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El municipio turístico de Arona (Tenerife) lleva largo tiempo dando noticias relacionadas con la corrupción urbanística, incluso hay un grave asunto de licencias ilegales, todavía en la Audiencia provincial, que afecta a 17 personas del propio Ayuntamiento. Ahora se trata del Plan General aprobado hace solo dos años y que ha sido anulado por el TSJC debido a la incorrecta clasificación del suelo urbanizable. Como se ve, las irregularidades urbanísticas no acaban nunca en las islas.
"DIARIODEAVISOS* : Un giro inesperado en el Plan General de Arona (PGO) ha sembrado el desconcierto en el municipio y sus gobernantes. Si todo eran luces en la reunión del pasado jueves en la Comisión Territorial de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), donde estaban presentes el alcalde, Francisco Niño, y el concejal de Urbanismo, Carmelo García, y donde se daba vía libre a una modificación “puntual” del documento para permitir “regularizar” discotecas y establecimientos subterráneos, ahora parece que hay sombras.
El día después, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) notifica a la Cotmac una sentencia donde queda anulado el PGO, según publica el digital Aquí Sur, al no dar validez al acuerdo de la Cotmac con el Ayuntamiento en ciertos ámbitos.
Así, el TSJC anula la clasificación como suelo urbanizable no sectorizado estipulada en el PGO en los cauces de barranco que cruzan la operación singular estructurante de Cabo Blanco y a dos espacios protegidos, como Montaña Rodríguez y el bien de interés cultural Roque de las Abejeras. También, según las mismas fuentes, se anulan los suelos urbanizables sectorizados de Buzanada, Valle San Lorenzo y Rosas del Guanche. Se trata por tanto de un duro golpe y paso atrás para la planificación territorial en uno de los municipios más extensos e importantes a nivel urbanístico de Canarias y para un documento que ha tardado años, denunciado en los tribunales, no exento de controversia y polémica. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es del pasado mes de septiembre aunque se notificó el día 4 de este mes.
Por su parte, el alcalde del municipio, Francisco Niño, que ha conocido esta noticia a través de DIARIO DE AVISOS, declaró ayer que no les han “notificado nada de momento”, y que por ahora no pueden “decir que existe esa sentencia”, dijo el alcalde. Aunque si así fuera, “hay que ser positivos”, matizó.
De todas formas, el nacionalista aronero comentó que se queda con la reunión que tuvo el día 3 en la Cotmac y que “son cosas buenas para este documento”, aprobado inicialmente en 2006 y de manera definitiva hace casi dos años.
“Hasta que no nos notifiquen nada no me puedo quedar con otra cosa”, añadió. De todas formas, habló en todo caso de la posibilidad de “recurrir esta sentencia”, dijo el alcalde del municipio sureño.
* Diario de Avisos - NICOLÁS DORTA - 9.10.13
Foto: El Plan General de Arona fue aprobado inicialmente en 2006 y de forma definitiva hace algo menos de dos años. / DA
La Justicia anula el Plan General de Arona aprobado hace dos años
'Caso Malaya'.- Los empresarios Cristóbal Peñarroya y Tomás Olivo, absueltos
La vergonzosa sentencia del 'caso Malaya' en Marbella dará que hablar durante mucho tiempo y se puede considerar como ejemplo de lo que nunca ha de ser la Justicia. Concretamente, que empresarios que estaban involucrados hasta las cejas en el saqueo del ayuntamiento marbellí, queden absueltos en la sentencia, es una mofa del poder judicial a todos los ciudadanos de bien y hace aumentar el desprecio hacia una justicia que solo representa al poder establecido y no a la inmensa mayoría. Y no es solo por estos dos capos mafiosos de la construcción, sino por bastantes más que han sido condenados, injustamente, a penas mínimas. Un esperpento más en este país putrefacto.
"SUR* : Los empresarios procesados en el 'caso Malaya' han corrido una suerte dispar en la sentencia, aunque las condenas superan a las absoluciones. El tribunal ha considerado que 12 de los 30 procesados no han cometido delito alguno. Entre ellos se encuentran Cristóbal Peñarroya y Tomás Olivo, que han sido exonerados. El constructor Peñarroya, dueño del grupo hotelero Holiday World y del complejo turístico Benalbeach, y promotor de La Reserva de Marbella, se enfrentaba a una petición fiscal de dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un supuesto delito de cohecho.
La acusación esgrimía contra él un supuesto pago de 35.000 euros a Juan Antonio Roca basándose en una anotación que aparecía en los archivos informáticos de Maras Asesores, la empresa del exasesor de Urbanismo. El apunte contable decía exactamente: «RVA de Marbella Villarroya».
Para el fiscal, se trataba de una aportación del constructor relacionada con una promoción inmobiliaria de Peñarroya y atribuía la diferencia en el apellido a un fallo del contable. La sala, sin embargo, considera que no se ha acreditado que se trate de un «mero error» en la transcripción y, por tanto, no se ha probado que dicha aportación la realizara el acusado, por lo que quedó absuelto.
En su página personal (www.cristobalpenarroya.com), el promotor colgó ayer un post, poco después de conocer la sentencia, en el que reitera su inocencia y se queja de las irregularidades en la instrucción. «Por fin mi familia y yo podemos decir adiós al 'caso Malaya'», concluía.
El empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, también ha quedado exonerado de toda culpa, pese a que el fiscal solicitaba una pena de cinco años de prisión y 4,8 millones de multa.
La acusación contra él se apoyaba en una operación inmobiliaria en la que Olivo compró el Edificio Institucional de Puerto Banús por 8.366.088 euros. El mismo día -el 20 de julio de 2005- aparece una anotación de entrada de 1.800.000 euros en la contabilidad de Roca. El tribunal no considera probado que Olivo realizara esa aportación.
También han sido absueltos los hermanos Ignacio y Manuel Sánchez-Dalp, empresarios taurinos que se enfrentaban a dos años de prisión cada uno; el malagueño Francisco Zambrana, propietario de Alzambra, una urbanización situada junto a Puerto Banús; y el conocido promotor gaditano Manuel Lores, que es presidente del Racing Portuense.
Por el contrario, las penas más severas han sido para los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, socios de Roca en varias operaciones inmobiliarias, que han sido condenados a seis años, tres meses y un día de prisión y multas superiores a cuatro millones de euros.
El tribunal considera probadas las aportaciones de dinero de la inmobiliaria Aifos a la caja B de Roca, que según el archivo de Maras ascenderían a 4,8 millones de euros entre 2004 y 2006. La sala ha impuesto penas de tres años de cárcel y multa de 2,2 millones por cohecho y fraude para el dueño de la empresa, Jesús Ruiz, y dos de sus directivos.
El constructor José Ávila Rojas y el expresidente del Sevilla José María González de Caldas también han sido condenados. El granadino ha sido hallado culpable de cohecho y blanqueo, por los que se le ha impuesto una pena de tres años de prisión -de los diez que pedía el fiscal- y 11,5 millones de multa. El empresario sevillano, por su parte, ha sido condenado a ocho meses por cohecho.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA / JUAN CANO - 5.10.13
Foto: Cristóbal Peñarroya y Tomás Olivo. / SUR y Salvador Salas
'Malaya'.- Yagüe, García Marcos y Carlos Fernández repartían el dinero
"SUR* : La contabilidad de Roca dibuja una estructura piramidal en el reparto de sobres entre los concejales. Y la sentencia del 'caso Malaya', que se dio a conocer, sitúa en la cúspide a tres personas: la entonces regidora de Marbella, Marisol Yagüe; la segunda teniente de alcalde, Isabel García Marcos; y el prófugo Carlos Fernández. El tribunal los considera las «cabezas visibles» de los partidos que firmaron la moción y conformaron el nuevo equipo de gobierno que arrebató la vara de mando a Julián Muñoz. «Son las tres personas encargadas de recoger y repartir los sobres del dinero que les entregaba Roca procedente de las aportaciones de los empresarios», recoge literalmente la sentencia del 'caso Malaya'.
El tribunal se expresa con dureza contra los ediles, a los acusa de estar «en nómina» del exasesor de Urbanismo. «Nos encontramos ante un total de 20 personas -funcionarios públicos, autoridades y asimilados- que reciben no una dádiva concreta, sino pluralidad de ellas a lo largo de un dilatado periodo de tiempo», subraya la resolución judicial. La sala utiliza la terminología utilizada por Roca, al que califica de «cabeza pensante» y también de «ideólogo que aglutina voluntades», quien en los archivos de Maras habla de «aportantes» y «receptores». Los concejales están en este último grupo y, en la cúpula de estos, los tres representantes del tripartito, según la sentencia.
El tribunal considera probado que las dádivas «no eran para financiar la campaña electoral del tripartito», como argumentó Roca, apuntando que era éste «quien requería a los empresarios el pago de cantidades para satisfacer sus intereses urbanísticos», añade. «Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente».
La sala señala la «absoluta dejación de funciones que realizaban los concejales procesados, aquietándose a los tejemanejes del señor Roca» y describe cómo las licencias y actuaciones urbanísticas se concedían y autorizaban en unas reuniones previas mantenidas entre Roca y el grupo de Yagüe, García Marcos y Fernández, a los que entregaba los sobres con dinero a repartir. «De aquellas reuniones salía el famoso cuadernillo con la 'F' de favorable o la 'D' de desfavorable que en la siguiente sesión de gobierno se concedían o denegaban», añade el texto del fallo.
Condenas a los ediles
La sentencia establece una de las penas más altas para la exalcaldesa, a la que se le ha condenado a seis años de cárcel, nueve meses de inhabilitación y a una multa de 2,3 millones de euros por delitos de cohecho, malversación, alteración de precios de subasta pública y fraude. El fiscal pedía para ella 16 años de prisión y multa de 3,78 millones de euros.
Por su parte, Isabel García Marcos ha sido condenada a cuatro años de cárcel y 700.000 euros de multa, aproxidamente un tercio de lo que solicitaba para ella el representante del Ministerio Público, que ascendía a 12 años. A Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa y Rafael González Carrasco también se les ha impuesto una de cuatro años de prisión, con multas que van desde 320.000 euros (para el primero) a 48.000 euros.
El resto de los concejales procesados ha sido condenado a dos años de cárcel, salvo José Jaén, al que se le impuso un año y seis meses, y Antonio Luque Pancorbo, que quedó absuelto.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA / JUAN CANO - 5.10.13
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es
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El juez ordena sentar en el banquillo al delegado de la Xunta en Ourense
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Otra vez la Galicia profunda es noticia por delitos urbanísticos. A la sombra del cacique Baltar en Orense, el exalcalde de Arnoia certificaba obras que ya estaban realizadas, a fin de obtener pingües beneficios a cuenta de los fondos europeos. Como siempre, la justicia ha estado mareando la perdiz y echando balones fuera durante años, ya que el asunto se había archivado injustamente en 2 ocasiones anteriores. Puede ser que la sombra del presidente Feijoo sea también demasiado alargada en toda la Comunidad. Es decir, otra vez más la irrupción política ilegal en asuntos graves de Urbanismo, algo inaceptable se mire como se mire.
"ELPAÍS* : El delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, ha luchado con uñas y dientes por impedir su procesamiento acusado de desviar, durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de un grupo de acción local, más de 51.000 euros de subvenciones de fondos estructurales de la Unión Europea (UE) y certificar obras que ya estaban realizadas. Ayer, casi ocho años después de que iniciara esta carrera de fondo —basada en la petición constante del sobreseimiento de la causa y en los continuos recursos— el representante de Feijóo en el territorio de los Baltar recibió la noticia de que el juez instructor, José Manuel Deaño, había dictado el auto para la apertura del juicio oral que lo sentaría en el banquillo.
Ocho años después de iniciada la investigación judicial, el tercer instructor que dirige la causa reconoce —tras haberla archivado antes en dos ocasiones— la existencia de indicios delictivos en la conducta del superdelegado y de otras personas, entre ellos el secretario y dos concejales del gobierno local de Arnoia que presidía Martínez. Los acusados participaron en la gestión de aquellos fondos destinados al desarrollo de la comarca. Martínez se aferra, sin embargo, a su inocencia y se propone continuar su carrera de fondo. Su defensa no ha parado de recurrir en esta larga instrucción iniciada en 2006. La última ocasión en que pidió el sobreseimiento fue el pasado marzo, pero el juez instructor entiende ahora que existen indicios delictivos en la conducta del delegado. Pese a ello, recurrirá de nuevo este auto con el que Deaño marcaba el punto final a su instrucción.
El juez explica en el auto de procesamiento cómo el actual representante de la Xunta en Ourense firmó un contrato de construcción de una nave para el tratamiento de biomasa que ya estaba realizada y certificó la partida con cargo a los fondos comunitarios. El instructor relata que, lo que en realidad se hizo fue “una reconstrucción de un galpón” que había sido adquirido previamente por el Ayuntamiento que presidía el propio Martínez. Tras exponer los indicios delictivos que encuentra en la actuación del superdelegado, el juez conmina a las partes a que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral (lo que harán las dos acusaciones) o el sobreseimiento (que podría solicitar el Ministerio Fiscal) y abre la puerta a la posibilidad de que, “excepcionalmente”, las partes pidan diligencias complementarias.
Martínez se agarra a la presentación constante de recursos encaminados al archivo de la causa, pese a que la Audiencia Provincial ha intervenido ya en dos ocasiones reclamando que se reabriera y alertando de la existencia de “indicios de criminalidad” en la conducta del imputado. Las acusaciones particulares (BNG, PSdeG y Asociación polo Progreso do Ribeiro) imputan al delegado los supuestos delitos de fraude, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
El procesamiento de Rogelio Martínez coincide en el tiempo con el del exbarón del PP gallego José Luis Baltar, acusado por otro juez de instrucción del supuesto delito de prevaricación por el enchufe en la Diputación de 104 personas en vísperas del congreso provincial del PP que ganó su hijo. Baltar y Martínez han sido, además, recientemente acusados por los especialistas en anticorrupción de la UE de los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias en relación con la gestión, desde la Diputación, de otros fondos estructurales europeos. Ambos eran presidente y vicepresidente de la institución provincial en la época (2003 y 2004) en que manejaron “fraudulentamente” 13 millones de euros de los que cuales 10,1 fueron aportados por la UE, que ahora los reclama. La empresa Cruzval, de la que es titular un primo del superdelegado, aparece implicada tanto en la acusación del juez instructor de Ribadavia como en el informe de los inspectores de Bruselas.
El BNG de O Ribeiro, grupo que inició el proceso contra Martínez por la supuesta malversación de los fondos comunitarios, insiste en reclamar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el cese de su representante institucional en Ourense a la vista de la decisión del juez de ordenar la celebración de juicio. Martínez ha tenido hasta ahora el respaldo inquebrantable del presidente de la Xunta, a cuya disposición puso el cargo a comienzos de este año, cuando el juez instructor rechazó archivar la causa.
* El País - CRISTINA HUETE - 9.10.13
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org
Anticorrupción pide más de 200 años de cárcel para el exalcalde de Alcaucín
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Evidentemente no hay una correspondencia válida con la sentencia establecida hace unos días en el caso 'Malaya'. Si en Marbella se han ido 'de rositas' la mayoría de imputados y se ha impuesto una pena mínima para los capos de la mafia, en Alcaucín (Málaga), no muy lejos, quizás por ser más 'pobrecitos', la fiscalía solicita unas penas más ajustadas a la realidad de los delitos cometidos (los jueces las bajarán). Este es el triste fondo de una justicia que se rinde al poderoso mientras castiga al que no está a su altura. Lamentable como siempre.
"SUR* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que sobrepasan los mil años de cárcel para los 49 imputados en la trama de corrupción urbanística destapada en el municipio de Alcaucín en 2008, encabezada por el exalcalde José Manuel Martín Alba, que se enfrenta a más de 200 años de cárcel. La mayoría de los imputados (27) son empresarios dedicados a la promoción urbanística, aunque también están acusados seis funcionarios municipales y de la Diputación Provincial de Málaga, entre ellos el exjefe del Servicio de Arquitectura del ente supramunicipal; siete arquitectos, además cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos y dos familiares del exregidor.
Según una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, en el escrito de calificación se describen hechos acaecidos entre 1999 y 2010, en los que los acusados presuntamente cometieron 90 delitos de falsedad ideológica cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento de Alcaucín, la Diputación de Málaga y el catastro inmobiliario, que con frecuencia eran inducidos por los promotores beneficiados o sus representantes. También se imputan 19 delitos de falsedad en documento oficial cometidos por particulares, atribuidos a arquitectos que redactaban proyectos o documentos técnicos de contenido falaz destinados a expedientes municipales o catastrales. Igualmente la Fiscalía detalla la comisión de 10 delitos de falsedad por imprudencia grave, imputados exclusivamente al secretario municipal de Alcaucín; 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes técnicos; 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales.
Buena parte de dichas infracciones aparecen definidas como delitos continuados, englobando en cada caso los diversos documentos falsos, resoluciones arbitrarias o construcciones irregulares de cada trama, pues las diversas acciones responden a un mismo patrón o son fruto de conciertos delictivos entre autoridades, funcionarios, profesionales y promotores.
“Al tratarse de hechos anteriores a la reforma introducida en el Código Penal en 2010, han prescrito numerosos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y tráfico de influencias atribuidos a particulares”, explica el comunicado.
También se ha formulado acusación por 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.
Las pruebas básicas proceden de los registros practicados en febrero de 2009 en el Ayuntamiento de Alcaucín, en el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en un estudio de arquitectura de Málaga y en un despacho de abogados de Alcaucín. Según el comunicado de la Fiscalía, hubo que profundizar en la investigación analizando de forma exhaustiva las bases de datos del Catastro y practicando, ya en 2012, nuevos registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación de Málaga.
Tan prolongada actividad delictiva, explica la nota, se sitúa en los años del auge urbanístico, que el caso de Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas, impulsada por multitud de residentes extranjeros deseosos de establecerse en la Axarquía, lo cual desbordó la previsión de suelo urbanizable del planeamiento general aprobado en 1995. Ese fenómeno hizo que se multiplicaran las infracciones urbanísticas y que al mismo tiempo el Ayuntamiento no sólo hiciera dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que tratara de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable, que finalmente no prosperaron gracias a nuevas normas de planeamiento supramunicipal con que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.
Construcciones clandestinas
Así fue como proliferaron las construcciones clandestinas, por un lado a base de viviendas unifamiliares aisladas en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones prohibidas en la legislación urbanística; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que sistemáticamente se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con el resultado caótico que se refleja en la calificación.
También se aprovecharon fallos del sistema, destacando en tal sentido tanto los numerosos informes técnicos emanados sin ningún control de la Diputación Provincial para encubrir las infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro Inmobiliario, siempre gracias a la colaboración de funcionarios. Esta última modalidad aprovechaba ciertas fisuras que permitían introducir subrepticiamente en las bases de datos catastrales edificaciones que no existían en la realidad, unas veces como viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el impuesto de bienes inmuebles; y otras con la fraudulenta inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, que tampoco respondían a la realidad. Estas manipulaciones pasaban desapercibidas al no existir ningún mecanismo que pudiera detectarlas, y de esa forma se generaban unos derechos edificatorios o expectativas urbanísticas carentes de cualquier título legítimo. En muchos casos el resultado final fue la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico, que hoy pertenecen a terceros de buena fe.
* Sur - MONTSE MARTÍN - 9.10.13
Foto: Alcaucín (Málaga), denuncia viviendas en suelo rústico - E. GUZMÁN (Sur).
Desarticulan una nueva trama de delitos urbanísticos en la Costa del Sol
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Una nueva mafia urbanística en la Costa del Sol, esta vez en Benalmádena (Málaga). Los implicados en la llamada operación 'Mina' tenían como objetivo la autorización de licencias ilegales para numerosas construcciones del casco urbano. En ella, de momento, están imputados funcionarios y técnicos del ayuntamiento y la Junta, sin que todavía se sepa si hay políticos detrás, aunque dada la naturaleza de los delitos urbanísticos cometidos, no sería nada descabellado afirmarlo. Parece obvio que alguien tendría que dar el visto bueno a la delincuencia establecida.
"TERRA* : La Guardia Civil ha desarticulado una trama relacionada con la supuesta tramitación irregular de licencias municipales para la construcción de edificaciones en el casco urbano de Benalmádena y con la adjudicación ilícita de obras correspondientes al plan FEIL 2009 en el citado municipio. Los autores de la supuesta trama son trece personas, diez de ellas imputadas por delitos urbanísticos, dos detenidas por adjudicación y contrataciones ilícitas de obras y un imputado por un supuesto delito de prevaricación por omisión.
En el marco de la operación denominada "Mina" también se ha practicado un registro domiciliario en la vivienda de uno de los detenidos y se ha procedido a la inmovilización de alrededor de treinta propiedades, nueve vehículos y se han bloqueado varias cuentas.
La operación se ha desarrollado en dos fases, en la primera (en 2009) fueron imputadas diez personas entre las que se encuentran técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena y de la Junta de Andalucía.
Supuestamente estos imputados tuvieron una "directa implicación" en la tramitación irregular de determinados expedientes urbanísticos para la construcción de edificios en el casco urbano de Benalmádena.
En la segunda fase se ha procedido a la detención de dos personas, un arquitecto técnico del Ayuntamiento y un ingeniero independiente.
Supuestamente el concejal delegado de urbanismo, que ocupaba cartera en el año 2009, daba el visto bueno por lo que ha sido imputado por prevaricación por omisión.
La investigación comenzó a finales de 2009 cuando se detectó una edificación que podía ser ilegal en una zona verde.
La promotora de esta edificación además de que no cumplía con los requisitos preceptivos para su construcción, había iniciado los trámites oportunos de legalización ante el Ayuntamiento de Benalmádena para proceder a su venta como apartahotel, lo que le proporcionaría ciertos beneficios fiscales.
Además, luego se detectó una segunda edificación en cuya ejecución no se había respetado la altura máxima de edificabilidad planteada en el PGOU para la zona.
Paralelamente a los dos casos anteriores se detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del plan FEIL 2009, lo que unido a las construcciones irregulares llevó a la Guardia Civil a iniciar la operación "Mina".
Una vez analizada los documentos de los expedientes relativos a las construcciones supuestamente irregulares, se pudo comprobar que existían informes "claramente contradictorios" y "la implicación de responsables del Área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento y técnicos de la Junta de Andalucía".
Estas personas presuntamente habrían omitido su actuación a efectos de ordenar la paralización de las obras y en la emisión de informes favorables por el Delegado Provincial de Medio Ambiente.
También se detectó "la falta de un procedimiento administrativo transparente" para la realización de las actuaciones, ya que se adjudicaron aproximadamente el 80 por ciento de las mismas a un mismo gabinete de ingeniería, sin concurso previo.
De la misma forma se realizaron fraccionamientos intencionados en algunos de los contratos para "trampear" la legislación vigente, repitiendo ciertos conceptos para provocar pagos extraordinarios e incluso duplicando determinadas facturas para que se liquidaran dos veces.
Todas estas irregularidades llevaron a los agentes a la confirmación de la supuesta connivencia del técnico municipal y del ingeniero independiente para lucrarse.
* Terra Noticias - EFE - 27.9.13
Foto: Benalmádena, ayuntamiento - uma
Imputado por prevaricación el subdirector general de Urbanismo de la Generalitat
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Continúa el goteo de imputaciones urbanísticas en Cataluña, a pesar de la lentitud y falta de eficacia de la justicia. Ahora cae nada menos que el actual subdirector general de Urbanismo de la Generalitat (CIU), es decir la persona elegida para perseguir la corrupción y atentados contra la ordenación del territorio catalán. Más ya no se puede pedir, pero como tampoco es la primera vez que esto ocurre, parece que estemos curados de espanto ante tan graves ilegalidades públicas. Por supuesto, en este caso como en otros, nadie dimitirá ni será obligado a ello. Lamentable.
"ELPAÍS* : El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Girona ha citado a declarar como imputado al exdirector de Urbanismo de Girona y actual subdirector general de Urbanismo del Departamento de Territorio, Camil Cofan, por permitir seguir adelante las obras de construcción del chalé de lujo de Can Juncadella, edificado en una zona protegida junto al mar en Lloret de Mar. Cofan, declarará ante el juez por un presunto delito de prevaricación urbanística en espacio protegido.
La imputación es consecuencia de la admisión a trámite de la querella presentada por la entidad ecologista SOS Lloret. Además de Cofan, también deberá declarar como imputada la secretaria que participó en la ponencia técnica que dio el beneplácito al proyecto el 20 de julio de 2010.
La Finca de Can Juncadella se encuentra integrada Mazizo de Cadiretes, en un suelo no urbanizable de especial protección de la Red Natura 2000 como lugar de interés comunitario, así como también protegido por el Plan director del Sistema Costero y por el Plan de Espacios de Interés Natural. A pesar de esta catalogación ambiental, la presión urbanística logró que la Comisión de Urbanismo autorizara la construcción de un chalé de lujo, desoyendo tres informes desfavorables de los servicios territoriales de Medio Ambiente.
Ante el informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, SOS Lloret interpuso una querella que ha originado la investigación penal por un presunto delito contra el territorio y otro de prevaricación urbanística. Los ecologistas ya denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que consideró que existían indicios fundados de delito en la concesión de las licencias. Por ello fueron imputados la arquitecta municipal de Lloret y el técnico de la Comisión de Urbanismo de Girona. La instrucción del caso, sin embargo, fue archivada por el titular del juzgado 5 de Blanes, David Pérez.
Tras las protestas ecologistas, la Comisión de Territorio y Sostenibilidad del Parlament adoptó por unanimidad el 8 de abril de 2013 la resolución que instaba al Gobierno catalán a “iniciar los trámites necesarios para parar de manera inmediata las obras de edificación”. Las obras, sin embargo, siguieron su curso, denunció SOS Lloret. La comisión de Urbanismo de Girona alegó que no le correspondía la revisión del proyecto y derivó la responsabilidad al Ayuntamiento de Lloret. Ante esta respuesta, los ecologistas solicitaron al Consistorio la revisión y consecuente anulación de las licencias concedida, solicitud que todavía no ha recibido respuesta.
El Ayuntamiento de Lloret de Mar otorgó la licencia de obras para construir la mansión —de 3.000 metros cuadrados, 13 habitaciones y 15 plazas de garaje— cuando era alcalde el actual diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, investigado por sus lazos con la mafia rusa. Precisamente el hermano del regidor, el arquitecto Josep Maria Crespo, estaba detrás del proyecto de Can Juncadella, propiedad de un magnate de Kazajstán.
SOS Lloret también ha presentado una querella criminal contra los responsables de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona porque consideran que “incumpliendo su tarea de garantes” de la normativa urbanística, “permitieron con su voto favorable, la edificación de un chalé de más de 3.000 metros cuadrados pese a los reiterados informes desfavorables de Medio Ambiente”.
Los ecologistas exigen “la plena responsabilización de la Comisión sobre sus actos”. Para ellos, permitir “que las agresiones injustificadas al territorio, ciertas y demostradas, queden impunes sería dejar sin efectos la protección conseguida para nuestro entorno natural”. Además, critican los ecologistas, esto “abriría la puerta a perpetuar una gestión urbanística a la carta, donde la Administración publica está subordinada a los intereses privados”.
* El País - MARTA RODRÍGUEZ - 8.10.13
Foto: Vista aérea de la casa en construcción de Can Juncadella - elpais
Los 'pelotazos' urbanísticos pasan de puntillas por el caso Malaya
Tras más de 8 años (ocho) de investigación judicial sobre el 'caso Malaya', la operación más importante en España contra la corrupción urbanística, el Tribunal de Justicia ha dejado impune la mayoría de los convenios ilegales cometidos años antes por la mafia que gobernaba Marbella. Parece increíble pero así es: sólo dos convenios dan lugar a condenas, mientras otros 20, que reportaron plusvalías millonarias al multiplicar hasta por 10 el número de casas, quedan sin reproche en la sentencia. ¿Quién puede ahora confiar en esta justicia inepta que permite las ilegalidades urbanísticas, actuando, además, con alevosía por su tardanza desmesurada?
"DIARIODESEVILLA* : La esencia del urbanismo que llevó el gilismo a Marbella ha salido prácticamente impune del caso Malaya. El tribunal no ha apreciado los delitos de prevaricación, fraude y malversación que las acusaciones atribuían a políticos y promotores involucrados en una veintena de convenios urbanísticos que permitieron multiplicar hasta por 10 el número de viviendas, realizar permutas por algunos de los mejores suelos propiedad del Ayuntamiento y obtener plusvalías que llegaron a alcanzar hasta los seis millones de euros en una única operación. La lectura de la sentencia sugiere que la Marbella del pelotazo se ha librado del peso de Malaya, con la única excepción de dos convenios: Guadaiza y Vente Vacío.
Aunque Malaya ni es el procedimiento en el que se juzga la malversación de fondos en el Ayuntamiento de Marbella (casos Saqueo I y Saqueo II), ni es la causa en la que se dirimen los delitos urbanísticos de la época, las acusaciones, fundamentalmente las ejercidas por el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, habían presentado cargos relacionados con 11 operaciones. El argumento jurídico de base en todos los casos es que el tribunal no encuentra acreditado que existiera concierto o artificio entre los implicados para defraudar al Ayuntamiento. Tampoco acepta la malversación porque considera que este delito únicamente se refiere a bienes muebles. En ningún caso a edificios. Tampoco cree que puedan ser objeto de malversación los acuerdos leoninos sobre los aprovechamientos urbanísticos que le debían correspondían al Ayuntamiento, porque en ese caso se de "futuribles", de "humo".
Entre las operaciones más significativas figuran Crucero Banús, un pelotazo que reportó seis millones de euros en beneficios a Juan Antonio Roca, al ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román, al comisario de Policía Florencio San Agapito y al abogado Juan Hoffmann. Los cuatro han sido condenados por blanquear el dinero obtenido en aquel negocio a penas de un año de prisión en el caso de Román y San Agapito. Roca, en conjunto, ha sido sentenciado a 11 años de prisión por blanqueo continuado, así como por cohecho, prevaricación y Fraude, y Juan Hoffman a tres años y tres meses por blanqueo continuado. Además, el tribunal le ha impuesto a Román tres años más por tres delitos fiscales. Pero todos han sido absueltos de fraude y malversación en este asunto.
Este negocio comenzó cuando los cuatro socios, ocultos tras una sociedad suiza, compraron por 4,3 millones esta parcela, aunque en las escrituras sólo hicieron constar 841.000 euros, firmaron un convenio con el Ayuntamiento que elevó de 532 a 11.046 el techo edificable y, seguidamente, se la vendieron al promotor José Ávila Rojas (condenado por otros hechos en Malaya) por más de 10 millones de euros.
La operación del edificio institucional es otra de las más relevantes en esta combinación de negocios y política. En 2004 los empresarios Andrés Liétor y Carlos Sánchez (ambos condenados por otros hechos en esta causa), amigos y socios de Juan Antonio Roca en muchos negocios, compraron tres locales en Marbella. De forma simultánea, en la contabilidad secreta de Juan Antonio Roca, conocida como archivos de Maras, se anotó un soborno de 1,2 millones de euros junto a la leyenda "inmobiliaria edificio Banús".
Un año después de la venta, el propietario original selló otro convenio con la alcaldesa Marisol Yagüe para cambiar los tres locales por un edificio municipal de Puerto Banús. A efectos de permuta las dos propiedades se tasaron en 4,8 millones de euros, lo que no fue óbice para que el 20 de julio de 2005 el empresario Tomás Olivo, absuelto en esta causa, lo adquiriera por 8,3 millones. Los amigos de Roca lograron un pelotazo de cuatro millones. Los archivos de Maras registraron ese mismo día "una anotación de entrada de 1.800.000 por parte del definitivo comprador del edificio institucional, señor Olivo, sin que se haya acreditado que fuese realmente el procesado quien realizara la aportación dineraria", explica la sentencia en el apartado de hechos probados.
La promotora Construcciones Salamanca llegó a firmar entre mayo de 2004 y junio de 2005 cinco convenios con el Ayuntamiento de Marbella, que le permitieron que la edificabilidad de cinco parcelas pasara de 31.000 a 56.000 metros y cambiarle el uso a parte de los suelos de la plaza de toros de Nueva Andalucía para darle cabida a la actividad comercial y hotelera.
En ese mismo periodo los archivos de Maras registraron cuatro aportaciones que sumaban más de un millón de euros que Juan Antonio Roca reconoció como realizados por esta constructora y su presidente, ya fallecido.
El tribunal afirma en la sentencia que tiene "serias y fundadas sospechas" sobre la participación de Roca en la firma de los convenios, pero no una convicción tan "firme" como para condenarlo por malversación y fraude por estos hechos.
Tampoco cree la sala acreditado que existiera "concierto" entre Marisol Yagüe y Roca, ni que la comisión de gobierno emitiera una resolución "clamorosamente injusta" cuando en 2004 dio luz verde a dos convenios urbanísticos con José Manuel Carlos Llorca Rodríguez.
Este empresario, involucrado en el caso Forum Filatélico y actualmente huido de la Justicia, logró rubricar unos convenios en los que se daba luz verde a una ampliación total de 63.700 metros en el techo edificable de 20 parcelas. Coincidiendo con la firma de estos convenios Roca ha reconocido que recibió 900.000 euros de Llorca.
De los tres convenios firmados con Aifos, que permitieron incrementar en 5.000 metros la edificabilidad en el hotel Guadalpín y una finca aneja, el tribunal sólo ha apreciado fraude en la permuta de Guadaiza. Coincidiendo con la firma de estos acuerdos urbanísticos con el Ayuntamiento, la empresa Aifos "presionada" por Roca compró unos locales comerciales por los que pagó 4,2 millones que, a su vez, permutó por seis fincas municipales en Guadaiza, que se valoraron en 6,5 millones. Posteriormente Hacienda hizo una peritación de ambos bienes y llegó a la conclusión de que el precio real de los locales de Aifos era de 2,7 millones y el de las fincas del Ayuntamiento 10,7 millones, aunque luego resultó que tenían cargas pendientes. El tribunal condena al presidente de Aifos, Jesús Ruiz, y a los directivos Jenaro Briales y Francisco García por fraude en este caso, sin embargo, los absuelve de todos los cargos relacionados con los otros convenios. También han sido condenados por cohecho porque en esas fechas la contabilidad secreta de Roca registró pagos por un importe próximo a cinco millones.
Por otra parte, el Ayuntamiento selló con el promotor granadino José Ávila Rojas tres convenios para cederle unos aprovechamientos urbanísticos a los que, además, les elevó el techo edificable, además de otros tres acuerdos urbanísticos para autorizarle, por ejemplo, construir 104 viviendas en una parcela prevista para 10 y otro de permuta. Aunque Ávila Rojas ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel por cohecho y blanqueo ha resultado absuelto de los delitos que se le atribuían por estos convenios.
El tribunal afirma que no está "acreditado" que existiera "concierto o artificio para defraudar a la corporación". Circunstancias similares han justificado también la absolución en delitos relacionados con convenios similares firmados en las operaciones inmobiliarias de La Gitana, La Ventilla o Francisco Norte.
* Diario de Sevilla - ENCARNA MALDONADO - 6.10.13
Foto: Uno de los acusados abraza al ex alcalde Julián Muñoz, en presencia de Juan Antonio Roca y el promotor José Ávila Rojas, antes de la lectura del fallo.- diariodesevilla
Santa Cruz de Tenerife pagó 53 millones de euros por unos terrenos que ya eran suyos
Por fin parece que comienza el juicio de la playa de Las Teresitas, 12 años (doce) después que el ayuntamiento del alcalde Zerolo (hoy senador CC) comprara unos terrenos que ya eran suyos, y 6 años (seis) que el Supremo lo anulara. A estas alturas da casi vergüenza tener que hablar de un asunto sobre el que ya se ha escrito casi todo, pero la justicia en este país continúa su labor abnegada por no cumplir unos tiempos razonables de actuación, con lo que los delitos prescriben o ya no tienen posible solución de reversibilidad. Así continuamos, vergonzosamente.
"PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó hace doce años 52,5 millones de euros por unos terrenos en la playa de Las Teresitas, pero las parcelas eran ya de la corporación municipal desde 1967, según un documento que la institución ha entregado en los juzgados. La compra se hizo efectiva en 2001 para llevar a cabo un proyecto del arquitecto Dominique Perrault en la playa de la capital tinerfeña, pero en 2007 el Tribunal Supremo anuló la operación de compraventa por ser ilegal. En este caso están imputados, entre otros, el anterior alcalde y actual senador Miguel Zerolo (CC), así como el expresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife Ignacio González, y el presidente de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Plasencia.
Como la compraventa fue declarada ilegal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó en 2011 y por unanimidad reclamar a la empresa a las que se los compró, los 52,5 millones pagados más los intereses, en total 73 millones de euros. Pero los empresarios de Inversiones Las Teresitas SL -empresa vendedora- presentaron una demanda por importe de 116 millones de euros como indemnización por el contrato de anulación de la compraventa de las once parcelas del frente de la playa.
Ayer estaba previsto que se iniciase en el Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife la audiencia previa por esta denuncia, pero no se celebró ya que un día antes el Ayuntamiento informó de que había pedido la suspensión porque se había presentado documentación nueva. Con esa documentación, según la corporación, habría una causa penal anterior al procedimiento civil que se estaba desarrollando. Entre los documentos presentados hay uno en el que se dice que los terrenos habían sido cedidos a la corporación en 1967.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, no ha querido evaluar la importancia judicial de estos documentos, que considera relevantes, y ha confiado en la inocencia de su antecesor, de su mismo partido. Mientras, el anterior alcalde, Miguel Zerolo, ha hecho declaraciones acusando al grupo de gobierno, CC-PSOE, de "echar mierda en este tema y usarlo políticamente para perseguirlo".
Desde la oposición municipal, la portavoz del PP, Cristina Tavío, ha exigido al alcalde que promueva un pacto con todas las fuerzas políticas para adecentar mínimamente la playa de Las Teresitas mientras se resuelve judicialmente el caso, porque la ciudad ya no aguanta más desidia y decadencia. Además, el concejal de Por Tenerife-Verdes, José Manuel Corrales, ha dicho que si el gobierno municipal ha pedido suspender la causa civil sería una prueba de que hay un acuerdo "bajo cuerda" para que el dinero estafado no se recupere. Ha insistido en que deben recuperarse los 53 millones (casi 9.000 millones de pesetas) más los intereses, lo que elevaría la cifra a los 73 millones de euros, porque, según ha reiterado, se trata de una estafa contra los vecinos de la capital tinerfeña.
Y afirmó que de no pararse la causa civil hay muchas posibilidades de recuperar el dinero en poco tiempo, mientras que si se detiene y hay que esperar a la penal, pasarán años antes de que dictamine el Tribunal Supremo. Sobre los documentos aportados por la corporación municipal al juzgado, Corrales ha dicho que el Ministerio Fiscal afirmó hace años que había una trama corrupta y que se compraba algo que ya era de la corporación.
* Público - Rubén Darío García León (EFE) - 3.10.13
Foto: Playa_de_Las_Teresitas_en_Santa_Cruz
Caspe.- Podrían imputar a más cargos políticos por el caso de La Herradura
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El caso de La Herradura en Caspe (Zaragoza) está en su momento álgido con la declaración de varios exaltos cargos del gobierno de Aragón. Parece que puede haber nuevas imputaciones, pero está claro el delito de varios de estos políticos en la permisividad para la roturación ilegal de tierras protegidas en el PGOU y la plantación de árboles para un negocio puro y duro. Habrá que ver si la justicia tira de la manta realmente o si, como siempre, se duerme en los laureles.
"LACOMARCA* : Ayer se vivió un nuevo capítulo del caso de La Herradura con las declaraciones de los últimos imputados. Estaban citados cinco ex altos cargos del Gobierno de Aragón pertenecientes a los departamentos de Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo a los que se les acusa de un posible delito contra los recursos naturales y medio ambiente. Se trata de José Luis Castellanos, ex director general de Vivienda y Rehabilitación; Carlos Clemente, ex jefe de sección de Concentración Parcelaria; Mariano Angel Sanagustín, ex jefe del Servicio de Infraestructuras Rurales; Antonio Latorre, ex jefe de sección de Concentración Parcelaria y Programas Rurales del servicio provincial, y Eliseo Martínez, ex director provincial del departamento de Medio Ambiente.
El primero estaba citado a las nueve de la mañana y el resto una hora después sucesivamente. Los imputados llegaron por separado y a cuentagotas, al igual que sus abogados. Éstos últimos no quisieron realizar declaraciones porque se lo habían «prohibido» sus defendidos.
Las preguntas de la jueza, al igual que las respuestas de los imputados, no variaron mucho de las de hace dos meses. En julio, los cinco acusados ya fueron citados a declarar ante Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
Para la asociación Cultural Compromiso, acusación particular, la declaración más trascendental fue la de Mariano Sanagustín, exjefe de Servicio de Infraestructuras Rurales del departamento de Agricultura y Alimentación. El imputado fue el único que reconoció que Mariano Gómez Callao, administrador de la explotación La Herradura desde su creación y edil delegado de Obras y Urbanismo en los años en que sucedieron los supuestos hechos y la ex alcaldesa Teresa Francín estuvieron en las oficinas de su Departamento en la DGA.
Los imputados se escudaron en que la ley permitía la plantación de árboles. Respecto al Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Caspe, algunos reconocieron que lo consultaron pero otros admitieron que no. La jueza también preguntó por la roturación de tierras sin autorización y una denuncia realizada en el año 2002 del APN en la que se informaba de la roturación del paraje. Eliseo Martínez, ex director general de Medio Ambiente, admitió conocer el documento y haber recibido un informe de parte del INAGA, pero insistió en que los servicios jurídicos del departamento le comunicaron que los delitos habían prescrito y, por tanto, se procedió al cierre del expediente sancionador.
El abogado de la asociación Compromiso, Antoni Valls, aseguró que ayer quedó claro que se realizó una roturación ilegal pese a saber que se lo habían denegado y que el expediente sancionador estuvo paralizado en DGA hasta que prescribió. Por ello, Valls apostó porque tras escuchar a los ex altos cargos la jueza abrirá más diligencias y llamará a declarar a técnicos y responsables políticos que gobernaban cuando se paralizó el expediente sancionador en el Pignatelli.
Tal y como ya apuntó LA COMARCA los interrogatorios de la magistrada, que se han prolongado hasta finalizar la jornada laboral, apuntaban a dos cuestiones en concreto, que ya se habían destacado en las declaraciones de los cinco acusados ante los agentes del Seprona. Por un lado, los proyectos de transformación en regadío y si los imputados habían atisbado alguna irregularidad en su visita a la finca hortofrutícola. Por otro lado, la roturación de tierras sin autorización, de la que existe una denuncia de un forestal.
* La Comarca - L. CASTEL / S. BUZÓN - 24.9.13
Foto: Caspe (Zaragoza), la Herradura - elguadalope
México.- Tiempo de tormentas y la ausencia de urbanismo
El Urbanismo y la Planificación territorial es un tema casi inexistente en el ámbito mexicano y al que se le da una mínima importancia, siendo, como es, una forma de racionalizar el territorio y hacer posible una mejor convivencia entre sus habitantes. La calidad de vida es directamente proporcional con la actividad urbanística consensuada, con la participación de los ciudadanos en las decisiones que les incumben directamente. A este respecto queda todavía un largo camino por recorrer en el país.
"MILENIO* : La catastrófica situación que estamos viviendo, debido a los estragos que las tormentas siguen causando a lo largo de las costas del Pacífico mexicano, confirman la tesis expuesta por Jesús Silva-Herzog Márquez: estamos frente a un desastre político. Diariamente constatamos la existencia de enormes vacíos en la administración pública, que van desde una débil organización para la protección civil hasta la evidencia de prácticas corruptas en el desarrollo urbano, que están teniendo consecuencias que se pagan con la vida de gente inocente. Hemos comprobado que la planificación territorial es un campo inexistente en nuestro país. La prohibición de la edificación en cuencas acuíferas, en los cauces fluviales o sus cercanías, o bien a lo largo de las ciénegas próximas al océano, al igual que en laderas inestables geológicamente, son elementales en cualquier estudio de factibilidad urbanística.
Se trata de emplazamientos de alto riesgo de anegaciones y deslaves, no solamente en anomalías meteorológicas como la que atravesamos, sino durante cualquier período normal de precipitaciones pluviales. Estas edificaciones irregulares, las construcciones que se erigen en terrenos que deberían declararse como no-urbanizables, responden a dos caras de la corrupción del Estado mexicano. La primera, que se verifica en desarrollos turísticos como el de Ixtapa y Acapulco-Diamante, consiste en una visión empresarial a corto plazo que está dispuesta a llevar a cabo sus proyectos a cualquier costo y aprovechar los terrenos más privilegiados para su actividad, aquéllos que se encuentran lo más cerca posible a las playas, sin importar que estén rodeados de lagunas y desembocaduras de ríos que son, a todas luces, riesgosos. Pero la segunda forma de corrupción, quizá aún más dañina que la primera, es la permisividad por parte del gobierno para que se instalen asentamientos irregulares en sitios peligrosos, como los que hemos mencionado. Tal es el caso de las pequeñas localidades en las afueras del puerto de Acapulco y en la Sierra de Guerrero, que fueron arrasadas por los aludes de agua, piedra y lodo, que los sepultaron el pasado 16 de septiembre.
Cuando el urbanismo se practica correctamente, no se notan sus beneficios, estos solo son visibles por su ausencia. Las recientes calamidades nos deben enseñar que no podemos postergar más la aplicación de una política territorial que enfoque al desarrollo urbano como una prioridad que va más allá de sus beneficios económicos. La planificación cabal del territorio y la aplicación estricta de las leyes de desarrollo urbano, podrían salvar muchas vidas humanas.
* Milenio - LORENZO ROCHA - 26.9.13
Foto: México, inundaciones - milenio
Delitos urbanísticos en Madrid: muchos juzgados “dan carpetazo”
Algo que venimos denunciando desde hace bastantes años en este blog: la justicia en este país es incapaz de resolver las numerosas ilegalidades urbanísticas que le llegan, bien por falta de medios, por dejadez o, en algunos casos, por complicidad partidista descarada. Nunca ha estado la justicia tan falta de libertad como en estos años, sobre todo en los del boom inmobiliario con sus grandes pelotazos públicos. Un asunto de enorme importancia, con la corrupción como fondo, al que ni los partidos políticos ni el propio sistema judicial han querido dar la importancia que se merecía. Vergonzoso.
"ELPAÍS* : Tarde, mal y, en ocasiones, nunca. Así se resume la persecución de los delitos contra el urbanismo en Madrid, que ha permitido en los últimos años casos de ilegalidad manifiesta, como la ampliación de la M-501, el soterramiento la M-30 o el cambio de uso de la finca El Encín, en Alcalá de Henares. Ilegalidad refrendada por los tribunales cuando ya la actuación estaba acometida.
Hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, lo dejaba entrever esta semana: "La justicia solo hace frente a la corrupción detectada, pero la ciudadanía es consciente de que hay más, y es algo que le come la moral".
Corrupción detectada que, a juicio de la responsable de Ecologistas en Acción en Madrid, María Ángeles Nieto, solo se ve perseguida cuando "hay trascendencia mediática". De lo contrario, según Nieto, el celo judicial en la persecución de delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio es escaso si se compara con otras autonomías.
En 2012, la sección de medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía Provincial abrió 105 diligencias (32 por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo), pero se archivaron 40; otras 36 siguen en trámite y la Fiscalía interpuso denuncia o querella en 29 casos. Por delitos contra la ordenación del territorio se efectuaron 18 calificaciones y se dictaron 22 sentencias, 9 condenatorias y 13 absolutorias. El balance deja entrever que en Madrid "se denuncia poco o se archiva mucho", según Nieto.
La crisis y la consecuente disminución de la actividad urbanística son razones recurrentes que sirven para respaldar la disminución de la persecución de los delitos urbanísticos en la Comunidad de Madrid. Pero hay más. También hay construcciones ilegales, demoliciones o presuntos actos de prevaricación de responsables, pero no parece que en Madrid estos delitos trasciendan en exceso.
Como en años anteriores, la Fiscalía de Madrid reitera la existencia de juzgados que “se niegan a condenar por delitos urbanísticos o ambientales pese a las evidencias presentadas”. Y va más allá. “Cuando vamos a un juzgado o a otro, ya sabemos el resultado del juicio por su historial previo. Igualmente hay secciones distintas de la Audiencia que, ante casos muy similares, dan lugar en unos casos a condena y en otros a absolución”, lamentan los fiscales.
En relación con este tema, desde Ecologistas en Acción denuncian las múltiples denuncias que son archivadas de manera inmediata. “Hay muchos jueces que, en cuanto ven que somos nosotros quienes presentamos la querella, dan carpetazo al asunto”, apunta María Ángeles Nieto.
Y los temas que siguen su curso y acaban en sentencia tampoco resultan fáciles de ejecutar. Demoliciones de construcciones ilegales en lugares protegidos, como en Colmenar Viejo, Garganta de los Montes o Guadalix de la Sierra, han costado lo suyo por el poco celo a la hora de ejecutar la sentencia, dando pie en muchas ocasiones a los argumentos de los implicados antes que a lo dictado en la sentencia condenatoria, incluidas las tretas de algunos, como la de pintar de verde la casa para un perfecto camuflaje.
Otra diferencia sustancial que distingue la persecución de estos delitos en Madrid respecto a otras comunidades autónomas es el papel que desempeñan los agentes forestales como denunciantes de hechos potencialmente punibles. Se hace referencia en la memoria a que en “la inmensa mayoría de fiscalías destaca el loable voluntarismo y compromiso de este colectivo en la defensa del medio ambiente en el desempeño de su labor”. Pero hay excepciones, supuestamente superadas, relativas a las “reticencias de determinados representantes superiores” de estos empleados públicos a que denuncien directamente en la Fiscalía. Ecologistas en Acción destaca que en Madrid “se sigue impidiendo a los agentes forestales acudir directamente a presentar denuncias”.
Hace seis años, el entonces director de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Allué, remitió una nota interna a los agentes para que se abstuvieran de tomar esa iniciativa. Con el traspaso de este departamento bajo dependencia de la Consejería de Presidencia se ha ido un paso más allá. Asegura Nieto que “la situación ha empeorado. Tampoco dejan a los agentes acudir a la vía administrativa”. No obstante, las denuncias se interponen, pero tienen un recorrido muy corto. “La mayor parte no llega a la Fiscalía porque la Administración no las remite”, según Nieto.
Entre las denuncias interpuestas el pasado año en Madrid figuran dos relacionadas con el vertido de residuos en Rivas-Vaciamadrid y en la planta de reciclaje de Valdemingómez, en la capital. En ambos casos, empresas privadas se dedican supuestamente a recoger residuos de construcción y demolición que posteriormente se vierten en parcelas de polígonos industriales o en huecos de explotaciones mineras en desuso. De las denuncias ante el Seprona (Guardia Civil) nada se sabe.
La extracción de áridos por debajo del nivel de la capa freática dentro del parque regional del Sureste —prohibida por la ley de declaración de este espacio protegido— o sendas denuncias interpuestas contra municipios de la sierra Norte de Madrid son otros de los asuntos denunciados.
A veces, mucho tiempo después, las denuncias acaban en condena y se ejecutan. Pero la mayoría de las veces llegan tarde y apenas sirven para reparar el daño moral. Es lo que ocurrió hace años con la polémica sobre la ampliación de la M-501, la “carretera de los pantanos”, o con el mismo soterramiento de la M-30 en Madrid capital.
Más recientemente, ha sucedido lo mismo con el campo de golf que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se empeñó en montar en pleno barrio de Chamberí. Bastó recibir el Gobierno regional la sentencia del Supremo que anulaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad que en 2007 permitió aprobar los campos de golf para que el Canal de Isabel II se apresurara a presentar un Plan Especial de Infraestructuras con el objeto de legalizar los campos construidos sobre la cubierta del tercer depósito.
Hasta el 13 de junio, el Plan Especial estuvo en información pública y se recogieron más de 200 alegaciones de particulares y colectivos ecologistas. Dará igual, se pasarán por alto, y el campo de golf se mantendrá donde está como si nada hubiera pasado.
El objeto del plan es legalizar los campos de golf, pero como es imposible con el plan general vigente en Madrid, el Canal de Isabel II Gestión redacta el Plan Especial para crear una nueva normativa urbanística de aplicación exclusiva en su parcela.
Las asociaciones vecinales ponen el énfasis en la pérdida de zonas verdes que supone esta actuación. Chamberí es el distrito de Madrid con menor proporción de dotaciones de zonas verdes por habitante, tan solo 1,03 metros cuadrados por habitante, cuando la OMS recomienda entre 10 y 15 metros. Además, entienden que resulta inaceptable que desde la Administración se estén priorizando las instalaciones de golf con apenas uso mientras los vecinos se masifican en el escaso parque que han dejado como franja perimetral al golf.
En otras ocasiones, las denuncias surten el efecto deseado, como ha ocurrido con dos arquitectos del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, condenados por la Audiencia Provincial por “haber realizado proyectos privados y al mismo tiempo haber emitido informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, conociendo la incompatibilidad para hacerlo”, según la sentencia.
O con esas 13 construcciones ilegales demolidas recientemente en Robledo de Chavela tras años de procedimiento judicial y con sentencia firme condenatoria desde 2004. Fueron levantadas en suelo no urbanizable protegido y dentro del ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio, y hasta ahora no se ha ejecutado la sentencia para restaurar la zona a su estado original. Nueve años en los que la Comunidad de Madrid hizo caso omiso a la sentencia, e incluso llegó a emitir un informe favorable para legalizar las construcciones.
* El País - JUAN CARLOS MARTÍNEZ Madrid 26 SEP 2013
Foto: Obras de la M-501 en Chapinería en dirección a Madrid. / SIERRA OESTE DESARROLLO S.O.S.TENIBLE
Telde.- Turcón denuncia "pelotazo urbanístico" en el convenio de realojo de la playa de Ojos de Garza
El urbanismo de Telde (Gran Canaria) sigue en el ojo del huracán, es difícil resolver los asuntos públicos del territorio peor que allí, según parece. Ahora 'Turcón-Ecologistas en Acción' acusa de pelotazo del ayuntamiento por una reclasificación ilegal de suelo rústico para realojar a los vecinos afectados por la Ley de Costas. Se dice que tal operación delictiva podría superar los 20 millones de euros.
"TURCÓN* : El Convenio “huele a indemnizaciones, entra el Ayuntamiento en un terreno pantanoso con un urbanismo a la carta, peligroso y arriesgado al pretender reclasificar un suelo actualmente rústico de protección de infraestructura (ampliación aeropuerto), afectado por una planificación supramunicipal, que intentan sortear desde el Ayuntamiento”.
En el último semestre del pasado año, en ese mismo lugar, en la Alternativa nº3, seleccionada por el Avance del PGO que salió a información pública, la pieza de suelo cercana a la Playa de Ojos de Garza, no tenía ningún valor como suelo urbanizable, ni se le presuponía negociación o convenio que modificara su condición en la planificación municipal. Afectado por varias figuras (SRP-Agrícola, SRP. Infraestructura, etc).
En menos de un mes (julio-2013), en las dependencias municipales se informa, se estudia, se prepara y se aprueba en el Pleno (26/07/2013) un Convenio que alienta una expectativa “falsa” de reclasificación de un suelo rústico, que calculando el valor de suelo de Telde podría convertirse en todo un negocio urbanístico.
Del estudio del expediente nº 680/2013, se deduce que, por un lado se titula el Convenio como un “Convenio Urbanístico de Cooperación”; y en otro lugar se dice de un “Convenio Urbanístico de Preparación”, apoyándose en el artículo 236 y ssg. del TR-LOTCENC. El convenio, siempre a nuestro entender, se adelanta a la figura del planificador que se encuentra en una fase de Memoria Ambiental, que aún no ha sido ratificada por la COTMAC y que es un “atrevimiento y un desproposito” intentar colar este Convenio, ya fuera del periodo de sugerencias del Avance; y además, sin que, por ejemplo, el Cabildo pudiera informar del mismo.
Este convenio reclasifica una parcela de 69.176 m2, dividiéndola en dos. El resultado sería crear dos piezas (SUSO-1 y SUSO-2) de 32.698 m2 y 36.478 m2 respectivamente. Concretamente la SUSO-1 se cede al Ayuntamiento, como contraprestación, para reformular las viviendas clandestinas e ilegales (21 tienen sentencia firmes de derribo) de Playa de Ojos de Garza.
Los ecologistas de Turcón, denuncian una contradicción municipal, ya que por un lado reivindican el traslado de los vecinos del pueblo de Ojos de Garza, afectados también por un SRPI y, en este caso, quiere ubicar a los vecinos de la Playa dentro de esa figura del suelo rústico de protección de infraestructura (ampliación del aeropuerto).
Concluyen los ecologistas que “la INSEGURIDAD JURÍDICA es muy grande, y por lo tanto, alegan en contra de ese Convenio de difícil encaje urbanístico, complicado ajuste en la ordenación y planificación supramunicipal, al entender que crea grandes arbitrariedades difíciles de digerir por una institución que tiene que ser objetiva, justa y equitativa”.
* Turcón - 27.9.13
Foto: Telde, playa Ojos de Garza - laprovincia
Madrid.- El Centro Acuático acumula siete años de retraso y un sobrecoste del 40%
Los despilfarros públicos del absurdo intento olímpico de la ciudad de Madrid siguen acumulando deudas. A la de la inútil Caja Mágica o del estadio de la Peineta, se une también el del Centro Acuático. El ayuntamiento de la capital ha intentado una contabilidad fraudulenta para camuflar el previsible desastre económico de este Centro que, además, acumula 7 años de retraso en su finalización. El presupuesto mientras tanto se ha disparado y ya solo cabe hablar de calamidad total en la gestión municipal, sin que se oiga a nadie pedir dimisiones o responsabilidades políticas.
"ELPAÍS* : “La única regla es que no hay reglas”. Esa explicación de la alcaldesa, Ana Botella (PP), para justificar la derrota olímpica de Madrid sirve para ilustrar el descontrol en coste y plazos de ejecución de las infraestructuras construidas por el Ayuntamiento para conseguir los Juegos. Y ya no se trata sólo de la Caja Mágica, que costó el doble de lo presupuestado. La otra gran instalación olímpica, el Centro Acuático, arrastra ya un sobreprecio del 40% pese a que las obras aún están a medias, y como mínimo tardará en construirse el triple de lo previsto, sin contar los tres años en los que ha estado paralizado a la espera de conocer el desenlace olímpico.
Ese parón le ha costado ya al Ayuntamiento más de un millón de euros, pero la constructora le ha exigido 12 millones más como indemnización, y ha pedido desentenderse de una obra maldita. El Centro Acuático depende de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec) como le sucede a la Caja Mágica, pero su trayectoria amenaza con ser más tortuosa si cabe.
El Ayuntamiento decidió construir esta instalación acuática, ubicada junto al estadio de la Peineta, en el distrito de San Blas-Canillejas, cuando en 2000 presentó su primera candidatura olímpica.
El arquitecto Juan José Medina ganó el concurso en verano de 2002 con un proyecto (bautizado como Quiero saltar al agua para caer al cielo) de 118.000 metros cuadrados de superficie y aforo para 15.000 espectadores.
Las obras se adjudicaron a la unión temporal de empresas de Dragados y el Grupo Ortiz. Con un presupuesto de 136,7 millones, debían empezar en noviembre de 2004 y terminarse en 27 meses.
El Centro Acuático comenzó dependiendo del Ayuntamiento directamente, pero en septiembre de 2006 se transfirió a Madridec, cuya deuda no computaba como municipal. Apenas unos días después, se modificó el proyecto, el presupuesto se disparó hasta los 164 millones de euros y el plazo de ejecución subió a 41 meses.
El edificio debía estar listo así en abril de 2008. Cumplido ese plazo, se amplió hasta julio. Llegado julio, se amplió dos años más, y se incrementó de nuevo el presupuesto, hasta los 185,5 millones de euros, para adecuar el edificio a los requisitos olímpicos, pese a que ese era su objetivo inicial.
La nueva fecha límite era julio de 2010. Cuatro meses antes, ante la “preocupación” municipal por los retrasos, según reza la documentación interna a la que ha tenido acceso EL PAÍS y adelantada por eldiario.es, la constructora planteó la “necesidad ineludible de introducir nuevas partidas presupuestarias en el proyecto”.
Llegado julio, se optó por la “suspensión temporal de las obras” hasta abril de 2011 “debido a las circunstancias económicas actuales y a las políticas de contención y recorte del gasto”.
El Ayuntamiento aprovechó la paralización para revisar el presupuesto y elevarlo a 192,5 millones de euros, es decir, un 41% más que el coste inicial. Además, el plazo de ejecución se incrementó en 24 meses más, con lo que los 27 meses iniciales se convirtieron en 86 meses, y eso sin contar el plazo de paralización temporal.
Llegado abril de 2011, se acordó mantener parada la obra medio año más, hasta septiembre. Llegado septiembre, el Ayuntamiento impuso otra prórroga de seis meses (de hecho, las obras siguen aún paradas), ante lo que la constructora se plantó, pidió desvincularse y exigió una indemnización de 12,24 millones.
La constructora “ha manifestado su intención de no acceder a una nueva prórroga de la suspensión temporal de las obras en las condiciones actuales. No quiere continuar con la posesión de la obra ejecutada dado que, con el paso del tiempo, puede sufrir un deterioro importante y no puede determinar los daños, implicaciones y costes derivados de la suspensión”, asegura un informe interno de Madridec. El coste de mantenimiento y vigilancia de la obra ascendió a 725.000 euros de julio de 2010 a octubre de 2012, última fecha en la que se hizo público ese gasto, a petición del edil de Izquierda Unida Ángel Lara. Hace un año, el Ayuntamiento negaba haber pagado la indemnización requerida por Dragados.
Tras la derrota de Madrid 2020 el 7 de septiembre, Botella prometió retomar la construcción del Centro Acuático pero con modificaciones para convertirlo en un edificio “versátil”. Según el último proyecto aprobado, las obras iban a requerir de 93 millones más y dos años de trabajo adicional a partir del momento en el que se retomaran.
Tras la quiebra de Madridec, el Ayuntamiento se ha hecho cargo del proyecto, aunque no ha desvelado aún cómo y cuándo pagará lo necesario para que deje de ser un esqueleto varado junto a una Peineta desguazada, en un descampado de barro, materiales de construcción y sueños rotos.
Quiebra municipal
»Madridec ha quebrado este año y en diciembre será liquidada debido al excesivo endeudamiento al que fue sometida por el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.
»La empresa municipal deja un agujero de 400 millones al Ayuntamiento, que deberá rescatar el centro acuático y los anticuados recintos feriales de la Casa de Campo.
»Pese a que la empresa se disolverá en tres meses, CC OO denuncia que se está obligando a los trabajadores, afectados ya por un ERE, a negociar un nuevo convenio que teme que sea su puntilla.
* El País - JOSÉ MARCOS / BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 22 SEP 2013
Foto: El Centro Acuático, en obras, durante la visita la pasada primavera del Comité Olímpico Internacional a Madrid. / ULY MARTÍN
Un Plan de Urbanismo en Ávila que atenta contra el principio de modelo de ciudad compacta
La modificación del PGOU de Ávila ha sido echada abajo por la justicia de Castilla y León, ya que se pretendía ampliar exageradamente la superficie de actuación, frente a una ciudad más compacta que, con buen criterio, ha aducido el Tribunal de Justicia. Una sentencia que llama la atención por lo inusual, ya que casi siempre los tribunales solo juzgan legalidades documentales, de procedimiento, pero pocas veces entran en el fondo del asunto: el modelo urbanístico que pretende una ciudad con su Plan General.
"ELDIARIO* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tira por tierra las pretensiones del Ayuntamiento de Ávila de resolver verdaderas y reales necesidades de suelo residencial o comercial. No solo lo frena de cuajo, sino que el escrito judicial le dice, de forma nítida, que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que pretendía el Consistorio “aumenta el impacto del crecimiento y atenta contra el principio de modelo de ciudad compacta que se reivindica en la normativa urbanística vigente”. Según la sentencia, los cambios que se preveían para el PGOU no van en la línea de “completar las tramas urbanas existentes” ni a “solucionar problemas urbanísticos de las áreas degradadas ni a regenerar la ciudad existente”.
La modificación que pretendía poner en marcha el Ayuntamiento de Ávila implicaba el desarrollo urbanístico de tres sectores con cerca de un millón de metros cuadrados, donde se iban a construir 4.000 viviendas y una zona comercial, en la zona situada entre las carreteras CL-505 y la AV-503.
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se añade que “no se entiende por qué se ha procedido a tal modificación, cuando el 29 de enero de 2010, se había procedido por el Ayuntamiento a iniciar la revisión del PGOU de Ávila”, y “resultaba más coherente que dicha reclasificación del terreno se hubiera producido, en su caso, con ocasión de la revisión”.
El máximo órgano judicial de esta Comunidad Autónoma pone en duda la previsión de construir viviendas que se hacía en la modificación del Plan en 2010, por lo que, según la sentencia, “tampoco se comprende la urgencia de la modificación, cuando según los propios datos del Ayuntamiento, en el PGOU vigente se planteaban un total de 17.278 viviendas, de las cuales se han ejecutado 6.608, lo que implica que quedan por ejecutar 10.670 viviendas”.
Y añade el escrito del Tribunal: “si quedan dichas viviendas por ejecutar, no existe una urgencia que por vía de modificación pretenda añadir a las mismas las 3.396 viviendas planteadas por la Sexta Modificación, sin esperar a la revisión del Plan”.
De esta manera, se declara “no conforme a derecho” la sexta modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ávila y la orden de la Junta de Castilla y León que la prueba, una sentencia que llega tras los recursos planteados por UPyD y la Federación de Empresarios de la Construcción (Fecopa).
La sentencia también hace referencia al padrón municipal, argumento utilizado por el Ayuntamiento de Ávila para justificar esa modificación urbanística. Según el Consistorio, “la cifra de empadronados que realmente reside en el municipio al finalizar el año 2009 supera el umbral de 60.000 habitantes”, mientras que para el Tribunal Superior de Justicia “si se acude a la página web del Ayuntamiento, en la fecha actual, resulta que la cifra de población actualizada al mes de agosto de 2013 es de 60.505 habitantes, luego dicha cifra solo se ha superado este año y con una población según el INE para el año 2012 de 58.915, como se puede consultar en su página web oficial”.
* El Diario - Justino Sanchón - 25.9.13
Foto: Zona de las afueras de Ávila donde se preveía construir cerca de 4.000 viviendas. Ávilared.com
Arona.- El exalcalde "toleró y encubrió" ilegalidades urbanísticas
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Si hace solo unos días hablábamos también del exalcalde de Arona (Tenerife), G.Reverón de Coalición Canaria, respecto a multitud de licencias ilegales concedidas por su gobierno municipal, hoy es más de lo mismo en el caso de las irregularidades en la ampliación del hotel Sir Anthony ubicado en playa Las Américas. Como se ve, el color político no es óbice para cometer delitos continuados en el campo del urbanismo.
"CANARIASAHORA* : La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que el exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón y el entonces responsable de Urbanismo, Antonio Sosa, hicieron la vista gorda al establecimiento hotelero Sir Anthony con respecto a unas obras de ampliación que estaban llevando a cabo y además, “toleraron y encubrieron” la ilegalidad que se cometía.
En el primer trimestre de 2008 se comenzó la remodelación del establecimiento ubicado en plena playa de Las Américas. Pero estas actuaciones nunca tuvieron la correspondiente licencia urbanística, ni recibieron el visto bueno del Cabildo, como era preceptivo, al tener un uso turístico. Sin embargo, según la Fiscalía estos hechos fueron ocultados por el ex alcalde con el fin de poder disfrutar de forma particular de las habitaciones VIP del hotel, como hizo en varias ocasiones.
De hecho, el Ministerio Público considera que el ex alcalde consintió y encubrió todo lo que ocurría para obtener un beneficio particular. No fue hasta que comenzaron a circular rumores sobre el uso que el ex alcalde estaba dando a las habitaciones VIP cuando éste se dirigió a los representantes del hotel pidiéndoles que dieran una cobertura de apariencia legal a lo que estaba ocurriendo. Por ello, se presentó una licencia de obra menor que se limitaba al cambio de suelo, baños y retirada de escombros.
Sin embargo no se cumplieron otros trámites obligatorios como la supervisión del Colegio de Arquitectos, ni tampoco la autorización turística del Cabildo. Y todo ello, pese a que cualquier persona era capaz de observar que las obras que se estaban ejecutando podían ser calificadas de todo excepto de menores.
El fiscal no duda en acusar al alcalde de haberse abstenido en todo momento y de manera intencionada de ordenar las actuaciones precisas para perseguir y sancionar lo que se había convertido en una infracción urbanística. En teoría la legislación obligaba al Ayuntamiento a ordenar la suspensión de las actuaciones e inmediatamente después proceder al precintado de las mismas. Además, la cuantía de la multa hubiese ascendido como mínimo a 600 euros.
Los hechos llegaron a alcanzar ya tal trascendencia que el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Sosa que aún sigue en política activa, tuvo que ordenar la paralización de los trabajos y su precinto, por lo que los promotores se vieron obligados entonces a solicitar licencia de obra mayor.
Algo similar ocurrió con las obras que estaba ejecutando el vecino, José Antonio González Costas que consistían en techado y construcción de una segunda planta de una antigua casa sin haber obtenido permiso alguno. La Fiscalía considera probado que el ex alcalde era consciente de lo que ocurría y no emprendió ningún tipo de actuación para hacer valer la legalidad.
Muy al contrario advirtió al infractor por teléfono de que otro vecino había sacado unas fotografías y se estaba interesando por las obras. “Por ello recomendó que parara de momento los trabajos para evitar los rumores y la denuncia, no sólo contra el infractor sino también contra el propio alcalde. Finalmente se acordó llevar a cabo al menos una apariencia de legalización de las obras y que los trabajos se llevaran a cabo únicamente por la tarde para que pasaran más desapercibidos“.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 20.9.13
Foto: Hotel Sir Anthony de Arona
Eurovegas.- Un proyecto rodeado de humo
El 'superpelotazo' de Eurovegas, la ciudad de los casinos, afortunadamente está todavía en el aire por discrepancias múltiples. Una de ellas es la Ley antitabaco, competencia del gobierno central, frente a la Comunidad de Madrid que no pone obstáculos a su modificación. Pero el principal problema es el de la financiación, donde el millonario propietario Adelson parece tener dudas al ser acusado por graves ilegalidades en diferentes lugares del mundo. Urbanísticamente, en este blog, siempre hemos estado en contra por suponer un modelo fraudulento, con una escala desproporcionada en un territorio ya de por sí bastante degradado.
"ELPAÍS* : La primera piedra de Eurovegas se iba a colocar en diciembre. Como tarde, en enero del año que viene. Los movimientos de tierras y demás tareas previas a la construcción del megacomplejo de casinos y congresos generarían, de entrada, 10.000 contratos de trabajo, lógicamente del sector de la construcción y otros empleos asociados indirectamente. De los 15.000 desempleados de Alcorcón, elegida por Las Vegas Sands para su desembarco en la Unión Europea, 4.000 contaban con ese perfil.
La expectación alcanzó tales cotas que el PP de Parla realizó una campaña de recogida de curriculum de interesados en obtener un empleo de los 250.000 (entre directos, indirectos e inducidos) que la promotora prometía sobre el papel, mientras el alcalde, José María Fraile (PSOE), pedía directamente “Eurovegas para Parla”. A falta de tres meses para la llegada de diciembre, todas las previsiones han saltado por los aires. La que supuestamente iba a ser la inversión más importante de toda Europa, con 17.000 millones de euros, “corre serio riesgo de irse a otro sitio”, reconoce el presidente de la Comunidad, Ignacio González.
Más allá de las dudas en sí que provocan las cifras mareantes de Eurovegas o su financiación, que no sea así depende básicamente de que se reforme la ley antitabaco, una competencia estatal, para que en los casinos de Sheldon Adelson se pueda fumar “en espacios restringidos”. La tibieza y ambigüedad con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy venía tratando un asunto tan sensible, especialmente espinoso para la ministra de Sanidad, Ana Mato, está detrás de la bronca que esta semana estalló de forma oficial entre el Gobierno madrileño y el español... Y por extensión entre el PP regional, el más poderoso del país, y la dirección nacional del Partido Popular.
Fumar nunca ha sido negociable para Adelson. Si algo han tenido claro quienes a lo largo de los últimos seis años han participado en las negociaciones para echarle el lazo a Eurovegas era que el consumo de tabaco debía ser legal. Y que Adelson lo quería por adelantado, por ley, antes de invertir un solo euro. El magnate del juego y accionista mayoritario de Las Vegas Sands así lo transmitió cuando empezó las conversaciones con Miguel Sebastián, el ministro de Industria en la segunda legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El mismo mensaje recibieron Esperanza Aguirre en su condición de presidenta de la Comunidad y González, su vicepresidente durante nueve años y presidente desde hace uno. El mismo presidente del Gobierno de la nación pudo comprobarlo de primera mano en las dos recepciones con las que agasajó a Adelson en La Moncloa, otorgando al empresario de nacionalidad estadounidense e israelí y republicano un trato a la altura de un jefe de Estado. “[Eurovegas] es un buen proyecto, lo apoyamos”, dijo Rajoy.
Las quejas de la Comunidad dan a entender lo contrario y reprochan la “lentitud” de la Administración Central. En su tercer mes como presidente de Madrid, González ya había diseñado y aprobado una normativa al gusto del proyecto de Adelson. Con toda una batería de rebajas y exenciones fiscales criticadas por la oposición como “un traje a medida”. Bajando, por ejemplo, el tipo máximo sobre el juego del 45% a un tributo único del 10%. O bonificando con un 95% el impuesto de transmisiones patrimoniales de las inversiones similares a Eurovegas.
El cambio de actitud de Mato, que el miércoles rompió su silencio relativo a Eurovegas y admitió que buscaba “fórmulas” para fumar en sus casinos, ha aliviado las diferencias. Aunque no se puede hablar de una tregua entre el PP que gobierna España y el PP que gobierna Madrid, muy escocido después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría planteara que la Asamblea de Madrid presente una iniciativa legislativa pidiendo una legislación antitabaco más permisiva. El PP que lidera Aguirre entiende que es una excusa para salir al paso y que la hubieran presentado hace un año si se lo hubieran “insinuado”.
Ante las críticas recibidas estos días, el ministro de Industria, José Manuel Soria, asegura hoy en una entrevista en este diario que “todos los compromisos alcanzados se van a cumplir”. “Si [el marco legal] depende del Gobierno español, se hace”, afirma conciliador con Madrid, que insiste que ha hecho “todo lo que tenía que hacer” y que lo que falta depende de la Administración Central.
La estrategia de Soria es echarle toda la presión a Las Vegas Sands: “El problema es el de la financiación. No sé si la encuentran. Son ellos los que la buscan”. El consejero delegado de Las Vegas Sands, Michael Leven, ha afirmado en varias ocasiones que el dinero “está asegurado”. Frente a las dudas que alimentan Soria o los analistas de Deutsche Bank y JP Morgan, en la Comunidad se agarran a las promesas de la multinacional estadounidense. La firma debería poner 2.700 millones de su caja para empezar las obras, y a partir de 2014 iba a contar con otros 4.000 millones prestados por inversores y bancos.
Otro frente sin resolver es el del juego online, al que Adelson ve como una amenaza. Madrid ha firmado precisamente esta semana un convenio con Castilla y León que permitirá jugar simultáneamente al bingo electrónico en las dos autonomías. Esta modalidad se inició en la región en diciembre de 2012 y su volumen de negocio en el primer semestre de 2013 ha sido de 10 millones. La previsión es alcanzar los 20 millones a final del ejercicio. El convenio firmado “no influye para nada” en el futuro de Eurovegas, según el Gobierno de González.
Entretanto, la incertidumbre que rodea a Eurovegas aumenta conforme transcurren las semanas. Para empezar, que el complejo entero esté listo en 15 o 18 años, con unos rascacielos que se convertirán en los edificios más altos de España. La intención de que la primera de las tres fases previstas estuviera concluida para 2017, con cuatro hoteles y dos casinos, suena a utopía. Sin ir más lejos, a estas alturas el concurso para adjudicar el proyecto —no se sabe de más candidatos aparte de Adelson— debía estar ya resuelto. El mismo González calculaba esta semana que, una vez cerrada esa fase del proceso, las obras no se iniciarían hasta un año después.
Mientras, los propietarios de las 750 hectáreas donde iría Eurovegas, desde vecinos de toda la vida de Alcorcón a terratenientes como Metrovacesa —dueña de casi 1,5 de los 12 millones de metros cuadrados del Distrito Norte, donde se posicionó en 2006 a unos 84 euros el metro cuadrado— no tienen noticias del proyecto desde antes del verano. “En marzo nos temíamos que la Comunidad nos iba a expropiar a precio de saldo. Ahora...”, cuenta uno de los dueños, que no sabe si seguirá labrando la tierra, le comprarán las parcelas “malamente” o “saldrá de pobre” vendiéndolas “a los precios de antes de la crisis”. A la espera de que los políticos se aclaren, el distrito Norte de Alcorcón sigue siendo un secarral. Y en el aire queda un proyecto grandilocuente que podría quedarse en humo. Lo que es actualmente.
La ciudad deportiva del Atlético, en el aire
El futuro de Eurovegas inquieta no solo al Gobierno regional y al alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP). El Atlético también se juega mucho en la operación. En concreto, su futura ciudad deportiva. En 2006 Esperanza Aguirre suscribió un acuerdo para impulsarla en Alcorcón dentro de un convenio urbanístico —basado en la construcción de más de 22.000 viviendas, el 60% protegidas, con al menos 4.350 pisos del Plan Joven regional— que también contó con el visto bueno de Enrique Cascallana, alcalde de la localidad por el PSOE hasta su derrota en 2011.
La ciudad deportiva (para la que también se pensaron como sede Boadilla y Getafe) contaría con 120 hectáreas, en las que se repartirían ocho campos de fútbol, un miniestadio, un club social y un centro de alto rendimiento. Reemplazadas las viviendas por el proyecto de Las Vegas Sands, la incertidumbre existente coincide con las obras que el Atlético está realizando en el Cerro del Espino, en Majadahonda, donde se entrena habitualmente.
*El País - JOSÉ MARCOS Madrid 21 SEP 2013
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo
Orihuela.- Urbanismo paraliza un edificio sin licencia cuando se han construido ya cuatro alturas
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Esto lo que hemos criticado tantas veces y solo sucede en Urbanismo: ¿cómo es posible que el propio ayuntamiento no paralice una obra sin licencia mucho antes, desde el inicio de la cimentación?... Es imperdonable, a no ser, como también sucede, que las autoridades municipales tengan intereses personales en esa nueva construcción, lo cual sería un grave delito. Nos quejamos de la lentitud de la acción judicial en urbanismo, pero también hay que apuntar estos casos sangrantes de error o desidia municipal. Ahora, ¿a ver quién derriba ese esqueleto?
"INFORMACIÓN* : La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento ordenó por decreto el 1 de agosto la paralización de unas obras sin licencia de un edificio destinado a viviendas turísticas situado en suelo urbano de la Costa, en el PAU 1, cerca de Villamartín. Cuando abrió el expediente el 25 de julio pasado y se decretó la orden de paralización «inmediata», que fue el 1 de agosto, el inmueble estaba en los cimientos. En estos momentos hay cuatro plantas levantadas, aunque las obras, según el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, están paralizadas. Propietarios de terrenos en el mismo plan mantienen sin embargo que la ejecución ha avanzado sin que se haya actuado, a su entender, de forma efectiva.
La brigada de disciplina urbanística que acudió a comprobar la actuación ilegal identifica correctamente al promotor que está realizándolas y las fotografías que incluyen en el expediente son de esa promoción, pero citan el nombre de otra parcela a la hora de ubicarla.
Con ese antecedente, la empresa a la que va dirigido el expediente sancionador Passion Life, de Francisco Pedrera, pudo alegar, ya a mediados de septiembre, que el informe se refiere a una parcela del Plan, la R-B-II, en la que esta empresa no está construyendo. Incluso reclama que se archive el expediente. Pedrera explica que la mercantil ni es propietaria ni está realizando como promotor ni como contratista obras «en dicha parcela». Es decir, el error a la hora de señalar el emplazamiento exacto del suelo le permitió al constructor que la obra siguiera adelante a escasos metros durante más de un mes y medio. Zapata explicó que pese a esa alegación la obra sí se ha paralizado y justificó el avance de la estructura en la lentitud del procedimiento administrativo para estos casos. El concejal aseguró que legalmente el Ayuntamiento no puede hacer más de lo que ha hecho y que ha estado muy atento a este procedimiento. El edil explicó que desde que llegó al área intenta erradicar la práctica de los constructores de iniciar la obra solo con el pago y la solicitud de licencia. Una forma de actuar muy extendida durante el «boom» inmobiliario para agilizar los trámites, como es el caso de esta construcción. Agregó que el promotor tendrá que enfrentarse a varias sanciones y no podrá continuar hasta lograr la licencia.
Los Verdes
La ejecución de esta plan urbanístico ha sido objeto desde 2000 de distintas denuncias públicas por parte de un propietario afectado por la reparcelación, Miguel Mateo, quien entiende que supuestamente no se respeta la legalidad urbanística en cuestiones como la anchura de los viales o con la pérdida de zonas con valor ecológico. Algo de lo que se hizo eco el actual alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) cuando estaba en las filas de la oposición.
* Información - 27.9.13
Foto: Edificio turístico residencial levantado junto al canal del trasvase sin licencia en la Costa.- información
