Por fin parece que comienza el juicio de la playa de Las Teresitas, 12 años (doce) después que el ayuntamiento del alcalde Zerolo (hoy senador CC) comprara unos terrenos que ya eran suyos, y 6 años (seis) que el Supremo lo anulara. A estas alturas da casi vergüenza tener que hablar de un asunto sobre el que ya se ha escrito casi todo, pero la justicia en este país continúa su labor abnegada por no cumplir unos tiempos razonables de actuación, con lo que los delitos prescriben o ya no tienen posible solución de reversibilidad. Así continuamos, vergonzosamente.
"PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó hace doce años 52,5 millones de euros por unos terrenos en la playa de Las Teresitas, pero las parcelas eran ya de la corporación municipal desde 1967, según un documento que la institución ha entregado en los juzgados. La compra se hizo efectiva en 2001 para llevar a cabo un proyecto del arquitecto Dominique Perrault en la playa de la capital tinerfeña, pero en 2007 el Tribunal Supremo anuló la operación de compraventa por ser ilegal. En este caso están imputados, entre otros, el anterior alcalde y actual senador Miguel Zerolo (CC), así como el expresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife Ignacio González, y el presidente de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Plasencia.
Como la compraventa fue declarada ilegal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó en 2011 y por unanimidad reclamar a la empresa a las que se los compró, los 52,5 millones pagados más los intereses, en total 73 millones de euros. Pero los empresarios de Inversiones Las Teresitas SL -empresa vendedora- presentaron una demanda por importe de 116 millones de euros como indemnización por el contrato de anulación de la compraventa de las once parcelas del frente de la playa.
Ayer estaba previsto que se iniciase en el Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife la audiencia previa por esta denuncia, pero no se celebró ya que un día antes el Ayuntamiento informó de que había pedido la suspensión porque se había presentado documentación nueva. Con esa documentación, según la corporación, habría una causa penal anterior al procedimiento civil que se estaba desarrollando. Entre los documentos presentados hay uno en el que se dice que los terrenos habían sido cedidos a la corporación en 1967.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, no ha querido evaluar la importancia judicial de estos documentos, que considera relevantes, y ha confiado en la inocencia de su antecesor, de su mismo partido. Mientras, el anterior alcalde, Miguel Zerolo, ha hecho declaraciones acusando al grupo de gobierno, CC-PSOE, de "echar mierda en este tema y usarlo políticamente para perseguirlo".
Desde la oposición municipal, la portavoz del PP, Cristina Tavío, ha exigido al alcalde que promueva un pacto con todas las fuerzas políticas para adecentar mínimamente la playa de Las Teresitas mientras se resuelve judicialmente el caso, porque la ciudad ya no aguanta más desidia y decadencia. Además, el concejal de Por Tenerife-Verdes, José Manuel Corrales, ha dicho que si el gobierno municipal ha pedido suspender la causa civil sería una prueba de que hay un acuerdo "bajo cuerda" para que el dinero estafado no se recupere. Ha insistido en que deben recuperarse los 53 millones (casi 9.000 millones de pesetas) más los intereses, lo que elevaría la cifra a los 73 millones de euros, porque, según ha reiterado, se trata de una estafa contra los vecinos de la capital tinerfeña.
Y afirmó que de no pararse la causa civil hay muchas posibilidades de recuperar el dinero en poco tiempo, mientras que si se detiene y hay que esperar a la penal, pasarán años antes de que dictamine el Tribunal Supremo. Sobre los documentos aportados por la corporación municipal al juzgado, Corrales ha dicho que el Ministerio Fiscal afirmó hace años que había una trama corrupta y que se compraba algo que ya era de la corporación.
* Público - Rubén Darío García León (EFE) - 3.10.13
Foto: Playa_de_Las_Teresitas_en_Santa_Cruz
Santa Cruz de Tenerife pagó 53 millones de euros por unos terrenos que ya eran suyos
Caspe.- Podrían imputar a más cargos políticos por el caso de La Herradura
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El caso de La Herradura en Caspe (Zaragoza) está en su momento álgido con la declaración de varios exaltos cargos del gobierno de Aragón. Parece que puede haber nuevas imputaciones, pero está claro el delito de varios de estos políticos en la permisividad para la roturación ilegal de tierras protegidas en el PGOU y la plantación de árboles para un negocio puro y duro. Habrá que ver si la justicia tira de la manta realmente o si, como siempre, se duerme en los laureles.
"LACOMARCA* : Ayer se vivió un nuevo capítulo del caso de La Herradura con las declaraciones de los últimos imputados. Estaban citados cinco ex altos cargos del Gobierno de Aragón pertenecientes a los departamentos de Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo a los que se les acusa de un posible delito contra los recursos naturales y medio ambiente. Se trata de José Luis Castellanos, ex director general de Vivienda y Rehabilitación; Carlos Clemente, ex jefe de sección de Concentración Parcelaria; Mariano Angel Sanagustín, ex jefe del Servicio de Infraestructuras Rurales; Antonio Latorre, ex jefe de sección de Concentración Parcelaria y Programas Rurales del servicio provincial, y Eliseo Martínez, ex director provincial del departamento de Medio Ambiente.
El primero estaba citado a las nueve de la mañana y el resto una hora después sucesivamente. Los imputados llegaron por separado y a cuentagotas, al igual que sus abogados. Éstos últimos no quisieron realizar declaraciones porque se lo habían «prohibido» sus defendidos.
Las preguntas de la jueza, al igual que las respuestas de los imputados, no variaron mucho de las de hace dos meses. En julio, los cinco acusados ya fueron citados a declarar ante Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
Para la asociación Cultural Compromiso, acusación particular, la declaración más trascendental fue la de Mariano Sanagustín, exjefe de Servicio de Infraestructuras Rurales del departamento de Agricultura y Alimentación. El imputado fue el único que reconoció que Mariano Gómez Callao, administrador de la explotación La Herradura desde su creación y edil delegado de Obras y Urbanismo en los años en que sucedieron los supuestos hechos y la ex alcaldesa Teresa Francín estuvieron en las oficinas de su Departamento en la DGA.
Los imputados se escudaron en que la ley permitía la plantación de árboles. Respecto al Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Caspe, algunos reconocieron que lo consultaron pero otros admitieron que no. La jueza también preguntó por la roturación de tierras sin autorización y una denuncia realizada en el año 2002 del APN en la que se informaba de la roturación del paraje. Eliseo Martínez, ex director general de Medio Ambiente, admitió conocer el documento y haber recibido un informe de parte del INAGA, pero insistió en que los servicios jurídicos del departamento le comunicaron que los delitos habían prescrito y, por tanto, se procedió al cierre del expediente sancionador.
El abogado de la asociación Compromiso, Antoni Valls, aseguró que ayer quedó claro que se realizó una roturación ilegal pese a saber que se lo habían denegado y que el expediente sancionador estuvo paralizado en DGA hasta que prescribió. Por ello, Valls apostó porque tras escuchar a los ex altos cargos la jueza abrirá más diligencias y llamará a declarar a técnicos y responsables políticos que gobernaban cuando se paralizó el expediente sancionador en el Pignatelli.
Tal y como ya apuntó LA COMARCA los interrogatorios de la magistrada, que se han prolongado hasta finalizar la jornada laboral, apuntaban a dos cuestiones en concreto, que ya se habían destacado en las declaraciones de los cinco acusados ante los agentes del Seprona. Por un lado, los proyectos de transformación en regadío y si los imputados habían atisbado alguna irregularidad en su visita a la finca hortofrutícola. Por otro lado, la roturación de tierras sin autorización, de la que existe una denuncia de un forestal.
* La Comarca - L. CASTEL / S. BUZÓN - 24.9.13
Foto: Caspe (Zaragoza), la Herradura - elguadalope
México.- Tiempo de tormentas y la ausencia de urbanismo
El Urbanismo y la Planificación territorial es un tema casi inexistente en el ámbito mexicano y al que se le da una mínima importancia, siendo, como es, una forma de racionalizar el territorio y hacer posible una mejor convivencia entre sus habitantes. La calidad de vida es directamente proporcional con la actividad urbanística consensuada, con la participación de los ciudadanos en las decisiones que les incumben directamente. A este respecto queda todavía un largo camino por recorrer en el país.
"MILENIO* : La catastrófica situación que estamos viviendo, debido a los estragos que las tormentas siguen causando a lo largo de las costas del Pacífico mexicano, confirman la tesis expuesta por Jesús Silva-Herzog Márquez: estamos frente a un desastre político. Diariamente constatamos la existencia de enormes vacíos en la administración pública, que van desde una débil organización para la protección civil hasta la evidencia de prácticas corruptas en el desarrollo urbano, que están teniendo consecuencias que se pagan con la vida de gente inocente. Hemos comprobado que la planificación territorial es un campo inexistente en nuestro país. La prohibición de la edificación en cuencas acuíferas, en los cauces fluviales o sus cercanías, o bien a lo largo de las ciénegas próximas al océano, al igual que en laderas inestables geológicamente, son elementales en cualquier estudio de factibilidad urbanística.
Se trata de emplazamientos de alto riesgo de anegaciones y deslaves, no solamente en anomalías meteorológicas como la que atravesamos, sino durante cualquier período normal de precipitaciones pluviales. Estas edificaciones irregulares, las construcciones que se erigen en terrenos que deberían declararse como no-urbanizables, responden a dos caras de la corrupción del Estado mexicano. La primera, que se verifica en desarrollos turísticos como el de Ixtapa y Acapulco-Diamante, consiste en una visión empresarial a corto plazo que está dispuesta a llevar a cabo sus proyectos a cualquier costo y aprovechar los terrenos más privilegiados para su actividad, aquéllos que se encuentran lo más cerca posible a las playas, sin importar que estén rodeados de lagunas y desembocaduras de ríos que son, a todas luces, riesgosos. Pero la segunda forma de corrupción, quizá aún más dañina que la primera, es la permisividad por parte del gobierno para que se instalen asentamientos irregulares en sitios peligrosos, como los que hemos mencionado. Tal es el caso de las pequeñas localidades en las afueras del puerto de Acapulco y en la Sierra de Guerrero, que fueron arrasadas por los aludes de agua, piedra y lodo, que los sepultaron el pasado 16 de septiembre.
Cuando el urbanismo se practica correctamente, no se notan sus beneficios, estos solo son visibles por su ausencia. Las recientes calamidades nos deben enseñar que no podemos postergar más la aplicación de una política territorial que enfoque al desarrollo urbano como una prioridad que va más allá de sus beneficios económicos. La planificación cabal del territorio y la aplicación estricta de las leyes de desarrollo urbano, podrían salvar muchas vidas humanas.
* Milenio - LORENZO ROCHA - 26.9.13
Foto: México, inundaciones - milenio
Delitos urbanísticos en Madrid: muchos juzgados “dan carpetazo”
Algo que venimos denunciando desde hace bastantes años en este blog: la justicia en este país es incapaz de resolver las numerosas ilegalidades urbanísticas que le llegan, bien por falta de medios, por dejadez o, en algunos casos, por complicidad partidista descarada. Nunca ha estado la justicia tan falta de libertad como en estos años, sobre todo en los del boom inmobiliario con sus grandes pelotazos públicos. Un asunto de enorme importancia, con la corrupción como fondo, al que ni los partidos políticos ni el propio sistema judicial han querido dar la importancia que se merecía. Vergonzoso.
"ELPAÍS* : Tarde, mal y, en ocasiones, nunca. Así se resume la persecución de los delitos contra el urbanismo en Madrid, que ha permitido en los últimos años casos de ilegalidad manifiesta, como la ampliación de la M-501, el soterramiento la M-30 o el cambio de uso de la finca El Encín, en Alcalá de Henares. Ilegalidad refrendada por los tribunales cuando ya la actuación estaba acometida.
Hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, lo dejaba entrever esta semana: "La justicia solo hace frente a la corrupción detectada, pero la ciudadanía es consciente de que hay más, y es algo que le come la moral".
Corrupción detectada que, a juicio de la responsable de Ecologistas en Acción en Madrid, María Ángeles Nieto, solo se ve perseguida cuando "hay trascendencia mediática". De lo contrario, según Nieto, el celo judicial en la persecución de delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio es escaso si se compara con otras autonomías.
En 2012, la sección de medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía Provincial abrió 105 diligencias (32 por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo), pero se archivaron 40; otras 36 siguen en trámite y la Fiscalía interpuso denuncia o querella en 29 casos. Por delitos contra la ordenación del territorio se efectuaron 18 calificaciones y se dictaron 22 sentencias, 9 condenatorias y 13 absolutorias. El balance deja entrever que en Madrid "se denuncia poco o se archiva mucho", según Nieto.
La crisis y la consecuente disminución de la actividad urbanística son razones recurrentes que sirven para respaldar la disminución de la persecución de los delitos urbanísticos en la Comunidad de Madrid. Pero hay más. También hay construcciones ilegales, demoliciones o presuntos actos de prevaricación de responsables, pero no parece que en Madrid estos delitos trasciendan en exceso.
Como en años anteriores, la Fiscalía de Madrid reitera la existencia de juzgados que “se niegan a condenar por delitos urbanísticos o ambientales pese a las evidencias presentadas”. Y va más allá. “Cuando vamos a un juzgado o a otro, ya sabemos el resultado del juicio por su historial previo. Igualmente hay secciones distintas de la Audiencia que, ante casos muy similares, dan lugar en unos casos a condena y en otros a absolución”, lamentan los fiscales.
En relación con este tema, desde Ecologistas en Acción denuncian las múltiples denuncias que son archivadas de manera inmediata. “Hay muchos jueces que, en cuanto ven que somos nosotros quienes presentamos la querella, dan carpetazo al asunto”, apunta María Ángeles Nieto.
Y los temas que siguen su curso y acaban en sentencia tampoco resultan fáciles de ejecutar. Demoliciones de construcciones ilegales en lugares protegidos, como en Colmenar Viejo, Garganta de los Montes o Guadalix de la Sierra, han costado lo suyo por el poco celo a la hora de ejecutar la sentencia, dando pie en muchas ocasiones a los argumentos de los implicados antes que a lo dictado en la sentencia condenatoria, incluidas las tretas de algunos, como la de pintar de verde la casa para un perfecto camuflaje.
Otra diferencia sustancial que distingue la persecución de estos delitos en Madrid respecto a otras comunidades autónomas es el papel que desempeñan los agentes forestales como denunciantes de hechos potencialmente punibles. Se hace referencia en la memoria a que en “la inmensa mayoría de fiscalías destaca el loable voluntarismo y compromiso de este colectivo en la defensa del medio ambiente en el desempeño de su labor”. Pero hay excepciones, supuestamente superadas, relativas a las “reticencias de determinados representantes superiores” de estos empleados públicos a que denuncien directamente en la Fiscalía. Ecologistas en Acción destaca que en Madrid “se sigue impidiendo a los agentes forestales acudir directamente a presentar denuncias”.
Hace seis años, el entonces director de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Allué, remitió una nota interna a los agentes para que se abstuvieran de tomar esa iniciativa. Con el traspaso de este departamento bajo dependencia de la Consejería de Presidencia se ha ido un paso más allá. Asegura Nieto que “la situación ha empeorado. Tampoco dejan a los agentes acudir a la vía administrativa”. No obstante, las denuncias se interponen, pero tienen un recorrido muy corto. “La mayor parte no llega a la Fiscalía porque la Administración no las remite”, según Nieto.
Entre las denuncias interpuestas el pasado año en Madrid figuran dos relacionadas con el vertido de residuos en Rivas-Vaciamadrid y en la planta de reciclaje de Valdemingómez, en la capital. En ambos casos, empresas privadas se dedican supuestamente a recoger residuos de construcción y demolición que posteriormente se vierten en parcelas de polígonos industriales o en huecos de explotaciones mineras en desuso. De las denuncias ante el Seprona (Guardia Civil) nada se sabe.
La extracción de áridos por debajo del nivel de la capa freática dentro del parque regional del Sureste —prohibida por la ley de declaración de este espacio protegido— o sendas denuncias interpuestas contra municipios de la sierra Norte de Madrid son otros de los asuntos denunciados.
A veces, mucho tiempo después, las denuncias acaban en condena y se ejecutan. Pero la mayoría de las veces llegan tarde y apenas sirven para reparar el daño moral. Es lo que ocurrió hace años con la polémica sobre la ampliación de la M-501, la “carretera de los pantanos”, o con el mismo soterramiento de la M-30 en Madrid capital.
Más recientemente, ha sucedido lo mismo con el campo de golf que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se empeñó en montar en pleno barrio de Chamberí. Bastó recibir el Gobierno regional la sentencia del Supremo que anulaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad que en 2007 permitió aprobar los campos de golf para que el Canal de Isabel II se apresurara a presentar un Plan Especial de Infraestructuras con el objeto de legalizar los campos construidos sobre la cubierta del tercer depósito.
Hasta el 13 de junio, el Plan Especial estuvo en información pública y se recogieron más de 200 alegaciones de particulares y colectivos ecologistas. Dará igual, se pasarán por alto, y el campo de golf se mantendrá donde está como si nada hubiera pasado.
El objeto del plan es legalizar los campos de golf, pero como es imposible con el plan general vigente en Madrid, el Canal de Isabel II Gestión redacta el Plan Especial para crear una nueva normativa urbanística de aplicación exclusiva en su parcela.
Las asociaciones vecinales ponen el énfasis en la pérdida de zonas verdes que supone esta actuación. Chamberí es el distrito de Madrid con menor proporción de dotaciones de zonas verdes por habitante, tan solo 1,03 metros cuadrados por habitante, cuando la OMS recomienda entre 10 y 15 metros. Además, entienden que resulta inaceptable que desde la Administración se estén priorizando las instalaciones de golf con apenas uso mientras los vecinos se masifican en el escaso parque que han dejado como franja perimetral al golf.
En otras ocasiones, las denuncias surten el efecto deseado, como ha ocurrido con dos arquitectos del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, condenados por la Audiencia Provincial por “haber realizado proyectos privados y al mismo tiempo haber emitido informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, conociendo la incompatibilidad para hacerlo”, según la sentencia.
O con esas 13 construcciones ilegales demolidas recientemente en Robledo de Chavela tras años de procedimiento judicial y con sentencia firme condenatoria desde 2004. Fueron levantadas en suelo no urbanizable protegido y dentro del ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio, y hasta ahora no se ha ejecutado la sentencia para restaurar la zona a su estado original. Nueve años en los que la Comunidad de Madrid hizo caso omiso a la sentencia, e incluso llegó a emitir un informe favorable para legalizar las construcciones.
* El País - JUAN CARLOS MARTÍNEZ Madrid 26 SEP 2013
Foto: Obras de la M-501 en Chapinería en dirección a Madrid. / SIERRA OESTE DESARROLLO S.O.S.TENIBLE
Telde.- Turcón denuncia "pelotazo urbanístico" en el convenio de realojo de la playa de Ojos de Garza
El urbanismo de Telde (Gran Canaria) sigue en el ojo del huracán, es difícil resolver los asuntos públicos del territorio peor que allí, según parece. Ahora 'Turcón-Ecologistas en Acción' acusa de pelotazo del ayuntamiento por una reclasificación ilegal de suelo rústico para realojar a los vecinos afectados por la Ley de Costas. Se dice que tal operación delictiva podría superar los 20 millones de euros.
"TURCÓN* : El Convenio “huele a indemnizaciones, entra el Ayuntamiento en un terreno pantanoso con un urbanismo a la carta, peligroso y arriesgado al pretender reclasificar un suelo actualmente rústico de protección de infraestructura (ampliación aeropuerto), afectado por una planificación supramunicipal, que intentan sortear desde el Ayuntamiento”.
En el último semestre del pasado año, en ese mismo lugar, en la Alternativa nº3, seleccionada por el Avance del PGO que salió a información pública, la pieza de suelo cercana a la Playa de Ojos de Garza, no tenía ningún valor como suelo urbanizable, ni se le presuponía negociación o convenio que modificara su condición en la planificación municipal. Afectado por varias figuras (SRP-Agrícola, SRP. Infraestructura, etc).
En menos de un mes (julio-2013), en las dependencias municipales se informa, se estudia, se prepara y se aprueba en el Pleno (26/07/2013) un Convenio que alienta una expectativa “falsa” de reclasificación de un suelo rústico, que calculando el valor de suelo de Telde podría convertirse en todo un negocio urbanístico.
Del estudio del expediente nº 680/2013, se deduce que, por un lado se titula el Convenio como un “Convenio Urbanístico de Cooperación”; y en otro lugar se dice de un “Convenio Urbanístico de Preparación”, apoyándose en el artículo 236 y ssg. del TR-LOTCENC. El convenio, siempre a nuestro entender, se adelanta a la figura del planificador que se encuentra en una fase de Memoria Ambiental, que aún no ha sido ratificada por la COTMAC y que es un “atrevimiento y un desproposito” intentar colar este Convenio, ya fuera del periodo de sugerencias del Avance; y además, sin que, por ejemplo, el Cabildo pudiera informar del mismo.
Este convenio reclasifica una parcela de 69.176 m2, dividiéndola en dos. El resultado sería crear dos piezas (SUSO-1 y SUSO-2) de 32.698 m2 y 36.478 m2 respectivamente. Concretamente la SUSO-1 se cede al Ayuntamiento, como contraprestación, para reformular las viviendas clandestinas e ilegales (21 tienen sentencia firmes de derribo) de Playa de Ojos de Garza.
Los ecologistas de Turcón, denuncian una contradicción municipal, ya que por un lado reivindican el traslado de los vecinos del pueblo de Ojos de Garza, afectados también por un SRPI y, en este caso, quiere ubicar a los vecinos de la Playa dentro de esa figura del suelo rústico de protección de infraestructura (ampliación del aeropuerto).
Concluyen los ecologistas que “la INSEGURIDAD JURÍDICA es muy grande, y por lo tanto, alegan en contra de ese Convenio de difícil encaje urbanístico, complicado ajuste en la ordenación y planificación supramunicipal, al entender que crea grandes arbitrariedades difíciles de digerir por una institución que tiene que ser objetiva, justa y equitativa”.
* Turcón - 27.9.13
Foto: Telde, playa Ojos de Garza - laprovincia
Madrid.- El Centro Acuático acumula siete años de retraso y un sobrecoste del 40%
Los despilfarros públicos del absurdo intento olímpico de la ciudad de Madrid siguen acumulando deudas. A la de la inútil Caja Mágica o del estadio de la Peineta, se une también el del Centro Acuático. El ayuntamiento de la capital ha intentado una contabilidad fraudulenta para camuflar el previsible desastre económico de este Centro que, además, acumula 7 años de retraso en su finalización. El presupuesto mientras tanto se ha disparado y ya solo cabe hablar de calamidad total en la gestión municipal, sin que se oiga a nadie pedir dimisiones o responsabilidades políticas.
"ELPAÍS* : “La única regla es que no hay reglas”. Esa explicación de la alcaldesa, Ana Botella (PP), para justificar la derrota olímpica de Madrid sirve para ilustrar el descontrol en coste y plazos de ejecución de las infraestructuras construidas por el Ayuntamiento para conseguir los Juegos. Y ya no se trata sólo de la Caja Mágica, que costó el doble de lo presupuestado. La otra gran instalación olímpica, el Centro Acuático, arrastra ya un sobreprecio del 40% pese a que las obras aún están a medias, y como mínimo tardará en construirse el triple de lo previsto, sin contar los tres años en los que ha estado paralizado a la espera de conocer el desenlace olímpico.
Ese parón le ha costado ya al Ayuntamiento más de un millón de euros, pero la constructora le ha exigido 12 millones más como indemnización, y ha pedido desentenderse de una obra maldita. El Centro Acuático depende de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec) como le sucede a la Caja Mágica, pero su trayectoria amenaza con ser más tortuosa si cabe.
El Ayuntamiento decidió construir esta instalación acuática, ubicada junto al estadio de la Peineta, en el distrito de San Blas-Canillejas, cuando en 2000 presentó su primera candidatura olímpica.
El arquitecto Juan José Medina ganó el concurso en verano de 2002 con un proyecto (bautizado como Quiero saltar al agua para caer al cielo) de 118.000 metros cuadrados de superficie y aforo para 15.000 espectadores.
Las obras se adjudicaron a la unión temporal de empresas de Dragados y el Grupo Ortiz. Con un presupuesto de 136,7 millones, debían empezar en noviembre de 2004 y terminarse en 27 meses.
El Centro Acuático comenzó dependiendo del Ayuntamiento directamente, pero en septiembre de 2006 se transfirió a Madridec, cuya deuda no computaba como municipal. Apenas unos días después, se modificó el proyecto, el presupuesto se disparó hasta los 164 millones de euros y el plazo de ejecución subió a 41 meses.
El edificio debía estar listo así en abril de 2008. Cumplido ese plazo, se amplió hasta julio. Llegado julio, se amplió dos años más, y se incrementó de nuevo el presupuesto, hasta los 185,5 millones de euros, para adecuar el edificio a los requisitos olímpicos, pese a que ese era su objetivo inicial.
La nueva fecha límite era julio de 2010. Cuatro meses antes, ante la “preocupación” municipal por los retrasos, según reza la documentación interna a la que ha tenido acceso EL PAÍS y adelantada por eldiario.es, la constructora planteó la “necesidad ineludible de introducir nuevas partidas presupuestarias en el proyecto”.
Llegado julio, se optó por la “suspensión temporal de las obras” hasta abril de 2011 “debido a las circunstancias económicas actuales y a las políticas de contención y recorte del gasto”.
El Ayuntamiento aprovechó la paralización para revisar el presupuesto y elevarlo a 192,5 millones de euros, es decir, un 41% más que el coste inicial. Además, el plazo de ejecución se incrementó en 24 meses más, con lo que los 27 meses iniciales se convirtieron en 86 meses, y eso sin contar el plazo de paralización temporal.
Llegado abril de 2011, se acordó mantener parada la obra medio año más, hasta septiembre. Llegado septiembre, el Ayuntamiento impuso otra prórroga de seis meses (de hecho, las obras siguen aún paradas), ante lo que la constructora se plantó, pidió desvincularse y exigió una indemnización de 12,24 millones.
La constructora “ha manifestado su intención de no acceder a una nueva prórroga de la suspensión temporal de las obras en las condiciones actuales. No quiere continuar con la posesión de la obra ejecutada dado que, con el paso del tiempo, puede sufrir un deterioro importante y no puede determinar los daños, implicaciones y costes derivados de la suspensión”, asegura un informe interno de Madridec. El coste de mantenimiento y vigilancia de la obra ascendió a 725.000 euros de julio de 2010 a octubre de 2012, última fecha en la que se hizo público ese gasto, a petición del edil de Izquierda Unida Ángel Lara. Hace un año, el Ayuntamiento negaba haber pagado la indemnización requerida por Dragados.
Tras la derrota de Madrid 2020 el 7 de septiembre, Botella prometió retomar la construcción del Centro Acuático pero con modificaciones para convertirlo en un edificio “versátil”. Según el último proyecto aprobado, las obras iban a requerir de 93 millones más y dos años de trabajo adicional a partir del momento en el que se retomaran.
Tras la quiebra de Madridec, el Ayuntamiento se ha hecho cargo del proyecto, aunque no ha desvelado aún cómo y cuándo pagará lo necesario para que deje de ser un esqueleto varado junto a una Peineta desguazada, en un descampado de barro, materiales de construcción y sueños rotos.
Quiebra municipal
»Madridec ha quebrado este año y en diciembre será liquidada debido al excesivo endeudamiento al que fue sometida por el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.
»La empresa municipal deja un agujero de 400 millones al Ayuntamiento, que deberá rescatar el centro acuático y los anticuados recintos feriales de la Casa de Campo.
»Pese a que la empresa se disolverá en tres meses, CC OO denuncia que se está obligando a los trabajadores, afectados ya por un ERE, a negociar un nuevo convenio que teme que sea su puntilla.
* El País - JOSÉ MARCOS / BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 22 SEP 2013
Foto: El Centro Acuático, en obras, durante la visita la pasada primavera del Comité Olímpico Internacional a Madrid. / ULY MARTÍN
Un Plan de Urbanismo en Ávila que atenta contra el principio de modelo de ciudad compacta
La modificación del PGOU de Ávila ha sido echada abajo por la justicia de Castilla y León, ya que se pretendía ampliar exageradamente la superficie de actuación, frente a una ciudad más compacta que, con buen criterio, ha aducido el Tribunal de Justicia. Una sentencia que llama la atención por lo inusual, ya que casi siempre los tribunales solo juzgan legalidades documentales, de procedimiento, pero pocas veces entran en el fondo del asunto: el modelo urbanístico que pretende una ciudad con su Plan General.
"ELDIARIO* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tira por tierra las pretensiones del Ayuntamiento de Ávila de resolver verdaderas y reales necesidades de suelo residencial o comercial. No solo lo frena de cuajo, sino que el escrito judicial le dice, de forma nítida, que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que pretendía el Consistorio “aumenta el impacto del crecimiento y atenta contra el principio de modelo de ciudad compacta que se reivindica en la normativa urbanística vigente”. Según la sentencia, los cambios que se preveían para el PGOU no van en la línea de “completar las tramas urbanas existentes” ni a “solucionar problemas urbanísticos de las áreas degradadas ni a regenerar la ciudad existente”.
La modificación que pretendía poner en marcha el Ayuntamiento de Ávila implicaba el desarrollo urbanístico de tres sectores con cerca de un millón de metros cuadrados, donde se iban a construir 4.000 viviendas y una zona comercial, en la zona situada entre las carreteras CL-505 y la AV-503.
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se añade que “no se entiende por qué se ha procedido a tal modificación, cuando el 29 de enero de 2010, se había procedido por el Ayuntamiento a iniciar la revisión del PGOU de Ávila”, y “resultaba más coherente que dicha reclasificación del terreno se hubiera producido, en su caso, con ocasión de la revisión”.
El máximo órgano judicial de esta Comunidad Autónoma pone en duda la previsión de construir viviendas que se hacía en la modificación del Plan en 2010, por lo que, según la sentencia, “tampoco se comprende la urgencia de la modificación, cuando según los propios datos del Ayuntamiento, en el PGOU vigente se planteaban un total de 17.278 viviendas, de las cuales se han ejecutado 6.608, lo que implica que quedan por ejecutar 10.670 viviendas”.
Y añade el escrito del Tribunal: “si quedan dichas viviendas por ejecutar, no existe una urgencia que por vía de modificación pretenda añadir a las mismas las 3.396 viviendas planteadas por la Sexta Modificación, sin esperar a la revisión del Plan”.
De esta manera, se declara “no conforme a derecho” la sexta modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ávila y la orden de la Junta de Castilla y León que la prueba, una sentencia que llega tras los recursos planteados por UPyD y la Federación de Empresarios de la Construcción (Fecopa).
La sentencia también hace referencia al padrón municipal, argumento utilizado por el Ayuntamiento de Ávila para justificar esa modificación urbanística. Según el Consistorio, “la cifra de empadronados que realmente reside en el municipio al finalizar el año 2009 supera el umbral de 60.000 habitantes”, mientras que para el Tribunal Superior de Justicia “si se acude a la página web del Ayuntamiento, en la fecha actual, resulta que la cifra de población actualizada al mes de agosto de 2013 es de 60.505 habitantes, luego dicha cifra solo se ha superado este año y con una población según el INE para el año 2012 de 58.915, como se puede consultar en su página web oficial”.
* El Diario - Justino Sanchón - 25.9.13
Foto: Zona de las afueras de Ávila donde se preveía construir cerca de 4.000 viviendas. Ávilared.com
Arona.- El exalcalde "toleró y encubrió" ilegalidades urbanísticas
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Si hace solo unos días hablábamos también del exalcalde de Arona (Tenerife), G.Reverón de Coalición Canaria, respecto a multitud de licencias ilegales concedidas por su gobierno municipal, hoy es más de lo mismo en el caso de las irregularidades en la ampliación del hotel Sir Anthony ubicado en playa Las Américas. Como se ve, el color político no es óbice para cometer delitos continuados en el campo del urbanismo.
"CANARIASAHORA* : La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que el exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón y el entonces responsable de Urbanismo, Antonio Sosa, hicieron la vista gorda al establecimiento hotelero Sir Anthony con respecto a unas obras de ampliación que estaban llevando a cabo y además, “toleraron y encubrieron” la ilegalidad que se cometía.
En el primer trimestre de 2008 se comenzó la remodelación del establecimiento ubicado en plena playa de Las Américas. Pero estas actuaciones nunca tuvieron la correspondiente licencia urbanística, ni recibieron el visto bueno del Cabildo, como era preceptivo, al tener un uso turístico. Sin embargo, según la Fiscalía estos hechos fueron ocultados por el ex alcalde con el fin de poder disfrutar de forma particular de las habitaciones VIP del hotel, como hizo en varias ocasiones.
De hecho, el Ministerio Público considera que el ex alcalde consintió y encubrió todo lo que ocurría para obtener un beneficio particular. No fue hasta que comenzaron a circular rumores sobre el uso que el ex alcalde estaba dando a las habitaciones VIP cuando éste se dirigió a los representantes del hotel pidiéndoles que dieran una cobertura de apariencia legal a lo que estaba ocurriendo. Por ello, se presentó una licencia de obra menor que se limitaba al cambio de suelo, baños y retirada de escombros.
Sin embargo no se cumplieron otros trámites obligatorios como la supervisión del Colegio de Arquitectos, ni tampoco la autorización turística del Cabildo. Y todo ello, pese a que cualquier persona era capaz de observar que las obras que se estaban ejecutando podían ser calificadas de todo excepto de menores.
El fiscal no duda en acusar al alcalde de haberse abstenido en todo momento y de manera intencionada de ordenar las actuaciones precisas para perseguir y sancionar lo que se había convertido en una infracción urbanística. En teoría la legislación obligaba al Ayuntamiento a ordenar la suspensión de las actuaciones e inmediatamente después proceder al precintado de las mismas. Además, la cuantía de la multa hubiese ascendido como mínimo a 600 euros.
Los hechos llegaron a alcanzar ya tal trascendencia que el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Sosa que aún sigue en política activa, tuvo que ordenar la paralización de los trabajos y su precinto, por lo que los promotores se vieron obligados entonces a solicitar licencia de obra mayor.
Algo similar ocurrió con las obras que estaba ejecutando el vecino, José Antonio González Costas que consistían en techado y construcción de una segunda planta de una antigua casa sin haber obtenido permiso alguno. La Fiscalía considera probado que el ex alcalde era consciente de lo que ocurría y no emprendió ningún tipo de actuación para hacer valer la legalidad.
Muy al contrario advirtió al infractor por teléfono de que otro vecino había sacado unas fotografías y se estaba interesando por las obras. “Por ello recomendó que parara de momento los trabajos para evitar los rumores y la denuncia, no sólo contra el infractor sino también contra el propio alcalde. Finalmente se acordó llevar a cabo al menos una apariencia de legalización de las obras y que los trabajos se llevaran a cabo únicamente por la tarde para que pasaran más desapercibidos“.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 20.9.13
Foto: Hotel Sir Anthony de Arona
Eurovegas.- Un proyecto rodeado de humo
El 'superpelotazo' de Eurovegas, la ciudad de los casinos, afortunadamente está todavía en el aire por discrepancias múltiples. Una de ellas es la Ley antitabaco, competencia del gobierno central, frente a la Comunidad de Madrid que no pone obstáculos a su modificación. Pero el principal problema es el de la financiación, donde el millonario propietario Adelson parece tener dudas al ser acusado por graves ilegalidades en diferentes lugares del mundo. Urbanísticamente, en este blog, siempre hemos estado en contra por suponer un modelo fraudulento, con una escala desproporcionada en un territorio ya de por sí bastante degradado.
"ELPAÍS* : La primera piedra de Eurovegas se iba a colocar en diciembre. Como tarde, en enero del año que viene. Los movimientos de tierras y demás tareas previas a la construcción del megacomplejo de casinos y congresos generarían, de entrada, 10.000 contratos de trabajo, lógicamente del sector de la construcción y otros empleos asociados indirectamente. De los 15.000 desempleados de Alcorcón, elegida por Las Vegas Sands para su desembarco en la Unión Europea, 4.000 contaban con ese perfil.
La expectación alcanzó tales cotas que el PP de Parla realizó una campaña de recogida de curriculum de interesados en obtener un empleo de los 250.000 (entre directos, indirectos e inducidos) que la promotora prometía sobre el papel, mientras el alcalde, José María Fraile (PSOE), pedía directamente “Eurovegas para Parla”. A falta de tres meses para la llegada de diciembre, todas las previsiones han saltado por los aires. La que supuestamente iba a ser la inversión más importante de toda Europa, con 17.000 millones de euros, “corre serio riesgo de irse a otro sitio”, reconoce el presidente de la Comunidad, Ignacio González.
Más allá de las dudas en sí que provocan las cifras mareantes de Eurovegas o su financiación, que no sea así depende básicamente de que se reforme la ley antitabaco, una competencia estatal, para que en los casinos de Sheldon Adelson se pueda fumar “en espacios restringidos”. La tibieza y ambigüedad con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy venía tratando un asunto tan sensible, especialmente espinoso para la ministra de Sanidad, Ana Mato, está detrás de la bronca que esta semana estalló de forma oficial entre el Gobierno madrileño y el español... Y por extensión entre el PP regional, el más poderoso del país, y la dirección nacional del Partido Popular.
Fumar nunca ha sido negociable para Adelson. Si algo han tenido claro quienes a lo largo de los últimos seis años han participado en las negociaciones para echarle el lazo a Eurovegas era que el consumo de tabaco debía ser legal. Y que Adelson lo quería por adelantado, por ley, antes de invertir un solo euro. El magnate del juego y accionista mayoritario de Las Vegas Sands así lo transmitió cuando empezó las conversaciones con Miguel Sebastián, el ministro de Industria en la segunda legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El mismo mensaje recibieron Esperanza Aguirre en su condición de presidenta de la Comunidad y González, su vicepresidente durante nueve años y presidente desde hace uno. El mismo presidente del Gobierno de la nación pudo comprobarlo de primera mano en las dos recepciones con las que agasajó a Adelson en La Moncloa, otorgando al empresario de nacionalidad estadounidense e israelí y republicano un trato a la altura de un jefe de Estado. “[Eurovegas] es un buen proyecto, lo apoyamos”, dijo Rajoy.
Las quejas de la Comunidad dan a entender lo contrario y reprochan la “lentitud” de la Administración Central. En su tercer mes como presidente de Madrid, González ya había diseñado y aprobado una normativa al gusto del proyecto de Adelson. Con toda una batería de rebajas y exenciones fiscales criticadas por la oposición como “un traje a medida”. Bajando, por ejemplo, el tipo máximo sobre el juego del 45% a un tributo único del 10%. O bonificando con un 95% el impuesto de transmisiones patrimoniales de las inversiones similares a Eurovegas.
El cambio de actitud de Mato, que el miércoles rompió su silencio relativo a Eurovegas y admitió que buscaba “fórmulas” para fumar en sus casinos, ha aliviado las diferencias. Aunque no se puede hablar de una tregua entre el PP que gobierna España y el PP que gobierna Madrid, muy escocido después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría planteara que la Asamblea de Madrid presente una iniciativa legislativa pidiendo una legislación antitabaco más permisiva. El PP que lidera Aguirre entiende que es una excusa para salir al paso y que la hubieran presentado hace un año si se lo hubieran “insinuado”.
Ante las críticas recibidas estos días, el ministro de Industria, José Manuel Soria, asegura hoy en una entrevista en este diario que “todos los compromisos alcanzados se van a cumplir”. “Si [el marco legal] depende del Gobierno español, se hace”, afirma conciliador con Madrid, que insiste que ha hecho “todo lo que tenía que hacer” y que lo que falta depende de la Administración Central.
La estrategia de Soria es echarle toda la presión a Las Vegas Sands: “El problema es el de la financiación. No sé si la encuentran. Son ellos los que la buscan”. El consejero delegado de Las Vegas Sands, Michael Leven, ha afirmado en varias ocasiones que el dinero “está asegurado”. Frente a las dudas que alimentan Soria o los analistas de Deutsche Bank y JP Morgan, en la Comunidad se agarran a las promesas de la multinacional estadounidense. La firma debería poner 2.700 millones de su caja para empezar las obras, y a partir de 2014 iba a contar con otros 4.000 millones prestados por inversores y bancos.
Otro frente sin resolver es el del juego online, al que Adelson ve como una amenaza. Madrid ha firmado precisamente esta semana un convenio con Castilla y León que permitirá jugar simultáneamente al bingo electrónico en las dos autonomías. Esta modalidad se inició en la región en diciembre de 2012 y su volumen de negocio en el primer semestre de 2013 ha sido de 10 millones. La previsión es alcanzar los 20 millones a final del ejercicio. El convenio firmado “no influye para nada” en el futuro de Eurovegas, según el Gobierno de González.
Entretanto, la incertidumbre que rodea a Eurovegas aumenta conforme transcurren las semanas. Para empezar, que el complejo entero esté listo en 15 o 18 años, con unos rascacielos que se convertirán en los edificios más altos de España. La intención de que la primera de las tres fases previstas estuviera concluida para 2017, con cuatro hoteles y dos casinos, suena a utopía. Sin ir más lejos, a estas alturas el concurso para adjudicar el proyecto —no se sabe de más candidatos aparte de Adelson— debía estar ya resuelto. El mismo González calculaba esta semana que, una vez cerrada esa fase del proceso, las obras no se iniciarían hasta un año después.
Mientras, los propietarios de las 750 hectáreas donde iría Eurovegas, desde vecinos de toda la vida de Alcorcón a terratenientes como Metrovacesa —dueña de casi 1,5 de los 12 millones de metros cuadrados del Distrito Norte, donde se posicionó en 2006 a unos 84 euros el metro cuadrado— no tienen noticias del proyecto desde antes del verano. “En marzo nos temíamos que la Comunidad nos iba a expropiar a precio de saldo. Ahora...”, cuenta uno de los dueños, que no sabe si seguirá labrando la tierra, le comprarán las parcelas “malamente” o “saldrá de pobre” vendiéndolas “a los precios de antes de la crisis”. A la espera de que los políticos se aclaren, el distrito Norte de Alcorcón sigue siendo un secarral. Y en el aire queda un proyecto grandilocuente que podría quedarse en humo. Lo que es actualmente.
La ciudad deportiva del Atlético, en el aire
El futuro de Eurovegas inquieta no solo al Gobierno regional y al alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP). El Atlético también se juega mucho en la operación. En concreto, su futura ciudad deportiva. En 2006 Esperanza Aguirre suscribió un acuerdo para impulsarla en Alcorcón dentro de un convenio urbanístico —basado en la construcción de más de 22.000 viviendas, el 60% protegidas, con al menos 4.350 pisos del Plan Joven regional— que también contó con el visto bueno de Enrique Cascallana, alcalde de la localidad por el PSOE hasta su derrota en 2011.
La ciudad deportiva (para la que también se pensaron como sede Boadilla y Getafe) contaría con 120 hectáreas, en las que se repartirían ocho campos de fútbol, un miniestadio, un club social y un centro de alto rendimiento. Reemplazadas las viviendas por el proyecto de Las Vegas Sands, la incertidumbre existente coincide con las obras que el Atlético está realizando en el Cerro del Espino, en Majadahonda, donde se entrena habitualmente.
*El País - JOSÉ MARCOS Madrid 21 SEP 2013
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo
Orihuela.- Urbanismo paraliza un edificio sin licencia cuando se han construido ya cuatro alturas
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Esto lo que hemos criticado tantas veces y solo sucede en Urbanismo: ¿cómo es posible que el propio ayuntamiento no paralice una obra sin licencia mucho antes, desde el inicio de la cimentación?... Es imperdonable, a no ser, como también sucede, que las autoridades municipales tengan intereses personales en esa nueva construcción, lo cual sería un grave delito. Nos quejamos de la lentitud de la acción judicial en urbanismo, pero también hay que apuntar estos casos sangrantes de error o desidia municipal. Ahora, ¿a ver quién derriba ese esqueleto?
"INFORMACIÓN* : La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento ordenó por decreto el 1 de agosto la paralización de unas obras sin licencia de un edificio destinado a viviendas turísticas situado en suelo urbano de la Costa, en el PAU 1, cerca de Villamartín. Cuando abrió el expediente el 25 de julio pasado y se decretó la orden de paralización «inmediata», que fue el 1 de agosto, el inmueble estaba en los cimientos. En estos momentos hay cuatro plantas levantadas, aunque las obras, según el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, están paralizadas. Propietarios de terrenos en el mismo plan mantienen sin embargo que la ejecución ha avanzado sin que se haya actuado, a su entender, de forma efectiva.
La brigada de disciplina urbanística que acudió a comprobar la actuación ilegal identifica correctamente al promotor que está realizándolas y las fotografías que incluyen en el expediente son de esa promoción, pero citan el nombre de otra parcela a la hora de ubicarla.
Con ese antecedente, la empresa a la que va dirigido el expediente sancionador Passion Life, de Francisco Pedrera, pudo alegar, ya a mediados de septiembre, que el informe se refiere a una parcela del Plan, la R-B-II, en la que esta empresa no está construyendo. Incluso reclama que se archive el expediente. Pedrera explica que la mercantil ni es propietaria ni está realizando como promotor ni como contratista obras «en dicha parcela». Es decir, el error a la hora de señalar el emplazamiento exacto del suelo le permitió al constructor que la obra siguiera adelante a escasos metros durante más de un mes y medio. Zapata explicó que pese a esa alegación la obra sí se ha paralizado y justificó el avance de la estructura en la lentitud del procedimiento administrativo para estos casos. El concejal aseguró que legalmente el Ayuntamiento no puede hacer más de lo que ha hecho y que ha estado muy atento a este procedimiento. El edil explicó que desde que llegó al área intenta erradicar la práctica de los constructores de iniciar la obra solo con el pago y la solicitud de licencia. Una forma de actuar muy extendida durante el «boom» inmobiliario para agilizar los trámites, como es el caso de esta construcción. Agregó que el promotor tendrá que enfrentarse a varias sanciones y no podrá continuar hasta lograr la licencia.
Los Verdes
La ejecución de esta plan urbanístico ha sido objeto desde 2000 de distintas denuncias públicas por parte de un propietario afectado por la reparcelación, Miguel Mateo, quien entiende que supuestamente no se respeta la legalidad urbanística en cuestiones como la anchura de los viales o con la pérdida de zonas con valor ecológico. Algo de lo que se hizo eco el actual alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) cuando estaba en las filas de la oposición.
* Información - 27.9.13
Foto: Edificio turístico residencial levantado junto al canal del trasvase sin licencia en la Costa.- información
Los aeropuertos de Valladolid y León sobreviven por las subvenciones
Continuando con el enorme despilfarro causado por la clase político-financiera en estos años de boom inmobiliario respecto a infraestructuras de transporte, hoy son los aeropuertos de Castilla y León (PP) los que se analizan. Una Comunidad que posee cuatro aeropuertos, pero donde llaman la atención sus tamaños descomunales y las grandes instalaciones para un tráfico mínimo en todos ellos. Cada ciudad parece que competía con las vecinas para cometer el mayor disparate en gasto y dimensiones, sin atender las necesidades reales de la población. Ahora sobreviven por las subvenciones públicas.
"ELDIARIO* : Castilla y León: nueve provincias, 94.000 km2 y 2,5 millones de habitantes. Grandes extensiones con poca densidad de población. En Estados Unidos sería el perfecto caldo de cultivo para la instalación de aeródromos desde donde con aviones pequeños cubrir largas distancias. Pero esto es España y casi todo político en Diputaciones o Ayuntamientos ha querido tener en su territorio un “aeropuerto importante” y no un aeródromo con unas dimensiones coherentes. Así, las instituciones públicas han formado consorcios para la promoción de las instalaciones aéreas e incluso se ha embarcado directa o indirectamente en la formación de compañías regionales.
En el caso de Castilla y León, resulta clarificador entender una idiosincrasia peculiar: el peso del centralismo vallisoletano es siempre reivindicado por el resto de provincias, que en el caso aeroportuario no han querido renunciar a su aeropuerto (Burgos, Salamanca) o que incluso se sienten ajenos doblemente a ese centralismo y a esa pertenencia castellana (León).
Con estos mimbres, todos los aeropuertos son instalaciones modernas, impecables, en algunos casos con diseño singular en las que se han invertido muchos millones. Ahora, Aena, que en muchos casos ha tenido que asumir a contrapelo la gestión de estas instalaciones por su obligada obediencia al ministro, presidente, alcalde o consejero de turno, está inmersa en un plan de contingencia, si no para hacer viables estas instalaciones, al menos para abaratarlas mediante expedientes de regulación de empleo, limitación de horarios y reducción de servicios.
Esta situación está vigente en todos los aeropuertos pertenecen al llamado “Grupo III”, las instalaciones con menos de 500.000 pasajeros al año, sobre los que en su momento llegó a pesar la amenaza del cierre. Las presiones políticas locales los han mantenido abiertos, unas presiones similares a las que en su momento obligaron a construirlos, ampliar terminales o realizar mejoras sin estudios de mercado ni justificaciones claras. Simplemente por querer un flamante aeropuerto cerca de casa. En esta entrega, dos de los cuatro aeropuertos de esta CCAA: Villanubla y La Virgen del Camino, en Valladolid y León.
Valladolid-Villanubla
El aeródromo de Valladolid fue creado en plena Guerra Civil y utilizado puntualmente por algunos vuelos de Iberia durante los últimos meses de la contienda. En el aspecto puramente militar, en el mismo año de su inauguración, se creó la escuela de pilotos de caza que fueron utilizando aviones acordes con la época.
A finales de los años 50, en coincidencia con la construcción de una pista de aterrizaje, llegaron también reactores de caza y años después los aviones de transporte del Ejército del Aire del Ala 37, que es actualmente el principal usuario de las instalaciones. Los primeros vuelos comerciales, Barcelona-Valladolid (nunca hubo vuelos con Madrid por la cercanía de ambas ciudades) empezaron en 1970. Por entonces, los pasajeros debían utilizar los pabellones militares para los trámites de embarque y desembarque, una situación que se alargó durante cuatro años, cuando se segregaron las zonas civil y militar a ambos lados de la pista de vuelo. Oficialmente, el aeropuerto tiene consideración de base aérea abierta al tráfico civil y comercial, de ahí que, por ejemplo, los controladores de Villanubla sean militares.
La terminal de pasajeros del 74 fue ampliada ocho años después. La celebración del Mundial de futbol de 1982 fue la justificación para la ampliación de las instalaciones. El nuevo estadio José Zorrilla fue sede de tan solo tres partidos de la fase final. En 1990 la pista creció hasta los 3.000 metros y 10 años después se estrenó un nuevo y moderno edificio terminal, que ha ido recibiendo mejoras a lo largo de estos años. En este periodo, la Consejería de Cultura de Castilla y León ha invertido 18 millones de euros en un contrato de promoción turística con Ryanair, aerolínea encargada de que Valladolid alcanzase el medio millón de viajeros anuales en 2007, aunque desde entonces la cifra ha ido cayendo hasta los 378.000 del año pasado.
La aerolínea dirigida por Michael O’Leary no renovó el contrato de promoción con la región, lo que unido al 38% de aumento en las tasas, según Ryanair, ha hecho que haya reducido drásticamente su número de vuelos y destinos, limitándolos solo a Lanzarote y Barcelona. El segundo es un destino al que vuelan también Air Nostrum y Vueling. No hay mucho más, salvo algunos vuelos puntuales en verano a Baleares, un espejismo que acaba en cuanto vuelve el frío a Villanubla.
León-Virgen del Camino
El aeropuerto de León tiene una singularidad: es el más alto de España, al encontrarse a 916 metros de altura sobre el nivel del mar. Otra particularidad es ser una de las bases aéreas más antiguas del país, con actividad desde 1924, actividad que creció notablemente durante la Guerra Civil española, cuando se convirtió en uno de los aeródromos militares de referencia, lo que supuso la mejora de instalaciones y construcción de nuevos edificios en la zona para la formación de nuevos pilotos. Sin embargo, los auténticos protagonistas de la guerra en el aeropuerto leonés fueron los miembros de la Legión Condor, responsables, con la bendición de Franco, de algunos de los bombardeos más encarnizados sobre poblaciones.
Tras la guerra y durante una década, el lugar fue la sede de la Academia del Aire, que acabó trasladada a Murcia, quedando la llamada ‘maestranza aérea’, nombre con el que son conocidos los talleres en el lenguaje del Ejercito del Aire. Posteriormente se creó la Escuela de Especialistas del Aire, con las especialidades de mecánicos de mantenimiento de aviones y armeros y cartografía. También se formaron radiotelegrafistas y mecánicos de electrónica y especialistas en fotografía y cartografía.
En el terreno civil, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Regional deciden en 1990 solicitar al Ministerio de Defensa la instalación de un aeropuerto dentro de la base militar, siendo la Diputación la encargada de financiar una pista de asfalto de 1.600x30 metros sobre la de terreno natural, usada hasta el momento por los aparatos militares que visitaban la base aérea. Las obras se completaron con una calle de rodadura y una plataforma de aparcamiento de aeronaves completado en 1994.
La apuesta estaba hecha y desde entonces llegaron las peticiones políticas al Gobierno central en forma de “hasta aquí hemos llegado, ahora que mueva ficha el Ministerio” tal y como sucedió: en una segunda fase, Fomento se hizo cargo de la construcción de una terminal y otros edificios auxiliares, dejando en manos de Aena su gestión. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea acumulaba un nuevo regalo envenenado a su cartera de aeropuertos de viabilidad cuestionable. De nuevo por el lado militar, esta vez José María Aznar prometió que la base aérea de León iba a ser la sede de la academia de pilotos de los cazas Eurofighter. Nunca más se supo.
El 2 de junio de 1999 el entonces ministro Arias Salgado inauguró la terminal del aeropuerto y se iniciaron los primeros vuelos a Madrid y Barcelona en turbohélices de Air Nostrum. Las discretas dimensiones del aeropuerto y la masa crítica no daban para mucho más, pero inesperadamente apareció en 2003 una nueva compañía, LagunAir, apoyada por el consorcio para el desarrollo del aeropuerto de León. La nueva aerolínea se gestionó de una forma cuestionable y duró solo 16 meses. Cuando ya parecía desaparecida, un grupo de constructores locales, Agelco, adquirió el 100% de las acciones y la volvió a poner en marcha. Los nuevos propietarios no tenían mucho interés en la aviación, pero eran días de vino y rosas en su sector: pensaron en diversificar y en atender las peticiones desde altas instancias del Gobierno para no dejar morir la aviación regional en Castilla y León. La nueva LagunAir no llegó a finales de 2008, metida en un cambio de modelo de negocio y en la incorporación de reactores que viajaban en la mayor parte de los casos con unas ocupaciones muy bajas.
Paralelamente a todas estas historias, se fue ampliando la pista, hasta en tres ocasiones, alcanzando los 3.000 metros. ¿Era necesario? Realmente no, pero se hizo. Resulta sonrojante leer algunas comparecencias públicas de políticos locales hablando de futuribles mientras la nueva ampliación estaba en marcha: “La longitud de pista permite ya operar a reactores de más de cien pasajeros con destinos de hasta 5.000 millas, lo que supone llegar a Canarias, la costa este de Estados Unidos, Oriente Próximo, gran parte de África, o el Caribe”. Pero ya con la pista acabada se matizaba: “Estos destinos podrían ofertarse directamente desde León si existiesen compañías interesadas en este mercado, y una demanda real de pasajeros para alguno de estos destinos”. No era el caso.
En cuanto a viajeros, el punto culminante llegó en 2007 cuando llegaron a pasar 161.000 pasajeros por la terminal, un sencillo edificio rectangular preparado para crecer modularmente por sus lados en caso necesario. ¿Se hizo así? No. Se hizo a lo grande: en diciembre de 2007 se licitaron las obras para una terminal de nueva planta y 5.000 metros cuadrados, además de una nueva plataforma de aparcamiento de aeronaves y un nuevo parking de vehículos.
A medida que las obras avanzaban, León iba perdiendo pasajeros: un 24% el primer año, un 23% el siguiente y un 2% en 2010, año en que José Blanco inauguró una moderna y espectacular terminal, lujosamente decorada. Lejos de incentivar los viajes, los dos años siguientes el aeropuerto siguió perdiendo pasaje y vuelos, cayendo hasta los 50.000 pasajeros el año pasado.
Hace solo unos días, el consorcio del aeropuerto de León ha adjudicado a una compañía llamada “Good Fly” (en realidad, un comercializador de vuelos en aviones alquilados a terceros, como una compañía húngara que opera con turbohélices brasileños) 536.000 euros para que efectúe una serie de conexiones aéreas vacacionales desde ese aeropuerto a Málaga, Alicante, Palma, Menorca o Ibiza. Unos vuelos que solo operarán hasta octubre. Es, llanamente, una subvención para que los leoneses puedan ir a la Costa Blanca, la Costa del Sol o Baleares directamente desde casa y a precios ajustados. Mientras tanto, el gestor aeroportuario, ante los magros resultados y los gastos que supone la instalación, ha prescindido de 14 de los 32 empleados del aeropuerto y ha restringido su horario de operación.
* El Diario - Javier Ortega Figueiral - 9.6.13
Foto: Aeropuerto de León - AENA
El rescate de las autopistas de Aznar, Aguirre y Cascos costará 6.000 millones a los contribuyentes
El tema del despilfarro en infraestructuras continúa. En esta ocasión es por las autopistas construidas hace pocos años en Madrid, las llamadas radiales de peaje, que finalmente han quebrado por su inutilidad y falta de uso, tal y como muchos habíamos vaticinado. La fórmula de concesión utilizada por el gobierno Aznar, con A.Cascos de ministro de Fomento y E.Aguirre de presidenta de la Comunidad, ha terminado por explotar, recayendo ahora en el rescate público irregular mientras grandes constructoras y financieras esperan el dinero de todos. Un delito grave más de esta política que privatiza ganancias pero socializa pérdidas.
"PÚBLICO* : El gran fiasco de las autopistas de peaje puestas en funcionamiento durante la segunda legislatura de José MªAznar puede acabar costando a los contribuyentes españoles cerca de seis mil millones de euros o, lo que es lo mismo, un billón de las antiguas pesetas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que no se gastará dinero público en el rescate de las concesionarias que están al borde de la quiebra; pero fuentes del sector consideran que se trata de un propósito sustentado en el más puro voluntarismo.
A día de hoy, esas empresas tienen créditos pendientes de pago por un importe superior a los 3.800 millones de euros, a los que hay que sumar otros 500 millones adeudados directamente a las constructoras y el sobrecoste de las expropiaciones sobre las que aún no se han pronunciado los tribunales. Además, José Luis Rodríguez Zapatero les proporcionó ayudas valoradas en 480 millones, que sólo sirvieron para prolongar la agonía de un proyecto deficientemente planificado y que lleva años abocado a la quiebra, según las fuentes consultadas.
El empeño de la M-50
El desarrollo de las autopistas de peaje ahora en tela de juicio fue concebido por Rafael Arias Salgado, aunque el impulso definitivo se lo daría su sucesor en la cartera de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que llegó al cargo en 2000, después de haber sido vicepresidente del Gobierno. Sus obras estrella fueron las radiales de Madrid, presentadas a bombo y platillo como ejemplo de la colaboración público-privada en materia de infraestructuras, y uno de cuyos objetivos era, en realidad, construir la M-50 a coste cero para el Estado.
Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad, estaba empeñada en que se hiciera ese nuevo anillo de circunvalación, a pesar de las dificultades orográficas del trazado, que exigían una inversión desproporcionada incluso para aquella época de bonanza económica. La solución se la dio hecha Álvarez Cascos, en quien encontró un perfecto aliado: serían las propias concesionarias de las radiales las que sufragarían la M-50, como contraprestación por el derecho a explotar esas autovías, y así se matarían dos pajaros de un tiro.
Fueron animados a participar en el proceso los grandes contratistas del Estado, que en buena parte accedieron sin demasiado entusiasmo, recelosos de los optimistas cálculos realizados por el Gobierno sobre las posibilidades de recuperar la inversión. El mayor protagonismo lo asumieron las constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr), que disponían de recursos en abundancia gracias a los réditos del boom inmobiliario, y la mayoría de las entidades financieras (Santander, Bankia, la Caixa, Sabadell).
Sobrecostes por todos lados
No pasaron muchos años hasta que el castillo de naipes de aquellas autopistas de peaje se vino a bajo, incapaz de resisir el temporal de la crisis, que podría haberse capeado algo mejor si la planificación hubiera sido más rigurosa, según opinión generalizada entre los expertos. Las obras costaron 400 millones de euros más de lo previsto; las expropiaciones van ya por los 2.300 millones, en vez de los 400 que se habían estimado, y el volumen de tráfico está un 30% por debajo de lo que decían las proyecciones oficiales.
Como consecuencia de ello, a las concesionarias empezó a llegarles el agua al cuello y reclamaron que se desplegara la red de seguridad prevista en el ordenamiento legal para este tipo de casos. En concreto, el otorgamiento de créditos participativos, que no confieren al Estado derechos políticos en las empresas, y la activación de las cuentas de compensación, que obligan a indemnizar a los titulares de una concesión cuando se quedan por debajo del 80% las previsiones sobre las que ésta se asienta.
Sin embargo, la suerte de las radiales de Madrid estaba echada, junto con la de otras cinco de la red de carreteras del Estado, también de peaje: las que unen Madrid con el aeropuerto de Barajas y con Toledo, Ocaña con La Roda, Cartagena con Vera y la circunvalación de Alicante. O sea, nueve de las veintidós autopistas de pago que son explotadas en régimen de concesión a lo largo de toda España.
Socialización de pérdidas
Para garantizar su continuidad, Fomento está negociando una solución con las constructoras, representadas ante el Ministerio por la patronal Seopán, aunque todo parece indicar que la fórmula elegida será el traspaso de los activos y pasivos a una rediviva Empresa Nacional de Autopistas. En lo que ambas partes se encuentran muy distantes es en la valoración de las infraestructuras y, por lo tanto, en el porcentaje del accionariado de la nueva sociedad que finalmente se adjudicará cada una de ellas.
Fomento no quiere ceder más del 20% del capital, alegando que el patromonio neto de las concesionarias ronda los 120 millones de euros, mientras que Seopán reclama un 49%, porque, en su opinión, las autopistas valen 2.600 millones, que estarían dispuestas a rebajar a la mitad mediante una fuerte quita.
Otro punto de discordia es cuándo cobrarían las constructoras los 500 millones de euros que se les deben, no en tanto que concesionarias, sino por las obras realizadas. Fomento pretende que empiecen a recuperar el dinero dentro de treinta años, cuando se hayan terminado de devolver los 4.900 millones que necesita pedir a la banca para cubrir los agujeros, más sus correspondientes intereses. Seopán, por su parte, no está dispuesta a otorgar más de seis años de carencia y se agarra como a un clavo ardiendo a que el Estado es el garante patrimonial de la inversión y no puede dejar de pagarla.
* Público - VICENTE CLAVERO - 25.9.13
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
Todo menos la demolición
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Sobre el asunto de los derribos y demoliciones, necesarios para hacer cumplir la Ley o Normas Urbanísticas, ya se ha hablado bastante en este blog. No es ninguna novedad que se pueden contar con los dedos de una mano los casos en que esto ha sucedido en los años de urbanismo salvaje e ilegal. Para demostrarlo ahí sigue en pié el buque insignia de la corrupción, el famoso hotel El Algarrobico en la costa almeriense, a pesar de las múltiples sentencias en su contra. Igual sucede en toda la geografía y autonomías españolas. Una vergüenza política y judicial que se deja como herencia a generaciones futuras.
"ELPAÍS* : El boom inmobiliario ha pasado, pero los ladrillos que se colocaron en pleno furor, cuando algunos concejales de Urbanismo miraban para otro lado, continúan bien pegados al suelo. Los fiscales de Medio Ambiente siguen teniendo “serios problemas” para conseguir que se ejecuten las demoliciones de las construcciones ilegales. Los propietarios tratan de retrasar la llegada de la piqueta todo lo posible, bien buscando fallos en el proceso, o agarrándose a nuevas normativas regularizadoras, como la Ley de Costas. Los Ayuntamientos o comunidades, que deben responder de forma subsidiaria porque ellos debían velar por la legalidad urbanística, alegan en muchas ocasiones de que no tienen fondos para asumirlo.
“Nos damos contra un muro”, cuenta Patricia Navarro, la fiscal de Medio Ambiente de Cádiz.
La memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de 2012, hecha pública esta semana, destaca la situación “paradójica” en la que se encuentra esta medida legal. Aunque los derribos de construcciones irregulares se sigan acordando de manera más o menos fluida —se interponen unas 100 órdenes de demolición al año—, hay poco consenso en los tribunales sobre su necesidad o naturaleza.
La Fiscalía no dispone de una estadística de órdenes de demolición, algo que hace muy difícil calcular la cantidad de las que hay en España. Tampoco existen datos oficiales y globales de viviendas ilegales, pero las comunidades con problemas más sonoros son Andalucía, donde el Gobierno regional estima que hay unas 300.000 construcciones irregulares, 60.000 de ellas en Málaga, o Valencia, donde Greenpeace calcula hasta 50.000 casas ilegales solo en la zona costera. Cantabria también es conocida por sus desmanes urbanísticos, con 663 sentencias de derribo, según datos del Gobierno regional.
Las divergencias a la hora de sentenciar son todo un clásico. Sevilla habla de una “irreconciliable disparidad” con las demoliciones. Mientras tres secciones de la Audiencia sevillana las acuerdan con “bastante regularidad”, una cuarta no la aplica “como regla general”. Hasta 2012 han conseguido que se acuerden más de 100 derribos. En algunos casos, el propietario de la vivienda ilegal ha llegado a entrar en prisión porque no asumió la demolición como forma de responsabilidad civil.
Jaén también destaca por la “extraordinaria reticencia de los jueces” para acordar esta medida. De las 72 condenas por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en las que ha intervenido la fiscal de Medio Ambiente Isabel Uceda, solo dos llevaban aparejada la piqueta. Uno de los casos más llamativos es el de una urbanización levantada en el entorno del yacimiento íbero de Puente Tablas, en una zona residencial de la capital catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). En este barrio hay chalés con órdenes de demolición y otros, colindantes, con condena, pero sin esta medida. Los propietarios ven en esa falta de unidad de criterio judicial una clara “inseguridad jurídica”.
Los ejemplos negativos son los más numerosos. La fiscalía de Cáceres se queja de la falta del “conocimiento más elemental por parte de determinados juzgadores” sobre las características de la orden de demolición, y en Valencia denuncian que su Audiencia ha dejado de aplicar o recurre a la anulación sistemática de todas estas órdenes. Aunque no se ejecuten, la buena noticia es que los jueces valencianos las están acordando con más frecuencia. Si en 2011 esta medida iba incluida en el 37% de las condenas, en 2012 ha subido hasta un 63%.
El contrapunto a esta situación, enquistada en los últimos años, lo ha puesto una sentencia del Tribunal Supremo. La resolución, del 21 de junio de 2012, reconoce los principales argumentos que la Fiscalía en defensa de la necesidad de imponer esta medida, como que es la única manera de reparar el daño causado por el delito. “La demolición es la responsabilidad civil”, ha declarado el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verger.
La fiscal Patricia Navarro pidió al Supremo que se posicionara sobre este asunto planteando un recurso de casación a una condena por una construcción ilegal en el Puerto de Santa María que no llevaba aparejado el derribo. El alto tribunal aceptó —y su decisión sienta jurisprudencia— que el derribo debe ser la “regla general” y no una excepción, algo que se deduce del nuevo contenido del artículo 319 del Código Penal, y que si no se aplica favorece la sensación de impunidad.
Cádiz tiene unas 40.000 viviendas irregulares y a finales de 2012 había 70 órdenes de demolición sin acometer. “En la zona de Chiclana, Chipiona o la costa, ha habido un crecimiento muy rápido y una vivienda ilegal sin demoler es un efecto llamada”, considera Navarro. Sobre su mesa hay órdenes de derribo de 2007 que todavía no se han ejecutado porque les plantean infinidad de incidentes para evitarlo. “Se solicita, por ejemplo, el indulto, y aquí no cabe, porque no se trata de una pena”, explica la fiscal gaditana.
Los propietarios están agarrándose a la posibilidad de beneficiarse de la nueva Ley de Costas, aprobada este verano, que reduce las zonas protegidas. También a decretos, como el que presentó la Junta de Andalucía en 2012 para regularizar el 90% de las construcciones irregulares, o a cambios en los planes urbanísticos de los municipios que les pudieran beneficiar.
Un colectivo de extranjeros afectados por los desmanes urbanísticos cometidos en el Valle del Almanzora (Almería), donde hay 12.000 construcciones ilegales, ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento, un juez de Almería ha suspendido la orden de demolición de la casa de un matrimonio británico hasta ver el resultado de la demanda internacional. Gerardo Vázquez, letrado de la asociación, reclama un cambio urgente en el sistema. “Es un modelo bizantino, es evidente que han fallado los controles por la cantidad de viviendas ilegales que hay”, contempla. Los 300 socios de la asociación, la mayoría británicos jubilados, compraron casas en suelo rústico y los promotores pusieron pies en polvorosa. No tienen derecho a suministros básicos, como electricidad o agua, pero lo más grave es la sombra de la excavadora.
En Mijas (Málaga), hay 8.000 construcciones irregulares, pero el decreto de la Junta de Andalucía ha abierto la puerta a la regularización de la mitad. Las otras 4.000 luchan por encontrar un hueco legal que las salve. En este pueblo de la Costa del Sol ya ha habido varias demoliciones y el equipo municipal, del PP, reconoce que no son plato de gusto. “Intentamos encontrar soluciones legales, pero contra las viviendas con expediente de demolición no se puede hacer nada”, explican.
En Navarra han tenido que embargar de forma previa a los condenados para poder pagar esos derribos. En 2012 ha habido cinco sentencias. El caso típico es el de una caseta de huerta que se ha ido mejorando hasta convertirla en vivienda, en especial en la Ribera navarra. Todo un clásico del urbanismo español.
Con información de Javier Doria y Ginés Donaire.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 21.9.13
Foto: En Mijas (Málaga) hay 8.000 construcciones irregulares. / JULIÁN ROJAS
Se vende o alquila; razón, Generalitat Valenciana
Continúan apareciendo consecuencias del enorme despilfarro público acontecido en los años del boom inmobiliario, cuando parecía que toda ciudad que no tuviera su AVE, aeropuerto, Palacio de Congresos, Universidad y Museos varios, no era nadie en el mapa. En la Comunidad valenciana esto fue llevado a su extremo por unos políticos corruptos, llegándose a situaciones esperpénticas como el vacío aeropuerto de Castellón, el circuito de F1 en Valencia o la Ciudad de la Luz en Alicante. Aquí vemos algunos de estos ejemplos.
"ELPAÍS* : "Son las fábricas del siglo XXI al servicio de una industria estratégica que es el turismo”. Eso es lo que proclamó en febrero de 2007 Francisco Camps sobre los grandes proyectos y grandes eventos relacionados con el ocio. Lo hizo desde el pabellón que la trama Gürtel había construido para la Generalitat valenciana en la feria turística Fitur, en Madrid. El entonces presidente valenciano empleó un tono triunfalista al defender que 41 millones de personas habían disfrutado ya de unas iniciativas públicas que generaban riqueza. Solo cinco años después, en la edición de Fitur de 2012, el reclamo de los grandes proyectos se había diluido ya dentro de la oferta del pabellón valenciano hasta quedar relegada a un plano muy secundario.
Hoy en día, todas aquellas “fábricas del siglo XXI” están en liquidación: se han vendido, se ponen a subasta o se ofrecen en alquiler. Las consecuencias de un proceso de euforia política desbocada se han llevado por delante también a la cadena autonómica Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), cuya programación se encuentra ahora en pleno proceso de externalización tras el despido de un millar de empleados y después de acumular 1.200 millones de euros de deuda. Para no vaciar el enorme edificio del Centre de Producció de Burjassot, las productoras privadas usarán los platós de la cadena pública.
En unas semanas se hará público el concurso para privatizar la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, mientras se buscan compradores para la Ciudad de la Luz, en Alicante y el aeropuerto de Castellón licita su gestión. Al mismo tiempo, el Consell aspira a no tener que pagar una indemnización al multimillonario Bernie Ecclestone, que en su día hizo campaña por Camps, para rescindir el contrato del gran premio de Fórmula 1 en Valencia, cuyo coste de celebración ascendió el año pasado a 40 millones de euros. Las carreras por la ciudad superan los 200 millones de coste desde su primera edición.
Toda la supuesta solidez de las grandes obras y los eventos de postín se disuelve en el aire del exceso y la recesión. Toda una línea política se resquebraja ante la incapacidad de la Generalitat de sostener financieramente el peso del entramado que ella misma puso en pie. La crisis ha acabado de hundir las arcas públicas hasta el abismo de los 29.000 millones de deuda (más del doble del presupuesto anual del Consell). Además, el fenómeno ha servido de justificación para acelerar la extensión del modelo de externalización, o privatización, de la gestión de bienes sufragados con dinero de todos.
Terra Mítica, mascarón de proa de esa desenfadada política turística y programática del PP valenciano emprendida en tiempos de Eduardo Zaplana, fue también la primera en caer. El parque de ocio de Benidorm, cuya construcción costó más de 400 millones de euros, la mitad procedentes de las arcas públicas, fue vendido en junio de 2012 por 65 millones a la empresa que gestionaba otros dos parques de atracciones en la ciudad, Aqualandia y Mundomar. De esa cantidad, los promotores de Terra Mítica, la Generalitat, Bancaja y la Caja Mediterráneo (CAM), apenas se repartieron 20 millones porque hubo que destinar 45 a saldar la deuda que arrastraba el complejo lúdico, que nunca cumplió las expectativas de explotación y de visitantes con las que fue diseñado.
La espectacular Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), en Valencia, emblema de esa política de grandes proyectos, y también de los sobrecostes y el despilfarro —su coste supera los 1.200 millones de euros, triplicando ampliamente el presupuesto inicial—, se prepara estos días para la gestión privada de todos sus edificios, a excepción del teatro de la ópera del Palau de les Arts, que seguirá bajo las riendas de la Generalitat.
Próximamente saldrá a concurso un paquete integral formado por l’Oceanogràfic (parque marino), l’Hemisfèric (cine Imax), el Museu de les Ciències, l’Umbracle (espacio ajardinado), l’Ágora (sin contenido definido) y los espacios comunes. Un operador privado deberá aumentar los beneficios y los turistas en los próximos 15 años. La previsión es que el nuevo gestor entre ya en Cacsa el próximo verano.
La Generalitat pretende obtener así ingresos para cubrir la totalidad de gastos que no supongan la amortización e intereses de los edificios. Mientras ultima su externalización, sigue reiterando que el complejo diseñado principalmente por Santiago Calatrava, que sin duda ha contribuido a proyectar internacionalmente la ciudad, ha generado 478 millones de euros y ha tenido 50 millones de visitantes desde 1998.
También se elogia, lanzando una catarata de impactos económicos, la Ciudad de la Luz, el impresionante complejo de estudios cinematográficos construido por la Generalitat en Alicante. Su gestión ya estaba privatizada. Ahora están en venta todas las instalaciones. Un largo pleito para resolver el contrato con Aguamarga, concesionaria del complejo, ha desembocado hace unos días en una sentencia que condena a los gestores a pagar 1,2 millones al Gobierno autonómico. Mientras despeja definitivamente a los concesionarios de la gestión, Alberto Fabra, el actual presidente valenciano, también del PP, está obligado a vender la Ciudad de la Luz al mejor postor, no solo porque los estudios pierden unos 20 millones de euros al año, sino porque la Unión Europea ha ordenado desinvertir todo el dinero público empleado en el proyecto, que ha calculado en unos 265 millones de euros. La cifra incluye unos costes de construcción en los que no se escatimó nada, ni el millón de euros de la garita de entrada ni los 2,3 millones que volaron en una rotonda que se llevó el viento un día de temporal.
Con motivo de una denuncia de los estudios Pinewood, de Londres, la Comisión Europea estimó en 2012 que los fondos invertidos en la Ciudad de la Luz “no se facilitaron en condiciones de mercado” y vulneran las normas de la libre competencia.
En una respuesta a senadores socialistas valencianos que se interesaron por el tema, el Gobierno de España ha explicado que en las reuniones mantenidas por los servicios de la CE, la representación permanente de España ante la UE y la Generalitat Valenciana, se persigue el objetivo de “conseguir el cumplimiento de la obligación de recuperación, valorando posibles escenarios ante la imposibilidad de recuperar la ayuda de la sociedad pública”. Unos escenarios que pasan, inexorablemente, por “el proceso de venta de los activos para maximizar el precio”. Tras una última reunión el pasado mayo, la “licitación abierta” del complejo está pendiente de autorización desde Bruselas.
120 millones de euros por el aeropuerto de Castellón
La Administración valenciana prepara otro pliego de licitación para el aeropuerto de Castellón, una instalación que Camps inauguró junto a su principal impulsor, el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra, en marzo de 2011 pese a que, ni en aquel momento ni ahora, aterrizan o despegan aviones en su pista.
La Generalitat justificó el proyecto por la afluencia de turistas que generaría la frustrada creación de una macrourbanización con parque temático junto a la actual Marina d’Or. Ahora pretende adjudicar por 10 años una gestión que implica hacerse cargo de los trámites de apertura del aeropuerto. Hace solo unos días, un juez de Castellón falló que la Generalitat ha de pagar más de 120 millones de euros por las obras del aeropuerto para resolver el contrato con la concesionaria que lo construyó.
* El País - ADOLF BELTRAN / FERRAN BONO - 22.9.13
Foto: Castellón, aeropuerto - aerocas
Condenado el exalcalde de El Puerto por el derribo de un edificio protegido
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El urbanismo en El Puerto lleva bastantes años en la picota, la permisividad con las miles de viviendas ilegales construidas en el municipio ha sido manifiesta. En esta ocasión, sin embargo, se trata del derribo, con participación municipal, de un palacio protegido en pleno centro urbano. Algo inexplicable para una excorporación que debía velar por el Patrimonio histórico y que, ahora, ha sido condenada por esto con inhabilitación pública, dada la gravedad de semejante atentado. También llama la atención que la justicia haya tardado 9 años (nueve) en dictar una sentencia condenatoria 'de libro'.
"ELPAÍS* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Cádiz ha condenado al exalcalde de El Puerto de Santa María Hernán Díaz Cortés, al exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, y al constructor Rufino Naves y a su hijo Juan a penas de prisión e inhabilitación para cargo público por el derribo ilegal del Palacio de Vizarrón, una casa de cargadores de Indias construida en el siglo XVII, situada en pleno centro de El Puerto de Santa María (Cádiz) y protegida al igual que el casco histórico de la ciudad. Los hechos ahora condenados ocurrieron hace nueve años.
El edificio fue parcialmente demolido por el constructor local Rufino Naves para la construcción de viviendas valiéndose de una autorización irregular concedida por el Ayuntamiento que certificó el supuesto estado de ruina del inmueble. Tanto la Corporación como el constructor desoyeron las reiteradas órdenes de paralización de obra que cursó la Delegación de Cultura de la Junta, que multó a los condenados.
Ahora, el juez ordena a los constructores el restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, a la reconstrucción de lo demolido y condena a los dos máximos responsables de la promotora, padre e hijo, a una pena de un año y seis meses de cárcel para cada uno de ellos. Así mismo establece el pago de una indemnización a la Junta en concepto de daño patrimonial y una multa simbólica de 20 euros al mes durante 15 meses. A Ambos, el juez les considera culpables de un delito contra el patrimonio.
Al mismo tiempo la sentencia, de 48 folios y entregada ayer a las partes, condena a ocho años de inhabilitación para cargo público y suspensión de empleo público y sueldo al exalcalde de la ciudad Hernán Díaz Cortés, a su entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y al todavía hoy jefe del área de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell. En estos casos, el juez les considera responsables de un mismo delito de prevaricación administrativa.
Fornell fue restituido en su puesto municipal el pasado febrero por el actual gobierno del PP mediante decreto después de que en 2011 fuese detenido e imputado en la llamada Operación Tequila, que investigó la concesión de licencias para edificar en suelos no autorizados. El caso continúa abierto.
El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Julio Acale, promotor de la denuncia, pidió ayer al equipo de gobierno que "actúe en consecuencia" con Fornell, aunque la sentencia pueda ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cádiz.
Por su parte, el portavoz del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, que comparte responsabilidad de gobierno con el PP, reconoció ayer que sobre Fornell "pesan otras causas abiertas" y anunció que, "si esto llega a ser firme, tendremos que actuar en consecuencia". Ruiz Aguilar explicó que el Ayuntamiento no debe presentar recurso en defensa de su actual responsable urbanístico.
Mientras, el alcalde de la ciudad, Enrique Moresco (PP) declinó ayer, a través de un portavoz, la valoración del caso.
* El País - FRANCISCO JOSÉ ROMÁN - 19.9.13
Foto: Hernán Díaz Cortés (izquierda) y su abogado, a la salida del juzgado en una imagen de archivo. / JARO MUÑOZ
El que pida licencia de obras es imbécil
Aunque la noticia está aplicada al caso de las islas Baleares, es perfectamente ampliable al resto de autonomías, ya que en este asunto del Urbanismo ilegal no hay Comunidad que se libre de la plaga 'ultraliberal'. Se aplican Leyes de Suelo permisivas, junto a otras delictivas generales como la nueva Ley de Costas 'popular', todo en beneficio del infractor, amiguete normalmente del poder local, y contra todo aquel que cumpla a rajatabla la legalidad o defienda el medio ambiente. Un asunto gravísimo en el que la justicia vuelve a actuar de convidada de piedra, ante las numerosas amnistías concedidas por la clase política 'interesada'.
"JOAN LLUÍS FERRER* : El Partido Popular (PP) se ha convertido ya en una organización que promueve de forma declarada y explícita el incumplimiento de las leyes y las infracciones urbanísticas. La amnistía a las obras ilegales construidas en el campo, contemplada en la nueva Ley del Suelo, constituye una afrenta al Estado de Derecho, al sentido común y a las más elementales reglas por las que se rige cualquier colectivo civilizado. El PP lleva aprobadas ya tres amnistías consecutivas en los últimos lustros, con lo que consolida su estrategia de destrozar la seguridad jurídica, la igualdad de todos ante la ley y el respeto a las normativas.
El mensaje de la Ley del Suelo es el siguiente: el que haya construido una vivienda sin licencia y pasándose por el forro toda la normativa podrá ahora tener licencia pagando simplemente una multa. En vez de derribarle la obra, como prevé la ley, se opta por premiar al infractor. Es el mundo al revés. Dado que ya ha habido dos amnistías como esta y seguramente en el futuro habrá más, la conclusión es evidente: el que pida licencia de obras para construir es que es imbécil. Ya vendrá el político de turno del PP para demostrar que quien hace las cosas bien, solicita los permisos necesarios y cumple la ley, no es sino un memo y un panoli.
Pero la Ley del Suelo no es el único mecanismo con que el Govern de Bauzá y el Consell de Vicent Serra destruyen las normas más básicas de convivencia. Sant Antoni es el primer municipio de Eivissa donde, gracias a las nuevas normativas del PP, se procede a una legalización masiva no ya de casas aisladas, sino de núcleos urbanos enteros que han florecido en medio del campo sin licencia. Los llamados Asentamientos en Medio Rural (AMR) constituyen directamente un insulto a la inteligencia humana. En vez de tramitar el preceptivo expediente de demolición o, al menos, sanción a los autores de estas infracciones, el Govern y el Ayuntamiento de Sant Antoni deciden premiarlos con una licencia y, no solo eso, sino que también les amplían el perímetro para poder edificar aún más ¡y encima sin alcantarillado ni ceder solares al Ayuntamiento! Así prosperan quienes incumplen las leyes y así es como el PP estimula un clima general de indisciplina, caos y anarquía absolutos.
Lo que hace el PP es disfrazar con leyes lo que es simplemente el regreso a la selva y a un sistema tribal. Nunca ningún Govern mostró tanta eficacia en la tarea de socavar los cimientos mismos del orden jurídico que debe presidir toda sociedad. ¿Cuál será el próximo paso?
De momento, ya pueden ir dimitiendo todos los concejales de Urbanismo de la isla, pues cuando vayan a paralizar una obra por vulnerar algún parámetro legal, solo estarán haciendo el ridículo. Su partido político estará ya en esos momentos preparando otra amnistía para premiar a ese infractor y convertir en inútil el voluntarioso proceder de estos concejales, suponiendo que haya alguno que cumpla con su deber.
Teniendo en cuenta lo que hace este Govern en materia de urbanismo, pero también en materia de educación (donde sigue idénticas pautas), el PP balear no tiene nada que envidiar el Tea Party norteamericano. Al final, tendremos un catálogo inacabable de leyes y de políticos para una sociedad donde, sin embargo, mandará el que tenga la cara más dura o la billetera más abultada. Pero para esto no hace falta ningún político ni ninguna ley. Esos gobernantes de mentira deberían tener la decencia de irse a sus casas y dejar que la jungla funcione sola. Al menos, nos ahorraríamos su sueldo.
* Diario de Ibiza - Opinión - 17.9.13
Foto: Ibiza, bahía - turismo
