Es algo que era fácil de prever: que en la explosiva China se estén cometiendo ahora las mayores atrocidades urbanísticas, sobre todo vistas las burbujas inmobiliarias en otros países, como Japón, Irlanda o España. El inmenso país asiático está empeñado en seguir los despilfarros urbanos y de infraestucturas que han castigado duramente la economía de otros países del planeta. Así hay ciudades y grandes barrios prácticamente vacíos, con una construcción de baja calidad destinada a la estafa-crisis de ciudadanos que necesitan imperiosamente una vivienda, pero lógicamente a otros precios y calidades de edificación. Los ejemplos aberrantes en China son numerosos, avalados además por una economía dirigista desde el poder y la consiguiente falta de elección libre. El día que explote la burbuja inmobiliaria China va a ser sonado tanto en el interior como en el exterior del país.
"PLAYGROUND* : Con el enorme parque de edificios vacíos que tenemos en nuestro país, ¿cómo puede ser que haya tanta gente sin vivienda? Esta es una pregunta que no deja de formularse en la España postburbuja. La cuestión es que en los años del boom inmobiliario se contruyó muchísimo más de lo que necesitábamos, y de manera muy poco sostenible. Nuestra economía estaba muy arriba, pero condenada a la implosión. Hoy España cae y China es el gigante, pero la historia a mayor o menor escala, es la misma: la explosión económica de China se sostiene sobre una serie de éxitos políticos y comerciales, pero también sobre una salvaje apuesta por la construcción de infraestructuras y la urbanización que ha dado ya lugar a una brutal deuda bancaria, y engendros como la ciudad de Ordos, probablemente la ciudad fantasma más grande la Tierra.
Situada en la Mongolia Interior, una región del norte de China que ha conocido un importante desarrollo económico en la última década, Ordos se despliega como ejemplo contemporáneo de urbanismo delirante; una muestra viviente de cómo la planificación urbanística basada en la especulación y el movimiento de capital son incapaces de dar forma a una ciudad funcional.
Ordos es una metáfora o un espejismo, salida del sueño megalómano de un grupo de inversores (que después de apostar por convertirla en la nueva joya urbana del país, acabaron dejándola a su suerte) que se hizo realidad mediante una finta gargantuesca al sentido común.
Planificada para acoger a un millón de habitantes, su población actual no llega a los 20.000. Y sin embargo no le falta de nada. Los edificios que no están abandonados (que son la inmensa mayoría) permanecen abiertos al público, esperando con los brazos abiertos un supuesto aluvión de gente que difícilmente llegará. Desde un lujoso aeropuerto decorado con símbolos del glorioso pasado mongol, hasta hoteles de cinco estrellas, burdeles, museos, mezquitas, estadios... Ordos posee todas las instalaciones que una ciudad moderna podría desear. ¿Pero qué es una ciudad sin la gente que la habita? ¿Quién va a querer visitar la que se declara a sí misma como "la espectacular ciudad turística China" si los empleados de mantenimiento sobrepasan en número a los habitantes? Sólo la ciega fe de sus pobladores en que la gente llegará tarde o temprano les hace permanecer viviendo en un mal sueño creado por otros.
El urbanista danés Jan Gehl afirmaba décadas atrás que a la hora de planificar un espacio urbano, primero estaban las personas y sus relaciones, y luego los lugares que las acogían: hacerlo al revés nunca funcionaba.
Y si uno observa la historia de los asentamientos urbanos, se da cuenta de que su naturaleza es fluida y compleja, y está basada en la actividad humana antes que en las grandes planificaciones institucionales. Pensemos si no en las desiertas y gigantescas ciudades soviéticas, en las delirantes capitales generadas por los millones del petróleo en la península arábiga, o en experimentos sociales a gran escala (y fallidos) como Brasilia. Uno no puede crear una ciudad a golpe de escuadra, cartabón y dinero muerto. Con eso en mente, la existencia de Ordos podría al fin y al cabo tener alguna utilidad: servirnos de recordatorio de la dirección que NO queremos tomar.
*Playground - Natxo Medina - 17.3.14
Foto: ciudad vacía de Ordos en China - playground
El mayor delirio urbanístico del mundo está en China
Industria se gasta 2 millones anuales en el Palacio de Congresos, cerrado desde 2012
El despilfarro delictivo que ha ocurrido en los últimos años en el país ha permitido que edificios emblemáticos hasta hace poco sean abandonados al ver duplicada o triplicada su actividad con la construcción de otros de nueva planta. En el Madrid de los pelotazos urbanísticos que ha sucedido con la preparación inútil de la Olimpiadas y otros magnos eventos, el Palacio de Congresos de la Castellana lleva casi 2 años cerrado a la espera de que sus dueños del Ministerio de Industria se dignen restaurarlo. Mientras tanto los gastos se disparan absurdamente y el ministro anda a vueltas con otros problemas energéticos de mayor calado para los chanchullos y la corrupción financiera.
"ELCONFIDENCIAL* : El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, un emblemático edificio situado en el madrileño paseo de la Castellana, fue durante años un icono de la oferta de turismo de congresos de España. Su propietario, el Ministerio de Industria, decidió cerrarlo durante tres meses porque había que rehabilitarlo. Era diciembre de 2012, y las obras de remodelación todavía no se han iniciado. Mientras tanto, el departamento que dirige José Manuel Soria invierte una media de dos millones de euros al año en mantener a los 28 trabajadores que siguen velando por la integridad del edificio.
El Ejecutivo ofreció los últimos datos sobre la situación del Palacio en febrero, cuando el Grupo Parlamentario de UPyD presentó una proposición no de ley mediante la cual preguntaba por el edificio. La formación magenta que dirige Rosa Díez echa en cara a los populares que no se aceleren las obras para aminorar el gasto: además de mantener un edificio con capacidad para acoger a 2.000 personas que está cerrado, el edificio no obtiene ningún beneficio porque no se realizan eventos. Según los cálculos de la oposición, por el retraso en las obras se están perdiendo unos cinco millones anuales en eventos que la empresa privada ahora realiza en otros inmuebles.
Desde la Secretaría de Estado de Turismo admiten a El Confidencial que este cierre no implica, en ningún caso, la suspensión de la relación contractual con los prestadores de servicios del Palacio de Congresos. Los 28 empleados que fueron contratados como personal laboral y cuentan con una antigüedad de entre 30 y 40 años en el edificio estatal son principalmente ordenanzas, operarios de mantenimiento y administrativos. En todo este tiempo, aseguran las mismas fuentes, se ha estado negociando con los sindicatos un nuevo destino profesional donde estos trabajadores públicos puedan desempeñar su trabajo “acorde con su categoría profesional”.
Las mismas fuentes reconocen que los trabajadores no han tenido ocupación durante todo este tiempo, pero añaden que se les han ofertado hasta tres puestos distintos en cada caso para su reubicación en otras sedes oficiales. Hace una semana por fin se “llegó a un acuerdo”, aunque no se ha especificado cuál ha sido el nuevo destino de esta treintena de profesionales que han estado mano sobre mano durante dieciséis meses.
Rosa Díez culpó al Gobierno de su “incapacidad” para solucionar los problemas de esta instalación “en el tiempo estimado”, perjudicando “seriamente” al turismo de la ciudad de Madrid. “¿Cómo explica el Gobierno que existan mejoras pendientes y en retraso que suponen un coste mínimo en relación a los beneficios que genera el Palacio de Congresos y Exposiciones?”, cuestionó Díez en la pregunta que envió a la Mesa del Congreso de los Diputados.
Dos cierres temporales hasta que llegó el indefinido
El 21 de diciembre de 2012, un mes después de que la muerte de cinco jóvenes en el Madrid Arena provocara una psicosis por la seguridad de edificios públicos, se dictó una primera resolución para suspender temporalmente todas las actividades en el Palacio. Las primeras previsiones apuntaban a que las instalaciones, que se caracterizan por el mural de Miró que exhiben en una de sus fachadas, se abrirían el 31 de enero, dada la situación de las instalaciones e infraestructuras del edificio, “algunas de las cuales se hallan en un estado de deficiente conservación”.
Durante estos 40 días, según consta en la resolución, se procedió a la actualización del Plan de Autoprotección y se realizó un análisis para determinar las intervenciones necesarias tendentes a garantizar la prestación de servicios con plena seguridad para personas y bienes. El 30 de abril, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, anunció que se ampliaba la suspensión temporal hasta el 31 de diciembre. Tras dos cierres temporales consecutivos, el ministerio anunció un “cese de actividad indefinido” al no tener todavía una previsión de cuándo comenzarán las obras. El distrito de Tetuán, lugar donde se localiza el inmueble, exigía a Turespaña –organismo nacional de Turismo– un proyecto que cumpla con el Código Técnico de la Edificación y que supone, en la práctica, una rehabilitación integral del edificio. Desde el organismo autónomo no se comprometen a asegurar una fecha aproximada de reapertura ni ofrecen cifras de pérdidas.
* Ana I. Gracia - 20.3.14
Foto: El Palacio de Congresos. (Foto: César Astudillo - Wikimedia)
Las iglesias de Mombuey y San Pedro de Villalpando, en la lista roja de Patrimonio
,+torre+lista+roja+-+laopinion.jpg)
"LAOPINIÓN* : Dos nuevos templos han sido incorporados a la Lista Roja del Patrimonio Español, que elabora la Asociación Hispania Nostra que vela por la defensa, salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural. Se trata de la torre de la iglesia de Mombuey, declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional, sobre la que se alerta del estado de ruina progresiva, y la iglesia de San Pedro de Villalpando, también en franco deterioro a pesar de tratarse de la única joya del románico mudéjar que se mantiene en pie en la villa terracampina.
Según consta en el informe de Hispania Nostra, la torre de la iglesia de Mombuey presenta una caída de elementos ornamentales, y como consecuencia, «expolio de los mismos». También se alerta del desprendimiento del mortero que se aplicó para rejuntar los sillares de la construcción en la restauración de 2010. Otro de los males de este monumento singular y único en su estilo en la provincia, es la presencia de vegetación en los vanos del cuerpo superior, que favorece la filtración de aguas, y aumenta las humedades.
La iglesia se encuentra situada en el barrio central de Mombuey, junto al Camino de Santiago. De ella se pueden diferenciar dos partes, la torre y la iglesia, siendo ésta última del siglo XVIII y de menor calidad constructiva. La original y singular torre fue, a todas luces, una atalaya militar con funciones añadidas, que ha venido asistiendo a la iglesia parroquial como campanario. Su construcción es atribuida a los caballeros templarios, que la edificaron siguiendo un estilo tardorrománico, en la segunda mitad del siglo XIII.
Respecto a la iglesia de San Pedro de Villalpando, Hispania Nostra justifica su incorporación a la «lista roja» en base a los «importantes daños, como grietas y humedades, que se han agravado durante los últimos años como consecuencia de la falta de intervenciones de mantenimiento». La torre es una de las partes más afectadas y presenta dos grietas de grandes dimensiones, incluso se apunta el «riesgo de desplome», puesto que «se está separando progresivamente del resto de la iglesia y puede suponer un peligro para los viandantes que pasan a diario por la calle anexa». Igualmente se hace constar la desaparición de obras patrimoniales.
Una situación de la que es conocedor el pueblo de Villalpando. De hecho, el ruinoso estado de la iglesia de San Pedro ha llevado a un grupo de vecinos de la villa a constituir la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico Religioso de Villalpando con el objetivo de frenar el grave deterioro que sufre el templo. Grietas, grandes manchas de humedad y desprendimientos amenazan el futuro de la única joya de románico mudéjar del siglo XII que se conserva en la localidad. El colectivo recién creado ha dado ya pasos para evitar la ruina de la iglesia buscando vías de financiación que permitan la intervención en el templo. Pero ha sido la aportación desinteresada de vecinos de Villalpando la que ha permitido la primera intervención de urgencia, reparando parte del tejado, donde se había producido un reciente desprendimiento.
Incluso la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico Religioso de Villalpando propone ideas para restaurarlo como convertirlo en la sede de un futuro museo que albergue y valioso y abundante patrimonio religioso existente en Villalpando y que actualmente está disperso por diversos edificios, incluso fuera de la provincia.
Ante esta incorporación de dos monumentos de la provincia, el Partido Socialista quiere llamar la atención sobre la situación del Patrimonio histórico-artístico de Castilla y León, en general, y del zamorano, en particular.
Precisamente, el pasado martes 11 de marzo, el portavoz socialista de Cultura y Turismo en las Cortes, José Ignacio Martín Benito, interpelaba a la Consejera de Cultura por la conservación y gestión del patrimonio cultural en la Comunidad, y hacía referencia al «mal estado de bienes de interés culturales en la provincia de Zamora como las iglesias de Mombuey y Molacillos, así como el retraso acumulado en la restauración de los mosaicos y apertura al público de la villa romana de Camarzana de Tera». Martín Benito precisa que el Partido Popular «se opuso el pasado mes de febrero en las Cortes a la propuesta socialista de una intervención integral en el monumento de Mombuey».
Con las dos nuevas incorporaciones, la «lista roja» del patrimonio cultural en la provincia incluye trece monumentos, entre los que se encuentra Castrotorafe, el Convento del Soto en Villanueva de Campeán o los castillos de Alba, Granucillo, Villalpando y Amesnal, este último en Alfaraz de Sayago.
* La Opinión de Zamora - I. GÓMEZ - 16.3.14
Foto: Mombuey (Zamora), torre en la lista roja - laopinion
.................................... Leer más...
La piqueta indulta a las grandes obras y derriba pequeñas construcciones
,+vivienda+ilegal+derribada+-+elpais.jpg)
La piqueta del derribo es selectiva a la hora de ejecutar órdenes y sentencias, algo que sucede en todo el país, desgraciadamente. Como suele ocurrir, es más fácil para los corruptos dirigentes deshacerse de una pequeña construcción ilegal que de grandes urbanizaciones, hoteles de lujo, etc. Así da la impresión que hacen algo positivo, cuando realmente las ilegalidades urbanísticas más importantes se cuelan 'de puntillas'. Siempre están detrás, por supuesto, los oscuros intereses político-financieros. Es lo que ocurre en Galicia, donde la Xunta demolió 111 obras ilegales el último año, la mayoría casas unifamiliares y galpones, mientras urbanizaciones y hoteles con órdenes de derribo siguen en pie y probablemente, con la inestimable complicidad judicial, nunca sean derribadas.
"ELPAÍS* : Las excavadoras derribaron 100 construcciones ilegales en Galicia durante 2013. En las próximas semanas otras 11 serán escombros. Xunta y ayuntamientos ingresaron el ejercicio anterior 1,24 millones de euros por multas urbanísticas. Las cifras están en el balance de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que presentó esta semana el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, quien aseguró que no es “afán recaudatorio” lo que mueve a su Gobierno sino concienciar a la sociedad en el respeto al medio ambiente.
Según consta en los planos de la APLU —el organismo nacido en 2008 con el bipartito que desde entonces ha echado abajo 300 edificaciones ilegales— la piqueta se está empleando a fondo contra viviendas unifamilares, galpones y alguna nave industrial levantados sobre suelo rústico. Pero, entretanto, grandes urbanizaciones, complejos residenciales de lujo y establecimientos hoteleros pegados al mar, también declarados ilegales con sentencias firmes, sobreviven tras lustros de burocracia y recursos judiciales.
Un ejemplo paradigmático se da en Fisterra. El Gobierno gallego amenazó el pasado enero a los propietarios de tres chalés a los pies de la playa de Mar de Fora con multas de 400.000 euros si no acceden a derribarlos. El expediente señala que se trata de obras realizadas “sin licenza ni autorización autonómica en suelo rústico de protección de costas que cuentan con orden de demolición”. Una infracción muy grave. Si los dueños aceptan tirarlos por las buenas, verán reducida la sanción en un 80% de su cuantía.
En ese mismo municipio de la Costa da Morte perviven en la apelotonada Recta da Anchoa seis edificios con 168 pisos declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra los que la Xunta no actúa. Pertenecen a constructoras vinculadas a familiares de cargos del PP y evidencian el rastro que dejó el desaforado desarrollo urbanístico de este municipio costero, donde la construcción creció un 444% entre 2004 y 2007. Un portavoz oficial de la Consellería de Medio Ambiente alega que “no existe trato desigual” y garantiza que la Xunta solo espera a tener en su mano todas las sentencias —hay procesos judiciales que siguen tramitándose en juzgados, algunos con sentencias favorables a los constructores— para actuar.
En O Grove, pleno corazón de las Rías Baixas, las máquinas desmontaron el pasado febrero una residencia familiar de madera. El expediente constata una infracción muy grave por invadir suelo rústico de protección de costas. En la finca de aquella casita de madera hoy no queda nada.
A solo unos kilómetros de allí siguen en pie 52 chalés de lujo, incluidas sus solarium y piscinas saladas, que miran a la playa de Os Raeiros. La urbanización la levantó en 1991 sobre suelo rústico y con licencia de apartotel la sociedad Inproin Galicia SL, cuyo administrador es Fernando Varela, un empresario bien relacionado en el PP, hermano del anterior conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Tras una catarata de sentencias que ha llegado al Supremo, el Tribunal Superior de Xustiza desestimó el pasado 12 de septiembre el último recurso de la promotora y dio la razón a la Xunta, que inició el proceso en tiempos del bipartito. La sentencia que ordena la demolición de los 52 apartamentos de lujo es firme y ejecutiva. Y la APLU, el organismo competente para proceder a la ejecución forzosa. De momento, no lo ha hecho. Según explica un portavoz de la Consellería de Territorio, ese departamento está pendiente de un informe jurídico porque ve “contradicciones en varias de las sentencias”. Eso sí, ha impuesto una multa coercitiva que la constructora ha recurrido.
En Barreiros, donde su alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, quiso levantar “el Sanxenxo del norte”, la Xunta de Feijóo no solo no forzó la ejecución de aquellas sentencias que pedían demoler decenas de edificios sino que impulsó un polémico plan de legalización que acabaron frustrando los tribunales. Mucho más al sur, el Talaso de Oia también subsiste pese a haber agotado la vía judicial derrota tras derrota. Su licencia es nula y debe ser derruido. La Consellería de Medio Ambiente y Territorio tiene competencias para apurar la demolición. Pero el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado varias veces por buscar un atajo que le permita sobrevivir. Aduce razones de interés económico y recuerda que da trabajo a varias decenas de personas.
Los expertos urbanistas consultados para este reportaje admiten que las instituciones lo tiene más difícil cuando se enfrenta a inmobiliarias que cuentan con bufetes especialistas en eternizar las causas para mantener a salvo sus lucrativos negocios. Y aunque recuerdan que fue esta APLU quien tiró en 2008 la primera construcción ilegal en Galicia, después de décadas de impunidad, temen que el organismo se quede ahora para luchar contra las pequeñas chapuzas sin poder hacer frente a los abusos que tienen detrás grandes intereses económicos.
* El País - JOSÉ PRECEDO - 15.3.14
Foto: Vivenda unifamiliar en el Ayuntamiento de Bueu, el suelo donde fue contruido es rústico de protección de zonas agroforestales costeras y fue catalogada como "muy grave". Fue demolida en febrero - elpais
El Algarrobico: un nuevo vericueto judicial retrasa todavía más el derribo del hotel
,+desde+la+playa-+j.rojas+(elpais).jpg)
Es inconcebible toda la casuística que acompaña al monstruoso hotel de El Algarrobico situado en una playa virgen de Almería; el asunto es que sigue en pié tras ser considerado como icono del Urbanismo salvaje e ilegal que se ha practicado en todo el país. Tras diez años de denuncias, juicios, retrasos, etc, las asociaciones ciudadanas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción consiguieron una sentencia final favorable del Tribunal Supremo, hace solo dos años, que lo declaraba irrevocablemente ilegal. Pero de repente aparece el Tribunal de Andalucía, incomprensiblemente, y vuelve a retrasar la sentencia de demolición que pesaba sobre el hotel. Algo que huele a chamusquina y a la sospecha de que se trata de otro amaño político-judicial-empresarial.
"CUARTOPODER* : Un nuevo impedimento, ¿quizá trampa?, judicial se ha vuelto a cruzar en el larguísimo camino hacia el derribo del hotel de la empresa Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), que continúa exhibiendo su mole inacabada de 21 plantas y 411 habitaciones a escasos 25 metros de la orilla del Mediterráneo. Los vericuetos legales son como los caminos del dios de los católicos, inescrutables; en este caso, sirven para explicar por qué no se ha dictado de una vez la orden de demolición pertinente.
Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción-Almería han conseguido ya una quincena de sentencias contra el hotel, pero éste sigue donde estaba, con todos sus ladrillos en su sitio. Una de las resoluciones es del Tribunal Supremo ––dictada hace exactamente dos años, el 21 de marzo de 2012–– y fue la primera de carácter firme e irrevocable que establece la ilegalidad de la licencia y la construcción, porque invade la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
Después de diez años de pleitos, denuncias, juicios y retrasos para evitar que se consolide la ilegalidad de la construcción en una cala del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el último acto previo a la demolición parecía servido. La Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebró una vista el pasado 14 de enero, sin que ninguna de las partes la hubiera solicitado, para examinar el recurso de la empresa Azata del Sol, dueña del hotel, y el Ayuntamiento de Carboneras (PP) contra la sentencia de 2008 de un juzgado de Almería que declaraba ilegal la licencia de construcción y, por tanto, se debía proceder al derribo.
Se esperaba la sentencia para finales de ese mes. Todo estaba empezando a prepararse para que la Junta de Andalucía se hiciera cargo de la regeneración de la playa tras la esperada demolición del hotel. Pero entonces, una providencia de la sala informó a las partes ––empresa y municipio por un lado; Salvemos Mojácar y EeA, por otro–– de que la comunicación oficial definitiva se haría el 25 de febrero. En esta fecha, un comunicado de la sección granadina del TSJA aseguraba que en diez días habría sentencia.
El lunes de 17 de marzo, ayer mismo, en vista de que no se producía ningún resultado, Salvemos Mojácar pidió la nulidad de las actuaciones y la anulación de la vista del día 14 de enero. Todo el embrollo proviene de la baja por enfermedad de la magistrada María del Mar Jiménez Morera que era ponente del asunto y fue sustituida por el magistrado presidente de la Sala Rafael Toledano Cantero el seis de noviembre pasado.
Fue éste quien decidió la celebración de la vista sin que nadie se lo pidiera. Pero ese acto se celebró después de que la magistrada se reincorporara al trabajo y, por lo tanto, según la petición de nulidad, le hubiera correspondido a ella y no a Toledano decidir al respecto, incumpliéndose de otro modo las normas de reparto del TSJA, y vulnerando el artículo 24 de la Constitución al privar a los peticionarios “del derecho fundamental al juez ordinario”.
Ante las dilaciones y la dudosa aplicación de las reglas que parecen llevar la ejecución del derribo a un callejón sin salida después de diez años, a los partidarios del derribo del hotel en El Algarrobico no les queda otro remedio que intentar darle la vuelta al calcetín, intentando que la juez Jiménez Morera se vuelva a hacer cargo del tema. Sorprendió en ambientes jurídicos de Almería que no fuera restituida en su puesto, después de su baja laboral, pues se creía conocer su postura favorable a que se ejecutara el derribo de la infame mole.
Muchas coincidencias de nombres, empresas y apellidos ponen la mosca detrás de la oreja a quienes pretenden que se cumpla la legalidad en la playa de El Algarrobico. El principal dueño del grupo Azata es José Domingo Rodríguez Losada, un notable promotor urbanístico e inmobilario en Marbella y en municipios de la Comunidad de Madrid como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Boadilla del Monte o Las Rozas, a quien se considera con buenas relaciones en el PP.
La situación extraña porque, además, el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada puede tener conocimientos adecuados y suficientes del asunto inmobiliario ya que familiares cercanos suyos se dedican a ese negocio en su Jaén natal. Y, en el improbable caso de que no tenga esa erudición, es seguro que tiene con quien aconsejarse convenientemente.
* Cuarto Poder - JOSÉ LUIS VIDAL COY - 18.3.4
Foto: Algarrobico (Carboneras-Almería), desde la playa- j.rojas (elpais)
Santa Cruz.- Urbanismo intenta desmontar las 5.000 casas previstas en Las Huertas
Acostumbrados a ver noticias negativas sobre el urbanismo de Sta.Cruz de Tenerife, llama la atención la ejemplar disposición de la nueva Gerencia de Urbanismo de querer revertir situaciones insostenibles que afectan al territorio municipal. Es el caso de la agresiva urbanización prevista en la trasera de la Playa de las Teresitas. Pero claro, siempre dentro de lo legal (que no suele coincidir con lo razonable) y aquí se habla de un primer convenio suscrito en el año 1989, nada menos. La gigantesca urbanización prevista incluye la construcción de unas 5.000 viviendas, que supondría sumar 20.000 habitantes a los 2.500 que en la actualidad tiene el pueblo de San Andrés. Un disparate urbanístico que habrá que ver si ahora se puede revertir con la débil justicia existente.
LAOPINIÓN* : La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, que preside el concejal socialista José Ángel Martín, anunció ayer que hará todo lo posible por "desmontar" el proyecto de urbanización previsto para el Valle de Las Huertas, en la parte trasera de la Playa de Las Teresitas. Lo anunció Martín en la Comisión de Control celebrada ayer en el Consistorio. "Podemos dar la vuelta a todo el proyecto y desmantelarlo porque hay sentencias, como la que dio la razón contra la reparcelación del Polígono de Las Teresitas a los vecinos alemanes Lola y Enrique Schneidr, que facilitan el camino.
Las futuras causas que abriremos irán dirigidas a atacar el convenio que se estableció en 1989 con la Junta de Compensación porque este Ayuntamiento tiene pruebas suficientes como para demostrar la titularidad municipal de los terrenos" desde 1967, explicó ayer el edil de Urbanismo.
Pero eso sí, el concejal socialista José Ángel Martín también quiso ser prudente indicando que es cierto que hay un proyecto de urbanización aprobado y que "se echará atrás siempre que sea a coste cero para el Ayuntamiento de Santa Cruz; es decir, siempre que legalmente tengamos la posibilidad de hacerlo". "Es que si no es así, tendríamos que afrontar indemnizaciones millonarias", matizó el responsable del área de Urbanismo en el Consistorio chicharrero. La gigantesca urbanización prevista para Las Huertas incluye la construcción de unas 5.000 viviendas, que supondría sumar 20.000 habitantes a los 2.500 que en la actualidad tiene el pueblo de San Andrés.
El concejal de Urbanismo recordó también que ya se ha iniciado el expediente para convocar la reunión de la Junta de Compensación, según lo obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fallo abre la puerta a los propietarios de las parcelas de Las Huertas a recuperar las posesiones, que han denunciado que se les quitaron sin su consentimiento, o a percibir una indemnización. Ya varias familias han manifestado su intención de pedir a Urbanismo que vuelva a calificar los terrenos como rústicos para evitar que se puedan construir viviendas en Las Teresitas.
En el año 1989 se constituyó una junta de compensación, un órgano con personalidad jurídica que agrupaba a los propietarios de las distintas parcelas que constituyen la unidad de actuación urbanística de Las Teresitas. El primer problema fue que no todos los propietarios participaron en dicha junta. Cuando una veintena de ellos, de Las Huertas, Montaña Morera y El Suculum, acudieron al registro de la propiedad descubrieron que sus tierras habían sido traspasadas sin su consentimiento a la empresa Desurcic.
Inversiones Las Teresitas (ILT), constituida por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en junio de 1998, imputados en el caso de Las Teresitas, en el que se investiga la operación de compra y venta de los terrenos de la playa, consigue en apenas 48 horas un préstamo de 33 millones de euros para comprar las parcelas a la Junta de Compensación, incluidas las del frente de Las Teresitas, Las Huertas y Montaña Morera.
Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de Las Teresitas por 52 millones de euros y pacta con Inversiones la recalificación del suelo que ésta se reserva en el Valle de Huertas y Montaña Morera. ILT a su vez vende esa parte trasera a Mapfre Inmuebles por 96 millones. Desurcic se hace con el proyecto de urbanización sin que hasta ahora haya podido desarrollarlo.
Desurcic llegó a ofrecer a los propietarios tres parcelas ya urbanizadas para construir entre 100 y 120 viviendas y algo más de un millón de euros a cambio de que le dejaran urbanizar la zona y construir viviendas por una inversión de más de 25 millones de euros. Pero la veintena de santacruceros afectados rechazaron la propuesta y lograron parar las obras.
En la nueva reunión de la Junta de Compensación se decidirá el futuro de esta zona. Mientras, en los tribunales continúa la causa penal del caso de Las Teresitas, en la que aparecen imputados, entre otros, los nacionalistas Miguel Zerolo y Manuel Parejo, ex alcalde y exconcejal de Urbanismo, y la causa civil, en la que el Ayuntamiento exige a Inversiones Las Teresitas que le devuelva el dinero de la compra de los terrenos, 75 millones de euros, por la sentencia que ha anulado dicha operación, y los empresarios exigen más de 60 millones de euros de indemnización. Asimismo, la Gerencia de Urbanismo encontró el año pasado nuevos documentos que vendrían a demostrar que los terrenos de Las Teresitas ya eran de titularidad municipal desde el año 1967. En estos queda de manifiesto que el frente de la playa fue cedido por la Junta de Compensación al Ayuntamiento a cambio de que el Consistorio llevase a cabo un proyecto que incluía la construcción de una playa en la cala de arena negra y de un dique. Para recuperar las parcelas, la Junta tendría que abonar 50 millones de las antiguas pesetas (más de 300.000 euros), pero supuestamente solo abonó 39 millones de pesetas (234.000 euros).
* La Opinión Tenerife - Eloísa Reverón - 14.3.14
Foto: Terrenos del Valle de Las Huertas, en la trasera de la Playa de Las Teresitas. la opinión
Gijón.- La anulación del Plan General mantiene paralizados 36 desarrollos urbanísticos
En Gijón hace ya un año que la justicia anuló el Plan General municipal, ocasión de oro para corregir los fallos existentes y replantearse muchas actuaciones urbanísticas sospechosas o erróneas, pero parece que nada de eso está ocurriendo debido, una vez más, a los 'tejemanejes' políticos. El Foro, ese partido asturiano formado por el lamentable y terco exministro 'popular' A.Cascos, gobierna la ciudad y quiere tener 'atado y bien atado' el urbanismo, algo que evidentemente está perjudicando el necesario desarrollo sostenible del municipio.
"ELCOMERCIO* : De 41 desarrollos urbanísticos que se están tramitando en la actualidad en el Ayuntamiento de Gijón sólo está prevista la próxima aprobación de cinco: tres modificaciones concretas del Plan General de 2011, el estudio de detalle de una de las unidades de ejecución en que se ha fraccionado el 'solarón' del plan de vías y un estudio de implantación para la instalación de un criadero en Casares-Porceyo.
Del resto de instrumentos de planeamiento, una treintena de expedientes están paralizados por la situación generada por la sentencia anulatoria dictada hace un año por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), por informes desfavorables o por falta de aportación de documentación desde hace mucho tiempo. Además, hay tres estudios de implantación y dos estudios de detalle que están pendientes de ser informados.
La concejala socialista Begoña Fernández aportó ayer estos datos que fueron facilitados a su grupo por el equipo de gobierno de Foro, con fecha del 27 de enero de 2014, para denunciar que «la paralización del urbanismo gijonés es cierta y alarmante» con el bloqueo de 36 instrumentos de desarrollo urbanístico en el municipio» por la incidencia que ha tenido en ellos la invalidación judicial del último PGO.
Seis planes parciales afectados
Fernández explicó de forma pormenorizada la situación de los expedientes en tramitación. Los planes parciales paralizados son cuatro -Nuevo Gijón, Cabueñes, Alto del Infanzón y Peñafrancia- a los que hay que sumar las suspensiones, ya recurridas en los tribunales, de las tramitaciones en Castiello y Granda. Respecto a los planes especiales en suelo urbano no consolidado siete están paralizados y dos están pendientes de aportación de documentación por los promotores; en suelo no urbanizable en núcleo rural cinco expedientes están paralizados y dos están pendientes de aportación de documentación.
En lo que se refiere a estudios de detalle, hay cinco paralizados, tres pendientes de aportación de documentación, dos pendientes de ser informados, dos fue denegada su aprobación por el Pleno municipal y sólo uno será objeto de próxima aprobación, la unidad de ejecución 12 de Contrueces. En cuanto a estudios de implantación, tres están pendientes de ser informados, dos tienen informe desfavorable y sólo uno puede ser aprobado próximamente en Casares-Porceyo.
Las tres modificaciones puntuales del PGO que se están tramitando en este momento son los planes especiales de reforma interior de la Ería del Piles (el complejo de ocio de Astur Promotora) y de El Rinconín y otro cambio concreto en el antiguo Colegio Público Cabrales.
Begoña Fernández aprovechó estos datos para acusar al equipo de gobierno de Foro de «empeorar y amplificar» los efectos negativos que ya tiene de por sí para la ciudad la anulación del PGO. La edil socialista le reprochó su negativa a establecer un calendario para la revisión del PGO ni fijar plazos para su aprobación inicial. También afeó a Foro no haber buscado ningún acuerdo con ningún grupo político para sacar adelante su planeamiento, ni haber dicho en el último año «ni una palabra» sobre su modelo urbanístico alternativo al de 2011. Además, reclamó un informe jurídico que aclare el escenario ante las reclamaciones patrimonialess a las que se enfrenta el Ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz de la junta de gobierno, Rafael Felgueroso, puso de relieve que «estamos en la fase de consulta ciudadana previa a la revisión del PGO y ahora toca valorar y estudiar las aportaciones de los gijoneses». En ese sentido, explicó que la concejala de Urbanismo, comparecerá en el próximo Pleno para informar sobre el resultado de ese proceso de participación ciudadana. El coordinador local de UPyD, Manuel Iñarra, reclamó ayer al equipo de gobierno que «tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos y que la encuesta enviada no quede en papel mojado y sea un documento de verdadera reflexión que evite los abusos del pasado más reciente».
* El Comercio - MARCOS MORO - 4.3.14
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
El BCE tumba la valoración del ladrillo que hizo el Banco de España y pide una nueva
No es la primera vez que las autoridades europeas cuestionan las valoraciones inmobiliarias realizadas para el rescate de la banca española. La valoración realizada por Oliver Wyman para el Banco de España ha sido puesta en entredicho por los dirigentes económicos del Banco Central Europeo ya que, como siempre, aquí tratan de manipular y camuflar las cifras auténticas, que son muy diferentes, según advierten. La Comisión Europea ha desautorizado también públicamente los precios de traspaso de los activos a Sareb (el Banco malo) –basados en los test de Oliver Wyman–, ya que considera que están por encima de los precios reales de mercado. O sea que, además de corruptos, los dirigentes económicos de este país siguen mintiendo como bellacos.
"ELCONFIDENCIAL* : Varapalo del BCE al Banco de España: no se fía de las valoraciones de los activos inmobiliarios de la banca que se realizaron en los test de estrés de Oliver Wyman en 2012, los que se utilizaron para determinar el importe del rescate y el traspaso del ladrillo de la banca rescatada a Sareb. En la revisión de los activos de la banca (AQR) y en los posteriores test de estrés habrá que volver a evaluar estas garantías, en contra de la posición del supervisor español, que pedía una mera actualización del ejercicio de hace dos años. Esto, junto a las "provisiones colectivas", son los aspectos más temibles del nuevo ejercicio para la banca española.
Hasta ahora, los problemas para las entidades españolas venían precisamente de que los nuevos ejercicios iban a poner el foco en otras áreas de la actividad aparte de la exposición inmobiliaria, que es la que acaparó toda la atención en los test realizados por Oliver Wyman en 2012. Sin embargo, el ladrillo también va a dar ahora quebraderos de cabeza a raíz de este rechazo del BCE a las pretensiones españolas. El varapalo es importante si tenemos en cuenta que en 2012 se hicieron 1,7 millones de valoraciones de activos inmobiliarios (tanto adjudicados como garantías de préstamos) por parte de seis valoradoras, que ahora han quedado en papel mojado.
Es cierto que, con el traspaso de los activos de la banca rescatada a Sareb por 51.000 millones (basado precisamente en estas valoraciones), el peso inmobiliario en el conjunto de la banca española es mucho menor que entonces. Pero algo que estaba ya superado desde 2012 se convierte de nuevo en un elemento de preocupación ante la incertidumbre sobre el recorte adicional a las valoraciones que se le puede aplicar ahora. Una preocupación que, paradójicamente, es mayor en la banca 'sana', que es la que mantiene estos activos en su balance.
No es la primera vez que las autoridades europeas cuestionan las valoraciones inmobiliarias realizadas para el rescate de la banca española. Así, la Comisión ha desautorizado públicamente los precios de traspaso de los activos a Sareb –basados en los test de Oliver Wyman–, ya que considera que están por encima de los precios reales de mercado (por ejemplo, sostiene que el descuento real para los pisos debería ser del 75%). Como resultado, califica como ayuda de Estado a la diferencia entre el descuento practicado en dicho traspaso y el que se debería haber aplicado; y no es una cifra pequeña, sino que con eso las ayudas estatales pasan de los 61.000 millones reconocidos por España hasta 100.000.
¿Y ahora qué? Las auditoras que van a realizar esta revisión (las cuatro grandes menos Deloitte, que ha sido excluida) no pueden valorar las garantías inmobiliarias, así que están esperando a que el Banco de España les diga quién se va a encargar de esa tasación. "No lo tenían preparado porque esperaban que les dejaran actualizar lo que se hizo en 2012, y ahora tienen que sacarlo a concurso", según una fuente conocedora de la situación.
Las "provisiones colectivas", la otra gran amenaza
El contratiempo inmobiliario se suma a otra amenaza que se cierne sobre el sector financiero español en los nuevos ejercicios: las llamadas "provisiones colectivas". Este concepto deriva de que el AQR no va a revisar los créditos de la banca uno a uno; eso se hará sólo con los grandes préstamos corporativos, pero los minoristas (hipotecas, consumo, etc.) se examinarán de forma aleatoria y los resultados se extrapolarán al resto de la cartera. De esa extrapolación se derivarán unas necesidades de "provisiones colectivas", que se compararán con las provisiones efectivamente dotadas para cada cartera por la entidad para determinar si hay un déficit o no de las mismas.
El déficit de provisiones específicas que se derive del examen individual de los grandes créditos tendrá que dotarse en las cuentas de 2014, pero las "provisiones colectivas" no deberán cubrirse, sino que serán un input para calcular los test de estrés. Pero no por ello son menos relevantes: este distinto punto de partida para los test va a determinar que la pérdida esperada sea mayor y, con ella, las necesidades de capital que tenga cada banco para hacerle frente (para el cómputo de capital se tendrán en cuenta los CoCos emitidos por algunas entidades, como adelantó El Confidencial).
Finalmente, no se revisarán las mismas carteras en todas las entidades, sino que en cada una serán distintas según las propuestas del Banco de España al BCE. En todo caso, el mínimo impuesto por Fráncfort para el examen es del 50% de los APR (activos ponderados por riesgo). Tampoco hay que olvidar la penalización de las carteras de deuda pública, que el supervisor español puede suavizar. El BCE ha convocado una reunión con las auditoras el próximo lunes para explicarles los detalles de esta metodología, aunque todavía no se revelará el secreto mejor guardado: el escenario adverso de los test de estrés.
* El Confidencial - Eduardo Segovia - 14.3.14
Foto: Madrid, Banco-España - attac
Baleares.- Precio y materia de la corrupción
En las islas Baleares, como en otras Comunidades, la corrupción urbanística ha dado pasos de gigante y, además, descaradamente. Ya no hace falta ocultarse, las huellas dejadas por políticos, empresarios y financieros sin escrúpulos están a la vista de todos. Son muchas de esas infraestructuras inútiles, de pequeñas construcciones en medio de parajes protegidos o de enormes urbanizaciones ilegales que un día aparecen sin saber cómo y que han sido levantadas gracias a comisiones, dinero negro y tráfico mafioso de influencias. Al final quedan ahí, como extraños objetos, para lamento de próximas generaciones que, con toda justicia, deberán echar en cara a la presente su falta de vergüenza y/o su desidia ante la enorme corrupción existente actualmente.
"ANDREU MANRESA* : Estamos rodeados. Pisamos, usamos y pagamos la herencia de la corrupción aunque lo ignoremos. Habitamos sobre la materia del delito. Pagamos sus consecuencias y las hipotecas invisibles. Nos cruzamos con corruptos sueltos, imputados o sin citar en los juzgados y vemos a otros marcados en la omertá o condenas calientes. Supuestos puristas lanzan, infalibles, soflamas de honestidad y anatemizan al otro aunque han crecido en su tufo. La esencia mafiosa obliga a despreciar, ignorar y ocultar. La verdad, la herida, no se sella y sus hipotecas no vencen. El corrupto contemporáneo deja su huella a la vista o bajo tierra, porque el fraude a los intereses generales se evidencia, es concreto, existe en cifras. La comisión, el soborno, el abuso pactado del sistema de mero amiguismo comporta merma de calidad y servicios. Lo que se echa en falta es el precio de lo robado, la mordida. Es el tanto por ciento que se malversa de la caja común para satisfacer a la red de cobradores, a los capos y su cadena: comisionistas, husmeadores, conseguidores, receptores y hombres de paja.
Con esos sobrecostes, las obras, servicios, materiales y medios son peores o más caros. En la aplicación del camuflaje, el robo, está hinchar las facturas y horas de excavadoras, más camionadas que las reales, la reducción de centímetros de grava y asfalto en millones de metros cuadrados.
Lo que se oculta y no se ve es incuantificable. Debajo del pavimento, en acequias o túneles. Se dieron sospechosas compras masivas de piedra pavimento a precio desmesurado. Está en Palma, en grandes paseos y plazas.
Debajo de una de esas superficies de piel corrupta debió horadarse un paso subterráneo gigante, soterrar una gran vía. No se ejecutó y se pagaron 300.000 euros para evitar el reto. Con los años, allí se abrió el suelo y es una gran obra, pésima. Se hizo a tramos con muchas empresas agraciadas y el proyecto se trazó sobre la marcha, como avanzaba el tren en la conquista del Oeste.
Tal cual, con prisa, menos materiales y acabados, las infraestructuras son deficientes y ultra caras. Pocas veces las carreteras, diques, edificios públicos, túneles, se ajustan al precio de la adjudicación. Los costes finales se disparan porque los proyectos siempre se modifican y complementan. En estos sobrecostes están las ganancias y el pacto invisible. A los grandes contratistas se les impuso socios locales y esos buscaron a subcontratistas. Camuflaje y reparto de riesgos.
El amiguismo, la manipulación y los ojos cerrados de los puristas se mueven tras los sobres cerrados de las concesiones, concursos, subastas, compras y privatizaciones de facto. La corrupción nace y se paga. Tiene precio, fidelidades, sobreentendidos, a veces bastan miradas y gestos.
Con esos amaños se levantaron castillos de naipes, complejos inacabados, se hicieron y destrozaron parques para empeorarlos, se alzaron pirámides de exaltación personal inservibles, más otros despropósitos monumentales en desuso, que se oxidan ante la mirada de todos. Otro despilfarro son los años perdidos.
Las preguntas con dardo van hacia la mampostería de piedra y mármol, en los millones de adoquines siempre idénticos, kilómetros de rejas, miles de farolas, contenedores, toneladas de tapas de fundición mil veces repetidas.
La piel y la materia de la corrupción de Palma estuvieron en los ataúdes, en las tumbas y servicios fúnebres. El sistema sucio con sus métodos hundió a empresas. El escándalo funerario se concretó, ahora, con tres años de cárcel para el sujeto.
Un alcalde constructor de Palma, mientras era concejal, anunció a su mujer que le habían regalado una participación en la sociedad que iba a crear un camposanto privado. Otra empresilla del edil hizo obras en el cementerio faraónico y cargó una deuda privada de seis millones de euros. El Gobierno, la caja y el banco locales se pillaron los dedos con decenas de millones. El alcalde constructor quebró, su números rojos fueron perdonados y él, con dinero de todos, compró el cementerio ruinoso a sus bancos.
La corrupción lo ha contaminado casi todo, está adherida fatalmente al paisaje político y se extiende a la vida social, está siempre presente. Es una inercia histórica que se ha extendido como una doble piel natural sobre el cuerpo de la realidad democrática. La tradición tiene ya casi cuatro décadas aunque la raíz proviene de la dictadura. Tiene nombres y autores. No es una maldición natural.
* El País - Andreu manresa - 9.3.14
Foto: La corrupcción está oculta, basada en las leyes de la mafia. / TOLO RAMON
Vecinos contra la ruina de Ferrol Vello
En Galicia convive lo peor de la corrupción urbanística, así junto a numerosas construcciones ilegales de nueva planta se ha permitido que pueblos y ciudades de enorme interés patrimonial estén cerca de la ruina. Es el caso del antiguo Ferrol, conjunto declarado como 'Bien de Interés Cultural', que poco a poco se está cayendo a pedazos ante la desidia en su mantenimiento por las autoridades competentes (municipales y autonómicas). El hartazgo vecinal ha llegado al punto de iniciar manifestaciones de protesta, aunque con casco de protección por si acaso se vienen abajo las viejas edificaciones.
"ELPAÍS* : Llevan casco pero no son obreros. Son los vecinos de Ferrol Vello que tienen que convivir cada día con la ruina que carcome a un barrio histórico y protegido por la Xunta como Bien de Interés Cultural (BIC) por su valía arquitectónica. Hoy se han puesto el casco para parapetarse contra los trozos de fachadas y cornisas que se deshacen como arena después de tres meses consecutivos de lluvia y que amagan con desprenderse en cualquier momento. “Queremos vivir aquí pero no entre ruinas”, clamaron por el altavoz.
El casco es una protección pero también ha sido ingrediente y protagonista de la protesta. Fue este mediodía durante una concentración vecinal en la Praza Vella, epicentro de un barrio que está a un paso de los pantalanes de Curuxeiras pero que se parece más a un decorado de posguerra que a un espacio público. Un buen tramos de la Praza está inundado por los cascotes y con amplias zonas totalmente impracticables y acotadas con vallas para cerrar el paso a los imprudentes.
La protesta de este sábado no fue la primera y reunió a medio centenar de personas de todas las edades que llegaron a pie o en bicicleta. Detrás de esta convocatoria está A Comisión Cidadán pola Recuperación de Ferrol Vello, enfrentada a la directiva vecinal del barrio a la que reprochan que se hayan olvidado de una parte de la vecindad, concretamente de las cinco familias afectadas por el desalojo de tres inmuebles de la calle Carmen Curuxeiras el pasado enero -los números 10, 12 y 16- y varios desplomes sucesivos.
El último fue esta misma semana, en la madrugada del pasado lunes y afectó al número 51 de la calle San Francisco, en la casa natal de Ricardo Carvalho Calero, una propiedad por la que el Ayuntamiento de Ferrol pagó 350.000 euros hace tres años con la idea de rehabilitarla como centro cívico, un proyecto muy ambicioso que sigue congelado. “Es gravísimo que un edificio público lo dejen caer así”, se quejaron.
“No estamos muertos de puto milagro”, aseguró rotunda Mariluz. Esta jubilada vivía en el primer piso del número 12, uno de los tres bloques desalojados por la policía local de la calle Curuxeiras la noche del 15 de enero. Es una de las arterias de Ferrol Vello por la que discurría el primer tramo del Camino Inglés a Compostela desviado 'provisionalmente' desde hace más de un año. En el lateral del edificio de Mariluz hay una grieta muy profunda que forzó el desalojo de nueve personas: siete adultos y dos niños del número 12, y dos vecinos más de los números 10 y 16. La culpa, explican los propietarios, la tuvo una viga solitaria y podrida que flota sobre el solar de lo que fue el número 14. Un viejo tronco de madera que ha sido suficiente para herir de muerte a un inmueble de tres plantas mucho más nuevo y dejar sin casa a las tres familias que lo habitaban.
A Ángeles Rivera, 'Gelines, como la llaman sus convecinos, se le saltan las lágrimas. A finales de este mes cumplirá los 76 y ha pasado en Ferrol Vello todos y cada uno de sus años desde que nació en una casa de la calle Mártires en la primavera de 1938, en plena contienda civil. De lo que fue a lo que es, ya no queda nada, dice. “Estaba la Pysbe y la fábrica de lápices. Venían las lanchas de Mugardos y Maniños -al sur de la ría- con los obreros para Bazán. Había tres ultramarinos, dos pastelerías y, por lo menos, dos barberías la misma calle”, rememora. “Esto era una verdadera calle Real. El centro del centro. Un barrio con vida que ahora, ya ves, da peniña verlo”, se lamenta. Critica que una pala excavadora metida en la Praza Vella le echara abajo un patín, una pequeña terraza amurallada que todavía quedaba en pie de una vieja casa de su propiedad que está dispuesta a reclamar donde haga falta.
* El País - LORENA BUSTABAD - 8.3.14
Foto: Vecinos de Ferrol Vello, esta mañana durante la protesta por el abandono del barrio. / GABRIEL TIZÓN
La Fiscalía denuncia por prevaricación a dos exconcejales de Puerto de La Cruz
+-+canarias.jpg)
Ya se ha denunciado repetidamente la enorme corrupción urbanística existente en las Canarias. En la isla de Tenerife y en el municipio turístico de Puerto de La Cruz aparece ahora un nuevo caso de construcción irregular, la justicia acusa años más tarde a varios exconcejales 'populares' por prevaricación omisiva. Este concepto sí que resulta interesante ya que por ilegal 'omisión' deberían estar en la cárcel la gran mayoría de los políticos de este país. Solo que fiscales y jueces no han hecho caso de las numerosas advertencias y/o denuncias existentes en casi todos los municipios por este concepto omisivo en urbanismo. Y así se ha llegado a donde estamos, a la enormidad de viviendas y otros edificios construidos ilegalmente en todo el país, que luego, además, se trata de legalizar de mala manera, causando un enorme perjuicio municipal y una delictiva discriminación hacia aquellos que sí obraron conforme a las normas urbanísticas existentes.
CANARIASAHORA : La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia contra dos exconcejales del PP del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Luis Gómez y Guillermo Meca, que en su momento fueron responsables del departamento de Urbanismo y ambos presidentes del Comité Local del PP, por una presunta prevaricación cometida entre 2005 y 2006 por el primero, y 2009 y 2011 por el segundo, al no actuar contra una obra ilegal ejecutada por un particular en una vivienda, cuya omisión ha permitido la prescripción tanto de la sanción como de la reposición de lo ejecutado.
En un escrito dirigido al Decanato de Puerto de La Cruz por el fiscal Rafael Ruiz el 29 de enero pasado, el ministerio público imputa prevaricación omisiva a los dos exconcejales, con penas de siete a diez años de inhabilitación especial para cargo o empleo público según el artículo 404 del Código Penal, a la vez que libra del mismo delito a otros dos ediles de Urbanismo en otros dos periodos entre ambos imputados: Eva Navarro, del PP (2007-2008), y Jaime Coello, ex del PSOE (2008-2009) y actual concejal del grupo Vecinos y Vecinas x el Puerto, por haber realizado unas inoperantes pero al menos mínimas gestiones.
La denuncia se fundamenta en una obra ilegal ejecutada sin autorización preceptiva por una vecina de la calle Luis Rodríguez Figueroa, consistente en un cuarto techado, descrito en un informe municipal de 15 de febrero de 2006, seis meses después de la denuncia original de un vecino, como "estructura metálica nueva en espacio libre ajardinado, donde antes existía una pérgola, todo ello fuera del contenido de la licencia" que solamente permitía reparar lo existente.
En aquel momento, el responsable de Urbanismo era el expresidente del PP Luis Gómez, en un pacto con el sempiterno alcalde Marcos Brito (CC), y para el ministerio público, la actitud del exconcejal merece el reproche penal por conducta omisiva de sus funciones por no llevar a cabo ninguna actuación desde que el 7 de marzo de 2006, hasta su cese tras las elecciones de 2007, un informe municipal le instara a abrir expediente sancionador y obligar a reponer el estado natural de las cosas antes de la obra. Nada de eso hizo el exconcejal.
Tampoco actuó, entre octubre de 2009 y junio de 2011, Guillermo Meca Cervera, a pesar de que el técnico municipal correspondiente le recordó que hasta la fecha nada se había hecho para restablecer el orden jurídico perturbado [ya había vencido el plazo sancionador en una etapa anterior, con Eva Navarro de concejal] , y que para evitar la prescripción del expediente se debía actuar antes del 15 de febrero de 2010, día en que se cumplían cuatro años desde el informe municipal original. Tampoco consta motivo justificado por el que nada se hiciera.
En ambos casos, las quejas elevadas al Diputado del Común por parte del denunciante, a lo largo de todos los años del proceso iniciado en 2006, encontraron respuesta e investigación de oficio en 2013, y de esas pesquisas evacuadas a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias se deriva ahora esta denuncia concreta contra dos ediles de Puerto de La Cruz.
El fiscal deja fuera a Eva Navarro, ya que el 1 de septiembre de 2008 decidió dictar un decreto "por el cual se transcribe literalmente el informe anterior de 7 de marzo de 2006 y se acuerda formalmente la incoación del expediente", aunque ya por esas fechas había prescrito la posibilidad de sanciones. No obstante, indica el fiscal, "no consta que a esta Concejal se le hubiera dado traslado formal de la propuesta de incoación de expediente y por tanto tuviera conocimiento fehaciente de la fecha en que prescribía la infracción, si bien es reseñable que tardara más de un año en incoar el citado expediente".
Del mismo modo, el exconcejal de Urbanismo Jaime Coello (2008-2009) queda exhonerado al dictar una resolución en la que se acuerda dejar prescrita la infracción, sin perjuicio de que se tomaran las "medidas oportunas" para restablecer el orden perturbado, medidas que nunca se llevaron a cabo, además de que Coello causó baja por enfermedad durante unos meses de 2009 y finalmente, en octubre, fue depuesto por su cargo por una moción de censura, que dio la concejalía a Guillermo Meca.
El ministerio público centra así sus imputaciones en Gómez y Meca por motivos "que denotan una dejación inexcusable de sus responsabilidades en el seno del expediente, aún a pesar de las claras advertencias de las que tienen constancia fehaciente, que lleva como consencuencia a que transcurran plazos de tiempo más que relevantes para la prescripción del expediente sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, respectivamente".
* El Diario - Canarias Ahora - Alexis González - 26.2.14
Foto: Puerto de La Cruz (Tenerife) - canarias
Barcelona.- El exdirector del Palau sostiene que los políticos apoyaron el proyecto del hotel "por amistad"
Parece que el caso del hotel ilegal junto al Palau de la Música se va a llevar por delante solamente a los directivos del mismo, pero no a los políticos municipales y/o autonómicos que, sabiendo las irregularidades urbanísticas, permitieron que siguiera adelante concediendo su autorización. La Fiscalía pide 10 años para los dos altos cargos de la institución barcelonesa, pero no dice nada acerca de la imputación política, algo que huele a chamusquina y que parece un pacto corrupto para no perjudicar la imagen de numerosos implicados de las administraciones.
"ELPERIÓDICO* : El exdirector del Palau de la Música, Jordi Montull, ha asegurado este lunes que el proyecto de construir un hotel de lujo junto al auditorio contó con el apoyo de los políticos por su "amistad" con los responsables de la institución cultural, a sabiendas de que el proyecto era impulsado por un particular. A diferencia de Fèlix Millet, que solo ha aceptado responder a las preguntas de su abogado, el que fuera su mano derecha ha contestado durante cuatro horas a las cuestiones de la Fiscalía y de su defensa, ante los que ha defendido que el proyecto hotelero convenía al Palau y ha negado que presionara a ningún político para sacarlo adelante.
De hecho, Jordi Montull ha destacado que él y Millet contaban con "el apoyo de todos los políticos" para este proyecto, por la "relación de amistad" que les unía y porque, ha admitido: "los teníamos en el Palau cada día". Según el acusado, todos los partidos políticos eran conscientes de que el proyecto hotelero era impulsado por el promotor Manuel Valderrama, a través de su empresa Olivia Hoteles, porque "era obvio que el Palau de la Música no era una constructora".
"Todo el mundo estaba contento", ha añadido Jordi Montull, especialmente los vecinos de la calle Sant Pere més Alt, donde se iba a construir el hotel, y los padres de alumnos de la escuela La Salle, que, ha dicho, le "paraban por la calle" para preguntarle cuándo iban a comenzar las obras, dado que el proyecto incluía reformas en el centro educativo a cargo del promotor hotelero.
Modificaciones urbanísticas
Para Montull, que en ocasiones ha respondido a la Fiscalía en tono altivo o jocoso, la construcción del hotel era "un proyecto que caía por su propio peso", dado que el Palau era de los pocos auditorios de Europa que no contaba con un hotel de primera en sus inmediaciones, pese a ser Patrimonio de la Humanidad.
La Fiscalía pide más de 10 años de prisión para Millet y Montull por utilizar su capacidad de influencia sobre los políticos para llevar a cabo las modificaciones urbanísticas necesarias para sacar adelante este proyecto, a sabiendas de que era una "operación especulativa" que beneficiaba a un promotor particular.
En ese sentido, Montull ha asegurado que nunca se ocultó que las fincas que albergarían el hotel eran titularidad de un constructor y que, además, en su día tanto la Generalitat como el consistorio fueron informados de esa circunstancia.
Durante el interrogatorio, el que fuera mano derecha de Millet al frente del Palau de la Música, ha evitado dar explicaciones, escudándose en su falta de memoria, sobre la abundante documentación que le ha esgrimido el fiscal con correos electrónicos y misivas que intercambió con responsables municipales y de la Generalitat con relación al proyecto. En esa línea, Montull ha restado valor al documento de su puño y letra que se incautó en el Palau de la Música y en el que, según la Fiscalía y la juez instructora, se establecía la "hoja de ruta" del proyecto hotelero, basado en un convenio con la Generalitat que debía permanecer sin publicidad y en un segundo acuerdo, a tres bandas, con el ayuntamiento.
En relación al exteniente de alcalde Ramon García Bragado, del que en la causa consta correspondencia en que Montull se dirige a él como "distinguido amigo", el acusado ha asegurado que solo lo había visto en una ocasión antes del juicio, aunque ha admitido que se refirió a él con el término "amigo común" en otro documento que consta en el sumario.
* El Periódico - EFE - 10.3.14
Foto: Barcelona, edificio para Hotel Palau (archivo) - elpais
Gürtel se repartió una comisión de 1,8 millones en Boadilla del Monte
,+ayuntamiento+-+diariodeboadilla.esjpg.jpg)
Siguen apareciendo más datos relativos a la trama de corrupción urbanística Gürtel, aunque son de hace años y resulta lamentable que hasta hoy no se haya tenido conocimiento de ellos. En Boadilla del Monte (Madrid), el municipio más rico de España, los capos municipales 'populares' actuaban cuando y como querían. Esta nueva comisión ilegal de 1,8 millones viene por adjudicaciones ilegales a constructoras, algo habitual de la trama corrupta en diferentes lugares del país. Esperemos que la justicia penalice de una vez estos casos tan evidentes, hasta documentalmente, y no siga mareando la perdiz.
"ELPAÍS* : La trama de corrupción Gürtel se hizo de oro de muchas maneras. Aparte de dedicarse a organizar docenas de actos electorales e institucionales del Partido Popular, ya fuera en Madrid o en Valencia, también sacó tajada de las comisiones que recibía de distintas empresas y de operaciones de compraventa de fincas. Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia y considerado el número dos de Francisco Correa en la red corrupta, anotó en su agenda personal distintas operaciones, como una comisión de 1,8 millones de euros por una adjudicación en Boadilla del Monte.
El reparto que consta, de acuerdo con el análisis de la agenda de Crespo realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se realizó entre varias personas identificadas por las iniciales de sus nombres y apellidos, o bien por los apodos con que eran conocidos. Así, 390.000 euros correspondieron a Correa —figura en las anotaciones como “FC”— y otros 390.000 euros a Alfonso Bosch, exdiputado regional y exdirector de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS), que aparece anotado como “AB”.
También recibió 390.000 euros a Tomás Martín Morales o “TM”, quien fuera consejero delegado de la EMVS. A Arturo González Panero El Albondiguilla, alcalde de la localidad entre 1999 y 2009, anotado como “Alb”, el inicio del apodo por el que es conocido, le fueron entregados presuntamente 210.000 euros. Por su parte, el propio Crespo, o “Fra P”, percibió 300.000. La cifra que obtuvo cada una de las personas mencionadas, todas ellas imputadas en el caso Gürtel, varía ligeramente en otras anotaciones de Crespo en su agenda.
Aunque “no puede establecer” el origen de la comisión obtenida por la organización, la UDEF llega a la conclusión de que el pagador es la constructora Teconsa. “Una cuantía de 1.800.000 euros de comisión solo puede corresponderse con un volumen de negocio muy importante desarrollado por Teconsa en ese municipio, bien en una única obra (no es el caso) o en varias”, recoge el informe.
Antonio González Terol, alcalde de Boadilla desde 2011 y también del PP, se personó el pasado septiembre en la Audiencia Nacional como acusación particular y en calidad de perjudicado “por las presuntas irregularidades cometidas” durante el mandato de González Panero. Este dimitió tras su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama Gürtel. A Panero le reemplazó Juan Siguero, que también renunció en febrero de 2011. Mercedes Nofuentes ejerció de alcaldesa hasta las elecciones municipales y autonómicas ese mayo.
La UDEF también ha encontrado en la agenda de Crespo anotaciones relativas a un terreno en San Lorenzo de El Escorial, comprado por 4,9 millones y vendido por 8,5. La organización de Correa compró en julio de 2004 la finca Monte el Valle a la sociedad Elitehotels por 4.974.254 euros (previamente se habían adelantado 300.000 euros). Para ello creó una sociedad denominada Proyedicon SL, representada en la operación por Crespo y Juan Millán Alcaide y participada en un 50% por Rustfield Trading Ltd (domiciliada en Reino Unido), un 25% por Millán Alcaide y otro 25% por Juan Ramírez Ucha. Además, se constituyó una hipoteca por la sociedad Proyedicon por 4,5 millones.
En la tramitación a UFC participó Inversiones Kintamani, representada por Ramón Blanco Balín, considerado por la policía como el cerebro que tejió en paraísos fiscales la maraña de empresas que utilizó Correa para blanquear el dinero que obtenía de forma ilícita. “UFC procuraría la clasificación de la finca como urbanizable y su posterior desarrollo inmobiliario”, apuntan los investigadores.
Tras manejar distintas opciones, finalmente el terreno se vendió en mayo de 2006 a la constructora UFC —su antiguo propietario, el empresario José Luis Ulibarri, también está imputado— por 8,5 millones “los cuales, una vez descontados costes, gastos e impuestos, fueron repartidos entre los socios participantes, procediéndose a la disolución de Proyedicon”.
En uno de sus apuntes (realiza varios al respecto), Crespo estimó en tres millones el “beneficio total” que obtuvo Proyedicon por la operación, dejando el “beneficio puro” en 2,55 millones tras deducir 450.000 euros (15%) en concepto de plusvalía. Tras otras cantidades aportadas, entre ellas 150.000 euros por parte de Ulibarri, el “beneficio a repartir” fue de 817.500 euros. El dinero, según el informe de la UDEF sobre la agenda de Crespo, quedó a repartir entre cuatro partes, de las que el 50% correspondía a Rustfield, y el resto a Millán Alcaide y Ramírez Ucha.
El día de la escritura de la finca por parte de UFC, Inversiones Kintamani consideró que existía “la posibilidad de vender a un tercero los terrenos a un precio superior al abonado por UFC”, por lo que se mostró “interesada en promover como intermediario independiente en su venta”. La UDEF concluye que el objetivo de la operación inmobiliaria en El Escorial era la obtención de un beneficio “mediante la especulación urbanística, previendo una venta posterior de la finca, promoviendo el cambio de utilidad de la misma”.
* El País - JOSÉ MARCOS - 10.3.14
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
La banca continúa enladrillada
Los excesos de la llamada 'burbuja inmobiliaria' se siguen viendo todavía como una oscura maldición que hubiera caído sobre el país. La realidad es mucho más sencilla y ha sido una conjunción de intereses político-financieros durante los últimos 15 años la que la ha propiciado. Ha habido numerosos políticos y banqueros que se han hecho de oro especulando ilegalmente en el mercado inmobiliario, sin que la justicia haya castigado a estos delincuentes de guante blanco que han sumido al país entero en una crisis-estafa sin precedentes. A pesar de operaciones opacas, como el llamado Banco malo o Sareb, el volumen de activos inmobiliarios tóxicos de los bancos cotizados sigue marcando récords. Y a la puerta están los fondos buitres internacionales para caer sobre las sospechosas gangas actuales.
"ELPAÍS* : El ladrillo persigue a la banca. La purga de los excesos de la burbuja inmobiliaria de la pasada década no ha terminado. Pese al gran esfuerzo en provisiones y las enormes pérdidas asumidas, los bancos cotizados tienen en sus cuentas cada vez más activos tóxicos. Mientras que los bancos rescatados han limpiado sus balances con cargo al dinero público y al banco malo, las entidades teóricamente sanas son ahora las que están más enladrilladas.
Aunque han ido reduciendo el volumen de crédito, tienen más suelo, más promociones, más viviendas de particulares embargadas y más créditos a promotores morosos y subestándar que nunca. Y, lo que es peor, tienen también una cifra récord sin provisionar de esos activos “potencialmente problemáticos”, según la denominación del Banco de España.
Los siete grupos bancarios presentes en el Ibex 35 sumaban 135.288,6 millones de euros entre créditos a promotores con problemas e inmuebles que se han quedado por impago de créditos. Eso supone casi 14.000 millones más que un año antes. En la suma se han incluido el total de La Caixa (no solo CaixaBank, que es el banco cotizado) y de BFA (no solo Bankia). De los siete grupos, el de Bankia es el único que ha sido rescatado con dinero público y que, en consecuencia, ha traspasado el grueso de su cartera de crédito promotor y de inmuebles al banco malo. Por eso, en su balance, el crédito promotor y los inmuebles tienen un peso muy inferior al de los otros grandes bancos. Aun así, la entidad con el balance más saneado en relación con el ladrillo es Bankinter, que fue, con diferencia, la más prudente de las seis en los tiempos de la burbuja.
Durante 2013, han sido fundamentalmente dos los factores que han provocado que crezcan los activos problemáticos. El más evidente es el avance de la crisis económica, la paralización del mercado inmobiliario y la caída adicional del precio de la vivienda, la sexta anual consecutiva. El segundo factor ha sido el aumento de la exigencia del Banco de España a la hora de clasificar como dudosos o subestándar, esto es, como problemáticos, ciertos créditos refinanciados que antes figuraban como sanos. Quizá la mejor noticia para las entidades es precisamente esa, que cada vez queda menos crédito promotor clasificado como sano, es decir, queda una menor bolsa susceptible de ir entrando en la categoría problemática. Del otro lado, lo que ha ido aumentando es la morosidad en las hipotecas para la compra de vivienda y los embargos de pisos por impagos.
En cuanto al crédito, hay casi 9.000 millones más clasificados como dudosos, pese a que en torno a 7.000 millones han desaparecido de esa categoría por pasar directamente a fallidos (y estar completamente cubiertos). Se reducen en unos 3.000 millones los subestándar y aumentan en cerca de 5.000 millones las coberturas, con lo que el riesgo problemático sin cubrir crece en cerca de 1.000 millones. Eso sí, los bancos ya no tienen las provisiones genéricas por el crédito sano por importe de unos 8.000 millones que constituyeron a cierre de 2012 y que ahora han ido aplicando a fallidos y a créditos problemáticos, con lo que el deterioro es mayor de lo que aparenta. La Caixa es la que más ha reducido el crédito promotor problemático y el Popular, lastrado desde que absorbió el Pastor sin ayudas, el que más lo ha aumentado. BFA y Bankinter tienen la posición más cómoda.
Pero entre los activos tóxicos, los que más crecen son los inmuebles que están directamente en poder de los bancos. En un año, han pasado de unos 65.000 a unos 72.000 millones de euros. De esa cifra, unos 24.000 millones corresponden a suelo, el activo más improductivo, con más difícil salida en el mercado y que ha perdido una mayor parte de su valor. Aunque el Gobierno aireó inicialmente que exigiría coberturas del 80% sobre el valor del suelo, finalmente se enmendó a sí mismo y se conformó con exigir un 60%, que es a lo que se han ajustado la mayoría de las entidades con la gran excepción de BFA-Bankia, que ha cubierto el 85%. Hay, por tanto, suelo contabilizado por un valor neto cercano a los 10.000 millones de euros en los balances de estas entidades.
Por entidades, La Caixa se ha destacado como la mayor inmobiliaria, con promociones, suelo, viviendas embargadas y otros activos adjudicados por impago por importe de 17.490 millones de euros, aunque también es la entidad que tiene más provisiones. La absorción del Banco de Valencia explica en buena parte el salto de 2013. Tras La Caixa se sitúa BBVA, con unos 13.700 millones brutos en inmuebles. Luego va el Banco Sabadell, si bien de sus 12.855 millones hay 5.500 millones que están sujetos al esquema de protección de activos (EPA) por la compra de Banco CAM. El Popular es el cuarto con más inmuebles, pero el que más tiene en proporción a su tamaño. El Santander, que era la entidad sana más cargada de inmuebles en 2011, tiene ahora una posición más holgada que el resto. Los alumnos aventajados son de nuevo BFA-Bankia (con ayudas públicas) y Bankinter (sin ellas).
* El País - MIGUEL JIMÉNEZ - 13.3.14
Foto: Pisos a la venta a las afueras de Madrid. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)
La obra inacabada del polideportivo de Navalcarnero no justifica dos millones
,+polideportivo+inacabado+-+elpais.jpg)
Otra construcción municipal producto del despilfarro delictivo que ha asolado el país en los últimos 15 años. El polideportivo inacabado de Navalcarnero (Madrid) lleva paralizado desde 2008 y, como se ve, con importantes desvíos monetarios. El ayuntamiento 'popular', que gobierna de forma ininterrumpida desde 1995, no sabe bien qué hacer ahora ya que la reanudación de los trabajos conllevaría labores de acondicionamiento y reposición de instalaciones y servicios, cuya repercusión económica supondría importes cuantiosos. Este es el resultado lamentable que ocurre, o ha ocurrido, en multitud de municipios por toda la geografía del país, sin que los políticos implicados hayan pagado judicialmente por ello.
"ELPAÍS* : Las obras del polideportivo inacabado de Navalcarnero, interrumpido en 2008 y en el que el Ayuntamiento ha invertido 10,5 millones de euros, no justifican el destino de al menos dos millones. Así se desprende de un informe del pasado 18 de diciembre sobre el estado actual de los trabajos de edificación de las instalaciones deportivas para “verificar el total de la obra certificada en comparación con la obra real ejecutada”.
El estudio es incompleto como reconoce Asserta Estudios Técnicos, la encargada de hacerlo, que no recoge en su informe la totalidad de unidades de obra, “unas por encontrarse ocultas, y otras por no disponer de herramientas suficientes para poder constatar el alcance de lo ejecutado”. El peritaje lo encargó el Consistorio, donde Baltasar Santos (Partido Popular) gobierna de forma ininterrumpida desde 1995. El PP tiene mayoría absoluta con 12 concejales, frente a los siete del PSOE, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP).
El 25 de mayo de 2006 fue suscrito el contrato de concesión de obra pública entre el Consistorio y Constructora Hispánica —conocida por su presunta vinculación con el caso Gürtel (los dueños actuales de la compañía no tienen nada que ver con los anteriores)— para la construcción del complejo y su posterior gestión. La obra costaría 14.837.273 euros, incluidos un parque y un vial de acceso al centro deportivo desde una rotonda cercana, de los que Navalcarnero financiaría el 80%. Esto es, 11.869.818,40 euros, que se repartirían en dos ejercicios presupuestarios. El 20% restante lo pondría la adjudicataria. La duración de las obras tendría un plazo máximo de 18 meses, mientras que el de la concesión sería de 38 años. El Consistorio aportaría en concepto de subvención 342.000 euros anuales por explotación de las instalaciones deportivas y otros 97.325 euros por el mantenimiento, conservación y limpieza del complejo, cantidades revisadas anualmente conforme al IPC durante el periodo de concesión.
Desde que la obra arrancó en junio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008 se emitieron 21 certificaciones por un importe de 11.411.659,50 euros que, tras añadirles el correspondiente IVA del 16%, aumentan hasta 13.237.525,04 euros, cifra de la que el Ayuntamiento aportó 10,5 millones. Aparte, el Consistorio aprobó en noviembre de 2010 un modificado por importe de 1.186.723 euros más IVA en favor de Assignia Infraestructuras, la sociedad que compró Constructora Hispánica, modificando así el anterior contrato. Este proyecto modificado no incluye una serie de partidas que figuraban en el Proyecto original, sin las cuales, según el criterio de los peritos, “no resultaría posible el funcionamiento y correcto acabado de la instalación deportiva”. Asserta Estudios Técnicos se refiere en concreto a partidas de pintura, instalación hidráulica y eléctrica de fuerza, instalación de depuración, instalación de iluminación, y “la práctica totalidad” de las unidades de cerrajería y aparatos sanitarios.
La oposición denuncia además que estas cantidades representan en torno al 90% de la obra cuando el polideportivo es un esqueleto de hormigón, y rebaja lo construido a solo un 20 o 30%. “A la vista de las obras ejecutadas y aquellas pendientes de realizar”, Asserta Estudios Técnicos, que realizó el peritaje de las obras los días 5 y 26 de noviembre, considera que se ha ejecutado “entorno al 65 o 70%” del presupuesto del proyecto modificado. Y cuantifica en seis meses el tiempo necesario para la obra pendiente de hacer, en relación con los plazos acordados. “Este tiempo deberá descontarse de la certificación de aquellas partidas valoradas en función de un alquiler mensual”, observa la empresa que realizó el estudio.
Este viernes está previsto que el alcalde, la concejal de Hacienda y la concejal de Urbanismo y Obras Públicas declaren ante la juez tras la querella, admitida a trámite, que el PSOE y el PDAP presentaron el pasado octubre por la construcción del polideportivo y su posterior gestión. Los responsables municipales debían haber declarado en principio el 17 de febrero, pero pidieron aplazamiento y se lo concedieron. La oposición entiende que existen indicios fundados de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
Pillaje de un edificio público
El polideportivo La Estación se debía haber finalizado a finales de diciembre de 2007. Sus 6.000 metros cuadrados de superficie, con una piscina olímpica y tres recreativas semiconstruidas en distintas plataformas, cada una de ellas descargando su agua en la siguiente —también habría un gimnasio y una cafetería—, iban a revitalizar la localidad. Seis años después de que las obras fueran interrumpidas, el abandono del edificio duele a la vista.
La empresa autora del peritaje destaca los “actos vandálicos” que ha sufrido el complejo, de los que la mayoría son el resultado del robo de “un número significativo de elementos constructivos”, en especial de la instalación eléctrica y la de climatización. Como ejemplos del expolio, la firma incluye una docena de fotografías, en las que se aprecia el techo de los vestuarios/aseos masculinos sin los conductos de ventilación y eléctricos. O el “ennegrecimiento” por un fuego en el cuarto que iba a albergar las instalaciones de protección contra incendios y un grupo electrógeno. Los depósitos de agua caliente sanitaria también aparecen destrozados, como parte del cerramiento del edificio del gimnasio.
Atendiendo al estado actual de la obra, los autores del informe consideran que la reanudación de los trabajos “conllevará obligatoriamente el desarrollo de labores de acondicionamiento y reposición de instalaciones y servicios, cuya repercusión económica supondrá importes muy cuantiosos”. La “elevada” inversión que requeriría la reposición del material sustraído no se especifica.
* El País - JOSÉ MARCOS - 27.2.14
Foto: Piscina olímpica y graderío del polideportivo sin terminar de Navalcarnero. / CARLOS ROSILLO
Ruz vuelve a citar a declarar a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel
La dilatación en el tiempo de la trama Gürtel hace que los imputados deban declarar repetidamente, y parece que, además, con escaso éxito porque solo se acusa a unos empresarios afines al PP, pero todavía no se ha visto a ningún político de los cientos que debe haber en este caso de corrupción en varias autonomías. Y esto empieza a oler mal, si finalmente solo se condena a la parte privada de la mafia urbanística pero no a los responsables públicos que lo permitieron y se lucraron también con ello (de una forma u otra). El caso Gürtel de corrupción es demasiado grave y hay numerosos altos cargos 'populares' implicados en él, pero hay que dudar de que, finalmente, se haga justicia, ya que todos los políticos inmersos en esta trama mafiosa están libres y sonrientes al día de hoy, y no parece que la situación vaya a cambiar mucho en el futuro.
"20MINUTOS* : El juez Pablo Ruz ha llamado a declarar la semana que viene, entre el 19 y el 21 de marzo, a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como al considerado contable de la red José Luis Izquierdo para concretar mejor los delitos que se les imputan. Ruz adopta esta decisión en un auto a petición de las fiscales de caso Gürtel al entender que procede "nuevamente recibir declaración" a estos imputados, teniendo en cuenta que fueron interrogados "cuando la causa estaba aún secreta —en 2009— o antes de que se remitiera documentación" de comisiones rogatorias, informes policiales y de las unidades de auxilio judicial.
A Crespo, al que el juez ha citado para el 19 de marzo, Ruz también le quiere interrogar en el marco de la investigación de si el acrónimo 'PAC' que aparece en documentos de la trama Gürtel se refiere al exsecretario general del PP Francisco Álvarez Cascos como perceptor de comisiones, ya que su abogado Miguel Durán ha afirmado que realmente se refiere a Francisco Correa. La toma de declaración a los presuntos cabecillas de la trama se enmarca en las diligencias que está realizando el juez como paso previo al cierre de la causa en la que se investiga el caso Gürtel, han informado fuentes jurídicas.
Hechos constitutivos de delito
Hasta el momento, según señala el auto, los hechos que la Fiscalía imputa a Correa, Crespo, Izquierdo y 'El Bigotes' serían constitutivos de delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la administración pública, contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales, todos ellos de carácter continuado.
La Fiscalía relata en su dictamen, en el que se basa el juez para acordar estas diligencias, cómo Correa, desde 2000 hasta 2009, auxiliado por otros imputados y desde 2002 por Crespo, "habría liderado un entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas —bien para sus empresas bien para terceros— mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones". Correa desarrolló su actividad en la Comunidad de Castilla y León y la de Madrid, así como en los municipios de Madrid, Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares, y en relación con entidades públicas como AENA "prevaliéndose para ello de la relación que le unía con algunos cargos públicos vinculados a esas entidades".
Las dádivas presuntamente percibidas por los distintos cargos públicos consistían en dinero en efectivo o viajes organizados por Pasadena Viajes, y que eran sufragados por él o por los propios funcionarios de esas entidades "simulando pagos de servicios recibidos por parte de las sociedades" del grupo Correa con "facturas inveraces". "En algún caso como el de la Comunidad de Madrid, las comisiones entregadas a los funcionarios se computaban como coste de los contratos públicos a los que afectaban generando un sobreprecio".
Ocultación de fondos
También hay indicios de que Correa habría colaborado en la ocultación de los fondos percibidos por los cargos públicos, bien comprando los bienes con ellos adquiridos, bien encubriendo sus inversiones en sociedades participadas por funcionarios o bien, como hizo con el extesorero del PP Luis Bárcenas, constituyendo sociedades que ocultaban tanto sus verdaderos titulares como la procedencia de sus ingresos.
De Crespo, la Fiscalía refiere que sería "el encargado de la gestión diaria del entramado societario" de Correa, auxiliado por José Luis Izquierdo, que se ocuparía, básicamente, "de la gestión de la tesorería opaca del grupo y de la facturación irregular". "El Bigotes", gerente de la empresa Orange Market, sin perjuicio de lo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, habría colaborado en los pagos a Bárcenas, el ex alcalde de Pozuelo y ex marido de la ministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, y el ex diputado Jesús Merino.
En otro auto notificado este martes, el juez cita también como imputada por un delito de prevaricación para el 18 de marzo, día en el que estaba ya previsto que declare como imputado el hijo del extesorero de AP Ángel Sanchís, a Julia López Valladares, que trabajaba para el servicio de Régimen Interior de Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en relación a las contrataciones públicas adjudicadas a empresas relacionadas con la trama. Según el juez, la imputada daba supuestamente instrucciones a las empresas del grupo de Correa de cómo debían facturar para eludir la publicidad en la contratación pública y, en particular, sobre cómo facturar un mismo acto mediante varios contratos menores a diversas empresas de la Gürtel aparentemente independientes.
* 20 Minutos - EFE - 11.3.14
Foto: F.Correa (archivo) - 20minutos
El alcalde de Ourense, imputado por dar una obra a dedo en 2008
Continúa la corrupción urbanística en Galicia y, a poco que la justicia quiera investigar, de allí no se escapa ningún político sin acusaciones delictivas. En Ourense, unos de los feudos 'populares' gracias al cacique Baltar, sale ahora la concesión a dedo de una obra por el actual alcalde socialista, A.Fernández, cuando en 2008 formaba parte de la junta de gobierno local. Pero en realidad la licencia de construcción es de 1998, nada menos. Como siempre la celeridad judicial es asombrosa y no se sabe bien cuáles son los motivos de que aparezcan las imputaciones años más tarde y en determinadas condiciones políticas. ¿Hay alguna mano oscura por detrás, tanto en este caso como en otros semejantes? Queda siempre la sospecha.
"LAVOZDEGALICIA* : El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández Gallego, que tantas veces había acudido a los juzgados en calidad de testigo, o perito, durante su etapa como inspector de Hacienda, estrenará el 27 de marzo la condición de imputado. Era concejal de Economía e Facenda y formaba parte de la junta de gobierno local en 1998. Una obra encargada en aquella época provoca esa situación. Hay doce imputados más: políticos que no están en activo -la mayoría del BNG- y las actuales primera y segunda tenientes de alcalde, las socialistas Marga Martín y Áurea Soto. Pero también hay tres empresarios y un funcionario.
La remodelación de la céntrica calle Bedoya ha quedado como una de las obras estrella del Concello de Ourense durante el mandato de la corporación municipal del 2007 al 2011. Es la causa de que Agustín Fernández y su antecesor, Francisco Rodríguez, que dimitió por la Pokémon, compartan imputación. Formaban parte de la junta de gobierno en la que se decidió encargar unas obras por el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente, pese a que su montante de 623.000 euros «la hacía impropia para poder ser tramitada por el procedimiento elegido». Como se dice en el propio auto judicial, con referencia a la Ley de Contratos del Sector Público, deberán publicarse anuncios cuando el valor estimado de las obras sea superior a 200.000 euros.
La denuncia presentada el pasado mes de septiembre por el concejal Gonzalo Pérez Jácome, del grupo minoritario de Democracia Ourensana (DO), que no formaba parte de aquella corporación, afecta también a dos concejalas del PSOE que permanecen en activo: Marga Martín, imputada en el caso de ayuda a domicilio que instruye el mismo juez, Antonio Piña, y Áurea Soto, la edila de Urbanismo, sobre la que pesan hasta cinco querellas en las que intervienen de uno u otro modo un promotor inmobiliario local, DO, PP, USO y la CIG.
También aparecen citados el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, la exconcejala nacionalista Marta Arribas y los tres ex tenientes de alcalde del BNG: Alexandre Sánchez Vidal, Isabel Pérez y Andrés García Mata.
Este último, al igual que el titular del servicio de asesoría jurídica del Concello, han sido convocados por el juez para una segunda declaración, también en calidad de imputados. A la prevaricación administrativa que el juez apunta para toda la junta de gobierno suma, en estos dos casos, la concurrencia de un segundo delito de fraude y exacciones ilegales.
Citación «con garantías»
El juez Antonio Piña, como ya ha hecho en otro auto sobre la gestión del servicio de ayuda a domicilio entre el 2007 y el 2011, acota el sentido de este auto. «Adviértase -dice- que el carácter de imputados no supone más que un llamamiento al proceso con todas las garantías que la ley establece para los mismos, sin que suponga, en este momento procesal, declaración alguna de responsabilidad criminal».
El auto del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense parte de que con la cantidad prevista para esta obra, 623.000 euros, «no era admisible jurídicamente su tramitación sin publicidad, hecho sustancial en cuanto limitaba la concurrencia de empresas y permitía a través del cauce de la invitación llamar al procedimiento de licitación en forma exclusiva a aquellas empresas que se estimasen adecuadas».
El juez sitúa el momento del supuesto delito cuando se redacta el pliego de cláusulas técnicas y administrativas en virtud del cual se licitó y se adjudicó la obra. Es en dicho pliego donde se opta por el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente.
Las declaraciones prestadas en este procedimiento por el exconcejal Andrés García Mata y el máximo responsable del órgano de Asesoría Jurídica, Luis Tros, muestran notables diferencias. El juez las pone de relieve. En una reunión previa con el concejal, los técnicos llamarían la atención de García Mata -algo que este niega- sobre la ilegalidad del procedimiento. Desde el gobierno local, tanto ahora como entonces, se defendió el trámite con el fin de no perder una subvención. Los técnicos, desde la asesoría jurídica, advertían que el proceder «no encontraba acomodo legal al imputarse el retraso a actos propios» al propio Concello de Ourense.
El instructor dice que el pliego lo redactó Tros, «según este siguiendo indicaciones de García Mata, algo que este también niega». Hace notar que «en el expediente se carece de los preceptivos informes jurídicos y de la intervención, remitiéndose con tal carencia para su aprobación en la junta de gobierno». En la época de este acuerdo, las responsabilidades de gobierno estaban repartidas y los dos grupos, PSOE y BNG, funcionaban sin comunicación. De hecho, cada concejalía tramitaba sus asuntos, los llevaba a la junta de gobierno y los socios se limitaban a apoyarlos.
* La Voz de Galicia - PEPE SEOANE - 11.3.14
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
