La corrupción urbanística en Cataluña ha sido también desmedida. Afecta sobre todo al partido que ha ocupado las mayores parcelas de poder, que ha sido el nacionalista de CiU. Tanto Convergencia con los casos ITV y Palau como Unió con la Fundación Cataluña, han tejido tramas complejas para pasar inadvertidas, teniendo en cuenta además la inicial complicidad social y judicial. Pero todo tiene un punto final y ahora Unió deberá responder cómo vació de fondos la Fundación Cataluña para beneficio propio y así poder ejecutar actividades delictivas, junto a empresarios amiguetes, claro. Así en una de las operaciones, entre servicios y alquiler de locales, el partido se ahorró 370.000 euros. Pero hay más y de mayor entidad, como veremos.
"ELPAÍS : Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se benefició, presuntamente, de una trama delictiva que vació los fondos de la Fundación Cataluña y Territorio, afín al partido democristiano. En un auto en el que da por cerrada la investigación después de cuatro años, el juez concluye que hay suficientes indicios como para que seis personas —incluido el exgerente de la formación, José María Núñez— se sienten en el banquillo de los acusados por una ristra de delitos: estafa, apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, falsedad y simulación de negocios.
Dos de los empresarios imputados, que ejercían al mismo tiempo como empresarios del grupo IMS y vocales de la fundación —Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés— y el exgerente de Unió procedieron, “de forma conjunta y concertada” a “desviar fondos” de la fundación que acabaron redundando en beneficio del partido, según el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre servicios y alquileres, el partido se ahorró unos 370.000 euros.
Una parte de ese dinero fue utilizado para “saldar las deudas” que la formación dirigida por Josep Antoni Duran Lleida había contraido con Kontrast Productions, una empresa que le organizaba congresos, reuniones y jornadas. Según declaró ante el juez el administrador de esa compañía, Núñez le dio instrucciones para que girara las facturas pendientes de cobrar no al partido, sino a sociedades del grupo IMS. E incluso le indicaba qué conceptos debía incluir en las facturas, detalló. La cantidad total asciende a 178.000 euros.
Desde 2005, además, y “en beneficio de UDC”, los dos vocales junto al entonces presidente de la fundación, Josep Boqué, —también imputado— “renunciaron a cobrar los alquileres de los inmuebles” que eran propiedad de Cataluña y Territorio y que el partido democristiano tenía alquilados. Además, cinco locales propiedad de la fundación fueron vendidos al partido democristiano a un precio “a todas luces sensiblemente inferior al del mercado”, según la querella de la fiscalía que motivó las investigaciones. Unió, de nuevo, resultó beneficiada y se ahorró unos 195.000 euros.
En 2010, cuando comenzó la instrucción, Boqué —que había sido director de Consumo de la Generalitat en los años 90— negó haber facilitado ventajas y se escudó en que la gestión estaba delegada en los vocales López y Cortés.
Durante la investigación, el juez dio la condición de responsable civil “a título lucrativo” a Unió. Se trata de una figura jurídica prevista para que quien se lucra gracias a un delito que no ha cometido, lo devuelva. El auto no aclara si mantiene esa condición a Unió. Fuentes judiciales confirmaron, sin embargo, que el partido ya ha devuelto 195.000 euros: unos 160.000 por la parte de los locales que aún no se había pagado, y otros 35.000 por los alquileres pendientes.
La investigación contiene media docena de subtramas, y el expolio de la fundación afín a Unió no fue solo en una dirección. Según el juez, el expresidente y los dos vocales del think tank extrajeron 1,8 millones de euros de la entidad entre 2004 y 2007 a favor de su grupo, IMS. Una tercera parte de ese desvío (600.000 euros) corresponde a servicios que la fundación pagó pero, en realidad, no recibió. “Se desconoce el destino de esos fondos”, señala el auto, toda vez que los imputados los retiraron mediante transferencias bancarias. El resto del dinero (1,2 millones) corresponde a un préstamo que Cataluña y Territorio concedió a IMS. Pero el préstamo tampoco es real, según el juez, sino solo “un intento de dar cobertura legal a la mayor parte de los fondos” desviados.
El auto también pide que se siga el proceso contra otros dos empresarios —Xavier Soriano y José Cornadó, de Copisa— por la simulación de un negocio que permitió a Soriano “obtener un millón de euros”. El juez pide a las partes —la fiscalía y las defensas— que presenten sus escritos antes de decidir si sienta en el banquillo a los imputados.
* El País - Jesús García - 25.3.14
Foto: Duran Lleida, líder de Unió - elperiodico
El juez ve indicios de que Unió se benefició de una trama delictiva
El Tribunal de Andalucía dice ahora que el suelo del hotel del Algarrobico es urbanizable
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Reír por no llorar. El caso del hotel El Algarrobico construido al borde mismo de una playa virgen en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, continúa su desgraciada historia de terror. Cuando ya parecía, tras 10 largos años de problemas de todo tipo, que el Supremo había dictado sentencia firme de ilegalidad y, por tanto, de demolición inmediata, viene el Tribunal de Andalucía y, saltándose el escalafón judicial, dice ahora que el suelo donde se asienta el hotel es urbanizable y que no hay delito!! Demasiados intereses político-financieros se ven tras esta última sentencia (ilegal) del Tribunal andaluz, aunque, como bien sabemos, la justicia urbanística en este país es radicalmente injusta y sus actuaciones bordean lo delictivo. Hace pocos días comentábamos en este blog la extrañeza ante un retraso dictado para el derribo del hotel, pero esta nueva sentencia es el colmo de la desvergüenza judicial. El símbolo por antonomasia del Urbanismo Salvaje en este país continúa desgraciadamente en pié y, según parece, como no lo tiren los ciudadanos, los poderes fácticos no lo van a hacer.
"PÚBLICO* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado este martes que el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es urbanizable, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994. La sentencia revoca el nivel de protección que se le dio en la nueva norma aprobada en 2008 y subraya que le corresponde el nivel de zonificación D2 o "suelos urbanizables cuyo desarrollo no resulta a priori contrario a los valores del espacio protegido".
La resolución de la Sección Tercera, que estima el recurso interpuesto por la promotora del hotel Azata del Sol, entra en contradicción con el fallo dictado por el Tribunal Supremo en torno a la misma cuestión, en este caso en respuesta al recurso de Ecologistas en Acción, que dictaminó en firme en octubre de 2012 que el suelo es no urbanizable de especial protección.
Así, el sector ST-1 consta como no urbanizable desde que el 23 de marzo la Junta lo publicó en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para, así, dar cumplimiento a otra providencia del Alto Tribunal andaluz que le instaba por segunda vez a ejecutar las resoluciones judiciales dictadas.
Nada más conocer la sentencia, la reacción de los colectivos ecologistas no se hizo esperar. Greenpeace anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según la responsable de Costas de la organización ecologistas, Pilar Marcos, puede haber "maniobras ocultas" para legalizar la construcción.
En cualquier caso, Marcos aseguró que Greenpeace lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, tribunal que, según recordó, ya resolvió dos medidas cautelares del TSJA diciendo que "los terrenos no eran urbanizables", lo que llevó a la Junta de Andalucía a "asumir ese error y a clasificar la zona como no urbanizable".
A la vista de los acontecimientos y de que aún sigue pendiente que se resuelva el "importante" pleito sobre la licencia de obras, Marcos sospecha que se estén realizando "triquiñuelas ocultas para legalizar el hotel". "De todo lo preocupante no es solo que el TSJA esté negando todas las sentencias y los pronunciamientos que dicen que la zona no es urbanizable sino que lo más importante es cómo esta pequeña pieza puede tener una gran influencia sobre el pleito, que lleva dos meses de retraso, sobre la licencia de obras", subrayó.
Ecologistas en Acción también confirmó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la "impresentable" sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, declaró este martes que en la tramitación judicial "se veían maniobras raras desde hacía tiempo", en alusión al dictamen del fallo pese al recurso contra la providencia que amparaba el cambio de sección y de ponente que han visto el caso en el seno del TSJA, y del cual se han enterado "a toro pasado".
Dicha modificación, según Domínguez, supondría una violación del derecho fundamental a ser juzgados por un juez ordinario predeterminado, algo que ha considerado un "atropello" desde el punto de vista formal, dada la "indefensión total y absoluta" en que quedaban los recurrentes.
Por otra parte, el letrado calificó de "impresionante" que la sentencia se haya dictado "tan rápido", antes de resolver su recurso anterior. "Ha habido cosas rarísimas", ha abundado. Domínguez ha recordado que ya existe una sentencia del Supremo y cuatro del TSJA que declaran espacio protegido el suelo donde se asienta el complejo, por lo que el último fallo es "contradictorio" con los anteriores, si bien, ha lamentado, éste "prepara el terreno al fallo de la licencia, que si se basan en éste tendrían que legalizar".
* Público - EP- 25.3.14
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - google
El Gobierno plantea asumir el 50% de la deuda de las autopistas en quiebra para rescatarlas
En la misma línea de lo sucedido con la deuda bancaria, el gobierno del país pretende asumir la mitad de la deuda de las empresas concesionarias de las insostenibles nuevas autopistas de peaje. Es decir, que recaigan sobre todos los ciudadanos los errores de planificación y despilfarro delictivo de las infraestructuras construidas en los últimos años. Algo que denota, una vez más, como el gobierno 'popular' acude raudo a ayudar a sus amiguetes en la corrupción que ha supuesto la crisis-estafa que seguimos padeciendo en todo el país. En este blog se denunció desde el principio el atrevimiento 'interesado' de los dirigentes del ministerio de Fomento al despilfarrar los recursos en infraestructuras sin ningún tipo de beneficio social, solamente el privado de las grandes empresas constructoras amigas. Cuando se ha venido abajo este perverso negocio, se pretende socializar las pérdidas. Algo debería decir la justicia al respecto, si fuera justa de verdad.
20MINUTOS* : El Gobierno ha ofrecido a la banca acreedora de las empresas concesionarias de diez autopistas de peaje con problemas económicos una quita de algo más del 50% (unos 2.400 millones de euros) de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros, y la creación de una empresa de capital cien por cien público para aglutinar a esas vías.
Según han señalado fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta de los ministerios de Fomento y de Hacienda a los seis principales entidades financieras implicadas en este proceso contempla también crear un fondo de titulización que emitirá bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%, un porcentaje que dependerá también de los tráficos de estas vías. El objetivo de este plan, que este martes ha avanzado el diario La Vanguardia, es evitar que la solución a la insolvencia que presentan estas autopistas afecte al déficit público. Está previsto que los bancos afectados, BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Banc Sabadell y Banco Popular, respondan a esta propuesta antes del próximo lunes.
La constitución de esta sociedad agregaría al 22% de la red total de autopistas de peaje y constituye la mejor solución para hacer frente a un problema que debe minimizar el impacto en el déficit público y evitar la declaración de ayuda de Estado, señalan las mismas fuentes.
Inicialmente el Gobierno había planteado a las concesionarias y a los bancos acreedores la creación de una sociedad con participación pública y privada. En función de esta idea inicial, el valor residual de estas concesiones representaría el 20% del capital de la empresa, que podría estar valorada en más de 600 millones de euros, mientras que el 80% restante estaría controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), un reparto que en un primer momento no gustó a todas las partes. Es el caso de las constructoras y concesionarias, que llegaron incluso a reclamar una participación del 49%.
Además, en el marco de las negociaciones, desde Fomento no se negaba abocar incluso a estas autopistas en concurso de acreedores a la liquidación, un proceso que reconocían que era largo e incierto aunque no necesariamente más caro.
Por su parte, desde Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y ahora concesionarias de peaje, consideraban que la liquidación de estas autopistas dañaba la imagen de España, cerraba el mercado nacional a inversiones nacionales y extranjeras y conlleva litigios judiciales que durarían varios años. Por ello, reclamaban la creación de una sociedad concesionaria pública para integrar diez autopistas de peaje como la opción menos gravosa.
Asimismo, desde Seopan se ponía de manifiesto que las empresas ya han perdido el 100% de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable.
Las cuatro autopistas radiales de Madrid proyectadas durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) se declararon en concurso de acreedores, presionadas por una deuda conjunta de 1.700 millones de euros y una caída del tráfico que supera el 48% desde los máximos que registraban en 2007, antes de la crisis. Junto a las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y el Eje Aeropuerto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) también se vieron abocadas al concurso.
Autopistas en quiebra
Autopista AP-41 (Madrid-Toledo). Esta autopista, que se abrió en diciembre de 2006, fue la primera en declararse en quiebra en mayo de 2012 tras arrastrar una deuda de 530 millones de euros (380 a los bancos y 150 a los propietarios expropiados). Entre sus propietarios figuran empresas como Isolux, Comsa, Sando y Azvi y Banco Espírito Santo.
Radial 4 (Madrid-Ocaña). La autopista radial R-4 se declaró en concurso voluntario de acreedores en octubre de 2012. Inversora de Autopistas del Sur y Autopista Madrid Sur, las sociedades concesionarias, no pudieron hacer frente a la deuda de 575 millones de euros. Las constructoras Cintra-Ferrovial y Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha están detrás de estas sociedades. Entre enero y septiembre de 2013, esta radial disminuyó su tráfico un 16,4% (hasta los 4.949 vehículos diarios).
Radial 3 (Madrid-Arganda) y Radial 5 (Madrid-Navalcarnero). La sociedad Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y R-5 (participada por las constructoras Abertis, Sacyr y ACS), fue declarada en concurso voluntario de acreedores días después de hacerlo la R-4 con el fin de refinanciar la deuda de 666 millones de euros contraída con los bancos. La R-5 (Madrid-Navalcarnero) había perdido un 14,7% de usuarios entre enero y septiembre de 2013, hasta 6.957 vehículos diarios. La R-3, por su parte, cayó un 6,8% en ese mismo período y sumaba hasta 9.719 usuarios al día.
Radial 2 (Madrid-Guadalajara). Henarsa, sociedad concesionaria de la R-2, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013 tras acumular una deuda financiera de unos 450 millones de euros. Esta sociedad concesionaria está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía FCC y Bankia. Es la autopista que más tráfico perdió en 2013, un 22,5%, hasta contabilizar una media diaria de 4.588 vehículos.
Autopista AP-36 Ocaña-La Roda. La empresa concesionaria —gestionada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa— entró el concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2012 —tras solicitarlo en octubre— al no poder hacer frente al pasivo de 522 millones de euros que soportaba y que vencía a finales de ese año. El tráfico en esta autopista cayó en 2013 un 9,8%, hasta 2.802 coches diarios.
Circunvalación de Alicante. Se declaró en concurso de acreedores en el verano de 2013. La concesionaria Ciralsa reconocía así su situación de insolvencia al declarar un pasivo superior a los 400 millones de euros. Su tráfico en 2013 había disminuído un 7,3% (hasta los 5.293 tránsitos al día).
Autopista AP-7 Cartagena-Vera. La falta de tráfico —en 2013 decreció un 3%, hasta los 2.737 usuarios diarios—, sumado a los problemas financieros por la imposibilidad de atender el pago de intereses y los sobrecostes por obras y expropiaciones llevaron a Aucosta, la sociedad concesionaria de esta autopista —participada por Ploder, Globalvía (FCC y Bankia), Unicaja, BMN y CAM— a declararse en concurso de acreedores en febrero de 2013 con un pasivo de unos 550 millones de euros.
Autopista AP-7 Alicante-Cartagena. Ausur, la sociedad que explota la infraestructura, aún no se ha declarado en concurso de acreedores pese a la importante deuda que mantiene con el consorcio bancario—Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular— que le concedió un crédito de 210 millones de euros. Los bancos creen que la única solución pasa por la nacionalización, pero los accionistas de Ausur están intentando renegociar la deuda. La autopista alcanzó su tráfico máximo en 2007, con 20.410 vehículos, y ha ido perdiendo usuarios hasta rozar los 17.000.
Autopista Eje Aeropuerto M-12. Esta vía, de la que el grupo OHL es titular al 100%, ha sido declarada en concurso de acreedores en enero de este año, con una deuda de unos 550 millones de euros.
* 20 Minutos - agencias - 25.3.14
Foto: Carteles indicativos de la Radial 5 de Madrid.
Llanes autorizó al hotel de la playa de Barru exceder la edificabilidad
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"LNE* : El Ayuntamiento de Llanes otorgó al hotel situado en primera línea de la playa de Barru más edificabilidad del máximo legal permitido, según ha concluido la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Así se recoge en un informe en el que la CUOTA cuestiona también que el Ayuntamiento de Llanes haya otorgado licencia para construir un edificio de tres plantas más ático sin haber justificado en el expediente, como señala la ley, que esas alturas cumplen las exigencias de la legislación regional.
La primera conclusión de la CUOTA no deja lugar a dudas: "La licencia concedida por resolución de la Alcaldía de Llanes, de fecha 8 de marzo de 2013, a la mercantil Carrera y Pérez SL, para obras de reforma y ampliación del hotel Kaype y aparthotel de tres estrellas en Barru, autoriza una edificabilidad que supera la máxima que resultaría de aplicación conforme al criterio legal de cálculo utilizado", señala textualmente el informe, lo que ha llevado a la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) a solicitar al Servicio de Disciplina Urbanística la inmediata paralización de las obras.
AVALL, que calcula que el exceso de edificabilidad asciende a unos 2.000 metros cuadrados, "más de dos plantas de la nueva edificación", señaló que las supuestas ilegalidades observadas podrían conducir a la demolición de buena parte de los construido. "Atendiendo únicamente al informe de la CUOTA, sin necesidad de esperar a la sentencia jurídica (hay varios juicios pendientes) este despropósito se convierte en un descalabro potencialmente mortal para las arcas comunes de los llaniscos, pues no hay que olvidar que este proyecto ha sido validado, defendido y licenciado por el Ayuntamiento de Llanes y sus respectivos técnicos, con lo que la propiedad, al igual que ocurrió en otros casos, habrá de ser indemnizada por las arcas públicas, y en este caso la cifra de 500.000 euros habría que considerarla ridícula", señaló AVALL, en referencia al medio millón de euros que tuvo que abonar el Ayuntamiento de Llanes en concepto de indemnización a los propietarios de un chalé de Niembru que fue demolido en 2011 pese a contar con licencia municipal.
AVALL, en su escrito a Disciplina Urbanística, indica que el respaldo de la CUOTA al Ayuntamiento y al promotor, señalando que la obra se ejecuta en suelo urbano consolidado, se resolverá en los tribunales. Y es que tanto AVALL como los dos particulares que han llevado al juez el caso sostienen que la obra se ejecuta en un núcleo rural, y, por lo tanto, en suelo no urbanizable o, como mínimo, en suelo urbano no consolidado. Y en varias parcelas independientes. De ser así, la obra sería ilegal y habría que demoler todo lo construido.
Los propietarios del hotel, según la CUOTA, ya han admitido que incluyeron en el proyecto, "por error", 423,05 metros cuadrados de suelo público propiedad de Costas, como denunciaron AVALL y dos particulares. Ese "error" ya ha sido subsanado mediante una nueva inscripción catastral.
* LNE - Ramón DÍAZ - 1.3.14
Foto: Las obras del hotel de la playa de Barru, ayer.- Emilio G. Cea
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El diputado nacionalista Oriol Pujol y su mujer, imputados por soborno en el ‘caso ITV’
Continúa en activo el caso de la trama para la concesión irregular de estaciones de ITV en Cataluña, un hecho de gran relevancia política sucedido hace más de 6 años ya. En el mismo sigue imputado el parlamentario y exsecretario general de CiU, Oriol Pujol, hijo del que fuera muchos años presidente de la Generalitat, Jordi Puyol. Una nueva acusación judicial le acusa ahora de soborno al reclamar 30.000 euros a empresarios para dirigir el voto de CiU hacia su causa particular. Habrá que ver cómo termina este asunto y si el juez es capaz de sentenciar 'justamente' ante las fuertes presiones políticas existentes del partido nacionalista catalán.
"PÚBLICO* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha imputado por presunto soborno al diputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol; a su mujer, Anna Vidal, y a los empresarios Sergi Alsina y Ricard Puignou dentro del caso de la supuesta trama para la concesión irregular de ITV. En un auto de 12 páginas el magistrado Enric Anglada ha decidido, tras escuchar este martes a las partes, "la continuación del presente procedimiento" dentro de la investigación de las ITV, donde Oriol Pujol ya estaba imputado por presunto tráfico de influencias.
El juez ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha citado a estos cuatro imputados, y también ha convocado a otras seis personas como testigos, incluido el que era encargado de la Generalitat para la negociación de las ITV, Josep Tous.
Sostiene que "hay indicios racionales" de que Oriol Pujol cometió un delito de soborno, y alude al escrito del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado que considera que el político exigió 30.000 euros a Puignou por votar en el Parlamento a favor de los intereses del empresario en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008.
El fiscal, basándose en informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), sostiene que Oriol Pujol ejecutó las pretensiones de Puignou "valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público".
Lo hizo presuntamente a través del empresario ya imputado Sergi Alsina, amigo personal del político, para hacer que el grupo de CiU en el Parlamento catalán presentase enmiendas a la ley a petición de Puignou, gestiones por las que presuntamente cobró.
Abono a Oriol Pujol ‘por los servicios prestados'
Puignou presuntamente pagó por esto 80.000 euros en 2008 a Alsina, mientras que el supuesto abono a Oriol Pujol "por los servicios prestados" se hizo a través de una mercantil de su mujer, también imputada.
El magistrado todavía no ha fijado fecha para las declaraciones de los imputados pero, según han informado fuentes judiciales, no serán antes de Semana Santa; se ha dado la circunstancia de que la primera imputación del político -entonces por tráfico de influencias- se produjo hace justo este miércoles un año, el 19 de marzo de 2013.
* Público - EP - 19.3.14
Foto: Oriol Pujol, junto a su padre Jordi y el presidente Mas (archivo) - publico
Treinta y cinco años de Planeamiento Urbanístico
Qué es lo que ha ocurrido en la sociedad para que un actividad como el Urbanismo haya pasado en pocos años de ser ejemplar y esencial para la ordenación del territorio a un nido de corrupción y foco delictivo de las mayores atrocidades y salvajismo. Desde siempre y hasta hace unos 30 años la actividad urbanística fue generalista, abarcando materias tan amplias como la arquitectura, la ecología, la antropología, la psicología social, etc. Es decir, fundamental en la vida de las personas para su mejor desarrollo social. Pero el alejamiento progresivo de los técnicos formados en estas actividades, así como el avance notorio de la política y sus ideologías partidistas, con la corrupción subsiguiente, han permitido que se llegue a una situación como la actual, desastrosa para toda la comunidad, donde ya solo cabe apelar a la participación real y directa de la ciudadanía para, entre todos, solucionar esta grave crisis de identidad del Urbanismo clásico.
"JOSÉ E.BRETÓN* : En 1979, cuando en España empezaron a perder vigor los planeamientos anteriores y comenzaron a redactarse los planeamientos denominados democráticos, en las escuelas técnicas, los profesores de urbanismo aún enseñaban a sus alumnos los criterios y las pautas que deberían seguir al intervenir en la ordenación de los asentamientos humanos.
Los profesores animaban a los alumnos a profundizar en el contenido del término Ekistica, acuñado por Doxiadis (1913-1975, arquitecto por la Universidad Politécnica de Atenas, doctor por la Universidad de Charlottenburg en Berlín, responsable de la reformulación urbanística de Rio de Janeiro, autor de los planes de ampliación urbanística de Bagdad, Riyadh y Jartum y del diseño de las ciudades de Tema en Ghana y de Islamabad en Pakistán), para definir la ciencia general de los establecimientos humanos, que concibe el hábitat humano en su totalidad, y que comprende desde la arquitectura que da expresión a los conjuntos menores, hasta el regionalismo con la concepción y creación de la región, pasando por la urbanística que se concreta en las áreas urbanas. En aquellos años, las enseñanzas en las escuelas también incluían en el estudio de los asentamientos humanos aspectos relativos a la geografía y la ecología, al entorno físico, a la psicología humana y a la antropología, a la estética, a lo cultural y de vez en cuando a lo político. En definitiva, los estudios adquiridos en las escuelas técnicas tenían como objetivo el logro de la excelencia en los trabajos urbanísticos.
Pero al mismo tiempo, y a pesar conocer todos los principios anteriores, un nutrido grupo de profesionales del urbanismo aprovecharon la nueva situación para, de forma interesada, compatibilizar el desarrollo de planeamientos urbanísticos para la Administración con labores de asesoramiento a los movimientos reivindicativos vecinales, llegando incluso en el ejercicio de esta doble actividad, a formular el cuerpo esencial de los principios diferenciales que caracterizarían lo que para algunos serian los planeamientos urbanísticos propios de la izquierda. Posteriormente, y como era previsible, estos profesionales alcanzaron un destacado protagonismo en trabajos relacionados con la ordenación del territorio y la edificación, gracias a los encargos recibidos desde las distintas Administraciones.
Sin embargo, no fue necesario que pasara mucho tiempo para que la realidad demostrara a estos profesionales, y a quienes les facilitaban los encargos desde lo público, que la gestión urbanística dejaba escaso margen para poder plasmar en los planes urbanísticos, principios, intenciones y objetivos que son ajenos al urbanismo.
Fue a partir de ese momento cuando unos y otros, junto con algunos propietarios de suelo, buscaron formulas de entendimiento, y sin transcurrir más de un año desde la constitución de los nuevos ayuntamientos democráticos, comenzaron ya a suscribirse entre algunos ayuntamientos y particulares los primeros convenios urbanísticos, figura de ordenación perversa en la que la Administración y el particular, negocian y convienen una determinada ordenación urbanística, que ha sido utilizada hasta la saciedad por determinados entes locales provocado en numerosas ocasiones graves heridas tanto en la trama de las ciudades como en el resto del territorio, llegando incluso la negociación de algunos de estos convenios urbanísticos a demorar la conclusión de grandes infraestructuras de interés general, como ha sucedido en el oriente asturiano con la Autovía del Cantábrico a su paso por el municipio de Llanes, que aún hoy se encuentra en ejecución, provocando con esta forma de proceder cuantiosos perjuicios a los ciudadanos y a las arcas públicas.
Tampoco debe olvidarse que la mayor parte de los convenios urbanísticos negociados y firmados en aquella época, y más recientemente, no solo se han limitado a introducir cambios que permitieran aminorar los efectos más negativos de la ordenación original, sino que algunos Ayuntamientos han aprovechado la ocasión de negociar y suscribir los convenios urbanísticos para obtener cuantiosas contrapartidas de los particulares que han ido más allá de las meras cesiones de suelo establecidas por ley, contribuyendo con esta forma de proceder al encarecimiento de las viviendas y a que no pueda hacerse efectivo el Articulo 47 de nuestra Constitución, relativo al derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y a una regulación del suelo en la que prime el interés general y que impida la especulación.
Es necesario, por lo tanto, que quienes hayan sido formados en las Escuelas para ordenar el territorio, retomen las enseñanzas recibidas y las pongan en práctica, y también es necesario que, quienes han sido elegidos para lo público, sean conscientes de sus limitaciones y se abstengan de mediatizar a los profesionales en una labor que es de capital importancia y para la que no son competentes. Han trascurrido 35 años desde el inicio de los primeros planeamientos democráticos y la experiencia demuestra que debe corregirse el rumbo. La actual situación de crisis hace imprescindible esa reflexión.
*José Emilio Bretón García, Arquitecto y urbanista
* LNE - 25.2.14
Foto: Benidorm (Alicante) - abc
El mayor delirio urbanístico del mundo está en China
Es algo que era fácil de prever: que en la explosiva China se estén cometiendo ahora las mayores atrocidades urbanísticas, sobre todo vistas las burbujas inmobiliarias en otros países, como Japón, Irlanda o España. El inmenso país asiático está empeñado en seguir los despilfarros urbanos y de infraestucturas que han castigado duramente la economía de otros países del planeta. Así hay ciudades y grandes barrios prácticamente vacíos, con una construcción de baja calidad destinada a la estafa-crisis de ciudadanos que necesitan imperiosamente una vivienda, pero lógicamente a otros precios y calidades de edificación. Los ejemplos aberrantes en China son numerosos, avalados además por una economía dirigista desde el poder y la consiguiente falta de elección libre. El día que explote la burbuja inmobiliaria China va a ser sonado tanto en el interior como en el exterior del país.
"PLAYGROUND* : Con el enorme parque de edificios vacíos que tenemos en nuestro país, ¿cómo puede ser que haya tanta gente sin vivienda? Esta es una pregunta que no deja de formularse en la España postburbuja. La cuestión es que en los años del boom inmobiliario se contruyó muchísimo más de lo que necesitábamos, y de manera muy poco sostenible. Nuestra economía estaba muy arriba, pero condenada a la implosión. Hoy España cae y China es el gigante, pero la historia a mayor o menor escala, es la misma: la explosión económica de China se sostiene sobre una serie de éxitos políticos y comerciales, pero también sobre una salvaje apuesta por la construcción de infraestructuras y la urbanización que ha dado ya lugar a una brutal deuda bancaria, y engendros como la ciudad de Ordos, probablemente la ciudad fantasma más grande la Tierra.
Situada en la Mongolia Interior, una región del norte de China que ha conocido un importante desarrollo económico en la última década, Ordos se despliega como ejemplo contemporáneo de urbanismo delirante; una muestra viviente de cómo la planificación urbanística basada en la especulación y el movimiento de capital son incapaces de dar forma a una ciudad funcional.
Ordos es una metáfora o un espejismo, salida del sueño megalómano de un grupo de inversores (que después de apostar por convertirla en la nueva joya urbana del país, acabaron dejándola a su suerte) que se hizo realidad mediante una finta gargantuesca al sentido común.
Planificada para acoger a un millón de habitantes, su población actual no llega a los 20.000. Y sin embargo no le falta de nada. Los edificios que no están abandonados (que son la inmensa mayoría) permanecen abiertos al público, esperando con los brazos abiertos un supuesto aluvión de gente que difícilmente llegará. Desde un lujoso aeropuerto decorado con símbolos del glorioso pasado mongol, hasta hoteles de cinco estrellas, burdeles, museos, mezquitas, estadios... Ordos posee todas las instalaciones que una ciudad moderna podría desear. ¿Pero qué es una ciudad sin la gente que la habita? ¿Quién va a querer visitar la que se declara a sí misma como "la espectacular ciudad turística China" si los empleados de mantenimiento sobrepasan en número a los habitantes? Sólo la ciega fe de sus pobladores en que la gente llegará tarde o temprano les hace permanecer viviendo en un mal sueño creado por otros.
El urbanista danés Jan Gehl afirmaba décadas atrás que a la hora de planificar un espacio urbano, primero estaban las personas y sus relaciones, y luego los lugares que las acogían: hacerlo al revés nunca funcionaba.
Y si uno observa la historia de los asentamientos urbanos, se da cuenta de que su naturaleza es fluida y compleja, y está basada en la actividad humana antes que en las grandes planificaciones institucionales. Pensemos si no en las desiertas y gigantescas ciudades soviéticas, en las delirantes capitales generadas por los millones del petróleo en la península arábiga, o en experimentos sociales a gran escala (y fallidos) como Brasilia. Uno no puede crear una ciudad a golpe de escuadra, cartabón y dinero muerto. Con eso en mente, la existencia de Ordos podría al fin y al cabo tener alguna utilidad: servirnos de recordatorio de la dirección que NO queremos tomar.
*Playground - Natxo Medina - 17.3.14
Foto: ciudad vacía de Ordos en China - playground
Industria se gasta 2 millones anuales en el Palacio de Congresos, cerrado desde 2012
El despilfarro delictivo que ha ocurrido en los últimos años en el país ha permitido que edificios emblemáticos hasta hace poco sean abandonados al ver duplicada o triplicada su actividad con la construcción de otros de nueva planta. En el Madrid de los pelotazos urbanísticos que ha sucedido con la preparación inútil de la Olimpiadas y otros magnos eventos, el Palacio de Congresos de la Castellana lleva casi 2 años cerrado a la espera de que sus dueños del Ministerio de Industria se dignen restaurarlo. Mientras tanto los gastos se disparan absurdamente y el ministro anda a vueltas con otros problemas energéticos de mayor calado para los chanchullos y la corrupción financiera.
"ELCONFIDENCIAL* : El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, un emblemático edificio situado en el madrileño paseo de la Castellana, fue durante años un icono de la oferta de turismo de congresos de España. Su propietario, el Ministerio de Industria, decidió cerrarlo durante tres meses porque había que rehabilitarlo. Era diciembre de 2012, y las obras de remodelación todavía no se han iniciado. Mientras tanto, el departamento que dirige José Manuel Soria invierte una media de dos millones de euros al año en mantener a los 28 trabajadores que siguen velando por la integridad del edificio.
El Ejecutivo ofreció los últimos datos sobre la situación del Palacio en febrero, cuando el Grupo Parlamentario de UPyD presentó una proposición no de ley mediante la cual preguntaba por el edificio. La formación magenta que dirige Rosa Díez echa en cara a los populares que no se aceleren las obras para aminorar el gasto: además de mantener un edificio con capacidad para acoger a 2.000 personas que está cerrado, el edificio no obtiene ningún beneficio porque no se realizan eventos. Según los cálculos de la oposición, por el retraso en las obras se están perdiendo unos cinco millones anuales en eventos que la empresa privada ahora realiza en otros inmuebles.
Desde la Secretaría de Estado de Turismo admiten a El Confidencial que este cierre no implica, en ningún caso, la suspensión de la relación contractual con los prestadores de servicios del Palacio de Congresos. Los 28 empleados que fueron contratados como personal laboral y cuentan con una antigüedad de entre 30 y 40 años en el edificio estatal son principalmente ordenanzas, operarios de mantenimiento y administrativos. En todo este tiempo, aseguran las mismas fuentes, se ha estado negociando con los sindicatos un nuevo destino profesional donde estos trabajadores públicos puedan desempeñar su trabajo “acorde con su categoría profesional”.
Las mismas fuentes reconocen que los trabajadores no han tenido ocupación durante todo este tiempo, pero añaden que se les han ofertado hasta tres puestos distintos en cada caso para su reubicación en otras sedes oficiales. Hace una semana por fin se “llegó a un acuerdo”, aunque no se ha especificado cuál ha sido el nuevo destino de esta treintena de profesionales que han estado mano sobre mano durante dieciséis meses.
Rosa Díez culpó al Gobierno de su “incapacidad” para solucionar los problemas de esta instalación “en el tiempo estimado”, perjudicando “seriamente” al turismo de la ciudad de Madrid. “¿Cómo explica el Gobierno que existan mejoras pendientes y en retraso que suponen un coste mínimo en relación a los beneficios que genera el Palacio de Congresos y Exposiciones?”, cuestionó Díez en la pregunta que envió a la Mesa del Congreso de los Diputados.
Dos cierres temporales hasta que llegó el indefinido
El 21 de diciembre de 2012, un mes después de que la muerte de cinco jóvenes en el Madrid Arena provocara una psicosis por la seguridad de edificios públicos, se dictó una primera resolución para suspender temporalmente todas las actividades en el Palacio. Las primeras previsiones apuntaban a que las instalaciones, que se caracterizan por el mural de Miró que exhiben en una de sus fachadas, se abrirían el 31 de enero, dada la situación de las instalaciones e infraestructuras del edificio, “algunas de las cuales se hallan en un estado de deficiente conservación”.
Durante estos 40 días, según consta en la resolución, se procedió a la actualización del Plan de Autoprotección y se realizó un análisis para determinar las intervenciones necesarias tendentes a garantizar la prestación de servicios con plena seguridad para personas y bienes. El 30 de abril, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, anunció que se ampliaba la suspensión temporal hasta el 31 de diciembre. Tras dos cierres temporales consecutivos, el ministerio anunció un “cese de actividad indefinido” al no tener todavía una previsión de cuándo comenzarán las obras. El distrito de Tetuán, lugar donde se localiza el inmueble, exigía a Turespaña –organismo nacional de Turismo– un proyecto que cumpla con el Código Técnico de la Edificación y que supone, en la práctica, una rehabilitación integral del edificio. Desde el organismo autónomo no se comprometen a asegurar una fecha aproximada de reapertura ni ofrecen cifras de pérdidas.
* Ana I. Gracia - 20.3.14
Foto: El Palacio de Congresos. (Foto: César Astudillo - Wikimedia)
Las iglesias de Mombuey y San Pedro de Villalpando, en la lista roja de Patrimonio
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"LAOPINIÓN* : Dos nuevos templos han sido incorporados a la Lista Roja del Patrimonio Español, que elabora la Asociación Hispania Nostra que vela por la defensa, salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural. Se trata de la torre de la iglesia de Mombuey, declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional, sobre la que se alerta del estado de ruina progresiva, y la iglesia de San Pedro de Villalpando, también en franco deterioro a pesar de tratarse de la única joya del románico mudéjar que se mantiene en pie en la villa terracampina.
Según consta en el informe de Hispania Nostra, la torre de la iglesia de Mombuey presenta una caída de elementos ornamentales, y como consecuencia, «expolio de los mismos». También se alerta del desprendimiento del mortero que se aplicó para rejuntar los sillares de la construcción en la restauración de 2010. Otro de los males de este monumento singular y único en su estilo en la provincia, es la presencia de vegetación en los vanos del cuerpo superior, que favorece la filtración de aguas, y aumenta las humedades.
La iglesia se encuentra situada en el barrio central de Mombuey, junto al Camino de Santiago. De ella se pueden diferenciar dos partes, la torre y la iglesia, siendo ésta última del siglo XVIII y de menor calidad constructiva. La original y singular torre fue, a todas luces, una atalaya militar con funciones añadidas, que ha venido asistiendo a la iglesia parroquial como campanario. Su construcción es atribuida a los caballeros templarios, que la edificaron siguiendo un estilo tardorrománico, en la segunda mitad del siglo XIII.
Respecto a la iglesia de San Pedro de Villalpando, Hispania Nostra justifica su incorporación a la «lista roja» en base a los «importantes daños, como grietas y humedades, que se han agravado durante los últimos años como consecuencia de la falta de intervenciones de mantenimiento». La torre es una de las partes más afectadas y presenta dos grietas de grandes dimensiones, incluso se apunta el «riesgo de desplome», puesto que «se está separando progresivamente del resto de la iglesia y puede suponer un peligro para los viandantes que pasan a diario por la calle anexa». Igualmente se hace constar la desaparición de obras patrimoniales.
Una situación de la que es conocedor el pueblo de Villalpando. De hecho, el ruinoso estado de la iglesia de San Pedro ha llevado a un grupo de vecinos de la villa a constituir la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico Religioso de Villalpando con el objetivo de frenar el grave deterioro que sufre el templo. Grietas, grandes manchas de humedad y desprendimientos amenazan el futuro de la única joya de románico mudéjar del siglo XII que se conserva en la localidad. El colectivo recién creado ha dado ya pasos para evitar la ruina de la iglesia buscando vías de financiación que permitan la intervención en el templo. Pero ha sido la aportación desinteresada de vecinos de Villalpando la que ha permitido la primera intervención de urgencia, reparando parte del tejado, donde se había producido un reciente desprendimiento.
Incluso la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico Religioso de Villalpando propone ideas para restaurarlo como convertirlo en la sede de un futuro museo que albergue y valioso y abundante patrimonio religioso existente en Villalpando y que actualmente está disperso por diversos edificios, incluso fuera de la provincia.
Ante esta incorporación de dos monumentos de la provincia, el Partido Socialista quiere llamar la atención sobre la situación del Patrimonio histórico-artístico de Castilla y León, en general, y del zamorano, en particular.
Precisamente, el pasado martes 11 de marzo, el portavoz socialista de Cultura y Turismo en las Cortes, José Ignacio Martín Benito, interpelaba a la Consejera de Cultura por la conservación y gestión del patrimonio cultural en la Comunidad, y hacía referencia al «mal estado de bienes de interés culturales en la provincia de Zamora como las iglesias de Mombuey y Molacillos, así como el retraso acumulado en la restauración de los mosaicos y apertura al público de la villa romana de Camarzana de Tera». Martín Benito precisa que el Partido Popular «se opuso el pasado mes de febrero en las Cortes a la propuesta socialista de una intervención integral en el monumento de Mombuey».
Con las dos nuevas incorporaciones, la «lista roja» del patrimonio cultural en la provincia incluye trece monumentos, entre los que se encuentra Castrotorafe, el Convento del Soto en Villanueva de Campeán o los castillos de Alba, Granucillo, Villalpando y Amesnal, este último en Alfaraz de Sayago.
* La Opinión de Zamora - I. GÓMEZ - 16.3.14
Foto: Mombuey (Zamora), torre en la lista roja - laopinion
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La piqueta indulta a las grandes obras y derriba pequeñas construcciones
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La piqueta del derribo es selectiva a la hora de ejecutar órdenes y sentencias, algo que sucede en todo el país, desgraciadamente. Como suele ocurrir, es más fácil para los corruptos dirigentes deshacerse de una pequeña construcción ilegal que de grandes urbanizaciones, hoteles de lujo, etc. Así da la impresión que hacen algo positivo, cuando realmente las ilegalidades urbanísticas más importantes se cuelan 'de puntillas'. Siempre están detrás, por supuesto, los oscuros intereses político-financieros. Es lo que ocurre en Galicia, donde la Xunta demolió 111 obras ilegales el último año, la mayoría casas unifamiliares y galpones, mientras urbanizaciones y hoteles con órdenes de derribo siguen en pie y probablemente, con la inestimable complicidad judicial, nunca sean derribadas.
"ELPAÍS* : Las excavadoras derribaron 100 construcciones ilegales en Galicia durante 2013. En las próximas semanas otras 11 serán escombros. Xunta y ayuntamientos ingresaron el ejercicio anterior 1,24 millones de euros por multas urbanísticas. Las cifras están en el balance de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que presentó esta semana el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, quien aseguró que no es “afán recaudatorio” lo que mueve a su Gobierno sino concienciar a la sociedad en el respeto al medio ambiente.
Según consta en los planos de la APLU —el organismo nacido en 2008 con el bipartito que desde entonces ha echado abajo 300 edificaciones ilegales— la piqueta se está empleando a fondo contra viviendas unifamilares, galpones y alguna nave industrial levantados sobre suelo rústico. Pero, entretanto, grandes urbanizaciones, complejos residenciales de lujo y establecimientos hoteleros pegados al mar, también declarados ilegales con sentencias firmes, sobreviven tras lustros de burocracia y recursos judiciales.
Un ejemplo paradigmático se da en Fisterra. El Gobierno gallego amenazó el pasado enero a los propietarios de tres chalés a los pies de la playa de Mar de Fora con multas de 400.000 euros si no acceden a derribarlos. El expediente señala que se trata de obras realizadas “sin licenza ni autorización autonómica en suelo rústico de protección de costas que cuentan con orden de demolición”. Una infracción muy grave. Si los dueños aceptan tirarlos por las buenas, verán reducida la sanción en un 80% de su cuantía.
En ese mismo municipio de la Costa da Morte perviven en la apelotonada Recta da Anchoa seis edificios con 168 pisos declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra los que la Xunta no actúa. Pertenecen a constructoras vinculadas a familiares de cargos del PP y evidencian el rastro que dejó el desaforado desarrollo urbanístico de este municipio costero, donde la construcción creció un 444% entre 2004 y 2007. Un portavoz oficial de la Consellería de Medio Ambiente alega que “no existe trato desigual” y garantiza que la Xunta solo espera a tener en su mano todas las sentencias —hay procesos judiciales que siguen tramitándose en juzgados, algunos con sentencias favorables a los constructores— para actuar.
En O Grove, pleno corazón de las Rías Baixas, las máquinas desmontaron el pasado febrero una residencia familiar de madera. El expediente constata una infracción muy grave por invadir suelo rústico de protección de costas. En la finca de aquella casita de madera hoy no queda nada.
A solo unos kilómetros de allí siguen en pie 52 chalés de lujo, incluidas sus solarium y piscinas saladas, que miran a la playa de Os Raeiros. La urbanización la levantó en 1991 sobre suelo rústico y con licencia de apartotel la sociedad Inproin Galicia SL, cuyo administrador es Fernando Varela, un empresario bien relacionado en el PP, hermano del anterior conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Tras una catarata de sentencias que ha llegado al Supremo, el Tribunal Superior de Xustiza desestimó el pasado 12 de septiembre el último recurso de la promotora y dio la razón a la Xunta, que inició el proceso en tiempos del bipartito. La sentencia que ordena la demolición de los 52 apartamentos de lujo es firme y ejecutiva. Y la APLU, el organismo competente para proceder a la ejecución forzosa. De momento, no lo ha hecho. Según explica un portavoz de la Consellería de Territorio, ese departamento está pendiente de un informe jurídico porque ve “contradicciones en varias de las sentencias”. Eso sí, ha impuesto una multa coercitiva que la constructora ha recurrido.
En Barreiros, donde su alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, quiso levantar “el Sanxenxo del norte”, la Xunta de Feijóo no solo no forzó la ejecución de aquellas sentencias que pedían demoler decenas de edificios sino que impulsó un polémico plan de legalización que acabaron frustrando los tribunales. Mucho más al sur, el Talaso de Oia también subsiste pese a haber agotado la vía judicial derrota tras derrota. Su licencia es nula y debe ser derruido. La Consellería de Medio Ambiente y Territorio tiene competencias para apurar la demolición. Pero el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado varias veces por buscar un atajo que le permita sobrevivir. Aduce razones de interés económico y recuerda que da trabajo a varias decenas de personas.
Los expertos urbanistas consultados para este reportaje admiten que las instituciones lo tiene más difícil cuando se enfrenta a inmobiliarias que cuentan con bufetes especialistas en eternizar las causas para mantener a salvo sus lucrativos negocios. Y aunque recuerdan que fue esta APLU quien tiró en 2008 la primera construcción ilegal en Galicia, después de décadas de impunidad, temen que el organismo se quede ahora para luchar contra las pequeñas chapuzas sin poder hacer frente a los abusos que tienen detrás grandes intereses económicos.
* El País - JOSÉ PRECEDO - 15.3.14
Foto: Vivenda unifamiliar en el Ayuntamiento de Bueu, el suelo donde fue contruido es rústico de protección de zonas agroforestales costeras y fue catalogada como "muy grave". Fue demolida en febrero - elpais
El Algarrobico: un nuevo vericueto judicial retrasa todavía más el derribo del hotel
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Es inconcebible toda la casuística que acompaña al monstruoso hotel de El Algarrobico situado en una playa virgen de Almería; el asunto es que sigue en pié tras ser considerado como icono del Urbanismo salvaje e ilegal que se ha practicado en todo el país. Tras diez años de denuncias, juicios, retrasos, etc, las asociaciones ciudadanas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción consiguieron una sentencia final favorable del Tribunal Supremo, hace solo dos años, que lo declaraba irrevocablemente ilegal. Pero de repente aparece el Tribunal de Andalucía, incomprensiblemente, y vuelve a retrasar la sentencia de demolición que pesaba sobre el hotel. Algo que huele a chamusquina y a la sospecha de que se trata de otro amaño político-judicial-empresarial.
"CUARTOPODER* : Un nuevo impedimento, ¿quizá trampa?, judicial se ha vuelto a cruzar en el larguísimo camino hacia el derribo del hotel de la empresa Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), que continúa exhibiendo su mole inacabada de 21 plantas y 411 habitaciones a escasos 25 metros de la orilla del Mediterráneo. Los vericuetos legales son como los caminos del dios de los católicos, inescrutables; en este caso, sirven para explicar por qué no se ha dictado de una vez la orden de demolición pertinente.
Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción-Almería han conseguido ya una quincena de sentencias contra el hotel, pero éste sigue donde estaba, con todos sus ladrillos en su sitio. Una de las resoluciones es del Tribunal Supremo ––dictada hace exactamente dos años, el 21 de marzo de 2012–– y fue la primera de carácter firme e irrevocable que establece la ilegalidad de la licencia y la construcción, porque invade la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
Después de diez años de pleitos, denuncias, juicios y retrasos para evitar que se consolide la ilegalidad de la construcción en una cala del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el último acto previo a la demolición parecía servido. La Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebró una vista el pasado 14 de enero, sin que ninguna de las partes la hubiera solicitado, para examinar el recurso de la empresa Azata del Sol, dueña del hotel, y el Ayuntamiento de Carboneras (PP) contra la sentencia de 2008 de un juzgado de Almería que declaraba ilegal la licencia de construcción y, por tanto, se debía proceder al derribo.
Se esperaba la sentencia para finales de ese mes. Todo estaba empezando a prepararse para que la Junta de Andalucía se hiciera cargo de la regeneración de la playa tras la esperada demolición del hotel. Pero entonces, una providencia de la sala informó a las partes ––empresa y municipio por un lado; Salvemos Mojácar y EeA, por otro–– de que la comunicación oficial definitiva se haría el 25 de febrero. En esta fecha, un comunicado de la sección granadina del TSJA aseguraba que en diez días habría sentencia.
El lunes de 17 de marzo, ayer mismo, en vista de que no se producía ningún resultado, Salvemos Mojácar pidió la nulidad de las actuaciones y la anulación de la vista del día 14 de enero. Todo el embrollo proviene de la baja por enfermedad de la magistrada María del Mar Jiménez Morera que era ponente del asunto y fue sustituida por el magistrado presidente de la Sala Rafael Toledano Cantero el seis de noviembre pasado.
Fue éste quien decidió la celebración de la vista sin que nadie se lo pidiera. Pero ese acto se celebró después de que la magistrada se reincorporara al trabajo y, por lo tanto, según la petición de nulidad, le hubiera correspondido a ella y no a Toledano decidir al respecto, incumpliéndose de otro modo las normas de reparto del TSJA, y vulnerando el artículo 24 de la Constitución al privar a los peticionarios “del derecho fundamental al juez ordinario”.
Ante las dilaciones y la dudosa aplicación de las reglas que parecen llevar la ejecución del derribo a un callejón sin salida después de diez años, a los partidarios del derribo del hotel en El Algarrobico no les queda otro remedio que intentar darle la vuelta al calcetín, intentando que la juez Jiménez Morera se vuelva a hacer cargo del tema. Sorprendió en ambientes jurídicos de Almería que no fuera restituida en su puesto, después de su baja laboral, pues se creía conocer su postura favorable a que se ejecutara el derribo de la infame mole.
Muchas coincidencias de nombres, empresas y apellidos ponen la mosca detrás de la oreja a quienes pretenden que se cumpla la legalidad en la playa de El Algarrobico. El principal dueño del grupo Azata es José Domingo Rodríguez Losada, un notable promotor urbanístico e inmobilario en Marbella y en municipios de la Comunidad de Madrid como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Boadilla del Monte o Las Rozas, a quien se considera con buenas relaciones en el PP.
La situación extraña porque, además, el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada puede tener conocimientos adecuados y suficientes del asunto inmobiliario ya que familiares cercanos suyos se dedican a ese negocio en su Jaén natal. Y, en el improbable caso de que no tenga esa erudición, es seguro que tiene con quien aconsejarse convenientemente.
* Cuarto Poder - JOSÉ LUIS VIDAL COY - 18.3.4
Foto: Algarrobico (Carboneras-Almería), desde la playa- j.rojas (elpais)
Santa Cruz.- Urbanismo intenta desmontar las 5.000 casas previstas en Las Huertas
Acostumbrados a ver noticias negativas sobre el urbanismo de Sta.Cruz de Tenerife, llama la atención la ejemplar disposición de la nueva Gerencia de Urbanismo de querer revertir situaciones insostenibles que afectan al territorio municipal. Es el caso de la agresiva urbanización prevista en la trasera de la Playa de las Teresitas. Pero claro, siempre dentro de lo legal (que no suele coincidir con lo razonable) y aquí se habla de un primer convenio suscrito en el año 1989, nada menos. La gigantesca urbanización prevista incluye la construcción de unas 5.000 viviendas, que supondría sumar 20.000 habitantes a los 2.500 que en la actualidad tiene el pueblo de San Andrés. Un disparate urbanístico que habrá que ver si ahora se puede revertir con la débil justicia existente.
LAOPINIÓN* : La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, que preside el concejal socialista José Ángel Martín, anunció ayer que hará todo lo posible por "desmontar" el proyecto de urbanización previsto para el Valle de Las Huertas, en la parte trasera de la Playa de Las Teresitas. Lo anunció Martín en la Comisión de Control celebrada ayer en el Consistorio. "Podemos dar la vuelta a todo el proyecto y desmantelarlo porque hay sentencias, como la que dio la razón contra la reparcelación del Polígono de Las Teresitas a los vecinos alemanes Lola y Enrique Schneidr, que facilitan el camino.
Las futuras causas que abriremos irán dirigidas a atacar el convenio que se estableció en 1989 con la Junta de Compensación porque este Ayuntamiento tiene pruebas suficientes como para demostrar la titularidad municipal de los terrenos" desde 1967, explicó ayer el edil de Urbanismo.
Pero eso sí, el concejal socialista José Ángel Martín también quiso ser prudente indicando que es cierto que hay un proyecto de urbanización aprobado y que "se echará atrás siempre que sea a coste cero para el Ayuntamiento de Santa Cruz; es decir, siempre que legalmente tengamos la posibilidad de hacerlo". "Es que si no es así, tendríamos que afrontar indemnizaciones millonarias", matizó el responsable del área de Urbanismo en el Consistorio chicharrero. La gigantesca urbanización prevista para Las Huertas incluye la construcción de unas 5.000 viviendas, que supondría sumar 20.000 habitantes a los 2.500 que en la actualidad tiene el pueblo de San Andrés.
El concejal de Urbanismo recordó también que ya se ha iniciado el expediente para convocar la reunión de la Junta de Compensación, según lo obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fallo abre la puerta a los propietarios de las parcelas de Las Huertas a recuperar las posesiones, que han denunciado que se les quitaron sin su consentimiento, o a percibir una indemnización. Ya varias familias han manifestado su intención de pedir a Urbanismo que vuelva a calificar los terrenos como rústicos para evitar que se puedan construir viviendas en Las Teresitas.
En el año 1989 se constituyó una junta de compensación, un órgano con personalidad jurídica que agrupaba a los propietarios de las distintas parcelas que constituyen la unidad de actuación urbanística de Las Teresitas. El primer problema fue que no todos los propietarios participaron en dicha junta. Cuando una veintena de ellos, de Las Huertas, Montaña Morera y El Suculum, acudieron al registro de la propiedad descubrieron que sus tierras habían sido traspasadas sin su consentimiento a la empresa Desurcic.
Inversiones Las Teresitas (ILT), constituida por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en junio de 1998, imputados en el caso de Las Teresitas, en el que se investiga la operación de compra y venta de los terrenos de la playa, consigue en apenas 48 horas un préstamo de 33 millones de euros para comprar las parcelas a la Junta de Compensación, incluidas las del frente de Las Teresitas, Las Huertas y Montaña Morera.
Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de Las Teresitas por 52 millones de euros y pacta con Inversiones la recalificación del suelo que ésta se reserva en el Valle de Huertas y Montaña Morera. ILT a su vez vende esa parte trasera a Mapfre Inmuebles por 96 millones. Desurcic se hace con el proyecto de urbanización sin que hasta ahora haya podido desarrollarlo.
Desurcic llegó a ofrecer a los propietarios tres parcelas ya urbanizadas para construir entre 100 y 120 viviendas y algo más de un millón de euros a cambio de que le dejaran urbanizar la zona y construir viviendas por una inversión de más de 25 millones de euros. Pero la veintena de santacruceros afectados rechazaron la propuesta y lograron parar las obras.
En la nueva reunión de la Junta de Compensación se decidirá el futuro de esta zona. Mientras, en los tribunales continúa la causa penal del caso de Las Teresitas, en la que aparecen imputados, entre otros, los nacionalistas Miguel Zerolo y Manuel Parejo, ex alcalde y exconcejal de Urbanismo, y la causa civil, en la que el Ayuntamiento exige a Inversiones Las Teresitas que le devuelva el dinero de la compra de los terrenos, 75 millones de euros, por la sentencia que ha anulado dicha operación, y los empresarios exigen más de 60 millones de euros de indemnización. Asimismo, la Gerencia de Urbanismo encontró el año pasado nuevos documentos que vendrían a demostrar que los terrenos de Las Teresitas ya eran de titularidad municipal desde el año 1967. En estos queda de manifiesto que el frente de la playa fue cedido por la Junta de Compensación al Ayuntamiento a cambio de que el Consistorio llevase a cabo un proyecto que incluía la construcción de una playa en la cala de arena negra y de un dique. Para recuperar las parcelas, la Junta tendría que abonar 50 millones de las antiguas pesetas (más de 300.000 euros), pero supuestamente solo abonó 39 millones de pesetas (234.000 euros).
* La Opinión Tenerife - Eloísa Reverón - 14.3.14
Foto: Terrenos del Valle de Las Huertas, en la trasera de la Playa de Las Teresitas. la opinión
Gijón.- La anulación del Plan General mantiene paralizados 36 desarrollos urbanísticos
En Gijón hace ya un año que la justicia anuló el Plan General municipal, ocasión de oro para corregir los fallos existentes y replantearse muchas actuaciones urbanísticas sospechosas o erróneas, pero parece que nada de eso está ocurriendo debido, una vez más, a los 'tejemanejes' políticos. El Foro, ese partido asturiano formado por el lamentable y terco exministro 'popular' A.Cascos, gobierna la ciudad y quiere tener 'atado y bien atado' el urbanismo, algo que evidentemente está perjudicando el necesario desarrollo sostenible del municipio.
"ELCOMERCIO* : De 41 desarrollos urbanísticos que se están tramitando en la actualidad en el Ayuntamiento de Gijón sólo está prevista la próxima aprobación de cinco: tres modificaciones concretas del Plan General de 2011, el estudio de detalle de una de las unidades de ejecución en que se ha fraccionado el 'solarón' del plan de vías y un estudio de implantación para la instalación de un criadero en Casares-Porceyo.
Del resto de instrumentos de planeamiento, una treintena de expedientes están paralizados por la situación generada por la sentencia anulatoria dictada hace un año por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), por informes desfavorables o por falta de aportación de documentación desde hace mucho tiempo. Además, hay tres estudios de implantación y dos estudios de detalle que están pendientes de ser informados.
La concejala socialista Begoña Fernández aportó ayer estos datos que fueron facilitados a su grupo por el equipo de gobierno de Foro, con fecha del 27 de enero de 2014, para denunciar que «la paralización del urbanismo gijonés es cierta y alarmante» con el bloqueo de 36 instrumentos de desarrollo urbanístico en el municipio» por la incidencia que ha tenido en ellos la invalidación judicial del último PGO.
Seis planes parciales afectados
Fernández explicó de forma pormenorizada la situación de los expedientes en tramitación. Los planes parciales paralizados son cuatro -Nuevo Gijón, Cabueñes, Alto del Infanzón y Peñafrancia- a los que hay que sumar las suspensiones, ya recurridas en los tribunales, de las tramitaciones en Castiello y Granda. Respecto a los planes especiales en suelo urbano no consolidado siete están paralizados y dos están pendientes de aportación de documentación por los promotores; en suelo no urbanizable en núcleo rural cinco expedientes están paralizados y dos están pendientes de aportación de documentación.
En lo que se refiere a estudios de detalle, hay cinco paralizados, tres pendientes de aportación de documentación, dos pendientes de ser informados, dos fue denegada su aprobación por el Pleno municipal y sólo uno será objeto de próxima aprobación, la unidad de ejecución 12 de Contrueces. En cuanto a estudios de implantación, tres están pendientes de ser informados, dos tienen informe desfavorable y sólo uno puede ser aprobado próximamente en Casares-Porceyo.
Las tres modificaciones puntuales del PGO que se están tramitando en este momento son los planes especiales de reforma interior de la Ería del Piles (el complejo de ocio de Astur Promotora) y de El Rinconín y otro cambio concreto en el antiguo Colegio Público Cabrales.
Begoña Fernández aprovechó estos datos para acusar al equipo de gobierno de Foro de «empeorar y amplificar» los efectos negativos que ya tiene de por sí para la ciudad la anulación del PGO. La edil socialista le reprochó su negativa a establecer un calendario para la revisión del PGO ni fijar plazos para su aprobación inicial. También afeó a Foro no haber buscado ningún acuerdo con ningún grupo político para sacar adelante su planeamiento, ni haber dicho en el último año «ni una palabra» sobre su modelo urbanístico alternativo al de 2011. Además, reclamó un informe jurídico que aclare el escenario ante las reclamaciones patrimonialess a las que se enfrenta el Ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz de la junta de gobierno, Rafael Felgueroso, puso de relieve que «estamos en la fase de consulta ciudadana previa a la revisión del PGO y ahora toca valorar y estudiar las aportaciones de los gijoneses». En ese sentido, explicó que la concejala de Urbanismo, comparecerá en el próximo Pleno para informar sobre el resultado de ese proceso de participación ciudadana. El coordinador local de UPyD, Manuel Iñarra, reclamó ayer al equipo de gobierno que «tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos y que la encuesta enviada no quede en papel mojado y sea un documento de verdadera reflexión que evite los abusos del pasado más reciente».
* El Comercio - MARCOS MORO - 4.3.14
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
El BCE tumba la valoración del ladrillo que hizo el Banco de España y pide una nueva
No es la primera vez que las autoridades europeas cuestionan las valoraciones inmobiliarias realizadas para el rescate de la banca española. La valoración realizada por Oliver Wyman para el Banco de España ha sido puesta en entredicho por los dirigentes económicos del Banco Central Europeo ya que, como siempre, aquí tratan de manipular y camuflar las cifras auténticas, que son muy diferentes, según advierten. La Comisión Europea ha desautorizado también públicamente los precios de traspaso de los activos a Sareb (el Banco malo) –basados en los test de Oliver Wyman–, ya que considera que están por encima de los precios reales de mercado. O sea que, además de corruptos, los dirigentes económicos de este país siguen mintiendo como bellacos.
"ELCONFIDENCIAL* : Varapalo del BCE al Banco de España: no se fía de las valoraciones de los activos inmobiliarios de la banca que se realizaron en los test de estrés de Oliver Wyman en 2012, los que se utilizaron para determinar el importe del rescate y el traspaso del ladrillo de la banca rescatada a Sareb. En la revisión de los activos de la banca (AQR) y en los posteriores test de estrés habrá que volver a evaluar estas garantías, en contra de la posición del supervisor español, que pedía una mera actualización del ejercicio de hace dos años. Esto, junto a las "provisiones colectivas", son los aspectos más temibles del nuevo ejercicio para la banca española.
Hasta ahora, los problemas para las entidades españolas venían precisamente de que los nuevos ejercicios iban a poner el foco en otras áreas de la actividad aparte de la exposición inmobiliaria, que es la que acaparó toda la atención en los test realizados por Oliver Wyman en 2012. Sin embargo, el ladrillo también va a dar ahora quebraderos de cabeza a raíz de este rechazo del BCE a las pretensiones españolas. El varapalo es importante si tenemos en cuenta que en 2012 se hicieron 1,7 millones de valoraciones de activos inmobiliarios (tanto adjudicados como garantías de préstamos) por parte de seis valoradoras, que ahora han quedado en papel mojado.
Es cierto que, con el traspaso de los activos de la banca rescatada a Sareb por 51.000 millones (basado precisamente en estas valoraciones), el peso inmobiliario en el conjunto de la banca española es mucho menor que entonces. Pero algo que estaba ya superado desde 2012 se convierte de nuevo en un elemento de preocupación ante la incertidumbre sobre el recorte adicional a las valoraciones que se le puede aplicar ahora. Una preocupación que, paradójicamente, es mayor en la banca 'sana', que es la que mantiene estos activos en su balance.
No es la primera vez que las autoridades europeas cuestionan las valoraciones inmobiliarias realizadas para el rescate de la banca española. Así, la Comisión ha desautorizado públicamente los precios de traspaso de los activos a Sareb –basados en los test de Oliver Wyman–, ya que considera que están por encima de los precios reales de mercado (por ejemplo, sostiene que el descuento real para los pisos debería ser del 75%). Como resultado, califica como ayuda de Estado a la diferencia entre el descuento practicado en dicho traspaso y el que se debería haber aplicado; y no es una cifra pequeña, sino que con eso las ayudas estatales pasan de los 61.000 millones reconocidos por España hasta 100.000.
¿Y ahora qué? Las auditoras que van a realizar esta revisión (las cuatro grandes menos Deloitte, que ha sido excluida) no pueden valorar las garantías inmobiliarias, así que están esperando a que el Banco de España les diga quién se va a encargar de esa tasación. "No lo tenían preparado porque esperaban que les dejaran actualizar lo que se hizo en 2012, y ahora tienen que sacarlo a concurso", según una fuente conocedora de la situación.
Las "provisiones colectivas", la otra gran amenaza
El contratiempo inmobiliario se suma a otra amenaza que se cierne sobre el sector financiero español en los nuevos ejercicios: las llamadas "provisiones colectivas". Este concepto deriva de que el AQR no va a revisar los créditos de la banca uno a uno; eso se hará sólo con los grandes préstamos corporativos, pero los minoristas (hipotecas, consumo, etc.) se examinarán de forma aleatoria y los resultados se extrapolarán al resto de la cartera. De esa extrapolación se derivarán unas necesidades de "provisiones colectivas", que se compararán con las provisiones efectivamente dotadas para cada cartera por la entidad para determinar si hay un déficit o no de las mismas.
El déficit de provisiones específicas que se derive del examen individual de los grandes créditos tendrá que dotarse en las cuentas de 2014, pero las "provisiones colectivas" no deberán cubrirse, sino que serán un input para calcular los test de estrés. Pero no por ello son menos relevantes: este distinto punto de partida para los test va a determinar que la pérdida esperada sea mayor y, con ella, las necesidades de capital que tenga cada banco para hacerle frente (para el cómputo de capital se tendrán en cuenta los CoCos emitidos por algunas entidades, como adelantó El Confidencial).
Finalmente, no se revisarán las mismas carteras en todas las entidades, sino que en cada una serán distintas según las propuestas del Banco de España al BCE. En todo caso, el mínimo impuesto por Fráncfort para el examen es del 50% de los APR (activos ponderados por riesgo). Tampoco hay que olvidar la penalización de las carteras de deuda pública, que el supervisor español puede suavizar. El BCE ha convocado una reunión con las auditoras el próximo lunes para explicarles los detalles de esta metodología, aunque todavía no se revelará el secreto mejor guardado: el escenario adverso de los test de estrés.
* El Confidencial - Eduardo Segovia - 14.3.14
Foto: Madrid, Banco-España - attac
Baleares.- Precio y materia de la corrupción
En las islas Baleares, como en otras Comunidades, la corrupción urbanística ha dado pasos de gigante y, además, descaradamente. Ya no hace falta ocultarse, las huellas dejadas por políticos, empresarios y financieros sin escrúpulos están a la vista de todos. Son muchas de esas infraestructuras inútiles, de pequeñas construcciones en medio de parajes protegidos o de enormes urbanizaciones ilegales que un día aparecen sin saber cómo y que han sido levantadas gracias a comisiones, dinero negro y tráfico mafioso de influencias. Al final quedan ahí, como extraños objetos, para lamento de próximas generaciones que, con toda justicia, deberán echar en cara a la presente su falta de vergüenza y/o su desidia ante la enorme corrupción existente actualmente.
"ANDREU MANRESA* : Estamos rodeados. Pisamos, usamos y pagamos la herencia de la corrupción aunque lo ignoremos. Habitamos sobre la materia del delito. Pagamos sus consecuencias y las hipotecas invisibles. Nos cruzamos con corruptos sueltos, imputados o sin citar en los juzgados y vemos a otros marcados en la omertá o condenas calientes. Supuestos puristas lanzan, infalibles, soflamas de honestidad y anatemizan al otro aunque han crecido en su tufo. La esencia mafiosa obliga a despreciar, ignorar y ocultar. La verdad, la herida, no se sella y sus hipotecas no vencen. El corrupto contemporáneo deja su huella a la vista o bajo tierra, porque el fraude a los intereses generales se evidencia, es concreto, existe en cifras. La comisión, el soborno, el abuso pactado del sistema de mero amiguismo comporta merma de calidad y servicios. Lo que se echa en falta es el precio de lo robado, la mordida. Es el tanto por ciento que se malversa de la caja común para satisfacer a la red de cobradores, a los capos y su cadena: comisionistas, husmeadores, conseguidores, receptores y hombres de paja.
Con esos sobrecostes, las obras, servicios, materiales y medios son peores o más caros. En la aplicación del camuflaje, el robo, está hinchar las facturas y horas de excavadoras, más camionadas que las reales, la reducción de centímetros de grava y asfalto en millones de metros cuadrados.
Lo que se oculta y no se ve es incuantificable. Debajo del pavimento, en acequias o túneles. Se dieron sospechosas compras masivas de piedra pavimento a precio desmesurado. Está en Palma, en grandes paseos y plazas.
Debajo de una de esas superficies de piel corrupta debió horadarse un paso subterráneo gigante, soterrar una gran vía. No se ejecutó y se pagaron 300.000 euros para evitar el reto. Con los años, allí se abrió el suelo y es una gran obra, pésima. Se hizo a tramos con muchas empresas agraciadas y el proyecto se trazó sobre la marcha, como avanzaba el tren en la conquista del Oeste.
Tal cual, con prisa, menos materiales y acabados, las infraestructuras son deficientes y ultra caras. Pocas veces las carreteras, diques, edificios públicos, túneles, se ajustan al precio de la adjudicación. Los costes finales se disparan porque los proyectos siempre se modifican y complementan. En estos sobrecostes están las ganancias y el pacto invisible. A los grandes contratistas se les impuso socios locales y esos buscaron a subcontratistas. Camuflaje y reparto de riesgos.
El amiguismo, la manipulación y los ojos cerrados de los puristas se mueven tras los sobres cerrados de las concesiones, concursos, subastas, compras y privatizaciones de facto. La corrupción nace y se paga. Tiene precio, fidelidades, sobreentendidos, a veces bastan miradas y gestos.
Con esos amaños se levantaron castillos de naipes, complejos inacabados, se hicieron y destrozaron parques para empeorarlos, se alzaron pirámides de exaltación personal inservibles, más otros despropósitos monumentales en desuso, que se oxidan ante la mirada de todos. Otro despilfarro son los años perdidos.
Las preguntas con dardo van hacia la mampostería de piedra y mármol, en los millones de adoquines siempre idénticos, kilómetros de rejas, miles de farolas, contenedores, toneladas de tapas de fundición mil veces repetidas.
La piel y la materia de la corrupción de Palma estuvieron en los ataúdes, en las tumbas y servicios fúnebres. El sistema sucio con sus métodos hundió a empresas. El escándalo funerario se concretó, ahora, con tres años de cárcel para el sujeto.
Un alcalde constructor de Palma, mientras era concejal, anunció a su mujer que le habían regalado una participación en la sociedad que iba a crear un camposanto privado. Otra empresilla del edil hizo obras en el cementerio faraónico y cargó una deuda privada de seis millones de euros. El Gobierno, la caja y el banco locales se pillaron los dedos con decenas de millones. El alcalde constructor quebró, su números rojos fueron perdonados y él, con dinero de todos, compró el cementerio ruinoso a sus bancos.
La corrupción lo ha contaminado casi todo, está adherida fatalmente al paisaje político y se extiende a la vida social, está siempre presente. Es una inercia histórica que se ha extendido como una doble piel natural sobre el cuerpo de la realidad democrática. La tradición tiene ya casi cuatro décadas aunque la raíz proviene de la dictadura. Tiene nombres y autores. No es una maldición natural.
* El País - Andreu manresa - 9.3.14
Foto: La corrupcción está oculta, basada en las leyes de la mafia. / TOLO RAMON
Vecinos contra la ruina de Ferrol Vello
En Galicia convive lo peor de la corrupción urbanística, así junto a numerosas construcciones ilegales de nueva planta se ha permitido que pueblos y ciudades de enorme interés patrimonial estén cerca de la ruina. Es el caso del antiguo Ferrol, conjunto declarado como 'Bien de Interés Cultural', que poco a poco se está cayendo a pedazos ante la desidia en su mantenimiento por las autoridades competentes (municipales y autonómicas). El hartazgo vecinal ha llegado al punto de iniciar manifestaciones de protesta, aunque con casco de protección por si acaso se vienen abajo las viejas edificaciones.
"ELPAÍS* : Llevan casco pero no son obreros. Son los vecinos de Ferrol Vello que tienen que convivir cada día con la ruina que carcome a un barrio histórico y protegido por la Xunta como Bien de Interés Cultural (BIC) por su valía arquitectónica. Hoy se han puesto el casco para parapetarse contra los trozos de fachadas y cornisas que se deshacen como arena después de tres meses consecutivos de lluvia y que amagan con desprenderse en cualquier momento. “Queremos vivir aquí pero no entre ruinas”, clamaron por el altavoz.
El casco es una protección pero también ha sido ingrediente y protagonista de la protesta. Fue este mediodía durante una concentración vecinal en la Praza Vella, epicentro de un barrio que está a un paso de los pantalanes de Curuxeiras pero que se parece más a un decorado de posguerra que a un espacio público. Un buen tramos de la Praza está inundado por los cascotes y con amplias zonas totalmente impracticables y acotadas con vallas para cerrar el paso a los imprudentes.
La protesta de este sábado no fue la primera y reunió a medio centenar de personas de todas las edades que llegaron a pie o en bicicleta. Detrás de esta convocatoria está A Comisión Cidadán pola Recuperación de Ferrol Vello, enfrentada a la directiva vecinal del barrio a la que reprochan que se hayan olvidado de una parte de la vecindad, concretamente de las cinco familias afectadas por el desalojo de tres inmuebles de la calle Carmen Curuxeiras el pasado enero -los números 10, 12 y 16- y varios desplomes sucesivos.
El último fue esta misma semana, en la madrugada del pasado lunes y afectó al número 51 de la calle San Francisco, en la casa natal de Ricardo Carvalho Calero, una propiedad por la que el Ayuntamiento de Ferrol pagó 350.000 euros hace tres años con la idea de rehabilitarla como centro cívico, un proyecto muy ambicioso que sigue congelado. “Es gravísimo que un edificio público lo dejen caer así”, se quejaron.
“No estamos muertos de puto milagro”, aseguró rotunda Mariluz. Esta jubilada vivía en el primer piso del número 12, uno de los tres bloques desalojados por la policía local de la calle Curuxeiras la noche del 15 de enero. Es una de las arterias de Ferrol Vello por la que discurría el primer tramo del Camino Inglés a Compostela desviado 'provisionalmente' desde hace más de un año. En el lateral del edificio de Mariluz hay una grieta muy profunda que forzó el desalojo de nueve personas: siete adultos y dos niños del número 12, y dos vecinos más de los números 10 y 16. La culpa, explican los propietarios, la tuvo una viga solitaria y podrida que flota sobre el solar de lo que fue el número 14. Un viejo tronco de madera que ha sido suficiente para herir de muerte a un inmueble de tres plantas mucho más nuevo y dejar sin casa a las tres familias que lo habitaban.
A Ángeles Rivera, 'Gelines, como la llaman sus convecinos, se le saltan las lágrimas. A finales de este mes cumplirá los 76 y ha pasado en Ferrol Vello todos y cada uno de sus años desde que nació en una casa de la calle Mártires en la primavera de 1938, en plena contienda civil. De lo que fue a lo que es, ya no queda nada, dice. “Estaba la Pysbe y la fábrica de lápices. Venían las lanchas de Mugardos y Maniños -al sur de la ría- con los obreros para Bazán. Había tres ultramarinos, dos pastelerías y, por lo menos, dos barberías la misma calle”, rememora. “Esto era una verdadera calle Real. El centro del centro. Un barrio con vida que ahora, ya ves, da peniña verlo”, se lamenta. Critica que una pala excavadora metida en la Praza Vella le echara abajo un patín, una pequeña terraza amurallada que todavía quedaba en pie de una vieja casa de su propiedad que está dispuesta a reclamar donde haga falta.
* El País - LORENA BUSTABAD - 8.3.14
Foto: Vecinos de Ferrol Vello, esta mañana durante la protesta por el abandono del barrio. / GABRIEL TIZÓN
La Fiscalía denuncia por prevaricación a dos exconcejales de Puerto de La Cruz
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Ya se ha denunciado repetidamente la enorme corrupción urbanística existente en las Canarias. En la isla de Tenerife y en el municipio turístico de Puerto de La Cruz aparece ahora un nuevo caso de construcción irregular, la justicia acusa años más tarde a varios exconcejales 'populares' por prevaricación omisiva. Este concepto sí que resulta interesante ya que por ilegal 'omisión' deberían estar en la cárcel la gran mayoría de los políticos de este país. Solo que fiscales y jueces no han hecho caso de las numerosas advertencias y/o denuncias existentes en casi todos los municipios por este concepto omisivo en urbanismo. Y así se ha llegado a donde estamos, a la enormidad de viviendas y otros edificios construidos ilegalmente en todo el país, que luego, además, se trata de legalizar de mala manera, causando un enorme perjuicio municipal y una delictiva discriminación hacia aquellos que sí obraron conforme a las normas urbanísticas existentes.
CANARIASAHORA : La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia contra dos exconcejales del PP del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Luis Gómez y Guillermo Meca, que en su momento fueron responsables del departamento de Urbanismo y ambos presidentes del Comité Local del PP, por una presunta prevaricación cometida entre 2005 y 2006 por el primero, y 2009 y 2011 por el segundo, al no actuar contra una obra ilegal ejecutada por un particular en una vivienda, cuya omisión ha permitido la prescripción tanto de la sanción como de la reposición de lo ejecutado.
En un escrito dirigido al Decanato de Puerto de La Cruz por el fiscal Rafael Ruiz el 29 de enero pasado, el ministerio público imputa prevaricación omisiva a los dos exconcejales, con penas de siete a diez años de inhabilitación especial para cargo o empleo público según el artículo 404 del Código Penal, a la vez que libra del mismo delito a otros dos ediles de Urbanismo en otros dos periodos entre ambos imputados: Eva Navarro, del PP (2007-2008), y Jaime Coello, ex del PSOE (2008-2009) y actual concejal del grupo Vecinos y Vecinas x el Puerto, por haber realizado unas inoperantes pero al menos mínimas gestiones.
La denuncia se fundamenta en una obra ilegal ejecutada sin autorización preceptiva por una vecina de la calle Luis Rodríguez Figueroa, consistente en un cuarto techado, descrito en un informe municipal de 15 de febrero de 2006, seis meses después de la denuncia original de un vecino, como "estructura metálica nueva en espacio libre ajardinado, donde antes existía una pérgola, todo ello fuera del contenido de la licencia" que solamente permitía reparar lo existente.
En aquel momento, el responsable de Urbanismo era el expresidente del PP Luis Gómez, en un pacto con el sempiterno alcalde Marcos Brito (CC), y para el ministerio público, la actitud del exconcejal merece el reproche penal por conducta omisiva de sus funciones por no llevar a cabo ninguna actuación desde que el 7 de marzo de 2006, hasta su cese tras las elecciones de 2007, un informe municipal le instara a abrir expediente sancionador y obligar a reponer el estado natural de las cosas antes de la obra. Nada de eso hizo el exconcejal.
Tampoco actuó, entre octubre de 2009 y junio de 2011, Guillermo Meca Cervera, a pesar de que el técnico municipal correspondiente le recordó que hasta la fecha nada se había hecho para restablecer el orden jurídico perturbado [ya había vencido el plazo sancionador en una etapa anterior, con Eva Navarro de concejal] , y que para evitar la prescripción del expediente se debía actuar antes del 15 de febrero de 2010, día en que se cumplían cuatro años desde el informe municipal original. Tampoco consta motivo justificado por el que nada se hiciera.
En ambos casos, las quejas elevadas al Diputado del Común por parte del denunciante, a lo largo de todos los años del proceso iniciado en 2006, encontraron respuesta e investigación de oficio en 2013, y de esas pesquisas evacuadas a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias se deriva ahora esta denuncia concreta contra dos ediles de Puerto de La Cruz.
El fiscal deja fuera a Eva Navarro, ya que el 1 de septiembre de 2008 decidió dictar un decreto "por el cual se transcribe literalmente el informe anterior de 7 de marzo de 2006 y se acuerda formalmente la incoación del expediente", aunque ya por esas fechas había prescrito la posibilidad de sanciones. No obstante, indica el fiscal, "no consta que a esta Concejal se le hubiera dado traslado formal de la propuesta de incoación de expediente y por tanto tuviera conocimiento fehaciente de la fecha en que prescribía la infracción, si bien es reseñable que tardara más de un año en incoar el citado expediente".
Del mismo modo, el exconcejal de Urbanismo Jaime Coello (2008-2009) queda exhonerado al dictar una resolución en la que se acuerda dejar prescrita la infracción, sin perjuicio de que se tomaran las "medidas oportunas" para restablecer el orden perturbado, medidas que nunca se llevaron a cabo, además de que Coello causó baja por enfermedad durante unos meses de 2009 y finalmente, en octubre, fue depuesto por su cargo por una moción de censura, que dio la concejalía a Guillermo Meca.
El ministerio público centra así sus imputaciones en Gómez y Meca por motivos "que denotan una dejación inexcusable de sus responsabilidades en el seno del expediente, aún a pesar de las claras advertencias de las que tienen constancia fehaciente, que lleva como consencuencia a que transcurran plazos de tiempo más que relevantes para la prescripción del expediente sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, respectivamente".
* El Diario - Canarias Ahora - Alexis González - 26.2.14
Foto: Puerto de La Cruz (Tenerife) - canarias
