La idea de derribar el mercado de Elche (Alicante) y dar la gestión a una empresa, que en 40 años se quedará gratis más de la mitad del edificio, no cala en la ciudadanía. Se ha constituido recientemente la Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio y el Comercio Ilicitano con el lema: “No al derribo, sí a la rehabilitación”. En realidad el edificio no posee gran valor arquitectónico, pero la forma de la adjudicación, sin mediar concurso público, ni estudios, ni participación vecinal es lo que más llama la atención de este caso.
"ELPAÍS* : En Elche el equipo de gobierno que preside Mercedes Alonso, del PP, ha pinchado en hueso con su propuesta para el mercado central. La intención del Ayuntamiento de derribarlo, construir uno nuevo, adjudicar su gestión por 40 años a un grupo de supermercados y después ceder tres plantas de las cinco construidas no gusta. “Es el solar más importante del centro de Elche y lo regalan”, denuncia José Joaquín Belda, con un negocio en la zona del mercado: “No existe ni estudio de impacto económico, ni de tráfico, ni concurso de ideas sobre qué hacer con este edificio”, señala este perito inmobiliario y judicial para criticar un proyecto que además, está pendiente de unas catas arqueológicas.
'Pelotazo' es una palabra muy común entre varios de los comerciantes de la Plaça de les Flors, donde su ubica el mercado y bajo la que descansan los restos de la ciudad árabe que fue el palmeral urbano que hoy es Elche. El pasado 2 de agosto, con media ciudad vacía, el equipo de gobierno del PP hizo valer su mayoría absoluta para aprobar un pliego de condiciones de un proyecto ideado por el antiguo gobierno socialista de la ciudad. El PP incluyó de cosecha propia lo que más ampollas levanta: la cesión de más de la mitad del nuevo espacio a la empresa lo construya y gestione.
De las 15 empresas que Urbanismo dijo en julio de 2012 que estaban interesadas en el proyecto poco se sabe. Solo suena el nombre del Grupo El Árbol, que ha presentado un plan de viabilidad “muy parecido curiosamente al pliego de condiciones del ayuntamiento”, apunta malicioso Belda, miembro de la recién constituida Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio y el Comercio Ilicitano. La semana pasada presentaron alegaciones al proyecto con el apoyo de más de 2.600 firmas a un enunciado muy directo: “No al derribo, sí a la rehabilitación”. Sindicatos y partidos, salvo el PP, hicieron lo propio.
La plataforma, en la que han confluido comerciantes de la zona e ilicitanos que comenzaron a informarse del tema a través de la página de Facebook Salvem el Mercat, piden que no se comercie con suelo público, un concurso de ideas y un estudio de impacto económico que evalúe en el tejido comercial de la zona para que todos los afectados participen. Pero el ritmo que lleva el proyecto hace prever que solo un descubrimiento arqueológico importante podría parar el derribo del edificio.
El Ayuntamiento, ante el movimiento vecinal y de comerciantes, estiró el plazo un mes más para que las empresas pudieran presentar proyectos, pero "el Grupo El Árbol ya va convocando reuniones" con los dueños de los puestos "sin tener el proyecto aprobado", cuentan en el mercado. "Nos piden por adelantado tres años de aval bancario de alquiler, que son unos 20.000 euros, más una entrada de 13.000 euros a la que debes sumar un 21% de IVA". Al margen de la cuantía de la inversión, en caso de aceptar y quebrar un año después, el comerciante no recuperaría nada. Actualmente, existe cierto temor entre los placeros del mercado tras haber vencido las concesiones municipales. Además, con el nuevo mercado pasarían de ser 70 a 40.
La propuesta de El Árbol queda así: las obras durarían de 18 a 24 meses, aunque los comerciantes las esperan “faraónicas”. Consistirían en derribar el edificio y construir otro que con un parking debajo para unas 400 plazas. Durante su explotación, la mercantil cobrará los alquileres de los locales y pondrá un supermercado dentro del recinto.
El mercado de Elche no es un edificio que llame la atención. Es un claro ejemplo de arquitectura pragmática y racional de finales de los años 50. En el registro municipal, con fecha de 13 de julio del 2012, entró un informe de la Dirección General de Patrimonio que decía que, obviando el Ayuntamiento y la vieja muralla, el "edificio del mercado, con diferencia es el de mayor importancia arquitectónica de esa parte urbana. Debería estar incluido en el catálogo urbanístico, hecho que no sucede". Ni sucedió, ni sucederá. Según fuentes municipales, Patrimonio se desdijo de su propio informe.
Regalar suelo, un hábito municipal
El pasado junio, Mercedes Alonso inauguró junto al obispo de la diócesis de Alicante-Orihuela, Jesús Murgi, la nueva sede de la universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. Está situada sobre el terreno público donde se ubicaban los antiguos juzgados. Fue un acto por el que hubo protestas vecinales, resumidas en un comunicado de la Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d’Elx: “Estas decisiones son demasiado importantes como para que se adopten sin tener en cuenta a la ciudadanía”.
Con motivo de esta cesión se creó Elx no es Privatitza, surgida de la asociación Joves d’Elx per la Llengua. A la cesión del terreno se unió una sensación vecinal de abandono de las instalaciones públicas. Incluso los clubes deportivos denunciaron la retirada de las subvenciones de las instalaciones deportivas del municipio, a las que subieron las tarifas.
La del CEU no fue la primera cesión. Alonso cedió gratuitamente 53.000 metros cuadrados durante 40 años para construir la futura Escuela Federativa de Golf de Elche, una entidad privada que promueve la Federación Valenciana de Golf.
* El País - RUBEN ESQUITINO - 13.10.13
Foto: El Mercado Central de Elche en la actualidad. / JOAQUÍN DE HARO
Elche.- ‘Pelotazo’ pendiente de unas catas
Los promotores podrán pagar para compensar el daño ambiental
Otro disparate urbanístico y medioambiental que ha pasado casi desapercibido para la opinión pública. Una fórmula esta de la compensación que existe 'condicionada' en algunos lugares del planeta, pero que aquí suena más bien a nuevos pelotazos urbanísticos y a fraude descarado contra el medio. ¿Cómo se puede compensar por la pérdida de joyas medioambientales y qué precio es el que se debe pagar por admitirlo? ¿Se puede reducir la Naturaleza a un valor monetario, a otra mercancía más? Más bien es una medida discriminatoria para el medio ambiente y que puede alcanzar cotas inimaginables en este país corrupto.
"ELPAÍS* : ¿Se puede poner precio a un hayedo? ¿Y a una pradera de posidonias? ¿Cuánto podrían costar las tareas de polinización de las abejas? El Gobierno de España quiere impulsar la creación de los bancos de hábitat o conservación, una figura que funciona en Estados Unidos desde los años 80, y que crea controversia porque permite la posibilidad de compensar el daño ambiental de un proyecto —una carretera, un edificio o una fábrica— adquiriendo un trabajo de recuperación ambiental hecho en otro lugar.
Estos bancos funcionarían como los mercados de carbono, pero con la naturaleza como materia prima. De momento se concentrarán en los hábitats y las especies. El sistema es el siguiente. Por un lado hay empresas o particulares que se dedican a hacer trabajos ambientales: reforestar un parque, recuperar una especie en peligro, limpiar los vertidos de un lago. Eso se inscribe en un registro controlado por la Administración, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, y se monetariza en forma de créditos ambientales. Los clientes de ese banco son los promotores, que tendrán la opción de adquirir voluntariamente esos créditos para compensar el daño de sus proyectos.
En el mundo hay unos 540 bancos de conservación, de los que más de 400 se encuentran en EE UU y del resto, una gran parte en Australia. La mayoría están enfocados a la reducción de daños sobre humedales, arroyos, bosques y riberas. En Europa hay experiencias piloto en varios países, como Francia y Reino Unido, pero donde más avanzado está el modelo es en Alemania, donde se incorporaron en 2002.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente defienden las bondades de una fórmula cuyas particularidades todavía no han decidido. Se concretará en un reglamento una vez que se apruebe la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que ahora se debate en el Congreso de los Diputados. En este proyecto de ley se especifica que tendrá carácter voluntario y según el Gobierno permitirá dar uso a una “importante bolsa de dinero” —no precisada— porque algunas compensaciones medioambientales tardan mucho tiempo en ponerse en marcha.
En el mundo hay unos 540 bancos de conservación, de los que más de 400 se encuentran en EE UU y del resto, una gran parte en Australia. La mayoría están enfocados a la reducción de daños sobre humedales, arroyos, bosques y riberas. En Europa hay experiencias piloto en varios países, como Francia y Reino Unido, pero donde más avanzado está el modelo es en Alemania, donde se incorporaron en 2002.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente defienden las bondades de una fórmula cuyas particularidades todavía no han decidido. Se concretará en un reglamento una vez que se apruebe la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que ahora se debate en el Congreso de los Diputados. En este proyecto de ley se especifica que tendrá carácter voluntario y según el Gobierno permitirá dar uso a una “importante bolsa de dinero” —no precisada— porque algunas compensaciones medioambientales tardan mucho tiempo en ponerse en marcha.
“En países como Cuba o Venezuela y los colectivos medioambientalistas nos acusan de reducir la naturaleza a un valor puramente monetario y económico, pero no estamos acabando con la poesía, ni con la inspiración que supone la naturaleza”, aseguró el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en unas jornadas organizadas en septiembre por el Colegio de Ingenieros de Montes. Su exposición iba acompañada de una retahíla de cifras. Un 40% de la economía mundial depende de la salud de los ecosistemas. En España, el valor de la polinización que realizan los insectos en los cultivos se estima en unos 3.000 millones de euros al año. “El capital natural es un generador de riqueza (…) Los insectos no cobran, pero el servicio está ahí”, añadió Ramos.
El modelo de los mercados de carbono, con sus defectos y virtudes, siempre aparece de fondo. “Hace 20 años era imposible pensar que una tonelada de carbono iba a tener un precio y sin embargo lo tiene”, dijo el secretario de Estado. En 2008 alcanzó los 30 euros y el pasado septiembre bajó a tres euros.
Los ingenieros de Montes creen necesario que cada país cree sus propios mercados nacionales: de carbono forestal, de calidad de agua, de biodiversidad... Todo ello obligará a fijar precios, y a estimar el coste de unos servicios que todos consideramos gratuitos y de los que se beneficia toda la ciudadanía. “Queremos poner a trabajar nuestro capital natural, por eso es importante su contabilidad”, aporta José María Rábade, experto del área de economía ambiental del Colegio de Ingenieros de Montes.
Barry Gardiner, exministro de Medio Ambiente de Reino Unido en 2006, defiende la creación de los bancos de conservación, aunque con matices. Para empezar, propone que se intente evitar el daño ambiental a toda costa y que, si no se pudiera, se reduzca o mitigue en la medida de lo posible. “Solo después se puede hacer esa compensación en otro lugar”, explica.
El Ministerio de Medio Ambiente no ve con malos ojos que se pueda compensar ambientalmente en otro lugar. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha criticado este aspecto tras la última conferencia sectorial, celebrada el 7 de octubre. “Un proyecto que tiene impacto en Andalucía puede compensarse en Galicia, eso no nos sirve y no nos gusta”, dijo Serrano tras la reunión.
Uno de los desafíos más importantes de esta figura es saber cómo calcular el valor económico del daño ambiental. “No se puede preservar un humedal creando un hábitat de menos calidad”, subraya Gardiner. Así, según el esquema del exministro británico, se le debería dar prioridad a una zona contigua al entorno dañado y después pasar a buscar otros lugares. En Reino Unido, donde hay en marcha varios proyectos piloto, se ha establecido un Comité de Capital Natural para asegurar que los valores de mercado que proporciona la naturaleza se tienen en cuenta en la toma de decisiones políticas.
“Hay que ser muy cuidadosos a la hora de elaborar estos mercados porque no puede haber una pérdida neta de ecosistemas”, contempla Miguel Ángel de la Calle, profesor del Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Escuela de Organización Industrial. El experto considera que estos instrumentos pueden servir para generar empleo y fijar población en el ámbito rural y pide un especial cuidado a la hora de idear el sistema de cálculo de créditos. “No vale compensar una hectárea con otra hectárea porque pueden ocupar suelos con valores medioambientales distintos”, recuerda.
Los grupos ecologistas echan en falta una consulta a la comunidad científica, al igual que el PSOE, en la oposición. “Más allá de la mercantilización se abre un abismo de impunidad por el que determinados enclaves podrían terminar arrasados en beneficio de intereses particulares a cambio de mejoras ambientales que podrían no servir para paliar los efectos negativos del proyecto en cuestión”, advierte Hugo Morán, secretario de Medio Ambiente socialista.
“No compartimos esa visión mercantilista porque comporta riesgos importantes, deberían aprender del resultado de otros mercados como el de carbono, o afrontar la cuestión de ver a quién termina beneficiando realmente”, subraya Laia Ortiz, diputada de Izquierda Plural.
El ecólogo Fernando Prieto se pregunta por el reparto de los beneficios que generarán estos ecosistemas y cómo se distribuirán entre los conservadores y gestores de estos ecosistemas, algo todavía pendiente de determinar.
Los principales grupos ecologistas inciden en que los ejemplos de Estados Unidos que se han presentado como modelo de bancos de conservación trabajan con realidades territoriales, legales y económicas muy distintas de las de la Unión Europea y España. Proponen posibilidades alternativas o complementarias en las que no intervengan los mecanismos de mercado y reclaman que se mejore el control administrativo de los mecanismos de compensación ambiental.
El ecólogo Prieto enumera sonoros fracasos, como la proposición de desplazar una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de avutardas unos cuántos kilómetros al este de Madrid para construir una de las radiales o gran parte de las inadecuadas plantaciones de coníferas y eucaliptos en una parte importante del país desde la década de los 50 que alimentan gran parte de los incendios de cada verano.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 13.10.13
Foto: Los bancos de conservación en España se prevén para hábitats y especies. / ANGELO GANDOLFI (CORDON PRESS)
Salt se despierta entre lágrimas
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha parado de forma cautelar el desalojo del bloque recuperado por la PAH en Salt (Girona) previsto para el miércoles. Además de para el Gobierno y para el banco malo, la sentencia supone un golpe también para el Gobierno catalán, que había dado órdenes a los mossos de Esquadra para que intervinieron en el desalojo. La alcaldía de Girona (municipio vecino a Salt), del mismo partido, así como el PP local, también salen mal parados después de tumbar el lunes una moción de rechazo al desalojo. Como se ve, en Europa son más sensibles al tema de la vivienda digna que en este país abandonado a su suerte por la casta político-financiera.
"PÚBLICO* : Ni los más optimistas esperaban combinar los sorbos del primer café del día con lágrimas. La noticia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitaba, de manera cautelar, paralizar el desalojo de las 43 personas que viven en el bloque de viviendas de Salt ha cogido por sorpresa al millar de vecinos, miembros de la PAH y activistas que han pasado la noche en la vivienda de Salt.
Pasaba un cuarto de hora de las 8.00 horas cuando la portavoz de la PAH en Girona, Marta Afuera, pronunciaba las primeras palabras desde un balcón: "¡No han podido!". La explosión de felicidad ha sido instantánea, con escenas de lo más emotivas. Cánticos, saltos y muchos llantos.
La orden del Tribunal de Estrasburgo no tiene precedentes en España, al menos en bloques de viviendas con un procedimiento penal. Los únicos que hay similares, confesaba Afuera sin las cámaras de por medio, se encuentran en Madrid y se tratan de viviendas individuales, nunca de un bloque entero. La portavoz de la PAH explicó, además, que a ella por lo de Salt le acusan de creación de banda terrorista, de ahí que el procedimiento sea penal y no civil, como en los otros casos registrados de desalojos paralizados por el tribunal europeo.
Doris, una de las personas que vive desde marzo en el bloque de Salt, ocupado por la Obra Social de la PAH, aún tiene los ojos húmedos. A cada paso que da, en los aledaños de la zona, recibe un abrazo fuerte, sentido, de aquellos que no han querido dejarla sola en estos momentos de incertidumbre. "Hemos sido valientes y aquí está la recompensa", confiesa a Público. "La sociedad ha podido ver con sus propios ojos que, cuando hay emergencia social y el Gobierno no actúa, el pueblo sí responde". Doris reconoce que no ha podido dormir y que la noticia le ha provocado una ilusión nunca antes vivida.
Bomberos contra el desalojo
El apoyo del cuerpo de bomberos, aunque al final no han tenido que actuar, también ha sido una de las notas coloridas de la jornada, que arrancó en la tarde del martes con actividades, movilizaciones, conciertos y centenares de voluntarios pasando la noche en el bloque. En total han acudido más de 40 bomberos, venidos de toda Catalunya y con una orden firme de ser expedientados si se oponían al desalojo, que al final no se ha producido.
Luis Ros es uno de ellos. Trabaja en el cuerpo barcelonés de bomberos pero es activista de la PAH en Badalona. "Yo apuesto por la desobediencia con nombre y apellidos. Siempre sin violencia, de forma pacífica, pero no se lo pondremos fácil a quienes intentan arrebatar los derechos más básicos de la ciudadanía", sentencia orgulloso. Delante del bloque, estos bomberos se han dado un auténtico baño de masas, siendo vitoreados al grito de "Más bomberos y menos Policía" y "Queremos calendario", este último grito como estímulo para la creación de un calendario donde muchos de ellos pudieran posar semidesnudos.
En total han sido 800 miembros de distintas PAH catalanas ─ han llegado también desde Valencia ─ quienes han vivido una jornada emocionante. La noche, según fuentes consultadas, no ha sido sencilla. Rosa, proveniente de la PAH Cardedeu, es una de las personas que ha pasado la noche. Más allá de la causa que defiende, ha querido participar en la reivindicación en calidad de sanitaria, por si al final se precisaban primeros auxilios. "Si hubieran intentando desalojar el bloque, no hubieran podido. Pero aquí hay 21 menores que han pasado horas de angustia y toda atención es poca para prevenir situaciones de emergencia". Rosa reconoce que, como muchos de sus compañeros, han pasado la noche en vela. Afortunadamente, con los primeros rayos de sol ha vuelto la esperanza y la convicción de que el "Sí se puede" que proclama la PAH está más vivo que nunca.
Con la tranquilidad de que el Bloc Salt no iba a ser desalojado, se ha realizado una marcha hasta el Ayuntamiento, donde miembros de la PAH, vecinos y las familias implicadas han protestado airadamente contra la administración pública, considerándola parte responsable de la orden de desahucio que finalmente no se ha llegado a aplicar.
Varios cánticos después -el que más se ha escuchado es el que reclamaba al alcalde que diera la cara-, el portavoz de la PAH Valencia ha notificado una nueva ocupación en la capital valenciana, Ca L'Esperança, siendo este el 15º bloque que la Obra Social de la PAH ocupa en el territorio español. Una revelación fuertemente aplaudida y que ha contribuido a acentuar el carácter festivo de la jornada.
"Si me pinchan no me sacan sangre"
La manifestación ha abandonado la plaza del Ayuntamiento y ha iniciado un nuevo recorrido por las calles del municipio gerundense, hasta llegar nuevamente al punto de partida: el Bloc Salt. Ahí se han vivido nuevamente escenas emotivas, como la de varias familias abrazándose entre ellas, en especial la de Doris, que ha capitaneado la marcha de la mano de sus dos hijas.
Visiblemente afectada se encontraba también Marta Afuera, quien culminaba el acto con unas palabras de agradecimiento y apoyo. Con la jornada concluida, Afuera repasaba para Público todo lo vivido desde que en marzo la PAH de Girona ocupó el Bloc Salt: "Han sido siete meses muy intensos, con alegrías y decepciones. Yo particularmente estoy muy orgullosa de las familias y las personas que viven en el bloque y de cómo lo han afrontado. Si me pinchan no me sacan sangre", confesaba.
No obstante, aún hay que valorar lo logrado en la fecha de hoy. Afuera prefiere ser optimista: "Lo de hoy marca un antes y un después en nuestra lucha. Nos enfrentamos a un monstruo capitaneado por el Partido Popular y el banco malo, pero se ha demostrado que cuando nos unimos las personas podemos dar la vuelta a escenarios que parecían imposibles de cambiar".
¿El aliado del Tribunal de Estrasburgo será suficiente para derrotar a Goliat? "Hay que hacer una lectura exhaustiva del documento y pensar en la próxima estrategia seguir, pero hemos dado un gran paso. La resolución de hoy no sólo paraliza el desahucio sino que obliga a la administración a ofrecer salidas dignas a las familias que viven aquí. Esto es una punta de lanza, solamente en Girona hemos recibido la petición de vivienda de 1000 familias en riesgo de vivienda. Lo que hemos vivido hoy en Salt pasa en cualquier lado de España. Y no podemos mirar a otro lado", concluía.
Esta tarde la coordinadora de la PAH en Girona se reunirá de urgencia para tomar una decisión sobre cómo actuar en el futuro con el Bloc Salt. Sin embargo hoy sus familias podrán dormir tranquilas. Han logrado una prórroga en el partido más difícil.
* Público - ROGER XURIACH - 16.10.13
Foto: Los ciudadanos que se han concentrado durante toda la noche en el bloque de Salt han estallado de júbilo al conocer la paralización.- EFE
Valencia.- Un patrimonio que amenaza ruina
No solo existe la Valencia de las grandes obras inútiles y los pelotazos urbanísticos famosos, complementariamente existe otra ciudad que ha olvidado su patrimonio histórico dejándolo morir lentamente por falta de atención. Edificaciones de gran valor cultural y arquitectónico, no solo urbanas sino de sus alrededores, como alquerías, molinos, palacetes, etc, que poblaban la huerta se están desmoronando sin que las autoridades políticas o culturales hagan nada al respecto. Otro ejemplo más de la nefasta gestión urbanística de los actuales gobernantes.
"ELPAÍS* : Valencia ha abandonado a su suerte buena parte de su patrimonio histórico. Enfebrecido por erigir nuevos iconos arquitectónicos, el Gobierno local ha menospreciado una parte de su pasado. Alquerías de l’Horta, viviendas señoriales, naves industriales, palacios o conjuntos arquitectónicos penan ahora entre hierbajos y suciedad. El inventario de patrimonio olvidado —solo los bienes catalogados en el Plan General como equipamiento público— reúne a más de 70 inmuebles o conjuntos arquitectónicos, según el último recuento de los socialistas.
“La ocupación irregular, los incendios y robos están causando daños irreparables en los edificios”, advierte el concejal socialista Vicent Sarrià, que reclama un plan para la rehabilitación de todos estos inmuebles.
Más allá de las rondas de Valencia, salpican el paisaje de l’Horta unos 20 o 25 exponentes destacados de la arquitectura rural. Dos de las alquerías, catalogadas como Bien de Relevancia Local, se han venido abajo tras años de abandono. La edificación Nel.lo el Xurro, resto de lo que fue una gran alquería de origen medieval en Campanar, se cae a pedazos. Parecida suerte corre la alquería de Ponsa, una construcción del siglo XV en Nou Moles, cuyos muros se desplomaron, o la Alquería del Moro, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2004 y propiedad del Ayuntamiento de Valencia desde hace 14 años. Situada en el barrio de Benicalap, es un ejemplo de la arquitectura señorial valenciana que ha llegado en buenas condiciones y sin transformaciones importantes en siglos posteriores, dicen los expertos. La fundación Hispania Nostra la ha incluido en su lista roja del patrimonio.
“Tenemos uno de los mejores patrimonios rurales", reconoce el arquitecto Miguel del Rey. Recorrer sus ejemplos es revivir la historia de Valencia y su área metropolitana y entender la evolución de las técnicas agropecuarias. “Con cada desplome, Valencia pierde parte su historia e identidad”. añade Del Rey.
En el interior de la ciudad, otro puñado de edificios languidecen con el paso del tiempo. La Casa del Relojero, situada junto al Micalet en una de las rutas más visitadas del centro histórico, está en ruinas. Allí vivía el encargado de mantener en funcionamiento el reloj de la ciudad que se encontraba en un lateral del Micalet. Cubierto ahora con una lona verde para evitar que los desprendimientos dañen a los viandantes, el edificio, con más de 200 años, tiene protegida su fachada pero el Gobierno local pretende derribarlo y colocar una plaza en su lugar a petición de vecinos y hosteleros de la zona. Lo único que ha impedido su derribo es la negativa de la Consejería de Cultura, que pretende que se reconstruya la manzana. La asociación Amigos del Centro Histórico denunció hace 12 años el penoso estado de la casa y el Consistorio, propietario del inmueble, colocó un andamio pero al poco los cacos robaron la azulejería. Desde entonces todo ha ido a peor.
“Se saltan la obligación de todo propietario de cuidar la finca, se saltan la protección de grado 3 de su fachada, y también la recuperación de la trama urbana”, advierte un portavoz de la plataforma cívica Paco Leandro, que solicita que se declare BIC porque porta en su fachada un escudo de la ciudad de más de 100 años. “Deben respetar un vial que tiene más de 2.000 años de antigüedad”, prosigue el colectivo. “Esos viales de los que se avergüenza [el gobierno local], “están llenos de encanto, forman parte de una trama antiquísima y son la esencia del barrio”, concluye.
El inventario recoge otros ejemplos. El solar con restos de una casa palacio del siglo XVI en la Subida al Toledano, también a pocos metros del Micalet, está abandonado. Se conservaba una escalera gótica y un arco, restos que en 2010 se trasladaron a los almacenes municipales. El objetivo de la oposición es que se integren los restos cuando se edifique el solar. La antigua Tabacalera, ahora sede municipal, perdió en su rehabilitación tres naves del conjunto arquitectónico, asunto pendiente en los tribunales. La Casa dels Bous, situada en pleno Cabanyal y característica por el reloj de sol que luce en su fachada, está descuidada y amenazada por la pretendida prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez.
De los hornos de La Ceramo, fábrica de cerámica fundada por José Ros Furió en el año 1885, salieron en los siglos XIX y XX cerámicas que hoy decoran edificios notables de Valencia como la Estació del Nord, el Mercat Central o el propio Ayuntamiento de Valencia. El Consistorio intentó con sus dueños una permuta que no salió adelante y no hizo más. Comida por la vegetación, Urbanismo instó en agosto a los dueños a conservar el complejo tras las denuncias de Cercle Obert, otro colectivo defensor del patrimonio.
Fuera de la lista de patrimonio destinado a equipamiento público está el Colegio del Arte Mayor de la Seda, un edificio de 1492, totalmente protegido desde 1981. Su propietario, el gremio sedero, carece de presupuesto suficiente para rehabilitarlo y el intento del Ayuntamiento de incluirlo en la lista de inversiones del Ministerio de Fomento a cuenta del 1% cultural a cambio de su uso, se suspendió antes del verano. Mientras el Ayuntamiento y la Generalitat buscan su encaje en algún plan de rehabilitación, el inmueble se deteriora todavía más.
El arquitecto Tito Llopis, responsable de la rehabilitación de la Plaza Redonda, reconoce que se ha dejado perder de manera gradual los centros históricos, no solo la arquitectura de antes del siglo XIX sino también la de principios del XX. Llopis insiste en la importancia de que los centros históricos estén habitados y no se expulse a la gente de ellos. “Los poderes públicos tienen que plantear el modelo, volviendo a la rehabilitación puntual e incentivando a la iniciativa privada”.
El Gobierno local de Valencia del PP, se escuda en que en 2012 se gastó en rehabilitación y recuperación de edificios dos millones de euros, y en 2013 hay previstos otros ocho millones. El concejal delegado de Urbanismo, Alfonso Novo, hizo una lista de bienes recuperados de la que entresacó las naves de Demetrio Ribes, la Alqueria del Rei y la del Camí del Pouet.
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ - 12.10.13
Foto: Panorámica del interior de la fábrica de La Ceramo, en la avenida de Burjassot. / TANIA CASTRO
La PAH se prepara para resistir a la orden de desalojo del Bloque de Salt
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"ELDIARIO* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se prepara para resistir este miércoles a la orden de desalojo del edificio de Salt de su Obra Social, el programa de ocupación de edificios en manos de los bancos para realojar a personas desahuciadas. Ante la amenaza que pende sobre las 43 personas que ocupan el edificio desde el pasado marzo, la PAH ha organizado una resistencia que se prevé masiva y llama la ciudadania a pasar ahí la noche del martes. Los afectados consideran especialmente grave que esto se dé en un edificio propiedad de la Sareb.
En un comunicado, la Plataforma expresa que el conflicto visualizará la colisión de dos modelos confrontados: "El modelo del Gobierno 'El Banco del Terror' (SAREB), y el modelo de la gente 'La autotutela de derechos' (La Obra Social de la PAH)." Denuncian que la entidad, con un 45% de fondos públicos, busca "malvender el patrimonio público, de las entidades rescatadas con dinero público, de todos", en vez de destinarlo a cumplir una función social.
La noche será amenizada por un concierto solidario a cargo de Feliu Ventura, Lágrimas de Sangre, Amparo Sánchez y Gossos. Ahí se reunirán activistas de PAHs de todo el territorio, así como de otros colectivos movilizados, como los bomberos que anunciaron que enviarán 100 personas a participar en la defensa del bloque. Aunque no sea una cifra fiable, en Facebook ya son más de 800 personas las que han asegurado que asistirán a la concentración en el evento creado por la Plataforma.
La PAH ha explorado todas las vías institucionales para intentar paralizar el desahucio antes de la fecha. La última de ellas, ayer por la noche en el pleno del ayuntamiento de Girona, donde se votó una moció presentada por PSC, ICV-EUiA y la CUP pidiendo la paralización del desahucio. La votación resultó en empate con los votos en contra de CiU y PP y el voto de calidad del alcalde Carles Puigdemont sirvió para reprobar la propuesta.
La semana pasada 38 diputados del Parlament, pertenecientes a Esquerra, PSC, ICV-EUiA y la CUP, firmaron una petición en la que solicitaban al Conseller de Interior Ramon Espadaler la paralización del desahucio y que los Mossos d'Esquadra no ejecutaran la orden. El texto remarcaba que "la ocupación de viviendas vacías se ha convertido en una necesidad y la única posibilidad existente para los que ya han agotado las restantes".
El viernes la Agencia de Vivienda de la Generalitat reaccionó a la presión de la PAH y presentó un escrito en el juzgado para solicitar que se retrasen los desahucios. La Secretaría de Vivienda asegura que pide el aplazamiento para seguir estudiando la situación de todas las familias y admite que algunas se ajustan a los criterios de realojo de la Generalitat.
* El Diario - João França - 15.10.13
Foto: Bloque en Salt - eldiario
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Varapalo del TSJ al Ayuntamiento de Cartagena al anular un trámite de Novo Carthago
El plan de Novo Carthago, junto al Mar Menor, continúa la larga serie de irregularidades cometidas por el ayuntamiento de Cartagena. Las 10.000 viviendas, hoteles, campo de golf, etc, están todavía pendientes en la vía penal para dirimir las responsabilidades de los dirigentes públicos implicados. Ahora se suma un nuevo rechazo administrativo, lo que da idea de cómo se cometen los pelotazos urbanísticos de mayor relevancia territorial. Afortunadamente, en este caso, el macroproyecto delictivo ha sido detenido a tiempo, no como en otros lugares.
"LAVERDAD* : Mientras en la vía penal trata de aclarar las posibles responsabilidades de cargos políticos y funcionarios por los supuestos delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de ordenación del territorio protegido en la tramitación del proyecto Novo Carthago, en la vía administrativa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acaba de dar un varapalo al Ayuntamiento de Cartagena por este mismo asunto. En una sentencia conocida ayer, la Sala de lo Contencioso del TSJ ha anulado el decreto municipal de mayo de 2007 por el que aprobó el proyecto de reparcelación de esta macrourbanización de 10.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor y la finca Lo Poyo.
La resolución confirma una anterior de un juzgado de Cartagena, que ordenó devolver el expediente al momento en que se debieron recoger unas propiedades de la comunidad de regantes de la zona. La sentencia estimó también de forma parcial el recurso de otros tres propietarios de terrenos.
Los regantes habían alegado que la distribución de los solares aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento no contemplaba varios caminos de su titularidad que atravesaban el espacio afectado.
La Sala rechaza los recursos presentados por la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto, el Ayuntamiento y dos particulares contra esa primera sentencia.
El TSJ sostiene que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, en su resolución de julio de 2012, estimó íntegramente el recurso de la comunidad de regantes contra el decreto de la Gerencia de Urbanismo y contra la resolución posterior de la Junta de Gobierno Local que mantuvo la reparcelación aprobada.
El fallo judicial, que se ve confirmado ahora, imponía retrotraer las actuaciones municipales para que se recogieran las demandas de los regantes y el aprovechamiento urbanístico que les correspondía.
En cuanto a la apelación de la empresa, ésta planteó la existencia de una contradicción entre lo declarado por el juez y lo que se desprendía de las actuaciones llevadas a cabo, así como un error en la apreciación de los hechos y una valoración «arbitraria, irrazonable o ilógica de la prueba». Al desestimar sus alegaciones, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia indican que aquéllas deben ser planteadas por la vía administrativa, aprovechando el cauce abierto con la decisión judicial de retrotraer el expediente.
Este diario solicitó al Gobierno municipal información sobre la repercusión de la sentencia (contra la que no cabe recurso) y cómo la evalúa, pero no hubo respuesta.
La Comunidad y la UE
Según fuentes municipales, el trámite al que se refiere la sentencia es un paso previo al proyecto de urbanización, que todavía no ha sido aprobado de forma definitiva. El trámite anterior al ahora anulado, llamado Plan Parcial, también fue objeto de un recurso contra el Ayuntamiento. Lo interpuso la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), pero el TSJ dio la razón el Consistorio por un defecto de forma en febrero de este año.
Uno de los escollos actuales es cómo se concretará lo relativo a la restauración del humedal de Lo Poyo. En su día, se estableció la obligación por parte de la empresa de descontaminar de los metales pesados procedentes de la minería la parte del saladar que se veía afectada por el campo de golf.
Al retirarse del plan esa zona protegida por exigencias de la Unión Europea, la Administración entendió que tampoco había lugar ya a la obligación de restaurar el humedal. El argumento es que éste no genera ya a la promotora un beneficio en forma de edificabilidad en otra zona de este residencial.
Aunque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana abre la puerta a esta posibilidad, el proyecto de urbanización (que necesita el visto bueno del área de medio ambiente de la Comunidad Autónoma) aún no ha sido aprobado de manera definitiva.
Asimismo, el propio Plan General ha sido objeto de un recurso judicial por la vía contencioso-administrativa por parte de la asociación ecologista ANSE, que considera que pasa por alto la declaración de impacto ambiental en lo relativo al humedal con una redacción ambigua sobre la zona de Novo Carthago.
Si al final no tiene que limpiar el humedal, Hansa Urbana (que compró parte de los terrenos con un préstamo de la antigua CAM de 95 millones de euros) evitará un gasto de unos 31 millones. Queda la duda de si el saladar quedará sin descontaminar o si el coste tendrán que asumirlo los ciudadanos a través de sus administraciones públicas.
Conexiones con Marbella
La empresa calculó en 7,11 millones el desembolso para la limpieza del 23% del paraje, ya que la zona restante iba a ser restaurada por los promotores de otra urbanización: la de Lo Poyo. Sin embargo, la Unión Europea indicó en varios informes que sería necesario restaurar de forma íntegra todo el saladar. Y eso elevó la factura en unos 23 millones.
Hansa contaba con que el 77% del suelo iba a ser restaurado por los dueños de la finca anexa, pero el Gobierno regional suspendió los planes de urbanización por las conexiones de los propietarios con el caso de corrupción en Marbella.
El proyecto también es polémico porque la empresa tiene pendiente la restauración completa del monasterio medieval de San Ginés de la Jara.
* La Verdad - J. A. G. / EFE - 12.10.13
Foto: Cartagena, proyecto Novo Carthago - osmobra
El Centro Comercial La Maquinista de Barcelona construirá una escuela pública a cambio de una recalificación millonaria
Cada vez se va acercando más el urbanismo privado, en este caso ya no son necesarios los servicios de la Generalitat ni del Ayuntamiento barcelonés, es una empresa comercial la que dicta las normas y construye una escuela pública con el beneplácito de los anteriores organismos. Pero, lógicamente, para hacerlo tiene unos intereses muy definidos, como son una recalificación de suelo urbano multimillonaria, por encima de lo presupuestado para la escuela, ya que constará de cinco grandes torres con casi 600 pisos, más una ampliación de la zona comercial. En urbanismo no debería valer todo, pero se ve que los principios se van dejando atrás para beneficio de unos pocos listillos.
"ELDIARIO* : La escuela La Maquinista, que actualmente está en barracones, no la construirá ni la Generalitat ni el Ayuntamiento: lo hará el Centro Comercial. A cambio de esta inversión de casi seis millones de euros (esto es lo que vale construir una escuela con IVA incluido), el Ayuntamiento recalificará los 92.000 metros cuadrados que hay delante del Centro Comercial y convertirá unos terrenos industriales en zona comercial y de vivienda.
De esta manera, el Centro Comercial contará con 47.000 metros cuadrados para levantar cinco grandes edificios de 588 pisos y con 45.000 metros cuadrados más para ampliar la oferta comercial. Toda esta operación se hará justo delante de La Maquinista, donde actualmente está el aparcamiento descubierto. El espacio que ocupan actualmente los barracones son del Centro Comercial que los cedió temporalmente hasta que se construyera la escuela en otro lugar. Y es que un parte de esta gran parcela, que limita con las vías del tren, es propiedad municipal y el resto del Centro Comercial, pero los terrenos están muy mal repartidos y era necesaria una reordenación.
Con este acuerdo, el alcalde Xavier Trias desatasca un problema que se arrastraba desde hacía años, ya que permitirá que los alumnos de La Maquinista tengan una escuela de obra en lugar de los módulos prefabricados. Por el contrario, la ciudad sigue privatizándose y pierde unos terrenos industriales que hubieran podido servir para atraer oficinas y generar empleos que ayudaran a dinamizar los polígonos que hay al lado del Centro Comercial. Hay que recordar que, con la crisis, Barcelona ha perdido más puestos de trabajo en el sector industrial que en el de la construcción.
A pesar de la magnitud de esta gran operación, el proyecto se ha negociado sin hacer mucho ruido. Para que salga adelante, aunque hay un período de exposición pública, presentar las enmiendas que vecinos y partidos consideren y volverlo a discutir. De momento, a la Comisión de Hábitat Urbano que se ha celebrado en el Ayuntamiento, todos los partidos se han abstenido a la propuesta del Gobierno, salvo ICV-EUiA, que ha votado en contra.
"Estamos a favor de que se construya la escuela, pero si no la puede pagar la Generalitat lo puede hacer el Ayuntamiento, que prevé cerrar el año con 123 millones de euros de superávit", ha apuntado Janet Sanz, la concejala de ICV-EUiA. Según Sanz, la posición del Gobierno "es un chantaje a la ciudadanía, ya que dice: si quieres la escuela, debes pagarlo por otro lado. Yo entiendo a las familias del AMPA que quieren que se construya la escuela, pero no vale todo. Si la prioridad es la escuela se puede hacer porque hay dinero, de hecho, cuesta menos que la remodelación del Paseo de Gracia".
Cinco torres del estilo Diagonal Mar
Sanz critica que detrás del proyecto hay una "operación especulativa porque los terrenos comerciales y de vivienda son mucho más valiosos que los de suelo industrial". Aún así, esta parcela se hubiera podido convertir en una especie de "22 @ que atrajera economía verde, espacios de tecnología, etc". El proyecto también perjudicará "el tejido comercial del barrio", según Sanz a parte del impacto visual que provocarán las "cinco torres del estilo Diagonal Mar". El proyecto prevé cuatro grandes edificios de 20 pisos un quinto de 24 pisos de altura.
Según ICV, el gran beneficiado del acuerdo es el Centro Comercial La Maquinista, que ganará mucho dinero con la venta de los pisos y al mismo tiempo atraerá nuevos compradores a sus tiendas. De hecho, según sostienen, el plan que presenta CiU es directamente la propuesta del promotor.
Otro punto que también ha sido criticado en la comisión es que de toda la promoción sólo se reservarán un 30% a la protección social , muy por debajo del 50% que preveía el Plan de Vivienda que se aprobó durante el mandato anterior .
La presidenta de la Asociación de Vecinos del Buen Pastor, Paquita Delgado, también se opone “totalmente” a esta gran operación, después, eso sí, de reclamar que la escuela "se haga sí o sí". La portavoz vecinal lamenta que se pierda terreno industrial: "Esta zona está al lado de la futura estación del AVE donde se tenían que construir oficinas, lo que hubiera potenciado los polígonos y generado nuevos puestos de trabajo". Según Delgado, los casi 600 pisos densificar aún más la zona y complicarán el tráfico. Desde la Associació de Veïns de Sant Andreu prefieren esperarse a ver el proyecto para presentar las alegaciones.
* El Diario - Jordi Mumbrú - 10.10.13
Foto: Imagen corporativa del centro comercial La Maquinista - eldiario
Madrid.- Desahuciar para pagar las deudas de Gallardón
Contradictoria situación la que analiza este artículo sobre la Empresa municipal de la vivienda de Madrid, ya que a pesar de ser pública está desahuciando continuamente como si se tratara de una privada más. Pero es que su funcionamiento ha sido catastrófico, por lo que arrastra importantes deudas consecuencia de una gestión dirigida a fomentar grandes construcciones, en lugar de facilitar el acceso a la vivienda. La política faraónica del alcalde Gallardón, y su equipo de gobierno, sigue pasando factura años más tarde.
"CARLOS HUERGA* : Últimamente es habitual encontrar noticias sobre desahucios ejecutados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Los últimos ejemplos que nos vienen a la cabeza son los desahucios de la calle Unanimidad o el fatídico caso de una vecina de Carabanchel que se suicidó tras recibir una carta de la EMVS que informaba de la no renovación de su alquiler a causa de una deuda de 900€. Según estas informaciones, parecería que la EMVS es una entidad bancaria más. Sin embargo, la EMVS es “una sociedad anónima con capital 100% municipal —es decir, público— que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid”.
Entre sus objetivos destaca el de “facilitar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades”. La pregunta se hace evidente: ¿Por qué una entidad pública encargada de la política de vivienda y cuyo objetivo explícito es proteger a los grupos más vulnerables está desahuciando?
Para comprenderlo es necesario conocer en qué estado se encuentra esta empresa pública.
La EMVS es una de las tres mayores empresas públicas que gestiona el Ayuntamiento de Madrid, junto con “Madrid Espacios y Congresos” (Madridec) y la “Empresa Municipal de Transportes” (EMT). Su deuda asciende a 800 millones de euros, del total de 7.430 del Ayuntamiento de Madrid: es decir, cerca de un 10% del total de la deuda municipal. Esta deuda está siendo utilizada por el Ayuntamiento de Madrid para justificar su inviabilidad.
Como bien es sabido, el objetivo prioritario de las empresas públicas no es ser rentables, si no prestar un servicio público. Es lógico, por tanto, que muchas de estas empresas sean financieramente deficitarias. Aún así, conviene analizar el por qué de esta situación.
La deuda de la EMVS proviene del mandato del anterior alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia. Este alcalde fue famoso por sus faraónicos proyectos: soterramiento de la M-30, todas las infraestructuras construidas para las dos candidaturas olímpicas que se presentaron bajo su mandato, traslado de la sede del Ayuntamiento a la Real Casa de Correos, etc. Parte de la financiación de estos proyectos vino por la venta de terrenos del Ayuntamiento a la EMVS, a precios superiores a los del mercado. Un ejemplo son los terrenos de Valdecarros, que se vendieron en 2008 por 175’5 millones de euros, siendo el actual valor de esa parcela de 32,5 millones.
Estos datos dejan claro un punto muy importante: la deuda de la EMVS no proviene solamente de prestar un servicio social, ni es consecuencia exclusiva de la explosión de la burbuja inmobiliaria: viene del uso que desde el Ayuntamiento se ha dado a los recursos públicos que gestiona la esta empresa municipal. Es consecuencia de una gestión dirigida a fomentar grandes construcciones, en lugar de facilitar el acceso a la vivienda.
Hoy en día, la EMVS dispone de, refiriéndonos a vivienda en alquiler (datos de enero de 2013): 1.608 viviendas en arrendamiento libre (402 de ellas vacías), 3.595 viviendas protegidas (554 vacías) y 949 protegida con opción a compra (436 vacías). ¿Qué uso se está dando a este stock de viviendas vacías? ¿Tal vez viviendas sociales para esos grupos vulnerables a quienes la EMV debería facilitar acceso a la vivienda? No: se está vendiendo con el objetivo de subsanar deuda.
Dos han sido hasta hoy las iniciativas que han tratado de vender esta vivienda pública.
Noviembre de 2012: varios vecinos de cinco edificios de viviendas sociales recibieron una carta en la que se les informaba de que tenían que desalojar sus casas (todos los alquileres estaban próximos a su vencimiento). ¿Cuál era el motivo de estos desalojos? La EMVS quería vender los edificios a una empresa privada, Renta Corporación (vinculada al marido de María Dolores de Cospedal) por 21 millones de euros. 117 familias se vieron perjudicadas por esta operación. Finalmente la empresa se echó atrás y la venta no se realizó, en gran parte, por el revuelo mediático que se generó.
Julio de 2013: la EMVS vendió 1860 viviendas en régimen de alquiler por 128,5 millones de euros a Magic Real Estate Blackstone. La delegada de urbanismo, Paz González, aseguró que estos alquileres seguirían vigentes y que “lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor”. El periodo de protección de los contratos de alquiler expirará dentro de diez años, lo cual hace pensar que en ese momento perderán su voluntad social, viéndose afectados los y las inquilinas.
Este proceso de venta del patrimonio de la EMVS (parque inmobiliario público, ni más ni menos), ha sido tan confuso y se ha desarrollado con tanta desinformación que incluso un fondo de inversión estadounidense (Harbour Group) ha arremetido contra la privatización de las viviendas sociales de la EMVS acusando al Ayuntamiento de “incompetencia y malas artes” en la venta de estas 1.800 viviendas.
Por otra parte, y de forma simultánea, conviene saber que la plantilla de le EMVS está amenazada con un ERE que afecta al 90% de los y las trabajadoras.
Como resultado de esta situación, y aunque parezca paradójico, la mayoría de los desahucios en los que está trabajando actualmente la PAH Madrid son de vivienda social. Estos desahucios se caracterizan por dos elementos: 1) la deuda que tienen las familias con la EMVS se reduce a mensualidades y, 2) en varios casos, los y las afectadas han tratado de pagar esta deuda, pero la EMVS no lo ha aceptado, o incluso ha llevado a cabo el desahucio, a pesar de que el inquilino había pagado su deuda. Este tipo de desahucios tienen un propósito muy claro: vaciar las viviendas sociales de la EMVS para facilitar su venta a empresas privadas.
Tal ha sido el crecimiento de los desahucios de vivienda social que, desde la PAH, se ha creado otro colectivo llamado Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social que se encarga de dar un mayor seguimiento a este fenómeno.
Estos desahucios de vivienda social han llegado a ser tan injustos, que han tratado de desahuciar a mujeres víctimas de violencia de género, ancianos sin otra solución habitacional o simplemente jóvenes que necesitan esta intervención social para emanciparse. Sectores sociales desfavorecidos, a los que debería estar dirigida la actuación de la EMVS, pero en un sentido radicalmente distinto al actual.
Ya sabemos que la situación de la vivienda en este país es terrible, pero la vuelta de tuerca que se está produciendo con los desahucios sociales es, simplemente, inasumible. Una constante vulneración de los derechos humanos, con dinero público. No podemos permitirlo.
* Ingeniero y Activista de la PAH Madrid
* Público - Opinión - 23.9.13
Foto: Desahucio, concentración Madrid - elpais
'Caso Malaya' : «Es una pena; a la vista de las condenas, igual les ha compensado»
Santiago Torres, exjuez de la Audiencia Nacional, fue el primero que logró frenar los abusos de Jesús Gil en 1998. Su paso por Marbella le causó 3 infartos y 6 anginas de pecho. Ahora se ha retirado de la profesión, pero considera las condenas de la resolución judicial "cortas" y un punto y seguido en la lucha contra la corrupción urbanística que se desató. A continuación una breve entrevista.
"SUR* : – ¿Qué opina del fallo?... Me parece un punto y seguido en la lucha contra la corrupción que se desató en una época en Marbella. Deja una serie de cuestiones en el aire. La primera y más llamativa, las absoluciones en el entramado empresarial y de blanqueo que había servido de soporte a ese sistema de corrupción generalizada al que hace referencia la sentencia. Y eso es llamativo porque ha quedado impune todo el aparato que permite obtener beneficios de los sobornos a funcionarios, que es el blanqueo. La segunda, la liviandad de las penas impuestas a los condenados. Marbella tiene todavía pendiente esclarecer todo el entramado económico que había detrás de la corrupción del ayuntamiento gilista y postgilista... ‘Malaya’ es la punta del iceberg.
– ¿Le parecen cortas las condenas?
Me parece una condena corta. Los dos años de cárcel a Julián Muñoz o los seis que se le han impuesto a Marisol Yagüe parecen penas menores para un entramado continuado de corrupción generalizada. Y llama la atención también la condena a Roca mediando confesión del mismo. Aun así, la sentencia tiene unos efectos muy saludables y beneficiosos como es poner punto y final a una era, pero me da pena que, a la vista de las condenas, igual les ha compensado. Alguien no ha hecho bien su trabajo, y parece ser que las defensas han estado por encima de las acusaciones. Significa que ha habido 43 ciudadanos expuestos a un proceso judicial cuando resulta que no había pruebas para condenarles. Lo que plantea dudas es por qué el gran trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han realizado una investigación muy complicada, no se ha transformado en todos los casos pruebas válidas para el juicio. Los policías hicieron una labor exquisita.
– ¿Piensa que las penas habrían sido distintas si el caso se hubiera juzgado años antes?
No creo que hubiese cambiado el resultado del fallo de haberse producido en otra época, pero sí pienso que las condenas hubiesen sido más duras en la Audiencia Nacional.
– ¿Qué mensaje se traslada a la sociedad con estas condenas?
Hay que repensarse si nuestra Justicia sirve para dar respuesta a problemas como el de la corrupción. Primero por la tardanza, ya que han transcurrido siete años, y segundo por la liviandad de las penas.
– ¿Cree que este tipo de sentencias son disuasorias?
En absoluto. Las condenas que se han producido y el hecho de que la sentencia no alcance al entramado económico de la corrupción permite pensar en la impunidad de determinados comportamientos que están en la base de esta situación.
– Muchos ciudadanos han mostrado su indignación por las penas impuestas...
¡Qué quiere que le diga, si yo me sentí más solo que un comando tras las filas enemigas! [ríe]. Ahora todo el mundo se apunta al carro, pero esto venía de mucho antes, no era algo secreto. Seguramente, si una parte de la sociedad marbellí hubiera actuado de otra manera, no se habría llegado a esta situación. Pero sería injusto decir que todo el mundo actuó así. Hubo voces que se alzaron, y que fueron silenciadas. Algunos lo pasaron muy mal cuando denunciaron lo que estaba pasando.
–Las acusaciones de blanqueo se han saldado con más absoluciones que condenas. ¿Cree que hay armas legales para combatir este delito?
Hay que tener en cuenta que ha habido dos reformas y se han agravado sustancialmente las penas. El problema radica en que las herramientas judiciales son muy poco útiles para investigar delitos telemáticos. Los defectos organizativos de la Justicia española, que es de la época de la diligencia, de 1.882, no son eficaces para perseguir delitos de la era de las telecomunicaciones. Eso no ocurre en Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, que sí que han depurado los casos de corrupción allí planteados.
– ¿Qué ha supuesto Juan Antonio Roca para Marbella?
Roca era el organizador en la sombra de los aprovechamientos urbanísticos ilícitos en los que se basaba la corrupción, según ha resultado de diversas resoluciones judiciales. Ha supuesto la saturación de la calidad urbanística de Marbella y la eliminación de desarrollos urbanos públicos.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA |JUAN CANO - 6.10.13
Foto: Marbella, arco entrada símbolo del gilismo - laopiniondemalaga.es
Las claves de la sentencia del 'caso Malaya'
Todavía continúan las críticas por la débil sentencia del Tribunal 'malayo', en cuanto a dejar libres a numerosos reconocidos implicados, y a las penas mínimas impuestas a los máximos capos del saqueo en Marbella. La importancia de este caso, que fue uno de los primeros y más graves en sacar a la luz la corrupción urbanística generalizada en este país, hace que se vuelva a incidir en la falta de ejemplaridad de una sentencia que debería ser revisada por instancias judiciales superiores. Algo difícil que suceda, nos tememos.
"SUR* : Una descripción de hechos gravísimos, condenas mínimas y casi la mitad del banquillo absuelto. La sentencia del 'caso Malaya' se mueve en una aparente contradicción que se explica en algunos aspectos clave: la validación de las pruebas sobre la estructura de corrupción montada por Roca; los convenios en los que el Tribunal consideró que no había pruebas suficientes para dictar condenas; la aplicación del criterio jurídico de que los aprovechamientos urbanísticos no constituyen caudales públicos y por lo tanto no pueden ser considerados para la acusación de malversación, y la falta de pruebas suficientes en el apartado del blanqueo son las principales causas que explican el fallo.
Red de corrupción
El Tribunal no ha tenido dudas a la hora de considerar que en el Ayuntamiento de Marbella había una situación de corrupción generalizada, donde los concejales del equipo de gobierno habían incurrido en una absoluta dejación de funciones, al ceder el verdadero poder a Juan Antonio Roca, quien los tenía a nómina. La sentencia considera que tanto el entonces asesor de Urbanismo como los ediles se aprovecharon del caos inmobiliario, «en cierto modo propiciado por ellos mismos -dice la sentencia-, para obtener unos beneficios económicos injustos, ilegales y absolutamente reprobables.
La principal prueba en la que se basa esta consideración del tribunal es el conocido como 'Archivo de Maras', la caja B o contabilidad de Roca, una serie de documentos en soporte informático y en papel hallados por la policía durante la operación del 29 de marzo de 2006 y que ha constituido la prueba fundamental de la causa. Constituido por asientos contables en los que se reflejaban pagos y cobros y se señalaba a los aportantes y perceptores con abreviaturas o iniciales, la mayor parte de las personas que allí aparecían negaron durante el juicio que se refirieran a ellos. Sin embargo, el Tribunal da validez a la tesis de la policía, salvo en el caso del empresario Cristóbal Peñarroya, y es en esta convicción en la que está basada la condena contra 15 de los 17 ediles acusados, así como contra el exjefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. Pero en la propia consideración de que los concejales estaban 'en nómina' de Roca y no que recibían sobres puntualmente para aprobar resoluciones concretas ha aparecido el resquicio para que se saldara con penas mínimas.
En la sentencia, la Sala destaca las «imputaciones ambiguas» por parte de las acusaciones, ya que en algunos casos se atribuyó a empresarios y concejales cohechos para actos delictivos y en otros, para actos injustos. Según el tribunal, no se pudo vincular cada entrega de dinero con un acto concreto de los concejales, que para los jueces estaban en nómina. «Guste o no guste, eso es lo que realmente ha constatado el Tribunal tras casi dos años de juicio», sostiene la sentencia. «Reconocida la existencia de cierta ambigüedad en la acusaciones y la falta de especificación de actos atribuidos a cada dádiva, tales circunstancias no pueden perjudicar al reo», indican los magistrados, por lo que se opta por lo que lo que se aplica la calificación más favorable, la de «cohechos para actos injustos no realizados», cuya pena privativa de libertad está comprendida entre 1 y 2 años de prisión. Dentro de ese tipo delictivo, se aplica la pena más grave: dos años de prisión.
Roca, 11 años y no 30
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la sentencia es la condena de 11 años impuesta a Juan Antonio Roca, para quien el fiscal había solicitado 30 años de prisión. La explicación de este desajuste está en el número de delitos por los que Roca ha sido finalmente condenado. Además de las referidas a sendos delitos continuados de cohecho pasivo y blanqueo de capitales, sobre Roca pesaban diferentes imputaciones en relación a ocho operaciones urbanísticas, cinco convenios y la concesión de licencias por silencio administrativo, y es ahí donde la acusación flaqueó. Sólo fue condenado en cuatro de estos 14 apartados. En algunos casos, porque aunque existen «serias y fundadas sospechas», admite la sentencia en varias ocasiones, de que Roca participó en los hechos imputados, la Sala no llega a la convicción necesaria para condenarlo. En otras, señala que las acusaciones no han precisado con claridad en qué hechos basan sus acusaciones o no han sido «lo precisas, tajantes y concluyentes para consignar los hechos concretos que a su juicio eran ilícitos».
Debido a circunstancias de este tipo, el principal acusado resultó absuelto en ocho acusaciones de malversación, siete de fraude, cuatro de tráfico de influencias, dos contra la Hacienda Pública, dos de apropiación indebida y una de prevaricación.
En ese sentido, la sentencia dedica un crítica nada velada, tanto a la acusación pública como a las particulares del Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, en cuyos escritos de acusación encuentra «una cierta ambigüedad y falta de precisión tanto a la hora de exponer los hechos que consideran delictivos, como a la hora de su calificación jurídica, y a la hora de fijar el nexo causal entre hechos y delitos, lo que indudablemente ha exigido un mayor esfuerzo a las defensas e incluso al propio Tribunal a la hora de dictar sentencia».
Según la Sala, «han existido calificaciones difíciles de encajar como las relativas a la malversación de caudales públicos referidas a permuta de bienes inmuebles, o apropiación indebida de bienes inmuebles».
No obstante, los magistrados resaltan que esas consideraciones no deben ser entendidas como críticas, sino «como reflejo de la realidad que impone la existencia de macroprocesos como el aquí enjuiciado».
Casi la mitad, absueltos
Hay una gran cantidad de acusados que resultaron absueltos: un total de 43 sobre los 95 que se sentaron en el banquillo, aunque dos de ellos lo fueron por fallecimiento y nueve, por la retirada de los cargos por parte de las acusaciones. Hubo también tres absoluciones por prescripción en casos de cohecho.
Del resto, destaca que 26 absoluciones se dictaron por presunción de inocencia aplicando el principio de 'in dubio pro reo', y la mayoría de éstas corresponden a personas juzgadas en el bloque de blanqueo. En la mayoría de estos casos, el Tribunal deja constancia de sus sospechas de que los acusados colaboraron con Roca en el lavado de dinero, pero sin contar con elementos de convicción suficientes como para condenarlos.
Críticas a las detenciones
La sentencia hace suya una de las tesis más repetidas por las defensas para referirse a la forma en que se realizaron las detenciones, y aunque reconoce que fue necesario practicar un número importante en un periodo extraordinariamente corto de días a fin de evitar fugas y destrucción de pruebas, «no se ajustaron a los patrones habituales propios de estos actos procesales».
Entre las críticas, la sentencia censura que se dictaran autos de detención «estereotipados», que hubiese detenciones «excesivamente mediáticas» con medios de cámaras de televisión «retransmitiendo en directo el momento de la detención», así como la a juicio del Tribunal innecesaria «espectacularidad con que se realizaron algunas detenciones.
Sin embargo, a la hora de trasladar estas cuestiones al fallo y aplicar atenuantes a las penas , la sentencia solo toma en cuenta aquellos casos en los que considera insuficiente el auto acordando la detención, y sobre todo la transgresión del límite constitucional de la detención judicial, fijado en 72 horas, «y que con respecto a algunos procesados concretos se ha sobrepasado injustificadamente».
Por ello, diez de los condenados recibieron penas atenuadas. Se trata de los cinco miembros de la red de blanqueo - Manuel Sánchez Zubizarreta, Francisco Soriano Zurita, Óscar Benavente, Montserrat Corulla y Salvador Gardoqui-, los empresarios condenados por cohecho Rafael Gómez, José Ávila Rojas y Fidel San Román, el directivo de Aifos Francisco García Lebrón y el concejal José Jaén, que recibió una pena de un año y medio, y no de dos como los otros ediles condenados solo por cohecho pasivo.
* Sur - J.CANO / H.BARBOTTA - 6.10.13
Foto: Marbella, juicio Malaya - EP
La Justicia anula el Plan General de Arona aprobado hace dos años
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El municipio turístico de Arona (Tenerife) lleva largo tiempo dando noticias relacionadas con la corrupción urbanística, incluso hay un grave asunto de licencias ilegales, todavía en la Audiencia provincial, que afecta a 17 personas del propio Ayuntamiento. Ahora se trata del Plan General aprobado hace solo dos años y que ha sido anulado por el TSJC debido a la incorrecta clasificación del suelo urbanizable. Como se ve, las irregularidades urbanísticas no acaban nunca en las islas.
"DIARIODEAVISOS* : Un giro inesperado en el Plan General de Arona (PGO) ha sembrado el desconcierto en el municipio y sus gobernantes. Si todo eran luces en la reunión del pasado jueves en la Comisión Territorial de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), donde estaban presentes el alcalde, Francisco Niño, y el concejal de Urbanismo, Carmelo García, y donde se daba vía libre a una modificación “puntual” del documento para permitir “regularizar” discotecas y establecimientos subterráneos, ahora parece que hay sombras.
El día después, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) notifica a la Cotmac una sentencia donde queda anulado el PGO, según publica el digital Aquí Sur, al no dar validez al acuerdo de la Cotmac con el Ayuntamiento en ciertos ámbitos.
Así, el TSJC anula la clasificación como suelo urbanizable no sectorizado estipulada en el PGO en los cauces de barranco que cruzan la operación singular estructurante de Cabo Blanco y a dos espacios protegidos, como Montaña Rodríguez y el bien de interés cultural Roque de las Abejeras. También, según las mismas fuentes, se anulan los suelos urbanizables sectorizados de Buzanada, Valle San Lorenzo y Rosas del Guanche. Se trata por tanto de un duro golpe y paso atrás para la planificación territorial en uno de los municipios más extensos e importantes a nivel urbanístico de Canarias y para un documento que ha tardado años, denunciado en los tribunales, no exento de controversia y polémica. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es del pasado mes de septiembre aunque se notificó el día 4 de este mes.
Por su parte, el alcalde del municipio, Francisco Niño, que ha conocido esta noticia a través de DIARIO DE AVISOS, declaró ayer que no les han “notificado nada de momento”, y que por ahora no pueden “decir que existe esa sentencia”, dijo el alcalde. Aunque si así fuera, “hay que ser positivos”, matizó.
De todas formas, el nacionalista aronero comentó que se queda con la reunión que tuvo el día 3 en la Cotmac y que “son cosas buenas para este documento”, aprobado inicialmente en 2006 y de manera definitiva hace casi dos años.
“Hasta que no nos notifiquen nada no me puedo quedar con otra cosa”, añadió. De todas formas, habló en todo caso de la posibilidad de “recurrir esta sentencia”, dijo el alcalde del municipio sureño.
* Diario de Avisos - NICOLÁS DORTA - 9.10.13
Foto: El Plan General de Arona fue aprobado inicialmente en 2006 y de forma definitiva hace algo menos de dos años. / DA
'Caso Malaya'.- Los empresarios Cristóbal Peñarroya y Tomás Olivo, absueltos
La vergonzosa sentencia del 'caso Malaya' en Marbella dará que hablar durante mucho tiempo y se puede considerar como ejemplo de lo que nunca ha de ser la Justicia. Concretamente, que empresarios que estaban involucrados hasta las cejas en el saqueo del ayuntamiento marbellí, queden absueltos en la sentencia, es una mofa del poder judicial a todos los ciudadanos de bien y hace aumentar el desprecio hacia una justicia que solo representa al poder establecido y no a la inmensa mayoría. Y no es solo por estos dos capos mafiosos de la construcción, sino por bastantes más que han sido condenados, injustamente, a penas mínimas. Un esperpento más en este país putrefacto.
"SUR* : Los empresarios procesados en el 'caso Malaya' han corrido una suerte dispar en la sentencia, aunque las condenas superan a las absoluciones. El tribunal ha considerado que 12 de los 30 procesados no han cometido delito alguno. Entre ellos se encuentran Cristóbal Peñarroya y Tomás Olivo, que han sido exonerados. El constructor Peñarroya, dueño del grupo hotelero Holiday World y del complejo turístico Benalbeach, y promotor de La Reserva de Marbella, se enfrentaba a una petición fiscal de dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un supuesto delito de cohecho.
La acusación esgrimía contra él un supuesto pago de 35.000 euros a Juan Antonio Roca basándose en una anotación que aparecía en los archivos informáticos de Maras Asesores, la empresa del exasesor de Urbanismo. El apunte contable decía exactamente: «RVA de Marbella Villarroya».
Para el fiscal, se trataba de una aportación del constructor relacionada con una promoción inmobiliaria de Peñarroya y atribuía la diferencia en el apellido a un fallo del contable. La sala, sin embargo, considera que no se ha acreditado que se trate de un «mero error» en la transcripción y, por tanto, no se ha probado que dicha aportación la realizara el acusado, por lo que quedó absuelto.
En su página personal (www.cristobalpenarroya.com), el promotor colgó ayer un post, poco después de conocer la sentencia, en el que reitera su inocencia y se queja de las irregularidades en la instrucción. «Por fin mi familia y yo podemos decir adiós al 'caso Malaya'», concluía.
El empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, también ha quedado exonerado de toda culpa, pese a que el fiscal solicitaba una pena de cinco años de prisión y 4,8 millones de multa.
La acusación contra él se apoyaba en una operación inmobiliaria en la que Olivo compró el Edificio Institucional de Puerto Banús por 8.366.088 euros. El mismo día -el 20 de julio de 2005- aparece una anotación de entrada de 1.800.000 euros en la contabilidad de Roca. El tribunal no considera probado que Olivo realizara esa aportación.
También han sido absueltos los hermanos Ignacio y Manuel Sánchez-Dalp, empresarios taurinos que se enfrentaban a dos años de prisión cada uno; el malagueño Francisco Zambrana, propietario de Alzambra, una urbanización situada junto a Puerto Banús; y el conocido promotor gaditano Manuel Lores, que es presidente del Racing Portuense.
Por el contrario, las penas más severas han sido para los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, socios de Roca en varias operaciones inmobiliarias, que han sido condenados a seis años, tres meses y un día de prisión y multas superiores a cuatro millones de euros.
El tribunal considera probadas las aportaciones de dinero de la inmobiliaria Aifos a la caja B de Roca, que según el archivo de Maras ascenderían a 4,8 millones de euros entre 2004 y 2006. La sala ha impuesto penas de tres años de cárcel y multa de 2,2 millones por cohecho y fraude para el dueño de la empresa, Jesús Ruiz, y dos de sus directivos.
El constructor José Ávila Rojas y el expresidente del Sevilla José María González de Caldas también han sido condenados. El granadino ha sido hallado culpable de cohecho y blanqueo, por los que se le ha impuesto una pena de tres años de prisión -de los diez que pedía el fiscal- y 11,5 millones de multa. El empresario sevillano, por su parte, ha sido condenado a ocho meses por cohecho.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA / JUAN CANO - 5.10.13
Foto: Cristóbal Peñarroya y Tomás Olivo. / SUR y Salvador Salas
'Malaya'.- Yagüe, García Marcos y Carlos Fernández repartían el dinero
"SUR* : La contabilidad de Roca dibuja una estructura piramidal en el reparto de sobres entre los concejales. Y la sentencia del 'caso Malaya', que se dio a conocer, sitúa en la cúspide a tres personas: la entonces regidora de Marbella, Marisol Yagüe; la segunda teniente de alcalde, Isabel García Marcos; y el prófugo Carlos Fernández. El tribunal los considera las «cabezas visibles» de los partidos que firmaron la moción y conformaron el nuevo equipo de gobierno que arrebató la vara de mando a Julián Muñoz. «Son las tres personas encargadas de recoger y repartir los sobres del dinero que les entregaba Roca procedente de las aportaciones de los empresarios», recoge literalmente la sentencia del 'caso Malaya'.
El tribunal se expresa con dureza contra los ediles, a los acusa de estar «en nómina» del exasesor de Urbanismo. «Nos encontramos ante un total de 20 personas -funcionarios públicos, autoridades y asimilados- que reciben no una dádiva concreta, sino pluralidad de ellas a lo largo de un dilatado periodo de tiempo», subraya la resolución judicial. La sala utiliza la terminología utilizada por Roca, al que califica de «cabeza pensante» y también de «ideólogo que aglutina voluntades», quien en los archivos de Maras habla de «aportantes» y «receptores». Los concejales están en este último grupo y, en la cúpula de estos, los tres representantes del tripartito, según la sentencia.
El tribunal considera probado que las dádivas «no eran para financiar la campaña electoral del tripartito», como argumentó Roca, apuntando que era éste «quien requería a los empresarios el pago de cantidades para satisfacer sus intereses urbanísticos», añade. «Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente».
La sala señala la «absoluta dejación de funciones que realizaban los concejales procesados, aquietándose a los tejemanejes del señor Roca» y describe cómo las licencias y actuaciones urbanísticas se concedían y autorizaban en unas reuniones previas mantenidas entre Roca y el grupo de Yagüe, García Marcos y Fernández, a los que entregaba los sobres con dinero a repartir. «De aquellas reuniones salía el famoso cuadernillo con la 'F' de favorable o la 'D' de desfavorable que en la siguiente sesión de gobierno se concedían o denegaban», añade el texto del fallo.
Condenas a los ediles
La sentencia establece una de las penas más altas para la exalcaldesa, a la que se le ha condenado a seis años de cárcel, nueve meses de inhabilitación y a una multa de 2,3 millones de euros por delitos de cohecho, malversación, alteración de precios de subasta pública y fraude. El fiscal pedía para ella 16 años de prisión y multa de 3,78 millones de euros.
Por su parte, Isabel García Marcos ha sido condenada a cuatro años de cárcel y 700.000 euros de multa, aproxidamente un tercio de lo que solicitaba para ella el representante del Ministerio Público, que ascendía a 12 años. A Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa y Rafael González Carrasco también se les ha impuesto una de cuatro años de prisión, con multas que van desde 320.000 euros (para el primero) a 48.000 euros.
El resto de los concejales procesados ha sido condenado a dos años de cárcel, salvo José Jaén, al que se le impuso un año y seis meses, y Antonio Luque Pancorbo, que quedó absuelto.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA / JUAN CANO - 5.10.13
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es
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El juez ordena sentar en el banquillo al delegado de la Xunta en Ourense
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Otra vez la Galicia profunda es noticia por delitos urbanísticos. A la sombra del cacique Baltar en Orense, el exalcalde de Arnoia certificaba obras que ya estaban realizadas, a fin de obtener pingües beneficios a cuenta de los fondos europeos. Como siempre, la justicia ha estado mareando la perdiz y echando balones fuera durante años, ya que el asunto se había archivado injustamente en 2 ocasiones anteriores. Puede ser que la sombra del presidente Feijoo sea también demasiado alargada en toda la Comunidad. Es decir, otra vez más la irrupción política ilegal en asuntos graves de Urbanismo, algo inaceptable se mire como se mire.
"ELPAÍS* : El delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, ha luchado con uñas y dientes por impedir su procesamiento acusado de desviar, durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de un grupo de acción local, más de 51.000 euros de subvenciones de fondos estructurales de la Unión Europea (UE) y certificar obras que ya estaban realizadas. Ayer, casi ocho años después de que iniciara esta carrera de fondo —basada en la petición constante del sobreseimiento de la causa y en los continuos recursos— el representante de Feijóo en el territorio de los Baltar recibió la noticia de que el juez instructor, José Manuel Deaño, había dictado el auto para la apertura del juicio oral que lo sentaría en el banquillo.
Ocho años después de iniciada la investigación judicial, el tercer instructor que dirige la causa reconoce —tras haberla archivado antes en dos ocasiones— la existencia de indicios delictivos en la conducta del superdelegado y de otras personas, entre ellos el secretario y dos concejales del gobierno local de Arnoia que presidía Martínez. Los acusados participaron en la gestión de aquellos fondos destinados al desarrollo de la comarca. Martínez se aferra, sin embargo, a su inocencia y se propone continuar su carrera de fondo. Su defensa no ha parado de recurrir en esta larga instrucción iniciada en 2006. La última ocasión en que pidió el sobreseimiento fue el pasado marzo, pero el juez instructor entiende ahora que existen indicios delictivos en la conducta del delegado. Pese a ello, recurrirá de nuevo este auto con el que Deaño marcaba el punto final a su instrucción.
El juez explica en el auto de procesamiento cómo el actual representante de la Xunta en Ourense firmó un contrato de construcción de una nave para el tratamiento de biomasa que ya estaba realizada y certificó la partida con cargo a los fondos comunitarios. El instructor relata que, lo que en realidad se hizo fue “una reconstrucción de un galpón” que había sido adquirido previamente por el Ayuntamiento que presidía el propio Martínez. Tras exponer los indicios delictivos que encuentra en la actuación del superdelegado, el juez conmina a las partes a que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral (lo que harán las dos acusaciones) o el sobreseimiento (que podría solicitar el Ministerio Fiscal) y abre la puerta a la posibilidad de que, “excepcionalmente”, las partes pidan diligencias complementarias.
Martínez se agarra a la presentación constante de recursos encaminados al archivo de la causa, pese a que la Audiencia Provincial ha intervenido ya en dos ocasiones reclamando que se reabriera y alertando de la existencia de “indicios de criminalidad” en la conducta del imputado. Las acusaciones particulares (BNG, PSdeG y Asociación polo Progreso do Ribeiro) imputan al delegado los supuestos delitos de fraude, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
El procesamiento de Rogelio Martínez coincide en el tiempo con el del exbarón del PP gallego José Luis Baltar, acusado por otro juez de instrucción del supuesto delito de prevaricación por el enchufe en la Diputación de 104 personas en vísperas del congreso provincial del PP que ganó su hijo. Baltar y Martínez han sido, además, recientemente acusados por los especialistas en anticorrupción de la UE de los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias en relación con la gestión, desde la Diputación, de otros fondos estructurales europeos. Ambos eran presidente y vicepresidente de la institución provincial en la época (2003 y 2004) en que manejaron “fraudulentamente” 13 millones de euros de los que cuales 10,1 fueron aportados por la UE, que ahora los reclama. La empresa Cruzval, de la que es titular un primo del superdelegado, aparece implicada tanto en la acusación del juez instructor de Ribadavia como en el informe de los inspectores de Bruselas.
El BNG de O Ribeiro, grupo que inició el proceso contra Martínez por la supuesta malversación de los fondos comunitarios, insiste en reclamar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el cese de su representante institucional en Ourense a la vista de la decisión del juez de ordenar la celebración de juicio. Martínez ha tenido hasta ahora el respaldo inquebrantable del presidente de la Xunta, a cuya disposición puso el cargo a comienzos de este año, cuando el juez instructor rechazó archivar la causa.
* El País - CRISTINA HUETE - 9.10.13
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org
Anticorrupción pide más de 200 años de cárcel para el exalcalde de Alcaucín
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Evidentemente no hay una correspondencia válida con la sentencia establecida hace unos días en el caso 'Malaya'. Si en Marbella se han ido 'de rositas' la mayoría de imputados y se ha impuesto una pena mínima para los capos de la mafia, en Alcaucín (Málaga), no muy lejos, quizás por ser más 'pobrecitos', la fiscalía solicita unas penas más ajustadas a la realidad de los delitos cometidos (los jueces las bajarán). Este es el triste fondo de una justicia que se rinde al poderoso mientras castiga al que no está a su altura. Lamentable como siempre.
"SUR* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que sobrepasan los mil años de cárcel para los 49 imputados en la trama de corrupción urbanística destapada en el municipio de Alcaucín en 2008, encabezada por el exalcalde José Manuel Martín Alba, que se enfrenta a más de 200 años de cárcel. La mayoría de los imputados (27) son empresarios dedicados a la promoción urbanística, aunque también están acusados seis funcionarios municipales y de la Diputación Provincial de Málaga, entre ellos el exjefe del Servicio de Arquitectura del ente supramunicipal; siete arquitectos, además cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos y dos familiares del exregidor.
Según una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, en el escrito de calificación se describen hechos acaecidos entre 1999 y 2010, en los que los acusados presuntamente cometieron 90 delitos de falsedad ideológica cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento de Alcaucín, la Diputación de Málaga y el catastro inmobiliario, que con frecuencia eran inducidos por los promotores beneficiados o sus representantes. También se imputan 19 delitos de falsedad en documento oficial cometidos por particulares, atribuidos a arquitectos que redactaban proyectos o documentos técnicos de contenido falaz destinados a expedientes municipales o catastrales. Igualmente la Fiscalía detalla la comisión de 10 delitos de falsedad por imprudencia grave, imputados exclusivamente al secretario municipal de Alcaucín; 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes técnicos; 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales.
Buena parte de dichas infracciones aparecen definidas como delitos continuados, englobando en cada caso los diversos documentos falsos, resoluciones arbitrarias o construcciones irregulares de cada trama, pues las diversas acciones responden a un mismo patrón o son fruto de conciertos delictivos entre autoridades, funcionarios, profesionales y promotores.
“Al tratarse de hechos anteriores a la reforma introducida en el Código Penal en 2010, han prescrito numerosos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y tráfico de influencias atribuidos a particulares”, explica el comunicado.
También se ha formulado acusación por 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.
Las pruebas básicas proceden de los registros practicados en febrero de 2009 en el Ayuntamiento de Alcaucín, en el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en un estudio de arquitectura de Málaga y en un despacho de abogados de Alcaucín. Según el comunicado de la Fiscalía, hubo que profundizar en la investigación analizando de forma exhaustiva las bases de datos del Catastro y practicando, ya en 2012, nuevos registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación de Málaga.
Tan prolongada actividad delictiva, explica la nota, se sitúa en los años del auge urbanístico, que el caso de Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas, impulsada por multitud de residentes extranjeros deseosos de establecerse en la Axarquía, lo cual desbordó la previsión de suelo urbanizable del planeamiento general aprobado en 1995. Ese fenómeno hizo que se multiplicaran las infracciones urbanísticas y que al mismo tiempo el Ayuntamiento no sólo hiciera dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que tratara de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable, que finalmente no prosperaron gracias a nuevas normas de planeamiento supramunicipal con que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.
Construcciones clandestinas
Así fue como proliferaron las construcciones clandestinas, por un lado a base de viviendas unifamiliares aisladas en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones prohibidas en la legislación urbanística; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que sistemáticamente se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con el resultado caótico que se refleja en la calificación.
También se aprovecharon fallos del sistema, destacando en tal sentido tanto los numerosos informes técnicos emanados sin ningún control de la Diputación Provincial para encubrir las infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro Inmobiliario, siempre gracias a la colaboración de funcionarios. Esta última modalidad aprovechaba ciertas fisuras que permitían introducir subrepticiamente en las bases de datos catastrales edificaciones que no existían en la realidad, unas veces como viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el impuesto de bienes inmuebles; y otras con la fraudulenta inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, que tampoco respondían a la realidad. Estas manipulaciones pasaban desapercibidas al no existir ningún mecanismo que pudiera detectarlas, y de esa forma se generaban unos derechos edificatorios o expectativas urbanísticas carentes de cualquier título legítimo. En muchos casos el resultado final fue la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico, que hoy pertenecen a terceros de buena fe.
* Sur - MONTSE MARTÍN - 9.10.13
Foto: Alcaucín (Málaga), denuncia viviendas en suelo rústico - E. GUZMÁN (Sur).
Desarticulan una nueva trama de delitos urbanísticos en la Costa del Sol
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Una nueva mafia urbanística en la Costa del Sol, esta vez en Benalmádena (Málaga). Los implicados en la llamada operación 'Mina' tenían como objetivo la autorización de licencias ilegales para numerosas construcciones del casco urbano. En ella, de momento, están imputados funcionarios y técnicos del ayuntamiento y la Junta, sin que todavía se sepa si hay políticos detrás, aunque dada la naturaleza de los delitos urbanísticos cometidos, no sería nada descabellado afirmarlo. Parece obvio que alguien tendría que dar el visto bueno a la delincuencia establecida.
"TERRA* : La Guardia Civil ha desarticulado una trama relacionada con la supuesta tramitación irregular de licencias municipales para la construcción de edificaciones en el casco urbano de Benalmádena y con la adjudicación ilícita de obras correspondientes al plan FEIL 2009 en el citado municipio. Los autores de la supuesta trama son trece personas, diez de ellas imputadas por delitos urbanísticos, dos detenidas por adjudicación y contrataciones ilícitas de obras y un imputado por un supuesto delito de prevaricación por omisión.
En el marco de la operación denominada "Mina" también se ha practicado un registro domiciliario en la vivienda de uno de los detenidos y se ha procedido a la inmovilización de alrededor de treinta propiedades, nueve vehículos y se han bloqueado varias cuentas.
La operación se ha desarrollado en dos fases, en la primera (en 2009) fueron imputadas diez personas entre las que se encuentran técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena y de la Junta de Andalucía.
Supuestamente estos imputados tuvieron una "directa implicación" en la tramitación irregular de determinados expedientes urbanísticos para la construcción de edificios en el casco urbano de Benalmádena.
En la segunda fase se ha procedido a la detención de dos personas, un arquitecto técnico del Ayuntamiento y un ingeniero independiente.
Supuestamente el concejal delegado de urbanismo, que ocupaba cartera en el año 2009, daba el visto bueno por lo que ha sido imputado por prevaricación por omisión.
La investigación comenzó a finales de 2009 cuando se detectó una edificación que podía ser ilegal en una zona verde.
La promotora de esta edificación además de que no cumplía con los requisitos preceptivos para su construcción, había iniciado los trámites oportunos de legalización ante el Ayuntamiento de Benalmádena para proceder a su venta como apartahotel, lo que le proporcionaría ciertos beneficios fiscales.
Además, luego se detectó una segunda edificación en cuya ejecución no se había respetado la altura máxima de edificabilidad planteada en el PGOU para la zona.
Paralelamente a los dos casos anteriores se detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del plan FEIL 2009, lo que unido a las construcciones irregulares llevó a la Guardia Civil a iniciar la operación "Mina".
Una vez analizada los documentos de los expedientes relativos a las construcciones supuestamente irregulares, se pudo comprobar que existían informes "claramente contradictorios" y "la implicación de responsables del Área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento y técnicos de la Junta de Andalucía".
Estas personas presuntamente habrían omitido su actuación a efectos de ordenar la paralización de las obras y en la emisión de informes favorables por el Delegado Provincial de Medio Ambiente.
También se detectó "la falta de un procedimiento administrativo transparente" para la realización de las actuaciones, ya que se adjudicaron aproximadamente el 80 por ciento de las mismas a un mismo gabinete de ingeniería, sin concurso previo.
De la misma forma se realizaron fraccionamientos intencionados en algunos de los contratos para "trampear" la legislación vigente, repitiendo ciertos conceptos para provocar pagos extraordinarios e incluso duplicando determinadas facturas para que se liquidaran dos veces.
Todas estas irregularidades llevaron a los agentes a la confirmación de la supuesta connivencia del técnico municipal y del ingeniero independiente para lucrarse.
* Terra Noticias - EFE - 27.9.13
Foto: Benalmádena, ayuntamiento - uma
