Un nuevo caso de corrupción urbanística que sale ahora en Granada, 8 años después (ocho) de que sucedieran los hechos. No se sabe que ha estado haciendo la Fiscalía en todo este tiempo, pero al fin denuncia a altos cargos municipales de Urbanismo por permitir la construcción ilegal de un gran complejo de ocio en una zona verde, según figura en el Plan General. Hasta ahí llega la denuncia ya que no continúa con el concejal de Urbanismo ni con el alcalde, a pesar que, lógicamente, estos debían estar al tanto de las irregularidades de su propio equipo. Es decir estamos, una vez más, ante un caso delictivo grave de privatización de un espacio público.
"EUROPAPRESS* : La Fiscalía ha denunciado a un promotor inmobiliario y a cinco cargos del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, concretamente junto al centro comercial Serrallo Plaza.
En principio, según señala el fiscal en su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, no existen datos para atribuir estos posibles delitos al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo, ni a la concejal encargada del área, Isabel Nieto, puesto que actuó conforme a los informes técnicos favorables.
Así, y "sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción judicial decaigan los indicios respecto de alguno de los denunciados" o, por el contrario aparezcan indicios de la posible responsabilidad criminal de otras, la denuncia se dirige contra el representante legal de 'Inversiones Área Sur', y cinco altos cargos de Urbanismo, concretamente contra el director general de Licencias en el Ayuntamiento, el director Técnico de Obras, el arquitecto jefe del Servicio, la directora general de Urbanismo, y el coordinador del Área de Urbanismo y Obras.
El Ministerio Público, que interesa la apertura de diligencias previas en un juzgado de instrucción de Granada, abrió una investigación por este caso en agosto del pasado año, después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando se otorgó concesión administrativa para la realización de un parque de atracciones infantil junto al Serrallo Plaza. El objeto de esa concesión fue sin embargo "modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización" que debía concretar las obras a desarrollar en el parque, incorporando incluso varias edificaciones "sin solicitar licencia para ello".
ARRANQUE DE ÁRBOLES
Con posterioridad, a través de licencias de obra menor se cubrió la pista de patinaje y se adecuaron interiormente los dos pabellones destinados a restauración, procediendo igualmente al arranque de ejemplares de árboles situados dentro de la zona verde para realizar determinadas obras que permitieran el acceso de vehículos al interior del parque.
Todas estas actuaciones fueron "cercenando paulatinamente el uso propio y público a que se ha ido orientando la utilización y protección de las zonas verdes en el urbanismo".
Una vez finalizadas las actuaciones, el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, con fecha 29 de enero de 2013, suscribió escrito en el que ponía de manifiesto la "ilegalidad de las actuaciones".
Ante ello, se presentaron diversos informes en los que se pretendía "argumentar la legalidad de las actuaciones" a través de una interpretación de una norma, favorable a flexibilizar la introducción de usos ajenos a los espacios libres en dichas parcelas.
Según la Fiscalía, ciertamente, la redacción de ese artículo "no resulta muy afortunada", pero las interpretaciones efectuadas "resultan contrarias a la preponderancia de los espacios libres frente a los restantes equipamientos que propone la LOUA, la jurisprudencia así como la doctrina del Consejo Consultivo; interpretación que implicaría asimismo posibilitar directamente la alteración del uso de parques, jardines o espacios libres sin tramitar la oportuna modificación del planeamiento no requerir el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo".
"PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO"
Según el fiscal, la actuación mediante plataformas en un terreno de gran pendiente "ha devenido en que las únicas zonas accesibles e idóneas para el paseo o la estancia se hayan ocupado con las distintas construcciones" que además, a través de vallados, "han procedido a una privatización del espacio público".
"Ello se agrava con la banda perimetral al centro comercial, ya que de no existir ésta, las pendientes habrían sido más suaves y más accesible el conjunto del parque. Peor aun cuando se comprueba que esa banda no se destina al uso peatonal autorizado sino al tráfico rodado y aparcamiento", indica en su denuncia.
En definitiva, a través de interpretaciones contrarias a la defensa de los espacios públicos se ha autorizado, "a través de un procedimiento no ajustado a derecho, una extensión del centro comercial adyacente a través de la implantación de usos lucrativos (algunos incompatibles con el planeamiento) que exceden incluso de la ocupación máxima permitida".
En el presente caso, el proyecto de urbanización aprobado por la Comisión Ejecutiva de 20 de diciembre de 2011 y 20 de marzo de 2012 fue sometido "exclusivamente" a informe del Arquitecto municipal, siendo así que modificó las características de la instalación "sin tomar a consideración los aspectos jurídicos administrativos de la modificación contractual y la concurrencia de los requisitos exigibles legalmente y en el propio Pliego de Condiciones".
Según el fiscal, la documentación presentada que contenía las modificaciones operadas debió ser remitida a la Subdirección de Gestión a la vista de que afectaban a la concesión del parque de atracciones infantil y, en tal caso, "se podría haber sometido al procedimiento de modificación contractual establecido legalmente con carácter obligatorio" y con ello "proceder a comprobar si estaba justificada por razón de interés público y si dichas modificaciones eran consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas".
Así, el acuerdo municipal de aprobación del proyecto de urbanización "no es el instrumento idóneo para llevar a cabo la modificación contractual", y, por tanto "resulta imprescindible la retroacción de las actuaciones en la parte que afecta al parque de atracciones infantil".
Todo lo anterior "se hubiera evitado de haberse efectuado el preceptivo control por las Unidades o Servicios responsables del expediente de la concesión administrativa e incluso por las Unidades o Servicios responsables de la tramitación administrativa y control de la legalidad de los proyectos de urbanización", concluye el fiscal.
Finalmente, el Ministerio Público solicita que se tome declaración a los denunciados en concepto de imputados, que se recabe también el testimonio de los responsables de la elaboración de un informe pericial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y que se designe perito experto en urbanismo para que informe sobre el perjuicio económico ocasionado a los intereses municipales y el beneficio patrimonial obtenido por el promotor, además de documentación urbanística relacionada con el caso.
* Europa Press - 14.2.14
Foto: Granada, centro Serrallo y Parque Nevada - ideal
Granada.- El Fiscal denuncia a 5 altos cargos de Urbanismo por la construcción de una discoteca en el Serrallo
Seis ejemplos de cómo se arrasa impunemente la naturaleza en España
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Un tema del que a lo largo de los años hemos tratado ampliamente en este blog, ya que la Naturaleza y el Medio Ambiente han sido ninguneados por una casta política ignorante, saqueados por empresarios sin escrúpulos y todo ello con la complicidad judicial que, hasta hace poco tiempo consideraba a los ciudadanos defensores, casi como terroristas y, por tanto, demoraba al máximo la resolución o no hacía caso de estos graves delitos. Algo se ha avanzado desde entonces, algunos casos son ya sentenciados, pero se hace de mala manera y demasiado tarde, así que, cuando la justicia se aplica por fin, el daño medioambiental está ya realizado y con escasa posibilidad de retorno a la situación precedente. Es decir, la justicia parece no entender lo que es la suspensión cautelar, como también ocurre lamentablemente con otros casos urbanísticos o de construcciones ilegales.
"ELDIARIO* : La justicia llega muchas veces tarde cuando se trata de proteger el medio ambiente. El 6 de febrero pasado, el Tribunal Supremo confirmó que el complejo turístico Marina de Valdecañas (en Cáceres) es ilegal. La sentencia llega tras ocho años de vericuetos judiciales y con buena parte de las edificaciones levantadas en una isla que cuenta con tres figuras legales de protección medioambiental. "Al final existe casi una impunidad para las administraciones respecto a la vulneración de las leyes medioambientales", analiza José María Trillo-Figueroa, el abogado de Ecologistas en Acción que ha ganado el caso de Valdecañas contra la Junta de Extremadura.
Desde que se anuncian los proyectos hasta que los jueces firman las sentencias, la política de hechos consumados arrasa con el patrimonio natural. La cuestión llega en ocasiones tan al absurdo que se realizan –y se pagan con dinero público– estudios de impacto ambiental de infraestructuras que llevan lustros funcionando. En la Comunidad de Madrid, una carretera convertida en autovía por decreto del Gobierno de Esperanza Aguirre está siendo evaluada ahora mismo. Fue declarada ilegal en 2008. El Supremo confirmó ese veredicto en 2011, año en el que el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por esta carretera. Los coches circulan desde hace más de cinco años. Y sumando.
En la promoción de Valdecañas, la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue el 9 de marzo de 2011. "Ya habíamos pedido una suspensión cautelar de la obra y, al ganar, solicitamos la ejecución provisional hasta que se viera el recurso". Los magistrados admitieron la petición, pero con el depósito de una fianza.
Los jueces reconocieron no tener "criterio alguno, tan siquiera orientativo, para fijar el importe de la fianza". Así que convocaron a las partes. El Gobierno extremeño, en defensa de la construcción, pidió que Ecologistas en Acción aportara 39 millones de euros, ya que la promotora Marina Isla de Valdecañas había presentado un informe de daños que ascendía a 175 millones.
Los jueces impusieron el 14 de marzo de 2012 una caución final de 41 millones de euros. No hubo demolición. "También pedimos que no se siguieran dando licencias para las viviendas con el objetivo de no seguir generando derechos de terceros que complicarán todavía más la ejecución, sin éxito", remata el abogado.
La fórmula se repite. La autovía madrileña se inauguró recién publicada la primera sentencia que exigía "la restauración" de la zona a su estado anterior. Mientras la Comunidad de Madrid recurría al Supremo, la ejecución de la sentencia exigía una fianza de 497.367 euros, que no se materializó.
En el Puerto de Santa María (Cádiz) las promotoras Jale Construcciones y Las Beatillas aprovecharon una licencia municipal para ampliar un cortijo con fines hosteleros para construir un palacio de congresos con 1.700 metros por planta más subterráneo, un restaurante de 284 metros cuadrados, cinco pistas de pádel con vestuarios y duchas, una carpa de 700 metros cuadrados, un parque infantil, un aparcamiento de 4.500 metros cuadrados y una urbanización de 11.684 metros.
"Sólo se concedió licencia para la ampliación del cortijo", explicó en su momento el Tribunal Supremo. Los magistrados describieron así la situación: "Nos descubre una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente era inviable. Un alarde de antijuricidad urbanística".
El Ayuntamiento del Puerto de Santa María había concedido el permiso de obras en 2001. La Junta de Andalucía decretó la demolición del complejo en septiembre de 2003. El Tribunal Superior de Justicia andaluz dio el visto bueno al desmantelamiento en 2005 y el Supremo, el 2 de febrero de 2011.
El complejo, ahora abandonado, sigue en pie."Es como un pueblo fantasma", cuenta hoy a eldiario.es Juan Clavero, ecologista de la zona. La Junta tuvo que convocar un concurso para la demolición en 2005 que nunca llegó a concretarse. "Jale desapareció. Pretendía aprovechar la ampliación del cortijo para que se recalificara todo el pelotazo anexo", recuerda Clavero.
Al otro lado de la península, en Cantabria, el Gobierno regional ha decidido recientemente adelantar el dinero (tres millones de euros) para echar abajo una urbanización ilegal nacida hace casi diez años. El Ejecutivo firmó un convenio con el Ayuntamiento de Piélagos, la promotora Fadesa y la Sareb para dar ese paso.
En un ya lejano 23 de marzo de 2004, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el plan para construir 395 viviendas en las laderas del monte La Picota, junto al Parque Natural de las Dunas de Liencres. Tres años después y con 140 viviendas construidas, los jueces cántabros calificaban el plan de "dentellada al monte" y de "ruptura de armonía del paisaje que no ha hecho sino contribuir a su degradación".
"La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota y las forzadas soluciones para poder implantar 395 viviendas" eran, según el TSJC, "una clara vulneración de la Ley del suelo".
El consistorio y Fadesa alargaron el proceso hasta el Supremo, que dictó sentencia en noviembre de 2011. La urbanización todavía está en el monte. 124 de las viviendas son ahora propiedad de la Sareb. El Gobierno cántabro asegura que, una vez que se los cedan, entrará en los terrenos este año para demolerlas. Pero el convenio para esa operación recoge que, destruidas las casas, la parte más baja de la montaña pueda ser urbanizada con 100 viviendas. El alcalde, Enrique Torre (PP), lo justifica: "La sentencia anuló el Plan Parcial anterior, pero el suelo sigue siendo urbanizable".
En Valladolid, hace más de seis años, las Cortes de Castilla y León aprobaron una ley –de 28 de marzo de 2007– llamada Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente. Con la ley se trasmutaba un terreno en la ribera del río Duero, y que caía dentro de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Red Natura 2000, en suelo urbanizable para 780 viviendas, hoteles, instalaciones deportivas, zona industrial y edificios institucionales en el Soto de Garray en Soria.
Al redactar una ley singular, el Ejecutivo, promotor del proyecto al que pensaba dedicar unos 100 millones de euros, se saltaba el control de los jueces sobre la legalidad de su plan. Sólo el Tribunal Constitucional podría opinar sobre este movimiento. Y sentenció en su contra el 5 de diciembre de 2013. Declaró la ley nula por no ser "medida razonable ni proporcionada".
Eso sí, durante seis años, las grúas y las constructoras ya habían levantado una buena parte con cargo al erario público. La impulsora de esta idea fue la entonces vicepresidenta regional María Jesús Ruiz (PP), que ahora pertenece al Grupo Parlamentario Popular en el Senado y es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Legalización a posteriori
Y si esta manera de funcionar se agota y las leyes imponen la extinción de proyectos, la dilación en los palacios de justicia permite cambiar la ley. Ante una sentencia negativa, da tiempo a modificar las leyes para salvar empresas.
El Parlamento regional de Extremadura aprobó con fecha 29 de marzo de 2011 –sólo 20 días después de que los magistrados declararan ilegal la promoción de Valdecañas– una modificación de la Ley del suelo. En su exposición de motivos señala: "Los recientes pronunciamientos judiciales han venido a plantear algunas consideraciones acerca del contenido regulador de la vigente redacción".
El cambio introducido en el artículo 11, que se dedica al "suelo no urbanizable", especifica que "la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determina por sí sola su clasificación como terreno no urbanizable pudiendo ser objeto de una transformación urbanística". Además, permite que a los Planes Generales se les incorpore esta cláusula. "Las Administraciones tratan de homologar a posteriori los proyectos tras las sentencias que, de esa manera, no se cumplen", cuenta el abogado Trillo-Figueroa.
En mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba una licencia de actividad de la Fundación Pardo-Valcarce que, bajo el paraguas de prácticas formativas para personas con discapacidad, celebraba eventos en una carpa montada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La ley del parque prohibía estas actividades. La Fundación ni se inmutó. Y replicó que una ley de 2012 le permitía desarrollar actividades para "el desarrollo rural sostenible". La sentencia subrayaba que sólo podría hacer estas acciones de integración social "sin instalaciones".
La Fundación Pardo-Valcarce está presidida por la exconsejera de Caja Madrid Carmen Cafranga. Cafranga comparte un negocio en Subastas Segre con Lourdes Cavero, la esposa del presidente de Madrid, Ignacio González. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid salieron en ayuda de la fundación y presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia.
En un auto de septiembre de 2013, los seis magistrados encargados resolvieron no sólo rechazar esta petición porque "en realidad está manifestando su disconformidad con la fundamentación [de la sentencia firme] [...] que entiende desfavorable", sino que, además, la Comunidad de Madrid actuó en defensa de "un interés netamente privado", el de la fundación presidida por Cafranga, por lo que le multó "por temeridad".
¿Fin de la actividad? En absoluto. Con este panorama, la Asamblea de Madrid aprobó en su Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de diciembre de 2013 una modificación directa de la Ley del Parque Regional donde se ubica la finca de la fundación. Se levantaba la prohibición de instalaciones en las zonas en las que cae la celebración de estos eventos sin licencia.
* El Diario - Raúl Rejón - 11.2.14
Foto: Modificación del monte La Picota con su urbanización, declarada ilegal.- eldiario
Madrid vendió pisos públicos por 63.000 euros a empresas que ahora exigen a sus inquilinos 160.000
Continúan los escándalos urbanísticos en la Comunidad madrileña, ahora bajo la presidencia del discípulo aventajado I.González. En la venta 'ilegal' el pasado año de 3.000 viviendas de protección oficial, muy contestada a nivel ciudadano, se empiezan a ver las consecuencias nefastas y la pronta llegada de la acción judicial. El fondo buitre de inversión de Goldman Sachs-Azora es ahora el propietario y está aumentando la presión sobre los vecinos que allí viven, exigiéndoles cantidades abusivas en la opción de compra en relación con el precio que él tuvo que pagar para la adquisición irregular de esas viviendas. Habrá que esperar hasta que la justicia se digne a actuar.
"ELDIARIO* : La venta de 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en agosto, alivió algo las arcas regionales. Pero amenaza con traerle al Gobierno de Ignacio González más problemas en los tribunales. Aunque el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, trató en noviembre de tranquilizar a los inquilinos afirmando que se mantendría el precio del alquiler, ahora ha matizado sus palabras para señalar que las condiciones "se mantendrán durante el tiempo establecido" en el contrato.
Es decir, una vez que finalicen esos contratos, será el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, el actual dueño de esas viviendas, quien decida en qué términos podrán continuar –si pueden hacerlo– los inquilinos en esas viviendas. "Hemos creado un clima de seguridad jurídica, respetando la libertad de los propietarios a utilizarlos como deseen", ha explicado Cavero.
Si bien la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) interpusieron en noviembre un recurso ante lo que califican como un "desmantelamiento y expolio de la vivienda pública", ahora es el PSOE quien ha optado por acudir a los tribunales. Pero esta vez, por la vía penal, al considerar que la Comunidad está cometiendo un delito de malversación de fondos y otro de prevaricación.
Según el socialista Antonio Fernández Gordillo, los inquilinos para los que "empiezan a vencer las opciones de compra" han comenzado a "sufrir mobbing" por parte de los nuevos propietarios de las viviendas. Según el diputado autonómico, sólo hay dos opciones: "O compras o a la calle". El negocio es redondo. Mientras el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas por una media de 63.000 euros cada uno -201 millones en total-, el precio para sus actuales moradores (que tienen un alquiler con opción a compra) no ha variado: oscila entre los 150.000 y los 170.000 euros.
Esto está sucediendo ya, según explica Gordillo, en urbanizaciones de La Ventilla y el PAU de Vallecas. En Villalba y Torrejón de Ardoz se están dando las primeras muestras de otra problemática. El decreto 226/1998, actualizado el 22 de julio de 2013, apenas unos días antes de la venta, intenta proteger a las "personas y familias más necesitadas" con una reducción en el alquiler durante un máximo de dos años, pero con posibilidad de prórroga si las condiciones se mantienen. No obstante, uno de los requisitos es ser ya inquilino de una vivienda del Ivima. Algo que ahora no ocurre con las 2.935 casas vendidas a lo que desde la PAH denominan "fondos buitre".
"¿Y dicen que las mejoras no se notan en la calle?"
No obstante, durante su comparecencia de este jueves en el pleno de la Asamblea, Cavero ha optado por hacer balance del parque de viviendas públicas de la Comunidad. Según el consejero, hasta el tercer trimestre de 2013 el 40% de las promociones que comenzaron a construirse en España se encuentran en la Comunidad de Madrid. El IVIMA tiene 20.000 viviendas públicas en alquiler, desde 2007 hasta ahora se han construido más de 14.000 pisos dentro de planes jóvenes y una retahíla de cifras que pretendían evitar las preguntas de la diputada de IU, Isabel Moreno, sobre los inquilinos de las 3.000 viviendas vendidas: "¿Prodán permanecer en alquiler? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué situación se quedan los que recibían algún tipo de subvención?". Finalmente, la respuesta fue clara: "Se mantendrán las condiciones durante el tiempo establecido".
El consejero se ha felicitado por "crear las condiciones necesarias para que la vivienda protegida sea atractiva para los promotores privados", que crean "tres puestos de trabajo por vivienda construida". "La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la administración pública", ha defendido. Además, se ha respaldado en la creación de 1.000 nuevas viviendas públicas por parte del Gobierno de Ignacio González.
"Ayudas, beneficios sociales y fiscales, ayudas a los jóvenes y acompañamiento social. Reducción fiscal y congelación de tarifas del agua y el transporte público para este 2014", continuó relatando Cavero para finalizar preguntándose: "¿Y dicen que las mejoras no se notan en la calle?".
También el grupo de UPyD se ha mostrado en contra de esta venta. En palabras de la diputada Loreto Ruiz de Alda, "el Ivima no está para vender viviendas a ningún fondo de inversión" por las "necesidades financieras" de la Comunidad. Y en esa línea ha exigido también que se modifique "el decreto que regula las ayudas" a los colectivos más vulnerables.
* El Diario - David Noriega - 13.2.14
Foto: IVIMA, viviendas en Madrid - pueblos-espana.org
El plan que legaliza el chalé del presidente de La Rioja cuesta casi cinco millones de euros
La Comunidad riojana no ha dado grandes noticias en estos años en cuanto al urbanismo depredador, lo cual no quiere decir que no lo haya habido también. Ahora se destapa el caso de la vivienda ilegal del presidente PP de la Comunidad que para legalizar su vivienda ha necesitado de un Plan urbanístico que va a costar la friolera de casi 5 millones. Fue construida en suelo rústico, en Villamediana, donde lógicamente no se podía edificar, pero la influencia política primó sobre el sentido común y las leyes, una vez más, con evidente resultado delictivo.
"ELDIARIO* : La modificación del plan urbanístico que ha permitido legalizar la construcción del chalé del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, cuesta a la localidad de Villamediana de Iregua casi cinco millones de euros. La nueva urbanización del municipio supone un gasto total de 4.666.998 euros. "Una parte será pagada por el Ayuntamiento a fondo perdido y otra en cuotas de participación de los vecinos", señala el dirigente socialista Vicente Urquía. De esos casi cinco millones de euros, el Ayuntamiento invertirá a fondo perdido un total de 1,5 millones. Esto supone que a cada vecino le costará la nueva urbanización unos 235 euros. La cantidad restante –unos tres millones de euros– tendrán que pagarla los vecinos que poseen los terrenos afectados por el plan.
Pedro Sanz construyó una vivienda de 155 metros cuadrados en un terreno rústico en el que, según la ley, no se podía urbanizar. El dirigente popular pidió licencias para la realización de obras menores, que incumplió al sobrepasar lo permitido en las autorizaciones.
Estos hechos fueron calificados en un principio como infracciones graves por el expediente tramitado en el Ayuntamiento a raíz de la petición de la oposición, pero un cambio en el Plan General Urbano legalizó las obras realizadas por el presidente riojano y redujo la valoración de las infracciones a leves. Este tipo de transgresiones –sancionadas con el pago de una multa– prescriben en el plazo de un año.
La oposición solicitó el expediente sobre la legalidad de la vivienda de Sanz en enero de 2013. En medio de su tramitación, y tras haber recibido los informes de los peritos que acreditaban la gravedad de las infracciones cometidas por el presidente regional, el Consistorio aprobó el nuevo plan urbano –por el que el terreno de Sanz pasaba de rústico a urbanizable delimitado–. Entonces el alcalde solicitó nuevos informes, que redujeron la tipificación de las infracciones a leves. Hasta noviembre de 2013 el Ayuntamiento no emitió el informe definitivo.
Denuncia contra el alcalde por prevaricación
El dirigente del PP riojano finalizó las obras en marzo de 2012 y la oposición solicitó la investigación tan sólo unos meses más tarde. Los socialistas consideran que los hechos prescribieron porque el Consistorio no actuó durante un tiempo. "Está claro que el Ayuntamiento esperó que transcurrieran los meses para decir que había pasado un año y, por tanto, prescrito", apunta el socialista Vicente Urquía.
Los socialistas se plantean denunciar al alcalde de Villamediana (del PP) por prevaricación porque "no inició la tramitación del expediente hasta que la falta había prescrito, con el agravante de que, mientras lo tramita, cambia el plan urbanístico", señalan fuentes de la formación.
El PSOE ya recurrió ante los tribunales el expediente que exime al presidente riojano de responsabilidad urbanística al entender que el Consistorio tuvo una dejación de funciones al no inspeccionar la edificación del chalé de Sanz. El juzgado de lo contencioso-administrativo ha comenzado la instrucción del caso y Pedro Sanz, que intentó evitar que el Ayuntamiento tomara en consideración a la oposición en el expediente por sus obras, argumentando que la actuación se debía únicamente a su cargo político y no a la infracción urbanística, se ha personado en la causa.
* El Diario - Irene Castro - 12.2.14
Foto: El presidente de La Rioja, junto a la alcaldesa de Logroño, visita unas obras.- el diario
Comunidad Valenciana.- El urbanismo salvaje, en el banquillo
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Ahí están los datos en la Comunidad Valenciana: los tribunales han suspendido siete planes generales y 14 PAI en solo dos años. La falta de informes medioambientales o recursos hídricos han sido las principales causas. Sin duda es una noticia positiva ante el avance inexorable del urbanismo salvaje, el que no piensa más que en los beneficios empresariales sin tener en cuenta las necesidades de la población o del medio ambiente donde se desarrolla. Pero algo fundamental ha obviado la justicia y ha sido el sancionar debidamente a los culpables de tales delitos, tanto políticos como empresarios o financieros se han ido 'de rositas' en esta película de terror, lo cual deja a medio hacer su función de perseguir la corrupción, lamentablemente.
"ELPAÍS* : Primero fue la crisis la que paralizó el sector de la construcción, y luego los tribunales han ido enterrando varios macroproyectos urbanísticos se gestaron con el auge del ladrillo. En los últimos dos años en se han anulado siete PGOU (Benissa, Dénia, San Miguel de Salinas, Monforte del Cid, Castellón, Les Useres y Enguera) y 14 PAI en otras tantas localidades valencianas, según los datos de la Consejería de Infraestructuras. Entre los planes parciales cuestionados destacan el de Rabassa en Alicante, con cuatro sentencias en contra, el Plan Parcial Marina Golf de Cabanes o el de Benicàsssim Golf.
“El poder judicial se ha despertado, después de la época en la que la consejería aprobaba planes sin los requisitos necesarios, ahora se empieza a poner orden”, asegura Carlos Arribas de Ecologistas en Acción, una asociación que ha impulsado varios contenciosos administrativos en los tribunales que han permitido frenar estos proyectos. Distinta es la opinión de Ángel Sáez, alcalde de San Miguel de Salinas, del PP. “El pasado de este pueblo fue negro, pero ahora se han cargado el futuro”, sentencia tajante un regidor dolido porque desde que en 2007 comenzara a tramitarse el PGOU, con un máximo de 40.000 nuevas viviendas, todo han sido trabas. Según el alcalde cuando se inició la tramitación del PGOU no estaba vigente la normativa europea de la Ley Estratégica Medioambiental, pero cuando se aprobó, sí. “Los ecologistas nos denunciaron y han ganado”, admite el regidor que recuerda que un municipio “sin un PGOU no tiene norma urbanística y es una ciudad sin ley”. El Ayuntamiento y los técnicos de la consejería preparan un recurso que presentarán antes el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJ valenciano de anular este PGOU, que carecía de la Evaluación Ambiental Estratégica. “Estoy muy disgustado, me preocupa el futuro de mi pueblo y pienso en mi hija y mis nietos”, confiesa Sáez.
Enrique Climent, presidente de Abusos Urbanísticos No, atribuye estos varapalos judiciales a que “había en la calle un clamor popular contra el urbanismo salvaje, y los jueces se lo tomaron en serio”. La falta de información pública, la ausencia de recursos hídricos o de estudios de impacto medioambiental son los principales motivos por los que se han anulado la mayoría de estos proyectos. Los constructores observan con preocupación esta situación. Jesualdo Ros, secretario de Provia, la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante, solo pide un “marco estable para poder desarrollar” proyectos. “Los empresarios necesitamos certeza, no es posible que se tarde 15 años en tramitar un PAI y luego lo tumben”, se queja el representante de los constructores.
Juan Giner, director general de Evaluación Ambiental de la consejería de Infraestructuras, atribuye tal cantidad de reveses judiciales a la “época en la que se politizaron las confederaciones que siempre cuestionaban la falta de agua”, comenta en referencia a la etapa socialista. Giner destaca además que todas estas sentencias “solo cuestionan aspectos técnicos, pero ninguna incide en el modelo territorial valenciano”. Por su lado, Moisés Cruz de la Plataforma Anticorrupción Salvemos la Huerta de Almoradí, considera que estos PAI se aprobaron “con un claro afán especulador” para urbanizar el vasto territorio de La Vega Baja. En Almoradí, municipio con 20.000 habitantes, el PGOU contempla otras 11.000 nuevas viviendas, y ahora los técnicos de la consejería han tumbado la propuesta por “no ajustarse ni a la demanda inmobiliaria real ni a la previsible evolución demográfica”.
El alcalde, Antonio Ángel Hurtado, del PP está muy molesto. “Siempre hemos ido de la mano de la consejería, hemos hecho lo que nos han pedido los técnicos de ordenación del territorio y ahora los de medio ambiente ponen pegas”, se queja el regidor que el próximo viernes tiene previsto reunirse con la consejera, Isabel Bonig, para buscar una salida.
Los alcaldes consultados también apuntan otro problema: los constantes cambios normativos. En el caso de Almoradí el PGOU se empezó a diseñar siguiendo los criterios de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), al año siguiente se aprobó la LUV (Ley Urbanística Valenciana) y en pocos meses una normativa europea obligaba a incorporar una memoria de la estrategia medioambiental.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 9.2.14
Foto: El plan general de San Miguel de las Salinas, en la imagen, preveía la construcción de 40.000 viviendas y el TSJ lo anuló. / DAVID RODRÍGUEZ
El 'caso Gürtel', cinco años y 700.000 folios después
El inabarcable caso Gürtel lleva camino de convertirse en un rancio culebrón de seguir con esta indiferencia judicial que ya empieza a rayar con la complicidad descarada. El asunto de la trama corrupta urbanística (entre otras) es gigantesco y abarca a cientos de implicados políticos y financieros en las Comunidades Valenciana, de Madrid, de Castilla y León, etc. Pero la tardanza de la justicia en aclarar mínimamente el tema ya huele a chamusquina, porque si algún día se llega a celebrar el juicio, sin duda habrá hechos que ya hayan prescrito. Aquí se presentan nuevos datos y perspectivas de lo sucedido.
"ZOOMNEWS* : Los capos de la trama Gürtel utilizaron el oficio más antiguo del mundo para "estrechar" lazos con los políticos. "Si te llevas de putas a un alcalde, o a un concejal, o a un periodista, ya le has enviciado, le tienes cogido", cuenta uno de los investigadores de la trama. Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, llamaban "las chicas de la ofi" a las mujeres del Club Pigmalión, del que eran clientes asiduos. El sexo fue un ingrediente esencial en la estrategia que pergeñaron Correa y el El Bigotes para conseguir favores de políticos: "Hay que buscar chicas españolas, con algún tipo de titulación y, sobre todo, que follen como ángeles", pide Álvaro Pérez a sus socios antes de una reunión importante en Barcelona.
Estas, y otras perlas que aparecen en la investigación judicial de la trama, las publica en su último número la revista Interviú, que acompaña la información con elocuentes imágenes de las fiestas que organizaban los jefes de la red de corrupción.
"No pudimos pinchar el teléfono de Bárcenas"
La publicación del Grupo Zeta, en un suplemento que resume los cinco años de investigación policial y judicial del caso, relata asimismo las dificultades con las que se han encontrado los policías que han seguido el rastro de las operaciones ilegales de la trama."No pudimos pinchar el teléfono de Bárcenas ni registrar su casa. Imagina lo que se habría escuchado ahí", comenta al semanario uno de los agentes que más tiempo ha dedicado a investigar el caso.
La misma fuente define muy gráficamente las diferencias de trato del anterior gobierno socialista y el actual. "Antes, con el otro gobierno, llamábamos para comunicar novedades. Que habíamos encontrado, por ejemplo, dinero en Suiza. Nos felicitaban y nos animaban. Eso sí, al día siguiente, no sabíamos cómo, salía en la prensa. Ahora, cuando llamamos y decimos que hemos encontrado dinero, nos preguntan: pero ¿cuándo termináis?".
Las presiones políticas han sido constantes en la investigación de la Gürtel. Incluso el juez Pablo Ruz se ha quejado en varias ocasiones a los distintos organismos que han escudriñado en las actividades de Correa, Bárcenas y compañía -Policía y Agencia Tributaria, principalmente- por la lentitud a la hora de realizar determinadas diligencias. De hecho, la Policía ha tardado más de un año en determinar que hay indicios suficientes para identificar a Francisco Álvarez-Cascos como uno de los beneficiarios de la trama, a pesar de que en distintos documentos incautados a los cabecillas aparecen múltiples referencias a PAC, Paco Alv-Casco, Paco A. Cascos o Paco A.C.
En uno de los reportajes que incluye Interviú en el suplemento sobre la Gürtel, los investigadores estiman en 140 millones de euros el dinero recaudado irregularmente por la trama durante los años de mayor actividad, cantidad similar a las fianzas reclamadas para hacer frente al presunto desfalco de las arcas públicas. La Gürtel atendía a cualquier necesidad: hoteles de lujo para dirigentes políticos, organización de actos electorales, compra de coches oficiales para el PP valenciano, pago de la factura de un detective privado que investigaba un escándalo sexual en el que se había visto envuelto un diputado autonómico, etcétera, etcétera.
Incluso al terrorismo le sacaron tajada. Cuando el PP movilizó en 2007 a todos sus militantes contra la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero, la Gürtel organizó el acto central de la madrileña Puerta de Alcalá cobrando un sobreprecio del cien por cien sobre el coste real del evento: 42.724,64 euros fue el coste real; 92.964,84 euros lo facturado.
Puros, vinos, hoteles de lujo...
El último reportaje de la revista es un álbum gráfico de las propiedades de Francisco Correa (de las que se conocen): Marbella, Ibiza, Sotogrande (Cádiz), Majadahonda y La Finca (Madrid), cuatro yates, cuatro amarres... Un tren de vida del que se beneficiaron políticos, empresarios y periodistas.
Así se desprende también del último informe conocido de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juez instructor, en el que se detallan los regalos que la trama hizo a algunos destacados dirigentes. Por ejemplo, al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, la policía asegura que Correa le abonó los 1.000 euros que costó cuatro noches en un lujoso hotel de Madrid en diciembre de 2003; al extesorero del PP, Luis Bárcenas, le regalaron puros habanos y a su antecesor en ese cargo, Álvaro Lapuerta, vinos de 500 euros; como en el caso de la ministra de Sanidad Ana Mato, al diputado del PP Juan José Matarí también le pagó la factura de casi 5.000 euros por un viaje a EuroDisney una de las empresas del supuesto cabecilla de la Gürtel. Y a varios cargos vinculados al Gobierno autonómico y municipal de Madrid en los años 2001 y 2002 se les pagó lujosos viajes a Kenia, Cancún y Nueva York
En definitiva, una historia de impunidad y excesos de la que aún queda mucho por contar.
* Zoom News - 5.2.14
Foto: Gürtel, capo Correa - burbuja.info
El alcalde de Valladolid imputado por desobediencia al no corregir las irregularidades de su vivienda
Las causas sobre ilegalidades urbanísticas se acumulan en Valladolid y alrededores. El tristemente machista alcalde pucelano, León de la Riva, continúa haciendo lo que le da la gana en esta materia, por encima de leyes y normas de Urbanismo. Cuando queda por resolverse judicialmente el gravísimo tema del 'cambiazo' en el Plan General municipal de hace años, él sigue a lo suyo, incluso tras ser sentenciado culpable por su propia vivienda ilegal. La débil justicia parece que, por fin, le imputa por desobediencia reiterada, pero ya veremos si es capaz de llevar adelante este asunto ante la fuerte presión política que la rodea.
"ELDIARIO* : El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, deberá responder sobre un presunto delito de desobediencia. Y lo hará desde el banquillo de los acusados, porque la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía que solicitaba su imputación. Según el Ministerio Público, León de la Riva, habría incumplido reiteradamente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afecta al edificio donde el tiene su vivienda habitual y que está en situación ilegal. Los hechos se remontan al año 2008, cuando el TSJCyL anuló las licencias de obras y primera ocupación del edificio y obligó a demoler los áticos, ya que estos se crearon a partir de un trasvase de edificabilidad y de unas carboneras que se convirtieron en viviendas. Además, la rehabilitación no respetó elementos protegidos y los porcentajes legales de viviendas.
A pesar de la "demoledora" sentencia del TSJCyL, el Ayuntamiento intentó esquivar el fallo que, no sólo le obligaba a derribar los áticos resultantes del trasvase de edificabilidad, también debía convertir oficinas en viviendas. Así, el Alto Tribunal instó a León de la Riva "bajo su directa y personal responsabilidad" a ejecutar la sentencia. Y lo hizo en sucesivos autos en junio de 2009, julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012.
La actitud "obstinada y recalcitrante" del alcalde a la hora de acatar el mandato judicial motivó que la Fiscalía denunciase al regidor. Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 2, sobreseyó provisionalmente la causa el pasado mes de noviembre de 2013 al considerar que no se había acreditado la "concurrencia de conducta criminal".
Según argumentó la Fiscalía en su recurso, León de la Riva, tras haber sido designado como responsable para asegurarse de que se cumplía la sentencia, no estuvo presente en las juntas de gobierno local cuando se iba a tratar la restitución de la legalidad del edificio a través de distintos proyectos (dos de ellos rechazados por el TSJ) para no participar en las votaciones. Sin embargo, la Fiscalía también recuerda que el alcalde no se abstuvo cuando se aprobaron las licencias de obras y primera ocupación a pesar de que en ese momento León de la Riva ya estaba en trámites para adquirir su vivienda, en el séptimo piso, justo debajo de los áticos ilegales. Según reveló el concejal socialista, Javier Izquierdo, León de la Riva obtuvo la hipoteca de su casa tan sólo unos días después de haber otorgado la licencia de primera ocupación.
En su auto, la Audiencia Provincial es contundente: "No nos encontramos ante una mera posibilidad o sospecha de que se haya podido cometer por parte del imputado un delito desobediencia, si no que su actuación (documentalmente acreditada), sí es probable de ser considerada como delictiva",asegura. Sin embargo, la sala no estima la otra peticion de la Fiscalía, la de imputar al regidor un delito de prevaricación. Según el auto, si estimase la prevaricación y la desobediencia se vulneraría el principio de 'non bis in idem' (no dos veces por lo mismo).
Pero la Sala sí que entiende que el juez que instruyó la causa y que la archivó el pasado mes de noviembre, debe pronunciarse sobre los dos arquitectos que redactaron sendos proyectos de legalización rechazados por el TSJ, ya que ambos declararon en calidad de imputados. Uno es el arquitecto municipal, Luis A.A, también imputado por el caso de la manipulación del PGOU, mientras que al segundo se le contrató para la segunda intentona de legalizar el histórico edificio.
* El Diario - Laura Cornejo - 11.2.14
Foto: Valladolid, alcalde - EP
Murcia paga casi 22.000 euros al día por otro aeropuerto sin aviones
Siguen los numerosos despilfarros delictivos públicos. En este caso se trata del el aeropuerto internacional de Corvera en la Comunidad Murciana, que ya lleva prácticamente terminado desde hace más de 2 años (dos), pero que, debido al escándalo de la corrupción, continúa cerrado al día de hoy tras un gasto multimillonario. La política nefasta en infraestructuras del turbio presidente 'popular' de la Comunidad, Valcárcel, ha permitido esta situación desastrosa en un intricado proceso de concesionarias y amiguismo descarado. Sin embargo este político denostado y fraudulento no ha sido todavía inculpado, como debería, por la habitual justicia servil.
"ELDIARIO* : Los ciudadanos de Murcia están pagando unos 21.917 euros al día por el aeropuerto internacional de Corvera, que se licitó hace siete años y que, a pesar de estar prevista su apertura para hace meses, está sumido en un complicado conflicto que llega a los tribunales. Por el momento, la comunidad autónoma se ha hecho cargo del préstamo que ha pedido para hacer frente al aval: se trata de un crédito por 182 millones de euros, con un interés del 4,3% a tres años, que supone al erario regional unos ocho millones de euros anuales.
En 2006, se aprobó el plan director para el aeropuerto internacional y un año después se creó la sociedad de construcción y gestión de la instalación, Aeromur, formada por Sacyr (60% de las acciones), Cajamurcia, la CAM, Cementos La Cruz, Grupo Fuertes, Inocsa y el grupo Monthisa. La concesionaria se comprometió por contrato a no recibir ayudas públicas en el caso de que tuvieran pérdidas y la región avaló el proyecto con 200 millones de euros que salieron de las arcas públicas.
A pesar de estar terminado desde enero de 2012 y de que el Ejecutivo regional se ha gastado unos 60 millones de euros en las infraestructuras aledañas, la situación cambió: Aeromur pidió un reequilibrio financiero para que la Comunidad le garantizara el apoyo económico en caso de pérdidas y el cierre del aeropuerto de San Javier (a escasos 35 kilómetros). El Gobierno de Valcárcel se negó a cumplir esas nuevas condiciones y el litigio comenzó convirtiéndose en otro de los aeropuertos españoles que no tiene aviones, como el famoso de Castellón, también con gastos millonarios y sin funcionar.
El Gobierno decidió rescindir el contrato con Aeromur alegando que lo había incumplido. Valcárcel pensó que la situación sería fácil y podría sacar de nuevo una licitación. Pero el consorcio que lidera Sacyr recurrió la rescisión del contrato ante los tribunales.
Desde octubre de 2013 el proyecto está paralizado, pero recientemente el Gobierno regional ha presumido de estar negociando con Aeromur y encontrarse cerca de un acuerdo. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas señalan que este paso se ha dado gracias a que la "concesionaria manifestó su intención de abrir la instalación" y apuntan a un "cambio de actitud" del consorcio, así como la voluntad de cumplir el contrato. De hecho, insisten en las mismas líneas rojas: ni el cierre de San Javier, ni el equilibrio financiero, y aseguran que las empresas lo han aceptado. Incluso han comunicado en los tribunales sus buenas intenciones, pero el juez seguirá adelante con el recurso.
Un acuerdo difícil
Lo cierto es que la Comunidad ha pedido un préstamo participativo a Bruselas, una fórmula que, en palabras del consejero, Antonio Sevilla, consiste en que la Comunidad "hace un préstamo que están obligados a devolver, y con unos intereses. Los incumplimientos, lógicamente, están penalizados".
De momento, Murcia se hace cargo de los intereses que tiene que pagar a las entidades bancarias por el préstamo que le dieron tras la rescisión del contrato, que conforman ocho millones de euros anuales. Además, ese aval del aeropuerto engorda casi 200 millones su cifra de déficit.
Según el PSOE, llegar a un acuerdo que desbloquee la situación no es fácil: "El contrato no existe porque está rescindido y están negociando con una empresa que tenía el contrato". "La Comunidad, para poder retrotraerse, tiene que darle de nuevo la concesión, y eso sólo pueden hacerlo si reconocen errores en la resolución del contrato o avalan la denuncia de Aeromur", defienden fuentes socialistas.
Sin embargo, el Gobierno confía en llegar a un acuerdo con la concesionaria, pese a que ya no tiene el contrato. Si no, pretenden sacar a concurso de nuevo la concesión y no consideran que no haya licitadores.
* El Diario - Irene Castro - 6.2.14
Foto: Murcia, aeropuerto cerrado de Corvera - elpais
Lanzarote: el paraíso de los 200 imputados
"ELPAÍS* : Caboandrés, la goleta de Pedro de Armas, continúa anclada junto al dique de Puerto Calero, en Lanzarote. Las olas la golpean a estribor, y en popa luce un cangrejo rojo, el animal que lleva por sobrenombre su dueño, Pedro el Cangrejo, un político y empresario singular. Aparatoso, fanático de los Beatles, hace un año su fama arribó a la Península al convertirse en el concejal fugado al Caribe. Desapareció de Arrecife cinco meses sin avisar de que disputaría con el Caboandrés una regata en la Martinica. La travesía fue tan absorbente que ni volvió por su Ayuntamiento cuando dimitió el alcalde. Lo delataron sus fotos en Facebook y 1.200 euros de factura del móvil corporativo.
Hace dos semanas se hizo público que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha investigado un año y medio a De Armas. Le ha localizado 112 fincas (una de 13.000 hectáreas en Argentina), nueve barcos y 66 cuentas corrientes, además de donaciones millonarias a sus hijos y cobros de cientos de miles de euros en operaciones urbanísticas. El edil, fundador del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), nunca ha sido imputado, pero su presencia lleva tiempo planeando sobre los grandes sumarios judiciales de Lanzarote. Dimas Martín, su mentor y capo di tutti capi isleño, dejó caer su nombre en el caso Unión en venganza por una denuncia de De Armas que lo llevó a la cárcel. También en el caso Costa Roja fue sospechoso de cobrar una comisión de tres millones del empresario Lleó, miembro de una de las grandes familias de la isla y otro habitual en los sumarios conejeros. Y en la Operación Yate se asoma en detalles como una factura de material náutico encontrada en el coche de José Francisco Reyes -exalcalde de Yaiza, del mismo PNL y multimputado por corrupción-; dato sospechoso después de que Reyes le otorgara licencias de construcción ilegales.
Lanzarote se convirtió en un pandemonio judicial a partir del caso Unión, que arranca en 2008 con unas grabaciones que registran cómo Lleó usó de intermediario a Fernando Becerra (hermano de Juan Carlos Becerra, el otro líder del PNL) para intentar comprar a un consejero socialista del Cabildo a cambio de que desbloqueara el proyecto urbanístico de Costa Roja, iniciado con una licencia concedida por Reyes. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) grabó la conversación entre Becerra y el consejero, y a partir de ahí los juzgados comenzaron a autorizar escuchas telefónicas. Se abría el vientre de la serpiente.
Para no levantar sospechas, los agentes de la UCO desembarcaron en la isla en 2009 entre la andanada de participantes en el triatlón Iron Man. Intervinieron el Ayuntamiento de Arrecife y el pánico cundió. Los más avisados podían sospechar cierta tendencia a la corrupción de parte de políticos y grandes empresarios, pero no de técnicos municipales ni de decenas de anónimos. Ciudadanos sin relación con la trama recuerdan cómo detenían a amigos que jamás habían sospechado que caminaran por los lindes de la legalidad; pero en Arrecife era muy sencillo mancharse: a menudo los contratos públicos no se regían por el derecho administrativo, sino por favores que los más poderosos otorgaban a quienes aceptaban pedírselos. Cinco años después, con la instrucción del Unión a punto de cerrarse, Lanzarote es la tierra de los imputados, con más de 200 repartidos entre decenas de causas, 11 de ellos alcaldes y exalcaldes de los siete municipios que componen la isla.
De Armas es un producto típico de este clima. De familia humilde, se sumó al desarrollismo en los setenta, cuando pedregales sin valor comenzaron a venderse por millones. A lo largo de los años ha entrado y salido de partidos: primero militó en el Partido Independiente de Lanzarote (PIL), luego creó el PNL, que se integró en Coalición Canaria (CC) para luego retomar su andadura en solitario y, luego sumarse a Nueva Canarias. Mientras, ha ido encadenando cargos públicos de la importancia de presidente del Cabildo, concejal de urbanismo de Arrecife y director de Gesplan, empresa pública de planeamiento del Gobierno de Canarias. Entre 2003 y 2005 ya desapareció del Ayuntamiento, y en 2002 se le había investigado porque saldó una deuda del pesquero Ocean King, arribado a Arrecife desde Mauritania con 20 inmigrantes irregulares.
La razón por la que ahora se revela la investigación a De Armas tampoco es reconfortante. En julio de 2013, el veterano juez Rafael Lis, recién llegado al juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, pidió a la policía que le informara de unas investigaciones aprobadas por sus predecesoras en el cargo. Tras recibir el informe con las posesiones de El Cangrejo, lo archivó por considerar que respondía a una persecución política “basada en suposiciones e intuiciones con una acreditación mínima”. La Fiscalía recurrió la decisión y la Audiencia Provincial le dio la razón, concluyendo que De Armas había reunido méritos para ser investigado.
Lanzarote tiene 150.000 habitantes y el 90% de su PIB procede del turismo. Su capital, Arrecife, es una ciudad muy humilde de casas blancas y bajas. Hombres maduros fotocopian sus currículos en los locutorios: “La cosa está muy dura”, explican desencantados. En un ordenador cercano un chico rellena un formulario para encontrar novia por Internet. “¿En trabajo, qué pongo?”. Un amigo se ríe: “Que estás parado, como todos”.
En las islas no suele ser fácil encontrar respuestas. La semana pasada De Armas explicó a este diario que tiene órdenes de su abogado de no hablar y que se encontraba fuera de la isla para un chequeo médico. En el 87 de la calle de León y Castillo, la sede del PNL ya no existe, y en la de Nueva Canarias, coalición en la que se ha integrado, no contestan. Es lo común en una isla en la que los partidos se fusionan y desaparecen a una velocidad muy superior a cualquier evolución ideológica conocida en la historia de la humanidad.
El último equipo de Gobierno que terminó unido la legislatura en Arrecife data de 1995. Esta legislatura el alcalde Cándido Reguera (imputado en la Operación Montecarlo) fue sustituido por Manolo Fajardo (CC) con apoyo de PSOE y Alternativa Ciudadana. Fajardo no quiso hacer declaraciones para este reportaje y dejó la decisión en manos de sus portavoces. En un homenaje al pactismo, CC y el PSOE discutieron el asunto y optaron por el silencio a pesar de que el consistorio lidia con la herencia de numerosas irregularidades, reconocidas incluso por informes del Tribunal de Cuentas.
Un profundo escepticismo con los políticos y la justicia recorre la isla. Hace una semana diariodelanzarote.com publicó que ha desaparecido de los juzgados la grabación que dio origen al caso Unión. Parece un escándalo inaceptable, pero la isla lo ha digerido con rapidez. Quizá porque no es el primer golpe a la investigación. También se han invalidado los autos de registro a la casa y oficina de Luis Lleó, y con ellos las pruebas conseguidas allí, como los correos electrónicos del empresario con dos exletrados del Tribunal Constitucional, Ángel Aguallo Avilés e Ignacio Sánchez Yllera (fugaz jefe de gabinete de la vicepresidenta Fernández de la Vega en 2004), que le asesoraban en materia fiscal, según la UCO.
Las sospechas en torno al proceso han sido siempre tan acendradas que César Romero Pamparacuatro, el juez que lanzó el Unión mientras esperaba que el Consejo General del Poder Judicial le diera un destino definitivo, decidió no introducir ninguna información en el programa informático de gestión de los juzgados. Su desconfianza se reveló fundada cuando la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, recibió el soplo de que iba a ser detenida. Déniz era hermana de la exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias y sospechosa de aceptar sobornos de empresas contratadas por su Ayuntamiento.
Recogida de basura, iluminación en las fiestas… Con los años los conejeros han ido descubriendo que todo era una oportunidad para que alguien se enriqueciera ilegalmente. También se han acostumbrado a que los nombres más importantes de la isla sean objeto de investigación. Estos días la novedad era la clausura de las bodegas Stratvs, un caso con 18 imputados y en el que vuelve a estar implicado Juan Francisco Rosa Marrero, el principal empresario local.
En el caso Stratvs, Rosa presuntamente cometió una serie de delitos contra el territorio que incluyen usurpación de terrenos. No es una novedad la laxa interpretación que hace el empresario de las regulaciones, a juzgar por su imputación en la Operación Jable, hija del Unión, en la que se perseguía el entramado de ocultamiento de bienes relacionados con el padrino Dimas Martín. Y aunque nunca se haya probado ningún delito en las actividades de Rosa, las investigaciones han desvelado que Martín vive en una casa del empresario y que fue inscrito como trabajador en uno de sus negocios para acceder al tercer grado penitenciario.
Rosa, que no ha respondido a los mensajes de este diario, posee dos hoteles ilegales y es protagonista de la que se considera historia seminal del descontrol urbanístico de Lanzarote: la del apartahotel Los Fariones. Y aquí se puede presentar a otro personaje fundamental en los sumarios de la isla: Felipe Fernández Camero, el abogado de todos.
En el litigio en torno a la legalidad de Los Fariones, Fernández Camero reunía la doble condición de defensor del apartahotel y asesor del Ayuntamiento de Tías, municipio donde se levantó. Esta ubicuidad es característica de la carrera de Camero (Granada, 1948), secretario del Ayuntamiento de Arrecife desde 1976 hasta 2004.
De los primeros funcionarios en llegar a la isla, Camero dominaba el derecho administrativo y el urbanismo, dos disciplinas que por entonces no contaban con la misma popularidad que hoy. Él mismo explica cómo eso lo colocó en una posición inmejorable para lograr el éxito profesional: “Tengo esos conocimiento y he estado mil años aquí solo. Ahora ha venido más gente, pero al principio me buscaba todo el mundo. El primero que llegaba me contrataba”.
“La mitad de la isla me tiene en los altares, la otra mitad en los infiernos”, abunda. Entre los detractores, la denuncia del caso Yate presenta a Camero como una figura clave en la profesionalización de la corrupción en Lanzarotes.
Mientras era funcionario en Arrecife, Camero se convirtió en asesor de la mayoría de Ayuntamientos de la isla y, por las tardes, en abogado de los promotores inmobiliarios. El pluriempleo terminó cuando en 2004 la Secretaría de Estado de Organización Territorial lo destituyó como secretario por incompatibilidad muy grave.
El mismo patrón se repitió hasta la extenuación: siempre que un Ayuntamiento (fuera del partido que fuera) era denunciado por conceder una licencia polémica, Camero defendía en los juzgados tanto al consistorio como a los promotores. La investigación ha tratado de determinar sin mucho éxito si estas coincidencias fueron fruto de un plan.
“Creo que ha habido una exageración conmigo”, protesta Camero. “Por mi personalidad y conocimiento a veces he hablado yo porque, si no, no lo hacía nadie, pero no me interesa el poder. He estado metido en todo por las circunstancias, pero nunca he hecho un negocio que no fuera mi sueldo”.
Pero las investigaciones de De Armas, Rosa y Camero son solo la fumarola del volcán. Lanzarote se ha convertido en uno de los centros nacionales de la corrupción judicializada, un caso sobre el que se publican artículos en revistas académicas. En ellos se deja muy claro que para entender la situación hay que remitirse al pecado fundacional de esta isla: intentar limitar el poder del ladrillo.
A principios de los noventa, la sociedad de Lanzarote apostó por la contención del crecimiento. El movimiento lo patrocinaron las élites culturales, con César Manrique como profeta. Al regresar de Madrid y Nueva York en 1966, el pintor fue pionero en apostar por el turismo como factor de desarrollo y, al mismo tiempo, el primero que reaccionó al crecimiento excesivo. Pronto su discurso caló en la isla y se convirtió en hegemónico.
El Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 1991 fue el resultado legal de ese empuje. Limitó a las playas del sur la expansión urbanística y puso un techo de 110.000 camas turísticas, rompiendo la discrecionalidad de los Ayuntamientos para fijar su crecimiento. Lanzarote se convertía así en ejemplo para el resto del archipiélago y los defensores del desarrollo sostenible. Los promotores y los Ayuntamientos no se opusieron a los designios de Manrique (hubo solo seis recursos privados contra el PIOT, cinco de ellos defendidos por Fernández Camero), en parte porque el límite de 110.000 camas parecía aún lejano para una isla con 43.000.
Para premiar este experimento de defensa de un paisaje natural único, la isla fue declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera en 1993. Los problemas comenzaron cuando en la década siguiente la explosión de la construcción demostró que las 110.000 camas podían ser un corsé más estrecho de lo pensado. Además, el Cabildo completó el PIOT con una ley de 2000 que limitaba la construcción a 10.000 camas en los 10 años venideros. El empresariado entró en ebullición y, rompiendo las normas, los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise comenzaron a conceder licencias sin permiso. El resultado son los 22 grandes complejos turísticos que hoy siguen siendo ilegales en la isla y cuya oscura gestación se ha revelado un nido de corrupción.
¿Cuáles serán las consecuencias de esto para Lanzarote? “No se puede pensar que un caso de corrupción vaya a cargarse la categoría de Reserva”, tranquiliza Aquilino Miguélez, coordinador del Observatorio de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. “El proyecto es impresionante, y por eso la Unesco lo distingue; lo otro, la corrupción y el intento de anteponer el bien personal al general, es coherente con ciertos aspectos de la naturaleza humana”.
Miguélez resume bien la confrontación que marca la isla. Se trata de la colisión de dos modelos encarnados en dos hombres: César Manrique y Dimas Martín En los años en los que el segundo ascendía al culmen de su poder, el primero moría en un accidente de tráfico.
Lanzarote no solo es una isla. Padece de la denominada doble insularidad. “Somos la colonia de la colonia: un mal perfume”, resume un poeta llamado Pablo Hernández en un café de Arrecife la distancia respecto a las grandes islas: Gran Canaria y Tenerife. Dimas Martín, un hombre del pueblo, supo explotar esa sensación de desamparo. Se envolvió en la bandera del insularismo en insumisión contra la Península y las familias de caciques que hasta entonces regían Lanzarote. De paso, también arremetió contra “la mafia verde”, los ecologistas que consideraba que trataban de limitar las posibilidades de enriquecimiento de las clases populares emergentes.
Las aventuras de este político, fundador del PIL, ya se han glosado mil veces. En los ochenta fue de los primeros políticos condenados por cohecho. En mayo de 2003 llegó a la presidencia del Cabildo por segunda vez y en diciembre fue encarcelado. Posteriormente se probó que dirigía redes mafiosas desde prisión y, a pesar de ello, el PIL organizó una campaña de liberación de Dimas, “preso político”. Ahora se le imputa en el Unión y la Operación Jable. Con cinco condenas, está en tercer grado cumpliendo.
Muchos piensan que Dimas no era peor que otros, pero que le hundió su carácter bravucón. Por ejemplo, retó a la UCO a que lo investigara, con el resultado de que estos presentaron una retahíla de pruebas contra él. “Toda una generación de políticos aquí son hijos de Dimas”, explica Saúl García, periodista considerado una constante en la investigación de la corrupción lanzaroteña, que la prensa local tiene a menudo demasiados reparos en enfrentar: “Pedro de Armas es un alumno aventajado y uno de sus enemigos íntimos, y a él también le pierde el carácter”.
La corrupción ha herido no solo al terreno y la economía de Lanzarote: también ha emponzoñado las relaciones sociales, especialmente desde el momento en que “la mafia verde” llevó a los tribunales la guerra contra los constructores de hoteles ilegales. Ninguna de las sentencias firmes de derribo se ha ejecutado. Moles como el Volcán, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas, Son Bou o Princesa Yaiza continúan desafiantes ocupando el litoral. El propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, veranea regularmente en el Volcán.
Los imputados no son los únicos que no quieren hablar. Ni siquiera de los centros de más recalcitrante oposición al urbanismo es sencillo arrancar más que una declaración oficial. En Tahiche, donde los volcanes cambian de color cuando pasan las nubes y las plantas crasas crecen entre la ceniza, se levanta la casa blanca de César Manrique, sede de su fundación.
Esta institución privada de defensa del legado del pintor se presenta a todos los procesos judiciales contra delitos urbanísticos, organiza jornadas internacionales sobre corrupción y acoge a investigadores que estudian el tema. Sin embargo, sus portavoces solo aceptan emitir una escueta declaración: “La corrupción es un problema grave que afecta a la gobernanza de esta isla”.
Quienes conocen bien la fundación ven en esa parquedad una respuesta natural. Los costes de elevar la voz en Lanzarote son altos. Muchos de los que lo han hecho hablan de amenazas continuas. Un denunciante en casos de corrupción guarda en la cartera la impresión de correos electrónicos con amenazas para que retire sus demandas. Son amenazas elegantes, que invitan a respetar un orden establecido. En las propias oficinas de la fundación, una larga cita del escritor José Saramago sale en su defensa, denunciando en 2004 el linchamiento que sufrió en medios de comunicación subvencionados.
Esta dinámica de confrontación ha dado un papel relevante a colectivos como Transparencia Urbanística, personado en los casos Unión, Jable, Stratvs y en el Plan Parcial de Playa Blanca. Uno de sus miembros protesta: “No queremos mandar a la cárcel a media isla. Es un problema de convivencia, y aquí hay gente que pretende forrarse con cosas que son de todos. Cuando se les descubre y van a los juzgados, en lugar de negociar contratan abogados para tumbar los casos”.
Imputados como Felipe Fernández Camero también admiten lo insostenible de la situación. “Vivimos una guerra civil sin armas. Esta es una lucha de poder entre la oligarquía tradicional y las clases emergentes, de extracción humilde. No gana nadie. Y te das cuentas de que llevas muchos años, y así no se puede vivir”.
Fernando Jiménez Sánchez, especialista en corrupción de la Universidad de Murcia, ha estudiado a fondo el caso de Lanzarote. Su opinión es que la fuerza de las redes clientelares está en la base del problema. “Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad”, explica. “Cuando escuchas las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la tranquilidad que disfrutan”.
Tras destapar el Unión, en 2011 el CGPJ denegó al juez Pamparacuatro la prórroga que pedía y se trasladó a Tenerife; desde entonces el caso ha pasado por las manos de tres magistrados, retrasando la instrucción. En estos momentos en los que la causa parece comprometida por las irregularidades, la judicatura intenta tranquilizar a los ciudadanos. “El caso Unión atascó su juzgado, pero los refuerzos lo han relanzado”, asegura Glòria Poyatos, juez decana de Lanzarote: “Dos de las 11 piezas están listas para juzgar, y para el resto esperamos que termine la instrucción en 2014. La causa no se va a tambalear por la anulación de los registros”.
Sin embargo, la sensación de impunidad parece difícil de combatir. El Gobierno canario prepara una ley para regularizar los hoteles ilegales. La empresa Urbaser, investigada en la Jable por sobornos, ha presentado la oferta más baja en el concurso para la recogida de basura de Arrecife. En enero, unos días después del cierre de su bodega, el Ministerio de Agricultura concedió un premio a los quesos de cabra que produce Juan Francisco Rosa. Fernández Camero rige un gran bufete en Lanzarote. Pedro de Armas venía anunciando que se iba a retirar de la política, y el juez Lis ya explicó cuando quiso archivar la investigación lo que piensa de los informes que la policía elabora para él. Todos temen que cuando baje la marea en la red no vuelva a quedar ningún cangrejo.
Los grandes sumarios abiertos en Lanzarote
UNIÓN
Comienza en 2008 con un intento de soborno a Carlos Espino, consejero del Cabildo de Lanzarote (actualmente imputado en otra causa). Se divide en 11 piezas con decenas de encusados, por delitos de cohecho, comisiones ilegales, blanqueo...
YATE
Concesión de decenas de licencias ilegales a cambio de comisiones en el Ayuntamiento de Yaiza. Además del exalcalde José Francisco Reyes y sus familiares (sospechosos de blanqueo), están imputados políticos y trabajadores municipales.
JABLE
Tercera fase del caso Unión, investiga el pago de comisiones de empresas a políticos del Ayuntamiento de Arrecife a cambio del contrato de determinados servicios, como la recogida de basura.
MONTECARLO
Red de pagos inflados a empresas de José Montesinos por sus servicios de suministro en los Ayuntamientos de San Bartolomé, La Oliva y Arrecife. Delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público.
STRATVS
Último caso en sumarse a la lista. Dieciocho imputados por construir una de las bodegas más modernas de Europa presentando documentación falsa sobre su tamaño y ubicación.
* El País - JERÓNIMO ANDREU - 9.2.14
Foto: Lanzarote, mapa zonas protegidas - elpais
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Correa pagó sobornos a cambio de contratos en AENA a dos cargos de Fomento y uno del PP
Siguen apareciendo nuevos datos de la trama de corrupción Gürtel, ahora la UDEF asegura que el capo Correa sobornó a altos cargos de Fomento, en los años del ministro Álvarez Cascos, por contratos con AENA. Como se sigue viendo la etapa del exministro y exsecretario del PP ha sido la más corrupta en la reciente historia de la estafa al país, abarcando todo tipo de delitos en infraestructuras estatales ya fueran ferroviarias, autopistas, aéreas, etc. Sin embargo estos delincuentes de cuello blanco, conocidos y reconocidos, no han sido jamás perseguidos por la justicia, que se ha limitado a su tancredismo habitual, sin duda producto de una excesiva politización partidista. Ahora, con los nuevos datos, debería cambiar esta posición ignominiosa.
"20MINUTOS* : El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 31 de enero de 2014, lo confirma y añade nuevos datos. Dos altos cargos del ministerio de Fomento en la etapa de Francisco Álvarez Cascos y un cargo del PP recibieron sobornos por parte de la trama Gürtel en las adjudicaciones que la red de Francisco Correa se llevó en AENA (el gestor de los aeropuertos españoles dependientes de Fomento). La UDEF también acusa en otro informe al exministro (que llevó la cartera de Fomento entre 2000 y 2004) de ser el perceptor de las comisiones que se esconde tras las siglas P.A.C. Según los investigadores, Cascos fue el mayor beneficiario en el reparto de los beneficios que la trama obtuvo después de que el PP contratara a las empresas de Paco Correa en las campañas municipales, autonómicas y generales de 2003 y 2004. Cascos se quedaba con una comisión del 11%.
Aunque el informe de Cascos (de 49 páginas) hace referencia a las mordidas que este recibió por la adjudicación a la trama corrupta de actos de esas campañas electorales, el otro informe de la UDEF (de 286 páginas) detalla las comisiones que recibieron dos cargos de AENA y uno del PP para que este ente público adjudicase trabajos a empresas de Correa. A cambio, la trama pagó servicios turísticos, reformas en los domicilios y entregas de dinero en metálico a estas tres personas
Los cargos de AENA son Ángel López de la Mota Muñoz y José María Gavari Guijarro y "un tercero del que no se tenía constancia hasta la fecha, Francisco Salustiano García Diego, vinculado al Partido Popular como Jefe de Comunicación", señala la UDEF en el informe, una ampliación de un primer informe ya elaborado en octubre de 2011. López de la Mota y Gavari Guijarro están imputados por el juez Ruz acusados de cohecho y prevaricación. El primero fue nombrado por Cascos director de comunicación de AENA entre 2000 y 2004. El segundo fue jefe de división en AENA. La UDEF asegura que ambos participaban en la fase de elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y económicas de los concursos promovidos por el departamento de comunicación de AENA para que los adjudicatarios fueran las empresas de la trama Gürtel. La novedad de este informe es la inclusión de García Diego, que no está imputado. El reparto de comisiones, en un folio En el último informe del 31 de enero de 2014, los agentes citan varios contratos amañados: la asistencia técnica para la participación de AENA en ExpoOcio en marzo de 2002, una adjudicación de 275.300 euros que se llevó Special Events, una de las firmas de Correa. Y la asistencia técnica para "la participación de AENA en Barcelona" en abril de 2002 por valor de 138.300 euros que también se llevó Special Events. La Policía encontró en la nave industrial de un polígono de Alcorcón donde la trama guardaba documentación un papel escrito a mano con el siguiente reparto de comisiones después de que la empresa de Correa hubiera hecho estos dos trabajos: “CH G”= Chema GAVARI", quien se llevó 4,5 millones de pesetas (2,5 por Exp. y 2 por Bcn Sit); “A = LOPEZ DE LA MOTA" se llevó 4,5 millones de pesetas (2,5 por Exp. y 2 por Bcn Sit); y “V = VELVET COMUNICACIÓN, SL" se llevó 9,6 millones de pesetas (6,8 de Exp. y 2,8 de Bcn Sit). Velvet es una sociedad que confecciona varias facturas a nombre de las empresas de Correa. Los agentes creen que Velvet es una tapadera de Correa. "Resulta inconsistente que las sociedades de Francisco Correa, especialistas en el montaje de stands y diseño publicitario, recurran al asesoramiento de un tercero para estas tareas". Las facturas emitidas por Velvet "a nombre de Special Events presentan unos conceptos genéricos e imprecisos, no habiéndose hallado entre la documentación examinada documento alguno, tanto en soporte informático como en papel, que refleje que por parte de dicha sociedad se ha llevado a cabo trabajo alguno para la empresa de Francisco Correa". Velvet pertenecía a Francisco Salustiano García Diego, el exjefe de comunicación del PP.
Según la UDEF, "Francisco Salustiano García Diego recibió el importe de las distintas comisiones generadas, bien mediante el disfrute de servicios turísticos a través de Pasadena Viajes (facturados a Special Events), a través de la entrega de cantidades en efectivo, o bien mediante el pago de distintas facturas emitidas por una empresa de la que es administrador García Diego (Velvet Comunicación, SL.), a nombre de Special Events". Viajes y reformas en casa López de la Mota también participó en la elaboración de los pliegos técnicos del stand de AENA en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en los años 2001 y 2002. Ambos contratos fueron adjudicados a dos empresas de Correa, Special Events y FCS Travel Group. Los investigadores han estado analizando contratos de AENA por valor de 2,4 millones que pudieron ir a parar a manos de la Gürtel. A cambio, la trama pagó una reforma en el ático de Ángel López de la Mota, en Villaviciosa de Odón; y viajes suyos a Eurodisney, Menorca, Fuerteventura y Chiclana. El otro imputado, Gavari Guijarro, habría sido beneficiario de servicios turísticos y entregas en dinero en metálico. La UDEF también ha descubierto que varias de las facturas que la empresa de Correa emitió para algunos de los actos de AENA camuflaban trabajos que se habían llevado a cabo en dos de las residencias personales de Correa: en Pozuelo (Madrid) y Sotogranade (Cádiz). Por ejemplo, facturó 18.608 euros (IVA incluido) bajo el concepto "material de decoración, diseño y construcción para el stand en Fitur" cuando en realidad ese dinero se utilizó para decorar las cocinas de sus casas.
* 20 Minutos - DAVID FERNÁNDEZ - 04.02.2014
Foto: Aena - cadenasuministro
Operación Pokémon.- Una trama de corrupción que salpica a PP y PSOE sacude la política gallega
La interminable operación de corrupción denominada 'Pokémon' afecta de pleno a Galicia, pero es casi un calco de lo que se produce a nivel de todo el país, ya que están implicadas importantes figuras de los dos principales partidos más alguno nacionalista. Y todavía está sin concluir, debido a la paradigmática lentitud judicial, pero es fácil ver que hay de todo en este asunto que ya lleva más de 100 imputados, ahora que se ha levantado el secreto de parte del sumario, con una trama mafiosa especializada a través de una red de empresas y gobernantes a la caza de contratas. El caso es absolutamente vergonzoso y delictivo, demostrando una vez más la nula fiabilidad de la casta política y financiera que manda en cualquier lugar de este país.
"ELPAÍS* : Alcaldes y concejales supuestamente a sueldo de una empresa de contratas públicas, funcionarios conseguidores, partidos políticos con labores de agencia de colocación, financiación ilegal en tiempos de elecciones, facturas falsas, infladas, trucadas, concursos amañados e incluso dictados a la Administración local, y regalos, muchos regalos para quien se quisiese dejar querer, presuntamente a cambio de favores: Rolex de oro por valor de seis mil euros y otros agasajos, como vinos de lujo en cantidad suficiente para “montar un bar”. Así se podría resumir la gruesa trama que intenta desenmarañar la Operación Pokémon, ahora que la juez de Lugo Pilar de Lara ha levantado el secreto de parte del sumario.
De momento se conocen, en todo o en parte, solo 26 tomos, pero en ellos ya aparece descrito un panorama de corrupción que salpica igualmente a los dos grandes partidos de España además de a CiU y BNG, y en el que aparecen en calidad de imputados tres alcaldes y cinco exalcaldes, seis de ellos gallegos, además de uno asturiano y otro catalán.
El entramado, tal y como se sostiene con testimonios recogidos por la magistrada y pinchazos de la Agencia Aduanera, se vertebra en torno al grupo Vendex, una colección de empresas a la presunta caza y captura de concesiones públicas. Vendex tiene su matriz en Madrid, pero posiblemente su mayor coto lo tuviese en Galicia. Gestión de ORA y grúa, servicios de conserjería y limpieza, guarderías, ayuda a domicilio para mayores y dependientes, instalaciones deportivas, museos, teatros, jardines públicos, acuarios, edificios emblemáticos... Cualquier materia susceptible de convertirse en una contrata con cargo al dinero de los ciudadanos. La operación suma ya un centenar de imputados que van desde el presidente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, hasta sus tentáculos en la comunidad autónoma y políticos de la talla del alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSOE); el que lo fue de Ourense hasta que estalló la Pokémon, Francisco Rodríguez (PSOE); el anterior y el actual regidor de Santiago, ambos del PP, Gerardo Conde Roa y Ángel Currás; y el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en tiempos del Gobierno socialista, Francisco Félix Fernández Liñares.
Este hombre precisamente, exconcejal poderosísimo y mano izquierda de Orozco en Lugo, fue, en realidad, el punto de partida, la primera pista, podría decirse que el primero de los personajes de esta colección Pokémon. El nombre del operativo lo eligieron los agentes de Aduanas, el equipo con el que ya siempre trabajan las dos juezas (las de Instrucción 1 y 3) que en Lugo, desde hace más de un lustro, han hecho temblar hasta los cimientos de la muralla romana, sacando a la luz toda la turbiedad de una ciudad disfrazada de apacible. El Queen's, el burdel que centralizaba la mayor mafia de prostitución que se investiga en Galicia, era propiedad de un exfuncionario y trabajador de la ORA del que Pilar de Lara siempre sospechó que era testaferro de Liñares. Y de ahí, de la Operación Carioca contra la prostitución, se llegó en poco tiempo al empresario de farmacia Jorge Dorribo, que terminó acusando a José Blanco y dio lugar al Caso Campeón. Mientras tanto, al hilo de Liñares, en origen objetivo principal de la juez, llegó la Pokémon, que en Santiago derivó en la Operación Manga y en Coruña (con el consistorio ahora en plena investigación), en la Pikachu. Esta última a punto estuvo de llamarse Doraemon, porque uno de los responsables del caso proponía “cambiar de saga”.
Todos estos universos aparecen cuajados de personajes conocidos por sus alias. El modo de actuar del grupo empresarial Vendex para captar contratos era, según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera incluido en los tomos que se han conocido, semejante al de las “organizaciones criminales del narcotráfico o el blanqueo”. Los agentes pincharon sus teléfonos, siguieron a políticos y representantes de la empresa (incluso hasta el restaurante Zalacaín, en Madrid), grabaron vídeos y tomaron instantáneas de los encuentros furtivos. Esto, fundamentalmente, desde el año 2011 hasta verano de 2012. Cuando se sintieron espiados, según Aduanas, los protagonistas empezaron a hablar en clave, a dar vueltas laberínticas en sus citas para despistar, a anunciar direcciones erróneas para sus encuentros y a protegerse, incluso, con contravigilancia.
Paquetes de Seur con miles de euros
En el lenguaje de la trama, los paquetes de dinero negro que (puntualmente a veces o con un retraso que exasperaba a algún político) enviaba supuestamente Vendex desde Madrid a través de Seur, eran conocidos como “quesos”, “botes de pintura” o “prensa deportiva”, porque por lo general llegaban envueltos en papel de periódico con noticias de fútbol. La juez trata de demostrar que estos bultos de algo menos de un kilo se destinaban a pagar la mediación que supuestamente hicieron políticos como Orozco (del que un testigo dice que cobraba 2.000 euros), Liñares o el exconcejal del BNG en Ourense Fernando Varela.
Los pinchazos telefónicos, que también implican de lleno en la trama a responsables de la empresa Aquagest, revelan que, incluso durante la noche electoral de las últimas municipales, los empresarios estaban inquietos porque los Gobiernos locales cambiasen de manos. “Están perdidas, y ahora hay que agarrarse los machos”, comentaban por teléfono, a la vista de que los supuestos pactos con el PSOE serían papel mojado al llegar el PP. Pero no fue así. Tanto en Santiago como en A Coruña, según las escuchas, integrantes y asesores de las nuevas Corporaciones heredaron de los socialistas los vínculos con las tramas. Y casi desde el primer momento de llegar al Gobierno, con miembros del PP como el concejal coruñés Julio Flores o, en Santiago, buena parte del equipo. Mientras tanto, los investigadores creen que Vendex seguía beneficiándose de los servicios prestados por ediles que habían sido deportados por las urnas a la oposición, como Bernardino Rama (Santiago) y José Nogueira (A Coruña). A cambio, supuestamente, en bastantes de los casos además de dinero los políticos lograrían enchufar a personas próximas en las contratas favorecidas.
Para hablar sobre estos políticos, cuando sospechan que están siendo vigilados, los representantes de las empresas usan motes. Así, por las decenas de miles de folios de la Pokémon desfilan Garbancito, Ojo de Lince, Cachas Negras, El Cura, Pijolandia, Puñales o Amapola.
* El País - SILVIA R. PONTEVEDRA - 4.2.14
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
Ciudades escaparate: marcas en el espacio público
Es algo que se veía venir después de privatizar todo lo que ha podido este gobierno y partido ultra. No se han conformado con los terrenos, urbanos o rurales, ni con los servicios más básicos de la sociedad, como la educación o la sanidad, ahora llega hasta el mismo concepto de espacio público, a la ciudad como tal, principio básico de la civilización y de las relaciones entre todos. Se ha empezado tímidamente con estaciones de metro en Madrid, como 'Vodafone-Sol', luego serán las obras públicas emblemáticas (ya se está tratando) y finalmente toda la ciudad quedará en manos de patrocinadores privados que, lógicamente, atenderán sobre todo a sus intereses financieros. El asunto, además, se presta a la corrupción más escandalosa, algo donde una vez más somos pioneros y campeones en el planeta.
"LAMAREA* : El acuerdo comercial entre Metro de Madrid y Vodafone es “un sistema muy sofisticado de privatizar un símbolo”, explica el catedrático de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Madrid (ETSAM) Ramón López de Lucio. La Puerta del Sol, relata, se llama así porque “era una muralla de Madrid, del siglo XIII, que daba a Naciente, y era por ahí por donde entraba el Sol. Vodafone sólo nos habla de una empresa privada“. En opinión de este miembro del Club de Debates Urbanos, “no se trata de cambiar un nombre sino de que, por medio de este acto, están haciendo desaparecer la identidad de la estación y de la línea de metro patrocinadas.
Es algo así como que una empresa privada ofreciera a un ciudadano un descuento del 20% en medicinas si se cambia su primer apellido por el nombre de su compañía”.
Es la primera vez en Europa que “una línea completa de metro cambia su nomenclatura a raíz de un acuerdo comercial”, celebraba en abril de 2013 el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. A cambio de que toda la línea 2 de metro lleve su nombre hasta mayo de 2016, Vodafone abonará un millón de euros anuales y dotará de cobertura a sus 20 estaciones.
La decisión del Ayuntamiento fue “toda una sorpresa”, según el catedrático de Proyectos de la ETSAM Ángel González Capitel. Para este urbanista, lo más grave es la opacidad que ha caracterizado a la Administración durante este proceso. “Nadie nos ha contado qué significa esto de Vodafone. ¿Las autoridades públicas están dispuestas a venderse al mejor postor? ¿Lo han hecho para poder financiarse? La envergadura de esta decisión merece una explicación abierta y muy bien difundida entre los ciudadanos de Madrid, que somos unos cinco millones”. La Marea contactó con Metro de Madrid para tratar de obtener esta explicación, pero no ha recibido ninguna respuesta.
Desde Vodafone consideran que las quejas aparecieron por el contexto socioeconómico que atraviesa el país. Pero también porque “no estamos acostumbrados a que las marcas privadas tengan presencia en el sector público”. Para encontrar algún caso similar al de Madrid, esta multinacional recurre a la India. En este país, da nombre a la estación de Belvedere Towers, que pertenece al metro rápido de la ciudad de Gurgaon. Sin embargo, pronto podría haber una réplica mucho más próxima. El Ayuntamiento de Barcelona anunció el pasado mes de septiembre que las estaciones, las líneas de metro y autobús, el teleférico, el funicular y otros espacios singulares de la red de transporte podrían estar patrocinados por marcas comerciales.
España ya está acostumbrada al naming. El torneo de fútbol de primera división se llama Liga BBVA y el de segunda, Adelante. El estadio del Mallorca, Son Moix, fue bautizado como Ono Estadi durante un tiempo y ahora se ha convertido en el Iberostar Estadi. Una estrategia por la que también podría decantarse el Real Madrid (del que se rumorea que podría unir el nombre del Bernabéu al de Coca-Cola) y por la que apostaba el expresidente del Barça Sandro Rosell, quien declaró en enero que el Camp Nou podrá tener apellido a cambio de 150 millones de euros.
Teatros y salas de conciertos
También ocurre con la cultura. Madrid acoge la sala de conciertos Marco Aldany (antes Heineken) o los teatros Häagen Dazs, Caser Calderón y Rialto-Movistar. Incluso se llegó a afirmar recientemente que se planeaba cambiar el nombre del teatro municipal Fernán Gómez. Una amenaza que parece ser falsa, según han confirmado a esta revista desde el Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento, quienes aseveran que Madrid-Destino se ocupará de su gestión directa y que no está previsto añadirle un nombre comercial.
Los clubes de fútbol y algunos de estos teatros son empresas privadas, pero forman parte del espacio urbano y, aunque no sean de titularidad pública, sí influyen en el aspecto de las ciudades. Más allá de los populares anuncios de Schweppes en la Gran Vía de Madrid o del ya desaparecido Tío Pepe de la Puerta del Sol, algunas zonas de la ciudad parecen servir de plataforma publicitaria para determinadas empresas, que colonizan grandes dispositivos de promoción en las fachadas, las marquesinas de las paradas de autobús y los andamios.
El fenómeno se acentúa en época navideña. Jon Aguirre Such, miembro de Paisaje Transversal, pone como ejemplo las calles de Madrid para señalar la multitud de “eventos publicitarios que se suceden en la plaza de Callao, la calle Montera o cualquier otra plaza relevante donde, a precio de saldo, el Ayuntamiento otorga licencia a empresas privadas para que lleven a cabo diferentes eventos, coloquen árboles de Navidad patrocinados, mercadillos o infraestructuras con muñecos y trenecitos para hacerse publicidad con la excusa de las fiestas”.
Mediante estas acciones, el Ayuntamiento cobra una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a un precio tan moderado que parece pensado para invitar a las empresas a que tomen las calles para usarlas como una extensión de sus locales. Según consta en la ordenanza fiscal reguladora de esta tasa, el precio “por cada metro cuadrado o fracción de ocupación del vuelo de la vía pública con lonas o carteles publicitarios en vallas o andamios, al mes o fracción” varía entre los 20,40 euros para las calles catalogadas como de categoría 1, hasta los 0,77 euros para las de categoría 9.
Además de con publicidad, el espacio público se puede privatizar de muchas maneras. Por ejemplo, con terrazas, Aguirre Such afirma que “la mayoría de los proyectos peatonales viene acompañada de una ampliación de las terrazas de los bares, lo que deja a los ciudadanos sin un lugar donde disfrutar de la calle gratuitamente”. Para Ramón López de Lucio no son las terrazas per se lo que constituye una invasión del espacio público, sino que “se haya incrementado tanto este porcentaje de ocupación”. El catedrático evidencia que “antes se colocaban en verano y eran cuatro mesas que se quitaban en media hora. Ahora están todo el año y se construyen con estructuras semirrígidas. Se han convertido en verdaderos recintos que acotan los espacios públicos de manera permanente”.
Sin explicaciones
La configuración urbanística de una ciudad condiciona la forma en la que sus habitantes se relacionan entre sí y con la ciudad, por lo que la ocupación del espacio público puede tener consecuencias de las que uno no siempre es consciente. Un problema que, según Aguirre, va “en la línea de lo que afirmaba Xavier Mas, que decía que el espacio público es aquel entorno de nuestra vida cotidiana que sirve para generar opinión pública. Actualmente, las calles no son un punto de encuentro para el debate sino que son meros espacios de consumo o de tránsito”. López de Lucio va un paso más allá y afirma que algunos “diseñan espacios públicos pensando más en su prestigio profesional que en la utilidad o la economía porque, total, con esto sólo contribuyen a la comodidad de la gente”.
Ni el Ayuntamiento de Madrid ni el de Barcelona han respondido a la petición de La Marea para saber qué necesidades tratan de satisfacer mediante sus planes urbanísticos. En el caso de Madrid, el programa con el que Alberto Ruiz-Gallardón concurrió a las últimas elecciones municipales habla de su intención de revitalizar la zona centro o transformar la Plaza de España en un parque urbano. Para ninguno de estos proyectos ofrecía una explicación concreta sobre qué supondría en la práctica.
En cualquier caso, para que los ciudadanos tomen la iniciativa y recuperen su espacio deben estar informados. López de Lucio destaca que “lo último que quieren los gobernantes es que se discutan sus actuaciones, que se cuestione la privatización del espacio púbico, la del Canal de Isabel II o la de la Sanidad”. Las asociaciones de vecinos pueden ser las protagonistas de su historia. Recientemente, hemos visto cómo la lucha de los vecinos de Gamonal, en Burgos, ha evitado que su alcalde llevara a cabo un plan urbanístico que ni habían pedido, ni necesitaban. Un caso similar al del Cabanyal, un barrio valenciano declarado bien de interés cultural en 1993, cuyos residentes llevan casi 15 años inmersos en una contienda urbanística contra Rita Barberá.
La alcaldesa decidió ampliar la avenida Blasco Ibáñez hasta la playa, lo que suponía atravesar el Cabanyal, derribar 1.651 viviendas y eliminar parte de los elementos que hicieron de este lugar un patrimonio cultural. Tras años de juicios, el Ministerio de Cultura declaró ilegal este proyecto y concluyó que Barberá debía rediseñarlo.
Entre otras estrategias, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos el Cabanyal, Vicente Gallart, cuenta que ahora la alcaldesa, con la ayuda de varios medios de comunicación locales, “se está empeñando en desprestigiar al barrio y a nosotros mismos, de quienes dice que somos violentos y que estamos aliados con los partidos de la oposición”.
Para contrarrestarlo, la Plataforma Salvem el Cabanyal ha llevado a cabo varios proyectos. Uno de ellos, la edición anual de Puertas Abiertas, una iniciativa por la que varias familias residentes en algunas de las casas afectadas por la ampliación de la avenida abren sus puertas durante algunos fines de semana para convertirlas en salas de exposiciones. Inspirados en esta iniciativa, crearon el Cabanyal Íntim, en el que varias compañías de teatro, también durante dos o tres fines de semana, exhiben sus montajes dentro de las casas. Ambas propuestas tienen como finalidad que los habitantes del resto de Valencia se acerquen al barrio, conozcan su historia, entiendan cuál es la relevancia de preservarlo como bien de interés cultural y se den cuenta de que es una buena zona para vivir.
* La Marea - María Cappa - 4.2.14
Foto: La céntrica estación de la Puerta del Sol ha sido rebautizada con el nombre de una multinacional. FERNANDO SÁNCHEZ
