Debido a la tardanza y debilidad de la acción judicial en este país, aun quedan innumerables casos de corrupción pendientes de ser investigados y sentenciados por los tribunales. En este blog se ha repetido incesantemente que poco se puede hacer en la lucha contra la corrupción urbanística si la justicia no toma medidas cautelares para evitarla o deja que las acusaciones de prevaricación política prescriban. Así se llega a este 2014 con sentencias recurridas por falta de dedicación o por excesiva politización judicial. Si a esto se unen los casos de corrupción pendientes en los tribunales, veremos un panorama bastante desolador.
"ELDIARIO* : Este año 2014 traerá una intensa actividad en los tribunales de justicia, como viene siendo habitual en los últimos años, en la que destacarán las investigaciones sobre los casos de corrupción, la estrella judicial que no se apaga. Madrid, con los casos Gürtel y Bárcenas, y Palma, con Nóos y el Palma Arena, tendrán en permanente conexión el foco de la actualidad, que también iluminará las novedades de las causas sobre los ERE fraudulentos de Sevilla y la trama de las ITV y el Palau de la Música de Barcelona.
CASO GÜRTEL (Madrid).- Investigación a una supuesta trama de corrupción ligada al PP, que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que en 2014 tratará de concluir su sucesor en el juzgado, Pablo Ruz, para llevar el caso a juicio.
Hay un centenar de imputados en la causa, entre los que destacan el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; el extesorero del PP Luis Bárcenas (que llegó a acumular 48,2 millones de euros en Suiza y que se encuentra en prisión desde el 27 de junio), y sus antecesor en ese cargo Ángel Sanchís ("depositario y custodio" del dinero de Bárcenas "expatriado desde Suiza").
CASO BÁRCENAS (Madrid).- Pieza separada del caso Gürtel, abierta por el juez Pablo Ruz en 2013 a raíz de la publicación de los llamados "papeles de Bárcenas" sobre una supuesta contabilidad B en el PP. Los documentos reflejan presuntas donaciones de empresarios y pago de sobresueldos a altos cargos del partido.
Hasta el momento hay 17 empresarios imputados, así como el propio Bárcenas y su antecesor en la tesorería del PP Álvaro Lapuerta, así como el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas; el exgerente del partido Cristóbal Páez y el arquitecto que realizó la reforma en la sede de la calle Génova, Gonzalo Urquijo.
También han declarado como testigos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores en el cargo Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, entre otros. El 19 de diciembre, Ruz envió a la policía a la sede nacional del PP, de donde se llevó cinco mil folios para la investigación.
CASO NÓOS (Baleares): Es una pieza separada del Palma Arena en la que se investigan desde 2010 varios presuntos delitos de corrupción por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos -que fue presidido por Iñaki Urdangarin, imputado en la causa, entre 2003 y 2006-, así como fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La investigación tiene su epicentro en Palma, pero cuenta con ramificaciones en Valencia, Barcelona y Madrid, donde hay decenas de imputados.
El juez José Castro ultima la instrucción y una de las últimas decisiones pendientes es si vuelve a imputar a la infanta Cristina para que declare, cuestión que resolverá previsiblemente en los primeros días de 2014.
PALMA ARENA (Baleares): Iniciado en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante la etapa de gobierno de Jaume Matas (PP) de 2003-2007, este caso ha derivado en 26 piezas distintas, entre ellas los casos Nóos y Over, de las que por ahora se han juzgado dos.
En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a 6 años de prisión por varios delitos de corrupción al beneficiar con dinero público a un periodista que le escribía los discursos, si bien el Tribunal Supremo redujo la pena a 9 meses al considerar que solo había cometido tráfico de influencias.
El pasado 8 de diciembre solicitó el indulto del Gobierno para evitar entrar en prisión, como había ordenado la Audiencia de Palma. En el segundo juicio, Matas ha sido condenado por un jurado a pagar 9.000 euros como autor de un delito de cohecho por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa 42.111 euros por un trabajo ficticio. Respecto al resto de piezas, la mayoría se están instruyendo.
ERE FRAUDULENTOS (Sevilla): El caso de los ERE falsos suma hasta ahora 133 imputados por la juez sevillana Mercedes Alaya entre "intrusos", mediadores y altos cargos de la Junta, aunque en noviembre las nuevas ramas abiertas por esta magistrada y su compañero Juan Gutiérrez Casillas se ampliaron a nueve empresas públicas andaluzas y los avales otorgados por casi todas las consejerías.
Alaya ha imputado hasta ahora a una treintena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, y el pasado 22 de noviembre dio un paso más al pedir al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz que certifiquen el aforamiento de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros de la Junta.
La magistrada ha extendido su investigación al sindicato UGT, ha imputado a varios de sus dirigentes por posibles irregularidades en las comisiones percibidas de los ERE, y ha abierto una nueva vía que investiga el desvío de fondos de formación para otros fines, hasta el punto de haber ordenado el registro de la sede regional de esta formación.
CASO PALAU (Barcelona): Cuatro años y medio después de abrirse la investigación por el expolio del Palau de la Música a manos de Fèlix Millet y Jordi Montull, el caso está casi listo para enviarse a juicio: la Fiscalía pide 27 años para los saqueadores confesos y siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar.
El fiscal plantea además el comiso de 6,6 millones a la formación nacionalista por las comisiones ilegales que cree que recibió de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública, mientras la acusación particular ejercida por el Palau se ha cebado en Millet, para el que pide 81 años de cárcel, sin acusar a CDC del expolio.
También el caso de las irregularidades urbanísticas por la construcción del fallido Hotel del Palau de la Música está a las puertas de juicio, que se iniciará en febrero próximo contra Millet y Montull y la antigua cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
CASO ITV (Barcelona): La presunta trama de empresarios y cargos públicos que intentaba amañar el mapa de estaciones de ITV en Cataluña ha comportado este año la imputación por tráfico de influencias del diputado de CDC Oriol Pujol, al que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera "vértice" entre las dos ramas de la presunta red corrupta.
La imputación de Pujol por el caso de las ITV, que sigue en instrucción, le ha costado su cargo de secretario general de CDC, funciones que ha delegado temporalmente, aunque sin renunciar a su escaño de diputado en el Parlament.
OPERACIÓN CAMPEÓN (Lugo): Tras más de dos años de diligencias, la operación Campeón, en la cual se investiga la existencia de una supuesta trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, con el empresario lucense Jorge Dorribo -propietario de la farmacéutica Nupel- en el epicentro de las pesquisas, podría quedar definitivamente concluida antes de marzo.
Aunque el fiscal ha solicitado la práctica de nuevas diligencias en la causa, en cuyo sumario figuran más de medio centenar de imputados, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, está ya resolviendo los recursos que presentaron los abogados defensores para solicitar el sobreseimiento del proceso tras el cierre inicial de la fase de instrucción.
OPERACIÓN POKEMON (Lugo): La jueza del llamado caso Pokemon, Pilar de Lara, informó en su última resolución de que el secreto de sumario, después de casi año y medio de reserva sobre las actuaciones, podría quedar levantado "de forma parcial" antes del próximo 11 de enero, de forma que casi medio centenar de imputados, en las nueve piezas en las que ha sido dividida la causa principal, podrán conocer los hechos que les atribuye la instructora.
Esta operación investiga la existencia de varias tramas en distintas administraciones, en Galicia, Asturias y Cataluña, para hacerse con contratos y concesiones públicas a base de sobornos a los responsables políticos y en el sumario figuran como imputados los alcaldes de Santiago de Compostela, Lugo y O Carballiño, así como los antiguos regidores de Ourense y Boqueixón.
* El Diario - EFE - 31.12.13
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
La corrupción, la estrella judicial que no se apaga
Imputado el alcalde de Torremolinos por presunta prevaricación urbanística
Torremolinos es una población muy cercana a Málaga capital y con un término municipal pequeño casi totalmente construido desde hace bastantes años. Por lo tanto se ha mantenido un poco al margen del boom inmobiliario de los últimos tiempos. No obstante aún queda espacio para pelotazos urbanísticos como este caso del Plan del Campo de golf, redactado hace 9 años (nueve) bajo el mandato del alcalde 'popular' P.Fernández. Este tema de corrupción urbanística ha supuesto un perjuicio patrimonial para el ayuntamiento de más de 15 millones. Ahora solo queda esperar que la justicia sea más diligente y efectiva.
"ELDIARIO* : El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández (PP), ha sido imputado por la posible comisión de delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental, entre otros, y declarará ante el Juzgado de Instrucción nº4 de la localidad el próximo 5 de marzo. El procedimiento había sido archivado por este órgano judicial y fue reabierto en junio del año pasado por orden de la Audiencia Provincial de Málaga, que ordenó continuar investigando los hechos denunciados. En la causa se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la venta de terrenos integrados en el plan parcial Campo de Golf de la ciudad de la Costa del Sol. Según el escrito de denuncia, la transmisión irregular de esos terrenos habría supuesto un perjuicio patrimonial para el consistorio de más de 15 millones de euros.
Los hechos datan del año 2005 y actuaciones posteriores de reparcelación del año 2008, según recoge la resolución de la Audiencia Provincial, emitida el 28 de junio. El juzgado de instrucción investiga la venta directa y, por tanto, sin concurso público, del 10% del aprovechamiento urbanístico en el sector R.1.10 del Plan Parcial de Ordenación del municipio. Según la denuncia interpuesta en su día, la superficie vendida asciende a 12.886 metros cuadrados, todo el suelo del que era propietario el Ayuntamiento en el sector.
En la denuncia se considera que la venta, que se formalizó el 4 de enero de 2005, debió realizarse mediante concurso público, por tratarse de un bien patrimonial municipal. Según el denunciante, el precio de la venta fue de 653,08 euros el metro cuadrado; en 2008, el proyecto de reparcelación definitivo aprobado por el Ayuntamiento estableció que el precio es de 1.679,85 euros. "La pérdida para las arcas municipales es de 15,347 millones de euros", asegura la representación jurídica de la acusación.
Fuentes del Consistorio aseguran que "todo se hizo de acuerdo con la Ley, con los preceptivos Informes de los Técnicos Municipales, que son los que por Ley deben hacer las valoraciones de los terrenos", y sugieren que se fue más allá de lo legalmente prescrito: "Se hizo algo inusual, como fue ratificar la valoración mediante la tasación de dichos terrenos por una de las dos empresas más solventes de España en esta materia, Tasaciones Hipotecarias S.A.".
Venta autorizada por el alcalde, según la denuncia
La denuncia explica que las tres sociedades mercantiles que adquirieron la parcela (Promociones y Proyectos Inmobiliarios Mijas, S.A., la Leala Norte, S.L. y P.Q. Suquined S. L.) vendieron el mismo día 3.500 metros cuadrados a Construcciones Reyal S.A.U. (actualmente Reyal Urbis, hoy en concurso de acreedores). Siempre según este documento, la venta inicial (del Ayuntamiento a las tres adquirentes) se fraccionó en dos contratos (por 3.094 metros cuadrados y por 9.672 metros cuadrados), lo que sirvió, explica el abogado del denunciante, para "modificar el órgano competente para la contratación": en lugar de por el Pleno, fue autorizada por el alcalde.
Los contratos fueron ratificados por el Pleno en marzo y en mayo de 2005, pero ya en abril (un mes antes de la autorización del Pleno de la segunda venta) se elevó a escritura pública el contrato de cesión de suelo entre las compradoras originales y Reyal Urbis, incorporando una certificación del Pleno datada en marzo. Esto da pie a que los denunciantes interpreten que o bien se incorporó una certificación falsa, o bien la escritura pública es falsa. Por eso, el juzgado también ha ordenado a la notaría que remita una copia de la escritura pública. Según la denuncia, Luis Miguel Salguero Gómez era representante de dos de las empresas compradoras, presidente de la Junta de Compensación del sector y trabajador de la notaría en la que se formalizó la escritura pública.
Pedro Fernández es alcalde de Torremolinos desde 1995. En 2011 revalidó la mayoría absoluta y desde entonces gobierna con el apoyo de 17 de los 25 concejales. El juez le cita a declarar "en calidad de imputado" mediante una providencia fechada el 18 de diciembre, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. Fuentes del ayuntamiento insisten en que la denuncia ya fue archivada en dos ocasiones: el 21 de diciembre de 2011 por la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, y el 24 de abril de 2012 por el Juzgado que ahora cita a declarar al alcalde.
Sin embargo, la Audiencia ordenó el 28 de junio de 2013 la reapertura las diligencias. Se investigarán, por tanto, la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental, "sin perjuicio de una ulterior concreción, a la vista de los posibles escritos de acusación, por otros tipos penales (blanqueo, etc)", según dispone la resolución de la Audiencia Provincial. La decisión de archivar la causa, adoptada por el juzgado de instrucción, había sido apoyada por la Fiscalía, que se opuso (mediante informes de 10 de octubre de 2012 y de 2 de marzo de 2013) a la reapertura del procedimiento.
* El Diario - Néstor Cenizo - 8.1.14
Foto: Torremolinos, ayuntamiento - centroasturiano
Los sobrecostes en las obras que 'sablearon' a los ciudadanos
Uno de los temas que caracterizan a las empresas constructoras de este país es el sobrecoste que ocurre en todas las obras públicas, algo claramente desproporcionado y en el que hay que contar también con los políticos de las distintas administraciones que lo permiten (con comisiones). Este hecho atípico consiste en pujar a la baja en los concursos de adjudicaciones para, una vez ganado, aumentar desorbitadamente el presupuesto inicial. Lo que se consigue es un efecto perverso ya que, finalmente, son las administraciones las que deben soportar esta desviación por debajo de coste y, por ende, son los propios ciudadanos los paganos últimos de este delito público consentido y no penalizado política ni judicialmente.
"ELCONFIDENCIAL* : Los modificados de los contratos son un invento puramente español. Han permitido el engorde premeditado de todas las grandes constructoras del país, no sin la colaboración imprescindible de la clase política. Y con los contribuyentes como únicos pagadores de la fiesta. Lo que pide Sacyr en Panamá no es nada extraño para la constructora. Es lo que esta empresa y el resto del colegas del mercado llevan décadas haciendo. Y la amenaza de paralizar las obras del canal y convertir su concurso-trampa en un problema político es su chantaje habitual, pensado para que los cargos electos se avengan a soltar dinero público. Sin límites.
Sólo en los últimos diez años, las constructoras han conseguido modificados al alza (nunca a la baja, curiosamente) superiores al 500%, como en la T4 de Barajas o en la Línea 9 del Metro de Barcelona. Y no se conoce el caso de ningún cargo político que haya presentado su dimisión por autorizar el pago de esos errores de cálculo. A lo peor se cierran con un informe intrascendente del Tribunal de Cuentas.
Aquí van algunos de los ejemplos más emblemáticos, pero los vericuetos de la administración territorial encierran muchos más casos.
Ágora de la Ciudad de las Artes y la Ciencia - Valencia
En la Ciudad de las Artes y las Ciencias se concentra la delectación que provocan en los políticos los proyectos faraónicos con uno de los mayores expertos en satisfacer esos deseos, el arquitecto Santiago Calatrava. Las obras se adjudicaron por 308 millones de euros, pero el coste total supera los 1.300 millones. Sólo uno de los edificios del complejo, el Ágora, que está a medio terminar, acumula ya un sobre coste de 40 millones de euros. Salió a concurso por 41,3 millones de euros pero ya ha absorbido más de 80 millones de euros del erario público.
Expo de Zaragoza 2008
Debía catapultar a Zaragoza a la élite de las grandes ciudades mundiales, pero sus problemas comenzaron muy pronto. El conocido como Pabellón Puente (en la foto) costó 88 millones de euros, más del doble de lo presupuestado. La Torre del Agua iba a costar 40 millones pero terminó valiendo 53 millones y el Palacio de Congresos ascendía en un principio a 54 millones de euros pero acabó saliendo por 82 millones de euros. Los dirigentes aragoneses aseguraron que el evento había sido un auténtico éxito.
AVE Madrid - Barcelona
Las obras arrancaron en enero de 2002 con un presupuesto inicial de 6.822 millones de euros, pero cuando el servicio entró en funcionamiento en 2008, el coste total se había elevado hasta los 8.966 millones de euros, un 31,4% más. El Tribunal de Cuentas concluyó que la desviación fue fruto de “modificaciones de los contratos, de las obras complementarias y de emergencia, a las revisiones de precios y a las liquidaciones adicionales”.
Variante de Pajares
Las obras que deben llevar el AVE hasta el Principado de Asturias arrancaron en 2004. El encargado de poner la primera dovela fue el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos. Aseguró que las obras costarían 1.858 millones de euros. Pero desde entonces, el Estado ya se ha gastado 3.550 millones. Es decir, que el sobre coste supera los 1.600 millones de euros, y a las obras aún le quedan dos años para concluir.
Ciudad de la cultura de Santiago de Compostela
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha decidido anular la construcción de la segunda fase del mastodóntico proyecto concebido por Manuel Fraga en 1999. De los seis edificios proyectados en un principio sólo han sido construidos cuatro y los otros dos han aplazados para siempre. No es de extrañar, teniendo en cuenta el gasto que ha supuesto la Ciudad de la Cultura. En principio, el complejo iba a costar 108 millones de euros. Sin embargo, la Xunta se ha gastado en cuatro de sus edificios más de 400 millones de euros, un sobre coste cercano al 300%.
Terminal 4 del aeropuerto de Barajas
Los planes iniciales de Aena, en 1997, contemplaban un gasto de 240 millones de euros. Dos años después se introdujeron modificaciones en el proyecto que elevaron su presupuesto hasta los 1.033 millones de euros. Sin embargo, en 2004, el Estado ya se había gastado en la infraestructura más de 4.500 millones de euros. Finalmente, cuando la obra fue inaugurado en 2006 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la T4 de Barajas había chupado 6.200 millones de euros de las arcas públicas.
M - 30 de Madrid
Es la obra por la que será recordado Alberto Ruiz Gallardón, el exalcalde de la capital y actual ministro de Justicia. Las obras arrancaron en 2004 con un gasto previsto de 1.700 millones de euros, aunque pronto se elevó el importe de las adjudicaciones por encima de 3.000 millones. En 2008, la licitación se cerró por 4.250 millones de euros. Sin embargo, el PP ha reconocido que el proyecto ha acabado costando a los madrileños más de 5.600 millones de euros. El PSOE suma a ese importe los intereses que el Consistorio deberá pagar hasta 2040 para sufragar el crédito con el que se financió. En total, según los socialistas, los habitantes de la capital deberán pagar de su bolsillo 10.406 millones de euros.
Reforma del Palacio de Correos de Madrid
Ruiz Gallardón decidió trasladar la sede del Ayuntamiento de Madrid al antiguo Palacio de Correos de la Plaza de Cibeles. El traslado implicó la cesión al Estado de suelo municipal a cambio de la titularidad del inmueble, pero el proyecto obligó al Consistorio a realizar unas obras de actualización que se excedieron de las previsiones iniciales. Los 40 millones de euros que el Ayuntamiento previó para el capítulo de obras terminaron superando la cifra de 120 millones de euros. En total, el cambio de sede salió a los madrileños por más de 530 millones de euros.
Línea 9 del Metro de Barcelona
Se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza de la Generalitat. Arrancó como el proyecto estrella del tripartido en 2003 con un presupuesto inicial de 2.500 millones de euros. Sus 47,8 kilómetros de vías debían unir Badalona con el aeropuerto de El Prat. En total, 39 estaciones para la que iba a ser la línea de metro más larga del mundo. En la actualidad sólo hay nueve paradas de la línea operativas y el coste del proyecto se ha disparado ya hasta los 16.000 millones de euros, es decir, un 540% más de lo previsto inicialmente. Se cree que las obras no estarán completamente terminadas, al menos, hasta 2016.
Plataforma de almacén de gas del Proyecto Castor
El almacén de gas Natural Castor, situado a 20 kilómetros de la costa de Vinarós,se proyectó en 2007. El BOE de 17 de septiembre de 2008 recogió su coste definitivo, una vez aplicadas las autorizaciones administrativas y ambientales: 1.289 millones de euros, el doble de los 600 presupuestados. Aunque la plataforma esté activa, todavía queda por decidir quién pagará los 1.700 millones de euros necesarios para su cierre. El Ministerio de Industria ha acudido al Tribunal Supremo para saber si esa cantidad tiene que salir de las arcas públicas o de la constructora, ACS.
Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias
La construcción de este hospital arrancó en junio de 2005. El proyecto se adjudicó a un consorcio formado por Sacyr, Sánchez y Lago y la Constructora San José, gracias a un presupuesto inicial de 205 millones de euros. El pasar del tiempo elevó la cifra hasta 296 millones y su apertura, prevista para enero de 2013, ha sido aplazada a 2014. El retraso se debió a dos sobrecostes y para financiarlo el Gobierno recurrió a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a 72 millones del Gobierno central. El contrato de arrendamiento se extiende hasta 2036 e incluye 1.588 millones que, según el gobierno local, pagarán “el gasto corriente de funcionamiento”.
Palacio de Congresos de Buenavista, Oviedo
Esta mastodóntica mole blanca que irrumpe el skyline de Oviedo, fue aprobado con un proyecto de 76 millones de euros en 2004. Sin embargo, el edificio de Santiago Calatrava ha llegado a costar 5 veces más, 360 millones de euros. La estimación ha sido certificada por los peritos de la batalla judicial en curso en el Juzgado número 10 de Oviedo. El arquitecto y la promotora, Jovellanos XXI, se demandan mutuamente por impago de honorarios e incumplimiento del contrato. La quiebra de la promotora, en 2013, pone sobre la mesa la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que hacerse cargo de la obra.
Centro Acuático de Madrid
118.000 metros cuadrados de superficie y aforo para 15.000 espectadores. Estas habrían tenido que ser las medidas del Centro Acuático de Madrid (en la foto, el proyecto), una idea planteada por la candidatura de la Ciudad Olímpica en 2000. Catorce años después, de un proyecto de 36,7 millones de euros se ha llegado al 70% de una obra que cuesta a los madrileños 193 millones de euros. Pese a que había sido planteado por unas Olimpiadas, una de las modificaciones se justificó con la necesidad de adaptarlo a las medidas olímpicas. Madridec, la empresa que lo gestionaba, ha quebrado en 2013.
Las 'setas' de Sevilla
Las setas de la Encarnación, como se conoce popularmente el Metropol Parasol, fueron recientemente elegidas como finalistas del Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe, uno de los más prestigiosos del sector. A su sombra, sin embargo, se esconde un sobreprecio de más del 50%. La obra del arquitecto alemán Jürgen Mayer fue presupuestada en 51,2 millones de euros. En 2011, año de su inauguración (cuatro más tarde de la fecha prevista), se desveló su precio final: al menos 96 millones de euros. De un primer sobrecoste se hicieron cargo a medias el Ayuntamiento local y Sacyr, empresa constructora de la obra, mientras que los aumentos posteriores corrieron a cargo de las arcas locales.
Tranvía de Parla
La moda de los tranvías no se quedó en Jaén. En la localidad madrileña de Parla ese medio de transporte ha llegado a suponer 260 millones de euros para las arcas públicas, el triple de lo presupuestado en su adjudicación. El importe habrá de pagarse, según estableció el Pleno local, a lo largo de 30 años. El principal accionista de Tranvía Parla, S.A. es Globalvía Infraestructuras, creada en 2007 por FCC y la entonces Caja Madrid, hoy Bankia.
Velódromo Palma Arena
El velódromo de Palma ya está en boca de todos, aunque su nombre se asocie más a uno de los mayores procesos de corrupción abiertos en España. En verano de 2007, el Govern Balear realizó una auditoría del pabellón deportivo construido durante la legislatura de Jaume Matas (2003 – 2007), por el elevado sobrecoste que había supuesto: 110 millones de euros, el doble de los presupuestado. De ahí salieron las sospechas de desvío de fondos públicos que dieron lugar a las primeras acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de una reclamación de pago de 35 millones de euros que remitió el nuevo Govern.
Auditorio y Palacio de Congresos de Cartagena
Las obras fueron realizadas por empresas cercanas al antiguo alcalde, el socialista José Antonio Alonso, y las autorizó la actual regidora, Pilar Barreiro, del Partido Popular. Todo quedó en casa, también los modificados. El presupuesto inicial de la obra era de 20 millones de euros, pero terminó suponiendo a las arcas municipales 65: un sobrecoste superior al 200%. El problema fue un error de cálculo de los técnicos. Se les olvidó que el solar escogido para su edificación estaba a 25 metros del mar, una salvedad que provocó numerosas filtraciones y sigue obligando a achicar agua de los bajos de la infraestructura.
* El Confidencial - José María Olmo Daniele Grasso - 5.1.14
Foto: Santiago de Compostela, Cidade da Cultura (archivo) - elpais
El Consell autoriza el PAI con el que la Gürtel intentó blanquear dinero de la visita del Papa
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"ELMUNDO* : La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó el pasado 12 de diciembre el proyecto de homologación modificativa y plan parcial l'Algar de La Nucía, que contempla la construcción de 2.200 viviendas y un campo de golf. Se da la circunstancia de que ese proyecto urbanístico ya fue anulado por el TSJ y el Supremo, que sobre él intentaron dar un pelotazo los integrantes de la red Gürtel con el posible blanqueo de fondos procedentes de las adjudicaciones obtenidas con la visita del Papa en Valencia, allá por 2006, y que los informes hídricos que avalan la aprobación están bajo sospecha porque hay un edil del PP denunciado por falsear la documentación.
Alega ahora la Comisión Territorial de Urbanismo que el acuerdo impugnado y anulado por el TSJ y el TS era el que se produjo el 20 de noviembre de 2006, pero que las sentencias nada dicen del otro acuerdo, fechado el 13 de diciembre de 2005, y que, por lo tanto, el plan estaría vigente «porque así lo considera el Ayuntamiento de La Nucía».
En ese acuerdo, el de 2005, se supeditaba la aprobación del plan a la subsanción de la falta de recursos hídricos. Entonces lo que ha hecho el organismo es mantener la tramitación del PAI original, pese a las sentencias, y dar por bueno un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar presentado posteriormente, con fecha 21 de noviembre de 2012 en el que se recoge que el municipio dispone de caudales suficientes para abastecer las nuevas viviendas proyectadas.
En su momento, tanto el TSJ como el Supremo anularon el plan porque no existía ese informe que era preceptivo y vinculante. Por esta razón, ahora la Generalitat considera que el plan ha salvado los escollos hídricos y por tanto puede autorizarse y someterse a exposición pública.
Entre la primera tramitación anulada y la segunda aprobada está la denuncia presentada contra el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, por los regantes. El edil está denunciado por falsedad documental al haberse atribuido la condición de presidente de la Comunidad de Regantes y remitir un escrito a la CHJ en el que desistía de un intento de los regantes de controlar todo el agua del acuífero de Les Rotes.
Con esta maniobra, el ayuntamiento nuciero consiguió mantenía su 25% sobre los recursos de ese pozo y podía justificar ante la propia Confederación de que disponía de recursos hídricos suficientes para el agua necesaria para los tres grandes planes urbanísticos de La Nucía: L'Algar; La Serreta y Pie de Monte.
Los regantes tuvieron conocimiento después del escrito de desistimiento a posteriori y lo denunciaron. La denuncia sigue ahora su curso en los juzgados. Otro edil, el de Agricultura, está denunciado por coacciones.
LA POLICÍA VINCULÓ A CANO CON CORREA
Cuando saltó el caso 'Gurtel', las primeras grabaciones que salieron a la luz pública eran las del cabecilla de la red hablando de un posible pelotazo en un PAI de La Nucía. Se refereía al de Pie Monte, que la trama quería adquirir. Pero no fue el único. El de l'Algar también despertó las sospechas de la Udef de la Policía Nacional.
Como ya publicó EL MUNDO, l'Algar también es motivo de un extenso análisis por parte de los investigadores, quienes sostienen que también existe una conexión entre Correa y el alcalde del municipio, Bernabé Cano. «Cabe deducir que Bernabé Cano habría participado junto con la organización de Francisco Correa en la recalificación de la finca de 12.000 metros cuadrados adquirida por Castaño Corporate».
Según la investigación, se compró como terreno rústico pero con la finalidad de que desde el Ayuntamiento se convirtiese en urbanizable. Eso reportaría unos beneficios de casi dos millones de euros. «Si no fuera así no podría entenderse la compra de un terreno tan yermo». La trama corrupta lo compró por 756.240 euros. Se desconoce quienes son los actuales propietarios, sobre todo, ahora que adquirirá la condición de urbanizable.
Por último, en sus informes la Policía alude al PAI La Serreta, otra de las iniciativas urbanística polémicas de La Nucía. La Policía plasma que «no existe participación constatada de Correa que lo vincule a Cano». No obstante, añade: «Aunque cabe decir que la urbanización de este PAI fue adjudicada a la sociedad Cases del Pinar SL en la que figuran como miembros del órgano de administración Antonio Rocamora y Gerardo Martínez», dos personas que según la Policía, participan también junto a Cano en Pie Monte «y son utilizadas por la organización como pantalla tras la cual acceder a la sociedad Montemar La Nucía SL». Antonio Rocamora y Gerardo Martínez fueron los empresarios que adquirieron unos terrenos a la familia de Cano, según admitió el mismo primer edil cuando se investigó su patrimonio.
* El Mundo - 23.12.13
Foto: Terrenos en los que se ha autorizado el PAI en el término de La Nucía, en Alicante. LARS TER MEULEN
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La Policía cerca al ex-número dos del PNV en Álava por el 'pelotazo' de Zambrana
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"ELMUNDO* : La Policía, en su esperado informe sobre el 'caso De Miguel', señala la existencia de claras irregularidades en la contabilidad de la trama de empresas del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y de su amigo y socio Josu Arruti relacionadas con el 'pelotazo' urbanístico de Zambrana (Álava), un proyecto por el que De Miguel cobró mediante testaferros de los promotores catalanes (Riera) mientras lo impulsaba desde distintas responsabilidades públicas, entre ellas la de diputado alavés del área de Urbanismo (denominada Administración Local y Equilibrio Territorial). Estas irregularidades vendrían a reforzar la hipótesis del juez instructor del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, y del fiscal, Josu Izaguirre, que intuyen desde que este sumario se abrió hace ya cuatro años que estas mercantiles actuaron como tapadera para el cobro de comisiones ilegales y el blanqueo de capitales.
En total -los especialistas en delitos económicos de la Ertzaintza no aportan una cuantificación general- Riera y sus filiales (Enginergy, Prograig, SSDA, ...) abonaron una cantidad próximas a los dos millones de euros a sociedades de la órbita de De Miguel y Arruti. Este último, militante del PNV, fue el elegido por De Miguel para captar inversores para Zambrana mediante su empresa Sidepur y, como el político, está imputado en la causa. También lo está su padre, Jesús Arruti, que sacó de las cuentas de Sidepur 600.000 euros en efectivo en operaciones en cajeros o ventanilla casi diarias, hechos que apuntan a blanqueo de capitales pero sobre los que la Policía no tiene elementos para pronunciarse.
Lo que sí es claro es que Kataia Consulting, la asesoría desde la que De Miguel -a través de su mujer, con su hermana como contable y con la suegra como 'trabajadora'- tutelaba los múltiples negocios privados en los que estaba embarcado -algo ilegal para un cargo público a la luz de la Ley de Incompatibilidades- se llevó de los promotores catalanes un 'pellizco' de 180.000 euros. Además, el padre de Arruti ingresó 18.000 más en una cuenta a nombre de De Miguel que éste compartía con otros dirigentes del PNV alavés como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también imputados. Se desconoce a qué se correspondía este pago.
En principio, todos los ingresos de Riera y sus empresas asociadas -el personaje clave es Francesc Fernández, administrador de todas ellas- se justificaban por gestiones encargadas a Sidepur u otras empresas afines (en las que trabajan la hermana de Arruti y su marido o la esposa de De Miguel). Pero la Policía ha constatado en varias ocasiones que no hay soporte documental que justifique esos pagos elevadísimos. Un ejemplo de una de las supuestas transacciones comerciales: "Sobre las otras tres facturas no se reportan trabajos, por lo que se desconoce el trabajo concreto por el cual se realizó el pago a SIDEPUR S.L de 155.820 euros". Asimismo, el informe de la Ertzaintza reseña que estas empresas, en su mayoría, tenían muy poca actividad más allá de los cobros de Riera. Es más, según ha averiguado, Sidepur, que teóricamente elaboró informes técnicos sobre Zambrana con unos honorarios superiores al millón de euros, no tenía más que una trabajadora en nómina, la hermana de Arruti.
Los Arruti -y De Miguel- han argumentado que todos los pagos de Riera a este conglomerado de empresas están perfectamente justificados. Una buena parte corresponderían a informes técnicos, labores de asesoramiento, ... Si esos documentos no aparecen es -alegan- porque se inundó el almacén de Arruti en el que se guardaban. Han aportado la indemnización que les concedió una conocida aseguradora para probar esta coartada. Además, los pagos que no responden a encargos de Riera son préstamos. Es decir, que Riera les ingresaba el dinero pero que tenían que devolver esas cantidades.
La Policía sospecha de esta segunda coartada porque algunas de las empresas que cobraban no tenían mayor actividad. "No se entiende qué necesidades de tesorería puede tener una empresa que se declara en Hacienda inactiva. Y, ¿qué fianza ofrece para devolver el préstamo?", repite en dos ocasiones en su informe la Ertzaintza. Además, ya antes este periódico informó de que uno de esos 'préstamos' de Riera, con el que De Miguel, los Arruti y otros imputados compraron terreno en la zona de expansión urbana de Frúniz, nunca fue elevado a escritura pública. Es decir, no hay pruebas de que los justificantes de la transferencia no se hicieran 'a posteriori' para tapar ante el juez un pago por otro motivo.
Otra clave que agranda las sospechas sobre las operaciones vinculadas con Zambrana y Riera es que, como en el resto de negocios en los que la Policía ha descubierto ya el pago de comisiones, De Miguel las tenía registradas en unas carpetas que le fueron decomisadas en 2010, cuando fue arrestado -ahora está en libertad con cargos-. Esas anotaciones llegan a niveles de detalle extremos ("Martes, Josu Arruti -> Ayuntamiento"; "Reunión 21 octubre Txaber/Josu Arruti"), lo que apunta a que el político estuvo desde el inicio en la cocina del proyecto de Zambrana, que luego quedó en nada porque la recalificación y el polígono industrial que querían construir estaban planificados sobre terreno inundable ante eventuales crecidas del cercano río Ebro.
Fuentes judiciales consultadas por este periódico lamentan que el informe -encargado hace más de un año- sea menos concluyente de lo esperado. De hecho, y a diferencia del emitido en 2011, la Policía no es contundente al calificar o no como delictivos los hechos investigados excepto en el caso de algunas operaciones de los Arruti. Ahí sí, apoyándose en informes de Hacienda, aprecia indicios claros de delitos fiscales.
* El Mundo - IKER RIOJA ANDUEZA - 28.12.13
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos
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El tráfico en las vías de peaje cae por séptimo año consecutivo
Lo que ya se ha repetido frecuentemente en este blog se sigue demostrando con cifras inapelables. La enorme red de autopistas de peaje es un error mayúsculo de las distintas administraciones, con el beneplácito de ciertos políticos despilfarradores que al final se han ido de rositas. Era impensable para este país semejante derroche en autopistas (como con el AVE) que los estudios independientes ya vaticinaban como de tráfico insuficiente. Así ha ocurrido con bastantes ejemplos, que se han hecho más por pura especulación política que por necesidades de la población. La justicia y otros organismos de control, deberían haber intervenido también, para paralizar cautelarmente y penalizar después a los implicados en este despilfarro delictivo.
"ELPAÍS* : La red de autopistas de peaje concluirá 2013 con una media de 16.000 usuarios diarios, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al ejercicio anterior, que retrotrae el volumen de tráfico de estas vías a niveles similares a los de finales de década de los noventa, según datos del Ministerio de Fomento con datos cerrados al mes de noviembre. Las autopistas encadenarán así siete ejercicios consecutivos de pérdida de usuarios en los que acumulan una contracción del 33% desde el máximo de 23.900 vehículos diarios que registraron en 2006.
En estos años, la red de vías de pago ha crecido en un 7,4%, con la puesta en servicio de 177 nuevos kilómetros, de forma que actualmente presenta una longitud de 2.560 kilómetros. A cierre de noviembre esta red de autopistas presentaba una intensidad media diaria de 16.073 usuarios, un 5,21% menos que un año antes.
Los precios no ayudan. Pese a la escasa ocupación el próximo 1 de enero se hará efectiva una nueva subida del 1,85% del precio del peaje de todas las autopistas que dependen de la Administración General del Estado. En cuanto a la evolución de los tráficos, fuentes del sector atribuyen la caída al descenso de la movilidad derivado de la crisis y a la mejora en las condiciones de circulación por las vías libres de pago directo.
No obstante, detectan en los últimos meses una tendencia a la ralentización de las disminuciones que apunta a una posible estabilización en 2014. Por el momento, todas las autopistas registraban pérdida de usuarios salvo cuatro: dos tramos de la AP-7 (Montmeló-La Junquera y Alicante-Cartagena), la AP-51 Avila-Villacastín y la AP-53 Santiago-Alto de Santo Domingo.
Del lado de las caídas, las más acusadas se localizan en las diez vías que actualmente están en riesgo de quiebra y que son susceptibles de conformar la nueva sociedad pública de autopistas. En concreto, la AP-41 Madrid-Toledo contabilizó una media de 962 usuarios diarios en los once primeros meses del año, un 35,4% menos que en 2012, mientras que la radial R-2 Madrid-Guadalajara sumó 4.600 vehículos al día, un 23,7% menos. La R-3 Madrid-Arganda registró 9.475 tránsitos diarios (-8,8%); la R-5 Madrid-Navalcarnero 6.742 vehículos (-16,6%) y la R-4 Madrid-Ocaña, 4.729 (-15,8%). Asimismo, la autopista Eje Aeropuerto, que une Madrid y Barajas, se quedó en 17.985 usuarios (-2,5%); la AP-36 Ocaña-La Roda, 2876 vehículos un 10,3% (-10,3%); la AP-7 Cartagena-Vera registró 2.832 usuarios (-4,7%) y la Circunvalación de Alicante, alcanzó los 5.428 usuarios (-7,6%).
* El País - 29.12.13
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
La PAH insta a los ayuntamientos a sancionar a los bancos que acumulen viviendas vacías
La salvaje burbuja inmobiliaria vivida en los últimos 15 años ha traído como resultado el que los bancos sean los mayores propietarios de viviendas, por desahucios 'ilegales' de los propietarios o inquilinos que no han podido hacer frente al altísimo coste irreal de las hipotecas. La Plataforma ciudadana PAH, solo en 2013, ha llegado a 200 núcleos en todo el Estado, parando casi 1.000 desahucios y recuperando 15 edificios, donde se ha alojado a cerca de 800 personas, algo loable dados los escasos medios con los que cuenta frente a unas administraciones poderosas y ciegas ante los abusos hipotecarios de los bancos.
"LAMAREA* : El último día de 2013, el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) firmó la resolución que impone sanciones económicas de 5.000 euros a tres bancos por mantener pisos vacíos durante más de dos años. Se trata de unas primeras multas que, en caso de que las entidades sancionadas no pongan las viviendas en alquiler, podrían llegar hasta los 500.000 euros. Con el objetivo de que el resto de ayuntamientos tomen medidas similares, la PAH pondrá en marcha este mes una campaña con la que pretende presionar a los consistorios para que sancionen a las entidades financieras que acumulen pisos vacíos, con el objetivo que cedan estos pisos al parque público de alquiler social o los pongan en alquiler.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Terrassa llevaba meses reclamando la imposición de estas sanciones, previstas en la Ley de Vivienda de Cataluña. “El ayuntamiento dio un primer paso que fue abrir 725 expedientes sancionadores, pero teníamos miedo de que fuese de cara a la galería, y que los procesos sancionadores se fuesen alargando en el tiempo con reclamaciones por parte de los bancos, y no se aplicasen las sanciones. Presionamos para que se pusieran multas ya antes de que se acabase este año, como prueba de que el proceso seguía adelante”, explica Xavier Martínez, portavoz de la PAH de Terrassa.
Conseguir la implicación de los ayuntamientos no ha resultado una tarea sencilla para la Plataforma. “Siempre se habían escudado en que no tenían competencias en temas de vivienda”, asegura Martínez. Tras mantener varias reuniones con representantes de la administración local, “nos consta que se reunieron con bancos para pedirles de buena voluntad que pusieran estos pisos en alquiler social o en la bolsa de vivienda, pero ya les dijimos que la buena voluntad con los bancos no funcionaría, y hemos seguido presionando públicamente”, relata.
Este activista de la PAH considera las tres primeras multas como “un paso importante”, aunque no suficiente. “Son multas simbólicas, seguiremos de cerca el proceso para que estos expedientes continúen adelante y los cerca de 5.000 pisos vacíos que hay en Terrassa en manos de bancos se pongan en alquiler social. Y si no, que los bancos sean sancionados”.
Aplicación de la legislación catalana
La Plataforma ha elaborado una moción tipo para que se presente en los ayuntamientos, basada en la legislación catalana en materia de vivienda. Concretamente en la Ley 18/2007, que en su artículo 41 establece como utilización anómala de una vivienda su desocupación permanente. El artículo 42 de la Ley prevé una serie de medidas que puede adoptar la Administración para evitar la desocupación permanente de los inmuebles. Entre estas, sanciones coercitivas para que las entidades financieras se vean forzadas a poner sus pisos vacíos en alquiler.
Hasta el momento, únicamente Terrassa ha comenzado a imponer sanciones, en este caso una primera sanción de 5.000 euros a la que deberían seguir multas superiores si las entidades sancionadas no ocupan los pisos vacíos de los que disponen, entre 5.000 y 6.000 en la localidad. La abogada Mercè Pidemont, colaboradora de la PAH y del Observatori DESC, señala que la finalidad de estas multas “no es sancionadora, sino que busca que los pisos se ocupen”. “La recaptación de estas multas, además, no se puede destinar a cualquier partida, sino específicamente a asegurar el derecho a la vivienda“, subraya.
Este mismo viernes, la PAH hará llegar a los grupos parlamentarios la moción que ha elaborado, e instará a los partidos a presentarla y aprobarla en aquellos municipios en los que tengan presencia. “Nos consta que partidos como ICV y la CUP estaban pendientes de que les hiciéramos llegar la moción. Suponemos que ERC también será favorable e incluso el PSC, que votó a favor de la moción en Terrassa”, explica la portavoz de la Plataforma, Ada Colau. “No sabemos si sucederá lo mismo con el PP, que a nivel estatal se ha posicionado claramente a favor de los bancos”.
“Los ayuntamientos deberán posicionarse”
“Con el camino que ha abierto el ayuntamiento de Terrassa, el resto de ayuntamientos se tendrán que posicionar sobre si están con la banca o con la ciudadanía, ya no sirven las excusas de que no tienen competencias y que no pueden incidir en garantizar este derecho fundamental que es el acceso a una vivienda digna”, manifiesta Martínez.
El objetivo de la Plataforma es extender estas acciones al resto del Estado, también a aquellas comunidades autónomas en las que la legislación en materia de vivienda no contemple este tipo de sanciones. “Queremos insistir en que es una cuestión de voluntad política, que esto se podría aplicar en cualquier lugar”, mantiene Martínez. “La medida del ayuntamiento de Terrassa va muy en la línea del decreto de la Junta de Andalucía, de expropiación de uso de viviendas de las personas que estén en proceso de desahucio, cualquier comunidad autónoma puede legislar en el mismo sentido, con una ley que contemple estas posibles sanciones como se hizo en Cataluña”, concluye.
Con esta campaña, la PAH inicia el nuevo año con una estrategia que pone el acento en los ayuntamientos. “Ante el bloque institucional que hemos vivido durante el pasado año, en el que el PP ha decidido ser el partido de la banca, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, manifiesta Colau, quien recuerda que Cataluña sigue encabezando el ranking de ejecuciones hipotecarias y de desahucios, tanto por impago de la hipoteca como de alquiler. “Mantenemos un ritmo que no podemos permitirnos como sociedad”, sentencia Colau. En el 2013, la PAH ha llegado a los 200 núcleos en todo el Estado, ha parado casi 1.000 desahucios y recuperado 15 edificios, donde se ha alojado a cerca de 800 personas, según datos de la Plataforma.
* La Marea - Brais Benítez - 3.1.14
Foto: PAH, protesta ante desahucio (archivo) - 20minutos
Vuelve el Urbanismo (afortunadamente)
Demasiado optimista me parece el titular, si vuelve el urbanismo perdido será con cuentagotas. La sociedad ultraliberal en la que hemos caído no va a permitir mucho más que pequeños ejemplos de ciudad ideal, nada más. Aquí seguimos hundidos bajo la presión de una legión de multinacionales, entidades financieras sin escrúpulos, fondos económicos ocultos y políticos corruptos que no van a permitir excesos de sentido común en el campo del urbanismo y la ordenación territorial. Es un botín (Botín lo sabe) demasiado jugoso para veleidades razonables, a pesar de los intentos ciudadanos como el 15-M en España y otros similares en los países de nuestro entorno. La guerra sigue abierta y parece que durará mucho tiempo, lamentablemente.
"ALVARO ARDURA* : El Club de Debates Urbanos (CDU) presentó el pasado 27 de diciembre "Madrid (con las letras invertidas), Materia de debate", un nuevo libro en el que participan más de cien autores (arquitectos, ingenieros, sociólogos, geógrafos, médicos, antropólogos, economistas...) a modo de celebración de sus dos décadas de existencia, algo insólito para una asociación sin ánimo de lucro que se financia exclusivamente de la cuota de sus socios. La periodista Soledad Gallego-Díaz, que participó en la presentación, se felicitaba del retorno de los "miserables urbanistas", como titulaba la tribuna de 2006 en la que acusaba al colectivo de haber desaparecido de la escena pública, añorando la época dorada de la disciplina, entre los sesenta y los ochenta, cuando muchos concejales de urbanismo eran... urbanistas.
No le faltaba parte de razón a Soledad. La mercantilización de la ciudad sin duda ha producido resultados miserables, y en el urbanismo no han abundado discursos alternativos. Pero en el fondo, el colectivo de urbanistas no es muy distinto del resto de los ciudadanos.
El CDU surgió, como dice su manifiesto fundacional, para combatir el desánimo, generalizado en toda la sociedad, en el momento en que una generación, la de la sacrosanta Transición, muy activa políticamente, observaba su reemplazo en el poder por otra completamente despolitizada, y con la que en gran medida se mimetizó.
Este tránsito a la hegemonía neoliberal conllevó la caída en desgracia del objetivo sobre el que opera el urbanismo: el del bien común. El CDU ha sido uno de los pocos, con peor o mejor fortuna, en alzar la voz para tratar de defenderlo. Un camino que ha recorrido en buena medida solo y con pocos apoyos (con notables ausencias, como las de los colegios profesionales).
Cuánto mejor nos habría ido si se hubiera hecho caso a éstas y otras escasas voces críticas. Nuestro territorio no estaría poblado de calles abandonadas de urbanizaciones que no se poblarán jamás, y tal vez conserváramos un sector inmobiliario, público y privado, que no estuviera subastado a fondos buitre.
Pero basta ya de lamentos. Hay motivos para el optimismo. Los "miserables urbanistas" han vuelto, y en muchos casos de la mano de los movimientos sociales, como señaló en la presentación la periodista Magda Bandera.
Buena parte del libro del CDU se dedica al 15M, cuyo mayor logro quizás haya sido el de la alfabetización política de una nueva generación y el rearme anímico de las anteriores. Cabe la política, que no es eso a lo que se dedican muchos de los políticos profesionales.
Al calor del 15M han surgido o se han reforzado experiencias en las que la ciudadanía, aliada con técnicos comprometidos, se implica en la gestión de lo común al margen de la completa tutela de las administraciones, como en el caso de Tabacalera, o más claramente aún, en el del Campo de Cebada. Aquí, los vecinos han colonizado el socavón en que se convirtió la parcela ocupada por la única piscina cubierta del distrito, que, por uno más de los planes megalómanos del Ayuntamiento, se demolió para, como en el caso del Estadio Vallehermoso, descubrir después que ya no quedaba dinero para construir nada.
De esa pérdida, de ese vacío, nace una experiencia participativa, que llena de sentido ese espacio público: con muebles e instalaciones autoconstruidos con ayuda de colectivos de arquitectos, con las clases al aire libre del Campus Cebada, una universidad popular organizada el pasado julio, o con las fiestas populares alternativas a las del barrio, como detalla Carmen Lozano en el libro del CDU.
En definitiva, ejercitando el derecho a la ciudad del que hablara Lefebvre y ha revitalizado entre otros David Harvey.
Todo con una exigua subvención municipal anual, que ha conseguido que al atender eficaz y eficientemente las demandas vecinales se logre una legitimidad de ejercicio con la que no cuenta nuestro gobierno municipal, del que se percibe que se dedica a hacer cosas que nadie reclama y a ignorar las que sí.
Dos ejemplos: las canastas y porterías y del Campo de Cebada son las únicas del barrio, y el huerto urbano que se ha plantado uno de los pocos espacios verdes de Centro, a pesar del suelo hormigonado del solar y de que el contrato de cesión del Ayuntamiento explícitamente recogía: «Queda expresamente prohibida la plantación de arbolado en el inmueble». Pero si debajo de los adoquines estaba la playa, con voluntad e imaginación, encima del asfalto pueden surgir brotes verdes; estos sí, de verdad. Que cunda el ejemplo.
* El País - ALVARO ARDURA URQUIAGA - 3.1.14
Foto: UrbanismoPatasArriba - maravillasdelgado
Una ley para ‘apropiarse’ del sol y del viento
Lo que parecía imposible hace poco tiempo, está a punto de suceder ahora. El gobierno 'popular' en su afán depredador y favorable a las grandes compañías mafiosas del sector eléctrico, va a prohibir mediante nueva ley a los pequeños productores de energías renovables el que continúen haciéndolo. En vez de apoyar la autonomía energética ciudadana, algo que lleva importantes beneficios para todos en cuestión de contaminación o de economía, prohíbe que esto ocurra. Es decir, lo contrario de lo que hacen todos los países de nuestro entorno, ya que es ir contra el futuro y la propia Naturaleza. Totalmente vergonzoso y delictivo.
"JV.BARCIA* : La reforma del sector eléctrico que está a punto de aprobar el PP en solitario en las próximas semanas tiene como fin último la perpetuación de un modelo eléctrico que este año generará para esas compañías unos beneficios superiores a los 6.300 millones de euros. Esto a pesar de que la demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de noviembre ha descendido un 0,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Como nos recuerdan desde Ecologistas en Acción, “en los once primeros meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo ha sido un 2,5% inferior al del año pasado.
La demanda eléctrica bruta en este periodo ha sido de 224.513 GWh [Gigavatio hora], un 2,6% menos que en el mismo periodo de 2012”. Esos beneficios se logran a costa de tres subidas en la factura eléctrica en el presente año, de ser el tercer país europeo con la factura más cara, sólo después de Chipre e Irlanda, de arrojar a más de dos millones de familias a la pobreza energética –según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)–, de desequilibrar la balanza comercial española debido a las importaciones de recursos naturales para generar electricidad por valor de 45.000 millones de euros y de seguir contribuyendo de manera decidida al cambio climático.
Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, se muestra contundente ante esta reforma: “Las nuevas normas son discriminatorias y arbitrarias con el ahorro de energía y las renovables. Un Gobierno sensato debería exigir a todas las fuentes energéticas lo que ahora se le exige al autoconsumo”.
Para Jorge Morales, director general de GeoAtlanter, eléctrica especializada en energía sostenible, “nos encontramos ante las incoherencias de un sistema eléctrico sobredimensionado, donde las grandes compañías hicieron una apuesta ruinosa por la construcción de plantas de ciclo combinado, en la creencia de que la demanda eléctrica por parte de la ciudadanía crecería, cuando en realidad ha ocurrido lo contrario”.
Claves de ‘la contrarreforma’
Los opacos y enrevesados textos de la reforma gubernamental, con más de 4.000 folios, son toda una declaración de intenciones de un sector que se ha caracterizado por la virulencia de sus embestidas y el hermetismo sus argumentos.
Para Mario Sánchez Herrero, fundador de Ecooo, un proyecto que tiene como objetivo la transformación energética, la reforma impulsada por el Gobierno tiene una triple dimensión que no se debe obviar. “En primer lugar, aquellos aspectos que guardan una relación directa con la factura de la luz, y que pasan por el incremento del término fijo de potencia y la disminución del importe variable en función del consumo eléctrico real, lo que desincentiva de manera brutal el ahorro y la eficiencia”. En segundo lugar, subraya Sánchez Herrero, “se desactiva la democratización energética a través de instalaciones de autoconsumo, con dos medidas sin parangón, como son el impuesto al sol, por el cual de cada kilowatio/hora (KWh) producido con un valor de 12,5 céntimos, siete de ellos serán para el peaje de respaldo, y a través de la amenaza, a quienes haciendo autoconsumo se nieguen a registrarse, de multas de entre seis y 60 millones de euros”. Para Sánchez Herrero, “este despropósito culmina con la culpabilización de las renovables del déficit de tarifa”.
Sobre el déficit de tarifa y el desequilibrio financiero del sistema eléctrico español, García Breva opina que “si algo queda claro en las normas con las que el Gobierno pretende equilibrar las cuentas del sistema eléctrico es la triple penalización al consumidor. Establece una subida de la luz automática y permanente, hace inviables el ahorro de energía y el autoconsumo, y la diferencia del déficit se carga a los presupuestos del Estado, es decir, al dinero del contribuyente”. Para la Fundación Renovables, “si el objetivo es elevar los ingresos del sistema, la visión recaudatoria de las medidas va a conseguir aumentar el déficit eléctrico al alentar un descenso aún mayor de la demanda”.
Respuestas a la normativa
La dimensión del dispositivo regulatorio propulsado por el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, con el apoyo de Unesa, patronal de la industria eléctrica, es de tal calibre que ha unido críticas de agentes y sectores muy variados, como es el caso de la Federación de Empresarios del Metal, que considera que el borrador del decreto de autoconsumo “contiene unas disfunciones e incoherencias que impiden el cumplimiento de sus propios objetivos. Son tales las disfunciones detectadas que, al contrario que en los países de nuestro entorno, en el caso español puede provocar una paralización total de la industria fotovoltaica, eólica de pequeña y media potencia y de otras tecnologías renovables aplicadas al autoconsumo, como consecuencia de la indebida creación de los nuevos peajes bajo el concepto de ‘peajes de respaldo’, que en la práctica hacen inviable el autoconsumo”.
La propia base del PP se ha dividido a propósito de la iniciativa de Soria, lo que se ha evidenciado en los encarnizados y turbios enfrentamientos entre el gabinete de Montoro con el equipo de Soria. La tensión interna del Ejecutivo se ha elevado cuando, además, gobiernos autonómicos conservadores (Navarra, Murcia y Extremadura) han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 9/2013, donde se adelantaban algunos de los elementos más corrosivos de la contrarreforma.
Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entidad que aglutina a más de 120 organizaciones y cuenta con más de diez nodos territoriales en los que participan miles de activistas, está lanzando diferentes iniciativas. Como recuerda Cote Romero, una de sus coordinadoras: “Hemos interpuesto hasta cinco denuncias ante la UE por el actual sistema energético español, hemos instado a cientos de ayuntamientos a condenar la contrarreforma de Soria. Para el 14 de diciembre tendremos nuestro primer encuentro estatal por un nuevo modelo energético y estamos analizando las posibilidades reales para lanzar una campaña de desobediencia civil. La ciudadanía no puede consentir que también le roben el sol y el viento”.
* José Vicente Barcia Magaz es responsable de Comunicación de Ecooo y Cocoordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
* Diagonal - Opinión - 16.12.13
Foto: El ministro de Industria impulsa una ley para disuadir a los pequeños productores de energía. / ÁLVARO MINGUITO
El juez Silva del caso Blesa: "En España la noticia no es que haya corruptos, es que hay impunidad"
Algo evidente lo que dice este honrado juez que, como algunos pocos más, intenta denunciar la impunidad a todos los niveles que existe en este país con la corrupción, sea urbanística o de otra especie. Era sabido que no podía haber tantos casos de corrupción en las esferas del poder, sin que la propia justicia colaborase de alguna forma con esta lacra. Porque aquí ninguno de los grandes corruptos: políticos, financieros o empresariales ha pasado por la cárcel. Todos los pelotazos, todas las agresiones al territorio o a la economía han pasado de puntillas por los juzgados, cuando lo han hecho, sin recibir siquiera un pequeño apercibimiento. Así se ha llegado al punto de crearse una auténtica red mafiosa, empezando por la propia cúpula del poder. Algo inaudito en países de nuestro entorno.
"PÚBLICO* : "Me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando". Es la amarga queja del juez Elpidio José Silva, que envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y fue acusado por ello de prevaricación por la Fiscalía, en una querella que ha instruido en tiempo récord el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En una entrevista con Público, el magistrado Silva destaca que "en España la noticia no es que haya corruptos, sino que hay impunidad", y recuerda que en la causa contra Blesa "nadie ha hecho nada" desde que él abandonó su instrucción hace cinco meses, sino que, al contrario, tanto la jueza que le sustituyó como el fiscal han intentado "quitárselo de encima de la manera más torticera y brutal". "Quién se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio", señala, tras recordar que la compra del City National Bank of Florida por Caja Madrid pudo suponer pérdidas superiores a 600 millones de euros.
"Queremos saber si ha habido una gestión delictiva en Caja Madrid o en Bancaja, y si el hundimiento de esas entidades ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez", explica.
Sobre los correos electrónicos de Miguel Blesa que él ordenó intervenir y cuyo contenido está aireándose en la prensa, considera que, en contra de lo que afirma el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, "no están invalidados", y revelan "sospechas de criminalidad, indicios, alertas, o incluso pruebas de cargo". Y en cuanto a una eventual investigación penal por la difusión de los mails, como la que estudia emprender el Tribunal Superior de Madrid, advierte: "El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. Es seguir navegando en el cinismo más impune".
Silva entiende que si hay una "caza de brujas" contra él por parte de determinados jueces y fiscales, ese "escándalo judicial" debe ser investigado por el Tribunal Supremo."La causa que tienen abierta contra mí no vale nada, y nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate".
¿Por qué reabrió en 2o12 el caso contra Blesa por el crédito de 26,6 millones dado por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad?
No había más remedio. En la denuncia ya se dibujaba un delito societario, pero en 2010 no había el más mínimo indicio periférico de criminalidad, por eso archivé provisionalmente la denuncia de Manos Limpias. ¿Cúal es el dato periférico que aparece en el año 2012? Pues de un doble carácter: primero, el hundimiento de la entidad, que es un hecho notorio.
Y en segundo lugar, porque ya estaba reaperturado. Lo que acaba de decir la Audiencia Nacional en el tema de las preferentes, es decir, que al juez Fernando Andreu le corresponde investigar, equivale a decir que el asunto ya estaba reaperturado por Andreu, que debe investigar el delito societario que haya podido cometer Blesa antes que Rato. Y ello incluye créditos prestados de manera muy irregular cometiendo delito societario. Las preferentes son el mismo delito que los créditos irregulares, y todo se engloba en un delito societario que se puede haber cometido continuadamente.
El delito societario del artículo 295 del Código Penal en su modalidad de administración desleal es el delito que comete el gestor bancario, cuando gestiona la entidad contra todos los protocolos de cumplimiento, contra todas las alertas que tiene cumplir, de tal manera que con su mal obrar produce un daño económico a la entidad, y eso vale para preferentes, para créditos o para la compra del banco de Miami.
El fiscal le reprocha haber ordenado intervenir los correos de Blesa mediante una providencia y no con un auto judicial motivado.
La forma de ordenar pruebas en términos generales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la providencia, no el auto. Uno sólo dicta un auto cuando directamente está afectado un derecho fundamental, como cuando hay una intervención de las comunicaciones telefónicas, del correo personal o una entrada y registro en una casa. Cuando la resolución no afecta a un derecho fundamental, no se dicta por auto, por ejemplo ir a por los correos corporativos, que no son de Blesa, sino de la entidad, como dejó dicho el propio Blesa en unas normas de cumplimiento preventivo que aprobó. El correo corporativo es de la empresa.
Pero la noticia no es que sea por providencia o por auto, sino que hay personas pervirtiendo el proceso, mintiendo, diciendo cosas inciertas todo el rato y les sale gratis, no hay consecuencias. La noticia es que la postura del Ministerio Fiscal y de una serie de magistrados de la Audiencia no se entiende, y hay que investigar porque están tejiendo este lío y montando este lío en España.
¿A qué se refiere exactamente?
Cuando aparecen personalidades del ámbito institucional haciendo estas cosas, la noticia deja de ser el posible delincuente. Blesa no es la noticia. En España la noticia no es que haya corruptos. Los hay en Chicago, Nueva Jersey, Delaware, Alemania, Francia o Israel. La noticia es que en España hay impunidad, y cosas que hacen los jueces y los fiscales, que son auténticas barbaridades y no hay consecuencias, les sale gratis.
Esa impunidad es la que nos va a salir muy cara. En el caso de Novagalicia ya nos ha costado 8.000 millones de euros. Porque hay una tasa que se llama a nivel internacional tasa de integridad, que es la prima de riesgo de integridad, que si no la cumples te cuesta más dinero mantener tu país. Es una prima de riesgo de inseguridad jurídica, de corrupción, de falta de integridad, de deslealtad en la gestión. Cuando se vaya a vender Bankia, pues se venderá a la baja. Esto rebaja al país y lo deja por los suelos. No podemos dar esta imagen.
¿Los correos de Blesa son nulos, como sostiene el fiscal Moix?
Hay gente que dice: los correos son inválidos. Mentira, los correos no son inválidos porque la existencia de los correos no depende de mi resolución. Cuando yo acuerdo una cosa como pedir las declaraciones de Hacienda o los correos corporativos de Bankia, la anulación de mi resolución no puede afectar a la validez de esas pruebas, ya que su existencia no depende de mi resolución.Nunca es inválido el correo por ser inválida la providencia por la que yo acuerdo ir a por el correo.
Los correos fueron estudiados por la Guardia Civil y los peritos de KPMG, que vieron datos sospechosos. ¿Qué decía el fiscal en aquel momento?
No existía. El fiscal por aquí no ha venido nunca salvo a los actos de las prisiones (de Blesa). Nunca ha estudiado documentación ni ha hecho preguntas relevantes.
Los indicios estaban sostenidos por mí, por el equipo de la Guardia Civil, por los peritos de KPMG, por los abogados de Manos Limpias, y ahora la Audiencia Nacional, y la sección 15 de la Audiencia de Madrid, que ordena la libertad de Blesa pero dice que en el caso del banco de Miami hay importantes indicios de criminalidad. La causa está viva, pero nadie hace nada. El problema era yo, estuve cuatro meses de suspensión, he vuelto y me he abstenido ¿Porqué nadie en 5 meses ha hecho nada ahí?
Ha habido una jueza sustituta en el Juzgado.
Hay una sustituta que se ha dedicado a intentar quitarse la causa de encima. Primero enmienda mi criterio (que cabría preguntarle: oiga ¿si hay un criterio del titular, porqué lo enmienda usted?). Pero se lo salta.
Segundo: manda la causa a decanato porque no somos competentes, que era la tesis que tenía el fiscal. Decanato le dice: "Quédese con la causa porque es del 9". Pero ella, no contenta con esto, hace un informe y lo manda a la Audiencia Provincial, pero la Sección 17 le dice que "no", que es del 9, y además le dice que está bien tramitada y bien llevada la instrucción de la causa.
¿Y esto sale gratis? La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice muy claro que mientras tú te estás intentando quitar de enmedio, investigues. No ha investigado y el fiscal del caso tampoco. Y el fiscal no es privado, lo pagan los ciudadanos. Cinco meses y se dedican a intentar quitárselo de encima de esa manera tan torticera y brutal. Pero es que es delictivo, un delito de dejación competencial, es intentar abandonar la competencia en una materia concreta.
Ningún imputado, por muy poderoso que sea, tiene poder para conseguir estas cosas. Hay que investigar lo que pasa con algunos elementos del aparato judicial. Esto es un escándalo y no tiene que ver con los imputados del caso Blesa o banco de Miami, no tienen poder para llegar a este tipo de cosas.
La impunidad es el asunto, la falta de integridad como tasa económica sin valorar, que nos cuesta dinero a todos los ciudadanos. Ya no se trata de que se investigue penalmente, sino de que puedan responder de los inmensos daños y perjuicios que pueden causar. Banco de Miami puede suponer, si es verdad la imputación, pérdidas por encima de los 600, 700, 800 millones de euros. Quien se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio y su responsabilidad personal.
¿Cree que cometió errores en la instrucción?
Yo me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando. Yo soy un juez normal, de mi nónima, que no miró el nombre de nadie en los papeles. Yo no sabía quien era Blesa. En ese caso no hubo errores, todo es impecable. Pues nada: a por el juez. No hombre, eso es romper la baraja. Yo formo parte del sistema como el que más, desde luego mucho más que los corruptos. Dejeme en paz, y persígame cuando haya hecho algo mal de verdad, pero no cuando lo haga bien y a usted no le venga bien lo que yo hago, y usted puede hacer todo tipo de cosas que se salen de las reglas del juego.
Lo que está haciendo hoy Gavilán, el fiscal Moix y la Sala del TSJ de Madrid lo están viendo más de un milllón de españoles, hay nueve o diez plataformas ciudadanas trabajando día y noche para ver lo que está pasando aquí. Hay un político, Miguel Angel Revilla, que ha recogido 134.000 firmas. Los españoles quieren saber qué pasa, no estamos dispuestos a que nos tomen más el pelo. Esto nos cuesta mucho dinero. El rescate nos ha costado 40.000 millones.
Y queremos saber que pasó en Caja Madrid, en Bancaja, si ha habido una gestión delictiva que se cargó esas entidades, y si el hundimiento de esas entidades nos ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez. Y eso no lo podemos consentir.
¿Qué ha sucedido para que nadie esté investigando a Blesa y en cinco meses se haya instruido la causa contra el juez que le investigó?
Eso es un escándalo judicial. La causa de Blesa ha dejado de ser lo más importante. Esa es una de las estrategias fundamentales de la corrupción, que el imputado y los corruptos dejen de ser los protagonistas y pasen a serlo las instituciones. En España estamos subrayando uno de los mayores niveles de corrupción del mundo. Primero por la forma hipócrita en que la practicamos, y en segundo lugar por el efecto que tiene que las causas penales importantes no se muevan y que los ciudadanos vean que todo sale gratis.
La consecuencia final es que hay que investigar muy a fondo qué está pasando en el TSJ de Madrid, qué pasa con el instructor y qué pasa con los instructores de mis expedientes disciplinarios que consiguieron que yo me apartara cuatro meses del juzgado. Y si esto es un escándalo y una caza de brujas institucional contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo.
La causa que tiene abierta contra mí el instructor Jesús Gavilán no vale nada. Primero la querella nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate y no vale para nada, porque Moix (el fiscal) demuestra que ni siquiera ha estudiado la causa. No se dio cuenta de que yo me intenté inhibir en favor de la Audiencia Nacional, pero tampoco se dio cuenta de que no fui yo, sino mi compañero, Juan Antonio Toro, ya que me imputa la reapertura.
Además, no permiten que se reproduzcan los correos en la causa. Eso en sí es un hecho que bordea lo incompresible y posiblemente sea delictivo, porque está privando del derecho de defensa en términos que son muy injustos. Yo meto a alguien en prisión y tengo unos elementos de juicio. Me tiene que dejar que todos los elementos de juicio afloren en la causa que abre contra mí por prevaricación. Cómo me van a privar de ello.
Declaran los secretarios judiciales, y señalan que no había retrasos en mi juzgado, y que los que había eran por el gran cúmulo de asuntos. Después los peritos, que respaldan mi investigación, y después los guardias civiles, que la apoyan por encima de mis expectativas. El fiscal Moix se dedica a amedrentar a la secretaria judicial y a números de la Guardia Civil que acuden a declarar como testigos, les reprende. Si eso es verdad, eso es un delito. Es una atrocidad, y hay que investigarlo. Y mientras tanto el caso Blesa está dormido, y el caso Banco de Miami aunque está vivo, está también dormido.
¿Le sorprende que Fiscalía coincida con Aznar en que lo que hay investigar de los correos es su filtración?
Si ha habido filtraciones, que las investiguen. Yo no sé porqué los periodistas tienen los correos. Si existe una filtración, eso es un delito, pero desde luego es mucho más grave un delito societario o el tráfico ilegal de armas. Está muy mal filtrar correos, pero también está muy mal querer cargarte las pruebas escondiéndolas en un cofre y que nadie se pueda defender con ellas, y desprestigiándolas. Si alguien impide a un ciudadano que se defienda, en este caso yo, eso está muy mal. Es un delito grave. Y filtrarlos está mal, pero también está la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado aquí.
Está claro que mientras yo lo investigué no hubo filtraciones, y que yo investigué en un tiempo récord. Decir que una filtración de unos correos es más relevante que la posible comisión de un delito continuado societario durante muchos años que se ha llevado por delante a la tercera entidad crediticia más importante del país, me parece que es seguir navegando en la desproporción, en la desmesura y el cinismo más impune.
¿Qué opina de que ni el fiscal ni el instructor hayan dicho ni siquiera si se han leído todos los correos?
Es una demostración de la poca seriedad y el despropósito que está guiando todo esto. Unos correos como éstos no son un paisaje, que uno se sienta y se pone a mirarlo. No se puede ver en general. Hay que coger correo por correo y estudiarlo, y su relación con la prueba documental, testifical, pericial, y con resultados de indicios de criminalidad tremendos en todas esas pruebas. O sea que los correos hay que estudiarlos uno a uno.
Y prácticamente todos los correos revelan o sospechas de criminalidad, o alertas (no es un indicio pero sí una infracción de protocolo relevante en el ámbito bancario que hay que ver si llega a constituir indicio) o indicios porque reúnen varias alertas, o incluso pruebas de cargo. Pero hay que leerlos todos y conectarlos todos.
Y no sé cómo no reaperturan la causa Blesa de una forma muy sencilla: con cualquier indicio de criminalidad de los múltiples que han surgido nuevos, y pidiendo los correos de Barcoj, Amat y de los demás imputados.
¿Los correos son íntimos, como dice el TSJ de Madrid?
Al ser correo corporativo, no afecta a la intimidad. Además, para colmo, íntimo hay muy poco, prácticamente nada. Una cosa es intimidad cien por cien, y otra cosa intimidad relacionada con posibles infracciones muy graves de gestión bancaria que se llaman alertas. Imaginemos que una persona esté gestionando una entidad bancaria y está utilizándola para fines que tienen que ver con temas de amantes, historias. Es muy importante saber que la gestiona de esa manera. Y también cuando alguien gestiona una entidad y se dedica a otros negocietes. Porque esos ramales pueden dar lugar a otras infracciones de gestión o a nuevos delitos, que ya no sean delito societario y haya que incoar diligencias aparte como en el caso del banco de Miami. Que yo recuerde uno solo es cien por cien íntimo.
¿El hecho de que se estén conociendo los correos contribuye a hacer justicia?
Justicia a la corta. La justicia que puede salir de que se estén difundiendo no la voy a negar. A la corta, la ciudadania, el lector, sabe que aqui ha pasado algo muy extraño. Eso se ha conseguido. Pero el problema es que es una justicia corta, porque la larga que se investigue todo lo que ha pasado hasta sus últimas consecuencias, esclarecerlo por los jueces, y que se vea si se tiene que condenar, y que se cumpla la pena. Esa es la justicia de verdad.
Aquí la prensa está teniendo que hacer un trabajo de mínimos, de un país que está en situación de mendacidad judicial. Y está teniendo que venir la prensa a salvar unos muebles que no le corresponden. Eso es calamitoso.
¿La impunidad puede tener que ver con que en la caja estaban representados los tres principales partidos, sindicatos y empresarios?
La impunidad que rodea a este asunto, y los motivos por los que estos procesos se manipulan, se detienen, lo explicó linea a linea en un libro que se publica a finales de enero "La justicia desahuciada. España no es país para jueces". Es de locos. Tiene que ver con personajes ilustres, personajes poderosos, elementos de la casta política, de la casta judicial. Los ciudadanos ya no aguantan más. Es un espectáculo bochornoso que les produce náuseas.
¿Hay divorcio entre la calle y la justicia?
Hay un divorcio profundo. Los jueces se han divorciado de la sociedad. Se han metido en una esfera impresentable. En sus cargos, en su rollito interno. Sin la colaboración de algunas asociaciones judiciales el Consejo General del Poder Judicial no podría haberse politizado como lo está ni llevarse a cabo el sistema de reparto de botín de cargos en el Consejo desde hace más de 20 años. Aunque hay magistrados valientes en las asociaciones que están empezando a plantear que basta ya.
El único juez al que mira la ciudadanía como un juez legítimo, respetable, y que lo está haciendo bien soy yo, y eso no vale, porque no es verdad. Soy uno más, que a lo mejor me he cansado y he sido el primero que he empezado a contar.
Blesa se queja de que usted, con sus investigaciones, le ha 'cercenado' su vida profesional
Mi trabajo afecta a los ciudadanos, por eso lo hago con la máxima responsabilidad. En el caso de Blesa, no sólo creo que le ingresé bien en prisión, es que creo que no debería estar en libertad. España es el único país del mundo occidental que le mantendría en libertad. ¿Qué eso le ha podido producir perjucios? Tendría que demostrarlos, pero tendrían que ver con que aparece rodeado de indicios en la práctica de actividades de naturaleza penal.
¿Confia en la justicia española y en que Blesa será juzgado adecuadamente?
Ahora mismo tengo la obligación por sentido común de no confiar en la justicia española. Confío en la ciudadanía, que sabrá exigir a la justicia española que haga lo que tiene que hacer. El hecho de que no esté suspendido hoy, se debe a la ciudadanía. El poder lo tienen los ciudadanos. El corrupto intenta hacer creer que el poder lo tiene él y que nada tiene solución, y el ciudadano acaba diciendo: "esto no hay quien lo cambie". Pero no es verdad, cuando los ciudadanos quieren, la sociedad cambia.
El movimiento ciudadano que se está produciendo alrededor de estas causas penales pedirá explicaciones, y se tendrán que cumplir las leyes. Cuando una causa está asociada al hundimiento de la tercera entidad financiera de un país, que era la caja de ahorros posiblemente más grande del mundo, y esa entidad está relacionada con asuntos muy turbios como aparecen en los correos --Gürtel, venta de armas-- además directamente con una gestión bancaria que ha podido dar lugar al hundimiento de esa entidad, eso interesa a los ciudadanos.
Y cuando eso está relacionado con el rescate bancario, que ha llevado a España a donde estamos: generaciones comprometidas, inicio del desmantelamiento de servicios públicos, copago, repago, personas ancianas abandonadas, la ley de asistencia desmovilizada, gente que no se puede matricular en la universidad porque no tiene dinero, millones de personas en paro, miles de empresas quebradas; los ciudadanos dicen: mire, de todos los relatos que quiero oir, este es el que más me interesa.
El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. No quiere ya más engaños.
* Público - ANDRÉS MUÑIZ - 2.1.14
Foto: Expresidente Blesa de Caja Madrid - 20minutos
Orihuela.- Asalto al último kilómetro virgen
Que la costa está saturada de construcciones, legales o legalizadas, es algo ya sabido. Que al empuje inicial de la dictadura con el ministro Fraga al frente, se ha ocupado casi totalmente, gracias, además, a la salvaje burbuja inmobiliaria de los últimos años, también. Pero aún quedan recónditos lugares costeros donde el acoso del brutal ladrillo no ha llegado todavía. Pocos, pero los hay. Aquí vemos el caso del municipio de Orihuela, uno de los más castigados por gobernantes 'populares' prepotentes e incultos que han hecho del pelotazo urbanístico una fuente para forrarse particularmente, tanto ellos como sus amiguetes de la mafia ladrillera.
"ELPAÍS* : El último kilómetro de costa virgen de Orihuela (Alicante) va a perder a uno de sus defensores más concienciados y la política española a uno de sus dos alcaldes ecologistas (el otro es el de Villena). Una moción de censura presentada el viernes por el PP derribará en enero a Monserrate Guillén, de Los Verdes, y con él, se quedarán sin protección un caracol endémico, una planta singular y la única zona que permitía ver el mar desde la lejanía en los 16 kilómetros de costa del quinto término municipal más grande de España.
Guillén y su Gobierno de coalición con el PSPV-PSOE estaban buscando la manera de armarse con argumentos medioambientales para detener el plan de urbanización de Cala Mosca, un proyecto aprobado por el anterior ejecutivo del PP para levantar 1.700 casas. Los populares, que tienen a 5 de sus 12 concejales imputados o condenados, han decidido acabar con el mandato verde de Guillén, un profesor de música de 56 años que ha batallado contra el poder y el dinero.
En la capital de La Vega Baja, la comarca más meridional de la Comunidad Valenciana, se juzga el 30% de los casos de corrupción de la región, en muchos casos con el cemento como elemento común. Por eso la defensa del último kilómetro de playa virgen se había convertido en algo simbólico. Sobre todo si se tiene en cuenta que en la costa oriolana se han construido 40.000 casas, de las cuales 10.000 no tienen cédula de habitabilidad. El urbanismo ha sido tan salvaje que “hay hasta piscinas privadas en viales públicos”, ejemplifica la concejal de Urbanismo, la socialista Antonia Moreno.
El proyecto urbanístico fue aprobado por la mayoría absoluta del PP en 2007, con Mónica Lorente de alcaldesa —hoy en la oposición, imputada en dos causas y con posibilidad de una tercera—. Los socialistas ya en su momento denunciaron la inexistencia de un estudio de impacto ambiental en la zona, además de que el 10% de suelo en primera línea de costa que la promotora debía ceder al Ayuntamiento fue permutado por suelo rural en una zona de huerta sin valor económico.
Cala Mosca llama la atención desde la carretera puesto que es el único momento en el que la vista descansa en el horizonte marítimo en todo el término municipal. Es un espacio de 600.000 metros cuadrados que cae en forma de acantilado sobre una cala alejada del paseo marítimo. Sus aguas están dentro de un área de protección marítima que mantiene una zona impecable de posidonia. En tierra viven dos especies endémicas: el caracol Tudorella mauretanica —al que la amenaza de extinción le ha llegado antes que un nombre común— y la jarilla de cabeza de gato, una planta que solo se localiza en poco puntos de la Península, además de Baleares, Cerdeña o el Magreb.
La Unión Europea, que llegó a visitar la zona a petición de Los Verdes, se interesó por el asunto. El 15 de noviembre pasado envió una carta recordando al Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente que el proyecto necesita de un informe de impacto ambiental del que carecía, y más tratándose de una zona con especies en peligro de extinción, por insignificantes que puedan parecer. “Son las autoridades españolas las que deben hacer respetar el derecho medioambiental comunitario”, recordaba la misiva.
Guillén pidió a la Consejería de Medio Ambiente la declaración de microrreserva de la zona, que ha decidido no entrar en el tema hasta ver el proyecto de impacto ambiental que debe realizar la empresa Grupo Inmobiliario Gomendio.
Guillén llegó al Ayuntamiento en 2003 como el primer concejal ecologista de la historia de Orihuela. Provenía de la lucha vecinal contra un vertedero que los habitantes de la pedanía oriolana de Torremendo rechazaban. En su batalla llegaban a tirarse literalmente delante de los camiones de basura. En 2011 pudo hacerse con el poder cuando la popular Mónica Lorente perdió su mayoría absoluta y ecologistas y socialistas obtuvieron el apoyo de un grupo de ediles que se escindieron del PP, cansados de corruptelas, formando una nueva formación. Precisamente, dos de esos ediles que le auparon al poder son hoy los firmantes que necesitaba el PP para el próximo 3 de enero votar una moción de censura contra Guillén.
“Hay intereses que pesan”, lamentó comedido Guillén sabiendo que su tiempo como alcalde está a punto de llegar a su fin y, por tanto, su defensa de cala Mosca, ya que es el Ayuntamiento el que debe tutelar el estudio de impacto ambiental. “En Orihuela hay intereses de poder y dinero. Y nosotros estorbamos”, sentencia.
Desde que llegó a la alcaldía en junio de 2011, Guillén se enfrentó al poder de los intocables en una ciudad en la que los cuatro alcaldes que le precedieron fueron imputados (dos condenados en firme). En su punto de mira estuvo aquel empresario que quiso instalar un vertedero en Torremendo, Ángel Fenoll, investigado hoy por un juez por supuestos vertidos ilegales en el vertedero que finalmente instaló en plena frontera murciano-alicantina. El proyecto de Fenoll originó un nuevo movimiento vecinal que llevó a 600 vecinos a acampar en el verano de 2011 frente a la planta de residuos pidiendo su cierre, deseo que cumplió Guillén: la empresa de Fenoll no tenía siquiera permiso para operar en Orihuela pese a enterrar residuos durante varios lustros en su término municipal. En 2012 Guillén municipalizó el servicio de recogida de basuras, que también gestionaba Fenoll, al estar su adjudicación bajo sospecha de amaño en la trama Brugal, todo un manual de cómo saquear dinero público a través de la gestión de los residuos y del suelo urbano y que actualmente esta en manos de la Justicia. Fenoll es el supuesto cabecilla de la trama y además, está acusado de financiar ilegalmente la campaña electoral de Lorente, la alcaldesa que le adjudicó el servicio de basuras y firmante de la moción.
En sus dos años en el Gobierno oriolano, Guillén denunció ante la Unión Europea los enterramientos ilegales que supuran en las inmediaciones del vertedero. Ante Bruselas llevó recientemente los estudios medioambientales realizados a petición judicial sobre el terreno y que alertan de la posibilidad de que la basura haya acabado filtrándose en los acuíferos de la comarca. Y nunca dejó de afear la conducta de la Diputación provincial y la Consejería de Medio Ambiente (en manos del PP) por mirar hacia otro lado y no parar un vertedero que hoy sigue funcionando desde la parte murciana.
Pero la ansiedad del PP por recuperar su feudo no se aceleró hasta este verano en el que llegó a presentar dos mociones de censura, inviables al ser apoyadas por concejales no adscritos. En estos dos años de legislatura, Guillén propició un trasiego constante de expedientes entre las concejalías y la Fiscalía sobre casos que afectan hasta a cinco ediles de la oposición. Cuatro de ellos ya están imputados; la quinta podría ser quien se postula como sustituta de Guillén, Pepa Ferrando, exresponsable de Turismo. Actualmente, una juez investiga la gestión de la futura alcaldesa en la anterior legislatura por posibles irregularidades en la contratación de servicios para la feria de turismo FITUR.
Los firmantes de la moción no esconden sus cartas. Apoyan que se vuelva a privatizar la recogida de residuos. Guillen cree que al tocar la basura se ha encontrado con un poder enraizado más de un cuarto de siglo en Orihuela. Y lo peor es que piensa que el caracol y la jarilla acabarán como él.
* El País - RUBEN ESQUITINO - 20.12.13
Foto: Orihuela, cala La Mosca - turismo
Madrid.- El ‘pelotazo’ del 3.700%
De todos es sabido que el fútbol siempre ha sido favorecido por los distintos gobiernos para tener a la gente 'embobada' mientras ellos seguían manejando los hilos de sus diferentes tropelías. Ahora la Comisión Europea ha puesto su punto de mira en varios clubs de los más poderosos y empieza a descubrir una trama corrupta de desvío del dinero público. Así sospecha que el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Gallardón favoreció al Real Madrid al valorar en 22 millones unos terrenos que 13 años antes se estimaban en 595.000 euros. Es decir, nada menos que un pelotazo del 3.700%, si damos por buenas esas cifras.
"ELPAÍS* : ¿Dio el Ayuntamiento dirigido por el ahora ministro Alberto Ruiz-Gallardón un trato de favor al Real Madrid? ¿Tuvo justificación que el Consistorio valorara en 2011 en más de 22 millones de euros unos terrenos que 13 años antes tenían un valor de mercado de 595.000 euros, en una operación que favoreció al club blanco? Son algunas de las preguntas que deberá responder la Comisión Europea tras presentar hoy un procedimiento de sanción. Se trata de uno de los aspectos incluidos en la investigación que los servicios europeos de Competencia, bajo el mando de Joaquín Almunia, acaban de iniciar. Las sospechas de Bruselas se dirigen también contra el Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules, por distintas cuestiones.
El documento preparado por el equipo de Almunia sobre la operación inmobiliaria del Real Madrid, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestra una operación en la que la Administración local se ha acogido a lo largo de más de una década a los supuestos más perniciosos para las arcas públicas.
El documento relata con precisión los pasos que ha ido dando el Ayuntamiento en lo que acabó convirtiéndose en un pelotazo inmobiliario para el Madrid. El acuerdo inicial, firmado en 1998, establecía un intercambio según el cual el equipo cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados situados en su Ciudad Deportiva y, a cambio, se hacía con una superficie total de 70.815 metros cuadrados: dos lotes en la zona de Julián Camarillo y unos terrenos en Las Tablas. Son estos últimos los que han despertado las sospechas de Bruselas.
Pese a lo firmado en el acuerdo inicial, un cambio legal hace pensar al Ayuntamiento en 2003 que no puede transferir a una entidad privada esas parcelas de Las Tablas, por lo que debe indemnizar al supuestamente perjudicado. A lo largo de 17 páginas, las autoridades europeas de Competencia van desmontando uno a uno los argumentos en los que se basó el organismo dirigido por Gallardón.
La imposibilidad legal de transferir las propiedades en litigio es, según Bruselas, cuestionable. Pero aún aceptando ese supuesto dudoso, Almunia y los suyos consideran que en ese caso la imposibilidad habría estado ahí desde el mismo momento en el que se firmó el contrato. Y por lo tanto, el error “es obviamente no imputable a una sola de las partes”. “Es sorprendente que las autoridades españolas no usaran este argumento para evitar hacer frente a una reclamación de más de 22 millones de euros”, continúa el documento.
Pero donde las autoridades europeas se explayan más es en el muy dudoso sistema que el Ayuntamiento de Madrid usó en 2011 en la valoración de unos terrenos que servirían para calcular la indemnización al club que preside Florentino Pérez. Bruselas tiene “serias dudas” sobre el “notable incremento” del valor de los terrenos. Es muy gráfico el cálculo que aporta uno de los demandantes: mientras que los precios del ladrillo crecieron en Las Tablas un 250% a lo largo de los 13 años analizados, la valoración de los terrenos en 22,7 millones que el Ayuntamiento aceptó como buena suponía una revalorización de los terrenos en disputa del 3.700%. Esto significa o bien que el precio acordado en 1998 era muy bajo o que el de 2011 era muy alto. “En cualquiera de los dos casos, el Real Madrid habría obtenido una ventaja de esta transacción que no se justifica en términos de mercado”, opinan en Bruselas.
“Es cierto que los precios del mercado inmobiliario aumentaron de forma considerable tras 1998. Pero también que empezaron a caer con fuerza en 2008”, añade. Es en este momento cuando las autoridades de Competencia enumeran el rosario de irregularidades que ha acompañado a la operación: el acuerdo de transferencia firmado en 1998 no iba acompañado de la evaluación independiente preceptiva; tampoco lo hubo 13 años después, cuando se efectuó el intercambio de activos con la valoración más favorable para el Madrid. La Comisión encuentra más agujeros en las explicaciones que aportaron entonces las autoridades españolas.
Al margen de si era obligatorio o no indemnizar por el terreno, y de si el precio pagado era el adecuado, la Comisión también muestra sus dudas ante una actuación de los poderes públicos que otorga una ventaja a una entidad privada que puede afectar a la competencia entre países y clubes. “Cuanto más dinero tengan los clubes para atraer a jugadores de primer nivel, más éxitos cosecharán en las competiciones, lo que les asegura más ingresos en actividades como material de promoción y derechos televisivos”, sostiene.
El documento parece responder a los argumentos que estos dos últimos días ha usado el Gobierno. Si el ministro Margallo afirmó el lunes que debe apoyar a los clubes españoles porque forman parte de la marca España; y Guindos dijo ayer que “lógicamente” defenderá los intereses españoles, la Comisión expone sus dudas “sobre la existencia de un interés común que justifique la ayuda selectiva a un protagonista muy potente de un sector económico altamente competitivo”.
Tranquilidad en los clubes, tormenta política
Los clubes españoles sobre los que pende la investigación de la Comisión Europea están tranquilos y convencidos de que no han cometido ninguna ilegalidad. “No hay nada que temer”, aseguró ayer el presidente del Athletic de Bilbao, Josu Urrutia, informa Efe. El club tiene abiertos dos frentes en Bruselas: por no haberse convertido en Sociedad Anónima Deportiva (como tampoco lo hicieron Real Madrid, Barça y Osasuna, también investigados), lo que les da ventajas fiscales, y por las ayudas recibidas para la construcción del nuevo San Mamés, en la que han participado varias administraciones vascas.
La calma que transmitió el Athletic es la misma que el lunes había trasladado el Barcelona y a la que ayer se unió Osasuna. “Nosotros ni hemos sido ayudados, ni hemos sido subvencionados, ni hemos entrado en ningún tipo de ilegalidad. Nos hemos acogido a un régimen societario que la ley nos posibilitaba”, dijo su presidente, Miguel Archanco.
Valencia, Elche y Hércules, en el punto de mira de Bruselas por los avales que recibieron de la Generalitat, el caso que más claro ven en Bruselas, no se pronunciaron. Tampoco el Madrid.
En el campo político el ambiente fue mucho más tormentoso. Las instituciones cuestionadas salieron en tromba a defenderse. Y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, mostró su perplejidad ante el paso dado por Bruselas sin entrar a valorar la situación de cada club. “Mezcla casos muy diferentes y cuestiones muy alejadas en el tiempo y lo junta todo”, dijo Cardenal. Y añadió: “Es la Comisión la que tiene que explicar por qué cuestiona ahora la Ley del Deporte de 1990 [que creó las sociedades anónimas deportivas y permitió las excepciones] o por qué desconfía de las operaciones del Athletic y el Madrid pero no pregunta a Portugal por los estadios de la Eurocopa, por poner un ejemplo”. En Bruselas, donde hoy el colegio de comisarios trata la cuestión, la Defensora del Pueblo europea echó más leña al fuego. “La Comisión ha fallado al no dar respuesta a una queja durante más de cuatro años. No se trata solo de mala administración, sino que los ciudadanos europeos podrían detectar un conflicto de intereses dados los fuertes lazos del comisario con uno de los clubes investigados [el comisario de Competencia es Joaquín Almunia, socio del Athletic]”, dijo Emily O’Reilly en un comunicado. Desde el equipo de Almunia consideraron estas afirmaciones “inaceptables”.
* El País - LUIS DONCEL - 17.12.13
Foto: Madrid, montaje nuevo estadio Bernabeu - realmadrid
