuyo proyecto estrella es el trasvase del Ródano desde Montpellier hasta las cuencas catalanas. Fuentes del sector de la construcción aseguran que se trata de una obra de 4.000 millones de euros que daría aire a las grandes constructoras españolas después de los tres últimos años, en los que la licitación pública ha languidecido.
Desde el Ministerio de Agricultura han preferido no pronunciarse. La misma postura han adoptado portavoces de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. Sin embargo, Arias Cañete ha mantenido varias reuniones con su homólogo en la responsabilidad de medioambiente en la Generalitat, Santi Vila, para analizar este nuevo trasvase entre Francia y España, según han explicado fuentes conocedoras de los contactos entre ambas Administraciones.
Estas fuentes han revelado que fue Santi Vila el que puso sobre la mesa de Arias Cañete la alternativa del trasvase del Ródano, una vieja idea que ya había querido impulsar Jordi Pujol durante los años noventa, cuando presidía la Generalitat.
Al contrario que entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recibido el proyecto con los brazos abiertos, vista la necesidad que tienen las constructoras españolas de que se les eche una mano. Tras la crisis de Sacyr en el Canal de Panamá, el Ejecutivo español ha identificado a los gigantes de la construcción de capital español como un sector clave para lo que se denomina la Marca España, dada su extensa internacionalización. Y desde Moncloa se muestran preocupados por la debilidad financiera de estas empresas pese a la reciente adjudicación para FCC y ACS de la línea 2 del Metro de Lima.
La sombra de un relevo
Precisamente una de las preocupaciones del Gobierno es que la posible candidatura de Arias Cañete como cabeza de lista del PP a las europeas no retrase el trasvase. La intención es que se empiecen a licitar las obras durante esta legislatura.
El trasvase del Ródano tiene algunas ventajas como plan de apoyo a las constructoras. Es una obra transeuropea, con lo que puede financiarse en buena parte con fondos comunitarios y con créditos blandos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que reduce en buena parte el coste para las exhaustas arcas públicas españolas.
Santi Vila y Arias Cañete tienen muy buena relación personal, algo de lo que se está beneficiando el futuro proyecto. En los encuentros, la Generalitat ha mantenido que dará todas las facilidades a la ejecución y tramitación de esta nueva infraestructura.
Exceso de caudal
El Ródano tiene un exceso de caudal que podría compensar las carencias hídricas del Levante español, filosofía de fondo que defiende el Gobierno. El caudal del río francés es de 1.700 m/seg, mucho mayor que el Ebro, con 438 m/seg o los 27 m/seg de la sobreexplotada cuenca del Ter, que es el río que alimenta a toda el área metropolitana de Barcelona.
La revisión del proyecto incluye un nuevo trazado al previsto hace años, que preveía que el tubo llegase hasta Cardedeu (Barcelona). En cambio, el nuevo recorrido plantea que el trasvase conecte con el centro de distribución de agua de Campredó, en Tarragona, a 360 kilómetros de Perpiñán y mucho más lejos que la alternativa anterior. Se trata de un itinerario más largo que permitiría conectar el agua traída de Francia con la cuenca del Ter, la más necesitada de estos recursos.
Cambio climático
El trasvase del Ródano ha de servir para garantizar el agua en todo el Levante español. Esta necesidad se ha puesto de manifiesto en un año como este 2014, en el que ha habido un invierno lluvioso pero sólo en la parte oeste de la Península. En cambio, en toda la parte oriental del país ha sido un invierno seco. Hay agua, pero se dibuja una tendencia en la que además se prevé que se reduzcan los períodos anuales entre sequía y sequía, con lo que estas serán más frecuentes.
El mismo problema lo tiene Francia. El Gobierno francés quiere llevar el trasvase hasta Perpiñán y esa oportunidad la quiere aprovechar el Ejecutivo español. Además, el proyecto encaja en las prioridades estratégicas marcadas desde Bruselas. Hay algunos problemas técnicos, como la energía que se consumirá para que el agua cruce los Pirineos. A largo plazo, la intención es prolongar el trasvase francés de Cataluña a la Comunidad Valenciana y Murcia.
* El Confidencial - Marcos Lamelas - 31.3.14
Foto: Cañete en el canal murciano - chsegura
Cañete riega a las constructoras con 4.000 millones del trasvase del Ródano a Cataluña
La 'carrera de pillos' en la que la Iglesia siempre gana
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Que la Iglesia está interesada desde siempre en los bienes terrenales es algo que sabíamos, solo hay que recordar el escándalo del Banco Ambrosiano (Vaticano) en Italia. Aquí en en este país también y, pasito a pasito, se ha ido haciendo con un patrimonio extensísimo, que afecta no solo a los bienes inmuebles de su propiedad sino, incluso, al suelo donde se asientan. El registro de esos terrenos a su nombre se ha ido haciendo en silencio, con el consentimiento de las autoridades competentes, por supuesto, y ahora nos encontramos con que no solo las grandes catedrales, iglesias o ermitas están a su nombre, sino también casas parroquiales, locales, cementerios, prados, terrenos circundantes, etc.
"ELDIARIO* : Las inmatriculaciones son una "carrera de pillos". El primero que registra un pedazo de tierra que hasta ahora no era de nadie, gana. El que llega segundo al despacho del registrador tiene que demostrar que el primero se equivoca. Esos términos usa el catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, cuando explica cómo la Iglesia católica ha sido la más rápida, durante años, en el maratón de las inmatriculaciones. Y también, la más silenciosa.
Si no fuera porque en el año 2007 un investigador navarro, revolviendo en la historia de su pueblo, se topó con que el terreno en el que se levantaba su parroquia estaba inscrito a nombre de su respectivo arzobispado, no se habría levantado la liebre. "Pura casualidad", recalca Pascual Larunbe, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, creada a raíz de ese hallazgo.
"Al solicitar un par de notas simples, nos dimos cuenta de que era un asunto muy grave. Es lo que nosotros llamamos un escándalo monumental", recuerda Larunbe. Ermitas, iglesias, catedrales, basílicas, locales parroquiales pero también casas, atrios, cementerios, frontones, viñas, pastizales, prados, garajes... inscritos a nombre del Arzobispado de Pamplona y Tudela.
La única ocasión en la que se ha conseguido un listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia sucedió en Navarra en el año 2008. El grupo Izquierda-Ezkerra solicitó esa información a la presidenta del Parlamento autonómico, Elena Torres (PSOE). Ella cursó la petición al Ministerio de Justicia, presidido en ese momento por Mariano Fernández Bermejo (PSOE). Justicia trasladó el requerimiento a los registros de la propiedad correspondientes y, en cuatro meses, se obtuvo la respuesta: 1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007, de los cuales, un 80% son lugares de culto. No obstante, la información quedó incompleta, pues el Registro de la Propiedad número 3 de Pamplona se negó a proporcionarla.
El 'making of' de Navarra
"Si cada comunidad autónoma hiciera lo propio –propone Pascual Larunbe–, sabríamos de cuántos bienes estamos hablando en todo el Estado". Y se atreve a un cálculo, grosso modo: "Si en Navarra sólo conocemos 1.000 a partir de 1998, échale al menos otros 1.000 por las casas parroquiales de los más de 600 concejos navarros que puedan haber sido inmatriculados antes de ese año. Ahora multiplica 2.000 por las 50 provincias españolas, por decir algo. En todo el Estado deben de ser miles y miles, y económicamente no se puede valorar porque a la casa del cura le puedes poner un precio pero no a una catedral".
"Estamos reivindicando bienes públicos", añade. "A los ciudadanos les interesa saber qué está pasando con las ermitas y las casas de sus pueblos porque son ellos los que las han pagado". El patrimonio que la Iglesia está registrando a su nombre va desde la ermita de Santa Engracia en el pueblo zaragozano San Mateo de Gállego hasta la Mezquita-Catedral de Córdoba; desde las 29 fincas de pastos, viñas y olivares del pueblo navarro de Eslava hasta la mismísima catedral gótica de Tudela.
Pero la propuesta de Pascual Larunbe no está funcionando y la vía política se ha bloqueado con el Gobierno del PP. "Nosotros hicimos un calco del sistema navarro", admite Jorge A. García, presidente de la asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL). Ni las Cortes de Aragón ni la Mesa del Congreso de los Diputados pudieron cursar las peticiones de la Chunta Aragonesista.
Primero, el Ministerio de Justicia se declaró no competente y después aseguró que la responsabilidad de la publicidad de los datos es de los registradores. De postre, criticó que la manera en la que se obtuvo el listado navarro no era "el procedimiento propio" y que prueba de ello era que uno de los registradores se negara.
Tras la pista del IBI
De oca a oca, MHUEL se dirigió al Registro de la Propiedad. "Nos dijeron que carecemos de legitimación para pedir esa documentación" explica García. "Son contestaciones que hacen ruborizar", opina el portavoz de esta asociación en defensa del laicismo, cuyo objetivo ahora es "la concienciación" de cada ayuntamiento. "Con el tema de la exención del IBI se pueden detectar inmatriculaciones, pero tienen que ser los ayuntamientos los que saquen esa información si tienen voluntad política de hacerlo". Izquierda Unida y Chunta Aragonesista pidieron al Ayuntamiento de Zaragoza que lo hiciera, pero con la negativa del PP y la abstención del PSOE, la moción no salió adelante.
En Valencia, un tercer caso. La coalición Compromís registró dos proposiciones no de ley en las Cortes Valencianas. En la primera de ellas afirmaba que "algunos de estos bienes (casas y tierras) están siendo vendidos por el Arzobispado, obteniendo unos cuantiosos beneficios", por lo que la diputada Mònica Oltra instaba a la Generalitat a que consiguiera a través del Ministerio de Justicia un listado de inmatriculaciones realizadas por el Arzobispado de Valencia.
Un portavoz de Compromís recuerda que "la Mesa de Las Cortes, con mayoría del PP, la inadmitió por ser ofensiva con la Iglesia". "Hay que destacar –añade– que Juan Cotino, muy vinculado a la Iglesia católica, es el presidente de Les Corts y de la Mesa".
La Diócesis de Valencia ha inmatriculado, al menos, las ermitas de la Muntanyeta (Alberic) y la de la Virgen del Lluch (Alzira), además de la Fortaleza de Xàbia, "una torre defensiva mantenida y reformada por los ciudadanos con fondos públicos municipales", recalca la proposición. En la segunda de ellas se pedía que la Dirección General de Patrimonio tomara la iniciativa de inmatricular para "conservar el patrimonio valenciano en poder del pueblo".
eldiario.es ha preguntado al gabinete de prensa del Ministerio de Justicia por qué esta cartera no proporciona o facilita el acceso a la información sobre inmatriculaciones y su respuesta es la misma que en la vía política: diríjanse al departamento de prensa del Colegio de Registradores.
Desde el Colegio aclaran que "cada registrador tiene la facultad de elegir si proporciona o no esta información" . Al ser "jurisdiccional", unos pueden pensar "que prevalece el derecho a la información sobre la protección de datos, o no ". Esa independencia explica que la registradora del número 3 de Pamplona denegara la información al Ministerio de Justicia, una decisión que, según Pascual Larunbe, podría tener que ver con que se trata de "una conocida miembro del Opus". "Ya está bien que una registradora incumpla su deber profesional de proporcionar una documentación que es pública y ha sido solicitada en toda regla", se queja.
"El Registro de la Propiedad es independiente de la política", explica una portavoz del Colegio, "actúa con criterios de su jurisdicción y no con criterios políticos". Preguntados por si en el hipotético caso de recibir una orden del Ministerio de Justicia podría el Colegio de Registradores recabar de todos los registros de España las inmatriculaciones de la Iglesia católica en el conjunto del Estado español, la respuesta es sí, el Colegio podría hacerlo.
Perder el juicio
Ser el más rápido en "la carrera de pillos" no asegura la victoria. Xabier Iltzarbe cuenta con "bastante rabia y desilusión" la historia de la ermita de su pueblo, Garísoain (Navarra), del cual él es el alcalde. Alertado, Iltzarbe comprobó que la ermita de Nuestra Señora del Pilar no estaba inmatriculada, así que la inscribió a nombre del concejo de su pueblo. Al darse cuenta el obispo, demandó al municipio reclamando la propiedad de la ermita. El juicio, en los Juzgados de Primera Instancia de Estella-Lizarra, se celebró en 2011 y lo perdió el Arzobispado. Pero no contento con el resultado, lo recurrió en la Audiencia Provincial. La apelación cambió el sentido de la sentencia y concedió a la Iglesia la titularidad de la ermita. La prueba decisiva fue la aportación de un título de propiedad a nombre de la Diócesis sobre el terreno que la circunda.
"Somos un pueblo pequeño –relata Iltzarbe–, y ahora tenemos que pagar las costas del juicio, pero no tenemos dinero porque ya estamos pagando un crédito que pedimos para hacer un frontón". La paradoja llega a la hora de buscar financiación para pagar las costas judiciales: "Le hemos ofrecido al obispo un trato para vender un terreno urbanizable que tenemos a medias la Diócesis y el Ayuntamiento y, si lo vendemos, sacaríamos de ahí el dinero para pagar el juicio que hemos perdido contra ellos".
En opinión del alcalde, este ha sido "un juicio político" que no pensaban que iban a perder. "En Navarra, tanto la Iglesia como el Opus tienen mucho poder" y, "si se da batalla, es de ciudadanos de a pie, de concejos, pero no de la élite, que sigue siendo muy derechona".
Diez años para reclamar
Mejor acabó el juicio del obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, sobrino del expresidente de la Conferencia Episcopal, contra 53 vecinos de la aldea de Ribadulla (A Coruña) que inmatricularon un campo. El denominado "campo da festa" o "campo do cruceiro" es un terreno rústico que la Diócesis quería vender junto a una casa parroquial. Pero los vecinos fueron más rápidos. El juez de Arzúa los absolvió.
Pero esta batalla, explican los que la libran, no puede ser de los David contra el gran Goliat. Carmen Urriza, de la Plataforma Navarra, reclama que sin un inventario general "no sabemos de lo que estamos hablando" y que, aunque en Navarra el tiempo para reclamar una inmatriculación es de 20 años, en el resto del país es sólo de 10. Para la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, el plazo se cumple en 2016.
"Las inmatriculaciones son inconstitucionales"
Gracias al art. 206 de la Ley Hipotecaria y al art. 304 del Reglamento Hipotecario, los obispos quedan equiparados a otros funcionarios públicos de las diferentes administraciones a la hora de certificar que un bien es suyo, con el objetivo de inmatricularlo.
Inmatricular significa inscribir un bien inmueble, por primera vez, en el Registro de la Propiedad. Y aunque es cierto que la inmatriculación no da automáticamente la propiedad del bien, a la larga sí la otorga si nadie la cuestiona.
Sólo un funcionario público a cuyo cargo esté la Administración del Estado, la provincia o el municipio puede emitir certificaciones de dominio. Pero el art. 304 del Reglamento Hipotecario recoge que, cuando los bienes son de la Iglesia católica, el diocesano –obispo o arzobispo– puede hacerlo también. Por eso las diócesis están inmatriculando sin freno, incluyendo templos gracias a la reforma hipotecaria que hizo el Gobierno de Aznar en 1998. Hasta esa fecha, los templos no eran susceptibles de ser inscritos en el Registro de la Propiedad.
Para el catedrático Alejandro Torres, los citados artículos de la Ley Hipotecaria de 1966 son inconstitucionales, pues van en contra del principio de laicidad del Estado. "Si ninguna confesión tendrá carácter estatal", el profesor Torres se pregunta "¿cómo es que los obispos pueden emitir unos certificados de dominio que les equipara a los notarios?".
Según estos expertos, los artículos que respaldan esta masiva campaña de inmatriculaciones son inconstitucionales porque van no sólo contra el principio de laicidad del Estado, sino también contra el de igualdad, pues concede a la Iglesia un privilegio que no tienen las demás confesiones.
* El Diario - Elena Cabrera - 30.3.14
Foto: La ermita de Santa María de Eunate es una joya románica construida en el siglo XII que aparece en el listado de 1.087 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en Navarra. / Foto: Roberto Cacho Toca (CC)
El juez Ruz vincula la corrupción de los Pujol y la Gürtel a través de la inmobiliaria Neu 1500
Empiezan a salir a la luz más casos de corrupción urbanística en las altas esferas político-empresariales de Cataluña, algo que aquí ya habíamos advertido, pero que se ha tratado de ocultar por los medios durante décadas. Ahora aparecen nuevos vínculos entre el caso Gürtel y los escándalos de corrupción relacionados con el clan Pujol (Jordi, Oriol, etc) y CiU. Por supuesto hay datos que lo relacionan también con el extesorero del PP, Bárcenas, lo cual confirma que las relaciones de clase y monetarias están por encima de nacionalismos y banderas. Ya se sabe que el dinero y la corrupción no tienen colores, se pueden 'aparentar' diferencias políticas pero, al final, el poder impune termina siempre corrompiéndose.
"ELCONFIDENCIAL* : El instructor del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, acaba de reclamar a una inmobiliaria catalana que aporte “de forma urgente” a su juzgado documentación sobre operaciones que el extesorero del PP Luis Bárcenas habría realizado con fondos de la presunta caja B del partido. La promotora inmobiliaria, Neu 1500 SL (Ruz la denomina por error Nou 1500 SL), ya había aparecido con anterioridad en el sumario, pero es la primera vez que el juez pide a sus administradores que aclaren un movimiento de fondos que podría ser relevante para la causa. No es un paso cualquiera. La entrada en escena de esta sociedad establece un nuevo vínculo entre el caso Gürtel y los escándalos de corrupción relacionados con el clan Pujol que han sacudido Cataluña en los últimos años.
En un auto dictado el pasado viernes por la tarde, Ruz da tres días al representante legal de Neu 1500 SL para que aporte en su juzgado “toda la información y documentación de que disponga relativa a la justificación del ingreso efectuado” en una cuenta a su nombre en el Banco Santander. El pago fue efectuado por la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Ascendió a 149.000 euros y fue disfrazado con el concepto “remesas de cheques”.
La operación tuvo lugar el 11 de abril de 2005 y la imposición fue cargada contra una cuenta de Rosalía Iglesias en Caja Madrid. Presumiblemente, tenía por objeto sufragar la adquisición de un chalé en Baqueira valorado en 900.000 euros que el matrimonio había comprado a la promotora inmobiliaria, pero el instructor de Gürtel quiere aclarar cómo llegó ese dinero a la cuenta de la mujer del extesorero y cuál fue exactamente el destino de los fondos.
Dos grandes corporaciones catalanas
Ahí es donde entra Neu 1500 SL, que deberá enviar todos los datos sobre la operación a la Audiencia Nacional. El nombre de esta inmobiliaria no es muy conocido, ni siquiera en Cataluña, donde tiene su sede social. Pero los grupos empresariales que acaparan su accionariado tienen más fama. Se trata de Teyco y Copisa, dos grandes corporaciones que poseen cada una el 50% de las participaciones de la promotora y tienen estrechos vínculos con el clan Pujol, la familia más poderosa de la historia reciente de Cataluña.
Teyco es una constructora de mediano tamaño que facturó 82 millones de euros en 2012. Está controlada por la familia Sumarroca, que también es propietaria de bodegas, explotaciones e industrias hortofrutícolas e inversiones en un amplio abanico de negocios. El cabeza de familia, Carlos Sumarroca Coixet, fue uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), las siglas de Jordi Pujol y Artur Mas. Y el actual jefe del clan, Carlos Sumarroca Claverol, es uno de los grandes empresarios que ha respaldado públicamente los planes independentistas de CiU.
El éxito del grupo de los Sumarroca ha ido aparejado a la hegemonía política de CiU. En diciembre de 2012, Javier de la Rosa, el financiero catalán condenado por el caso Grand Tibidabo, estableció otro vínculo. El empresario declaró ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que Carles Sumarroca era un testaferro de Jordi Pujol, y que el expresidente de la Generalitat de Catalunya lo había utilizado para evadir su fortuna a Suiza y Liechtenstein. De la Rosa también denunció que estaba sufriendo amenazas para que no contara a nadie esa relación. Un año después, el financiero se negó a ratificar esas acusaciones ante la Justicia.
Pujol y Sumarroca, una relación familiar
La relación entre ambas familias es tan cercana que la esposa de Carlos Sumarroca Coixet, Nuria Claverol, y la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, llegaron a compartir una empresa de flores y jardinería, Hidroplant. Los vínculos entre los dueños de Teyco y la familia Pujol han seguido incluso con la siguiente generación. La matriz de Teyco adquirió una empresa de informes medioambientales que había sido fundada por Pere Pujol Ferrusola y también ha contratado los servicios como arquitecta de Marta Pujol Ferrusola, una de las dos hijas del expresidente.
Además, los Sumarroca fueron accionistas durante un tiempo de Tipel, la empresa peletera del exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y hombre de confianza de Jordi Pujol, que fue detenido en 2009 por presuntos delitos de corrupción urbanística en el marco de la operación Pretoria. El propio Artur Mas fue gerente de Tipel antes de dar el salto a la política y convertirse en presidente del Gobierno catalán. Por todos los sitios por los que han pasado Pujol y Mas merodea también el rastro del clan Sumarroca.
Donantes del Palau y UDC
La otra firma presente en el accionariado de Neu 1500 SL, Copisa (Constructora Pirenaica SA), también aparece involucrada en numerosos escándalos próximos a CiU. Se trata de otra importante inmobiliaria catalana controlada en este caso por la conocida familia Cornadó, que posee decenas de sociedades agrupadas en el holding Comapa. En 2012, Copisa facturó 517 millones de euros y tenía en plantilla a 700 trabajadores. En su página web, la inmobiliaria atribuye parte de sus excelentes resultados a su "ética profesional". Sin embargo, el líder del clan, Josep Cornadó Mateu, acaba de ser procesado en una presunta trama de financiación irregular ligada a Unió Democràtica de Catalunya (UDC). La constructora habría ayudado a la formación a desviar fondos de procedencia ilícita.
Copisa figura además como uno de los donantes destacados de la Fundación del Palau de la Música, otro de los grandes casos de corrupción vinculados con CIU. Entre 2007 y 2009, el grupo de los Cornadó aportó 700.000 euros a las arcas de la fundación. Gran parte de esa donación acabó siendo presuntamente desviada a las arcas del partido de Artur Mas a cambio de licitaciones públicas.
El gigante inmobiliario catalán ya llegó a la mesa de Ruz por otra vía el pasado mes de febrero. Un informe de la Agencia Tributaria concluyó que Copisa es una de las mercantiles que abonó facturas de más de 200.000 euros a mercantiles de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente, por supuestos servicios de intermediación empresarial. El juez de la Audiencia Nacional investiga si esos pagos se hicieron a cambio de alguno de los numerosos contratos que la Administración catalana ha concedido a Copisa en los últimos años.
Menciones en los papeles de Bárcenas
La inmobiliaria catalana había aparecido con anterioridad en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investigan los papeles de Bárcenas, aunque sin la implicación de Teyco y como una más de las empresas que había aportado supuestamente fondos a la caja B del PP. En concreto, los documentos del extesorero de los populares atribuyen a Copisa ocho pagos a Génova por importe de 362.000 euros. La inmobiliaria negó a Ruz el pasado mes de enero haber realizado esos pagos, al igual que casi todas las empresas que son mencionadas en esos documentos.
Pero el instructor del caso de corrupción más importante que haya afectado nunca al Partido Popular ha vuelto ahora a centrar el foco en una sociedad vinculada con Copisa. En esta ocasión, se trata de una mercantil compartida en la misma proporción por dos clanes familiares conectados con los grandes escándalos del clan Pujol y CiU. Las diligencias ordenadas por Ruz pueden arrojar nueva luz sobre el vínculo de la corrupción catalana con la trama ligada al PP. El magistrado ha exigido a Neu 1500 SL que envíe la documentación requerida en un plazo máximo de tres días a contar desde la recepción del auto.
* El Confidencial - José María Olmo - 1.4.14
Foto: Oriol Pujol (d) junto a su madre, Marta Ferrusola (c), y Jordi Pujol (2i)
Los guardas forestales, con las alas cortadas
Parece que las leyes se hacen actualmente sin pensarse demasiado o, quizás, para favorecer intereses especulativos inconfesables. La nueva Ley de Montes que el ministro Cañete pretende aplicar establece que los guardas forestales no podrán denunciar ante la fiscalía o el juez posibles delitos. Como se sabe, estos agentes eran muchas veces los encargados de vigilar el territorio en toda su amplitud, sobre todo en los puntos forestales más delicados. Pues con la nueva ley ya no podrán hacerlo, lo que puede impedir la necesaria denuncia en casos de excesos o de construcciones en suelo rústico. Algo que, visto lo que ha pasado en este país en las últimas décadas, resulta impensable y sospechoso de que se haga para favorecer la ilegalidad urbanística. Otra aberración más.
"ELPAÍS* : Son los notarios de los bosques, quienes perciben si la noche anterior han estado merodeando cazadores furtivos, si se están levantando construcciones sin permiso o dan la voz de alarma ante envenenamientos, incendios o cualquier otro abuso a la naturaleza. Hasta ahora, los agentes forestales podían acudir directamente a la fiscalía o los juzgados a denunciar posibles delitos. Con la nueva Ley de Montes, que modifica la de 2003 y acaba de terminar su periodo de exposición pública, tendrán que reportarlo a las Administraciones de las que dependen, de carácter regional, y serán ellas quienes los tramiten.
El colectivo, formado por unos 6.000 agentes en toda España, teme que muchas de sus denuncias se queden por el camino. Sienten que les están cortando sus competencias de policía judicial, y que les asigna la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), niega que se cambien esas funciones, “al menos en sentido genérico”. “Los agentes también deben de actuar de acuerdo con la estructura funcional en la que están incardinados, algo que resulta lógico”, razona un portavoz del Magrama. “En la práctica se traduce en que si han de denunciar o practicar las primeras diligencias en caso de un posible ilícito penal, deberán informar simultáneamente a la fiscalía y a sus superiores jerárquicos, con lo que se consigue una mayor coordinación”, añade.
Pero el nuevo artículo 58, en el que se fija este cambio en la forma de proceder, no se habla de “información simultánea”. Fija que sean los órganos administrativos a los que pertenezcan los agentes forestales quienes establezcan “los cauces adecuados para garantizar la remisión a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de aquellos supuestos en que aparentemente los hechos pudieran ser delictivos”.
“Lo que no se puede permitir en ningún caso es que personas ajenas a la fiscalía o los juzgados decidan qué es delito o no”, consideran fuentes de la fiscalía de Medio Ambiente.
En los últimos años, comunidades como La Rioja, Murcia, Madrid o Cataluña, ya han intentado controlar las denuncias que parten de sus agentes forestales. La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, publicada en 2013, considera superadas las reticencias de “determinados representes superiores” de los agentes forestales a que puedan presentar las denuncias directamente en Fiscalía.
El borrador de la nueva Ley de Montes todavía no es definitivo, ya que el ministerio puede introducir cambios y debe de aprobarse en las Cortes. En una de las últimas reuniones del Comité Asesor de Medio de Ambiente, a la que acudieron representantes de las cinco principales ONG y representantes sindicales de este colectivo, se les explicó que, como los agentes forestales no son juristas, se pretende hacer de filtro para que no haya avalanchas de denuncias que pueden no prosperar, coinciden varias fuentes.
La explicación no convenció a los principales afectados. “Nos quieren cortar las alas y no es la primera vez que lo intentan”, resume José Araujo Díaz, agente forestal y representante de UGT. “Somos un colectivo independiente, ya que las policías locales están muy sujetas a sus Ayuntamientos”, añade. “La Comunidad de Madrid ya ha emitido notas internas en las que se ordena notificar previamente todas las denuncias que se interpongan”, cuenta.
Francisco Cabezos, secretario de salud laboral y medio ambiente de CC OO, recuerda precedentes en Castilla-La Mancha o Cataluña, en los que se ha tenido que rectificar. “La relación con la fiscalía es extremadamente cordial, los resultados son excelentes”, añade Cabezos.
La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente incide en el “loable voluntarismo y compromiso” del colectivo. “Hay que encontrar la fórmula más eficaz y rápida de comunicar esa información”, consideran fuentes de esta fiscalía especializada. Las denuncias deben llegar en un plazo razonablemente breve y se debe de dejar la capacidad de decisión sobre si se tramita o no, siempre, a jueces o fiscales, insisten.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 30.3.14
Foto: Bosque - medioambientales
El espejismo de las radiales de Madrid: de esperar 30.000 coches/día a recibir menos de 5.000
El despilfarro delictivo en infraestructuras continúa teniendo graves consecuencias en la economía y el territorio de gran parte del país. Las autopistas radiales de peaje en Madrid fueron en su día criticadas por algunos, mientras la mayoría de medios aplaudían este proyecto megalómano de Aznar, Cascos, Gallardón y Aguirre; pero el tiempo ha terminado por dar la razón a esos pocos que criticábamos el disparate mayúsculo de su construcción. Ahora, el Gobierno 'popular', con la ministra de Fomento A.Pastor al frente, ha decidido su rescate económico ante la quiebra, algo que significa un nuevo delito contra los ciudadanos. Como se está viendo al fin, las cifras de circulación estaban infladas partidistamente para tratar de disimular el pelotazo urbanístico que había detrás, con la concesión y suculentos beneficios para empresas constructoras 'amigas'.
"ELCONFIDENCIAL* : Es uno de los grandes quebraderos de cabeza del actual Gobierno: evitar que la quiebra de una docena de autopistas de peaje en Madrid impacte terriblemente sobre el déficit público. Esta semana se ha conocido que las intenciones de Fomento pasan por plantear a las concesionarias y a los bancos que asuman una parte de la deuda, que supera los 4.000 millones de euros, y entre todos minimizar el impacto de aquellas construcciones fantasma en las cuentas públicas. Atrás quedan los días de vino y rosas en los que las radiales de Madrid se vendían como “autopistas de nueva generación”, que eran “esperadísimas” y serían “rentabilísimas”.
La previsión de tráfico con la que contaba el Ejecutivo de José María Aznar, el que puso en marcha esta ruinosa inversión, era de que por las carreteras de pago madrileñas rodarían unos 30.000 vehículos al día, una cifra lo suficientemente amplia como para conseguir descongestionar las entradas y salidas a la capital. Ningún pronóstico se cumplió.
El sobrecoste que registraron las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las vías, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, el incremento de los carburantes y los niveles del tráfico muy inferiores a los que señalaban los informes de rentabilidad constituyen los principales factores de la delicada situación por la que atraviesan estas autopistas de peaje. Según la patronal Seopan, las autopistas madrileñas han visto descender el tráfico en un 48%.
Miguel de la Fuente, director gerente del Foro PPP, una asociación qe promueve la concesión de infraestructuras, hace un repaso para El Confidencial sobre los motivos que provocaron que hoy estemos en esta situación. "Influyeron varios factores. Entre ellos, la planificación se hizo en época del boom, cuando la venta de vehículos estaba disparada, cuando se preveía que esa inversión podía llegar a ser rentable". A su juicio, el esquema también falló porque sus trazados se hicieron de pago a pesar de que discurren en paralelo a cuatro autovías, públicas y gratuitas, por las que se entra y se sale de la capital. "Y están mal diseñadas: en algunos tramos de esas carreteras no se evitan los atascos y su conexión no es fácil". Los conductores lo tienen claro: no merece la pena pagar ni un solo céntimo por ahorrar diez minutos de trayecto.
La R-2, la que une Madrid con Guadalajara, fue la primera de las radiales en abrirse al tráfico y la última en asumir la quiebra. La vía fue inaugurada por el entonces presidente del Gobierno José María Aznar en octubre de 2003 y costó 411 millones de euros. Con los datos de Fomento en la mano, la intensidad media diaria ha ido menguando desde el inicio de la crisis. Entre enero y abril de 2013, el tráfico medio diario de la R-2 era de 4.672 vehículos, 25.328 menos que los previstos, un 84,4% inferior. En septiembre de 2013, Henarsa, su sociedad concesionaria, la declaró en concurso voluntario de acreedores, con una deuda superior a los 450 millones de euros.
En el acto de inauguración, un Alberto Ruiz-Gallardón por entonces presidente de la Comunidad de Madrid dijo que esta autopista, como el resto de inversiones del Estado en Madrid, “suponía una apuesta clara del Gobierno que muchas generaciones tendrán que valorar y agradecer”. Nada más lejos de la realidad. La R-3 (Madrid-Arganda), la R-4 (Madrid-Ocaña) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), todas inauguradas en 2004, también se declararon insolventes a finales de 2012. Dos años antes, el por entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, sostenía que era mucho mejor “tener una vía de alta capacidad, llamada autopista de peaje, que no tener ninguna”. La mayor caída del tráfico ha sido en la R-4. La autopista de peaje que une Madrid y Ocaña perdió un 22,9% de su tráfico en apenas cuatro meses y un 60% desde 2007, cuando recogió su cuota de tráfico más alta. "Es un hecho que las cosas se hicieron muy mal", resume De la Fuente.
Los estudios critican la actuación
No faltan estudios que mantienen la teoría de este experto. Una publicación de la Universidad Politécnica de Madrid resalta que la metodología utilizada por las administraciones para prever los flujos de tráfico de autopistas radiales madrileñas se basó en un enfoque "muy simple" y "básico", y que se utilizó un modelo de evacuación que “carece de la profundidad que exigirían proyectos como estos”. Otro trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) resalta que “a la Administración le faltó prudencia a la hora de valorar objetivamente las ofertas presentadas debido a la fuerte presión política por adjudicar las infraestructuras cuanto antes y al menor coste inicial posible”.
El plan de rescate del Gobierno, con el que según Cáritas se podría haber alimentado a 700.000 familias sin recursos, está todavía en proceso de negociación con bancos, constructoras y empresas concesionarias. En el sector financiero se ve muy difícil el acuerdo, aunque no lo descartan. Sobre todo ven duros los términos en que se plantea y destacan que precisa el acuerdo de muchas partes: hay medio centenar de bancos acreedores, además de las concesionarias.
De la Fuente se muestra un poco más optimista y con las infraestructuras ya en marcha, invita al Ejecutivo a buscar planes alternativos para reactivar de algún modo el tráfico. "Me recuerda un poco al caso del AVE. Tenemos capacidad para mejorar estas carreteras, así que hagámoslo". El experto recuerda que hay que tratar al usuario como cliente, y "al cliente hay que ofrecerle un plan comercial: darle información sobre cuánto es la tarifa y convencerlo de por qué es bueno circular por ella". Si no se reactivan estas carreteras, nos puede perjudicar en un futuro: ¿Quién va a volver a invertir aquí?".
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 30.3.14
Foto: Autopista de peaje R-5 - 20minutos
Del Ensanche a las Carmelitas, marcha contra el urbanismo en El Escorial y San Lorenzo
Noticia de gran interés que publicamos con algo de retraso, pero que demuestra, una vez más, cómo la indignación urbanística puede hacer cambiar las cosas en muchos municipios corruptos. Así, distintos colectivos y grupos políticos de El Escorial y San Lorenzo (Madrid) convocaron este domingo, 30 de marzo, una marcha para mostrar su rechazo a las actuaciones que en materia urbanística están desarrollando ambos ayuntamientos. El movimiento reúne a Entorno Escorial, Plataforma Ciudadana Escurialense, Casa Abierta, 15M Escorial, Escorial Laico, Correcaminos, Acción Plural, Equo, Izquierda Unida-Los Verdes, PSOE, Podemos y Vecinos, además de otros grupos que se están adhiriendo al manifiesto de esta plataforma, como Ecologistas en Acción, la Sociedad Caminera del Real de Manzanares o Salvemos la Sierra.
"ELFARODELGUADARRAMA* : Los convocantes acusan a los responsables políticos de ambos ayuntamientos de estar “empecinados en continuar con el modelo del ladrillo, construir más casas y aprobar nuevos proyectos urbanísticos a pesar de los devastadores efectos de la burbuja inmobiliaria en los dos municipios: un paisaje estropeado con cada vez menos turistas, casas sin vender, promociones a medio hacer, comercios cerrados, familias desahuciadas y jóvenes sin esperanza de trabajar”.
Impacto ambiental
La marcha arrancará a las 11.00 en la plaza de España de El Escorial, iniciándose aquí el carrusel de críticas: primero, a la construcción de una capilla provisional en Prado Nuevo; después, el proyecto del Ensanche, del que dicen que “ha tenido un gran impacto ambiental y parece abocado al fracaso económico”. Este desarrollo, por otra parte, fue durante décadas una de las grandes aspiraciones de gobiernos de uno y otro signo, hasta que finalmente se puso en marcha en la última etapa en la que Javier de Miguel (PP) estuvo al frente de la Alcaldía, se modificó luego con el Foro Progresista (PSOE e IU) y se retomó en su versión definitiva a partir de 2007, con un número de viviendas inferior al inicialmente previsto (de 1.200 a 500).
La siguiente parada se realizará en El Tomillar, donde el Ejecutivo escurialense maneja un proyecto para crear un campo de golf; además, Entorno Escorial denunció hace unas semanas la tala de árboles en la zona del arroyo Lavar, mientras que el Equipo de Gobierno señaló que se trataba de labores de desbroce y mantenimiento.
La marcha entrará luego en San Lorenzo de El Escorial, con una primera parada en la Lonja del Monasterio, sobre las 12.15 horas, para hablar sobre el coto de caza en Abantos,continuando más tarde hacia la calle Leandro Rubio, donde los convocantes mostrarán una vez más su rechazo al proyecto para construir 36 viviendas de protección pública en lo que fue el patio del desaparecido colegio de las Carmelitas. La convocatoria terminará alrededor de las 13.00 horas en la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento.
Reacción del Ejecutivo
Ante las nuevas críticas de estos grupos políticos y colectivos ciudadanos al proyecto de las Carmelitas, el Ejecutivo de San Lorenzo de El Escorial reitera que el terreno en cuestión “es un suelo urbano destinado a viviendas de protección pública en una zona urbana consolidada con múltiples viviendas a su alrededor, muchas de ellas con más altura”.
“En todo caso y como se ha manifestado en numerosas ocasiones sólo se producirá la construcción de esas viviendas si existe demanda real de las mismas”, explican estas mismas fuentes, añadiendo que el plan económico financiero permite sacar las casas al mercado “a un precio competitivo sin que implique pérdidas para el Ayuntamiento”. De hecho, subrayan, “la EMV carece de deuda alguna, ni a proveedores ni a banca, debido a una gestión austera y rigurosa”.
Además, el el Gobierno sanlorentino niega que se pueda “especular con el suelo, porque tal y como ha ocurrido en la promoción de Miguel de Unamuno, las ventas que pudieran producirse posteriormente deben realizarse a precio de módulo, guardándose el Ayuntamiento el derecho de tanteo y retracto, evitando casos como todo el desarrollo de VPP del Zaburdón”. “Algunos confunden lo que hicieron ellos con el rigor de las medidas que se aplican en los contratos hoy”, afirma el Ejecutivo del PP, en referencia a la gestión que en su momento realizó el PSOE al frente del Consistorio.
Finalmente, el Equipo de Gobierno, que ha lamentado y condenado las amenazas telefónicas sufridas por las Hermanas Carmelitas de la Caridad desde hace meses, recuerda que “no se pierde ningún equipamiento público, porque el terreno es privado y desde hace ya muchos años no se realiza actividad educativa alguna”.
* EL Faro del Guadarrama - 27.3.14
Foto:San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde Abantos - educa.madrid.org
Boadilla.- La sombra del urbanismo Gürtel
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"ELMUNDO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado el plan de vivienda de uno de los nuevos barrios de Boadilla del Monte por haberse redactado sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elaborado por el ex alcalde Arturo González Panero, el Albondiguilla, que fue anulado en 2010 por el Tribunal Supremo.En mayo de 2012 se intentó subsanar pero los tribunales lo volvieron a rechazar. Ahora, la reparcelación de el Valenoso, cuyo plan parcial está también anulado, decae. Ambas resoluciones han sido recurridas, según el Consistorio.
«El actual alcalde, Antonio González Terol (PP), lleva gestionando casi tres años ya, y dando licencias y aprobando planeamientos basados en una ilegalidad. Así lo confirman las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 13 de abril de 2012, de 22 de julio de 2013, de 22 de noviembre de 2013, y recientemente de 11 de febrero de 2014 del Juzgado de lo contencioso nº 29 de Madrid, todas ellas anulando el Plan Parcial del Sector Valenoso, el Plan Parcial del Sector El Encinar, el Plan Parcial del Sector La Cárcava, y el Plan Parcial del Sector El Pastel, así como todos sus proyectos de reparcelación», precisa Cristina de Lara, secretaria general del PSOE de la localidad.
Desde el Ayuntamiento sólo reconocen las ya citadas del Valenoso; la anulación de la modificación puntual de El Encinar y el plan especial de vivienda protegida de Valenoso y El Encinar, que también han sido recurridas.
Se trata de los nuevos barrios que se diseñaron en el plan de el Albondiguilla. «En todas estas últimas sentencias ha sido el Gobierno popular de González Terol el que ha ejercido la defensa del Plan General redactado por la corporación Gürtel», precisa la dirigente socialista.
La actual normativa urbanística de Boadilla del Monte se remonta a 2002 y fue redactada por Leopoldo Arnáiz. El la actualidad, el juez Ruz, el magistrado que instruye el caso Gürtel, ha conocido a través del último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), de 29 de febrero, como Francisco Correa le vendió supuestamente al mismo tiempo, a través de Jesús Calvo Soria, un testaferro al frente de Narcisos 22, S.A, terrenos en la localidad a Arnáiz.
En el 2002 el PSOE de la localidad denunció el Plan General por vulneración de «derechos fundamentales de los concejales de la oposición, a los que el PP ocultó deliberadamente documentos esenciales, impidiendo con esta actuación su labor de control y fiscalización de los trabajos de elaboración y aprobación del ordenamiento», precisa De Lara.
En 2003 el TSJM tumbaba el Plan General, pero González Panero lo recurrió y continuó desarrollando, ya que no se dictaron medidas cautelares. El Gobierno municipal volvió a tramitar el PGOU y, esta vez sí, informó a la oposición pero volvió a ser recurrido. El 12 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo hacía caso omiso al recurso municipal y confirmaba la nulidad del plan.
En el sumario Gürtel consta como Pablo Crespo, el que es considerado el número 2 de la trama, acreditó el control directo sobre el urbanismo de la localidad. «Que el Plan General de Boadilla siga adelante», llegó a afirmar. Las juntas de compensación de los nuevos barrios eran gestionadas por Jesús Calvo Soria. Las investigadores calculan que la red pudo embolsarse más de 10 millones.
El 10 de febrero de 2009 los escándalos de Gürtel se llevaban por delante a González Panero y se veía obligado a dimitir. El PP regional salió al paso de la trama e intentó atajarla de cara a las elecciones de mayo de 2011. La enfermedad se había extendido, entre otros lugares, por los municipios del noroeste. El PP volvió a ganar en Boadilla y el nuevo equipo, promete alejarse de las políticas urbanísticas de sus antecesores.
En el nuevo Gobierno local se sentó con responsables urbanísticos de la Comunidad para encontrar una solución al planeamiento. El 8 de mayo de 2012, la Comisión de Urbanismo autonómica volvía a ratificar el PGOU pero tras ser recurrido, fue nuevamente rechazado por los tribunales hace ocho meses. A la vez, los responsables municipales se lanzaban al rescate de contratos y adjudicaciones realizadas a la trama. Incluso llegaban a personarse como acusación particular en Gürtel y a reclamar el dinero del ex alcalde en cuentas descubiertas en Suiza.
Pero los socialistas no acaban de creerse nada. «El actual Gobierno, aunque toda la oposición le advierte y le reclama no continuar ejecutando y desarrollando un Plan General redactado por la corporación Gürtel y anulado en sentencia firme, continúa haciendo su política urbanística basándose en el plan general anulado», precisa la portavoz socialista.
De Lara se pregunta cómo puede personarse en el juicio y a la vez «defender los intereses urbanísticos de la trama». A su entender, se está ocultando la verdad a los ciudadanos y se está «jugando con los proyectos vitales de muchas personas que están comprando viviendas en Boadilla en sectores anulados judicialmente, incluido el Plan de Vivienda Municipal. El alcalde debería pensar en el bien de sus ciudadanos y no en su carrera política, sentencia.
* El Mundo - JAIME G. TRECEÑO - 28.3.14
Foto: Boadilla (Madrid), el exalcalde Arturo_Gonzalez_Panero (archivo) - elpais.com
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Telde, urbanismo patas arriba
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En este blog ya se ha hablado repetidamente sobre la lamentable situación del urbanismo en el municipio grancanario de Telde, con varios casos abiertos de corrupción que están lastrando su ordenación territorial. El caso Grupo Europa es la antesala del caso Faycán, un entramado laberíntico de concesiones, comisiones ilegales y tráfico de influencias en el municipio que afecta a la mismísima alcaldesa, imputada por malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales. El diputado autonómico del PP, J.Rodríguez, entonces mano derecha del actual ministro Soria en el Parlamento canario, se sienta estos días en el banquillo acusado de dos delitos de tráfico de influencias como presunto mediador de la empresa Grupo Europa con el ayuntamiento para obtener la construcción de viviendas de protección oficial en Telde.
"CANARIASAHORA* : Telde está patas arriba. La desidia institucional, las trifulcas políticas y la orgía de corrupción que tuvo su máxima expresión entre 2003 y 2007 y que desembocó en el conocido caso Faycán han terminado por convertir a la cuarta ciudad de Canarias en un laberinto kafkiano de casos judiciales, demandas, disputas y traiciones políticas cuyas consecuencias son una deuda astronómica, la desatención de los servicios públicos más básicos y una profunda degradación democrática.
Uno de los últimos episodios lo protagoniza el antiguo jefe de Urbanismo e imputado en el caso Grupo Europa, José Luis Mena. Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde acusaron al grupo de Gobierno municipal de cocinar el pliego de condiciones para la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), tramitada por la vía de urgencia, con el pretendido propósito de recolocar a Mena en su antiguo puesto en Urbanismo, esta vez con plaza fija. Esta denuncia abortó el concurso y abrió un conflicto entre el funcionario y el grupo de gobierno que acabó con la destitución de Mena como director de Recursos Humanos y el regreso a su puesto como técnico en el área de Urbanismo.
José Luis Mena es juzgado estos días por su presunta implicación dentro del conocido como caso Grupo Europa, acusado de haber cobrado 30.000 euros en sobornos precisamente cuando ocupaba la jefatura de Urbanismo de manera interina entre 2003 y 2007. El fiscal pide para él ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación.
De Grupo Europa, una trama desvelada en 2007 por Canarias Ahora, hay un informe exhaustivo en la edición de hace unas semanas de Canarias Ahora Semanal. El diputado autonómico del Partido Popular Jorge Rodríguez, entonces mano derecha de José Manuel Soria en el Parlamento canario, se sienta estos días en el banquillo acusado de dos delitos de tráfico de influencias como presunto mediador de la empresa Grupo Europa con el Gobierno municipal para obtener la construcción de viviendas de protección oficial en Telde. Rodríguez se enfrenta a un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros. El presunto pago de estas comisiones ilegales se convirtió en pieza separada del caso Faycán por la condición de aforado de Jorge Rodríguez con su vuelta al Parlamento de Canarias en 2011, después de haber dimitido en 2007 precisamente por su vinculación a este escándalo en Telde y también por el caso Góndola, en el municipio de Mogán, también bajo mandato del Partido Popular.
El fiscal del caso sostiene que el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, de los cuales al menos 64.000 habrían ido a parar a manos de Jorge Rodríguez cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias, y otros 30.000 a los bolsillos del entonces jefe de Urbanismo municipal, José Luis Mena. El mismo al que ahora el grupo de Gobierno actual en el Ayuntamiento de Telde (PP y CC) quiere colocar de nuevo en el puesto creando la convocatoria a medida, según denuncian los sindicatos.
Es la antesala del caso Faycán, un entramado laberíntico de concesiones, comisiones y tráfico de influencias en el municipio de Telde que afecta a la mismísima alcaldesa, imputada por malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales, y para quien la Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión y 14 de inhabilitación. María del Carmen Castellano, en aquel entonces concejal de Desarrollo Local y presidenta local del PP, se enfrenta a una acusación por blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente y a otra de falsificación de documento público por la presunta manipulación de una serie de facturas para que el Ayuntamiento corriese con la cuenta de unas obras de reforma realizadas en la sede del Partido Popular de Telde, disimulándolas como gastos de las escuelas taller y de un programa de empleo. Esas mismas escuelas y programas que ahora sufren los recortes y la desatención presupuestaria.
La actual alcaldesa también está imputada por prevaricación en el caso de la permuta de la Finca de San Rafael, valorada en 6,3 millones de euros y que fue vendida a una empresa del constructor Santiago Santana Cazorla por 2,5 millones. Casi cuatro millones de euros menos. En esta causa están imputados, junto a Castellano (PP) y Guillermo Reyes (Ciuca), los entonces concejales Raquel León, José Suárez, Carmelo Oliva y Guadalupe López, así como Carmelo Reyes y el empresario Santiago Santana Cazorla.
Es solo la punta del iceberg de una compleja trama de corruptelas y pagos de comisiones, la del caso Faycán, presuntamente destinada a la financiación irregular del Partido Popular, según recoge la acusación de la Fiscalía. Aunque también señala que el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de quienes dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.
Las cuentas actuales
Telde está en la ruina. El incremento diario de las deudas soportadas por los créditos ICO y las sentencias judiciales por expropiaciones de suelo generadas durante el gobierno de NC/PSOE/CCN -y posteriormente no ejecutadas por el gobierno de PP/Ciuca/CC- ha conseguido endeudar a Telde por muchos años. La suma asciende, entre unas cosas y otras, a más de 300 millones. A esta deuda habrá que sumarle en su momento la generada en el período del caso Faycán: el fiscal ya adelanta que podría superar los 30 millones de euros.
El año 2013 terminaba con un demoledor informe del Tribunal de Cuentas revelando que Telde, cuarta ciudad de Canarias en número de habitantes, es el ayuntamiento de España que más deudas no contabilizadas pagó en 2012 con cargo al plan estatal de pago a proveedores. En concreto, 30,8 millones sin contabilizar en los presupuestos. El Tribunal de Cuentas detalla que Telde pagó con cargo al fondo para proveedores una indemnización de 13,24 millones de euros concedida por sentencia judicial a Promociones Horneras, propiedad del empresario Ambrosio Jiménez, lo que representa la mayor factura abonada en toda España con cargo a ese plan. Un pago sospechosamente arbitrario, dado que había otras indemnizaciones judiciales pendientes de pago que no se vieron satisfechas. El TC considera que esa indemnización no podía pagarse con cargo a ese instrumento, como no podían pagarse tampoco 8,60 millones de euros en facturas de Sociedad de Aguas de Telde, al tratarse de una empresa participada al 50% por el Ayuntamiento. La tercera irregularidad se aprecia en los gastos cargados por Telde al fondo por importe de 2,66 millones de euros, correspondientes a indemnizaciones por expropiaciones forzosas. El TC estima que tampoco esos gastos podían incluirse en el fondo.
Telde no es el único municipio que requiere de control por parte de organismos del Estado como el Tribunal de Cuentas. La crisis económica y financiera se ha manifestado en las cuentas públicas con crecientes niveles de déficit y de endeudamiento. Los municipios debían pagar a los proveedores pendientes de cobro; para no colapsar el sistema, el Gobierno aprobó medidas para facilitar el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Pero Telde es el municipio de España que más gastos no presupuestados ha consignado con cargo a estas medidas, lo que le ha reportado esta admonición del Tribunal de Cuentas. El propio TC lo dice: “La ejecución por parte de las Administraciones Públicas de gastos sin consignación presupuestaria, además de constituir una práctica irregular, afecta profundamente a la transparencia y a la fiabilidad de la información sobre la actividad presupuestaria de aquéllas”. Millones de euros no presupuestados.
De esta situación, lo que quedan son los lodos: Telde tiene la tasa de paro más alta de Gran Canaria, encabeza la lista de ciudades de más de 100.000 habitantes por el volumen de su deuda y aparece en primera línea de la conflictividad social, sin políticas sociales que puedan hacer frente al empobrecimiento de sus barrios más castigados, que dan lugar a situaciones de auténtica alarma. Los plenos municipales se han convertido en episodios de realismo mágico propios de las novelas de García Márquez, con ciertos toques de burocracia kafkiana que hace del ejercicio de la política una pantomima en Telde.
Una respuesta a la desidia
En el otro lado de la balanza, empieza a despuntar la reacción de una parte de la población, la más desfavorecida, que toma conciencia de que sus actuales representantes públicos andan demasiado enmarañados en asuntos judiciales e intereses partidistas como para tomarse en serio sus problemas.
En el barrio de Jinámar, cerca de veinticinco familias se han organizado en una red de autogestión, denominada Red de Solidaridad Popular de Jinámar, en sintonía con otras redes de solidaridad popular que empiezan a despuntar en diferentes partes del Estado. Como se detalla en este mismo número en un reportaje especial, el objetivo es que quienes más lo necesitan puedan organizarse para hacer frente a las necesidades vitales más perentorias recogidas como derechos fundamentales tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución Española; pero que en Telde, como en otros muchos puntos de la geografía española, no se satisfacen mínimamente por parte de las instituciones. Es en el Ayuntamiento de Telde donde, al ir a solicitar ayudas, se les responde con un “aquí no hay nada que dar” y se les remite a servicios asistenciales como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos que son los que, ante la desidia institucional, se ocupan de los más necesitados. Previo pago por parte de la Administración, que externaliza así el servicio asistencial, e incluso en ocasiones también por parte de los afectados, quienes se han visto con la sorpresa de tener que pagar hasta 18 euros para figurar en algunas de las listas del Banco de Alimentos, según denuncia Manuel ‘Lolo’ Rodríguez, de IU Telde.
Se trata de satisfacer necesidades básicas como el acceso al alimento, la luz eléctrica o el agua corriente. La mitad de estas 25 familias no tienen siquiera acceso al servicio de abastecimiento de agua, puesto que su condición económica es tal que no han podido hacer frente a las facturas y se les cortó el suministro.
La red de solidaridad popular cuenta con otra figura, la Despensa Popular, ubicada en la sede de la Asociación de Vecinos La Concepción de Jinámar, donde se recogen alimentos y otros productos de primera necesidad que puedan requerir estas familias. La idea surgió a raíz de una convocatoria del Movimiento contra el Paro y la precariedad, pero han sido los propios afectados quienes han ido tomando las riendas de su red popular para desarrollar el proyecto. “Lo más interesante de la red” -cuenta Lolo Rodríguez- “es que no se trata de una cuestión caritativa o benéfica, sino de una organización autogestionada que permite a las familias afectadas tomar conciencia de que la situación en la que se encuentran no debe ser motivo de vergüenza o descrédito social”. Antes bien, comienzan a asumir que ante el descalabro institucional en lo que a Asuntos Sociales se refiere ha llegado la hora de reclamar sus derechos y organizarse para resolver sus problemas más básicos. No tienen dinero o trabajo, pero cuentan con tiempo y conocimientos y eso es lo que pueden aportar al resto de componentes. La red se fundamenta en el empoderamiento de sus integrantes, en la participación y en la fuerza de la organización social frente al sufrimiento individual y el desamparo en el que se encontraban hasta la creación de la plataforma, el pasado diciembre de 2013.
A finales de diciembre pasado se celebraron en Jinámar unas jornadas de solidaridad para recaudar alimentos y bienes de primera necesidad no alimentarios. Fueron las familias las que elaboraron un listado de productos que se adecuara a la realidad, en la que la higiene juega un papel fundamental que muchas veces se olvida a la hora de cubrir las necesidades de los más necesitados. Más de una tonelada de alimentos y productos no perecederos fueron el resultado de esta jornada solidaria, que se convirtió en el primer depósito de envergadura de la recién creada despensa popular. Este almacén de productos está gestionado por las familias de la Red, aunque cuenta con supervisión de la asociación de vecinos. La red se convierte así en un colectivo autosostenible, lógicamente con apoyos solidarios de otros vecinos y colectivos implicados, pero con total autonomía.
Atiende por igual a cualquier vecino de Jinámar que lo necesite sin considerar a qué término municipal pertenece, pues lo mismo da ser de Las Palmas de Gran Canaria que de Telde, cuando lo que está en juego es un plato de potaje que poner sobre la mesa, un jabón para la ropa o incluso la ropa que poner a los chiquillos. Fiel reflejo de un municipio, desvalijado primero y abandonado después, donde ya no se atienden ni las necesidades más básicas.
* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Domínguez - 23.3.14
Foto: Telde (Gran Canaria), ayuntamiento - canariasahora
Condenado el exalcalde de Sedella por prevaricación urbanística
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Ya se ha comentado en numerosas ocasiones la enorme ilegalidad urbanística que existe en la comarca malagueña de la Axarquía, donde hay investigaciones judiciales abiertas en 18 de sus 29 municipios. La construcción permisiva de multitud de casas sobre suelo rústico es la causa de este descontrol; en la mayoría de los casos además con sobornos para conseguir esta autorización ilegal. Los alcaldes son los responsables últimos de estas delictivas operaciones, como ahora ocurre en el pequeño municipio de Sedella. Tampoco es el caso más grave, comparado por ejemplo con el cercano Alcaucín, donde se pedían 226 años de cárcel para el regidor por decenas de ilegalidades semejantes. Habrá que esperar también a ver si luego el Gobierno no indulta a los culpables, como pasó en el ayuntamiento 'popular' de Valle de Abdalajís.
"LAOPINIÓN* : El exalcalde de la localidad malagueña de Sedella, Francisco Gálvez (PSOE), ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº9 de Málaga por un delito de prevaricación urbanística a cinco años y tres meses de inhabilitación. Además se le condena a cuatro meses y quince días de prisión al considerarse probado que concedió una licencia de obras para reformar y ampliar una vivienda en suelo no urbanizable.
En la resolución judicial también se condena al hombre que solicitó la licencia, un ciudadano extranjero, por un delito contra la ordenación del territorio, y se le impone la misma pena de prisión y multa de 1.620 euros.
Por otra parte, el juez declara nula la licencia otorgada y condena al propietario a la demolición de lo ilícitamente construido.
Para el magistrado el otorgamiento de la licencia "significó una resolución torcida y contraria con las más ineludibles normas urbanísticas".
El exregidor durante el juicio explicó que cuando concedió la licencia era "práctica habitual" aunque no hubiera informes técnicos o jurídicos pues el Ayuntamiento no contaba con ellos y, aseguró, que se limitó a firmarla, "confiando en su legalidad".
En este sentido, el juez le recuerda que ha sido alcalde "cerca de 19 años" y que "por muy desconocedor que pueda ser de la norma jurídica a aplicar y la función que como regidor le correspondía, no cabe duda de que el mismo dictó una resolución injusta y arbitraria por prescindir total y absolutamente del procedimiento".
* La Opinión Málaga - EFE - 23.3.14
Foto: Sedella (Málaga), vista - grupoextremo
Sevilla.- Europa ratifica la infracción por la SE-35
La nueva circunvalación de Sevilla sigue dando que hablar, ahora desde Europa ratifican su ilegalidad. Los vecinos del Parque Tamarguillo denunciaron el caso ya que la nueva vía lo atravesaba con el consiguiente perjuicio. La guerra entre el ayuntamiento y la Junta estaba servida. Pero la Comisión Europea ha reiterado en el debate que se requiere una Declaración de Impacto Ambiental específica y que no basta el PGOU actual, lo que viene a significar un fuerte varapalo municipal. Además, la forma de su ejecución también resulta irregular al subdividirse la SE-35 en tramos aislados que se han desarrollado a posteriori de la aprobación del PGOU. No es la primera vez que la Comisión Europea llama la atención a municipios españoles por hechos similares, veremos cuál es el resultado final.
"DIARIODESEVILLA* : El primer debate de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la SE-35 y su efecto negativo en el Parque Tamarguillo sirvió este miércoles para corroborar que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento infracción a España por este proyecto. Lo que no dijo el representante de la Comsión Europea es que ese procedimiento se abrió el 3 de diciembre de 2013 y sigue abierto, como adelantó este periódico el pasado 3 de marzo con información directa del departamento del comisario Janez Potocnik.
El debate comenzó pasadas las cuatro de la tarde y pudo verse en directo por internet. A petición de Alejandro Gil, en nombre de la Plataforma en Defensa del Parque Tamarguillo, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea expuso sus tres conclusiones sobre el expediente abierto. Lo hizo José Manuel Servet, quien aclaró que la Comisión investiga todo el trazado de esta carretera, no sólo el tramo del parque. Y anunció como novedad lo que no lo es: "Anuncio a las autoridades españolas que se va a abrir un procedimiento de infracción de forma inmediata" al considerar que España no cumple las obligaciones que marca la Directiva de Impacto Ambiental de la UE.
En primer lugar, Servet dejó claro que el proyecto requiere "una declaración de impacto ambiental específica" que analice los detalles y que nada tiene que ver con la genérica del PGOU de 2006. Por eso afirmó que no comparte la pretensión del Ayuntamiento de Sevilla de defender lo contrario.
La segunda conclusión es que "resulta claro que la SE-35 se ha subdividido en múltiples tramos" con los que se pretende construir la vía completa. Y añadió que los proyectos de estos tramos aislados se han desarrollado a posteriori de la aprobación del PGOU, por lo que no basta este plan urbanístico para autorizar los tramos.
Como tercera conclusión, la Comisión Europea "no comparte el argumento de considerar este sistema general viario como calle o vial" y censuró que se bautice con este nombre "a efectos de excluirla del ámbito de los anexos 1 y 2" de la normativa europea que incluye los proyectos que requieren declaración de impacto ambiental.
En este punto, Servet recordó sin citar nombres que esta misma interpretación ha tenido "condenas inequívicas" del Tribunal de Justicia Europea respecto a proyectos de circunvalación anteriores de España. El eurodiputado Willy Meyer, vicepresidente de la comisión de peticiones del Parlamento, le puso nombre y recordar que este intento lo hizo el Ayuntamiento de Madrid con la M-30 llamando "calle" a lo que era una verdadera carretera. "La M-30 intentó burlar con el nombre de calle Madrid para evitar la declaración de impacto ambiental", lamentó.
Los eurodiputados Meyer (IU), el sevillano Luis Yáñez (PSOE) e Iñaki Irazabalbaitia (Aralar) mostraron su apoyo a la lucha vecinal por este parque que beneficia a Alcosa, Torreblanca y Sevilla Este, elogiaron la apertura de la infracción, y pidieron que se oiga al Ayuntamiento, a la Junta y al Ministerio de Fomento. Los apoyó la eurodiputada Margrete Anken. La presidenta Mazzoni dijo que el asunto sigue abierto y en la próxima legislatura la Comisión convocará a las autoridades locales y demás. Por parte del PP, Carlos Iturgáiz defendió los argumentos del Ayuntamiento: que la Junta de Andalucía,del PSOE e IU, es la responsable. Expuso como respuesta de la Gerencia de Urbanismo que el proyecto acabó el pasado 12 de febrero la fase de alegaciones, que ha recibido 29 alegaciones y que "en ningún caso hasta la fecha se ha iniciado la licitación de la ronda en ninguno de sus tramos".
* Diario de Sevilla - A. S. AMENEIRO - 20.3.14
Foto: Dos vecinas pasean por el Parque del Tamarguillo./Juan Carlos Muñoz
El juez ve indicios de que Unió se benefició de una trama delictiva
La corrupción urbanística en Cataluña ha sido también desmedida. Afecta sobre todo al partido que ha ocupado las mayores parcelas de poder, que ha sido el nacionalista de CiU. Tanto Convergencia con los casos ITV y Palau como Unió con la Fundación Cataluña, han tejido tramas complejas para pasar inadvertidas, teniendo en cuenta además la inicial complicidad social y judicial. Pero todo tiene un punto final y ahora Unió deberá responder cómo vació de fondos la Fundación Cataluña para beneficio propio y así poder ejecutar actividades delictivas, junto a empresarios amiguetes, claro. Así en una de las operaciones, entre servicios y alquiler de locales, el partido se ahorró 370.000 euros. Pero hay más y de mayor entidad, como veremos.
"ELPAÍS : Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se benefició, presuntamente, de una trama delictiva que vació los fondos de la Fundación Cataluña y Territorio, afín al partido democristiano. En un auto en el que da por cerrada la investigación después de cuatro años, el juez concluye que hay suficientes indicios como para que seis personas —incluido el exgerente de la formación, José María Núñez— se sienten en el banquillo de los acusados por una ristra de delitos: estafa, apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, falsedad y simulación de negocios.
Dos de los empresarios imputados, que ejercían al mismo tiempo como empresarios del grupo IMS y vocales de la fundación —Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés— y el exgerente de Unió procedieron, “de forma conjunta y concertada” a “desviar fondos” de la fundación que acabaron redundando en beneficio del partido, según el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre servicios y alquileres, el partido se ahorró unos 370.000 euros.
Una parte de ese dinero fue utilizado para “saldar las deudas” que la formación dirigida por Josep Antoni Duran Lleida había contraido con Kontrast Productions, una empresa que le organizaba congresos, reuniones y jornadas. Según declaró ante el juez el administrador de esa compañía, Núñez le dio instrucciones para que girara las facturas pendientes de cobrar no al partido, sino a sociedades del grupo IMS. E incluso le indicaba qué conceptos debía incluir en las facturas, detalló. La cantidad total asciende a 178.000 euros.
Desde 2005, además, y “en beneficio de UDC”, los dos vocales junto al entonces presidente de la fundación, Josep Boqué, —también imputado— “renunciaron a cobrar los alquileres de los inmuebles” que eran propiedad de Cataluña y Territorio y que el partido democristiano tenía alquilados. Además, cinco locales propiedad de la fundación fueron vendidos al partido democristiano a un precio “a todas luces sensiblemente inferior al del mercado”, según la querella de la fiscalía que motivó las investigaciones. Unió, de nuevo, resultó beneficiada y se ahorró unos 195.000 euros.
En 2010, cuando comenzó la instrucción, Boqué —que había sido director de Consumo de la Generalitat en los años 90— negó haber facilitado ventajas y se escudó en que la gestión estaba delegada en los vocales López y Cortés.
Durante la investigación, el juez dio la condición de responsable civil “a título lucrativo” a Unió. Se trata de una figura jurídica prevista para que quien se lucra gracias a un delito que no ha cometido, lo devuelva. El auto no aclara si mantiene esa condición a Unió. Fuentes judiciales confirmaron, sin embargo, que el partido ya ha devuelto 195.000 euros: unos 160.000 por la parte de los locales que aún no se había pagado, y otros 35.000 por los alquileres pendientes.
La investigación contiene media docena de subtramas, y el expolio de la fundación afín a Unió no fue solo en una dirección. Según el juez, el expresidente y los dos vocales del think tank extrajeron 1,8 millones de euros de la entidad entre 2004 y 2007 a favor de su grupo, IMS. Una tercera parte de ese desvío (600.000 euros) corresponde a servicios que la fundación pagó pero, en realidad, no recibió. “Se desconoce el destino de esos fondos”, señala el auto, toda vez que los imputados los retiraron mediante transferencias bancarias. El resto del dinero (1,2 millones) corresponde a un préstamo que Cataluña y Territorio concedió a IMS. Pero el préstamo tampoco es real, según el juez, sino solo “un intento de dar cobertura legal a la mayor parte de los fondos” desviados.
El auto también pide que se siga el proceso contra otros dos empresarios —Xavier Soriano y José Cornadó, de Copisa— por la simulación de un negocio que permitió a Soriano “obtener un millón de euros”. El juez pide a las partes —la fiscalía y las defensas— que presenten sus escritos antes de decidir si sienta en el banquillo a los imputados.
* El País - Jesús García - 25.3.14
Foto: Duran Lleida, líder de Unió - elperiodico
El Tribunal de Andalucía dice ahora que el suelo del hotel del Algarrobico es urbanizable
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Reír por no llorar. El caso del hotel El Algarrobico construido al borde mismo de una playa virgen en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, continúa su desgraciada historia de terror. Cuando ya parecía, tras 10 largos años de problemas de todo tipo, que el Supremo había dictado sentencia firme de ilegalidad y, por tanto, de demolición inmediata, viene el Tribunal de Andalucía y, saltándose el escalafón judicial, dice ahora que el suelo donde se asienta el hotel es urbanizable y que no hay delito!! Demasiados intereses político-financieros se ven tras esta última sentencia (ilegal) del Tribunal andaluz, aunque, como bien sabemos, la justicia urbanística en este país es radicalmente injusta y sus actuaciones bordean lo delictivo. Hace pocos días comentábamos en este blog la extrañeza ante un retraso dictado para el derribo del hotel, pero esta nueva sentencia es el colmo de la desvergüenza judicial. El símbolo por antonomasia del Urbanismo Salvaje en este país continúa desgraciadamente en pié y, según parece, como no lo tiren los ciudadanos, los poderes fácticos no lo van a hacer.
"PÚBLICO* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado este martes que el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es urbanizable, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994. La sentencia revoca el nivel de protección que se le dio en la nueva norma aprobada en 2008 y subraya que le corresponde el nivel de zonificación D2 o "suelos urbanizables cuyo desarrollo no resulta a priori contrario a los valores del espacio protegido".
La resolución de la Sección Tercera, que estima el recurso interpuesto por la promotora del hotel Azata del Sol, entra en contradicción con el fallo dictado por el Tribunal Supremo en torno a la misma cuestión, en este caso en respuesta al recurso de Ecologistas en Acción, que dictaminó en firme en octubre de 2012 que el suelo es no urbanizable de especial protección.
Así, el sector ST-1 consta como no urbanizable desde que el 23 de marzo la Junta lo publicó en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para, así, dar cumplimiento a otra providencia del Alto Tribunal andaluz que le instaba por segunda vez a ejecutar las resoluciones judiciales dictadas.
Nada más conocer la sentencia, la reacción de los colectivos ecologistas no se hizo esperar. Greenpeace anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según la responsable de Costas de la organización ecologistas, Pilar Marcos, puede haber "maniobras ocultas" para legalizar la construcción.
En cualquier caso, Marcos aseguró que Greenpeace lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, tribunal que, según recordó, ya resolvió dos medidas cautelares del TSJA diciendo que "los terrenos no eran urbanizables", lo que llevó a la Junta de Andalucía a "asumir ese error y a clasificar la zona como no urbanizable".
A la vista de los acontecimientos y de que aún sigue pendiente que se resuelva el "importante" pleito sobre la licencia de obras, Marcos sospecha que se estén realizando "triquiñuelas ocultas para legalizar el hotel". "De todo lo preocupante no es solo que el TSJA esté negando todas las sentencias y los pronunciamientos que dicen que la zona no es urbanizable sino que lo más importante es cómo esta pequeña pieza puede tener una gran influencia sobre el pleito, que lleva dos meses de retraso, sobre la licencia de obras", subrayó.
Ecologistas en Acción también confirmó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la "impresentable" sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, declaró este martes que en la tramitación judicial "se veían maniobras raras desde hacía tiempo", en alusión al dictamen del fallo pese al recurso contra la providencia que amparaba el cambio de sección y de ponente que han visto el caso en el seno del TSJA, y del cual se han enterado "a toro pasado".
Dicha modificación, según Domínguez, supondría una violación del derecho fundamental a ser juzgados por un juez ordinario predeterminado, algo que ha considerado un "atropello" desde el punto de vista formal, dada la "indefensión total y absoluta" en que quedaban los recurrentes.
Por otra parte, el letrado calificó de "impresionante" que la sentencia se haya dictado "tan rápido", antes de resolver su recurso anterior. "Ha habido cosas rarísimas", ha abundado. Domínguez ha recordado que ya existe una sentencia del Supremo y cuatro del TSJA que declaran espacio protegido el suelo donde se asienta el complejo, por lo que el último fallo es "contradictorio" con los anteriores, si bien, ha lamentado, éste "prepara el terreno al fallo de la licencia, que si se basan en éste tendrían que legalizar".
* Público - EP- 25.3.14
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - google
El Gobierno plantea asumir el 50% de la deuda de las autopistas en quiebra para rescatarlas
En la misma línea de lo sucedido con la deuda bancaria, el gobierno del país pretende asumir la mitad de la deuda de las empresas concesionarias de las insostenibles nuevas autopistas de peaje. Es decir, que recaigan sobre todos los ciudadanos los errores de planificación y despilfarro delictivo de las infraestructuras construidas en los últimos años. Algo que denota, una vez más, como el gobierno 'popular' acude raudo a ayudar a sus amiguetes en la corrupción que ha supuesto la crisis-estafa que seguimos padeciendo en todo el país. En este blog se denunció desde el principio el atrevimiento 'interesado' de los dirigentes del ministerio de Fomento al despilfarrar los recursos en infraestructuras sin ningún tipo de beneficio social, solamente el privado de las grandes empresas constructoras amigas. Cuando se ha venido abajo este perverso negocio, se pretende socializar las pérdidas. Algo debería decir la justicia al respecto, si fuera justa de verdad.
20MINUTOS* : El Gobierno ha ofrecido a la banca acreedora de las empresas concesionarias de diez autopistas de peaje con problemas económicos una quita de algo más del 50% (unos 2.400 millones de euros) de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros, y la creación de una empresa de capital cien por cien público para aglutinar a esas vías.
Según han señalado fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta de los ministerios de Fomento y de Hacienda a los seis principales entidades financieras implicadas en este proceso contempla también crear un fondo de titulización que emitirá bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%, un porcentaje que dependerá también de los tráficos de estas vías. El objetivo de este plan, que este martes ha avanzado el diario La Vanguardia, es evitar que la solución a la insolvencia que presentan estas autopistas afecte al déficit público. Está previsto que los bancos afectados, BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Banc Sabadell y Banco Popular, respondan a esta propuesta antes del próximo lunes.
La constitución de esta sociedad agregaría al 22% de la red total de autopistas de peaje y constituye la mejor solución para hacer frente a un problema que debe minimizar el impacto en el déficit público y evitar la declaración de ayuda de Estado, señalan las mismas fuentes.
Inicialmente el Gobierno había planteado a las concesionarias y a los bancos acreedores la creación de una sociedad con participación pública y privada. En función de esta idea inicial, el valor residual de estas concesiones representaría el 20% del capital de la empresa, que podría estar valorada en más de 600 millones de euros, mientras que el 80% restante estaría controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), un reparto que en un primer momento no gustó a todas las partes. Es el caso de las constructoras y concesionarias, que llegaron incluso a reclamar una participación del 49%.
Además, en el marco de las negociaciones, desde Fomento no se negaba abocar incluso a estas autopistas en concurso de acreedores a la liquidación, un proceso que reconocían que era largo e incierto aunque no necesariamente más caro.
Por su parte, desde Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y ahora concesionarias de peaje, consideraban que la liquidación de estas autopistas dañaba la imagen de España, cerraba el mercado nacional a inversiones nacionales y extranjeras y conlleva litigios judiciales que durarían varios años. Por ello, reclamaban la creación de una sociedad concesionaria pública para integrar diez autopistas de peaje como la opción menos gravosa.
Asimismo, desde Seopan se ponía de manifiesto que las empresas ya han perdido el 100% de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable.
Las cuatro autopistas radiales de Madrid proyectadas durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) se declararon en concurso de acreedores, presionadas por una deuda conjunta de 1.700 millones de euros y una caída del tráfico que supera el 48% desde los máximos que registraban en 2007, antes de la crisis. Junto a las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y el Eje Aeropuerto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) también se vieron abocadas al concurso.
Autopistas en quiebra
Autopista AP-41 (Madrid-Toledo). Esta autopista, que se abrió en diciembre de 2006, fue la primera en declararse en quiebra en mayo de 2012 tras arrastrar una deuda de 530 millones de euros (380 a los bancos y 150 a los propietarios expropiados). Entre sus propietarios figuran empresas como Isolux, Comsa, Sando y Azvi y Banco Espírito Santo.
Radial 4 (Madrid-Ocaña). La autopista radial R-4 se declaró en concurso voluntario de acreedores en octubre de 2012. Inversora de Autopistas del Sur y Autopista Madrid Sur, las sociedades concesionarias, no pudieron hacer frente a la deuda de 575 millones de euros. Las constructoras Cintra-Ferrovial y Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha están detrás de estas sociedades. Entre enero y septiembre de 2013, esta radial disminuyó su tráfico un 16,4% (hasta los 4.949 vehículos diarios).
Radial 3 (Madrid-Arganda) y Radial 5 (Madrid-Navalcarnero). La sociedad Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y R-5 (participada por las constructoras Abertis, Sacyr y ACS), fue declarada en concurso voluntario de acreedores días después de hacerlo la R-4 con el fin de refinanciar la deuda de 666 millones de euros contraída con los bancos. La R-5 (Madrid-Navalcarnero) había perdido un 14,7% de usuarios entre enero y septiembre de 2013, hasta 6.957 vehículos diarios. La R-3, por su parte, cayó un 6,8% en ese mismo período y sumaba hasta 9.719 usuarios al día.
Radial 2 (Madrid-Guadalajara). Henarsa, sociedad concesionaria de la R-2, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013 tras acumular una deuda financiera de unos 450 millones de euros. Esta sociedad concesionaria está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía FCC y Bankia. Es la autopista que más tráfico perdió en 2013, un 22,5%, hasta contabilizar una media diaria de 4.588 vehículos.
Autopista AP-36 Ocaña-La Roda. La empresa concesionaria —gestionada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa— entró el concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2012 —tras solicitarlo en octubre— al no poder hacer frente al pasivo de 522 millones de euros que soportaba y que vencía a finales de ese año. El tráfico en esta autopista cayó en 2013 un 9,8%, hasta 2.802 coches diarios.
Circunvalación de Alicante. Se declaró en concurso de acreedores en el verano de 2013. La concesionaria Ciralsa reconocía así su situación de insolvencia al declarar un pasivo superior a los 400 millones de euros. Su tráfico en 2013 había disminuído un 7,3% (hasta los 5.293 tránsitos al día).
Autopista AP-7 Cartagena-Vera. La falta de tráfico —en 2013 decreció un 3%, hasta los 2.737 usuarios diarios—, sumado a los problemas financieros por la imposibilidad de atender el pago de intereses y los sobrecostes por obras y expropiaciones llevaron a Aucosta, la sociedad concesionaria de esta autopista —participada por Ploder, Globalvía (FCC y Bankia), Unicaja, BMN y CAM— a declararse en concurso de acreedores en febrero de 2013 con un pasivo de unos 550 millones de euros.
Autopista AP-7 Alicante-Cartagena. Ausur, la sociedad que explota la infraestructura, aún no se ha declarado en concurso de acreedores pese a la importante deuda que mantiene con el consorcio bancario—Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular— que le concedió un crédito de 210 millones de euros. Los bancos creen que la única solución pasa por la nacionalización, pero los accionistas de Ausur están intentando renegociar la deuda. La autopista alcanzó su tráfico máximo en 2007, con 20.410 vehículos, y ha ido perdiendo usuarios hasta rozar los 17.000.
Autopista Eje Aeropuerto M-12. Esta vía, de la que el grupo OHL es titular al 100%, ha sido declarada en concurso de acreedores en enero de este año, con una deuda de unos 550 millones de euros.
* 20 Minutos - agencias - 25.3.14
Foto: Carteles indicativos de la Radial 5 de Madrid.
Llanes autorizó al hotel de la playa de Barru exceder la edificabilidad
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"LNE* : El Ayuntamiento de Llanes otorgó al hotel situado en primera línea de la playa de Barru más edificabilidad del máximo legal permitido, según ha concluido la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Así se recoge en un informe en el que la CUOTA cuestiona también que el Ayuntamiento de Llanes haya otorgado licencia para construir un edificio de tres plantas más ático sin haber justificado en el expediente, como señala la ley, que esas alturas cumplen las exigencias de la legislación regional.
La primera conclusión de la CUOTA no deja lugar a dudas: "La licencia concedida por resolución de la Alcaldía de Llanes, de fecha 8 de marzo de 2013, a la mercantil Carrera y Pérez SL, para obras de reforma y ampliación del hotel Kaype y aparthotel de tres estrellas en Barru, autoriza una edificabilidad que supera la máxima que resultaría de aplicación conforme al criterio legal de cálculo utilizado", señala textualmente el informe, lo que ha llevado a la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) a solicitar al Servicio de Disciplina Urbanística la inmediata paralización de las obras.
AVALL, que calcula que el exceso de edificabilidad asciende a unos 2.000 metros cuadrados, "más de dos plantas de la nueva edificación", señaló que las supuestas ilegalidades observadas podrían conducir a la demolición de buena parte de los construido. "Atendiendo únicamente al informe de la CUOTA, sin necesidad de esperar a la sentencia jurídica (hay varios juicios pendientes) este despropósito se convierte en un descalabro potencialmente mortal para las arcas comunes de los llaniscos, pues no hay que olvidar que este proyecto ha sido validado, defendido y licenciado por el Ayuntamiento de Llanes y sus respectivos técnicos, con lo que la propiedad, al igual que ocurrió en otros casos, habrá de ser indemnizada por las arcas públicas, y en este caso la cifra de 500.000 euros habría que considerarla ridícula", señaló AVALL, en referencia al medio millón de euros que tuvo que abonar el Ayuntamiento de Llanes en concepto de indemnización a los propietarios de un chalé de Niembru que fue demolido en 2011 pese a contar con licencia municipal.
AVALL, en su escrito a Disciplina Urbanística, indica que el respaldo de la CUOTA al Ayuntamiento y al promotor, señalando que la obra se ejecuta en suelo urbano consolidado, se resolverá en los tribunales. Y es que tanto AVALL como los dos particulares que han llevado al juez el caso sostienen que la obra se ejecuta en un núcleo rural, y, por lo tanto, en suelo no urbanizable o, como mínimo, en suelo urbano no consolidado. Y en varias parcelas independientes. De ser así, la obra sería ilegal y habría que demoler todo lo construido.
Los propietarios del hotel, según la CUOTA, ya han admitido que incluyeron en el proyecto, "por error", 423,05 metros cuadrados de suelo público propiedad de Costas, como denunciaron AVALL y dos particulares. Ese "error" ya ha sido subsanado mediante una nueva inscripción catastral.
* LNE - Ramón DÍAZ - 1.3.14
Foto: Las obras del hotel de la playa de Barru, ayer.- Emilio G. Cea
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