Madrid.- Descarrila la Operación Chamartín

La controvertida Operación Chamartín se ideó en 1993 para soterrar las vías y ampliar sobre ellas la Castellana hacia el norte. Sin embargo, la falta de consenso entre las tres Administraciones mantuvo bloqueado el plan hasta 2008. Aunque la complicada operación, gracias triquiñuelas legales, todavía tiene recorrido por delante y, de nuevo, volverá a tener que ser la justicia quien la dé validez o no, como ha ocurrido otras veces.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la operación urbanística diseñada por el Ayuntamiento, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, Renfe, Adif y el BBVA para soterrar las vías de la estación de tren de Chamartín, prolongar el paseo de la Castellana y la línea 10 de metro, y construir 17.000 viviendas con las que sufragar todas esas obras. Como sucedió en enero de 2012 con la operación para tirar abajo el estadio Vicente Calderón y construir pisos con los que pagar la reforma de La Peineta, los magistrados han dictado que el desarrollo de la Castellana vulnera la Ley del Suelo aprobada en 2007 por la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP), que limita a cuatro alturas los nuevos desarrollos urbanísticos. El plan de la Castellana, aprobado en marzo de 2011, prevé levantar una veintena de torres de más de 20 pisos.

Este obstáculo legal podría solventarse mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, como se ha hecho en el caso de la Operación Calderón, puesto que el Gobierno regional aprobó en junio un cambio en la Ley del Suelo que presumiblemente desbloqueará ambos desarrollos.

Pero la prolongación de la Castellana, que lleva más de 20 años varada, parece gravemente tocada: el plan estipulaba que, a cambio de levantar los pisos, los propietarios del suelo ampliarían cinco paradas la línea 10 de metro y construirían un túnel entre la Castellana y el barrio de Las Tablas. Los magistrados han estimado, sin embargo, que no se les puede obligar a sufragar las obras.

La Operación Chamartín se ideó en 1993 para soterrar las vías y ampliar sobre ellas la Castellana hacia el norte. Sin embargo, la falta de consenso entre las tres Administraciones mantuvo bloqueado el plan hasta diciembre de 2008, cuando el Ministerio de Fomento (entonces, socialista, y ahora del PP), la Comunidad de Madrid (PP), el Ayuntamiento de la capital (PP), Renfe, Adif y la sociedad anónima Desarrollo Urbanístico Chamartín (el 72,5% pertenece al BBVA, y el resto a la constructora San José) firmaron un convenio para desarrollarlo.

El Ayuntamiento aprobó en marzo de 2011 el plan parcial urbanístico, que fue recurrido ante la justicia por un estudio de arquitectura seis meses después. Ese plan prevé liberar (mediante el soterramiento de las vías) 3,1 millones de metros cuadrados para hacer 17.000 viviendas (4.000, protegidas). En 15 años, ya acabadas, albergarán a 50.000 personas. La intervención irá acompañada por una inversión de 11.000 millones de euros por parte de las tres Administraciones, que será sufragada íntegramente por las plusvalías de la operación inmobiliaria.

Así, se extenderá 2,8 kilómetros la Castellana hasta conectarla con la M-40; se construirán 53 hectáreas de parques y 81 hectáreas de equipamientos públicos; se ampliará 100.000 metros cuadrados la estación (que pasará de 21 a 32 vías para llevar las líneas del AVE de Atocha al norte de la ciudad); la línea 10 de Metro crecerá 4,4 kilómetros con cinco nuevas estaciones; se hará un nudo norte de conexión con M-30, A-1, M-11, y M-607; y se enlazará con un túnel el barrio de Las Tablas y Fuencarral-Tres Olivos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, fechada el 21 de junio y adelantada por la web VozPopuli, considera sin embargo que, al contrario de lo que dispone la Ley regional del Suelo, no se puede obligar a los propietarios del suelo a costear todas esas infraestructuras. Basándose en la doctrina del Supremo (lo que dificultará un eventual recurso ante ese tribunal), los magistrados eximen a estos de sufragar la ampliación del metro (valorada en 207 millones de euros) y el túnel de Tres Olivos (37,5 millones).

El coste de esas obras recaería pues en las Administraciones, pese a que el acuerdo con la sociedad anónima Desarrollo Urbanístico Chamartín estaba diseñado para que las plusvalías inmobiliarias cubrieran el gasto; tanto es así que el Ayuntamiento incluso incrementó la edificabilidad del suelo “para poder cubrir el excepcional coste económico de las infraestructuras”.

Respecto a la limitación a cuatro alturas prevista en la ley regional, la Comunidad aprobó en junio una disposición adicional (colada de rondón en la Ley de Patrimonio Histórico) que exime “al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor” de la norma en 2007. Con este cambio, teledirigido quirúrgicamente para solventar los reveses de la justicia a cuenta de la ley regional, debería quedar solventado el conflicto de interpretación entre los magistrados y el Ayuntamiento, pendiente en cualquier caso del dictamen del Supremo a cuenta de la Operación Calderón.


* ElPaís - BRUNO GARCÍA GALLO - 9.7.13
Foto: Chamartín y las vías que la operación urbanística pretende soterrar. / ÁLVARO GARCÍA

.................................... Leer más...

Málaga.- Arquitectos llevan al juzgado a Urbanismo por un presunto delito contra el patrimonio

Los colegios profesionales de arquitectos parece que se mueven, pero en realidad habría que ver si lo hacen motivados por la defensa del Patrimonio Histórico, o, por el contrario, la motivación es más por una cuestión de legalidad profesional a cuenta de la injusta e inaudita reforma del gobierno de la Ley que autoriza a otras profesiones realizar trabajos de Arquitectura. En cualquier caso, desde aquí reciban todo nuestro apoyo.
"MÁLAGAHOY* : Las relaciones del Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Málaga siguen inflamándose. Después de que el colectivo profesional haya puesto en duda en varias ocasiones los procedimientos administrativos seguidos por la Gerencia de Urbanismo en proyectos como la reurbanización de la plaza Camas y de la promoción de VPO en la calle Nosquera, ahora da un nuevo giro de tuerca y acude a los tribunales para denunciar un posible delito contra el patrimonio histórico por parte del ente municipal.

El motivo de la acción, formalizada el pasado 30 de abril y que ha supuesto la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, son los trabajos de rehailitación contratados en la iglesia de San Pedro, inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). De acuerdo con los escritos oficiales a los que tuvo acceso este periódico, el Colegio de Arquitectos toma como base de su demanda la decisión de Urbanismo de informar favorablemente un proyecto elaborado por un arquitecto técnico, que asume además la dirección de obra y la coordinación de seguridad, cuando estas atribuciones "son de la exclusiva competencia de los arquitectos".

"Un arquitecto técnico no es técnico competente para proyectar y dirigir unas obras de edificación destinada a uso religioso, como es el caso de la iglesia de San Pedro", señala el escrito. A juicio del colegio, el que la Gerencia informase favorablemente y concediese licencia de obras para la restauración de este edificio, en base a un proyecto arquitectónico redactado y dirigido por un arquitecto técnico, lo que incumple la Ley de Ordenación de la Edificación y el propio Plan General de Ordenación Urbanística.

Por ello, sostiene que "todas las personas que hayan intervenido informando favorablemente o autorizando las obras de restauración" habrían incurrido "en un presunto delito contra el Patrimonio Histórico", que fija posibles penas de seis meses a dos años de prisión o la multa de doce a 24 meses. En la demanda, la representación de colegio pide al juzgado que remita testimonio íntegro de todo el expediente administrativo y que requiera a Urbanismo que identifique a las personas que han informado favorablemente de esta licencia.

En la documentación consta, igualmente, un escrito del Juzgado de Instrucción número 5, fechado el 21 de mayo pasado, en la que se alude a que se está a la espera de que llegue una copia del expediente administrativo "para la concesión de diligencias". Para los representantes del colegio, ese paso supone la existencia de una investigación por parte del juzgado al detectar "indicios de que pudiera haber un delito contra el Patrimonio". "Por eso requiere al Ayuntamiento que aporte el expediente administrativo completo", añadieron. Desde Urbanismo se defiende el procedimiento seguido y se insiste en la capacidad de contratar a un arquitecto técnico para estas tareas.


* Málaga Hoy - S. SÁNCHEZ - 8.7.13
Foto: Málaga, iglesia de S.Pedro - malagahoy



.................................... Leer más...

Así expolia el PP de Madrid el parque de viviendas públicas

La trama de corrupción urbanística urdida por los máximos responsables del Ayuntamiento de Madrid en torno a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo viene de hace años, con Gallardón de alcalde y Aguirre de presidenta de la Comunidad, y consistía en endeudar a la citada empresa pública con una sucesión de irregularidades en el proceso de venta de suelo y bloques de viviendas de protección social a inversores internacionales.
"PÚBLICO* : El proceso de enajenación y venta del parque público de viviendas que está llevando a cabo la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) se ha vendido a la opinión pública por parte de los responsables políticos del Partido Popular como un proceso obligado, sin alternativas, para paliar el insostenible déficit de la empresa pública. La deuda de la EMVS llegó de la mano del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que financió parte de sus ambiciosos proyectos en el Ayuntamiento vendiendo suelo a la empresa pública muy por encima de su valor actual. Al borde de la quiebra técnica, la actual Corporación se ha decido por la enajenación de los activos de la empresa y de todos los madrileños.

La primera operación de salvamento económico ha sido la venta de 18 bloques de viviendas con 1.860 pisos de protección social, ocupados por menores de 35 años con un alquiler reducido, por 120 millones de euros al fondo de inversión oportunista Blackstone, según informó El Confidencial, ya que el Ayuntamiento se niega a hacer públicos los datos de la operación, a pesar de tratarse de bienes públicos. Antes, la EMVS trató de vender, sin éxito, cinco bloques de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal por 21 millones de euros.

Ahora, una serie de documentos a los que ha tenido acceso este diario desvelan una sucesión de irregularidades en el proceso de venta que han dejado a parte de los inversores internacionales que optaban a hacerse con las viviendas con la sensación de haber sido "engañados" y de haber observado "incompetencia y malas artes de un nivel que nunca han visto en Europa". Estas palabras corresponden a Michael R. Long, partner de los fondos de inversión especializados en vivienda social Harbor Group, que aspiraban a hacerse con los 18 bloques de viviendas junto a Álvarez & Marsall por 130 millones de euros, 10 millones de euros más que la supuesta oferta aceptada de Blackstone.

El cabreo que manifiesta Michael Long con la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid se hace comprensible cuando se repasa la correspondencia y reuniones mantenidas por Harbor Group y Álvarez & Marsall y la EMVS y la Corporación municipal. El 3 de junio Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS, comunicó telefónicamente la adjudicación de la venta a Harbor Group y Álvarez & Marsall (HGAM ) por 120 millones de euros. La otra oferta que había recibido la EMVS hasta ese momento, según fuentes del mercado, era de Blackstone, actual adjudicataria, por 70 millones de euros.

Sin embargo, el día 5, apenas dos días después de la comunicación, Oslé les comunicó por correo electrónico que se había producido un error administrativo y que el proceso no se había cerrado, invitando a presentar nuevamente ofertas hasta el día 14 de junio a las 14:00 horas.

Los fondos Harbour Group y Álvarez & Marsall (HGAM) mantuvieron su oferta de 120 millones durante los ocho días siguientes y decidieron aumentarla hasta 130 millones en el último momento, con la sospecha de que su anterior oferta pudiera haber sido filtrada a la competencia.

El día 21 de junio, Fermín Oslé comunicó a HGAM que "su oferta no ha sido seleccionada (...) por existir otra propuesta más ventajosa para los intereses" de la EMVS.

Ante el estupor por la extrañeza del proceso, los fondos norteamericanos decidieron solicitar información de las características de la oferta ganadora: "importe y fecha de presentación". El 24 de junio Oslé respondió: "El importe y las demás condiciones de la oferta deben tratarse dentro de los más estrictos parámetros de confidencialidad y discreción" y la decisión ha sido tomada bajo "parámetros puramente objetivos".

Esta negativa a comunicar a los participantes en un proceso de concurrencia pública las características de la oferta seleccionada se está valorando a la operación financiera como "insólito", ya que vulnera "la esencia del procedimiento", por lo que los fondos de inversión están valorando presentar un escrito de diligencias previas que obligue a la EMVS a facilitar los datos que hoy niegan.

Parte de la información solicitada por los fondos norteamericanos aparece, no obstante, en prensa. El Confidencial, para indignación de los pretendientes, publica que la oferta ganadora ha sido la de Blackstone por un importe de 120 millones de euros cuando en un primer momento este fondo de inversión oportunista había ofertado 70 millones. Tras esta información, las sospechas de los perdedores en la adjudicación de que su oferta había sido filtrada a la competencia se hizo más fuerte.

Dado que la EMVS se niega a confirmar o desmentir los datos publicados, los pretendientes tienen el temor de que se esté tratando de rehacer la oferta presentada por Blackstone de manera que mejore la oferta de 130 millones de HGAM para evitar incurrir en administración desleal. La imagen de Marca España que la EMVS y las administraciones madrileñas han dejado la resume Michael Long: "Incompetencia y malas artes nunca vistas en Europa".

"El objetivo de la EMVS no ha sido el obtener el mayor ingreso posible por la venta de activos ni el garantizar los derechos de los inquilinos actuales y de los madrileños en general, ya que se ha rechazado la mejor oferta. El procedimiento opaco y que en nada beneficia a los ciudadanos madrileños ha estado viciado por intereses ajenos al interés público", denuncia a Público fuentes cercanas a la operación, que apuntan que estos intereses responden a la "cultura del pelotazo" que ha llevado a España a la crisis y los relaciona directamente con los intereses económicos de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid.


* Público - ALEJANDRO TORRÚS - 10.7.13
Foto: Esperanza Aguirre y Ana Botella. -EFE

.................................... Leer más...

Valladolid.- Comienza el juicio del 'caso Arroyo' contra el alcalde y otros cinco imputados

El municipio de Arroyo de la Encomienda está situado muy cerca de Valladolid y ha sido el que más ha crecido de Castilla y León en los últimos años. Este crecimiento espectacular ha sido en bastantes ocasiones debido a la ilegalidad urbanística en las que el alcalde Méndez y miembros de la Diputación (PP) han tenido mucho que ver, con la empresa constructora 'Mahía' como beneficiaria afín desde 1999.
"EUROPAPRESS* : La Audiencia de Valladolid sienta en el banquillo de los acusados desde este martes al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al exportavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, y a otros cuatro imputados más por el denominado 'Caso Arroyo' sobre supuesta corrupción urbanística. El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados.

En concreto, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de 2012, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional, cosa que ha cumplido hace unas semanas.

Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

PETICIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.

En concreto, pide para Méndez un total de 16,5 años de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa (por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico), mientras que para García Galván interesa un total de seis años, 20 de inhabilitación y 475.000 euros de multa (por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística).

En su relato de hechos, el juez situó como principales artífices de la "trama urdida" a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos.

Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.

De ellos y del resto de imputados, y a modo de síntesis, el juez apunta que "llevaron a cabo conductas consistentes en informar de modo favorable a las solicitudes de Mahía (cualquiera de las empresas del grupo), votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad municipal del suelo (Emuva), potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior".

Entre las numerosas ilegalidades presuntamente cometidas figuran el convenio urbanístico suscrito en 2005 entre Méndez y su exempleada y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar en el SAU-9 de la localidad un total de 25.598 metros de suelo industrial a residencial para que la promotora edificara 2.984 viviendas, o el acuerdo alcanzado cinco años antes para modificar puntualmente las normas subsidiarias del SAU-13, con el fin de edificar allí, pese a la existencia de una empresa papelera.

Las pesquisas apuntan que en este tipo de operaciones Mahía contó con la colaboración del arquitecto Buenaventura Conde, junto con la del entonces presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, que dio luz verde a las mismas y al PGOU de la localidad, que convirtió en urbanizable el 70 por ciento del municipio.

TREINTA MILLONES DE PESETAS

En este sentido, el auto menciona 30 millones de las antiguas pesetas que, como "colaborador", habría recibido el alcalde de Mahía, así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), si bien se desconoce la procedencia del dinero para adquirir otra en As Nogais (Lugo), un chalé en Sangenjo y un piso en Carril, ambos en Pontevedra, o las dos fincas compradas en la lujosa urbanización de La Vega, en la localidad vallisoletana de Arroyo, para edificar un chalé.

"Los ingresos de Méndez eran de alrededor de 3.000 euros, sin que conste la capacidad económica de ninguno de los cónyuges--se refiere también a su esposa--para estas operaciones procedentes de ingresos ilícitos", refiere el auto, que, entre otras ilegalidades, imputa también al munícipe haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego.

PATRIMONIO NO JUSTIFICADO

A lo largo de las 34 páginas del auto, el juez detallaba igualmente el patrimonio acaparado por el resto de imputados, entre ellos el ya exportavoz del PP en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, y también exconcejal en el Ayuntamiento de la capital.

De este último, expresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, la investigación le atribuía un regalo en forma de chalé, supuestamente concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados.

Aunque el precio se firmó en abril de 2004 por 148.000 euros, "aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por las gestiones del citado a favor de la empresa", indica el auto, que recuerda que por aquellas fechas se sitúan las operaciones del SAU-9 y SAU-13 en Arroyo.


* Europa Press - 9.7.13
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es



.................................... Leer más...

Los jueces frenan 58.500 viviendas en la Comunidad Valenciana

Hace poco aquí se comentaba la serie de sentencias judiciales que, aunque tarde, estaban anulando mega-urbanizaciones ilegales en todas las provincias de la Comunidad Valenciana. Estas actuaciones urbanísticas suponen 58.500 viviendas que han sido frenadas debido a sus múltiples irregularidades contra la Ordenación del Territorio. Las principales son: Rabassa, Porxinos, PGOU Castellón, PGOU Benissa, Marina d'Or Golf, Benicassim Golf y Fonts de l'Algar.
"ELPAÍS* : Rabassa. El plan Rabassa colecciona sentencias judiciales contrarias al macroproyecto urbanístico impulsado por el promotor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. En los últimos dos meses el TSJ ha dictado cuatro sentencias que anulan a este PAI que contempla 13.500 viviendas, y la instalación de un centro comercial para albergar la multinacional IKEA.

La mayoría de las sentencias coinciden en que hubo irregularidades en el proceso, incluso se adjudicó primero al agente urbanizador el programa y luego se aprobó el PAI, también evidencia la falta de publicidad y transparencia, así como la ausencia de recursos hídricos garantizados. A estas cuatro sentencias, hay que añadir la decisión de la Audiencia de Alicante de reactivar la causa penal del caso Rabassa al entender que pudiera haberse cometido tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

Porxinos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano a principios de junio declaró nulo y dejó sin efecto el plan urbanístico parcial Masía de Porxinos de Riba-roja, acogiendo un recurso presentado por el colectivo Salvar Porxinos. El PAI contemplaba la construcción de 2.600 viviendas y una ciudad deportiva para el Valencia CF. El Tribunal Supremo anuló una sentencia previa que avalaba el proyecto, y ahora el TSJ considera nulos el acuerdo de la comisión territorial de Urbanismo de 30 de junio de 2006 y la resolución de 4 de diciembre de 2007 de la dirección general de Urbanismo, al entender que se violaron “los principios de publicidad y libre concurrencia” al adjudicar directamente “la condición de agente urbanizador” a la sociedad unipersonal Litoral Este. También cuestionaba la falta de recursos hídricos.

PGOU Castellón. El plan urbanístico de Castellón está en un limbo jurídico. El Tribunal Supremo ha anulado en dos ocasiones (2008 y 2011) el Plan General de Ordenación Urbana del año 2000, el que planeó el mayor crecimiento de la ciudad. El Ayuntamiento intentó solventar el problema en unos meses, pero el TSJ actuó e instó a ejecutar la sentencia. Esto es, iniciar la tramitación de un nuevo plan desde su inicio. El alcalde, Alfonso Bataller, convencido de que estaba ejecutando correctamente el fallo, presentó un nuevo recurso que todavía está a la espera de resolución. Pero, ante la sospecha de que el Supremo dictará una vez más que el plan es nulo y debe repetirse.

PGOU Benissa. El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la aprobación definitiva del plan general de Benissa por entender que, “a pesar de introducirse modificaciones sustanciales durante la tramitación” de la citada planificación, “no fue reiterado el trámite de información pública”. El Ayuntamiento estudia ahora recurrir la sentencia.

PAI marina d’Or Golf. Los tribunales han tumbado lo que se presentó como “el mayor PAI de Europa”. En mayo, el TSJ anuló el PAI Marina d’Or Golf, un proyecto para urbanizar 18 millones de metros cuadrados entre Cabanes y Oropesa con 35.000 viviendas, hoteles y campos de golf. Contaba con la cesión de terrenos para ejecutar el parque de Mundo Ilusión, paralizado por la Generalitat. Se anuló porque la licitación no se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, un trámite “indispensable” al ser una obra de más de seis millones de euros. El fallo ha sido recurrido por Marina d’Or y por la Generalitat.

Benicàsim Golf. Fue el primer proyecto con green que se presentó en la provincia de Castellón y pretendía urbanizar dos millones de metros cuadrados y construir más de 2.000 viviendas. El Tribunal Supremo declaró nulo de pleno derecho el acuerdo plenario por el que quedó aprobado en 2005 por estimar que se hizo sin tener en cuenta el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para asegurar los recursos hídricos. La sentencia no puede ser recurrida.

Fonts de l’Algar. El TSJ de la Comunidad Valenciana en mayo de 2010 falló por segunda vez contra del PAI de les Fonts de l’Algar, en Altea. El tribunal ha aceptado un recurso del Bloc que cree incompatible el programa urbanístico con la zona húmeda de especial conservación en el entorno de la desembocadura del río Algar. El proyecto prevé 6.000 casas, un campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y tres áreas comerciales.


* El País - EZEQUIEL MOLTÓ / LORENA ORTEGA - 6.7.13
Foto: Alicante, cartel protesta en Rabassa - laverdad.es



.................................... Leer más...

La juez inhabilita 7 años al exalcade de Telde, F.Santiago, por la licencia de Yrichen

De nuevo está de actualidad el municipio de Telde (Gran Canaria) por sus irregularidades urbanísticas. Ahora se trata de una construcción ilegal de hace 18 años, nada menos. Por mucho que la justicia haya inhabilitado al exalcalde, el daño ya está realizado e, incluso, aprobado por la comisión de Urbanismo del gobierno canario. Es decir, mal hecho por todos los implicados. Contra esto hay poco que hacer o decir.
"UNIVERSOCANARIO* : El Juzgado de lo Penal nº6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a siete años de inhabilitación al exalcalde de Telde Francisco Santiago, hoy en NC, por estimar que cometió un delito de prevaricación al permitir que el centro para toxicómanos de Yrichen se construyera sin licencia. La sentencia absuelve, en cambio, al resto de acusados en este procedimiento penal, que se abrió hace siete años: los ediles Ildefonso Jiménez, Marcelino Galindo y Julián González y los arquitectos Antonio Betancor y Elisenda Muñoz.

La juez considera que, entre 1994 y 1995, Francisco Santiago permitió que Yrichen construyera ese centro social en el barrio de La Pardilla pese a que no se le había llegado a otorgar la preceptiva licencia, no se había elaborado el informe básico de impacto ambiental ni se había obtenido el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo, ya que se trataba de suelo rústico.

A pesar de todo ello, el entonces alcalde de Telde no solo no requirió la paralización de esas obras, sino que "dictó resoluciones para su realización hasta que finalizaron".

La juez no aprecia que el resto de los acusados sean responsables de la falta de control por parte del Ayuntamiento de que la construcción de ese centro social cumpliera con los requisitos exigidos por la ley, ya que el alcalde no había delegado en ellos ninguna competencia en materia de concesión de licencias.

Durante el juicio, las acusaciones plantearon una solicitud para que se derriben las obras ilegalmente realizadas en Yrichen.

La sentencia no contiene ningún mandato al respecto, pero sí hace constar en el capítulo de hechos probados que, a pesar de las irregularidades cometidas, la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias dio su visto bueno a ese equipamiento de Yrichen al aprobar la revisión del plan general de urbanismo de Telde de 2011.


* Universo Canario - 5.7.13
Foto: Telde (GranCanaria), ayuntamiento - infolabtelde



.................................... Leer más...

Vigo.- El Tribunal Superior anula un ámbito de 200 pisos en O Calvario

El urbanismo vigués ha sido desde hace años muy conflictivo. Ahora la justicia anula una actuación municipal, cuando en primera instancia había opinado lo contrario. De nuevo hay que poner en cuarentena ciertas decisiones judiciales que parecen no entenderse bien por la mayoría de ciudadanos.
"LAVOZ* : La misma semana en la que el Tribunal Supremo certificaba la vigencia del Plan Xeral de Vigo se conocía un fallo del TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) que declaraba nulo el plan especial de O Calvario, concretamente el ámbito A-4-09 correspondiente a gran parte de la manzana delimitada por las calles San Roque, Reiseñor y Alcalde Gregorio Espino. La decisión judicial paraliza la tramitación de este polígono, que ya estaba en marcha, y obliga a la Gerencia de Urbanismo a dar marcha atrás en el proceso.

De esta forma ha tenido que anular la liquidación provisional de la primera cuota de urbanización (casi 3 millones de euros) y devolver a los afectados el dinero ya entregado.
En este caso concreto la decisión de los jueces ha consistido en aceptar la reclamación de una propietaria que consideraba que su propiedad debía tener la consideración de finca urbana, por lo que solicitaba quedar fuera del área de reparto. En la sentencia inicial el juez no le dio la razón, pero si en la segunda, ante el TSXG, que aceptó como inapelable el dato de que el otro juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo, el 2, le había dado la razón al demandante en un caso similar.

Consecuencias
De entrada el fallo implica la anulación del ámbito denominado A-4-09 del Plan Xeral del 2008 (PERI IV-04 en la denominación anterior), con una superficie de 6.400 metros cuadrados, de los que 1.200 corresponden a viario. Delimitado por las calles mencionadas, en esta amplia manzana situada entre Urzaiz y el ambulatorio de A Doblada se podrían construir unas 180 viviendas cuando el proyecto llegue a su fin, sin que exista reserva para viviendas de protección.

Curiosamente, la demanda interpuesta para lograr la anulación del ámbito fue rechazada en primera instancia. Aducía el propietario que su parcela debía quedar fuera de este polígono ya que tenía carácter urbano consolidado en su integridad. Tras este fallo, su abogado, Carlos Coladas, presentó un recurso ante el TSXG dando cuenta que el otro juzgado vigués de lo contencioso-administrativo, el número 2, dictó una sentencia en sentido contrario. Este hecho fue planteado ante el Tribunal Superior y le dio la razón, anulando así el proyecto de equidistribución, el proyecto de urbanización y todas las operaciones jurídicas complementarias así como, por vía indirecta, el Plan Xeral del 2008 en todo lo que atañe a este ámbito.

Ante este fallo la Gerencia de Urbanismo decidió anular, y dar marcha atrás, al cobro de las cuotas de urbanización que le correspondían a los propietarios. El proceso se había iniciado hace diez meses y pretendía ingresar casi 3 millones de euros para la urbanización de esta amplia parcela. Por ello decidió paralizar los requerimientos a los propietarios para el pago de cada cuota y, por supuesto, devolver aquellas que ya hubiera sido ingresadas.
A día de hoy este fallo es el más negativo para la tramitación del Plan Xeral vigués desde su aprobación en 2008, hace cinco años, en el que la mayoría de las sentencias han sido favorables al Concello.


* La Voz de Vigo - JUANMA FUENTES - 7.7.13
Foto: El perímetro está casi construido en su totalidad. ÓSCAR VÁZQUEZ

.................................... Leer más...

Huesca-Pirineos: 0,6 pasajeros diarios en un aeropuerto que costó 40 millones

Seguimos con el despilfarro público en infraestructuras. En el campo de los aeropuertos hay que destacar a Aragón, una Comunidad con pocos habitantes pero con unas expectativas de vuelo claramente fuera de sentido. En las tres provincias ha habido derroches monumentales, como el aeropuerto de Huesca-Pirineos donde la sombra del exministro de Fomento, Álvarez Cascos, fue alargada en su construcción injustificada, como se está viendo hoy día.
"ELDIARIO* : En Huesca, un aeropuerto que estaba dedicado al aprendizaje de pilotos pasó a ser de "interés general", y ahora no tiene prácticamente actividad. Aragón, la cuarta Comunidad Autónoma por extensión (47.700 km2), pero una de las menos pobladas (1,3 millones de habitantes) ha tenido históricamente un discreto papel en el campo de la aviación comercial, no así en el campo militar, con la inmensa base aérea de Zaragoza. En la actualidad tiene tres aeropuertos.
Zaragoza

Algunos –cada vez menos- siguen llamando “Sanjurjo”, al aeropuerto de la capital de Aragón, y es que ese es el nombre que tuvo el lugar durante años en homenaje al general golpista. El campo de vuelo tiene dos pistas inmensas, capaces de admitir cualquier aeronave. En su momento, la principal, de 3.700 metros de largo y 60 de ancho, llegó a formar parte de la red de emergencias para el aterrizaje de trasbordadores espaciales de la NASA como el Columbia o el Challenger. Nunca lo necesitaron, pero estas naves podían haber aterrizado en España en caso de necesidad.

Aunque su origen se remonta a los años 30, en plena Guerra Civil española, Zaragoza tomó importancia en el mapa aéreo tras la forma de los acuerdos España-EEUU del 53, por la que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos pudieron hacer uso de las instalaciones aragonesas desde 1958 a 1994 (en realidad, buena parte de éstas fueron construidas por la USAF). Zaragoza, fue junto a Torrejón y Morón, una de las tres estratégicas bases norteamericanas en España durante la guerra fría. Hoy es de uso exclusivo del Ejército del Aire, que tiene basados allí los cazabombarderos F-18 del Ala 15 y los aviones de transporte Hercules del Ala 31.

El desarrollo de la aviación comercial empezó en los años 60, pero siempre fue bastante discreta, a pesar de que Zaragoza es una de las ciudades más pobladas de España, concretamente, la quinta, con más de 700.000 habitantes. Para consolidarse como capital, su ayuntamiento se postuló para celebrar La Exposición Internacional de 2008, el último gran evento internacional de ese estilo organizado en España, ya en plena crisis. Ese fue el argumento que justifico la necesidad de construir una nueva terminal en el aeropuerto: “recibir a los numerosos visitantes internacionales de la Expo”. Inicialmente las obras se presupuestaron en 10 millones de euros, pero esta cifra se vino abajo incluso antes de empezar las obras: el consejo de administración de Aena acabó aprobando una partida inicial de 28 millones de euros para levantar la nueva terminal.

El edificio, diseñado a medias por el grupo de ingeniería Sener y el despacho de arquitectura de Luis Vidal y asociados, tenía una clara intención de recrear la terminal T4 de Barajas con su gran cubierta ondulada y grandes fachadas de cristal. Esta edificación de 16.000 m2, cuadruplicaba a la anterior, compuesta de un antiguo edificio de los años 50, que hasta 2008 le daba un aire ‘retro’ a la terminal aérea, a la que se le había adosado una zona mucho más moderna y funcional hasta llegar a los 4.000m2, un espacio más que suficiente para atender la necesidad de pasaje en Zaragoza. Hoy esa terminal está cerrada a cal y canto sin uso alguno ni visos de ser utilizada a medio plazo.

A su lado está la flamante nueva terminal, diseñada para soportar más de un millón de viajeros al año, con 14 mostradores de facturación, seis puertas de embarque ampliables a ocho con pequeñas modificaciones. Finalmente, desde el año 2005 y hasta la apertura de la terminal, el 21 de febrero de 2008, se realizaron actuaciones por un importe de 56,6 millones de euros.

En 2007, con la antigua terminal, 512.000 pasajeros salieron y llegaron a Zaragoza, mientras que en el año de la exposición, lo hicieron 595.000, bajando a 528.000 al año siguiente.

El número de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza cayó en picado en 2012, cuando perdió casi 200.000 usuarios, y no logra remontar el vuelo en lo que llevamos de 2013. Tras un descenso de más del 25% de los viajeros en un solo año, la tendencia negativa ha continuado durante el primer trimestre y la terminal de pasajeros ya acumula 15 meses consecutivos de caídas. Solo en estos tres meses se han reducido casi un 17% con respecto al mismo periodo del año pasado, que ya habían registrado peores datos que en 2011.

Este año Zaragoza sigue perdiendo pasaje. Si la tendencia del primer semestre se consolida, esto supondría perder más de 80.000 viajeros durante el 2013, lo que significaría bajar por primera vez, en los últimos años, de los 500.000 pasajeros anuales, algo que no ocurría desde 2006, e incluiría al aeropuerto de la capital de Aragón en el nutrido “grupo III” de Aena, al que se está aplicando un plan de reducción de gastos y limitación horaria.

Otra historia es la carga aérea. En los últimos ejercicios, el aeropuerto ha venido consolidando una línea de crecimiento en el sector de las mercancías transportadas por avión en aparatos específicos. Gracias a la importación de perecederos y la exportación de productos textiles, la terminal de mercancías aragonesa es la tercera de España tras Barajas y El Prat, ganando la partida a Vitoria-Foronda.

Huesca-Pirineos

Muchos aviadores especializados en vuelo sin motor, tienen recuerdos entrañables de su aprendizaje en Huesca. Monflorite es un lugar privilegiado para volar en veleros: sus condiciones meteorológicas, los vientos y el entorno hicieron de el un aeródromo de referencia en toda Europa para aprender a volar desde los años 30. La intensa actividad deportiva en ese lugar solo fue interrumpida durante la guerra civil. Desde los años 40 a los 70 fue escuela dependiente del Ministerio del Aire y a partir de entonces dependió del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones durante 20 años, para acabar pasando a una sociedad estatal del sector: Senasa.

La sorpresa llegó con la Orden de 20 de octubre de 2000 por la que el aeródromo de Huesca-Pirineos pasó a calificarse como “aeropuerto de interés general”, bajo control de Aena. Por entonces, Francisco Alvarez Cascos ya daba sus primeros compases como Ministro de Fomento, con excelentes contactos y compromisos en la provincia. Bajo su mandato no solo se arrancó el compromiso de construir un aeropuerto en Huesca, sino que también el Ave llegó hasta esa ciudad de 50.000 habitantes.

Aena acabó invirtiendo unos 40 millones de euros para la construcción de una nueva Terminal (edificio, plataformas y otros servicios) junto a un nuevo Campo de Vuelos a los que se les calculó a una previsión de demanda inicial de unos 160.000 pasajeros/año “atraídos por la nieve”. El aeropuerto, bautizado como Huesca-Pirineos, aunque las estaciones de esquí están a unos 100 kilómetros de distancia, nunca tuvo vuelos regulares, aunque si charters puntuales durante cuatro meses al año.

El primer ejercicio en el que estuvo operativo sumó solo 1.386 pasajeros y el año de mayor afluencia fue 2009 con 6.200, muchos de ellos transportados por Pyrenair, un intermediario que alquilaba aviones a terceros para transportar esquiadores al pirineo Aragonés. Esta empresa operaba con generosos patrocinios del gobierno de Aragón en forma de “convenios de promoción turística”. Así, entre 2007 y 2010 Pyrenair recibió 2,7 millones de euros y según las estadísticas transportó un total de 19.000 pasajeros, lo que supuso un coste de unos 144 euros de dinero del contribuyente por cada pasajero transportado desde y hacia Huesca.

A principios del año 2011 se suspendieron todas las operaciones comerciales y una escuela catalana de pilotos profesionales que había apostado por Huesca para formar aviadores chinos quebró, con lo que el aeropuerto quedó prácticamente sin vida. Prueba de ello es que durante los cinco primeros meses de este 2013 las estadísticas de Aena revelan que pasaron por la terminal 93 viajeros, lo que supone una media de 0,62 pasajeros al día, que en su gran mayoría son pilotos privados y acompañantes del Real aeroclub de Zaragoza, dando un pequeño paseo aéreo para tomar un café en Huesca y regresar. A pesar de todas estas perspectivas y de perder cada año más de 4 millones de euros, Huesca sigue abierto e integrado en la red de aeropuertos españoles. Por cierto, a menos de 100 kilómetros de allí y aun sabiendo como funcionó la experiencia oscense, la Generalitat de Catalunya construyó el aeropuerto de Alguaire, que se tratará en un futuro capitulo.

Teruel

Ahora parecen haberlo olvidado, pero las autoridades de Teruel fantasearon con la posibilidad de tener un aeropuerto en la provincia para poder volar a Madrid, aprovechando la existencia de un aeródromo de la guerra civil en Caudé, un pueblito de 300 habitantes en una de las zonas con menos densidad de población de España. Allí, el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento turolense empezaron a mover tierras, invirtiendo nueve millones de euros. Posteriormente se construyó una pista de vuelo de casi tres kilómetros junto a las correspondientes calles de rodadura y plataforma, en los que se han invertido 40 millones más.

Antes de caer en la tentación de encargar a un arquitecto una flamante terminal, la crisis ya había caído sobre el sector y cualquier intento de edificar estaciones aéreas se frustró, no así el intento por darle una nueva vida a las instalaciones, convirtiéndolas en un gran aparcamiento para aviones en desuso con dos futuros muy diferentes: ser conservados mientras se espera un vendedor, que la compañía que lo ha aparcado vuelva a necesitarlo, o bien ser desmontados, desguazados y reciclados, aprovechando todas sus piezas.

La empresa Tarmac Aerosave, perteneciente al consorcio EADS consiguió la concesión para operar el aeropuerto a principios de 2011. Actualmente el aeropuerto sigue sin actividad y la última noticia que ha generado es que “es idóneo para vuelos espaciales”, un titular salido del estudio de unos ingenieros adscritos a una universidad francesa. Curiosamente muchos medios de gran audiencia elevaron esa noticia a gran éxito, cuando era simplemente una conclusión de un trabajo universitario.


* El Diario - Javier Ortega Figueiral - 29.6.13
Foto: Aeropuerto de Huesca


.................................... Leer más...

Valencia .- La justicia pone coto al urbanismo desenfrenado

Parece que urbanismo salvaje está tocando fondo en la Comunidad valenciana, gracias a una serie de sentencias judiciales que, aunque tarde, están llegando a detener megaurbanizaciones ilegales en todas sus provincias. No obstante hay que reconocer que la justicia ha actuado demasiado tarde y mal en la mayoría de ocasiones, y que no pone sobre la mesa la cuestión del desaforado urbanismo, sino que lo está haciendo por cuestiones meramente formales, a veces anecdóticas.
"ELPAÍS* : Los tribunales han puesto freno al desarrollo urbanístico desaforado. Durante los últimos meses se han sucedido una decena de sentencias que han anulado proyectos urbanísticos (Rabassa, Porxinos, Benicàssim Golf, Marina d’Or Golf, Fonts de l’Algar y dos planes generales de ordenación urbana, el de Castellón y el de Benissa) por diversos motivos. La mayoría de las sentencias detectan irregularidades en la tramitación de los proyectos, falta de documentación y, especialmente, no hay garantías de los recursos hídricos. Las plataformas y colectivos que durante la última década han luchado contra el urbanismo salvaje, que promotores y ayuntamientos alentaban, celebran que estas sentencias les otorguen la razón.

“No es fortuito, ha habido un cambio en la jurisprudencia que confirma un cambio de sensibilidad de los jueces”, asegura Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y uno de los fundadores de la PIC (Plataforma de Iniciativas Ciudadanas) que se creó precisamente para evitar que prosperara el Plan Rabassa de Alicante. Distinta es la opinión de los responsables de la consejería de Territorio que destacan que todos los autos judiciales cuestionan “aspectos formales, pero no entran en el fondo de la cuestión”. Sin embargo, todos estos autos judiciales dejan en dique seco estas iniciativas y vienen a confirmar que la época de la aprobación desmedida de programas urbanísticos ya es historia, y que la crisis económica también ha servido de freno al ladrillo.

Enrique Climent, presidente de Abusos Urbanísticos No, una plataforma ciudadana que acaba de cumplir su décimo aniversario y que aglutina a 27.000 afectados de toda la Comunidad Valenciana, estima que esta concatenación de sentencias obedece a que hay una “concienciación general de que el urbanismo desaforado no es viable”. Climent también comparte el argumento de Alcaraz de que los jueces “son personas que han visto la reacción ciudadana, y se han tomado muy en serio todas estas denuncias”. El representante de Abusos Urbanísticos No critica la “soberbia” con la que actuaron políticos y promotores durante la última década aprobando y concediendo licencias de obras a destajo.

El representante de esta asociación contra el urbanismo desbordado recuerda que uno de los motivos por los que se han anulado gran parte de los proyectos urbanísticos en tramitación es porque antes el informe sobre los recursos hídricos se tenía solo que solicitar, pero con la reforma de la Ley de Agua, aprobada en 2005, ese informe pasó a ser obligatorio y, además, debía ser favorable. Y este argumento ha servido a los jueces para tumbar algunos PAI como el de Rabassa, con 13.500 viviendas en Alicante que no tenían garantizada el agua, o Porxinos, con 2.600 viviendas y una ciudad deportiva para el Valencia. En este proyecto la sentencia incide precisamente en que el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de agua resultaba “preceptivo y vinculante”, pero en Porxinos dicho informe no figuraba, solo había uno del año 2005, y era desfavorable. El TSJ agrega, citando al Supremo, que informes sustitutivos del de la Confederación Hidrográfica elaborados por entidades “colaboradoras” de la Administración no son válidos. Y remata el entierro del proyecto urbanístico de Porxinos señalando que la tramitación por parte de la Consejería de Territorio vulneró, además, el procedimiento administrativo establecido.

José María Perea, presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que se fundó precisamente por su oposición al Plan Rabassa, atribuye estas sentencias al “esfuerzo de mucha gente que durante años ha denunciado estos desmanes urbanísticos”. Perea considera que ese “clamor social” queda recogido en las sentencias. El Plan Rabassa acumula cuatro varapalos judiciales por irregularidades en la tramitación, falta de informes y de recursos hídricos, entre otras muchas cuestiones.

Las personas consultadas también inciden en que la crisis económica ha tenido un papel determinante. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional provocó que la mayoría de estos proyectos urbanísticos “económicamente estuvieran muertos”, según apunta Gerardo Roger, arquitecto urbanista y uno de los mentores de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) en la Comunidad Valenciana. Roger estima que un 80% de los PAI que iniciaron su tramitación no se aprobarán porque no son viables, ya que hay una gran cantidad de suelo urbanizable, que “pronto dejará de serlo, y muchas viviendas vacías en el mercado inmobiliario”. Para el experto, en los próximos meses habrá proyectos que se reprogramarán “a la baja” para adaptarse a la demanda del mercado. Para Manuel Alcaraz las últimas sentencias relacionadas con el urbanismo confirman que “empresarios y políticos” durante unos años consideraron que en materia urbanística “valía todo”. Las personas consultadas también coinciden en que los varapalos judiciales al ladrillo confirman que la lucha que durante años, y de manera sosegada y discreta, han mantenido los colectivos ciudadanos, y muchos particulares, al final ha surtido efecto. “Sin esa red social, que costó de aflorar, y luchó contra políticos y empresarios no se hubiera podido frenar a los piratas especuladores del suelo urbanizable”, concluye Alcaraz.

Sin embargo, Juan Giner, director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consejería de Infraestructuras, recuerda que todas estas sentencias “no entran en el fondo de la cuestión, y anulan cuestiones formales”, relacionadas con la falta de publicidad, la legitimidad de algunos informes o la falta de documentación. “Sería deseable que hubieran entrado en el fondo de la cuestión, para disponer de jurisprudencia y poder actuar en el futuro”, asegura el responsable de la Administración del PP. Giner recuerda que en algunas de estas sentencias hay “votos discrepantes” de algunos magistrados, y lamenta que todos estos autos generen cierta “inseguridad” jurídica, ya que hay disparidad de criterios, y en ningún momento se cuestiona el modelo urbanístico. “Desde la Generalitat queremos hacer las cosas bien, y pedimos seguridad jurídica, porque si la legislación urbanística dice una cosa y los tribunales otra distinta, los políticos no sabemos a qué atenernos”, reflexiona el director general de la consejería.


* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 6.7.13
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabassa - vplaza



.................................... Leer más...

Vecinos de Alcorcón acampan en los terrenos de Eurovegas para rechazar el macrocasino

El megacomplejo de casinos 'Eurovegas', que tiene previsto su construcción en terrenos de Alcorcón (Madrid), parece que no termina de arrancar por diferentes motivos, todos negativos. Así los propios vecinos y plataformas ciudadanas creadas para detener este inmenso pelotazo urbanístico, se siguen manifestando periódicamente, como han hecho el pasado fin de semana.
"ELDIARIO* : Vecinos de la ciudad de Alcorcón apoyados por las plataformas 'Detengamos Eurovegas' y 'Eurovegas No' de Madrid han decidido acampar este fin de semana en los terrenos de la Venta de la Rubia, lugar asignado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para albergar el complejo de juego y ocio de Las Vegas Sands. La jornada se ha iniciado a las 11:00 horas con una marcha reivindicativa a pie y en bicicleta en contra de la instalación de este proyecto desde las estaciones de Cercanías de San José de Valderas y Alcorcón que ha contado con "decenas de miles de personas", como ha señalado un integrante de la plataforma.

El objetivo de esta acampada es denunciar el proyecto que, según 'Detengamos Eurovegas' ha sido "negociado en secreto" entre la promotora del mismo y los dirigentes políticos, lo cual, en vista de los afectados es "una muestra triste de falta de diálogo".

Desde la plataforma aseguran que de llevarse a cabo el complejo afectará "de forma negativa" a la ciudad y creen que las consecuencias de su instalación "repercutirán negativamente en toda la economía y política española porque su desarrollo supondría uno de los ejemplos más perfectos de la subordinación del interés público".

El portavoz de 'Detengamos Eurovegas', Jesús Bartolomé, ha explicado que la tardanza de Las Vegas Sands en presentar el proyecto se deba probablemente a la financiación puesto que "sólo está comprometido un tercio de la inversión de la primera fase", cuya responsabilidad es de la empresa promotora.

"No se han concretado aún los inversores y la propia empresa no va tan bien cuando sus casinos en Estados Unidos están perdiendo dinero", ha señalado Bartolomé, quien tiene esperanza en que este proyecto no siga adelante.

El portavoz asegura que es probable que Eurovegas no acabe construyéndose en Alcorcón a pesar "de los cambios legislativos a medida" ya que ha señalado que "otros proyectos similares de ciudades de casino" finalmente no cuajaron.

Los convocantes de la acampada han citado a los que deseen asistir a la misma a las 21:00 horas junto a la parada de autobuses del Museo del Aire.

Tras pasar la noche "al raso" en los terrenos donde se levantará el complejo de casinos, tienen previsto una concentración mañana a las 12:00 horas en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento de Alcorcón, para manifestar nuevamente su oposición a la construcción de Eurovegas.


* El Diario - EFE - 6.7.13
Foto: Vecinos de Alcorcón acampan contra Eurovegas - eldiario




.................................... Leer más...

Sevilla.- 'Sandokán' ganó cuatro millones al comprar un solar que ya era suyo

Es ya suficientemente conocido el empresario constructor 'Sandokán', junto a su empresa Arenal 2000, por su imputación en la trama 'Malaya' de la Costa del Sol, la ilegalidad de sus naves en Córdoba, junto a su entrada en política, o aquí en la ciudad de Sevilla también. El tema de las recalificaciones irregulares, con cambios de identidad por el medio, son ya habituales en este mundo de la corrupción urbanística.
"LARAZÓN* : Fundar una segunda empresa y venderse a uno mismo un terreno de su propiedad. Eso fue lo que hizo en el año 1999 la cordobesa Arenal 2000 con la antigua fábrica de Uralita de Bellavista. En un día, Arenal 2000 fundó junto a la caja de ahorros Cajasur Arenal Sur 21 y revendió a esa nueva compañía la parcela que había comprado justo un año antes, obteniendo un beneficio de 4,2 millones de euros. Es decir, que la firma propiedad del empresario Rafael Gómez, «Sandokán» –implicado en la «Operación Malaya» de corrupción urbanística– hizo un negocio redondo: cobró y además mantuvo la propiedad del 50 por ciento de los terrenos.

En 2006, según reconocía en una respuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la primera entidad española intervenida por el Banco de España ya poseía el cien por cien del capital, una vez rebautizada la compañía como Prienesur.

Por los más de 238.000 metros cuadrados de superficie, la nueva promotora creada «ex profeso» pagó algo más de 36 millones de euros. Arenal 2000 la había comprado exactamente un año antes por 31,8 millones. A ello habría que sumar otros tres que de forma voluntaria –no se exigía en el convenio suscrito con Urbanismo–, aportó para «participar en el coste de las infraestructruras generales». Esos terrenos albergan actualmente la megalómana urbanización Jardines de Hércules, un complejo exponente del «boom» inmobiliario y cuya cuarta fase ha encallado.

Especulación

Pero antes de «Sandokán», el solar de la antigua factoría había pasado por varias manos. Tras el cierre, la propietaria original de los terrenos, Uralita Productos y Servicios SA, busca la recalificación que permita construir pisos. Propone a la Gerencia de Urbanismo modificar el PGOU y ofrece a cambio suelo y las instalaciones deportivas de la fábrica. Según detalla la Cámara de Cuentas en un informe de 2006, el Ayuntamiento sevillano solicita también que se compensen las nuevas dotaciones requeridas cediendo los terrenos que se califiquen de equipamiento.

Una semana después de ese primer contacto, el 15 de diciembre de 1998, Urbanismo, «informa favorablemente» sobre ella: «Entre otros motivos porque la reserva de suelo que se ofrece para uso dotacional (123.568 m²) es superior a los mínimos exigibles (96.390 m²)» establecidos en un 10%, según detalla el órgano auditor. Sólo un mes después, se cumple el primer trámite; la aprobación definitivamente se produce el 25 de noviembre de 1999.

Según justificó la Gerencia en su día, «los objetivos perseguidos con la modificación son, por un lado, mantener las instalaciones deportivas existentes, pero dándoles carácter público y, por otro, formalizar fachada (sic) a la nueva calle urbana tras haber perdido su naturaleza de carretera nacional». Pero lo cierto es que eso permitió a Uralita vender las parcelas por 16,2 millones –según consta en el registro de la propiedad, aunque no en el expediente administrativo fiscalizado, según destaca la propia Cámara–.

Era marzo de 1999 y se había cumplido el trámite previo a la recalificación. En diciembre, la nueva propietaria, Indes Desarrollo Inmobiliario, se deshace del suelo por prácticamente el doble: Arenal 2000 pagó 31,8 millones, 15,6 más que lo que había costado sólo nueve meses antes. La operación, según recalca el órgano auditor, se produce «nada más efectuarse la aprobación definitiva de la Modificación del Plan General».



* La Razón - Marta M. Reca - 2.7.13
Foto: Naves Arenal 2000 en Córdoba- arenal2000

.................................... Leer más...

Málaga.- Urbanismo tumba el proyecto privado para los Baños del Carmen que defiende el alcalde

Si ya existe un problema urbanístico grave en el ayuntamiento de Málaga, solo faltaba que discreparan la gerencia y el propio alcalde (PP) sobre asuntos tan emblemáticos como este de los antiguos Baños del Carmen y el diseño del paseo marítimo. Los propios vecinos y otras asociaciones reivindicarán de nuevo el 20 de Julio su recuperación y el rescate de las concesiones realizadas.
"SUR* : Una vez más, y no es la primera en los últimos meses, el alcalde dice una cosa y la Gerencia Municipal de Urbanismo lo contrario. Si hace un par de semanas los técnicos de este departamento tumbaban el proyecto anunciado por Francisco de la Torre para acabar con el hedor de la desembocadura del Guadalmedina, donde finalmente se mantendrá una lámina de agua, ahora hacen lo propio con la propuesta presentada por los concesionarios de los Baños delCarmen para regenerar la zona, una idea que fue bendecida y alabada repetidamente por el regidor.

Según pudo conocer este periódico, estos privados se encuentran muy contrariados tras conocer un informe de Urbanismo que echa por tierra el proyecto presentado y elaborado por el estudio del arquitecto Salvador Moreno Peralta, una actuación que la concesionaria está dispuesta a asumir si se le permite construir un hotel cuatro estrellas en una parcela cercana y un aparcamiento de 150 plazas. Los técnicos municipales argumentan que el diseño no se ajusta a lo contemplado en el Plan General.

* Sur - Jesús Hinojosa - 5.7.13
Foto: Imagen de los Baños del Carmen. / Carlos Moret

.................................... Leer más...

Pompeya, amenazada por la ruina y la Unesco

Como se ve no solo es en España donde hay graves problemas con la protección del Patrimonio histórico artístico, sino también en muchos otros países entre los que se incluye la propia Italia, considerada como modelo en la protección del Patrimonio por la gran cantidad de monumentos existentes. Y las famosas ruinas romanas de Pompeya son el mejor ejemplo de esto, ya que no se han cumplido los planes especiales previstos.
"ELCONFIDENCIAL* : La Unesco advierte a Italia: tiene dos años para ponerse al día con la conservación de las Zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y la Torre Annunziate, catalogadas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tras varios estudios sobre el estado del yacimiento y los sucesivos deterioros que han sufrido las ruinas romanas, la institución comunicó este fin de semana a la delegación italiana que si no se llevan a cabo “progresos sustanciales” antes de 2015 el Comité podría cambiar a Pompeya a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

Italia tiene hasta el 31 de diciembre de este año para explicar al organismo las medidas que va tomar para proteger el patrimonio de Pompeya. El 1 de febrero de 2014 la Unesco enviará otra misión de inspección a la zona, como ya hizo en 2010.

El último informe de investigación del organismo de la ONU ha observado grandes problemas de conservación en el sitio arqueológico, declarado Patrimonio Mundial desde 1997. Las últimas revisiones, que tuvieron lugar el pasado mes de enero, apreciaron un "considerable progreso" en "algunas" de las propuestas de preservación ya en la inspección del año 2010. Aun así aún quedaban "muchos problemas que resolver".

Gestión

La delegación de la Unesco invita al gobierno italiano a agilizar los trámites para mejorar la gestión de su patrimonio. Las instituciones italianas se han comprometido a presentar el plan de gestión en la fecha consignada por el organismo, que comprende una extensión de la zona de protección, para ampliar el área más allá del sitio arqueológico concreto.

El informe de la delegación de la Unesco añade una modificación a la propuesta en la zona de Herculanum, para que incluyan también otro espacio donde tuvieron lugar excavaciones en los años 90, entre el núcleo de protección y la llamada Villa de los Papiros. Esta parte administrativa corre a cargo del Estado italiano.

Restauración y conservación

En este punto yace el principal problema. Italia no ha puesto apenas en marcha el plan de desarrollo del proyecto que apoyo a Pompeya de la Comisión Europea. 105 millones de euros que tenían como objetivo restaurar el deterioro causado por los fuertes temporales en 2011, que agravaron aún más la situación del sitio ya dañado el año anterior también por las tormentas que causaron indirectamente el derrumbe de la Domus de los Gladiadores. Desde que se aprobó el plan en marzo de 2012, se deberían haber iniciado 39 proyectos individuales. Solo se han puesto dos en curso. La Unesco reclama en su informe un seguimiento externo de las intervenciones sobre el terreno y la aceleración de las medidas de conservación de forma urgente.

La delegación de la Unesco identificó que “los deterioros causados estos últimos años persisten” y exige medidas correctoras: “La falta de vigilancia y de técnicos que aseguren la gestión, la supervisión y conservación del sitio es siempre un problema”. Además, la delegación estima que proyecto europeo caducará con varias de las medidas en curso. Aunque se consigan resultados, la Unesco ya considera que no se cumplirán los objetivos propuestos.

Pompeya afronta una serie de problemas de conservación desde hace varios años. Al continuo deterioro de las ruinas se añade la dejadez del Gobierno italiano. El gran desastre sucedió en 2010, cuando se derrumbó la Domus de los Gladiadores, el edificio en el que se entrenaban los atletas en la antigua Pompeya. La construcción, que se encuentra en la calle de la Abundancia, una de las vías principales de la ciudad, fue cerrada al público para poder llevar a cabo las investigaciones y los análisis pertinentes, que atribuyeron los daños posteriormente a las filtraciones de agua. Para añadir otro toque de ruina, en diciembre de 2011 se cayó un muro en el patio de la Casa del Moralista.

Las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, así como numerosas villas de las comarcas circundantes, fueron sepultadas tras la erupción del volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79. Se empezaron a desenterrar sus ruinas de forma progresiva desde mediados del siglo XVIII. Un lugar de gran valor histórico convertido también en un importante foco de turistas del país. Y que ahora corre riesgo de ver reducido su valor como punto turístico por la falta de conservación.

El cambio de categoría no implica un castigo político. Incluso estar "en peligro" ha servido a otros lugares del mundo para recibir más fondos económicos. Pero para Italia, el país que más lugares Patrimonio Cultural alberga, es una cuestión de prestigio. El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Nápoles considera que es como "un suicidio colectivo", según ha declarado en la prensa italiana: "El patrimonio artístico de una nación es como la educación y la sanidad: tenemos que decidir si merece nuestra atención o no".

Andrea Carandini, arqueólogo prestigio en Italia y ex presidente del Consejo Superior de Bienes Culturales de ese país, ha asegurado también en diferentes medios del país que el plan de restructuración “se está cumpliendo poco o mal” y que tan sólo tendrían que “ponerlo en funcionamiento”. El arqueólogo ha puesto de manifiesto una serie de dificultades globales que impiden el arranque del gran proyecto, como el exceso de burocracia, la carencia de personal o el exceso de “corporativismo de los sindicatos”.

Los recortes en Patrimonio

El actual ministro de Cultura italiano Massimo Bray, en el cargo desde el pasado mes de abril tras las elecciones de febrero, ha reconocido en una entrevista al diario Corriere de la Sera que hacen falta profesionales para la protección del patrimonio italiano: “Los recursos para emergencias en Pompeya, como pueden ser los hundimientos, se recortaron en más de un 58 % en los pasados cinco años. El ministerio en términos globales se ha reducido en un tercio comprando con el presupuesto de 2008”.

La cartera de cultura italiana cuenta con 90 millones de euros para este año, mientras que le harían falta unos 500 para proteger de forma adecuada sus 49 espacios incluidos en la lista Patrimonio Mundial. El ministro precisó además que las últimas oposiciones para puestos en Patrimonio en Italia se celebraron en 2008, en las que se ofrecían 400 puestos para 139.000 candidatos. La cuestión difícil de entender es que Italia ha tenido a su disponibilidad una fuerte financiación europea que no ha sido aprovechada.

El político del Partido Democrático ha especificado que a partir de ahora Pompeya será “una prioridad”, según decidió en la última reunión mantenida con el primer ministro Enrico Letta.

Y si no, siempre quedará el mecenazgo. El pasado mes de enero el magnate italiano Pietro Salini mostró su voluntad de donar 20 millones de euros para la recuperación del sitio arqueológico de Pompeya. Massimo Bray ya ha dicho que se reunirá lo antes posible con el empresario para gestionar un acuerdo. “Todas las donaciones son más que bienvenidas”, ha comentado el ministro. Y corren prisa, debería añadir. Les queda poco tiempo si no quieren que las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano queden sepultadas de nuevo. Y ya no será por las erupciones del Vesubio.


* El Confidencial - Verónica Ramírez - 4.7.13
Foto: Derrumbe de la 'Casa de los Gladiadores', en Pompeya, en el año 2010. (EFE)

.................................... Leer más...

El alcalde de Barbadás vota los cambios urbanísticos que benefician a su familia

La provincia de Ourense se ha caracterizado por un sin fin de núcleos urbanos con grave corrupción urbanística, incluyendo la capital y la propia Diputación. Ahora se suma el municipio de Barbadás donde el alcalde se salta todas las normas y beneficia con su voto un 'pelotazo' a su propia familia. Más de lo mismo, mientras la justicia sigue sin actuar de oficio.
"ELPAÍS* : Los acusaron de propiciar un pelotazo urbanístico, de incurrir en una supuesta prevaricación, de haber buscado solo un objetivo, el de “su propio enriquecimiento y el de sus familiares y amigos” con su gestión política al frente del gobierno municipal, pero el alcalde y el teniente de alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto y Manuel García, aguantaron impertérritos el chaparrón en el pleno de ayer, solo acertaron a defenderse de los ataques tildándolos de “demagogia” y votaron favorablemente la modificación provisional de un área de reparto, la AR-10, que ve aumentada su edificabilidad y en la que ambos, junto con otros exconcejales constructores de su grupo, tienen propiedades.

De nada sirvió la advertencia de la portavoz del PSOE, Victoria Mourenza, de que ambos deberían abandonar la sala en la votación. La secretaria municipal eximió al alcalde de responsabilidad considerando que es una empresa a nombre de su mujer y de su hija —y no al suyo— la dueña de los terrenos que ven aumentada la edificabilidad y descartó igualmente que se ausentase el teniente de alcalde —con los terrenos a su nombre— valorando en este caso que “no existe beneficio directo para él”. La secretaria entiende que sería “distinto” si el número dos del Ayuntamiento “fuese el propietario mayoritario o exclusivo” de los terrenos de esa área de reparto. El teniente de alcalde es la segunda persona con mayor volumen de terreno, según precisó la oposición, con 3.071 metros cuadrados.

Con los dos votos de los dirigentes del PP se aprobó la modificación, que el PSOE ha anunciado que impugnará, que supone para los dueños de parcelas la supresión de la construcción de dos viales de acceso a la N-540, el aumento de la edificabilidad en 2.100 metros cuadrados, la reducción de reservados para zonas verdes y, según precisó el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Fírvida, y no negó el alcalde, un beneficio de económico añadido al desarrollo urbanístico previsto de tres millones de euros. “Todo se hizo por el cauce reglamentario. No sé dónde ven ustedes el pelotazo”, concluyó el alcalde.


* El País - CRISTINA HUETE - 1.7.13
Foto: Barbadás (Ourense) -  farodevigo



.................................... Leer más...

El fiscal del Supremo pide el envío a prisión de Matas por “malgobernar”

Está claro, clarísimo, el asunto del 'malgobierno' de Matas en Baleares, pero la lentitud judicial hace que, a estas alturas, todavía esté en la calle disfrutando de sus bienes de dudosa procedencia, cuando el expresidente balear debería estar hace ya tiempo a la 'sombra', junto a sus colaboradores, por la corrupción urbanística, entre otras cosas acaecidas en las islas durante su mandato de hace años.
"INFOLIBRE* : El fiscal Fernando Sequeros ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena de 6 años de cárcel impuesta al expresidente del Gobierno balear y exministro Jaume Matas por delitos de corrupción porque "los gobernantes que malgobiernen y aquellos que se valen de sus funciones para lucrarse en sus intereses privados" merecen "una sanción".

Así lo ha expuesto durante la vista pública que ha acogido este martes la Sala de lo Penal del alto tribunal para revisar los recursos interpuestos por Matas y por el articulista Antonio Alemany contra la sentencia dictada el pasado marzo por la Audiencia de Palma que condenaba a Matas a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación, y al periodista a tres años y nueve meses en el primer juicio del caso Palma Arena.

El representante del Ministerio Público ha defendido que la sentencia fue "correcta" y que el acusado se valió de la "confianza depositada en las urnas" para favorecer a sociedades de su confianza como eran las de Alemany.

"Todo fue un artificio, un ropaje formal para que esa persona pudiera satisfacer sus necesidades como periodista valiéndose de medios que le resultaban económicos desde las amistades que tenía", ha aseverado el fiscal, que ha acusado a ambos procesados de "utilizar" a la Administración pública "por encima de los fines que la Constitución prevé y del interés general". "Aquí se hizo todo lo contrario", ha zanjado.

La gravedad de los hechos.

La acusación ejercida desde el Gobierno balear también ha solicitado confirmar la condena impuesta a Matas y Alemany porque las pruebas en su contra fueron "lícitas y válidamente obtenidas", en referencia al "examen minucioso" de las declaraciones de los coimputados Joan Martorell y Miguel Romero de la Cerda, los testigos y la "abundante" prueba documental. "Proceden de un análisis lógico y razonable".

La letrada ha añadido que el trabajo objeto del contrato no se realizó y ha recalcado que la "gravedad" de los hechos probados justifica la pena impuesta "habida cuenta de que hablamos del presidente del Gobierno". "Cada céntimo de euro debe responder a un interés público y estar plenamente justificado", ha añadido.

"Incoherencias y falta de lógica" de la Audiencia

En su turno, tanto la defensa del exministro 'popular' como la del periodista de opinión han solicitado la absolución de sus clientes al considerar que la sentencia condenatoria vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en una absoluta "falta de lógica y racionalidad" en la valoración de la prueba de cargo, no motivó suficientemente sus responsabilidades e impuso además un castigo desproporcionado.

"Es una sentencia de ida y vuelta, se dice una cosa y la contraria, se dice blanco y se dice negro, unas páginas consideran acreditada una cosa y otras páginas consideran acreditada otra", ha afirmado la abogada de Matas, para exponer las múltiples "incoherencias" de la resolución de la Audiencia de Palma.

A juicio de la abogada Pilar Gómez Pavón, el tribunal parece que pensaba "en una Administración pública casi feudal" donde el presidente impone "lo que quiere hacer". Ha cuestionado así los delitos de falsedad documental, de prevaricación y de malversación por los que el expresidente balear fue condenado y ha indicado que el contrato con Alemany cumplía las condiciones y persiguió un "interés público".

El abogado defensor de Alemany, Javier Fernández, también ha apuntado que la cantidad cobrada por su representado estaba "justificada" y que la propia sentencia reconoció que las declaraciones de los coimputados tenían "escasa fiabilidad", en alusión a las palabras incriminatorias del exdirector general de Comunicación Joan Martorell y el dueño de la agencia Nimbus Miguel Romero, quienes fueron condenados a poco más de un año de cárcel.

El letrado ha defendido que el articulista realizó los trabajos por los que fue condenado y si no han sido localizados ha sido porque la "búsqueda no fue suficiente". "Tal vez no lo fue de manera intencionada", ha remachado, para negar que Alemany ocultara su identidad en el contrato. "Como administrador aparecía su sobrino porque él iba a ser sometido a una operación a corazón abierta y le dijo: ponte tú porque si a mí me pasa algo, cuidas de tu tía", ha concluido.

El tribunal, presidido por Carlos Granados, y formado por Jorge Barreiro, José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena revisará la sentencia que condenó al exministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar por delitos de fraude a la administración; continuado de falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado.

La Audiencia de Palma consideró probado que los acusados que se sentaron en el banquillo pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros. Todo ello después de que el articulista acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas.


* Infolibre - 2.7.13
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo - reuters (archivo)



.................................... Leer más...

La destrucción del patrimonio histórico en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid, fiel a su política de acabar con todo lo público para hacer suculentos negocios privados, aprobó hace poco la nueva ley de Patrimonio Histórico, otra nefasta norma que nos retrotrae a los peores tiempos de la dictadura cuando las cosas se hacían por la cara, sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Ahora, sin duda, esta interesada destrucción patrimonial la pagarán las generaciones futuras.
"JAVIER N.NEGRO* : Hoy no narraré ningún acontecimiento ni episodio histórico, déjenme saltarme en cierta medida el guión para realzar un debate de no poco enjundia, necesario, ligado a la Historia y las Ciencias Humanas en general. Me centraré en la Comunidad de Madrid y su ciudad, aunque lo que aquí leerán, es extrapolable a todos los rincones del estado español. El PP de la Comunidad de Madrid ha sacado adelante, gracias a su mayoría absoluta, la nueva ley de Patrimonio Histórico, la cual, entre otras aplicaciones, suprime la necesidad de la realización de un informe arqueológico preventivo en los proyectos de construcción, lo cual, actualmente favorece la construcción de complejos como Eurovegas y siguientes “pelotazos urbanísticos”. Éste es, el modelo económico que excita a las cúpulas del Partido Popular y otros partidos políticos.

Claro ejemplo de dicha situación la encontramos en el espacio y entorno geográficos sobre los que se va a posar el complejo de Eurovegas, en caso de que apareciese cualquier resquicio arqueológico, estos podrían ser borrados con total impunidad. Cabe recordar, que próximo al enclave, se halla un yacimiento paleolítico entorno al arroyo de Butarque, además se debe tener en cuenta que dicha zona está dentro del terrotorio que fue poblado por los Carpetanos. Por ende, la probabilidad de hallar indicios con tan sólo tirar de “piqueta” es más que evidente.

Otro paradigma, sin lugar a dudas lo vemos en Vicálvaro, concretamente en el barrio de los Ahijones donde el ayuntamiento de Madrid va a construir 15.400 pisos. Recientemente han aparecido sobre los solares un elevado número de tumbas visigodas, no obstante, los intentos por museizar la zona han caído en saco roto, y tan sólo se ha dado permiso para encontrar el poblado en un perímetro de dos kilómetros. Todo ello, tras los trabajos de urgencia se verá sepultado por millares de viviendas.

Los dos casos expuestos con anterioridad aún son evitables, algo que no ocurrirá con el ya desgajado poblado carpetano de la Gavia. Un promontorio sobre el que en 1992 se instalarón las vías para el Ave Madrid-Sevilla (Véase la imagen de la presente entrada Fig.1 ). Para más noticias de dicha índole os aconsejo que le echéis un ojo a esta entrada del blog Parque Lineal.

Vemos como el resultado de tales políticas es nefasto, pues el legado arqueológico se evapora por siempre de la memoria, tan cerca, pero tan lejos, bajo kilos de hormigón, sin ni tan siquiera haber sido expuestos a una excavación arqueológica de urgencia. Orgullosos de ello se hallan aquellos que promueven la marca España y para lo único que utilizan la Historia es para sesgarla y servirla a su gusto.

En realidad, se torna sencillo evitar tales atrocidades, lo único que hay que hacer es cambiar la política económica. Se dilucida que el PP prefiere el modelo de casinos, mafias y ladrillo por doquier, sin embargo, les propongo un viraje en sus intenciones de fomentar empleo y generar riqueza. Vean, Ana Botella e Ignacio González, con el alto grado de licenciados en carreras de Ciencias Humanas, sería más acorde a su formación preservar el patrimonio histórico que posee la Comunidad y ciudad de Madrid, gracias a ello se podrá fomentar la investigación y con ello; abrir centros de interpretación, museos, parques temáticos con una fórmula ecológica e histórica, recreaciones de la vida y costumbres del pasado y un amplio abanico de actividades entorno a la Historia que envuelve el territorio. En referencia a la ciudad de Madrid, la riqueza de su casco antiguo es incomensurable y debería ser aprovechada en clave de rutas, visitas, recreaciones en clave de literatura, historia y música entre otras artes.

Dicho modelo productivo, generará comercios, --muchos ligados a la artesanía-- que giren entorno al patrimonio. Seguramente, el beneficio económico, que lo habrá, no sea de forma tan inmediata, no obstante, el beneficio social es impagable. El paro juvenil caerá, los licenciados en carreras de humanidades trabajarán por lo que han estudiado, el emprendedor aparecerá en clave de comerciante, artesano e incluso regentando una venta “Quijotesca” si me permiten la expresión. Todo ello, fomentando el pensamiento y el juicio crítico, algo que choca con el modelo de social sobre la que se alimenta el PP; personas sin capacidad de análisis, trabajando en la precariedad y evadiendo sus problemas de forma temporal tirando dados sobre una ruleta.


* Diagonal - Opinión - 2.7.13
Foto: Cerro de la Gavia.- celtiberia.net

.................................... Leer más...

El alcalde de Granada, imputado por prevaricación urbanística

Granada es otra ciudad que ha estado desde hace tiempo en la picota urbanística, ahora se acusa a su alcalde por favorecer a determinados amiguetes promotores, algo en lo que han salido perjudicados, evidentemente, todos los ciudadanos granaínos.
"ELDIARIO* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Granada ha llamado a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), investigado por supuestamente favorecer a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' por aceptar la cesión de solares al Ayuntamiento a cambio de perdonarles la deuda que mantenían con este precisamente por no construir el mencionado proyecto del Palacio.

La información la adelantaba en su edición de este martes el diario Ideal de Granada.

En concreto, el magistrado Basilio García interrogará a Torres Hurtado el próximo 22 de julio, a las 9.00 de la mañana, acerca de su actuación en el acuerdo que canceló la deuda de alrededor de 8,2 millones de euros de dos promotores con el Ayuntamiento de Granada al no realizarse la obra del Palacio de Hielo en la zona del Cerrillo Maracena, por lo que estos nunca habían llegado a ceder al municipio los aprovechamientos correspondientes en el convenio urbanístico.

En 2011, el alcalde aceptó dos parcelas de dicho convenio a cambio de perdonar la deuda, aunque los activos de ambos empresarios ya estaban embargados gracias a una sentencia judicial, algo que el PSOE denunció por considerar que "lesionaba los intereses" del Ayuntamiento y que el juez instructor intenta aclarar, de momento imputando al regidor, a los dos promotores y a los responsables de la Caja Rural de Granada, también parte del convenio.

Robo de terrenos al Estado

El 'caso Palacio de Hielo', estrechamente relacionado con esta investigación, sentará en el banquillo el próximo mes de octubre precisamente a los mismos promotores imputados junto al alcalde, aunque no a este ni a ningún representante de la Caja Rural, y al ex concejal de Urbanismo de Granada, Luis García Royo (PP), que formó parte del equipo de gobierno de Torres Hurtado en el mandato 2003-2007.

El ex concejal García Royo y varios funcionarios del Ayuntamiento de Granada, entre ellos el entonces gerente de Urbanismo y actual Jefe de Obras, Manuel Lorente, están acusados de ponerse de acuerdo con las promotoras (JJ Consulting SL y Promociones Arcomarex) así como la Caja Rural, para, en 2005, al trazar el convenio urbanístico para la construcción del Palacio, incluir como si fuesen terrenos municipales parcelas de la zona que en realidad, pertenecían al Estado, en concreto al Ministerio de Fomento y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Fue el propio Estado quién denunció los hechos, abriendo una investigación que ya había salpicado al alcalde Torres Hurtado y a la actual edil de Urbanismo, Isabel Nieto, ya que uno de los imputados –que ahora también acompañará a declarar al regidor en este nueva investigación–, el promotor José Julián Romero, los acusó de ser los responsables últimos del convenio del Palacio.

Acusaciones del promotor

De hecho, el acuerdo de compensación de la deuda de los 8,2 millones a cambio de parcelas se produjo tras una de las primeras declaraciones en prensa de Romero acusando a Nieto y Torres Hurtado de haber mantenido la validez del convenio por el que se lo embargaba más allá de las municipales de 2007, cuando García Royo fue sustituido al frente de la concejalía de Urbanismo.

Aunque el acuerdo de 2011 templó los ánimos, Romero volvió a acusar ante los micrófonos a Torres Hurtado de estar implicado en el 'Palacio de Hielo' en vísperas de las autonómicas de 2012, poco después de que Fiscalía pidiese juicio oral.

El Estado ha conseguido la anulación de al menos dos convenios urbanísticos similares más entre 2010 y 2011, en este caso en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Se trata de las parcelas conocidas como Azucarera San Isidro y Villa Pineda, la primera fruto de un convenio de 2004 que firmó García Royo y la segunda de otro de 2007 ya con Nieto como edil. Actualmente también está en los tribunales el Plan Parcial PPT-17, que el Ministerio de Fomento denunció en 2012 que contabiliza como municipales casi 4000 metros cuadrados de propiedad estatal.


* El Diario - Miguel Gómez - 2.7.13
Foto: Torres Hurtado, investigado por favorecer supuestamente a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' / EFE


.................................... Leer más...

Valencia.- El juez de Gürtel imputa a cuatro cargos más por amañar contratos

Continúa el goteo de notables políticos valencianos imputados en la trama corrupta 'Gürtel'. Ahora se trata de ex altos cargos de la Generalitat de Camps que fraccionaban ilegalmente contratos de obras a fin concederlos a dedo y sin competencia a empresas de la trama. Habrá que ver hasta dónde llega la justicia, y si lo hace con rapidez, ante tantas pruebas inculpatorias.
"ELPAÍS* : El caso Gürtel sigue siendo un agujero negro para el PP y el Gobierno valenciano cuya profundidad resulta imposible de estimar. Un día después de que el juez José Ceres enviara al banquillo a dos diputadas autonómicas que fueron consejeras con el expresidente Francisco Camps —a una la fiscalía le pide 11 años de cárcel y a la otra, 10 de inhabilitación— trascendieron otras cuatro imputaciones de antiguos cargos de la Generalitat. Todas ellas están relacionadas con el fraccionamiento de contratos e irregularidades similares que habrían tenido como fin conceder sin competencia numerosos contratos a empresas de la trama corrupta.

El primero de los nuevos imputados es Juan Miguel Bellver, que era director general de la empresa pública de Medio Ambiente Vaersa en 2004, cuando se concedió un contrato de 119.000 euros (más IVA) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market.

Vaersa pagó la mitad del dinero, que debía servir para realizar una campaña de sensibilización del contenedor amarillo. Orange Market no hizo nada. Y la empresa pública nunca pidió el reembolso de los fondos.

El juez imputa a Bellver “porque del contenido de su propia declaración” como testigo “pueden existir indicios racionales bastantes para su participación en los hechos”. Derivado, en parte, “de las manifiestas contradicciones en las que incurrió”, “tanto en lo relativo a su papel en la decisión de la contratación como en posteriores actuaciones para la resolución del contrato”. Contra el exdirector de Vaersa pesa también la declaración de otro de los imputados, Antonio Santo Juan, jefe de área en Vaersa, “que intervino personalmente en la gestión de esta contratación”.

El magistrado se apoya igualmente en la declaración de otros excargos para imputar a Enrique Navarro, que fue secretario autonómico de Familia hasta diciembre. El juez ve indicios de que Navarro tuvo una “intervención relevante y decisiva” en la contratación de distintas empresas de la trama Gürtel para los actos Balance General (23.514 euros), Violencia de género, tolerancia cero (20.952 euros) y Punto Final (23.759 euros). Se celebraron entre 2006 y 2007 y, según la Intervención General del Estado, fueron troceados para adjudicarlos sin competencia.

El juez menciona que para imputarlo ha tenido en cuenta las declaraciones de Clara Abellán, exdirectora de la Mujer, así como del “jefe de prensa, la secretaria general administrativa y el jefe de sección de Coordinación Administrativa” que entonces trabajaban en la Consejería de Bienestar Social.

Enrique Bort, jefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), queda imputado por “facilitar, direccionar”, y participar presuntamente “en alteraciones relevantes” del procedimiento de contratación que eligió a Orange Market para realizar un vídeo sobre parques empresariales por 69.600 euros.

El cuarto imputado, por el mismo contrato que Bort, es José Manuel Vidal, que era empleado de Orange Market “aunque también fue alto cargo en algunas consejerías”. Vidal, a quien el juez atribuye “negociaciones y contactos posiblemente irregulares” con funcionarios para hacerse con el contrato, pasó por varios departamentos de la Generalitat. Incluido el gabinete del expresidente Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la red.


* El País - IGNACIO ZAFRA - 2.7.13
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo



.................................... Leer más...