Las causas sobre ilegalidades urbanísticas se acumulan en Valladolid y alrededores. El tristemente machista alcalde pucelano, León de la Riva, continúa haciendo lo que le da la gana en esta materia, por encima de leyes y normas de Urbanismo. Cuando queda por resolverse judicialmente el gravísimo tema del 'cambiazo' en el Plan General municipal de hace años, él sigue a lo suyo, incluso tras ser sentenciado culpable por su propia vivienda ilegal. La débil justicia parece que, por fin, le imputa por desobediencia reiterada, pero ya veremos si es capaz de llevar adelante este asunto ante la fuerte presión política que la rodea.
"ELDIARIO* : El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, deberá responder sobre un presunto delito de desobediencia. Y lo hará desde el banquillo de los acusados, porque la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía que solicitaba su imputación. Según el Ministerio Público, León de la Riva, habría incumplido reiteradamente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afecta al edificio donde el tiene su vivienda habitual y que está en situación ilegal. Los hechos se remontan al año 2008, cuando el TSJCyL anuló las licencias de obras y primera ocupación del edificio y obligó a demoler los áticos, ya que estos se crearon a partir de un trasvase de edificabilidad y de unas carboneras que se convirtieron en viviendas. Además, la rehabilitación no respetó elementos protegidos y los porcentajes legales de viviendas.
A pesar de la "demoledora" sentencia del TSJCyL, el Ayuntamiento intentó esquivar el fallo que, no sólo le obligaba a derribar los áticos resultantes del trasvase de edificabilidad, también debía convertir oficinas en viviendas. Así, el Alto Tribunal instó a León de la Riva "bajo su directa y personal responsabilidad" a ejecutar la sentencia. Y lo hizo en sucesivos autos en junio de 2009, julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012.
La actitud "obstinada y recalcitrante" del alcalde a la hora de acatar el mandato judicial motivó que la Fiscalía denunciase al regidor. Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 2, sobreseyó provisionalmente la causa el pasado mes de noviembre de 2013 al considerar que no se había acreditado la "concurrencia de conducta criminal".
Según argumentó la Fiscalía en su recurso, León de la Riva, tras haber sido designado como responsable para asegurarse de que se cumplía la sentencia, no estuvo presente en las juntas de gobierno local cuando se iba a tratar la restitución de la legalidad del edificio a través de distintos proyectos (dos de ellos rechazados por el TSJ) para no participar en las votaciones. Sin embargo, la Fiscalía también recuerda que el alcalde no se abstuvo cuando se aprobaron las licencias de obras y primera ocupación a pesar de que en ese momento León de la Riva ya estaba en trámites para adquirir su vivienda, en el séptimo piso, justo debajo de los áticos ilegales. Según reveló el concejal socialista, Javier Izquierdo, León de la Riva obtuvo la hipoteca de su casa tan sólo unos días después de haber otorgado la licencia de primera ocupación.
En su auto, la Audiencia Provincial es contundente: "No nos encontramos ante una mera posibilidad o sospecha de que se haya podido cometer por parte del imputado un delito desobediencia, si no que su actuación (documentalmente acreditada), sí es probable de ser considerada como delictiva",asegura. Sin embargo, la sala no estima la otra peticion de la Fiscalía, la de imputar al regidor un delito de prevaricación. Según el auto, si estimase la prevaricación y la desobediencia se vulneraría el principio de 'non bis in idem' (no dos veces por lo mismo).
Pero la Sala sí que entiende que el juez que instruyó la causa y que la archivó el pasado mes de noviembre, debe pronunciarse sobre los dos arquitectos que redactaron sendos proyectos de legalización rechazados por el TSJ, ya que ambos declararon en calidad de imputados. Uno es el arquitecto municipal, Luis A.A, también imputado por el caso de la manipulación del PGOU, mientras que al segundo se le contrató para la segunda intentona de legalizar el histórico edificio.
* El Diario - Laura Cornejo - 11.2.14
Foto: Valladolid, alcalde - EP
El alcalde de Valladolid imputado por desobediencia al no corregir las irregularidades de su vivienda
Murcia paga casi 22.000 euros al día por otro aeropuerto sin aviones
Siguen los numerosos despilfarros delictivos públicos. En este caso se trata del el aeropuerto internacional de Corvera en la Comunidad Murciana, que ya lleva prácticamente terminado desde hace más de 2 años (dos), pero que, debido al escándalo de la corrupción, continúa cerrado al día de hoy tras un gasto multimillonario. La política nefasta en infraestructuras del turbio presidente 'popular' de la Comunidad, Valcárcel, ha permitido esta situación desastrosa en un intricado proceso de concesionarias y amiguismo descarado. Sin embargo este político denostado y fraudulento no ha sido todavía inculpado, como debería, por la habitual justicia servil.
"ELDIARIO* : Los ciudadanos de Murcia están pagando unos 21.917 euros al día por el aeropuerto internacional de Corvera, que se licitó hace siete años y que, a pesar de estar prevista su apertura para hace meses, está sumido en un complicado conflicto que llega a los tribunales. Por el momento, la comunidad autónoma se ha hecho cargo del préstamo que ha pedido para hacer frente al aval: se trata de un crédito por 182 millones de euros, con un interés del 4,3% a tres años, que supone al erario regional unos ocho millones de euros anuales.
En 2006, se aprobó el plan director para el aeropuerto internacional y un año después se creó la sociedad de construcción y gestión de la instalación, Aeromur, formada por Sacyr (60% de las acciones), Cajamurcia, la CAM, Cementos La Cruz, Grupo Fuertes, Inocsa y el grupo Monthisa. La concesionaria se comprometió por contrato a no recibir ayudas públicas en el caso de que tuvieran pérdidas y la región avaló el proyecto con 200 millones de euros que salieron de las arcas públicas.
A pesar de estar terminado desde enero de 2012 y de que el Ejecutivo regional se ha gastado unos 60 millones de euros en las infraestructuras aledañas, la situación cambió: Aeromur pidió un reequilibrio financiero para que la Comunidad le garantizara el apoyo económico en caso de pérdidas y el cierre del aeropuerto de San Javier (a escasos 35 kilómetros). El Gobierno de Valcárcel se negó a cumplir esas nuevas condiciones y el litigio comenzó convirtiéndose en otro de los aeropuertos españoles que no tiene aviones, como el famoso de Castellón, también con gastos millonarios y sin funcionar.
El Gobierno decidió rescindir el contrato con Aeromur alegando que lo había incumplido. Valcárcel pensó que la situación sería fácil y podría sacar de nuevo una licitación. Pero el consorcio que lidera Sacyr recurrió la rescisión del contrato ante los tribunales.
Desde octubre de 2013 el proyecto está paralizado, pero recientemente el Gobierno regional ha presumido de estar negociando con Aeromur y encontrarse cerca de un acuerdo. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas señalan que este paso se ha dado gracias a que la "concesionaria manifestó su intención de abrir la instalación" y apuntan a un "cambio de actitud" del consorcio, así como la voluntad de cumplir el contrato. De hecho, insisten en las mismas líneas rojas: ni el cierre de San Javier, ni el equilibrio financiero, y aseguran que las empresas lo han aceptado. Incluso han comunicado en los tribunales sus buenas intenciones, pero el juez seguirá adelante con el recurso.
Un acuerdo difícil
Lo cierto es que la Comunidad ha pedido un préstamo participativo a Bruselas, una fórmula que, en palabras del consejero, Antonio Sevilla, consiste en que la Comunidad "hace un préstamo que están obligados a devolver, y con unos intereses. Los incumplimientos, lógicamente, están penalizados".
De momento, Murcia se hace cargo de los intereses que tiene que pagar a las entidades bancarias por el préstamo que le dieron tras la rescisión del contrato, que conforman ocho millones de euros anuales. Además, ese aval del aeropuerto engorda casi 200 millones su cifra de déficit.
Según el PSOE, llegar a un acuerdo que desbloquee la situación no es fácil: "El contrato no existe porque está rescindido y están negociando con una empresa que tenía el contrato". "La Comunidad, para poder retrotraerse, tiene que darle de nuevo la concesión, y eso sólo pueden hacerlo si reconocen errores en la resolución del contrato o avalan la denuncia de Aeromur", defienden fuentes socialistas.
Sin embargo, el Gobierno confía en llegar a un acuerdo con la concesionaria, pese a que ya no tiene el contrato. Si no, pretenden sacar a concurso de nuevo la concesión y no consideran que no haya licitadores.
* El Diario - Irene Castro - 6.2.14
Foto: Murcia, aeropuerto cerrado de Corvera - elpais
Lanzarote: el paraíso de los 200 imputados
"ELPAÍS* : Caboandrés, la goleta de Pedro de Armas, continúa anclada junto al dique de Puerto Calero, en Lanzarote. Las olas la golpean a estribor, y en popa luce un cangrejo rojo, el animal que lleva por sobrenombre su dueño, Pedro el Cangrejo, un político y empresario singular. Aparatoso, fanático de los Beatles, hace un año su fama arribó a la Península al convertirse en el concejal fugado al Caribe. Desapareció de Arrecife cinco meses sin avisar de que disputaría con el Caboandrés una regata en la Martinica. La travesía fue tan absorbente que ni volvió por su Ayuntamiento cuando dimitió el alcalde. Lo delataron sus fotos en Facebook y 1.200 euros de factura del móvil corporativo.
Hace dos semanas se hizo público que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha investigado un año y medio a De Armas. Le ha localizado 112 fincas (una de 13.000 hectáreas en Argentina), nueve barcos y 66 cuentas corrientes, además de donaciones millonarias a sus hijos y cobros de cientos de miles de euros en operaciones urbanísticas. El edil, fundador del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), nunca ha sido imputado, pero su presencia lleva tiempo planeando sobre los grandes sumarios judiciales de Lanzarote. Dimas Martín, su mentor y capo di tutti capi isleño, dejó caer su nombre en el caso Unión en venganza por una denuncia de De Armas que lo llevó a la cárcel. También en el caso Costa Roja fue sospechoso de cobrar una comisión de tres millones del empresario Lleó, miembro de una de las grandes familias de la isla y otro habitual en los sumarios conejeros. Y en la Operación Yate se asoma en detalles como una factura de material náutico encontrada en el coche de José Francisco Reyes -exalcalde de Yaiza, del mismo PNL y multimputado por corrupción-; dato sospechoso después de que Reyes le otorgara licencias de construcción ilegales.
Lanzarote se convirtió en un pandemonio judicial a partir del caso Unión, que arranca en 2008 con unas grabaciones que registran cómo Lleó usó de intermediario a Fernando Becerra (hermano de Juan Carlos Becerra, el otro líder del PNL) para intentar comprar a un consejero socialista del Cabildo a cambio de que desbloqueara el proyecto urbanístico de Costa Roja, iniciado con una licencia concedida por Reyes. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) grabó la conversación entre Becerra y el consejero, y a partir de ahí los juzgados comenzaron a autorizar escuchas telefónicas. Se abría el vientre de la serpiente.
Para no levantar sospechas, los agentes de la UCO desembarcaron en la isla en 2009 entre la andanada de participantes en el triatlón Iron Man. Intervinieron el Ayuntamiento de Arrecife y el pánico cundió. Los más avisados podían sospechar cierta tendencia a la corrupción de parte de políticos y grandes empresarios, pero no de técnicos municipales ni de decenas de anónimos. Ciudadanos sin relación con la trama recuerdan cómo detenían a amigos que jamás habían sospechado que caminaran por los lindes de la legalidad; pero en Arrecife era muy sencillo mancharse: a menudo los contratos públicos no se regían por el derecho administrativo, sino por favores que los más poderosos otorgaban a quienes aceptaban pedírselos. Cinco años después, con la instrucción del Unión a punto de cerrarse, Lanzarote es la tierra de los imputados, con más de 200 repartidos entre decenas de causas, 11 de ellos alcaldes y exalcaldes de los siete municipios que componen la isla.
De Armas es un producto típico de este clima. De familia humilde, se sumó al desarrollismo en los setenta, cuando pedregales sin valor comenzaron a venderse por millones. A lo largo de los años ha entrado y salido de partidos: primero militó en el Partido Independiente de Lanzarote (PIL), luego creó el PNL, que se integró en Coalición Canaria (CC) para luego retomar su andadura en solitario y, luego sumarse a Nueva Canarias. Mientras, ha ido encadenando cargos públicos de la importancia de presidente del Cabildo, concejal de urbanismo de Arrecife y director de Gesplan, empresa pública de planeamiento del Gobierno de Canarias. Entre 2003 y 2005 ya desapareció del Ayuntamiento, y en 2002 se le había investigado porque saldó una deuda del pesquero Ocean King, arribado a Arrecife desde Mauritania con 20 inmigrantes irregulares.
La razón por la que ahora se revela la investigación a De Armas tampoco es reconfortante. En julio de 2013, el veterano juez Rafael Lis, recién llegado al juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, pidió a la policía que le informara de unas investigaciones aprobadas por sus predecesoras en el cargo. Tras recibir el informe con las posesiones de El Cangrejo, lo archivó por considerar que respondía a una persecución política “basada en suposiciones e intuiciones con una acreditación mínima”. La Fiscalía recurrió la decisión y la Audiencia Provincial le dio la razón, concluyendo que De Armas había reunido méritos para ser investigado.
Lanzarote tiene 150.000 habitantes y el 90% de su PIB procede del turismo. Su capital, Arrecife, es una ciudad muy humilde de casas blancas y bajas. Hombres maduros fotocopian sus currículos en los locutorios: “La cosa está muy dura”, explican desencantados. En un ordenador cercano un chico rellena un formulario para encontrar novia por Internet. “¿En trabajo, qué pongo?”. Un amigo se ríe: “Que estás parado, como todos”.
En las islas no suele ser fácil encontrar respuestas. La semana pasada De Armas explicó a este diario que tiene órdenes de su abogado de no hablar y que se encontraba fuera de la isla para un chequeo médico. En el 87 de la calle de León y Castillo, la sede del PNL ya no existe, y en la de Nueva Canarias, coalición en la que se ha integrado, no contestan. Es lo común en una isla en la que los partidos se fusionan y desaparecen a una velocidad muy superior a cualquier evolución ideológica conocida en la historia de la humanidad.
El último equipo de Gobierno que terminó unido la legislatura en Arrecife data de 1995. Esta legislatura el alcalde Cándido Reguera (imputado en la Operación Montecarlo) fue sustituido por Manolo Fajardo (CC) con apoyo de PSOE y Alternativa Ciudadana. Fajardo no quiso hacer declaraciones para este reportaje y dejó la decisión en manos de sus portavoces. En un homenaje al pactismo, CC y el PSOE discutieron el asunto y optaron por el silencio a pesar de que el consistorio lidia con la herencia de numerosas irregularidades, reconocidas incluso por informes del Tribunal de Cuentas.
Un profundo escepticismo con los políticos y la justicia recorre la isla. Hace una semana diariodelanzarote.com publicó que ha desaparecido de los juzgados la grabación que dio origen al caso Unión. Parece un escándalo inaceptable, pero la isla lo ha digerido con rapidez. Quizá porque no es el primer golpe a la investigación. También se han invalidado los autos de registro a la casa y oficina de Luis Lleó, y con ellos las pruebas conseguidas allí, como los correos electrónicos del empresario con dos exletrados del Tribunal Constitucional, Ángel Aguallo Avilés e Ignacio Sánchez Yllera (fugaz jefe de gabinete de la vicepresidenta Fernández de la Vega en 2004), que le asesoraban en materia fiscal, según la UCO.
Las sospechas en torno al proceso han sido siempre tan acendradas que César Romero Pamparacuatro, el juez que lanzó el Unión mientras esperaba que el Consejo General del Poder Judicial le diera un destino definitivo, decidió no introducir ninguna información en el programa informático de gestión de los juzgados. Su desconfianza se reveló fundada cuando la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, recibió el soplo de que iba a ser detenida. Déniz era hermana de la exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias y sospechosa de aceptar sobornos de empresas contratadas por su Ayuntamiento.
Recogida de basura, iluminación en las fiestas… Con los años los conejeros han ido descubriendo que todo era una oportunidad para que alguien se enriqueciera ilegalmente. También se han acostumbrado a que los nombres más importantes de la isla sean objeto de investigación. Estos días la novedad era la clausura de las bodegas Stratvs, un caso con 18 imputados y en el que vuelve a estar implicado Juan Francisco Rosa Marrero, el principal empresario local.
En el caso Stratvs, Rosa presuntamente cometió una serie de delitos contra el territorio que incluyen usurpación de terrenos. No es una novedad la laxa interpretación que hace el empresario de las regulaciones, a juzgar por su imputación en la Operación Jable, hija del Unión, en la que se perseguía el entramado de ocultamiento de bienes relacionados con el padrino Dimas Martín. Y aunque nunca se haya probado ningún delito en las actividades de Rosa, las investigaciones han desvelado que Martín vive en una casa del empresario y que fue inscrito como trabajador en uno de sus negocios para acceder al tercer grado penitenciario.
Rosa, que no ha respondido a los mensajes de este diario, posee dos hoteles ilegales y es protagonista de la que se considera historia seminal del descontrol urbanístico de Lanzarote: la del apartahotel Los Fariones. Y aquí se puede presentar a otro personaje fundamental en los sumarios de la isla: Felipe Fernández Camero, el abogado de todos.
En el litigio en torno a la legalidad de Los Fariones, Fernández Camero reunía la doble condición de defensor del apartahotel y asesor del Ayuntamiento de Tías, municipio donde se levantó. Esta ubicuidad es característica de la carrera de Camero (Granada, 1948), secretario del Ayuntamiento de Arrecife desde 1976 hasta 2004.
De los primeros funcionarios en llegar a la isla, Camero dominaba el derecho administrativo y el urbanismo, dos disciplinas que por entonces no contaban con la misma popularidad que hoy. Él mismo explica cómo eso lo colocó en una posición inmejorable para lograr el éxito profesional: “Tengo esos conocimiento y he estado mil años aquí solo. Ahora ha venido más gente, pero al principio me buscaba todo el mundo. El primero que llegaba me contrataba”.
“La mitad de la isla me tiene en los altares, la otra mitad en los infiernos”, abunda. Entre los detractores, la denuncia del caso Yate presenta a Camero como una figura clave en la profesionalización de la corrupción en Lanzarotes.
Mientras era funcionario en Arrecife, Camero se convirtió en asesor de la mayoría de Ayuntamientos de la isla y, por las tardes, en abogado de los promotores inmobiliarios. El pluriempleo terminó cuando en 2004 la Secretaría de Estado de Organización Territorial lo destituyó como secretario por incompatibilidad muy grave.
El mismo patrón se repitió hasta la extenuación: siempre que un Ayuntamiento (fuera del partido que fuera) era denunciado por conceder una licencia polémica, Camero defendía en los juzgados tanto al consistorio como a los promotores. La investigación ha tratado de determinar sin mucho éxito si estas coincidencias fueron fruto de un plan.
“Creo que ha habido una exageración conmigo”, protesta Camero. “Por mi personalidad y conocimiento a veces he hablado yo porque, si no, no lo hacía nadie, pero no me interesa el poder. He estado metido en todo por las circunstancias, pero nunca he hecho un negocio que no fuera mi sueldo”.
Pero las investigaciones de De Armas, Rosa y Camero son solo la fumarola del volcán. Lanzarote se ha convertido en uno de los centros nacionales de la corrupción judicializada, un caso sobre el que se publican artículos en revistas académicas. En ellos se deja muy claro que para entender la situación hay que remitirse al pecado fundacional de esta isla: intentar limitar el poder del ladrillo.
A principios de los noventa, la sociedad de Lanzarote apostó por la contención del crecimiento. El movimiento lo patrocinaron las élites culturales, con César Manrique como profeta. Al regresar de Madrid y Nueva York en 1966, el pintor fue pionero en apostar por el turismo como factor de desarrollo y, al mismo tiempo, el primero que reaccionó al crecimiento excesivo. Pronto su discurso caló en la isla y se convirtió en hegemónico.
El Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 1991 fue el resultado legal de ese empuje. Limitó a las playas del sur la expansión urbanística y puso un techo de 110.000 camas turísticas, rompiendo la discrecionalidad de los Ayuntamientos para fijar su crecimiento. Lanzarote se convertía así en ejemplo para el resto del archipiélago y los defensores del desarrollo sostenible. Los promotores y los Ayuntamientos no se opusieron a los designios de Manrique (hubo solo seis recursos privados contra el PIOT, cinco de ellos defendidos por Fernández Camero), en parte porque el límite de 110.000 camas parecía aún lejano para una isla con 43.000.
Para premiar este experimento de defensa de un paisaje natural único, la isla fue declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera en 1993. Los problemas comenzaron cuando en la década siguiente la explosión de la construcción demostró que las 110.000 camas podían ser un corsé más estrecho de lo pensado. Además, el Cabildo completó el PIOT con una ley de 2000 que limitaba la construcción a 10.000 camas en los 10 años venideros. El empresariado entró en ebullición y, rompiendo las normas, los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise comenzaron a conceder licencias sin permiso. El resultado son los 22 grandes complejos turísticos que hoy siguen siendo ilegales en la isla y cuya oscura gestación se ha revelado un nido de corrupción.
¿Cuáles serán las consecuencias de esto para Lanzarote? “No se puede pensar que un caso de corrupción vaya a cargarse la categoría de Reserva”, tranquiliza Aquilino Miguélez, coordinador del Observatorio de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. “El proyecto es impresionante, y por eso la Unesco lo distingue; lo otro, la corrupción y el intento de anteponer el bien personal al general, es coherente con ciertos aspectos de la naturaleza humana”.
Miguélez resume bien la confrontación que marca la isla. Se trata de la colisión de dos modelos encarnados en dos hombres: César Manrique y Dimas Martín En los años en los que el segundo ascendía al culmen de su poder, el primero moría en un accidente de tráfico.
Lanzarote no solo es una isla. Padece de la denominada doble insularidad. “Somos la colonia de la colonia: un mal perfume”, resume un poeta llamado Pablo Hernández en un café de Arrecife la distancia respecto a las grandes islas: Gran Canaria y Tenerife. Dimas Martín, un hombre del pueblo, supo explotar esa sensación de desamparo. Se envolvió en la bandera del insularismo en insumisión contra la Península y las familias de caciques que hasta entonces regían Lanzarote. De paso, también arremetió contra “la mafia verde”, los ecologistas que consideraba que trataban de limitar las posibilidades de enriquecimiento de las clases populares emergentes.
Las aventuras de este político, fundador del PIL, ya se han glosado mil veces. En los ochenta fue de los primeros políticos condenados por cohecho. En mayo de 2003 llegó a la presidencia del Cabildo por segunda vez y en diciembre fue encarcelado. Posteriormente se probó que dirigía redes mafiosas desde prisión y, a pesar de ello, el PIL organizó una campaña de liberación de Dimas, “preso político”. Ahora se le imputa en el Unión y la Operación Jable. Con cinco condenas, está en tercer grado cumpliendo.
Muchos piensan que Dimas no era peor que otros, pero que le hundió su carácter bravucón. Por ejemplo, retó a la UCO a que lo investigara, con el resultado de que estos presentaron una retahíla de pruebas contra él. “Toda una generación de políticos aquí son hijos de Dimas”, explica Saúl García, periodista considerado una constante en la investigación de la corrupción lanzaroteña, que la prensa local tiene a menudo demasiados reparos en enfrentar: “Pedro de Armas es un alumno aventajado y uno de sus enemigos íntimos, y a él también le pierde el carácter”.
La corrupción ha herido no solo al terreno y la economía de Lanzarote: también ha emponzoñado las relaciones sociales, especialmente desde el momento en que “la mafia verde” llevó a los tribunales la guerra contra los constructores de hoteles ilegales. Ninguna de las sentencias firmes de derribo se ha ejecutado. Moles como el Volcán, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas, Son Bou o Princesa Yaiza continúan desafiantes ocupando el litoral. El propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, veranea regularmente en el Volcán.
Los imputados no son los únicos que no quieren hablar. Ni siquiera de los centros de más recalcitrante oposición al urbanismo es sencillo arrancar más que una declaración oficial. En Tahiche, donde los volcanes cambian de color cuando pasan las nubes y las plantas crasas crecen entre la ceniza, se levanta la casa blanca de César Manrique, sede de su fundación.
Esta institución privada de defensa del legado del pintor se presenta a todos los procesos judiciales contra delitos urbanísticos, organiza jornadas internacionales sobre corrupción y acoge a investigadores que estudian el tema. Sin embargo, sus portavoces solo aceptan emitir una escueta declaración: “La corrupción es un problema grave que afecta a la gobernanza de esta isla”.
Quienes conocen bien la fundación ven en esa parquedad una respuesta natural. Los costes de elevar la voz en Lanzarote son altos. Muchos de los que lo han hecho hablan de amenazas continuas. Un denunciante en casos de corrupción guarda en la cartera la impresión de correos electrónicos con amenazas para que retire sus demandas. Son amenazas elegantes, que invitan a respetar un orden establecido. En las propias oficinas de la fundación, una larga cita del escritor José Saramago sale en su defensa, denunciando en 2004 el linchamiento que sufrió en medios de comunicación subvencionados.
Esta dinámica de confrontación ha dado un papel relevante a colectivos como Transparencia Urbanística, personado en los casos Unión, Jable, Stratvs y en el Plan Parcial de Playa Blanca. Uno de sus miembros protesta: “No queremos mandar a la cárcel a media isla. Es un problema de convivencia, y aquí hay gente que pretende forrarse con cosas que son de todos. Cuando se les descubre y van a los juzgados, en lugar de negociar contratan abogados para tumbar los casos”.
Imputados como Felipe Fernández Camero también admiten lo insostenible de la situación. “Vivimos una guerra civil sin armas. Esta es una lucha de poder entre la oligarquía tradicional y las clases emergentes, de extracción humilde. No gana nadie. Y te das cuentas de que llevas muchos años, y así no se puede vivir”.
Fernando Jiménez Sánchez, especialista en corrupción de la Universidad de Murcia, ha estudiado a fondo el caso de Lanzarote. Su opinión es que la fuerza de las redes clientelares está en la base del problema. “Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad”, explica. “Cuando escuchas las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la tranquilidad que disfrutan”.
Tras destapar el Unión, en 2011 el CGPJ denegó al juez Pamparacuatro la prórroga que pedía y se trasladó a Tenerife; desde entonces el caso ha pasado por las manos de tres magistrados, retrasando la instrucción. En estos momentos en los que la causa parece comprometida por las irregularidades, la judicatura intenta tranquilizar a los ciudadanos. “El caso Unión atascó su juzgado, pero los refuerzos lo han relanzado”, asegura Glòria Poyatos, juez decana de Lanzarote: “Dos de las 11 piezas están listas para juzgar, y para el resto esperamos que termine la instrucción en 2014. La causa no se va a tambalear por la anulación de los registros”.
Sin embargo, la sensación de impunidad parece difícil de combatir. El Gobierno canario prepara una ley para regularizar los hoteles ilegales. La empresa Urbaser, investigada en la Jable por sobornos, ha presentado la oferta más baja en el concurso para la recogida de basura de Arrecife. En enero, unos días después del cierre de su bodega, el Ministerio de Agricultura concedió un premio a los quesos de cabra que produce Juan Francisco Rosa. Fernández Camero rige un gran bufete en Lanzarote. Pedro de Armas venía anunciando que se iba a retirar de la política, y el juez Lis ya explicó cuando quiso archivar la investigación lo que piensa de los informes que la policía elabora para él. Todos temen que cuando baje la marea en la red no vuelva a quedar ningún cangrejo.
Los grandes sumarios abiertos en Lanzarote
UNIÓN
Comienza en 2008 con un intento de soborno a Carlos Espino, consejero del Cabildo de Lanzarote (actualmente imputado en otra causa). Se divide en 11 piezas con decenas de encusados, por delitos de cohecho, comisiones ilegales, blanqueo...
YATE
Concesión de decenas de licencias ilegales a cambio de comisiones en el Ayuntamiento de Yaiza. Además del exalcalde José Francisco Reyes y sus familiares (sospechosos de blanqueo), están imputados políticos y trabajadores municipales.
JABLE
Tercera fase del caso Unión, investiga el pago de comisiones de empresas a políticos del Ayuntamiento de Arrecife a cambio del contrato de determinados servicios, como la recogida de basura.
MONTECARLO
Red de pagos inflados a empresas de José Montesinos por sus servicios de suministro en los Ayuntamientos de San Bartolomé, La Oliva y Arrecife. Delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público.
STRATVS
Último caso en sumarse a la lista. Dieciocho imputados por construir una de las bodegas más modernas de Europa presentando documentación falsa sobre su tamaño y ubicación.
* El País - JERÓNIMO ANDREU - 9.2.14
Foto: Lanzarote, mapa zonas protegidas - elpais
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Correa pagó sobornos a cambio de contratos en AENA a dos cargos de Fomento y uno del PP
Siguen apareciendo nuevos datos de la trama de corrupción Gürtel, ahora la UDEF asegura que el capo Correa sobornó a altos cargos de Fomento, en los años del ministro Álvarez Cascos, por contratos con AENA. Como se sigue viendo la etapa del exministro y exsecretario del PP ha sido la más corrupta en la reciente historia de la estafa al país, abarcando todo tipo de delitos en infraestructuras estatales ya fueran ferroviarias, autopistas, aéreas, etc. Sin embargo estos delincuentes de cuello blanco, conocidos y reconocidos, no han sido jamás perseguidos por la justicia, que se ha limitado a su tancredismo habitual, sin duda producto de una excesiva politización partidista. Ahora, con los nuevos datos, debería cambiar esta posición ignominiosa.
"20MINUTOS* : El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 31 de enero de 2014, lo confirma y añade nuevos datos. Dos altos cargos del ministerio de Fomento en la etapa de Francisco Álvarez Cascos y un cargo del PP recibieron sobornos por parte de la trama Gürtel en las adjudicaciones que la red de Francisco Correa se llevó en AENA (el gestor de los aeropuertos españoles dependientes de Fomento). La UDEF también acusa en otro informe al exministro (que llevó la cartera de Fomento entre 2000 y 2004) de ser el perceptor de las comisiones que se esconde tras las siglas P.A.C. Según los investigadores, Cascos fue el mayor beneficiario en el reparto de los beneficios que la trama obtuvo después de que el PP contratara a las empresas de Paco Correa en las campañas municipales, autonómicas y generales de 2003 y 2004. Cascos se quedaba con una comisión del 11%.
Aunque el informe de Cascos (de 49 páginas) hace referencia a las mordidas que este recibió por la adjudicación a la trama corrupta de actos de esas campañas electorales, el otro informe de la UDEF (de 286 páginas) detalla las comisiones que recibieron dos cargos de AENA y uno del PP para que este ente público adjudicase trabajos a empresas de Correa. A cambio, la trama pagó servicios turísticos, reformas en los domicilios y entregas de dinero en metálico a estas tres personas
Los cargos de AENA son Ángel López de la Mota Muñoz y José María Gavari Guijarro y "un tercero del que no se tenía constancia hasta la fecha, Francisco Salustiano García Diego, vinculado al Partido Popular como Jefe de Comunicación", señala la UDEF en el informe, una ampliación de un primer informe ya elaborado en octubre de 2011. López de la Mota y Gavari Guijarro están imputados por el juez Ruz acusados de cohecho y prevaricación. El primero fue nombrado por Cascos director de comunicación de AENA entre 2000 y 2004. El segundo fue jefe de división en AENA. La UDEF asegura que ambos participaban en la fase de elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y económicas de los concursos promovidos por el departamento de comunicación de AENA para que los adjudicatarios fueran las empresas de la trama Gürtel. La novedad de este informe es la inclusión de García Diego, que no está imputado. El reparto de comisiones, en un folio En el último informe del 31 de enero de 2014, los agentes citan varios contratos amañados: la asistencia técnica para la participación de AENA en ExpoOcio en marzo de 2002, una adjudicación de 275.300 euros que se llevó Special Events, una de las firmas de Correa. Y la asistencia técnica para "la participación de AENA en Barcelona" en abril de 2002 por valor de 138.300 euros que también se llevó Special Events. La Policía encontró en la nave industrial de un polígono de Alcorcón donde la trama guardaba documentación un papel escrito a mano con el siguiente reparto de comisiones después de que la empresa de Correa hubiera hecho estos dos trabajos: “CH G”= Chema GAVARI", quien se llevó 4,5 millones de pesetas (2,5 por Exp. y 2 por Bcn Sit); “A = LOPEZ DE LA MOTA" se llevó 4,5 millones de pesetas (2,5 por Exp. y 2 por Bcn Sit); y “V = VELVET COMUNICACIÓN, SL" se llevó 9,6 millones de pesetas (6,8 de Exp. y 2,8 de Bcn Sit). Velvet es una sociedad que confecciona varias facturas a nombre de las empresas de Correa. Los agentes creen que Velvet es una tapadera de Correa. "Resulta inconsistente que las sociedades de Francisco Correa, especialistas en el montaje de stands y diseño publicitario, recurran al asesoramiento de un tercero para estas tareas". Las facturas emitidas por Velvet "a nombre de Special Events presentan unos conceptos genéricos e imprecisos, no habiéndose hallado entre la documentación examinada documento alguno, tanto en soporte informático como en papel, que refleje que por parte de dicha sociedad se ha llevado a cabo trabajo alguno para la empresa de Francisco Correa". Velvet pertenecía a Francisco Salustiano García Diego, el exjefe de comunicación del PP.
Según la UDEF, "Francisco Salustiano García Diego recibió el importe de las distintas comisiones generadas, bien mediante el disfrute de servicios turísticos a través de Pasadena Viajes (facturados a Special Events), a través de la entrega de cantidades en efectivo, o bien mediante el pago de distintas facturas emitidas por una empresa de la que es administrador García Diego (Velvet Comunicación, SL.), a nombre de Special Events". Viajes y reformas en casa López de la Mota también participó en la elaboración de los pliegos técnicos del stand de AENA en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en los años 2001 y 2002. Ambos contratos fueron adjudicados a dos empresas de Correa, Special Events y FCS Travel Group. Los investigadores han estado analizando contratos de AENA por valor de 2,4 millones que pudieron ir a parar a manos de la Gürtel. A cambio, la trama pagó una reforma en el ático de Ángel López de la Mota, en Villaviciosa de Odón; y viajes suyos a Eurodisney, Menorca, Fuerteventura y Chiclana. El otro imputado, Gavari Guijarro, habría sido beneficiario de servicios turísticos y entregas en dinero en metálico. La UDEF también ha descubierto que varias de las facturas que la empresa de Correa emitió para algunos de los actos de AENA camuflaban trabajos que se habían llevado a cabo en dos de las residencias personales de Correa: en Pozuelo (Madrid) y Sotogranade (Cádiz). Por ejemplo, facturó 18.608 euros (IVA incluido) bajo el concepto "material de decoración, diseño y construcción para el stand en Fitur" cuando en realidad ese dinero se utilizó para decorar las cocinas de sus casas.
* 20 Minutos - DAVID FERNÁNDEZ - 04.02.2014
Foto: Aena - cadenasuministro
Operación Pokémon.- Una trama de corrupción que salpica a PP y PSOE sacude la política gallega
La interminable operación de corrupción denominada 'Pokémon' afecta de pleno a Galicia, pero es casi un calco de lo que se produce a nivel de todo el país, ya que están implicadas importantes figuras de los dos principales partidos más alguno nacionalista. Y todavía está sin concluir, debido a la paradigmática lentitud judicial, pero es fácil ver que hay de todo en este asunto que ya lleva más de 100 imputados, ahora que se ha levantado el secreto de parte del sumario, con una trama mafiosa especializada a través de una red de empresas y gobernantes a la caza de contratas. El caso es absolutamente vergonzoso y delictivo, demostrando una vez más la nula fiabilidad de la casta política y financiera que manda en cualquier lugar de este país.
"ELPAÍS* : Alcaldes y concejales supuestamente a sueldo de una empresa de contratas públicas, funcionarios conseguidores, partidos políticos con labores de agencia de colocación, financiación ilegal en tiempos de elecciones, facturas falsas, infladas, trucadas, concursos amañados e incluso dictados a la Administración local, y regalos, muchos regalos para quien se quisiese dejar querer, presuntamente a cambio de favores: Rolex de oro por valor de seis mil euros y otros agasajos, como vinos de lujo en cantidad suficiente para “montar un bar”. Así se podría resumir la gruesa trama que intenta desenmarañar la Operación Pokémon, ahora que la juez de Lugo Pilar de Lara ha levantado el secreto de parte del sumario.
De momento se conocen, en todo o en parte, solo 26 tomos, pero en ellos ya aparece descrito un panorama de corrupción que salpica igualmente a los dos grandes partidos de España además de a CiU y BNG, y en el que aparecen en calidad de imputados tres alcaldes y cinco exalcaldes, seis de ellos gallegos, además de uno asturiano y otro catalán.
El entramado, tal y como se sostiene con testimonios recogidos por la magistrada y pinchazos de la Agencia Aduanera, se vertebra en torno al grupo Vendex, una colección de empresas a la presunta caza y captura de concesiones públicas. Vendex tiene su matriz en Madrid, pero posiblemente su mayor coto lo tuviese en Galicia. Gestión de ORA y grúa, servicios de conserjería y limpieza, guarderías, ayuda a domicilio para mayores y dependientes, instalaciones deportivas, museos, teatros, jardines públicos, acuarios, edificios emblemáticos... Cualquier materia susceptible de convertirse en una contrata con cargo al dinero de los ciudadanos. La operación suma ya un centenar de imputados que van desde el presidente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, hasta sus tentáculos en la comunidad autónoma y políticos de la talla del alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSOE); el que lo fue de Ourense hasta que estalló la Pokémon, Francisco Rodríguez (PSOE); el anterior y el actual regidor de Santiago, ambos del PP, Gerardo Conde Roa y Ángel Currás; y el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en tiempos del Gobierno socialista, Francisco Félix Fernández Liñares.
Este hombre precisamente, exconcejal poderosísimo y mano izquierda de Orozco en Lugo, fue, en realidad, el punto de partida, la primera pista, podría decirse que el primero de los personajes de esta colección Pokémon. El nombre del operativo lo eligieron los agentes de Aduanas, el equipo con el que ya siempre trabajan las dos juezas (las de Instrucción 1 y 3) que en Lugo, desde hace más de un lustro, han hecho temblar hasta los cimientos de la muralla romana, sacando a la luz toda la turbiedad de una ciudad disfrazada de apacible. El Queen's, el burdel que centralizaba la mayor mafia de prostitución que se investiga en Galicia, era propiedad de un exfuncionario y trabajador de la ORA del que Pilar de Lara siempre sospechó que era testaferro de Liñares. Y de ahí, de la Operación Carioca contra la prostitución, se llegó en poco tiempo al empresario de farmacia Jorge Dorribo, que terminó acusando a José Blanco y dio lugar al Caso Campeón. Mientras tanto, al hilo de Liñares, en origen objetivo principal de la juez, llegó la Pokémon, que en Santiago derivó en la Operación Manga y en Coruña (con el consistorio ahora en plena investigación), en la Pikachu. Esta última a punto estuvo de llamarse Doraemon, porque uno de los responsables del caso proponía “cambiar de saga”.
Todos estos universos aparecen cuajados de personajes conocidos por sus alias. El modo de actuar del grupo empresarial Vendex para captar contratos era, según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera incluido en los tomos que se han conocido, semejante al de las “organizaciones criminales del narcotráfico o el blanqueo”. Los agentes pincharon sus teléfonos, siguieron a políticos y representantes de la empresa (incluso hasta el restaurante Zalacaín, en Madrid), grabaron vídeos y tomaron instantáneas de los encuentros furtivos. Esto, fundamentalmente, desde el año 2011 hasta verano de 2012. Cuando se sintieron espiados, según Aduanas, los protagonistas empezaron a hablar en clave, a dar vueltas laberínticas en sus citas para despistar, a anunciar direcciones erróneas para sus encuentros y a protegerse, incluso, con contravigilancia.
Paquetes de Seur con miles de euros
En el lenguaje de la trama, los paquetes de dinero negro que (puntualmente a veces o con un retraso que exasperaba a algún político) enviaba supuestamente Vendex desde Madrid a través de Seur, eran conocidos como “quesos”, “botes de pintura” o “prensa deportiva”, porque por lo general llegaban envueltos en papel de periódico con noticias de fútbol. La juez trata de demostrar que estos bultos de algo menos de un kilo se destinaban a pagar la mediación que supuestamente hicieron políticos como Orozco (del que un testigo dice que cobraba 2.000 euros), Liñares o el exconcejal del BNG en Ourense Fernando Varela.
Los pinchazos telefónicos, que también implican de lleno en la trama a responsables de la empresa Aquagest, revelan que, incluso durante la noche electoral de las últimas municipales, los empresarios estaban inquietos porque los Gobiernos locales cambiasen de manos. “Están perdidas, y ahora hay que agarrarse los machos”, comentaban por teléfono, a la vista de que los supuestos pactos con el PSOE serían papel mojado al llegar el PP. Pero no fue así. Tanto en Santiago como en A Coruña, según las escuchas, integrantes y asesores de las nuevas Corporaciones heredaron de los socialistas los vínculos con las tramas. Y casi desde el primer momento de llegar al Gobierno, con miembros del PP como el concejal coruñés Julio Flores o, en Santiago, buena parte del equipo. Mientras tanto, los investigadores creen que Vendex seguía beneficiándose de los servicios prestados por ediles que habían sido deportados por las urnas a la oposición, como Bernardino Rama (Santiago) y José Nogueira (A Coruña). A cambio, supuestamente, en bastantes de los casos además de dinero los políticos lograrían enchufar a personas próximas en las contratas favorecidas.
Para hablar sobre estos políticos, cuando sospechan que están siendo vigilados, los representantes de las empresas usan motes. Así, por las decenas de miles de folios de la Pokémon desfilan Garbancito, Ojo de Lince, Cachas Negras, El Cura, Pijolandia, Puñales o Amapola.
* El País - SILVIA R. PONTEVEDRA - 4.2.14
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
Ciudades escaparate: marcas en el espacio público
Es algo que se veía venir después de privatizar todo lo que ha podido este gobierno y partido ultra. No se han conformado con los terrenos, urbanos o rurales, ni con los servicios más básicos de la sociedad, como la educación o la sanidad, ahora llega hasta el mismo concepto de espacio público, a la ciudad como tal, principio básico de la civilización y de las relaciones entre todos. Se ha empezado tímidamente con estaciones de metro en Madrid, como 'Vodafone-Sol', luego serán las obras públicas emblemáticas (ya se está tratando) y finalmente toda la ciudad quedará en manos de patrocinadores privados que, lógicamente, atenderán sobre todo a sus intereses financieros. El asunto, además, se presta a la corrupción más escandalosa, algo donde una vez más somos pioneros y campeones en el planeta.
"LAMAREA* : El acuerdo comercial entre Metro de Madrid y Vodafone es “un sistema muy sofisticado de privatizar un símbolo”, explica el catedrático de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Madrid (ETSAM) Ramón López de Lucio. La Puerta del Sol, relata, se llama así porque “era una muralla de Madrid, del siglo XIII, que daba a Naciente, y era por ahí por donde entraba el Sol. Vodafone sólo nos habla de una empresa privada“. En opinión de este miembro del Club de Debates Urbanos, “no se trata de cambiar un nombre sino de que, por medio de este acto, están haciendo desaparecer la identidad de la estación y de la línea de metro patrocinadas.
Es algo así como que una empresa privada ofreciera a un ciudadano un descuento del 20% en medicinas si se cambia su primer apellido por el nombre de su compañía”.
Es la primera vez en Europa que “una línea completa de metro cambia su nomenclatura a raíz de un acuerdo comercial”, celebraba en abril de 2013 el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. A cambio de que toda la línea 2 de metro lleve su nombre hasta mayo de 2016, Vodafone abonará un millón de euros anuales y dotará de cobertura a sus 20 estaciones.
La decisión del Ayuntamiento fue “toda una sorpresa”, según el catedrático de Proyectos de la ETSAM Ángel González Capitel. Para este urbanista, lo más grave es la opacidad que ha caracterizado a la Administración durante este proceso. “Nadie nos ha contado qué significa esto de Vodafone. ¿Las autoridades públicas están dispuestas a venderse al mejor postor? ¿Lo han hecho para poder financiarse? La envergadura de esta decisión merece una explicación abierta y muy bien difundida entre los ciudadanos de Madrid, que somos unos cinco millones”. La Marea contactó con Metro de Madrid para tratar de obtener esta explicación, pero no ha recibido ninguna respuesta.
Desde Vodafone consideran que las quejas aparecieron por el contexto socioeconómico que atraviesa el país. Pero también porque “no estamos acostumbrados a que las marcas privadas tengan presencia en el sector público”. Para encontrar algún caso similar al de Madrid, esta multinacional recurre a la India. En este país, da nombre a la estación de Belvedere Towers, que pertenece al metro rápido de la ciudad de Gurgaon. Sin embargo, pronto podría haber una réplica mucho más próxima. El Ayuntamiento de Barcelona anunció el pasado mes de septiembre que las estaciones, las líneas de metro y autobús, el teleférico, el funicular y otros espacios singulares de la red de transporte podrían estar patrocinados por marcas comerciales.
España ya está acostumbrada al naming. El torneo de fútbol de primera división se llama Liga BBVA y el de segunda, Adelante. El estadio del Mallorca, Son Moix, fue bautizado como Ono Estadi durante un tiempo y ahora se ha convertido en el Iberostar Estadi. Una estrategia por la que también podría decantarse el Real Madrid (del que se rumorea que podría unir el nombre del Bernabéu al de Coca-Cola) y por la que apostaba el expresidente del Barça Sandro Rosell, quien declaró en enero que el Camp Nou podrá tener apellido a cambio de 150 millones de euros.
Teatros y salas de conciertos
También ocurre con la cultura. Madrid acoge la sala de conciertos Marco Aldany (antes Heineken) o los teatros Häagen Dazs, Caser Calderón y Rialto-Movistar. Incluso se llegó a afirmar recientemente que se planeaba cambiar el nombre del teatro municipal Fernán Gómez. Una amenaza que parece ser falsa, según han confirmado a esta revista desde el Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento, quienes aseveran que Madrid-Destino se ocupará de su gestión directa y que no está previsto añadirle un nombre comercial.
Los clubes de fútbol y algunos de estos teatros son empresas privadas, pero forman parte del espacio urbano y, aunque no sean de titularidad pública, sí influyen en el aspecto de las ciudades. Más allá de los populares anuncios de Schweppes en la Gran Vía de Madrid o del ya desaparecido Tío Pepe de la Puerta del Sol, algunas zonas de la ciudad parecen servir de plataforma publicitaria para determinadas empresas, que colonizan grandes dispositivos de promoción en las fachadas, las marquesinas de las paradas de autobús y los andamios.
El fenómeno se acentúa en época navideña. Jon Aguirre Such, miembro de Paisaje Transversal, pone como ejemplo las calles de Madrid para señalar la multitud de “eventos publicitarios que se suceden en la plaza de Callao, la calle Montera o cualquier otra plaza relevante donde, a precio de saldo, el Ayuntamiento otorga licencia a empresas privadas para que lleven a cabo diferentes eventos, coloquen árboles de Navidad patrocinados, mercadillos o infraestructuras con muñecos y trenecitos para hacerse publicidad con la excusa de las fiestas”.
Mediante estas acciones, el Ayuntamiento cobra una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a un precio tan moderado que parece pensado para invitar a las empresas a que tomen las calles para usarlas como una extensión de sus locales. Según consta en la ordenanza fiscal reguladora de esta tasa, el precio “por cada metro cuadrado o fracción de ocupación del vuelo de la vía pública con lonas o carteles publicitarios en vallas o andamios, al mes o fracción” varía entre los 20,40 euros para las calles catalogadas como de categoría 1, hasta los 0,77 euros para las de categoría 9.
Además de con publicidad, el espacio público se puede privatizar de muchas maneras. Por ejemplo, con terrazas, Aguirre Such afirma que “la mayoría de los proyectos peatonales viene acompañada de una ampliación de las terrazas de los bares, lo que deja a los ciudadanos sin un lugar donde disfrutar de la calle gratuitamente”. Para Ramón López de Lucio no son las terrazas per se lo que constituye una invasión del espacio público, sino que “se haya incrementado tanto este porcentaje de ocupación”. El catedrático evidencia que “antes se colocaban en verano y eran cuatro mesas que se quitaban en media hora. Ahora están todo el año y se construyen con estructuras semirrígidas. Se han convertido en verdaderos recintos que acotan los espacios públicos de manera permanente”.
Sin explicaciones
La configuración urbanística de una ciudad condiciona la forma en la que sus habitantes se relacionan entre sí y con la ciudad, por lo que la ocupación del espacio público puede tener consecuencias de las que uno no siempre es consciente. Un problema que, según Aguirre, va “en la línea de lo que afirmaba Xavier Mas, que decía que el espacio público es aquel entorno de nuestra vida cotidiana que sirve para generar opinión pública. Actualmente, las calles no son un punto de encuentro para el debate sino que son meros espacios de consumo o de tránsito”. López de Lucio va un paso más allá y afirma que algunos “diseñan espacios públicos pensando más en su prestigio profesional que en la utilidad o la economía porque, total, con esto sólo contribuyen a la comodidad de la gente”.
Ni el Ayuntamiento de Madrid ni el de Barcelona han respondido a la petición de La Marea para saber qué necesidades tratan de satisfacer mediante sus planes urbanísticos. En el caso de Madrid, el programa con el que Alberto Ruiz-Gallardón concurrió a las últimas elecciones municipales habla de su intención de revitalizar la zona centro o transformar la Plaza de España en un parque urbano. Para ninguno de estos proyectos ofrecía una explicación concreta sobre qué supondría en la práctica.
En cualquier caso, para que los ciudadanos tomen la iniciativa y recuperen su espacio deben estar informados. López de Lucio destaca que “lo último que quieren los gobernantes es que se discutan sus actuaciones, que se cuestione la privatización del espacio púbico, la del Canal de Isabel II o la de la Sanidad”. Las asociaciones de vecinos pueden ser las protagonistas de su historia. Recientemente, hemos visto cómo la lucha de los vecinos de Gamonal, en Burgos, ha evitado que su alcalde llevara a cabo un plan urbanístico que ni habían pedido, ni necesitaban. Un caso similar al del Cabanyal, un barrio valenciano declarado bien de interés cultural en 1993, cuyos residentes llevan casi 15 años inmersos en una contienda urbanística contra Rita Barberá.
La alcaldesa decidió ampliar la avenida Blasco Ibáñez hasta la playa, lo que suponía atravesar el Cabanyal, derribar 1.651 viviendas y eliminar parte de los elementos que hicieron de este lugar un patrimonio cultural. Tras años de juicios, el Ministerio de Cultura declaró ilegal este proyecto y concluyó que Barberá debía rediseñarlo.
Entre otras estrategias, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos el Cabanyal, Vicente Gallart, cuenta que ahora la alcaldesa, con la ayuda de varios medios de comunicación locales, “se está empeñando en desprestigiar al barrio y a nosotros mismos, de quienes dice que somos violentos y que estamos aliados con los partidos de la oposición”.
Para contrarrestarlo, la Plataforma Salvem el Cabanyal ha llevado a cabo varios proyectos. Uno de ellos, la edición anual de Puertas Abiertas, una iniciativa por la que varias familias residentes en algunas de las casas afectadas por la ampliación de la avenida abren sus puertas durante algunos fines de semana para convertirlas en salas de exposiciones. Inspirados en esta iniciativa, crearon el Cabanyal Íntim, en el que varias compañías de teatro, también durante dos o tres fines de semana, exhiben sus montajes dentro de las casas. Ambas propuestas tienen como finalidad que los habitantes del resto de Valencia se acerquen al barrio, conozcan su historia, entiendan cuál es la relevancia de preservarlo como bien de interés cultural y se den cuenta de que es una buena zona para vivir.
* La Marea - María Cappa - 4.2.14
Foto: La céntrica estación de la Puerta del Sol ha sido rebautizada con el nombre de una multinacional. FERNANDO SÁNCHEZ
El Supremo ordena derribar un complejo turístico en un área protegida de Cáceres
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Este asunto ya viene de hace años cuando Ecologistas y Adenex denunciaron la construcción de un gran complejo turístico en una isla protegida del embalse de Valdecañas en Cáceres. Tras sentencia del Tribunal de Extremadura , y al final del Supremo, ha sido declarado ilegal, pero lamentablemente la 1ª fase del proyecto está ya acabada, con lo que ahora la reposición del terreno a su primitiva situación es bastante complicada. Habrá que ver si la actuación judicial cumple con la sentencia que ha dictado de derribo y reposición y, también, si los culpables de este atentado contra el territorio, sean políticos o empresarios, son efectívamente penalizados con todos los cargos a su costa.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha ordenado el derribo de una macrourbanización enclavada en una isla del pantano de Valdecañas, en el noreste de la provincia de Cáceres, porque sus terrenos están incluidos en la Red Natura 2000 y no se pueden hacer desarrollos urbanos en zonas con este nivel de protección ambiental. El fallo vislumbra el final de una batalla judicial iniciada en 2007 por las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ya había considerado ilegal el complejo Marina Isla de Valdecañas, promocionado como el proyecto turístico y de ocio más importante de Extremadura.
La piqueta llegará, si llega, demasiado tarde, cuando la primera fase del proyecto ya está culminada. En ella se incluyen 180 villas turísticas, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, o una base naútica con 76 atraques, además de playa artifificial, senderos peatonales o un complejo deportivo. La compañía Marina Isla de Valdecañas, S.A., asegura que ha desembolsado ya 130 millones de los 200 previstos. La Junta de Extremadura debería asumir la demolición y los posibles daños que reclamen los propietarios de las viviendas ya vendidas o la propia promotora, a la que dio vía libre para desarrollar el proyecto.
El Gobierno de Extremadura aseguró ayer a EL PAÍS que se están planteando impugnar las sentencias ante el Tribunal Constitucional. “Desde que se modificó la Ley de Suelo de Extremadura en 2010 y 2011, Marina Isla de Valdecañas se acoge a la legalidad vigente”, señaló un portavoz. Este cambio legislativo, también recurrido por las ONG, se produjo días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considerara ilegal este complejo. Para ello unieron sus fuerzas PSOE y PP. “La Ley del Suelo de Extremadura se modificó con el apoyo unánime de la Cámara regional”, argumentan.
Los abogados José María Trillo y Maria Ángeles López Lax, representantes de Ecologistas en Acción y Adenex respectivamente, inciden en que no se puede revertir la protección en un suelo una vez que se ha dictado y critican duramente que se haya llegado a cambiar una ley para adaptarla. “Es un ejemplo de la irracionalidad del planteamiento urbanístico en el que estábamos asentados”, destaca Trillo.
A pesar de que en 2011 ya tenían una sentencia de alto tribunal extremeño que ordenaba el derribo del macrocomplejo no pudieron impedir que el continuara desarrollándose porque les reclamaban una fianza de 40 millones para ejecutar la demolición, algo “inasumible” para una organización ecologista. La crisis y el proceso judicial han ralentizado las ventas de estas villas, ofertadas a medio millón de euros, y apartamentos, que parten de los 200.000 euros.
“Vamos a una política de hechos consumados y esto no puede ser”, opina López Lax, que recuerda que muchos compradores han reclamado en los tribunales la nulidad de los contratos de venta al conocer que la legalidad de la urbanización estaba cuestionada. Este periódico ha pedido a la compañía que aporte su versión de lo ocurrido, pero no ha obtenido respuesta.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 6-2-14
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion y golf - ecologistasenaccion.org
Un exalcalde de CiU de Sant Cugat será juzgado por prevaricación
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Se vuelve a demostrar que la corrupción urbanística está por encima de banderas y colores. En Cataluña, tras largos años en el poder autónómico y municipal, CiU es el partido político que acumula mayor número de casos de ilegalidades, por mucho que traten de echar inútilmente la culpa al gobierno central. El problema de esta prevaricación del exalcalde Sant Cugat, junto al exjefe de urbanismo, es que se refiere a hechos sucedidos hace 20 años (veinte). Una vez más es algo totalmente incomprensible la tardanza inexcusable de la justicia, ya que, por supuesto, el daño urbanístico está realizado hace tiempo y es posible que algunos delitos de la acusación hayan prescrito.
"ELPERIÓDICO* : Una jueza de Rubí, Emma Sánchez Gil, ha acordado la apertura del juicio oral contra el exalcalde de Sant Cugat del Vallès, Joan Aymerich (CiU), acusado por la fiscalía de prevaricación al cometer supuestas irregularidades urbanísticas en la recalifcación de unos terrenos para favorecer el asentamiento de una empresa en el municipio, en un caso que se remonta a la década de los noventa. La titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Rubí acuerda enviar a juicio a Aymerich -que fue alcalde entre 1987 y 1999-, así como al que fue jefe de Urbanismo del consistorio durante el mismo periodo, Juan Francisco Borrás; al ex jefe del servicio jurídico de Urbanismo Eduard Graell; al ex arquitecto municipal Vicente Tort, y al ex jefe de gestión urbanismo José María Casanovas.
El fiscal reclama para los cuatro primeros cinco años de inhabilitación para ocupar cargo público. El quinto imputado, se enfrenta a una pena de dos años y tres meses de inhabilitación.
En el auto, la jueza impone a los cinco imputados una fianza conjunta de 5,5 millones de euros, en la que figura como responsable civil el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de la causa, decretando el embargo de bienes si no se deposita. La resolición sostiene que existen "verdaderos indicios racionales de criminalidad" contra los acusados, para los que la Fiscalía pide una condena de hasta cinco años de inhabilitación para ocupar un cargo público.
Los hechos, en los que el fiscal aprecia la eximente de dilaciones indebidas por la larga instrucción del caso, que estuvo en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durante los años en que Aymerich fue diputado del Parlament, en las legislaturas de 1992 y 1995, se remontan a principios de la década de los 90, cuando el consistorio impulsó varias actuaciones urbanísticas en el sector de Can Mates.
Convenio de permuta
Según sostiene la juez, el consistorio presidido por Aymerich cometió supuestamente, al menos, cinco irregularidades urbanísticas para favorecer el asentamiento de Boehringer Inhelheim SA (Biesa) en la zona, "en detrimento de otros propietarios, que vieron frustradas sus legítimas expectativas". El origen de las supuestas irregularidades se remonta a un convenio de compraventa-permuta firmado en 1993 entre el ayuntamiento y la empresa, que fue ratificado de forma arbitraria, según la instructora, ya que se prescindió de la publicidad registral y se ignoraron "absolutamente" los derechos de los demás propietarios, actuando de forma arbitraria. La acusación particular está ejercida por las empresas Tafecsados y Cotreras Obras y Servicios, representadas por el abogado Sergi Mercè Klein, que resultaron perjudicadas.
* El Periódico - J. G. ALBALAT - 4.2.14
Foto: Sant Cugat del Vallès (Barcelona), vista aérea - enciclopedia cat
Basura, clubes de fútbol y corrupción junto al Mediterráneo
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El llamado caso 'Brugal' de corrupción en las provincias de Alicante y Murcia se ha demorado demasiado tiempo en manos de una justicia inepta y politizada. Ahora parece que por fin le llega el turno al asunto en Calpe, dentro de la misma trama corrupta. Aquí empiezan a salir malos olores provenientes del negocio ilegal de las Basuras junto con intereses especulativos provenientes del fútbol en una especie de comunión mafiosa (como en Nápoles), que demuestra, una vez más, los oscuros negocios que se mueven en este deporte tan 'popular', en el doble sentido de esta palabra, a las orillas del Mediterráneo, incluyendo a políticos y a una delictiva financiación.
"ELMUNDO* : La primera pieza de Brugal que llega a juicio ha sacado a la luz la forma mas cutre de corrupción, la que acampó a sus anchas auspiciada por el ladrillo y la barra libre en créditos que CAM o Bancaja concedían a ayuntamientos de dudosa solvencia. La política de los excesos deja municipios arruinados con recibos de agua o basura hinchados que ahogan a los valencianos. Son las familias las que asumen el coste de una corrupción simplona y mediocre. La investigación del caso Calpe, dentro de la operación Brugal, es el paradigma de la gestión vulgar de alcaldes que se creyeron intocables. El primero en caer fue el de Torrevieja, Pedro Angel Hernandez Mateo; le seguirá el de Alicante con el juicio en el TSJ, y la Audiencia acabará por juzgar al ex primer edil calpino, Javier Morató por la trama de las basuras. Pero, ¿por qué nadie detecto estos excesos?
El origen del caso Calpe
El PP ganó en muchos puntos de Alicante a golpe de puesto de trabajo. Y Calpe no fue una excepción. El ex alcalde procesado por Brugal multiplicó la plantilla del Ayuntamiento y dejó un municipio de 30.000 habitantes con más de 600 trabajadores. La deuda subió al mismo ritmo que se remodelaban plazas o se inauguraba una piscina sin acabar.
En esta pieza Anticorrupción no lo ha tenido difícil para reunir pruebas de cuatro delitos castigados con cárcel (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales). Los fiscales de Dénia se han hecho cargo de la instrucción y la jefatura de la Audiencia de Alicante ha vigilado el proceso. El juez Pedro Pablo Abad ha rematado la investigación penal desde que asumió el caso en 2011.
Brugal surgió porque el industrial de Orihuela Ángel Fenoll entregó unas cintas que confirmarían un supuesto soborno. Se le considera el cabecilla de una presunta red criminal con ramificaciones en Alicante y Murcia. Fenoll se arrepintió, ahora dice que están manipuladas, pero entonces ya había despertado el interés de la Policía. Un juzgado autorizó la intervención de su teléfono y los agentes detectaron las estrechas relaciones con el PP de Calpe.
La Policía sitúa en 1998 el origen de la relación entre Fenoll y los acusados del caso Calpe. Ese año se hace con el concurso de tratamiento de residuos sólidos del Ayuntamiento por 30 euros la tonelada. Un caramelo para cualquier empresario de la basura: Calpe es un municipio que llega a los 100.000 habitantes en verano, vive del sector servicios y recibirá residuos de otros puntos de la Costa Blanca. Al Ayuntamiento llegaron ofertas mas ventajosas pero el juez explica que el alcalde y su equipo optaron por la de Fenoll.
Juan Roselló, persona de la máxima confianza para el zaplanismo, despunta en la Diputación de Alicante. La policía identifica a su cuñado, Francisco Artacho, como el intermediario que también se llevaba su parte "haciendo valer su relación de parentesco" subraya el juez.
A partir de aquí surgen dos tramas: una que consiste en pagar sobornos a cambio del contrato y la otra que refleja el adoctrinamiento sin complejos de altos funcionarios para ignorar la manipulación de la báscula del vertedero. Era tan burdo el engaño que la empresa que gestionaba el servicio, Colsur, ni se molestó en colocar un peso que funcionara en su empresa. La planta necesitaba unos terrenos y los acusados escogieron las fincas de una familia de confianza que entró en el juego. Sus parcelas estaban protegidas pero en la presunta banda también estaba el concejal de Urbanismo. El matrimonio firmó un ventajoso contrató para 25 años. Y el jefe de Brugal repartió dinero antes, durante y después de la adjudicación.
La lavadora
El juez razona en su auto que acusados del caso Calpe ocultaron el origen ilícito de bienes y derechos a sabiendas de que procedian de una actividad delictiva. El fútbol hace muy atractivo al dinero negro, es un mecanismo perfecto para el lavado de dinero y otorga un estatus especial a quién invierte en él. El Ayuntamiento obligó al empresario a inyectar mas de 120.000 euros en el Calpe CF, un equipo que compite en ligas comarcales. Los acusados dirigieron el club durante diez años.
El juez identifica otra lavadora de dinero negro, la agencia de viajes del diputado Roselló, que compró una finca de 600.000 euros con el 50% en dinero b. A cambio el sumario matiza que Fenoll se aseguró beneficios superiores a los 54.000 euros mensuales sin contar el dinero de las otras plantas. Colsur se comía el día a día de la caja del Ayuntamiento.
Los técnicos bajo sospecha
El apoyo de altos técnicos fue imprescindible para culminar el saqueo, según la investigación. Sin la ayuda de Juan Cervantes y Jose Luis Fauvel la trama no habría podido manipular la báscula. Incluso cuando el PP perdió la Alcadía, el sumario confirma que uno de ellos se reunió con el empresario en Elche para continuar con los sobornos. Meses después el Bloc rompe con su programa y devuelve el control del ayuntamiento hasta 2011 a los procesados en Brugal. Una torpeza política que en Compromís de puertas para dentro aun se lamenta. Los dos continúan como altos funcionarios.
Aguas de Calpe
Las sucesivas mayorías incontestables del PP lo hicieron todo mucho mas fácil. Desde Calpe se veía con distancia a los jueces y fiscales, se creían impunes. Aún dudan de la llegada del juicio. Quién va a imaginar que la Policía te grava mientras te repartes los billetes. En esos años la corrupción no era uno de los problemas de los españoles y el único escándalo que se judicializó es un caso que dirigió el PSPV como pudo con filtraciones esporádicas.
Todo se conseguía a cambio de trabajo. El diputado y su cuñado "omnipresente", puntualiza el juez, también aparecían en Aguas de Calpe pero la Fiscalía nunca se interesó por su conexión. La basura presuntamente ya estaba amañada y a ambos se les investigó por un sobrecoste de un millón de euros en la construcción de la red transversal de agua. El caso deambuló sin rumbo por los juzgados de Dénia, como ocurre en otras situaciones. Los jueces necesitan duplicar su plantilla para dar una respuesta eficaz y a tiempo contra la corrupción. Ahora está pendiente de un recurso en la Audiencia de Alicante.
Al menos hasta 2007 la trama ejerció un control absoluto sobre los contratos más importantes de una ciudad cabecera en la Costa Blanca. Una simple mecánica en la que había muchos se benefician y solo había un perjudicado: el ciudadano.
* El Mundo - JUAN NIETO - 1.2.14
Foto: Calp (Alicante), planta transferencia ilegal - levante
Madrid.- Un peaje de 550 millones hacia la nada
El despilfarro en infraestructuras en este país es uno de los asuntos más graves que no ha tenido consecuencias políticas ni judiciales. Los culpables del desastre, tanto políticos como empresarios o financieros se han ido 'de rositas', sin que la acción judicial haya intervenido lo más mínimo. El resultado son casos como este de las autopistas radiales de peaje en Madrid, donde destaca el desastre de la nueva autopista a Barajas, en la que una previsión exagerada ha llevado a la quiebra de la misma. El fiasco deja cientos de millones en deudas y, según parece, nadie es responsable de tamaño disparate delictivo.
"ELPAÍS* : Pocos kilómetros de asfalto han salido tan caros. La autopista de peaje que une Madrid con el aeropuerto, una vía de solo 9,4 kilómetros que se abrió al tráfico en 2005 con una inversión de 380 millones de euros, iba a liberar de los atascos al entonces llamado gran Barajas, por la gigantesca cuarta terminal que se estaba construyendo. Casi una década después, los errores en la previsión de tráfico —sobre todo por el desplome de viajeros en Barajas— y el elevado coste de las expropiaciones han llevado a la concesionaria, propiedad de la constructora OHL, a declararse en concurso de acreedores con una deuda de 550 millones.
Con esta decisión, la M-12 engorda formalmente la lista de infraestructuras de transporte —desde otras autopistas hasta aeropuertos que nadie, o casi nadie, usa— que han resultado ser un fiasco.
El ranking de grandes proyectos de obra civil fracasados está disputado. Los aeropuertos de Ciudad Real (inversión de 450 millones), Castellón (190 millones) y Murcia (200 millones) son algunos ejemplos de proyectos que nacieron al calor de los tiempos de bonanza y han acabado en poco, o nada. Madrid no escapó al despilfarro. Esta comunidad acapara buena parte de las autopistas de peaje que se han declarado en concurso de acreedores los últimos meses, con una deuda conjunta de unos 4.000 millones que el Gobierno se dispone a rescatar.
El silencio que suele reinar en esta vía de peaje, llamada Eje Aeropuerto, es la mejor prueba del escaso tráfico que soporta. Según los datos de 2012 depositados en el Registro Mercantil, por ella circulan de media al día 7.200 vehículos. Algunos de ellos por despiste porque está tan mal señalizada que los conductores poco familiarizados con la zona se cuelan en el peaje al entender que es un simple desvío o un acceso de la autovía pública. Con este volumen de usuarios, que le reporta unos ingresos de 4,38 millones de euros anuales, el peaje está muy por debajo del objetivo que fijaron sus promotores: 25.000 vehículos al día hasta que se inaugurara la T-4 en 2006. A partir de ese momento, la esperanza de que la nueva terminal fuera usada por 35 millones de pasajeros al año llevó a pensar a los constructores que alcanzaría un tráfico de hasta 50.000 coches diarios. Pero la crisis económica empezó en 2008 a golpear al aeropuerto madrileño —cuya ampliación acabó costando 6.000 millones, el doble de lo presupuestado— y todo quedó en papel mojado.
Aparte del efecto que ha tenido la crisis de Barajas en la caída de la M-12, existieron dudas sobre la viabilidad del proyecto desde el principio. “Esta es la única autopista de peaje de España en la que la alternativa libre la da la propia autopista”, afirmaron durante su inauguración los responsables de OHL. A cambio de una concesión de 20 años, la constructora dedicó parte de su presupuesto (cerca de 100 millones) a unos accesos libres de peaje. Y ese supuesto punto a favor de la infraestructura ha resultado ser finalmente, como en el caso de otras autopistas fallidas, uno de sus puntos débiles: ¿para qué pagar el peaje si hay una alternativa gratis?
Para Xavier Fageda, profesor de Política Económica de la Universidad de Barcelona, el fiasco de esta autopista es un ejemplo más de las perniciosas consecuencias que tiene la alianza entre los partidos y las constructoras para el bolsillo de los contribuyentes. “Los políticos, ya sean de un color u otro, pecan de ser muy expansivos y optimistas, tanto por lo que se refiere a los beneficios como a los costes a la hora de plantear las infraestructuras”. El problema, añade, es que no hay ninguna agencia independiente que controle ni la planificación de los proyectos, ni su ejecución. “Si existiera se demostraría que hay con unas previsiones exageradas o nula rentabilidad social”, agrega el experto antes de recordar que embarcarse en este tipo de iniciativas sin sentido resulta beneficioso para las empresas, que al contar con la garantía final de la Administración, apenas asumen riesgos.
Uno de los peligros a los que alude Fageda y que pueden llegar a hacer descarrilar un proyecto, tal y como ha ocurrido en las radiales, son los costes de las expropiaciones. La misma concesionaria de la M-12 reconoce en sus cuentas de 2012 que el importe total a pagar por este concepto “ascenderá a 103 millones, lo cual supone un sobrecoste sobre el presupuesto de 66 millones”.
A raíz de la reciente decisión del juez de declararla en concurso tras meses de agonía, la empresa deja una deuda bancaria de 222 millones y una masa pasiva de 557 millones. Cuando presentó el concurso en noviembre, la empresa propiedad de Juan Miguel Villar Mir atribuyó la medida al “incremento de los costes de construcción y expropiaciones”, y a los tráficos “extraordinariamente bajos”. Según la empresa, estos factores impedían que la vía dispusiera de recursos “para atender por sí misma sus obligaciones por expropiaciones” que, según indicó, le serían reclamados en el futuro y que ahora tendrán que ser pagadas por la Administración. Por estos motivos, llegó a pedir a Fomento la nulidad de la concesión, pero sin éxito.
“La M-12 iba mal antes de la crisis”, afirma Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, que consideran que las previsiones de tráfico beneficiaron a las constructoras. “La caída del tráfico de Barajas no ha hecho más que agravar la situación; el aeropuerto languidece ante la inacción de los Gobiernos local, autonómico y central”, añade.
Simancas considera que el sistema de gestionar las autopistas en crisis es perverso: “Al final, las concesionarias confían en que si el negocio va bien, se quedan con el beneficio y, si no, se lo queda el Estado, porque tiene la responsabilidad patrimonial”, añade el diputado.
Las múltiples caras del exceso
A. ROMERO
La burbuja inmobiliaria y el descontrol político son los responsables del colapso. En los últimos meses varias autopistas de peaje han presentado concurso de acreedores. La última la concesionaria de la autovía Madrid-Barajas. Los motivos que han provocado este colapso son los siguientes:
» Previsiones de tráfico exageradas. Las razones que llevaron a los responsables de Fomento a fijar unas previsiones desorbitadas acerca del uso que tendrían las autopistas no difieren mucho de las que provocaron la burbuja inmobiliaria. Así, al igual que se pensaba que la vivienda nunca bajaría de precio, la excusa para construir los peajes en paralelo a las nacionales y la vía a Barajas fue creer que el tráfico siempre iba a aumentar, un razonamiento ligado a la esperanza de un crecimiento exponencial de la economía y, en consecuencia, del Gran Madrid. La crisis de 2008 se encargó de demostrar que estas premisas no eran ciertas, pero ya era demasiado tarde. Las radiales se habían construido, dilapidando miles de millones de euros, y los problemas que generan día a día los atascos persisten.
» La ley del suelo de 1996 y las expropiaciones. Dentro de la mala planificación que tuvieron las autopistas, el desdén que demostraron sus precursores con respecto a la ley del suelo de 1996 merece un capítulo aparte. Aunque el impulsor de ambas iniciativas fue el mismo Gobierno, desde Fomento no tuvieron en cuenta el principio consagrado por aquella norma de que el suelo, que, por regla general pasaba a ser urbanizable, se valoraba según las expectativas, lo que disparó los costes. Las empresas, que debían hacerse cargo de las expropiaciones, se sumieron en un agujero de deuda que ha acabado sellando su final. Se calcula que todavía hay 1.800 millones pendientes de pago a los expropiados y que, tras la entrada de las sociedades en concurso, tendrán que ser abonados por el Estado.
» Falta de fiscalización. Los Gobiernos idean y pagan con el dinero de los contribuyentes lo que las constructoras ejecutan, pero no hay ningún órgano independiente que fiscalice los proyectos. Ni de forma previa, que serían los encargados de analizar si la infraestructura realmente hace falta, ni a posteriori. Esto es, para garantizar que su construcción es eficiente y los sobrecostes están justificados.
» Socialización de los riesgos. En relación con la falta de control está el hecho de que las empresas que acuden a los concursos y los bancos que financian las obras actúan con red. Este tipo de concesiones cuentan en última instancia con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, lo que significa que si las cosas van mal y el proyecto no cumple las expectativas, el Estado asume las deudas. En el caso de las radiales se estima que asciende a unos 4.000 millones.
» Los culpables. Para dar respuesta a esta cuestión habría que preguntar en el Gobierno popular de José María Aznar de 1996, primero con el ministro Rafael Arias Salgado y luego con Francisco Álvarez Cascos, ambos en Fomento. Entones se pensó que hacer estas autopistas era la mejor solución a la congestión de tráfico y una salida económica para hacer el tercer anillo de circunvalanción de la capital, la M-50, que fue construido por las propias adjudicatarias. También, habría que buscar a los responsables de las empresas concesionarias que se creyeron a pies juntillas las previsiones del Ejecutivo, sin hacer sus propios cálculos. Sin embargo, la actual responsable de este mismo Ministerio y también del PP, Ana Pastor, afirmó recientemente en una entrevista con EL PAÍS que la solución al problema no es buscar responsables en el pasado, si no mirar hacia el futuro.
* El País - CRISTINA GALINDO / ÁLVARO ROMERO - 30.1.14
Foto: Autopista de peaje M12, que une Madrid con el aeropuerto de Barajas / CLAUDIO ALVAREZ
Sareb vendió pisos a un fondo buitre pese a saber que los habían comprado particulares
La oscuridad del llamado banco malo, o Sareb, continúa 'ilegalmente' con paso firme. Si desde el principio de su creación, bajo órdenes europeas estrictas, ya se intuía una actuación delictiva con el paraguas de legalidad, finalmente van saliendo operaciones que confirman esa sospecha inicial. Ahora salta el escándalo corrupto de la venta de 2.500 inmuebles al fondo buitre Fortress y su socio en España, Grupo Lar, de los que una parte ya tenía comprador a través de las cajas que venden los activos de la Sareb. Parece que sigue la delincuencia financiera en el delicado tema de la vivienda en España y que la justicia hace oídos sordos al grito unánime de la ciudadanía que protesta contra esta trama mafiosa que permite que haya millones de personas sin casa mientras se sigue especulando con ellas delictivamente.
"ELCONFIDENCIAL* : Los incendios en el banco malo no dejan de sucederse. Cuando aún está pendiente el relevo de su director general, y tras el 'palo' que le dio el último informe de la troika, ahora estalla otro escándalo: la operación Teide. Se trata de la venta de 2.500 inmuebles al fondo Fortress y su socio en España, Grupo Lar, de los que una parte ya tenía comprador a través de las cajas que venden los activos de la Sareb. Y estos compradores se han encontrado con que este fondo deshacía la operación y pretendía devolverles la señal pagada. El banco malo salió ayer a la palestra para garantizar las ventas pactadas y achacó el problema a "falta de coordinación". No obstante, fuentes del sector aseguran que la Sareb conocía la situación de los pisos antes de incluirlos en esa cartera.
"Sareb tiene fritas a las entidades con el reporting, está pidiendo todo el rato papeles y al final dedican más tiempo a darles información que a vender los pisos", explica una de las fuentes consultadas. "Cada vez que una de las entidades cedentes, que comercializan sus antiguos pisos a cambio de una comisión, firma una señal tiene que comunicárselo inmediatamente a Sareb. Así que sabían perfectamente que esos pisos que han incluido en el paquete Teide estaban señalizados", añade.
Otra fuente va mas allá y asegura que las entidades alertaron a la Sareb de que estaba incluyendo pisos prevendidos en la cartera Teide y que eso iba a provocar inseguridad juridica, pero la sociedad que preside Belén Romana no les respondió. "Y ahora están indignadas porque los clientes van a reclamarles a ellas, que son quienes les han vendido el piso, y tienen que dar la cara por los errores de Sareb", asegura.
Un portavoz del banco malo achaca el problema a una "incidencia en la elaboración de la cartera fruto de una falta de coordinación", y añade que fue al hacer el traspaso al FAB –el vehículo constituido por Fortress, Lar y la propia Sareb, que es quien adquiere realmente la cartera– cuando se notificó que había reservas hechas. La Sareb cifra en 135 estos casos, aunque el periódico ABC informó hace unos días que eran unos 300. De esos 135, 83 habían recibido una comunicación de Grupo Lar en la que se les informaba de que habían decidido “no atender su solicitud" y les ofrecían devolverles la señal pagada de 3.000 euros.
Como es lógico, los compradores no estaban dispuestos a ello, sino que pretendían seguir adelante con la compra de su vivienda después de pagar dicha señal, en vez de que les devolvieran su dinero. Según algunos medios, la marcha atrás de Fortress y Lar se debe a que pretendían subir los precios de estos inmuebles respecto a los que habían firmado los compradores. Desde la Sareb explican que, "aunque se obtiene mejor precio vendiendo las viviendas una a una, nosotros necesitamos hacer volumen, de ahí que prefiramos vender paquetes". Esto significa que el precio al que el fondo buitre y su socio han comprado estos pisos es inferior al que pagaban los compradores individuales. Y, aun así, esta diferencia les parecía poca, por lo que anularon las operaciones.
Ante la polvareda levantada por esta situación, la sociedad que ha aglutinado la exposicion inmobiliaria de la banca rescatada hizo ayer un comunicado en el que "garantiza que todas las personas que realizaron una reserva sobre alguna de las viviendas incluidas en esta cartera podrán completar la adquisición del inmueble al precio acordado".
El error se repite
El problema es que no es la primera vez que ocurre esto, sino que ya pasó con la operación Bull, la primera gran venta de inmuebles de la Sareb, cerrada en agosto. Entonces también se incluyeron pisos que tenían comprador que había pagado una señal, y la Sareb tuvo que hacer gestiones para que se garantizaran esas operaciones al precio acordado. Lógicamente, esto puede sembrar la duda entre los interesados en adquirir inmuebles del banco malo sobre la seguridad que tienen de que este cumplirá sus compromisos.
"El mensaje que se está lanzando es de una informalidad total. Si alguien está buscando piso y ve que es de Sareb, se lo va a pensar dos veces por si acaso se lo venden a otro por el camino y le suben el precio", opinan en una inmobiliaria. Otras fuentes señalan que estos problemas provienen de que la Sareb ha subcontratado muchas de sus labores, y no hay comunicación entre las empresas que se encargan de cada tarea ni una coordinación dentro del banco malo. Hay que recordar que, cuando las entidades rescatadas traspasaron sus inmuebles a la Sareb, inmediatamente subieron los precios que tenían anunciados porque el banco malo exigía un precio mínimo un 25% por encima del valor de traspaso. Luego dio marcha atrás ante el fracaso de esa política.
Repite el modelo de las cajas
Por otro lado, el modelo para colocar la cartera Teide, compuesta por inmuebles procedentes de Bankia y NCG Banco, es similar al del Bull e implica mucho riesgo para la Sareb porque se parece al de las cajas que acabaron quebradas: no vende los inmuebles, sino que crea un vehículo –el FAB, Fondo de Activos Bancarios– en el que participan la Sareb y el fondo, en el que se aparcan para venderlos posteriormente al comprador final. Son las plusvalías de esta venta las que se reparten entre el banco malo (que en este caso se queda con el 15% del vehículo, pero mantuvo el 49% en el Bull) y el inversor. De hecho, la participación del fondo suele estar financiada por el propio banco malo, con lo que sólo tiene que aportar un pequeño capital.
Esto es, la Sareb monta una sociedad a medias con el inversor y le da crédito para comprar los inmuebles. Si la operación sale bien, participa de los beneficios y maximiza la rentabilidad. Pero, si sale mal, sufre muchas más pérdidas, porque a las de su inversión tiene que sumar las del crédito concedido.
* El Confidencial - Eduardo Segovia - 5.2.14
Foto: Sareb, bloques viviendas - elconfidencial
Peñíscola basa su política urbanística en una norma aprobada en 1977
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La mayoría del urbanismo salvaje que ha ocurrido en toda la costa española se ha debido a unos Planes Generales municipales desfasados y que no han sido actualizados a su debido tiempo. Eso ha traído como consecuencia que muchas actuaciones urbanísticas, aparentemente legales, sean un abuso del territorio propias de épocas 'desarrollistas' absolutamente fuera de lugar en una época como la actual. Es lo que ha ocurrido en Peñíscola (Castellón), donde todavía siguen con un Plan General urbanístico de 1997 que, lamentablemente, ha permitido cientos de actuaciones 'ilegales' hoy día, que han arrasado con su paisaje de postal y de espacios protegidos. Disparatado asunto donde ha primado la especulación inmobiliaria antes que las necesidades reales de la población, el enriquecimiento ilícito privado antes que el beneficio público de sus habitantes.
"LEVANTE* : El pueblo de miles de casitas, hoteles y apartamentos. Peñíscola ha pasado en medio siglo de ser un pequeño pueblo pesquero y agrícola protegido por unas murallas, a convertirse en el quinto destino turístico de la Comunidad Valenciana. Desde que su imponente castillo dentro del mar se hiciera famoso gracias a algunas promociones publicitarias de los pioneros del urbanismo como la Inmobiliaria Mir, los proyectos urbanísticos no han parado, como los campings, hoteles, clubes náuticos o piscinas nacidos a partir de los años 60 del pasado siglo.
Julián Mir tenía una inmobiliaria en la calle Alcalá de Madrid, cerca del teatro Alcázar. Conoció Peñíscola, se enamoró de ella y buscó inversores para sus proyectos. Su idea era ordenar y urbanizar 4,5 millones de metros cuadrados en una franja de 12 kilómetros de fachada que ocupaba todo el tramo litoral desde la Ratlla de Benicarló, hasta Irta y Alcossebre. Hoy buena parte de esta zona está protegida como Parque Natural. En sus carteles publicitarios se vendía Peñíscola como el Capri español, donde encontrarían paz, sosiego, quietud y calma, además de tesoros de arte, historia y folclore.
La superproducción cinematográfica «El Cid» hizo el resto al proyectar la silueta y la excepcional belleza de Peñíscola al mundo. A partir de aquella época nace el desarrollismo de Peñíscola y el PGOU de 1977, que entró en vigor un año antes de que se aprobara la propia Constitución democrática española. De aquellos años datan la construcción de miles de viviendas en terrenos de Irta, que hoy estarían protegidos, y la construcción en el entorno del marjal peñiscolano y primera línea de mar.
Es imposible determinar donde acaba Benicarló y comienza Peñíscola. Estas conurbaciones se evitan hoy, al igual que la ocupación de las primeras líneas de costa. Se protegen las vistas al castillo o se evita la ocupación de núcleos aislados a partir de urbanizaciones o la presión sobre zonas húmedas, mientra que el actual PGOU de la localidad preveía calles sobre la zona húmeda.
Más de 60.000 plazas turísticas
Para bien o para mal, Peñíscola tiene a día de hoy unos 8.200 habitantes y 66.000 plazas turísticas, aunque en verano los habitantes reales pueden estar entre los 150.000 y 200.000. Peñíscola trata desde las indicaciones recibidas en el año 2000 de actualizar al nuevo marco legal su planeamiento.
El Documento de Referencia recientemente enviado por la Conselleria de Infraestructuras critica que «el PGOU vigente asume acríticamente las determinaciones del Plan General de 1960, orientado por postulados claramente desarrollistas y absolutamente insensibles con la caracterización ambiental del soporte territorial». La misiva de la Dirección General de Evaluación Ambiental insta al consistorio a corregir y mejorar estas cuestiones, incorporando un proceso de evaluación ambiental, un estudio de vivienda, analizar la capacidad de acogida del suelo que queda por desarrollar y no ocupar ni un metro más de suelo necesario.
El texto es muy contundente y le insta incluso a desclasificar suelo donde sea posible en las inmediaciones de zonas protegidas como Irta. La conselleria no ve sostenible un planeamiento que pasa de los 10 millones de metros cuadrados urbanizables a 23, a pesar que reduzca el suelo urbano en 1,4 millones de metros cuadrados.
El nuevo PGOU, que se está desarrollando desde 2000, dotaría a Peñíscola de 40.361 vecinos de forma permanente y a la localidad con 152.450 plazas, lo que la dejaría con una capacidad de 192.811. La nueva sensibilidad ambiental de las administraciones parece dispuesta, en Peñíscola, a atajar nuevos desarrollos aislados en les Talaies d'Alcalà, los PAI Alt del Fardatxo y Peñíscola Hills y a cargarse propuestas de golf-residencial que ocupan grandes extensiones. El urbanismo y las sentencias judiciales están lastrando las arcas municipales.
* Levante - JORDI MAURA - 21.1.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance ladrillo - levante
