El urbanismo conflictivo e irregular de Madrid viene desde hace años y, entre otros asuntos, culminó con la sentencia el año pasado del Supremo que anulaba 20 grandes actuaciones en la periferia urbana, pertenecientes al Plan General de 1997. Esto afectaba a nuevas urbanizaciones a desarrollar en el anillo madrileño y suponía un varapalo judicial para el ayuntamiento y la Comunidad. Ahora una nueva sentencia cae sobre la casi terminada urbanización de Valdebebas.
"ELPAÍS* : El Juzgado Contencioso administrativo 34 de Madrid comunicó el pasado martes un auto del 24 de junio en el que resolvió que “habrán de quedar paralizadas” las obras de urbanización del barrio de Valdebebas, cuyo planteamiento fue anulado, junto a otros 20 ámbitos del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, por el Tribunal Supremo en septiembre. El Ayuntamiento (PP) aprobará la semana que viene la modificación urbanística que debe solventar la sentencia del Supremo, pero en los juzgados de la capital hay presentadas varias demandas por la supuesta ilegalidad de actos administrativos que contravienen presuntamente ese fallo.
Actualmente está ejecutado el 85% de las obras de Valdebebas, ubicado al noreste de la capital, junto al aeropuerto de Barajas, y donde el Ayuntamiento ha concedido licencia para 4.510 viviendas (3.240 protegidas), algunas ya acabadas y solo pendientes de la licencia de primera ocupación.
El auto suspende cautelarmente el acuerdo del Ayuntamiento de 13 de septiembre de 2012, previo a la sentencia del Supremo, que aprobó una modificación del proyecto —un nuevo puente sobre la M-12 de conexión con la T-4, y un cambio de diseño en el parque del ámbito—, así como las obras de urbanización que ya se estuviesen desarrollando. O sea, todo el ámbito.
El Ayuntamiento tiene hasta el 31 de julio para presentar recurso de apelación ante el mismo juzgado, pero, mientras se resuelve, las obras deberán paralizarse de manera inmediata, con la retirada de toda la maquinaria. “En caso de no producirse la inmediata paralización de las obras, se procederá a solicitar la ejecución del auto ante el juzgado”, comenta Ignacio Hernández Obelart, letrado del particular que interpuso la demanda. La juez ha rechazado la petición del Ayuntamiento de imponer al demandante una caución de 343,6 millones de euros, el presupuesto de las obras, por los posibles perjuicios causados por la suspensión judicial.
No es la primera medida cautelar que se toma recientemente sobre Valdebebas. En otro auto, del pasado 2 de abril, el Juzgado Contencioso-administrativo 17 de Madrid suspendía la licencia de edificación otorgada por el Ayuntamiento en noviembre a la cooperativa Residencial Adhara, gestionada por la promotora Ibosa.
Argumentaba el juez que “el interés provocado por la parte recurrente no es particular ni privado, sino público, como es proteger la legalidad urbanística y el medio ambiente, tan digno de protección como otros intereses públicos que puedan alegarse”. Además, entendía que “el interés de esa protección de la legalidad urbanística y el de velar por la eficacia material de las resoluciones judiciales deben prevalecer sobre el interés legítimo de la promotora a poner en marcha el proyecto de edificación, a pesar del desembolso de importantes cantidades de dinero”.
También está pendiente de resolución un recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia contra el acuerdo municipal que aprobó el proyecto de reparcelación de Valdebebas. La resolución se está demorando más de lo previsto, según Hernández Obelart, por “los movimientos dilatorios realizados tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Junta de Compensación de Valdebebas”.
* El País - JUAN CARLOS MARTÍNEZ - 18.7.13
Foto: Viviendas en construcción en el barrio de Valdebebas de la capital. / CRISTÓBAL MANUEL
Madrid.- Una juez ordena paralizar las obras de urbanización de Valdebebas
Galicia.- La Ley de Costas abre la puerta a regularizar 4.600 ocupaciones ilegales
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En Galicia, como en otras autonomías, la nueva Ley de Costas va a permitir la legalización (regularización, dicen) de un número elevadísimo de viviendas y construcciones dentro de lo que, antes, se consideraba dominio público. Esto crea unos antecedentes preocupantes y una clara discriminación para aquellos que cumplieron punto por punto las Normas urbanísticas existentes en un municipio o en una Comunidad. Al final los que terminan pagando esta Ley injusta son todos los ciudadanos que contemplan como se privatiza la costa sin poder hacer nada por evitarlo.
"ELPAÍS* : La reforma de la Ley de Costas ha abierto la puerta a una regularización de lo que antes eran ocupaciones ilegales del dominio público en el litoral. El Gobierno central calcula que en Galicia hay un total de 4.611 “ocupaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas” que pueden recibir una autorización conforme al remozado apartado de las disposiciones transitorias de la ley y certifica que desde 2000 solo se han demolido por esta causa 150 construcciones.
Estos datos son los que aportó el Gobierno como respuesta escrita a una pregunta del Grupo Socialista en el Congreso formulada a finales de abril por la ourensana Laura Seara y el valenciano José Luis Ábalos. En la cuestión se pedían datos precisos sobre instalaciones y construcciones en el dominio público costero y las posibilidades de que lo que hoy es ilegal pueda dejar de serlo. La respuesta viene a ser que de entrada, todo. “En la comunidad autónoma de Galicia existen unas 4.611 ocupaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas, sin que ello signifique que no puedan obtenerla al amparo del régimen transitorio de la Ley de Costas”, señala el Ministerio de Medio Ambiente. Un párrafo más abajo la respuesta del departamento de Miguel Arias Cañete matiza que “no es posible determinar con precisión el número de construcciones o instalaciones que podrían ser legalizadas con la nueva ley” y que hay que ir caso por caso: “Será cuando se tramite el correspondiente expediente cuando se valorará dicha posibilidad”, añade el ministerio.
De la misma contestación del Ejecutivo se deduce el escaso empeño de la Administración en hacer cumplir la anterior ley a rajatabla. El número de construcciones demolidas entre 2000 y lo que llevamos de 2013 fue de 150, una cifra que además tiene trampa; el grueso de los derribos (110) se produjo entre 2005 y 2008, cuando la ministra era la socialista Cristina Narbona, que se distinguió por dar un acelerón al proceso de deslinde del litoral. Ni en los cinco años previos ni en los siguientes el número de demoliciones superó las 10. Las legalizaciones, por otra parte, tampoco fueron abundantes: solo 28 en 14 años. El documento constata también que frente a las miles de ocupaciones sin concesión o autorización solo hay 351 que tengan los permisos en regla. La respuesta del Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete señala asimismo que las industrias con concesión que por ser potencialmente contaminantes necesitan de un informe previo de la Xunta para obtener una prórroga son 11. Aunque no se especifica, es en este grupo en el que se incluye el caso de la fábrica de Celulosas de Ence en Pontevedra, El informe autonómico podrá ser obviado, si es negativo, si el Gobierno central entiende que concurre el interés general.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 19.7.13
Foto: Construcciones en Moaña / LALO R. VILLAR
Cinco nuevos imputados por la trama de corrupción en Librilla
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Sigue la corrupción urbanística en la Comunidad murciana. En el caso del municipio de Librilla hay nuevas imputaciones, pero una vez más es exagerada la lentitud judicial en juzgar a esta trama de contratos públicos amañados en la que están imputados varios exalcaldes y exconcejales del ayuntamiento.
"ELPAJARITO* : El Juzgado de Instrucción que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en Librilla por la adjudicación de contratos de obras amañados ha imputado al secretario municipal, Marcos M.T., y a cuatro empresarios vinculados al Instituto Zamorano de Materiales de Construcción (INZAMAC), que han sido citados para declarar el próximo septiembre. El auto referido a estos últimos, Diego R.B., su hermano, Carlos Hugo R.B., José Ramón J.I. y Carlos R.F., al que ha tenido acceso Efe, indica que su imputación es consecuencia de los indicios aparecidos en el material incautado por la Guardia Civil en el registro efectuado en las dependencias de la empresa en Zamora.
El juez afirma que esa documentación ha permitido descubrir la relación existente entre el grupo de sociedades del que Inzamac "era el mascarón de proa" y uno de los principales imputados en la trama presuntamente corrupta, José Luis Cano, muerto en 2010 en accidente de tráfico cuando se dirigía al despacho de su abogado a preparar su defensa.
José Luis Cano estaba considerado como uno de los principales artífices de la preparación de contratos amañados dado su cargo de jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Precisamente el auto cita también a declarar, igualmente como imputados, a dos funcionarios de la administración regional y estrechos colaboradores de Cano, Fernando G.H. y Javier C.M., que deberán hacerlo en octubre.
Finalmente, también deberá declarar en la misma condición el administrador de la empresa alicantina ASOTEC, Francisco Javier C.M., en este caso, por los indicios aparecidos contra él en el registro efectuado por agentes de la Benemérita en la sede social de la misma.
Por otra parte, la providencia en la que se imputa al secretario del Ayuntamiento de Librilla, Marcos M.T., afirma que su responsabilidad nace por no haber vigilado los concursos, presuntamente amañados, que se convocaban y adjudicaban por la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL).
Según el Juzgado, esta decisión ha sido adoptada tras escuchar, en la segunda ronda de declaraciones, a los también encausados José Martínez, exalcalde del municipio; Pedro M.M., ex concejal de Urbanismo, y José Andrés C.O., gerente de IDL.
Todos ellos destacaron el papel protagonista que el secretario del Ayuntamiento tenía en la tramitación de los concursos de obras, por lo que el juez lo cita para declarar también el próximo septiembre.
La providencia judicial indica que su citación "se hace con tiempo suficiente para que pueda preparar adecuadamente su defensa, ante el volumen y complejidad de las actuaciones".
* El Pajarito - 20.7.13
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es
Jaén consuma su desafío y renuncia a la puesta en marcha del tranvía
Se sigue jugando a la política más absurda con el dinero público. Este caso de Jaén es un buen ejemplo de ello, un tranvía urbano en el que la Junta ha invertido 120 millones, es despreciado por el nuevo alcalde por ser de distinto color político la iniciativa. Otra cosa es que la infraestructura tenga errores técnicos o sea un despilfarro más, pero eso hay que defenderlo antes de iniciar las obras, no una vez que están concluidas. No se pueden permitir asuntos como este, delictivos y vergonzosos.
"ELPAÍS* : El gobierno municipal de Jaén (PP) ha consumado su amenaza y este lunes ha acordado renunciar definitivamente a poner en marcha el tranvía de la ciudad, una infraestructura en la que el Gobierno andaluz ha invertido 120 millones de euros y que está paralizada desde hace más de dos años. Esta renuncia expresa es consecuencia del empecinamiento mostrado por el alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya, que nunca ha creído en una obra promovida por el anterior gobierno socialista y de la que él siempre ha renegado: “Nunca me montaré en el tranvía”, dijo en la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales.
Tras renunciar a esta obra, una medida que el PP oficializará en el pleno del próximo viernes, el alcalde ha confirmado su intención de entregar al presidente andaluz, José Antonio Griñán, las llaves de “su criatura”. Fernández de Moya abre al mismo tiempo un conflicto de competencias con la Junta. El Ayuntamiento sostiene que, según la ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía, es el Gobierno andaluz el que tiene “competencias exclusivas” sobre esta infraestructura. Sin embargo, la Junta precisa que el Ayuntamiento debe denunciar el convenio suscrito en 2008 entre las dos Administraciones, un convenio que encomendaba al Consistorio de Jaén la gestión del servicio. La Junta ha descartado asumir esta infraestructura.
El alcalde de Jaén achaca la renuncia al tranvía a la situación de “ruina” de las arcas municipales, que lo imposibilita para asumir el pago de 30 millones de euros durante 17 años para el coste de los cinco vagones, según estipulaba el convenio firmado en su día. En la actualidad, el Consistorio adeuda a la Junta casi cuatro millones de euros por los recibos acumulados de los vagones y el 50% de los honorarios de la dirección de obra. En fuentes de la Junta sorprende la decisión del alcalde por cuanto había pactado con la Consejería de Hacienda el pago fraccionado de los vagones a partir de 2015.
Fernández de Moya se ha quejado de que la Junta sí haya financiado los vagones del metro de Granada. Pero la Junta recuerda que la infraestructura granadina tiene carácter metropolitano, al igual que la del metro de Sevilla y la del tranvía de la bahía de Cádiz, y que el Ayuntamiento jiennense no solicitó en ningún momento la declaración de interés metropolitano para el tranvía.
El Ayuntamiento jiennense negoció el año pasado con Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) la explotación del servicio, pero finalmente la auditoría de la firma pública catalana le hizo desistir del proyecto. El alcalde exploró también, sin éxito alguno, otras vías de cofinanciación del tranvía ante la negativa municipal a costear el déficit del servicio, estimado en unos cinco millones anuales. Pero el detonante de la decisión municipal fue la no asistencia de la Consejería de Fomento y de la Diputación jiennense a la reunión convocada el pasado viernes por el alcalde jiennense.
Desde la Junta se ha destacado la gravedad de la decisión del gobierno jiennense. El delegado territorial de Fomento, Juan Antonio Sáez, ha dicho que supone “un varapalo a la movilidad sostenible en la ciudad”. Y ha sido contundente a la hora de analizar las causas: “Es una renuncia de carácter ideológico del PP, que no cree en el transporte público colectivo”. Sáez cree que el alcalde “ha obstaculizado el tranvía cuanto ha podido, en perjuicio de los ciudadanos de Jaén, con el objetivo de contar con un arma para la batalla política”, y sostiene que la Junta ha asumido obligaciones que han ido “mucho más allá” de las establecidas en el convenio. “El alcalde ha hecho a todos los jiennenses rehenes de aquella declaración suya según la cual él jamás se montaría en el tranvía”, lamenta Sáez.
Al Ayuntamiento jiennense le cuesta unos dos millones al año mantener el tranvía incluso estando parado. Al pago de los cinco vagones (con sus seguros incluidos) hay que añadir otros gastos derivados de la asistencia técnica, la empresa de seguridad, el contrato de limpieza o el mantenimiento eléctrico.
El líder local del PSOE, Manuel Fernández, ha advertido de las consecuencias que puede tener devolver el tranvía a la Junta. A su juicio, “ha podido más su repulsión a que fuera la Junta de Andalucía la que construyera esta infraestructura en época de Gobierno socialista para Jaén que la posibilidad de hacer de la suya una ciudad de progreso”.
Cronología de una inversión fallida
Marzo de 2009. La Junta de Andalucía adjudica las obras para la construcción del tranvía por 74,8 millones de euros.
Mayo de 2010. La Junta asume la compra por 30 millones de los cinco vagones a pagar por el Ayuntamiento en 17 años.
Abril de 2011. La Junta acuerda con el Ayuntamiento la cesión de la infraestructura.
3 de mayo de 2011. El 3 de mayo de este año el tranvía comienza a funcionar en pruebas, y el día 19 un juez lo suspende tras la denuncia de la empresa de los autobuses.
27 de mayo de 2011. Tras ganar las elecciones, el alcalde del PP, José Enrique Fernández de Moya, dice que “la Junta debe implicarse para que el tranvía funcione”.
Julio de 2011. El Gobierno andaluz comunica que no habrá cofinanciación de la Junta.
Agosto de 2011. El alcalde entabla contactos con empresas privadas para buscar una gestión mixta del servicio público.
Diciembre de 2011. El pleno aprueba el Reglamento de Circulación del sistema tranviario, un trámite que se necesitaba para que el tranvía empezar a funcionar.
Marzo de 2012. En plena campaña de las elecciones autonómicas de 2012, el alcalde reactiva el proyecto pero lo vincula a un Gobierno andaluz dirigido por Javier Arenas.
Enero de 2013. El alcalde anuncia que sacará a subasta el tranvía tras fracasar los contactos con Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña para su explotación.
Abril de 2013. Expira la garantía del tranvía, que construyó la Junta y que supuso una inversión de 120 millones de euros.
Julio de 2013. El Gobierno municipal del PP acuerda que renuncia a poner en marcha el tranvía y que entregará las llaves a la Junta.
* El País - GINÉS DONAIRE - 15.7.13
Foto: Unos operarios inspeccionan el tranvía en la fase de pruebas, el año pasado. / J. M. PEDROSA
El Tribunal Supremo anula el plan urbanístico en Perales de Tajuña
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En 2007 se aprobaron con excesiva rapidez las Normas Transitorias del municipio de Perales de Tajuña (Madrid), durante el mandato de la presidenta E.Aguirre, a fin de poder acometer una serie de urbanizaciones muy conflictivas. Como se ha visto después, han quedado anuladas por la justicia ante el riesgo grave de inundación y otras circunstancias.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha anulado las normas transitorias en Perales de Tajuña tras el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción para evitar la reclasificación de zonas de vega con valor ambiental y cultural. Según la organización Ecologistas en Acción, el plan del municipio era construir 718 viviendas, lo que suponía incrementar un 48% el parque residencial (el municipio cuenta con 1.500). La mitad de las viviendas estaban proyectadas en una zona de vega inundable ocupada desde hace decenas de años por huertos. Además, se contemplaba la construcción de un polígono industrial.
La sentencia del 25 de junio, dictada por sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativa, es consecuencia de sendos recursos interpuestos por el Gobierno regional y por Ecologistas en Acción a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Un portavoz del Ayuntamiento ha indicado que la decisión del Supremo se debe a que Ley del Suelo establece un plazo máximo de seis meses para elaborar estas normas y el consistorio se ha excedido en el tiempo. “Como consecuencia de todo esto, vuelven a estar vigentes las normas de 1977, no adaptadas a la legislación urbanística actual cuya aplicación puede generar situaciones ambiguas y de inseguridad jurídica”, ha destacado.
Según Ecologistas en Acción, durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio intentó utilizar las Normas Transitorias para agilizar la aprobación de actuaciones urbanísticas muy conflictivas. Así, en 2007, se aprobaron las Normas de los municipios de Perales de Tajuña y de Los Molinos.
En mayo de 2012, también como consecuencia de un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, el Tribunal Supremo anuló definitivamente las Normas Transitorias de Los Molinos. La asociación afirma que Vega del Lugar es una zona inundable y está ocupada por huertos tradicionales.
* El País - 16.7.13
Foto: Perales de Tajuña (Madrid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
Marbella.- Abren juicio oral contra Del Nido y Muñoz por contratos irregulares
Seguimos con la corrupción urbanística de Marbella, aunque ahora en un aparte del sinfín 'caso Malaya'. El exalcalde Muñoz junto al abogado-asesor Del Nido (presidente del Sevilla CF), urdieron una trama en la adjudicación irregular de obras municipales a la empresa de la familia de este último. Las obras ejecutadas, además, no contaban con proyectos de construcción ni criterios de referencia a precios oficiales, con lo que resultaba difícil seguir su pista y se permitía una mayor arbitrariedad ilegal.
"EUROPAPRESS* : El Juzgado de Instrucción nº4 de Marbella (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra el letrado José María del Nido, el exalcalde marbellí Julián Muñoz y otras 11 personas más, en el caso 'Fergocon', sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de dicha localidad en 2001 y 2002. Además, insta a que paguen 3,8 millones de fianza como responsabilidad civil.
Además, a través de un auto, el juzgado declara a la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del caso. En esta causa se ha investigado una serie de obras contratadas a la empresa Fergocon, vinculada a dos hermanos de Del Nido; sociedad que supuestamente se habría creado con el único fin de realizar actuaciones para el Consistorio adjudicadas "sin expediente y sin procedimiento" adecuado.
Así, se ordena abrir juicio oral contra Del Nido y el exalcalde marbellí por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial y prevaricación, todos con carácter continuado. Para ambos, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento, personado en este procedimiento como acusación particular, han pedido 11 años de prisión. Fianza de 3,8 millones de euros Además, el juzgado que ha instruido esta causa, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda la apertura de juicio oral contra dos hermanos del letrado; así como contra varios técnicos entonces del Consistorio marbellí, exresponsables de sociedades municipales y el que era interventor municipal, al que sólo acusa el ministerio fiscal y no el Ayuntamiento. En total, 13 personas. En cuanto a las responsabilidades civiles, en la resolución se requiere para que presten fianza en la cantidad global de 3,8 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles". Así, se requiere 3,052 millones, que constituye un 80%, a la entidad Fergocon, Muñoz y los tres hermanos Del Nido; mientras que se requiere lo restante a los otros nueve acusados. El fiscal ya presentó sus conclusiones provisionales, en las que explicaba que la sociedad Fergocon, vinculada a los hermanos del letrado sevillano, se constituyó "para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz" y también se creó otra empresa para facturar trabajos a través de la anterior, con personas vinculadas a uno de los hermanos del letrado.
El ministerio público sostiene que Muñoz y Del Nido realizaron actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, la "aparente ejecución" de las actuaciones y el pago de las facturas emitidas. En una primera fase, se estima que Muñoz, como alcalde accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras públicas "con perjuicio para los intereses municipales". Estas contrataciones se hicieron a través de una empresa municipal de forma "directa y verbal, sin conocimiento ni autorización" del pleno o comisión. "Se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de contratación pública", dice el fiscal, ya que fue "sin presupuesto" previo, "sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión parcial de la normativa administrativa aplicable". Así fueron adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros. Se emitieron 501 facturas La Fiscalía Anticorrupción considera que en una segunda fase, Fergocon procedió "a la aparente ejecución de los trabajos" que le fueron adjudicados directamente, para lo que la empresa, según se precisa, emitió 501 facturas a una sociedad municipal por un importe global de cinco millones de euros. Se añade en el escrito que las obras no contaban con proyectos ni criterios de referencia a precios oficiales. Con esto, "se garantizaba la más amplia arbitrariedad y opacidad de los supuestos trabajos y de la facturación de los mismos", señala el ministerio fiscal en sus conclusiones iniciales, en las que se pone de manifiesto que en este momento "era necesario la connivencia de los técnicos municipales"; de hecho, están acusados dos de ellos y el que era coordinador de obras y luego concejal. "Fue en la ejecución de estas obras y servicios donde se produjo un desvío de capitales públicos", asevera la acusación pública, explicando que en algunos casos fue porque se facturó con sobrecoste, en otros porque no se puede determinar si las cantidades presentadas son reales y se ajustan a precios de mercado; pero en otras ocasiones porque las facturas son "íntegramente mendaces", ya que los trabajos "nunca se realizaron".
En otros casos, como es el servicio de limpieza de la vía pública, según la tesis del fiscal, Fergocon facturó más metros cuadrados de los que la otra empresa vinculada a los hermanos Del Nido, y cuyos responsables también están acusados, le había facturado. Asimismo, también se ha detectado en la investigación supuestos excesos de horas de utilización de maquinaria respecto de las realizadas. La tercera fase es el abono por parte del Consistorio, de forma que Muñoz y los hermanos Del Nido "concertaron" una doble vertiente, por un lado, pagos con transferencia de bienes inmuebles mediante convenios de dación en pago entre una de las sociedades municipales y Fergocon, en algunos casos "incluso antes de que se iniciaran los trabajos"; y, por otro lado, el abono de cantidades de dinero mediante transferencias bancarias. El fiscal sostiene que en las transferencias de dinero "intervinieron" tanto el que era concejal de Hacienda como el entonces interventor, quien "no ejerció su función interventora" y que pasó "de ser sancionado a percibir retribuciones" y complementos, que se investigan en otra causa. Los reparos que ambos pudieron hacer a los pagos, dice la acusación, "hubieran paralizado la sangría de fondos públicos".
* 20 Minutos - EP - 18.7.13
Foto: Marbella, Del Nido con Muñoz - malagahoy.es
Barcelona.- El juez concluye que CDC recibió 5,1 millones en comisiones de Ferrovial
Como se está viendo las comisiones ilegales abundan también entre los gobiernos nacionalistas, como es el caso de Convergencia de Catalunya. El caso de corrupción del Palau de la Música se va arrastrando desde hace 14 años y es ahora cuando la justicia lo da por concluido, cuando acusa al partido del president de la Generalitat de recibir más de 5 millones en comisiones pagadas por la empresa constructora Ferrovial. Pero, de momento, parece que aquí tampoco hay responsabilidades políticas. Increíble.
"ELPAÍS* : Cuatro años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música, el juez que investiga el expolio de la institución musical catalana ha dado por cerrado el caso. Y ha concluido, entre otras cosas, que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de forma irregular a través del Palau. La constructora Ferrovial pagó, según el magistrado, un total de 5,1 millones en comisiones ilegales al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol.
La empresa y el partido político llegaron a un “acuerdo” que comenzó “al menos en 1999” y se prolongó un decenio. Ferrovial camufló como generosas donaciones al Palau lo que, en realidad, eran pagos ilícitos para disfrutar de una posición ventajosa en la adjudicación de obras. La constructora pagaba, “por regla general”, una comisión que suponía el 4% del importe de la obra en cuestión. De esa cifra, el 2,5% iba a parar a las arcas de CDC, mientras que el 1,5% restante se lo repartían (a partes desiguales) los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, como premio a su labor como intermediarios.
El “flujo de fondos” llegó por tres canales. El más voluminoso (2,3 millones) fueron “entregas en efectivo” entre 2000 y 2007 a los tesoreros: Carles Torrent (muerto en 2005) y su sucesor, Daniel Osácar, una de las 17 personas que el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, mantiene imputadas en la causa.
La segunda vía (2,1 millones) fueron las “facturas falsas” emitidas por cinco empresas —New Letter, Letter Graphic, Altraforma, Hispart y Publiciutat— al Palau. Esas compañías cobraron de la institución musical por trabajos inexistentes o servicios que, en realidad, prestaron a Convergència; por ejemplo, de buzoneo electoral. Dos de esas firmas hicieron llegar los fondos a CDC en forma de donaciones al partido o a su fundación afín, Trias Fargas. Otros 630.655 euros aterrizaron en la formación mediante “convenios de colaboración aparentes” entre el Palau y la citada fundación. La cifra total asciende a casi 5,1 millones de euros, algo menor de la que estimó la fiscalía (6,6) en su último informe.
Osácar y el exdiputado de CiU Jaume Camps —que participó en el pago de las comisiones— son los dos únicos imputados de CDC. Pero la responsabilidad del partido no acaba ahí. En línea con el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, el juez cree que en el acuerdo con Ferrovial intervinieron “otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente” sobre los cargos públicos de la Generalitat y de los Ayuntamientos comandados por CiU que debían decidir sobre las adjudicaciones. El auto concluye que Convergència debe responder como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de un dinero de forma ilícita. El partido ha puesto su sede central como aval para cubrir la fianza impuesta en su día por el juez.
Pijuan detalla las cuatro obras que, presuntamente, ganó Ferrovial gracias al pago de mordidas y que suman 1.159 millones. Las de mayor envergadura son la Ciudad de la Justicia de Barcelona y la línea 9 del metro. En una nota pública, la constructora negó ayer cualquier tipo de acuerdo para “alterar el correcto desarrollo” de los concursos públicos y defendió la bondad de su contrato de patrocinio con el Palau, que le reportó “las ventajas de publicidad e imagen propias de este tipo de convenios”. La compañía recuerda que, en las obras bajo sospecha, su oferta obtuvo “la mayor puntuación global y la mejor valoración económica”.
Las anotaciones en las agendas personales de Millet, los documentos hallados en ordenadores y la declaración de algunos testigos son la base probatoria del caso Palau. En su auto, el juez da una cifra final al expolio perpetrado por Millet y Montull en beneficio propio y de terceros: 26,5 millones. Ya fuese mediante facturas falsas o trabajos inexistentes, los saqueadores consiguieron que el Palau cargara con los gastos de viajes familiares a destinos exóticos —Polinesia, Maldivas o Dubái, entre otros— e incluso con las bodas de las hijas de Millet, Clara y Laila.
Millet, gracias a su “poder absoluto” y a la “dejación de funciones” de los órganos de control acometer un “verdadero expolio”. El juez ha decidido archivar la causa respecto a las esposas de Millet y Montull, entre otros.
Uno de los misterios que quedará por resolver del caso Palau es el destino de 9,6 millones que se cobraron —en cheques al portador y en efectivo— en ventanilla de diversas entidades bancarias. El destinatario de esas cantidades se ignora “pese a los esfuerzos” de la policía. Pijuan afea a los bancos su “falta de colaboración”, para averiguar quién cobró esas cantidades, ya que respondieron que no tenían la documentación o que no la encontraban.
En un escrito remitido al juez hace unos días, el Palau -que ejerce la acusación particular como víctima del expolio- cargó contra los exresponsables de la institución, pero omitió cualquier alusión a Convergència, como publicó ayer El Periódico de Catalunya. El Palau emitió ayer un comunicado en el que matizó que “manifestará su posicionamiento definitivo” en el escrito de acusación que remita próximamente al juzgado, y que “tendrá que ser previamente aprobado por los respectivos órganos de gobierno de la Asociación Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música”.
La estrategia de Convergència tras el cierre de la instrucción del caso Palau no ha variado. Pese a que el juez considera acreditado que el partido recibió 5,1 millones, la formación lo niega y acusa al magistrado de no tener pruebas. “Los indicios que ahora determina el juez no tienen una base sólida”, se defendió CDC en un comunicado, en el que se escudó en la decisión del Palau de la Música de excluir a CDC de su acusación. A ello se acogió también uno de los dirigentes del partido, el consejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs. Consideró que el escrito “no demuestra nada” y vio “más razonable” la opinión de los actuales responsables del coliseo. “De lo que dice el juez, los perjudicados no hablan. Entra en contradicción”, apuntó Homs. El consejero, contundente, afirmó que los controles de adjudicación de obra pública “eran, y lo son ahora”, totalmente transparentes. Homs recordó que el tripartito hizo una auditoría para revisar las adjudicaciones “y no encontró nada”.
Toda la oposición exigió explicaciones urgentes al líder de CDC y presidente de la Generalitat. Artur Mas comparecerá el día 31 en el Parlament para detallar la presunta financiación irregular de su partido, en una sesión prevista antes de conocerse las conclusiones del juez. Incluso ERC, socio del Gobierno, exigió mediante su secretaria general Marta Rovira que “depure todas las responsabilidades que tenga que depurar”, informa Neus Vidal.
El PSC, que junto a Ciutadans y la CUP comparó los hechos del Palau con el caso Bárcenas, subrayó que “atenta contra la credibilidad del sistema”, en palabras del portavoz Jaume Collboni. Y Joan Herrera, de ICV, hizo un resumen del caso: “El corruptor, que era Ferrovial, paga al corrupto, que eran los cargos de CDC, comisiones para encarecer las obras de la línea 9 del Metro”.
* El País - JESÚS GARCÍA - 16.7.13
Foto: Millet y Montull imputados en caso Palau - elpais.com
Madrid pagará a Capio 11 millones por un hospital sin estrenar
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Esto es lo que tiene la privatización de la Sanidad y su gestión. Durante 2013, los madrileños pagarán por el mantenimiento y la amortización de la deuda del nuevo Hospital de Collado-Villalba, que no abrirá sus puertas hasta finales del próximo año. El gobierno madrileño pagará 938.465 euros al mes a Capio, el 88% destinado a pagar la deuda de la construcción del hospital, y el resto para sufragar el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de un centro, que a día de hoy sigue cerrado.
"CADENASER* : Ni se inauguró en 2011, tal y como estaba previsto, ni tampoco este pasado verano. La inauguración del nuevo Hospital de Collado-Villalba se retrasó voluntariamente porque la Comunidad de Madrid no tenía dinero para mantener su apertura.
Y no tenía "porque Madrid no contaba con un recorte de 1.000 millones de euros en nuestros presupuestos", insisten desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Las consecuencias de ese recorte, es que se retrasó la apertura del Hospital de Collado-Villalba. Y la consecuencia de ese retraso, ha sido el pago de un dinero no rentabilizado.
Un dinero que le va a salir caro a los madrileños porque van a pagar por un hospital cerrado. Un centro que de momento no van a poder utilizar. Concretamente, el Gobierno madrileño pagará 115.351 euros al mes en concepto de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, de seguros, de suministros y de tributos.
Es decir, los madrileños pagarán en 2013, casi 1.400.000 euros para mantener un hospital público, gestionado por una empresa privada (Capio), que sin embargo, no podrán utilizar hasta finales de 2013, pese a que el edificio está prácticamente terminado.
Más dinero
Pero al coste del mantenimiento de un hospital cerrado, hay que sumar también la amortización de la obra una vez terminado y entregado el proyecto. Es decir, el pago de la deuda a Capio. Por ese en concepto, también se pagarán otros 823.000 euros al mes, es decir, casi 10 millones al año.
A la Comunidad de Madrid todavía le restan otros 108 millones por pagar. Eso es lo que le ha costado al Gobierno madrileño la puesta en marcha de este nuevo hospital.
Pese a todo, desde la Consejería de Sanidad ven el vaso medio lleno, admiten que "al menos en este año de retraso, la Comunidad de Madrid se ha ahorrado 60 millones de euros."
* Cadena Ser - JAVIER BAÑUELOS 13-12-2012
Foto: Imagen del nuevo Hospital de Collado-Villalba- (COMUNIDAD DE MADRID)
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid pierden el juicio con el Urbanismo
Menos es nada y parece que la justicia madrileña está empezando a actuar sobre algunos grandes planes de la Comunidad y el municipio. Después de años de hacer y deshacer lo que les venía en gana en Urbanismo, la gran Operación Chamartín y el aumento de edificabilidad en El Corte Inglés, momentáneamente, han sido anulados por los tribunales. Habrá que estar atentos.
"VOZPÓPULI* : En apenas quince días, la Justicia ha echado por tierra dos desarrollos urbanísticos relevantes en Madrid: la sempiterna ‘operación Chamartín’ y la permuta de unos terrenos pertenecientes a El Corte Inglés por la autorización a incrementar la edificabilidad de tres de sus centros comerciales. Pero no han sido los únicos casos en el último año y medio. Así, la misma suerte han corrido otras operaciones significativas como la explotación de los terrenos ocupados actualmente por el estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de cervezas Mahou y, especialmente, el desarrollo de una veintena de nuevos barrios en Madrid. Podría decirse que la totalidad de modificaciones urbanísticas de relevancia en la capital de España y su provincia han sido rechazadas por los tribunales.
El último episodio se ha conocido esta misma semana. Como adelantó Vozpópuli, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulaba la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad referida al incremento de edificabilidad de los centros de El Corte Inglés de Serrano, Campo de las Naciones y Méndez Álvaro a cambio de parcelas que el grupo de distribución cedería a cambio.
De esta forma, los jueces estimaban parcialmente el recurso presentado por un particular contra la operación al considerar que la justificación tanto del aumento de edificabilidad de los centros como la idoneidad de la permuta de terrenos no estaba justificada por estudio alguno. Además, el proyecto no había previsto la dotación de plazas de aparcamiento que exige la Ley.
Adiós a más de 20 nuevos barrios
La semana anterior, los tribunales volvía a golpear los planes urbanísticos de Comunidad y Ayuntamiento. En concreto, los jueces tumbaban de un plumazo la llamada ‘operación Chamartín’, el mayor desarrollo urbanístico de Europa en la llamada prolongación de la Castellana, con un total de 3,1 millones de metros cuadrados.
Como también avanzó este portal, una sentencia determina que la edificabilidad en la zona debería limitarse a un total de tres alturas. Los planes de la operación contemplan el levantamiento de hasta 18 rascacielos y varios bloques de viviendas cuya altura sobre el plano supera la establecida como máxima.
Una sentencia muy similar a la dictada en febrero de 2012 nuevamente por el TSJM que suponía un revés a la operación sobre la explotación de los terrenos que actualmente ocupan el estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de cerveza de Mahou anexa.
Los jueces estimaron parcialmente un recurso presentado por la asociación Señales de Humo, vinculada a seguidores del Atlético de Madrid, y limitaron a tres alturas más ático la edificabilidad de la zona, cuando los bloques de viviendas previstos superaban los diez pisos.
Mientras, a finales del pasado año el Tribunal Supremo dictaba sentencia contra el desarrollo de más de una veintena de nuevos barrios en la provincia de Madrid (entre ellos, Valdebebas, Arroyofresno, Valdecarros y Los Berrocales) al considerar que los suelos sobre los que se planean no son en realidad urbanizables. En total, más de 100.000 potenciales viviendas cuya construcción y entrega se retrasará hasta que las Administraciones Públicas de Madrid no se adapten a la sentencia del Supremo contra la que no cabe recurso.
Urbanismo a la carta
Semejante sucesión de choques con la Justicia y varapalos a modificaciones urbanísticas han causado la correspondiente alarma y la petición de explicaciones por parte de la oposición. David Ortega, portavoz municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, señala que “el PP está apostando por un urbanismo a la carta al que UPyD se ha opuesto desde el primer momento y ahora comprobamos cómo los tribunales nos van dando la razón”.
Ortega va más allá y señala que esta significativa cascada de fallos judiciales en contra de los intereses del Ayuntamiento se ha producido porque desde el Consistorio se están elaborando de facto convenios urbanísticos de planeamiento, prohibidos por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 1997. “¿En qué consiste esto? En que si el planeamiento urbanístico de la ciudad estorba para determinado proyecto, se modifica y punto”.
Pero el final del capítulo aun no se ha escrito. Otros proyectos de gran magnitud están llevando el mismo camino. Uno de ellos es la ampliación del estadio Santiago Bernabeú con la construcción de un centro comercial en su fachada, operación que se encuentra también en los tribunales e incluso está siendo objeto de investigación por parte de la Comisión Europea.
Otro es la llamada ‘operación Canalejas’ a la que se han presentado una serie de alegaciones por parte de prestigiosos arquitectos. Bien podrían ser los próximos episodios de un proceso que deja bien a las claras una sensación que recorre los pasillos de la sede del Ayuntamiento de Madrid: algo no se está haciendo bien porque tanto rechazo por parte de los tribunales constituye un hecho sin precedentes.
* Voz Pópuli - Raul Pozo - 14.7.13
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y presidente Comunidad, González - vozpopuli
Córdoba.- Urbanismo prevé ingresos de 700 casas ilegales en el 2014
"CÓRDOBA* : El plan de viabilidad de Urbanismo, que el gerente, Juan Luis Martínez, está presentando a los trabajadores y que ayer fue esbozado a los miembros del consejo rector, prevé obtener ingresos a través de la regularización de unas 700 viviendas durante el 2014. Es solo una previsión y se basa en que de las 12.000 parcelas ilegales existentes en todo tipo de suelo --la mayoría con casas--, hay 8.000 en proceso de regularización, de las que 700 son las que lo tienen más fácil a corto plazo. Las tasas que pagarán dependerán de los metros cuadrados.
El 10% de los aprovechamientos, que en el caso de las parcelaciones se cederá en dinero, generará ingresos. Urbanismo calcula que 1,5 millones o 2 millones a corto plazo, es decir, de aquí a mitad del 2015, según explicó ayer el gerente. A esto hay que sumar unos 4 millones que se esperan de las tasas del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO). A esto se unirá la actividad urbanística que se genere, aunque no será la misma que en los años del boom . La intención de Urbanismo es llegar al final del próximo ejercicio, el 2014, con un remanente de Tesorería saneado.
El plan de viabilidad no contempla despidos ni traspaso de personal de la Gerencia al Ayuntamiento, según aseguró ayer el gerente. Aún así, de aquí al 2017, la plantilla menguará en un 31% con jubilaciones y otras bajas. Así, se pasará de los 140 trabajadores actuales a 118. Del 2011, cuando había 168 empleados, hasta ahora, ya se ha producido una merma del 23%.
Otro de los objetivos es disminuir entre un 30 y un 35% los costes de la tramitación de expedientes, logrando, además, mejorar la atención al ciudadano. Para conseguir ese ahorro se tienen en cuenta tres variables, el coste laboral, el número de personas necesarias, y el tiempo que se tarda en los trámites. La finalidad es simplificar los procedimientos. Esto se pretende conseguir con la reorganización de los servicios en tres áreas, con sus departamentos jurídicos, administrativos y técnicos.
* Córdoba - ISABEL LEÑA - 11/07/2013
Foto: Córdoba, ayuntamiento - wikanda.cordobapedia.es
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El fiscal imputa a 13 empresarios y políticos por el ‘caso Gürtel’ en Boadilla
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El caso Gürtel de corrupción urbanística parece no tener fin. La rama madrileña tiene en Boadilla uno de sus epicentros, con los gobiernos municipales 'populares' como principales implicados en la trama mafiosa. Como suele ocurrir, la concesión de contratos de obras y servicios públicos a cambio de comisiones a políticos, es el asunto que ahora está llevando la justicia con 13 imputados por ello.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, que tome declaración como imputados a 13 políticos y a empresarios relacionados presuntamente con las adjudicaciones de obras y servicios en Boadilla del Monte. El ministerio fiscal sospecha que los acusados han cometido presuntos delitos contra la Administración pública —cohecho, prevaricación, malversación y fraude—, además de delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales. Entre los imputados se encuentra el exalcalde del municipio, Arturo González Panero, del PP, al que el fiscal acusa de haber desviado los fondos obtenidos ilegalmente a Suiza, Panamá, Miami, Madeira y Marruecos.
El fiscal, en su relato al juzgado, describe el modus operandi de la trama. “Al menos desde 2000 y hasta febrero de 2009, desde el entorno de Francisco Correa Sánchez se habrían entregado dádivas en forma de regalos —como viajes y artículos de joyería— o efectivo a funcionarios y autoridades [municipales] con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública para obtener adjudicaciones bien para sus empresas, bien para empresas de terceros”. Así, los cargos acusados están vinculados al Ayuntamiento de Boadilla o a su empresa de suelo y vivienda. El ministerio fiscal apunta directamente contra el exalcalde Arturo González Panero; el exdiputado Alfonso Bosch Tejedor; el exvicepresidente de la empresa de suelo, César Tomás Martín Morales, y el exconcejal José Galeote Rodríguez, así como contra el también exalcalde de Boadilla Juan Siguero Aguilar, que “habría cooperado en la adjudicación irregular de determinados contratos”.
Según el fiscal, las sociedades de Correa (Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimetrico y Servimadrid) obtuvieron “numerosos contratos en cuya adjudicación se habría vulnerado la normativa de contratación pública”. ¿Y cómo lo hacían? Mediante una adjudicación directa, “incluso con posterioridad a la prestación del servicio”, participando en la elaboración de los pliegos o fraccionando por debajo de los 12.020,34 euros los contratos para poder adjudicarlos directamente sin concurso.
Pero también, según el fiscal, hubo empresas de terceros que se beneficiaron de las adjudicaciones “a cambio de comisiones abonadas” a los cargos públicos. Entre ellas, destacan Constructora Hispánica, Eoc de Obras y Servicios, Teconsa, Sufi y UFC.
De esta manera, según los acusadores públicos, obtuvieron la ejecución del Parque del Deporte y la Salud, la remodelación de la calle de José Antonio, la glorieta de la calle de Bárbara de Braganza y la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio. Teconsa, que habría pagado comisiones por valor de 1,8 millones de euros, obtuvo gracias a la red las obras de piscina municipal cubierta de Las Eras, la redacción y edificación de 98 viviendas de protección pública, la ejecución de las obras de dos colegios, la edificación de 80 viviendas, 80 trasteros y 160 plazas de garaje en el sector S.4, y otros 57 pisos, 57 trasteros y 97 plazas de garaje en la avenida de Julio Fuertes.
Sufi, por su parte, obtuvo la recogida de residuos urbanos, de los que abonó 98.369,42 euros a la sociedad Special Events, que “se habrían destinado a sufragar los gastos personales de Arturo González Panero”. Igualmente, la trama se quedó con los derechos de superficie de tres parcelas del Residencial XXI. Estos terrenos eran en realidad propiedad de los implicados, que crearon sociedades interpuestas para ocultarlo. La fiscalía sostiene que Correa pagaba a González Panero sus servicios mediante regalos y dinero con facturas “cuyo destinatario real era” el exregidor.
Los regalos y entregas en efectivo ascendieron, en el caso de González Panero, a 600.000 euros; a César Tomás Martín y a Alfonso Bosch les correspondieron 250.000, y a Jesús Galeote Rodríguez, 500.000 euros. Según la fiscalía, estos pagos “no habrían sido declarados en sus correspondientes declaraciones tributarias”.
“Más aún”, escribe el ministerio fiscal, Galeote y González Panero invirtieron “parte de estos fondos”, junto a otros imputados, “ocultándose tras una \[sociedad\] mercantil, que les habría puesto a disposición Francisco Correa, en Madeira. Se trata de la sociedad llamada Freetown Comercio e Serviços. “Esta inversión se habría transferido posteriormente a la cuenta del HSBC de Ginebra a nombre también de otra sociedad, esta vez panameña, Itelsa Development Group Corp”.
Hoy Panero declarará ante Ruz. En los próximos días lo harán César Tomás Martín, Alfonso Bosch, José Galeote y los empresarios Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, Gonzalo Naranjo, Rafael Naranjo, Ramón Blanco, Rodolfo Ruiz y Luis de Miguel. José Martínez está a la espera de un informe forense.
* El País - VICENTE G. OLAYA - 16.7.13
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
Santa Cruz.- La excúpula de Urbanismo, imputada por estafa y falsedad
Seguimos con el urbanismo ilegal en Santa Cruz de Tenerife, ahora hay que irse casi 20 años atrás cuando el ayuntamiento concedió una licencia que luego fue anulada por la justicia, obligando a la demolición de lo construido, algo que todavía no se producido, por lo que existe una grave acusación judicial contra la excúpula de urbanismo.
"ELDÍA* : El exconcejal de Obras Públicas Norberto Plasencia, el exconcejal Urbanismo Manuel Parejo, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el exsecretario municipal Víctor Reyes están imputados por prevaricación administrativa, estafa procesal y falsedad en documento público por conceder una licencia de obra irregular y no acatar el fallo judicial que ordenaba la demolición de una parte de un edificio en la calle Rubens Marichal López, nº12, según un auto judicial al que tuvo acceso este periódico.
Además, también está imputada la presidenta de la comunidad de propietarios a finales de los años noventa.
Los hechos se remontan a 1994, cuando Norberto Plasencia, como director de la gerencia de Urbanismo, otorgó a Explotaciones Agropecuarias y Constructoras POL SA licencia para la construcción de un edificio de tres plantas sobre rasante y dos bajo rasante en la calle Rubens Marichal López, número 12. Esta licencia motivó un recurso que fue desestimado, por lo que se inició la vía judicial. El Contencioso-Administrativo falló el 26 de noviembre la nulidad del acto administrativo de concesión de licencia.
Según el escrito de la Fiscalía, "a partir de ese momento, los imputados Manuel Parejo y Norberto Plasencia, como responsables de la Gerencia de Urbanismo, llevaron a cabo sucesivas actuaciones dirigidas a entorpecer e imposibilitar la eficacia de la resolución recaída, omitiendo por tanto ordenar la oportuna demolición [...], todo ello a pesar de ser plenamente conscientes de la ilegalidad de su proceder".
Entre estas actuaciones, menciona que Plasencia presentó "un proyecto de demolición en el que se alteraba maliciosamente las mediciones y distancias de la construcción controvertida respecto al espacio público, con la clara y única finalidad de evitar demoler una parte del inmueble en evidente contradicción con el contenido del fallo judicial". Así, se certificó que solo invadía dos metros de espacio público, en vez de los 5 que estaban ratificados desde un principio, con la particularidad de que los dos metros que debían demolerse solo afectaba a las terrazas, según pudo saber este periódico.
El tribunal instó nuevamente a la demolición, por lo que los acusados "llevaron a cabo una simulación en el ámbito" de un proceso civil. El fiscal especifica que la presidenta de la comunidad de propietarios Rubens Marichal López, número 12, "presentó demanda justificando el terreno del terreno controvertido sobre unos documentos y planos en los que se alteraban maliciosamente los lindes".
La Fiscalía considera que tanto Tomás Martín como Víctor Reyes y Manuel Parejo "transigieron con el planteamiento de la parte demandando, no dando las instrucciones oportunas a sus servicios jurídicos para oponerse a los planteamientos de la parte demandante, desistiendo igualmente de la interposición de recurso".
El fraude que supuso ese proceso civil provocó que no se pudiera ejecutar la demolición, ordenada judicialmente hace ya dieciséis años.
Imputados habituales
El exconcejal Norberto Plasencia también ha sido imputado por prevaricación en el caso Siliuto, en el que se compró el inmueble por encima del valor del mercado, y en el caso mamotreto, también por el mismo delito. Víctor Reyes fue imputado en el caso Las Teresitas y también lo ha sido en el caso Siliuto y en el Parque Marítimo. En este último, por tráfico de influencias.
La Ley, 16 años después
Dieciséis años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenara la demolición de una parte de un edificio, este no se ha producido. El Juzgado de Instrucción número 3 es quien se ha hecho cargo de los cargos de prevaricación y demás.
* El Día - 10.7.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity
Castilla-La Mancha: Dos aeropuertos con menos de diez años y sin vuelos
Los despilfarros públicos en infraestructuras han sido inmensos, hasta en comunidades poco habitadas como esta, que ahora posee estaciones de AVE con mínimo uso en sus capitales y dos nuevos aeropuertos vacíos, que son el hazmerreir del dispendio gubernamental. Pero, por supuesto, ningún político de Madrid o Toledo ha pagado por ello. Ni remotamente.
"ELDIARIO* : Castilla-La Mancha: 79.500 kilómetros cuadrados, 2,1 millones de habitantes repartidos en cinco provincias y una curiosidad en el terreno de las infraestructuras: hasta enero de este año, era la única comunidad autónoma española que tenía estación de AVE sirviendo a todas sus capitales. Otra curiosidad es que hasta hace 10 años no contaba con ningún aeropuerto comercial, aunque los dos que se han abierto en esta década han sido sonoros fracasos: Albacete, aprovechando la pista de la base aérea de los Llanos, actualmente no tiene vuelos de pasajeros, ni siquiera en modo chárter de verano y por otro lado, el tristemente célebre aeropuerto de Ciudad Real, uno de los símbolos más claros del oportunismo, la burbuja inmobiliaria y los proyectos realizados sin estudio de mercado. Tampoco tiene vuelos y de hecho, está prohibido aterrizar en su flamante pista de 4.000 metros, ya que la instalación está clausurada.
Además de estas dos instalaciones, la comunidad cuenta con un importante helipuerto militar en Almagro y 46 aeródromos dedicados a los trabajos aéreos, aviación deportiva, tareas de defensa forestal, e incluso algunos usados exclusivamente para el aterrizaje de jets privados de personajes conocidos y anónimos, que llegan desde diferentes lugares de Europa para participar en monterías en fincas privadas.
Albacete-Los Llanos
Los terrenos donde hoy se levanta la base aérea de los Llanos, inició su actividad como aeródromo en 1929, con una escuela de aviadores civiles y militares. Durante buena parte de la guerra civil fue sede del Estado Mayor de la Aviación Militar republicana desde (noviembre de 1936 hasta abril de 1938) y posteriormente de la aviación de transporte de las FARE hasta marzo de 1939.
Tras la contienda, los Llanos perdió su carácter mixto para ser exclusivamente militar y solo fue abierto de nuevo al tráfico civil a solicitud del Aeroclub de Albacete, limitando los movimientos a las aeronaves de esta institución y, puntualmente a algunas invitadas de otros clubs similares. Paralelamente, por las instalaciones militares han ido pasando aviones de transporte y desde los 70, cazabombarderos Mirage F1, aparatos que han sido retirados del servicio en fecha reciente, siendo sustituidos por los Eurofighter.
En lo estrictamente civil, una circunstancia extra aeronáutica cambió la política del Ministerio de Defensa y Ejército del Aire al respecto de los vuelos comerciales: el 9 de Junio de 1991, el Albacete balompié consiguió por primera vez en su historia, el ascenso a Primera División, teniendo como entrenador a Benito Floro. Eso hizo que también por vez primera, durante la temporada futbolera 91-92, los equipos de primera división con mayor presupuesto llegasen a la ciudad por vía aérea, aterrizando en la base. Aprovechando la ocasión y de modo excepcional, algunas agencias de viajes organizaron sus primeros chárter hacia baleares, siempre aprovechando la estructura existente.
El nuevo aeropuerto de Albacete se entregó en 2005, con un coste de 13 millones de euros. Los primeros pasajeros lo utilizaron por sorpresa en septiembre, aunque no fue inaugurado hasta noviembre, cuando cuadraron las agendas de todos los políticos que estuvieron presentes en el acto: Barreda, Bono, Álvarez y el alcalde de Albacete, Pérez Castell.
Las nuevas instalaciones siguieron manejando el mismo número de pasajeros, tocándose el techo de usuarios en 2008, con 19.000 pasajeros. Esto es, 52 pasajeros al día, básicamente los del vuelo diario a Barcelona, que el consistorio local pidió que fuesen operados dos veces por día.
Paralelamente, en 2007 apareció en Albacete una compañía aérea local: Pronair, que inicialmente ofreció vuelos de aerotaxi, a 2.700 euros por hora de vuelo, desde Los Llanos a toda Europa y norte de África. Su entonces directora comercial justificaba la apuesta por ese lugar con un “por su posición estratégica en España, a medio camino entre Madrid y ciudades importantes del Levante español como Valencia, Alicante o Murcia, por eso queríamos estar en Albacete”. Los propietarios de la aerolínea, aun viendo las discretísimas cifras de tráfico aéreo que generaba la instalación, expandieron su flota, adquiriendo dos aviones McDonnell Douglas MD87 de 125 plazas y ni más ni menos que dos Boeing 747 cargueros, anunciando con su incorporación, su gran apuesta por la ciudad.
Hoy pronair no existe. Uno de sus MD87 está aparcado en Barcelona desde hace años, y un 747 está en situación similar en el aeropuerto de Valencia-Manises, como recuerdo de una burbuja aeronáutica desproporcionada y muy poco estudiada, en la que varios empresarios (de diferentes procedencias, pero básicamente del sector de la construcción) encontraron muy sexy tener ya no tan solo un jet privado sino incluso montar una compañía aérea.
El año pasado, Albacete, ya prácticamente sin vuelos comerciales y con un horario restringido a seis horas diarias, registró un total de 3.900 pasajeros. La mayor partes son usuarios de jets privados, que vienen a España de cacería, usuarios de pequeños monomotores de escuelas de vuelo o aeroclubes o bien los empleados de EADS que vuelan desde la factoría de Eurocopter en Albacete, un fabricante de helicópteros, cuyo funcionamiento depende casi en exclusiva de los contratos con el Ministerio de Defensa. La idea de llevar allí la factoría fue idea del entonces Ministro José Bono, a pesar de que pocas personas del sector vieron con buenos ojos su ubicación. Ahora, con el recorte de número de helicópteros NH90 encargados por el gobierno, la inquietud laboral por la viabilidad de la instalación no se restringe exclusivamente al aeropuerto en si, sino también a la factoría de la filial de EADS.
Ciudad Real
A mediados de los años 90, la cámara de comercio de Ciudad Real junto a la Diputación Provincial y el ayuntamiento, plantearon que un aeropuerto a más de 200 kilómetros de Madrid era la mejor alternativa para un Barajas por entonces saturado, por lo que en 1997 se inició el trámite ante Fomento para su construcción, redactando un plan director muy discutido que ubicaba una inmensa instalación entre los términos municipales de Ciudad Real, Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo, junto a la línea de tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en su tramo Ciudad Real-Puertollano.
La zona donde se decidió implantar el aeropuerto chocaba frontalmente con una ZEPA, Zona de Especial Protección de Aves, motivo por el que grupos ecologistas se opusieron desde el primer momento a esta aventura aérea, defendiendo su postura incluso en Bruselas. A pesar de todo ello, la Junta de Castilla la Mancha, presidida por José Bono, que se convertirá en uno de los grandes valedores del proyecto, incluye su construcción dentro del “Plan de Desarrollo Regional 2002-2006”.
Las advertencias de la UE, los informes negativos del Ministerio de Medio Ambiente y el activo papel de las organizaciones ecologistas dilataron el inicio de las obras, aunque al final, en 2002, el Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Francisco Álvarez Cascos acabó dando luz verde al inicio de las obras, que son paralizadas dos años después. Posteriormente, en un enrevesado proceso, las obras continúan, a pesar de las continuas advertencias, la creación de un ‘comité de seguimiento ambiental’ y otras vicisitudes, aunque al mismo tiempo, Fomento, ya en manos de Magdalena Álvarez aprueba el plan director de la instalación, aunque días antes de su inauguración, en octubre de 2008 niega el inicio de vuelos al no cumplir la DIA, Declaración de Impacto Ambiental.
Finalmente, en diciembre de 2008 aterriza el primer vuelo comercial: un pequeño biturbohélice “Dash 8” de Air Nostrum procedente de Barcelona tomó tierra en la inmensa pista de 4.000 metros de largo y 60 de ancho. A bordo, 16 pasajeros: 15 socios de las casas regionales de Castilla-La Mancha en Cataluña y un periodista. Pocos minutos después llegó un Boeing 737 de Air Berlín procedente de Palma de Mallorca con medio centenar de pasajeros. Estas dos fueron las primeras compañías que operaron allí (previo acuerdo económico) con ocupaciones muy discretas. Los responsables de la instalación hablaban de dos millones de pasajeros anuales en el primer año entero de servicio, pero esa cifra quedó muy lejos cuando cerró el ejercicio 2009: por allí pasaron tan solo 53.000 pasajeros.
En el centro de toda esta locura, CCM, Caja Castilla la Mancha, la primera caja intervenida, consta como socia de referencia aportadora de créditos a un buen número de socios. Estos desarrollaron la infraestructura ayudándose de sus propias empresas y se convirtieron, a su vez, en proveedores de todo tipo de servicios de construcción y de consultoría. A esto se le añadió un claro nepotismo político en la contratación de los diferentes cargos de gestión, salarios desorbitados y fuera de mercado para profesionales sin experiencia (en algunos casos incluso sin idiomas). La última aerolínea que operó en Ciudad Real fue Vueling (con un generoso apoyo económico), que acabó suspendió vuelos en 2011, tras unas cifras de ocupación más que discretas: un 19% en la ruta a París y un 34% a Barcelona. Ryanair, que llegó a ofrecer algunas rutas ya había puesto “pies en polvorosa”, del mismo modo que Air Nostrum y Air Berlin, que nunca vieron nada claras las promesas de crecimiento ni la viabilidad de la instalación.
La realidad hoy es un aeropuerto cerrado, cercano a mil millones de euros, sin vuelos ni empleados, cuyos últimos usuarios fueron los participantes en el rodaje de “Los amantes pasajeros”, el último film de Almodóvar, que aprovechando lo desértico del lugar, aprovecharon para rodar una serie de escenas centradas en el aterrizaje de emergencia de un avión, que era en realidad, una maqueta de cartón y madera, metáfora de una obra faraónica en medio de la nada, que arrastra una deuda cercana a los 400 millones y que únicamente ha beneficiado a un puñado de personas que no pensaban en un plan de viabilidad sino en construir, aprovecharse de la obra y, posteriormente, vender una instalación a un tercero.
* El Diario - Javier Ortega Figueiral - 6.7.13
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Un juez imputa al alcalde de Ponteareas y a un cura por obras en una iglesia
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Aquí está de nuevo la España cañí, ahora también en Galicia. Los representantes de la iglesia y el cacique de turno dispuestos a saltarse todas las leyes existentes en el Patrimonio Histórico. Normalmente son los alcaldes de ciudades o pueblos con gran patrimonio los encargados de hacer y deshacer lo que les viene en gana en cuestiones urbanísticas, pero al ser en un conjunto religioso, también participa la iglesia en el saqueo histórico. Ya se ve que no hemos avanzado mucho desde la época medieval.
"ELPAÍS* : El alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, y el párroco José Carlos Pérez han sido imputados por el juzgado de instrucción nº1 de esa localidad pontevedresa por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico. Solla y Pérez declararon el pasado 1 de julio ante el juez, que trata de esclarecer la realización de obras sin licencia consistentes en el levantamiento de un conjunto funerario del siglo XVIII en la iglesia parroquial de Guillade para pavimentarlo. Al regidor, del PP, se le acusa de eludir la restauración de la legalidad urbanística, a pesar de la existencia de dos órdenes de demolición y de restitución de lo construido a su estado original.
Las obras se iniciaron en 2003 con el permiso “verbal” del que era concejal de Urbanismo, el excalcalde José Castro, como reconoció el párroco ante el juez. Durante el gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas que estuvo al frente de Ponteareas a partir de ese año, el entonces teniente de alcalde, Roberto Mera, del BNG, ordenó la paralización de los trabajos por carecer de licencia y se abrió un expediente que acabó en una orden de demolición de lo construido y la devolución del entorno a su estado original. La Dirección Xeral de Patrimonio también actuó contra los trabajos, que consideró ilegalizables, por lo que ordenó su demolición y la restitución de la legalidad.
De acuerdo con la denuncia, formulada por el propio Roberto Mera, alejado ya de la política, durante los ocho años siguientes a la apertura del primer expediente el alcalde “omitió cualquier actuación para hacer cumplir” su propia resolución de julio de 2004, en la que ordenaba la demolición de lo construido. Todo ello, a pesar de que en enero de 2005 la policía local abrió un nuevo expediente al comprobar que, lejos de cumplir con las resoluciones de la Xunta y del Ayuntamiento de Ponteareas, el cura había retomado los trabajos según su proyecto original, que se encuentran ya finalizados.
Los hechos fueron denunciados en junio de 2012, pero cuatro meses más tarde Mera amplió la denuncia, después de tener constancia de una resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio, firmada en mayo de ese año, en la que se informa favorablemente la solicitud de legalización de las obras formulada por el párroco. Con ese documento en la mano, el gobierno local de Ponteareas acordó dejar en suspenso la orden de demolición y de restitución de la legalidad. Mera atribuye esta decisión de Patrimomio al relevo producido en la Consellería de Cultura, de la que depende esa dirección general, en enero de 2012, cuando Jesús Vázquez asume las competencias de Roberto Varela, que abandonó la Xunta. En todo caso, el cambio de criterio en Patrimonio es súbito y radical. La nueva resolución contradice no solo el acuerdo que ese mismo organismo aprobó en febrero de 2005 sino otra resolución de Roberto Varela como conselleiro de Cultura del 1 de septiembre de 2011, en la que se le impuso al promotor de las obras una multa de 10.900 euros y “la obligación de reponer las cosas a su estado anterior”, sin establecer posibilidad alguna de legalización de lo ejecutado. En esa misma orden, el conselleiro del PP denunciaba el “constatado incumplimiento” de las resoluciones de la Xunta por parte del párroco José Carlos Pérez.
La resolución adoptada siendo ya conselleiro de Cultura Jesús Vázquez, por otra parte, carece de proyecto de legalización y de los informes técnicos en los que se apoya, según sostiene Mera. Sobre estas presuntas irregularidades preguntó el pasado enero en el Parlamento la diputada del BNG Carme Adán, quien se interesó expresamente por las razones y los informes técnicos en que se basó el cambio de opinión de la Xunta. Adán preguntó también si la Consellería de Cultura fue objeto de “alguna gestión de algún miembro del Gobierno gallego para que se legalizaran las obras”. En su respuesta por escrito, la consellería deja sin contestar esas preguntas, precisa que la vía sancionadora sigue abierta y aclara que Patrimonio “trata siempre de buscar una solución lo más proporcionada posible” para la protección del patrimonio cultural de Galicia. Las obras consistieron en el levantamiento de las piedras originales de la explanada que se encuentra frente a la entrada de la iglesia de San Miguel de Guillade, para cubrir el terreno con una capa de hormigón y sustituirlas por losetas. De acuerdo con el informe municipal realizado el día que se abrió el primer expediente, el acondicionamiento del terreno dejó al descubierto un total de 21 fosas, lo que permitió identificar restos óseos y de cenizas, que pertenecían al conjunto funerario que se levantó para la pavimentación.
* El País - PABLO LÓPEZ - 11.7.13
Foto:
El Supremo anula la ampliación del puerto de Altea que avaló el Consell
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Existen todo tipo de trucos y artimañas para camuflar como sea proyectos de dudosa utilidad. En la ampliación del puerto de Altea (Alicante), la empresa encargada de su realización incluyó un estudio de impacto ambiental de origen distinto a donde iba dirigido. Casi como un engaño infantil, en el que participó el Consell valenciano, que ha sido destapado finalmente por la justicia.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo desestima el recurso que en su día presentó la Generalitat y que pretendía legalizar el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en Altea, que iba a pasar de 500 a 1.000 amarres. Las obras comenzaron y la Generalitat las paralizó cuando Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF presentaron un recurso por su impacto ambiental. La sentencia del 1 de febrero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que anulaba ese proyecto sigue en pie.
El Supremo estima que el estudio de impacto ambiental realizado por el promotor (Marina de Greenwich, SA) no se correspondía con el proyecto presentado sino que estaba relacionado con un proyecto diferente. La declaración de impacto ambiental pretendía imponer como una medida compensatoria el trasplante de las matas de esa a otra localización. Sin embargo, ese trasplante era inviable y nunca se había realizado con éxito en el Mediterráneo en una extensión tan grande. Según los denunciantes el estudio de impacto ambiental presentado no se correspondía con el proyecto final, sino con un proyecto anterior, sometido a información pública en el año 2000.
La sección tercera de sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que la Generalitat interpuso en mayo de 2010 contra la sentencia del TSJCV de febrero de 2010. Esta sentencia anulaba el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes (ahora denominado Marina Greenwich). Fue presentado por la mercantil Marina de Greenwich, SA, en 2002 y aprobado por la Consejería de Infraestructuras y Urbanismo.
En el procedimiento judicial quedó acreditado que las obras ocuparían y destruirían una pradera de Posidonia oceanica muy bien conservada en una extensión de varias decenas de hectáreas.
El fallo establece que Marina de Greenwich, SA, y la Generalitat deberán pagar las costas del proceso, que son unos 2.000 euros cada uno.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 9.7.13
Foto: Altea (Alicante), puerto deportivo - guias
Tenerife.- De Las Teresitas al 'teresitazo'
La Playa de las Teresitas tiene una historia larga y complicada. La playa de Santa Cruz ha sido objeto de especulaciones inmobiliarias de todo tipo, incluyendo las del propio gobierno municipal que ha visto la posibilidad de enriquecerse a costa del Urbanismo salvaje y llegar a convertirla en una especie de Benidorm tinerfeño. Por el medio ha habido denuncias varias, sentencias judiciales, y todavía al día de hoy quedan pendientes imputaciones políticas por el famoso 'mamotreto', ya construido al principio de la playa.
"CANARIASAHORA* : La historia reciente de la principal playa de la capital tinerfeña, Las Teresitas, se ha convertido en un tubo de ensayo en el que comprobar hasta dónde puede llegar la ambición desmedida. Igualmente es ejemplo de los efectos nocivos que tiene sobre la legalidad la fiebre del oro desatada ante la posibilidad de ganar dinero de forma rápida. Unos empresarios que se hacen multimillonarios gracias a una decisión municipal más que cuestionada por los tribunales y un grupo de vecinos que son despojados de sus pocas propiedades o a los que se les estafó de una forma que cada vez va quedando más en evidencia por la Justicia.
En este enclave hay que diferenciar tres ámbitos. El frente que hasta 1998 era propiedad de múltiples dueños particulares o empresas hoteleras que habían invertido su dinero en estos solares con la esperanza de ver multiplicados sus ahorros de toda la vida o construir establecimientos en primera líne a
de playa. En la trasera hay una enorme parcela del Ministerio de Defensa que también ha estado rodeada de múltiples
pleitos judiciales y un centenar de propietarios, casi todos ellos agricultores, que poseían pequeñas huertas. De ahí el nombre de este lugar. Los alcaldes pedáneos de San Andrés tenía por tradición regalar solares a los vecinos y con el tiempo estas propiedades se convirtieron en una posible fuente de riqueza pero también en un auténtico quebradero de cabeza. Detrás de Las Huertas se sitúa un núcleo de viviendas unifamiliares de más de medio siglo de antigüedad donde reside un grupo de vecinos conocidos como los extranjeros. Son personas llegadas de Alemania, Francia, Suecia o Bélgica que a veces residen aquí todo el año y otras lo hacen tan sólo durante ciertas épocas. En cada una de estas tres zonas, aunque se dio un problema común, también se presentan distintas particularidades.
En el año 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT)
de Antonio Plasencia e Ignacio González compró de forma precipitada todas estas propiedades por 33 millones de euros. Una operación que comienza justo un día antes de que los magistrados del Tribunal Supremo (TS) se reunieran para decidir sobre la batalla legal abierta desde hacía años en la
que se discutía si era posible o no construir en el frente de la playa. El resultado del fallo que se dio a conocer varios meses después era que efectivamente sí se podía edificar. Ahora, sin embargo se imponía una reducción respecto a anteriores planes totalmente desproporcionados que querían convertir esta playa en una especie de Benidorm. En 2001 y de una forma igual de precipitada, ILT vende once parcelas situadas en el frente al Ayuntamiento por 54 millones y se queda con el resto. En teoría la operación era impecable. Por aquellas fechas los ciudadanos se echaban a la calle exigiendo que el frente de la playa quedara libre de construcciones. De hecho, era la primera vez en la historia de España que una institución gastaba una cantidad tan importante de dinero en comprar terrenos con el único fin de que no se construyera en ellos.
Sin embargo, ya algo olía a podrido. Nada más cerrarse
la compra y salir publicado el convenio entre ILT y el Ayuntamiento por el que se permitía traspasar la edificabilidad del frente a Las Huertas, los vecinos comienzan a plantear sus dudas sobre cómo habían quedado sus terrenos. Efectivamente, los primeros en dirigirse al presidente de la Junta de Compensación, Jerónimo Delgado, son los residentes conocidos como los extranjeros. Algunos habían acudido ya al Registro de la Propiedad y comprobado con estupor como sus casas habían desaparecido y el suelo estaba inscrito a nombre de ILT sin que ellos jamás hubiesen pertenecido a la Junta, ni recibido dinero alguno por la supuesta venta. Delgado indicó que en el año 1989 todos estos propietarios no habían hecho ningún tipo de alegación a la inscripción de las fincas en la entidad cuando se llevó a cabo el proyecto de reparcelación que reparte las cargas y beneficios entre los propietarios. Además, dejaba deslizar que ninguno de ellos tenía nacionalidad española.
Esta veintena de vecinos comienza a presentar escritos ante la Gerencia de Urbanismo mostrando su perplejidad por lo que ha ocurrido y denunciando “absoluta indefensión”. Seis años más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) les daría la razón y obligaría a que la ordenación de Las Teresitas volviera al año 1989 para que se les informara de los acuerdos que a partir de aquí se tomaron y dieran su opinión. Este es el auto que ha sido dado a conocer en estos días y que desde
la Gerencia de Urbanismo se ha valorado como un éxito para estos vecinos y los de Las Huertas. Ahora se obliga a convocar una nueva reunión en la que los residentes de Montaña Morera plantearán sus argumentos, que lógicamente pasan porque les devuelvan sus propiedades y sean inscritas a su nombre en el Registro.
Las circunstancias de Las Huertas son diferentes. En este último caso se trata de otro grupo de un centenar de residentes, casi todos de San Andrés, agricultores o pescadores sin demasiados recursos económicos que han dilapidado una fortuna en inacabables procesos judiciales. En este caso algunos de ellos sí pertenecían a la Junta pero tras la venta a ILT o no se les pagó nada o percibieron menos de lo que les correspondía. La estafa puede llegar a sumar más de cinco millones de euros. No fue hasta 2006 cuando los primeros comenzaron a ver reconocidos sus derechos por los tribunales. Se trataba de cuatro parcelas
de la familia González Sanfiel que ni fueron aportadas a la Junta, ni llegaron a ser expropiadas. Posteriormente, el TSJC reconocería que tenían derecho a ser indemnizados ya que con
el transcurrir del tiempo era imposible devolver los terrenos. Este procedimiento ha sido llevado por el abogado, Miguel Cabrera Pérez Camacho y a él se han unido ya varias decenas más de antiguos propietarios. En estos momentos se está a la espera de que el TSJC realice una tasación sobre el valor del suelo. Ellos por su parte, han fijado el precio en cerca de 2.000 euros el metro cuadrado, que es el que pagó la empresa Desurcic, integrada por Mapfre e ILT en 2006 por Las Huertas y que sumó un total de 95 millones. La Junta aceptó pagar 6 euros por metro cuadrado que se corresponde a la expropiación fallida llevada a cabo en los años setenta.
La operación de venta a Desurcic de los terrenos de la trasera
de la playa, donde esta previsto construir una urbanización para 5.000 personas, ha sido interpretada como un intento de los empresarios de acogerse al principio de tercero de buena fe que les blindaría a la hora de verse obligados a devolver las propiedades. Pedro González, hijo del empresario, es directivo de Desurcic
y existe una participación de ILT en esta empresa. Incluso se sospecha que la aseguradora fue utilizada como simple pantalla. De hecho, en el contrato firmado no se incluyó ninguna cláusula por si alguno de los numerosos contenciosos ya abiertos les resultaran desfavorables, lo que no deja de sorprender. ILT se quedó con la totalidad de Montaña Morera.
La actitud del Ayuntamiento con este grupo de vecinos ha
sido hasta hace poco de clara enemistad. En 2001 nombraron
al abogado Ángel Ballesteros Fernández para que respondiera sobre sus reivindicaciones y estudiara la documentación que le presentaron. Este letrado es un estrecho colaborador del jurista Luciano Parejo, que resulta ser hermano del entonces concejal
de Urbanismo, Manuel Parejo. El abogado cobró por adelantado casi 11.000 euros por contestar las alegaciones de los vecinos de Las Huertas, pese a que esta labor debía haber sido desempeñada por un funcionario, tal y como sostiene la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez. Todas las reclamaciones fueron rechazadas de plano y de golpe con el argumento genérico de que los propietarios no figuraban como titulares registrales.
Curiosamente, algunos años después, cuando ya estaba en marcha la causa penal y Parejo había abandonado la Gerencia de Urbanismo, estos mismos documentos sirvieron para que el propio organismo autónomo reconociera que hasta un 80% de los reclamantes tenían razón. La imagen de estos propietarios enfrentándose a las palas que intentaban urbanizar sus terrenos ha saltado en varias ocasiones a los informativos nacionales, la última vez en 2010. En Montaña Morera el Ayuntamiento se empeñó en talar unos laureles de Indias, pero se encontraron
de frente con la oposición de los residentes capitaneados por Lola Schneider que finalmente consiguieron un doble objetivo: convertir esta causa en un símbolo de la resistencia contra la trama de Las Teresitas y, por supuesto, preservar los legendarios ejemplares. Desde 2001 se han llevado a cabo varias reuniones entre los abogados de los vecinos de la trasera de Las Teresitas y los directivos de la Junta, de Desurcic e ILT para intentar llegar a un acuerdo, pero todas han fracasado. La última vez fue en 2010 cuando se les ofreció una parcela con la edificabilidad que sobraba en Montaña Morera para que formaran una cooperativa y pudieran edificar. Los residentes se negaron y como consecuencia paralela se rompió la unidad que hasta entonces habían demostrado y que ha sido su principal arma.
En cuanto al frente de la playa la situación es más o menos igual de enrevesada. Los pequeños y grandes inversores recibieron llamadas en el año 1998 en las que se les informaba que tenían información privilegiada de que el Ayuntamiento los iba a expropiar. Por ello, desde la Junta se mostraban dispuestos a pagarles un precio, aunque fuera simbólico, por sus parcelas.
La mayoría de ellos optaron por deshacerse de las propiedades como si les quemara de las manos por un valor menor del real y por supuesto del que luego alcanzarían. La cadena hotelera Sol Meliá y la empresa Teresitas’ Properties vieron como de un día para otro se vendían sus parcelas sin haberles consultado. Tras años de batallas legales en el primero de los casos se consiguió en 2011 que una sentencia obligara a la Junta a pagarle a la cadena casi dos millones. El frente es el ámbito que pasó a manos del Ayuntamiento en 2001, junto con otro enorme solar donde antiguamente se situaban unas instalaciones militares. Aquí se iba a construir un hotel diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault, autor de la remodelación de toda la playa. El Ministerio de Defensa lleva años batallando, y nunca mejor dicho, en los tribunales para que se le abone el precio de estos terrenos que puede alcanzar más de 20 millones de euros. En
la última resolución judicial del TSJC se le da la razón pero le indican que en vez de ir contra el Ayuntamiento deben hacerlo contra la Junta. Una entidad que en la práctica ya no existe y que en 2006 apenas contaba con 5.000 euros de saldo.
La compra del frente por parte de la Corporación local tampoco salió bien parada. En 2007 el Supremo anuló esta operación porque nunca se incluyó en el expediente una tasación realizada o avalada por la arquitecta municipal que en aquel entonces era Pía Oramas. Posteriormente, esta funcionaria denunciaría que fue objeto de presiones para elevar el precio de los terrenos. La técnico había hecho una valoración que fijaba el precio de los once solares en poco más de 19 millones, al tener en cuenta que un tercio eran de dominio público y los efectos que traería consigo la aplicación de la moratoria turística. Ambos factores implicaban ya de hecho que no se iba a poder construir en este ámbito. Tras la sentencia del Supremo se está procediendo a devolver los terrenos a ILT que han recurrido a la vía civil.
La empresa reclama que se les indemnice por 63 millones y además se niega a devolver la cantidad cobrada en su momento. La Corporación local, por su parte, pide 74,5 millones que se corresponde a lo pagado más los intereses. La vista oral está previsto que se celebre después del verano.
Causas penales
El año 2006 significa un punto de inflexión en la trama
de Las Teresitas. Hasta entonces los tribunales se habían puesto del lado del Ayuntamiento y de los empresarios.
Sin embargo, cuando el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, crea la Fiscalía Anticorrupción
de Tenerife muchas cosas cambian. El colectivo Ínsula Viable, integrado por personas de izquierdas y ecologistas entre los que estaba el actual concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, había presentado poco antes
una denuncia relatando la trama de Las Teresitas. Farnés se encontró con que gran parte del trabajo ya estaba hecho y a finales de 2006 presentó la correspondiente querella que siete años después sigue su curso. En estos momentos, Miguel Zerolo ha sido imputado por el Tribunal Supremo (TS) dada su condición de senador de la Comunidad autónoma por presunta malversación de fondos, probablemente también lo será por prevaricación y no se sabe si volverá a ser retomada la de soborno. El resto de imputados lo integran funcionarios municipales, los empresarios González y Plasencia, sus hijos Pedro González y Carlos Plasencia, el ex concejal
de Urbanismo, Manuel Parejo y los portavoces socialistas
y del PP en aquellas fechas, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez. Este causa ha sido derivada a los juzgados
de instrucción ordinaria de Santa Cruz. Aparte hay otra pieza separada que analiza lo ocurrido con los antiguos propietarios que parece ser la que va más adelantada. En estos momentos la Fiscalía ha presentado una petición de penas de cárcel que suman 23 años por apropiación indebida y falsedad documental para el abogado de la Junta, Mauricio Hayek, el presidente Delgado, el secretario Álvaro Fernaud
y el tesorero, Martín Clemente, ya fallecido. Una tercera pieza separada analiza la financiación supuestamente ilegal del Centro Canario Nacionalista (CCN), dirigido por Ignacio González, hijo del empresario. Ahora mismo se
está pendiente de determinados trámites para que la Fiscalía presente también sus conclusiones.
El sumario de esta causa suma miles de folios y el esfuerzo de la Justicia por esclarecer lo ocurrido resulta asombroso. Para unos tanto celo es debido a presiones políticas y para otros una muestra de la gravedad de los hechos. Durante las investigaciones ha habido de todo: escuchas telefónicas, dinero negro, depósitos en paraísos fiscales o de procedencia desconocida, un piso franco, premios de loterías y negocios suculentos. Otra causa penal abierta en este entorno tiene que ver con la construcción
del edificio conocido como mamotreto que iba a albergar
un aparcamiento y centro comercial. La Fiscalía para los delitos medioambientales considera que se incumplió con
la normativa urbanística en vigor entonces y la que estaba prevista en el futuro. Además, apunta que no se pidieron los correspondientes permisos a la Dirección General de Costas, ni al Gobierno de Canarias propietaria de los terrenos y que no se pueden hacer obras mientras se tramita un deslinde. La petición de penas suma 18 años para los acusados, Luz Reverón, entonces concejal de Urbanismo y hoy delegada del Gobierno en La Gomera por el Partido Popular (PP), los ex ediles Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor
y los técnicos Candelaria Benítez, Loreto Ariz y Epifanio Gómez. El juicio tendrá lugar en el mes de noviembre.
Otras causas
Entorno a Las Teresitas se contabilizan hasta la fecha casi ciento cincuenta pleitos judiciales desde la década de los años setenta. La mayoría de ellos son reclamaciones de propietarios particulares de Las Huertas. En este ámbito también se ha anulado en dos ocasiones la compra del frente de la playa. La primera por no haberse realizado una tasación válida de los terrenos y la segunda porque un tercio del suelo era dominio público de Costas. Precisamente, éste es uno de los tramos del litoral en toda España que ha resultado más controvertido, seguramente junto con Playa del Inglés en el sur de Gran Canaria. Ya se han presentado siete recursos por la fijación de esta línea aunque van en sentido contrario. La Junta de Compensación, el Ayuntamiento, ILT y el Gobierno canario quieren que el deslinde pase por el actual muro. De esta manera se consigue que un tercio de los terrenos comprados dejen de ser propiedad de Costas. Sin embargo, la Asociación Tinerfeña de Amigos
de la Naturaleza (ATAN), Amigos de Las Teresitas y la Plataforma en Defensa del Puerto piden que la línea abarque hasta los aparcamientos y se demuestre que el mamotreto es ilegal.
Hasta ahora todos los recursos han reafirmado
el deslinde fijado por el organismo estatal avalado por un estudio geomorfológico. En el presentado por el Gobierno canario se abrió la puerta a que el fondo de la playa deje de ser considerado un bien demanial, pero sólo si Costas lo estima conveniente. En Las Huertas un fallo que supuso un punto de inflexión, fue el defendido por Miguel Cabrera Pérez-Camacho que obliga a devolver cuatro parcelas a
sus antiguos propietarios, al que se han adherido ya varios más. Un vecino de este ámbito, Antonio Martín, ganó otro contencioso después de que la empresa Desurcic intentara echarle de su casa, conocida como el chalet del francés, para demolerla.
En Montaña Morera los extranjeros han visto hasta ahora como han ganado todos los pleitos, aunque lo cierto es que poco más han conseguido. Aparte por fraude fiscal hay varias causas abiertas que han supuesto ya el desembolso de casi 12 millones de euros en poco más de
un año y medio. La estrategia común era que los antiguos vendedores no declararon lo percibido tras la venta de 1998 como incrementos de patrimonio mientras que la empresa Playa de Las Teresitas SA y la Junta, cuya composición y directiva era prácticamente la misma, tampoco lo registraron como beneficios. Desde hace años se está produciendo
una cascada de resoluciones en contra de estos antiguos propietarios, que sólo en el caso de J. B. ha sumado casi
11 millones de euros. Defensa no ha tenido tanta suerte a
la hora de pedir que le devuelvan los terrenos de la batería militar o se les indemnice. La pelea en la vía civil entre el Ayuntamiento e ILT por el frente supone una auténtica batalla de gigantes por las cantidades que están en juego.
* Canarias Ahora - Noé Ramón - 6.7.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - mma.es
