Es ya suficientemente conocido el empresario constructor 'Sandokán', junto a su empresa Arenal 2000, por su imputación en la trama 'Malaya' de la Costa del Sol, la ilegalidad de sus naves en Córdoba, junto a su entrada en política, o aquí en la ciudad de Sevilla también. El tema de las recalificaciones irregulares, con cambios de identidad por el medio, son ya habituales en este mundo de la corrupción urbanística.
"LARAZÓN* : Fundar una segunda empresa y venderse a uno mismo un terreno de su propiedad. Eso fue lo que hizo en el año 1999 la cordobesa Arenal 2000 con la antigua fábrica de Uralita de Bellavista. En un día, Arenal 2000 fundó junto a la caja de ahorros Cajasur Arenal Sur 21 y revendió a esa nueva compañía la parcela que había comprado justo un año antes, obteniendo un beneficio de 4,2 millones de euros. Es decir, que la firma propiedad del empresario Rafael Gómez, «Sandokán» –implicado en la «Operación Malaya» de corrupción urbanística– hizo un negocio redondo: cobró y además mantuvo la propiedad del 50 por ciento de los terrenos.
En 2006, según reconocía en una respuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la primera entidad española intervenida por el Banco de España ya poseía el cien por cien del capital, una vez rebautizada la compañía como Prienesur.
Por los más de 238.000 metros cuadrados de superficie, la nueva promotora creada «ex profeso» pagó algo más de 36 millones de euros. Arenal 2000 la había comprado exactamente un año antes por 31,8 millones. A ello habría que sumar otros tres que de forma voluntaria –no se exigía en el convenio suscrito con Urbanismo–, aportó para «participar en el coste de las infraestructruras generales». Esos terrenos albergan actualmente la megalómana urbanización Jardines de Hércules, un complejo exponente del «boom» inmobiliario y cuya cuarta fase ha encallado.
Especulación
Pero antes de «Sandokán», el solar de la antigua factoría había pasado por varias manos. Tras el cierre, la propietaria original de los terrenos, Uralita Productos y Servicios SA, busca la recalificación que permita construir pisos. Propone a la Gerencia de Urbanismo modificar el PGOU y ofrece a cambio suelo y las instalaciones deportivas de la fábrica. Según detalla la Cámara de Cuentas en un informe de 2006, el Ayuntamiento sevillano solicita también que se compensen las nuevas dotaciones requeridas cediendo los terrenos que se califiquen de equipamiento.
Una semana después de ese primer contacto, el 15 de diciembre de 1998, Urbanismo, «informa favorablemente» sobre ella: «Entre otros motivos porque la reserva de suelo que se ofrece para uso dotacional (123.568 m²) es superior a los mínimos exigibles (96.390 m²)» establecidos en un 10%, según detalla el órgano auditor. Sólo un mes después, se cumple el primer trámite; la aprobación definitivamente se produce el 25 de noviembre de 1999.
Según justificó la Gerencia en su día, «los objetivos perseguidos con la modificación son, por un lado, mantener las instalaciones deportivas existentes, pero dándoles carácter público y, por otro, formalizar fachada (sic) a la nueva calle urbana tras haber perdido su naturaleza de carretera nacional». Pero lo cierto es que eso permitió a Uralita vender las parcelas por 16,2 millones –según consta en el registro de la propiedad, aunque no en el expediente administrativo fiscalizado, según destaca la propia Cámara–.
Era marzo de 1999 y se había cumplido el trámite previo a la recalificación. En diciembre, la nueva propietaria, Indes Desarrollo Inmobiliario, se deshace del suelo por prácticamente el doble: Arenal 2000 pagó 31,8 millones, 15,6 más que lo que había costado sólo nueve meses antes. La operación, según recalca el órgano auditor, se produce «nada más efectuarse la aprobación definitiva de la Modificación del Plan General».
* La Razón - Marta M. Reca - 2.7.13
Foto: Naves Arenal 2000 en Córdoba- arenal2000
Sevilla.- 'Sandokán' ganó cuatro millones al comprar un solar que ya era suyo
Málaga.- Urbanismo tumba el proyecto privado para los Baños del Carmen que defiende el alcalde
Si ya existe un problema urbanístico grave en el ayuntamiento de Málaga, solo faltaba que discreparan la gerencia y el propio alcalde (PP) sobre asuntos tan emblemáticos como este de los antiguos Baños del Carmen y el diseño del paseo marítimo. Los propios vecinos y otras asociaciones reivindicarán de nuevo el 20 de Julio su recuperación y el rescate de las concesiones realizadas.
"SUR* : Una vez más, y no es la primera en los últimos meses, el alcalde dice una cosa y la Gerencia Municipal de Urbanismo lo contrario. Si hace un par de semanas los técnicos de este departamento tumbaban el proyecto anunciado por Francisco de la Torre para acabar con el hedor de la desembocadura del Guadalmedina, donde finalmente se mantendrá una lámina de agua, ahora hacen lo propio con la propuesta presentada por los concesionarios de los Baños delCarmen para regenerar la zona, una idea que fue bendecida y alabada repetidamente por el regidor.
Según pudo conocer este periódico, estos privados se encuentran muy contrariados tras conocer un informe de Urbanismo que echa por tierra el proyecto presentado y elaborado por el estudio del arquitecto Salvador Moreno Peralta, una actuación que la concesionaria está dispuesta a asumir si se le permite construir un hotel cuatro estrellas en una parcela cercana y un aparcamiento de 150 plazas. Los técnicos municipales argumentan que el diseño no se ajusta a lo contemplado en el Plan General.
* Sur - Jesús Hinojosa - 5.7.13
Foto: Imagen de los Baños del Carmen. / Carlos Moret
Pompeya, amenazada por la ruina y la Unesco
Como se ve no solo es en España donde hay graves problemas con la protección del Patrimonio histórico artístico, sino también en muchos otros países entre los que se incluye la propia Italia, considerada como modelo en la protección del Patrimonio por la gran cantidad de monumentos existentes. Y las famosas ruinas romanas de Pompeya son el mejor ejemplo de esto, ya que no se han cumplido los planes especiales previstos.
"ELCONFIDENCIAL* : La Unesco advierte a Italia: tiene dos años para ponerse al día con la conservación de las Zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y la Torre Annunziate, catalogadas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tras varios estudios sobre el estado del yacimiento y los sucesivos deterioros que han sufrido las ruinas romanas, la institución comunicó este fin de semana a la delegación italiana que si no se llevan a cabo “progresos sustanciales” antes de 2015 el Comité podría cambiar a Pompeya a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.
Italia tiene hasta el 31 de diciembre de este año para explicar al organismo las medidas que va tomar para proteger el patrimonio de Pompeya. El 1 de febrero de 2014 la Unesco enviará otra misión de inspección a la zona, como ya hizo en 2010.
El último informe de investigación del organismo de la ONU ha observado grandes problemas de conservación en el sitio arqueológico, declarado Patrimonio Mundial desde 1997. Las últimas revisiones, que tuvieron lugar el pasado mes de enero, apreciaron un "considerable progreso" en "algunas" de las propuestas de preservación ya en la inspección del año 2010. Aun así aún quedaban "muchos problemas que resolver".
Gestión
La delegación de la Unesco invita al gobierno italiano a agilizar los trámites para mejorar la gestión de su patrimonio. Las instituciones italianas se han comprometido a presentar el plan de gestión en la fecha consignada por el organismo, que comprende una extensión de la zona de protección, para ampliar el área más allá del sitio arqueológico concreto.
El informe de la delegación de la Unesco añade una modificación a la propuesta en la zona de Herculanum, para que incluyan también otro espacio donde tuvieron lugar excavaciones en los años 90, entre el núcleo de protección y la llamada Villa de los Papiros. Esta parte administrativa corre a cargo del Estado italiano.
Restauración y conservación
En este punto yace el principal problema. Italia no ha puesto apenas en marcha el plan de desarrollo del proyecto que apoyo a Pompeya de la Comisión Europea. 105 millones de euros que tenían como objetivo restaurar el deterioro causado por los fuertes temporales en 2011, que agravaron aún más la situación del sitio ya dañado el año anterior también por las tormentas que causaron indirectamente el derrumbe de la Domus de los Gladiadores. Desde que se aprobó el plan en marzo de 2012, se deberían haber iniciado 39 proyectos individuales. Solo se han puesto dos en curso. La Unesco reclama en su informe un seguimiento externo de las intervenciones sobre el terreno y la aceleración de las medidas de conservación de forma urgente.
La delegación de la Unesco identificó que “los deterioros causados estos últimos años persisten” y exige medidas correctoras: “La falta de vigilancia y de técnicos que aseguren la gestión, la supervisión y conservación del sitio es siempre un problema”. Además, la delegación estima que proyecto europeo caducará con varias de las medidas en curso. Aunque se consigan resultados, la Unesco ya considera que no se cumplirán los objetivos propuestos.
Pompeya afronta una serie de problemas de conservación desde hace varios años. Al continuo deterioro de las ruinas se añade la dejadez del Gobierno italiano. El gran desastre sucedió en 2010, cuando se derrumbó la Domus de los Gladiadores, el edificio en el que se entrenaban los atletas en la antigua Pompeya. La construcción, que se encuentra en la calle de la Abundancia, una de las vías principales de la ciudad, fue cerrada al público para poder llevar a cabo las investigaciones y los análisis pertinentes, que atribuyeron los daños posteriormente a las filtraciones de agua. Para añadir otro toque de ruina, en diciembre de 2011 se cayó un muro en el patio de la Casa del Moralista.
Las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, así como numerosas villas de las comarcas circundantes, fueron sepultadas tras la erupción del volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79. Se empezaron a desenterrar sus ruinas de forma progresiva desde mediados del siglo XVIII. Un lugar de gran valor histórico convertido también en un importante foco de turistas del país. Y que ahora corre riesgo de ver reducido su valor como punto turístico por la falta de conservación.
El cambio de categoría no implica un castigo político. Incluso estar "en peligro" ha servido a otros lugares del mundo para recibir más fondos económicos. Pero para Italia, el país que más lugares Patrimonio Cultural alberga, es una cuestión de prestigio. El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Nápoles considera que es como "un suicidio colectivo", según ha declarado en la prensa italiana: "El patrimonio artístico de una nación es como la educación y la sanidad: tenemos que decidir si merece nuestra atención o no".
Andrea Carandini, arqueólogo prestigio en Italia y ex presidente del Consejo Superior de Bienes Culturales de ese país, ha asegurado también en diferentes medios del país que el plan de restructuración “se está cumpliendo poco o mal” y que tan sólo tendrían que “ponerlo en funcionamiento”. El arqueólogo ha puesto de manifiesto una serie de dificultades globales que impiden el arranque del gran proyecto, como el exceso de burocracia, la carencia de personal o el exceso de “corporativismo de los sindicatos”.
Los recortes en Patrimonio
El actual ministro de Cultura italiano Massimo Bray, en el cargo desde el pasado mes de abril tras las elecciones de febrero, ha reconocido en una entrevista al diario Corriere de la Sera que hacen falta profesionales para la protección del patrimonio italiano: “Los recursos para emergencias en Pompeya, como pueden ser los hundimientos, se recortaron en más de un 58 % en los pasados cinco años. El ministerio en términos globales se ha reducido en un tercio comprando con el presupuesto de 2008”.
La cartera de cultura italiana cuenta con 90 millones de euros para este año, mientras que le harían falta unos 500 para proteger de forma adecuada sus 49 espacios incluidos en la lista Patrimonio Mundial. El ministro precisó además que las últimas oposiciones para puestos en Patrimonio en Italia se celebraron en 2008, en las que se ofrecían 400 puestos para 139.000 candidatos. La cuestión difícil de entender es que Italia ha tenido a su disponibilidad una fuerte financiación europea que no ha sido aprovechada.
El político del Partido Democrático ha especificado que a partir de ahora Pompeya será “una prioridad”, según decidió en la última reunión mantenida con el primer ministro Enrico Letta.
Y si no, siempre quedará el mecenazgo. El pasado mes de enero el magnate italiano Pietro Salini mostró su voluntad de donar 20 millones de euros para la recuperación del sitio arqueológico de Pompeya. Massimo Bray ya ha dicho que se reunirá lo antes posible con el empresario para gestionar un acuerdo. “Todas las donaciones son más que bienvenidas”, ha comentado el ministro. Y corren prisa, debería añadir. Les queda poco tiempo si no quieren que las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano queden sepultadas de nuevo. Y ya no será por las erupciones del Vesubio.
* El Confidencial - Verónica Ramírez - 4.7.13
Foto: Derrumbe de la 'Casa de los Gladiadores', en Pompeya, en el año 2010. (EFE)
El alcalde de Barbadás vota los cambios urbanísticos que benefician a su familia
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La provincia de Ourense se ha caracterizado por un sin fin de núcleos urbanos con grave corrupción urbanística, incluyendo la capital y la propia Diputación. Ahora se suma el municipio de Barbadás donde el alcalde se salta todas las normas y beneficia con su voto un 'pelotazo' a su propia familia. Más de lo mismo, mientras la justicia sigue sin actuar de oficio.
"ELPAÍS* : Los acusaron de propiciar un pelotazo urbanístico, de incurrir en una supuesta prevaricación, de haber buscado solo un objetivo, el de “su propio enriquecimiento y el de sus familiares y amigos” con su gestión política al frente del gobierno municipal, pero el alcalde y el teniente de alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto y Manuel García, aguantaron impertérritos el chaparrón en el pleno de ayer, solo acertaron a defenderse de los ataques tildándolos de “demagogia” y votaron favorablemente la modificación provisional de un área de reparto, la AR-10, que ve aumentada su edificabilidad y en la que ambos, junto con otros exconcejales constructores de su grupo, tienen propiedades.
De nada sirvió la advertencia de la portavoz del PSOE, Victoria Mourenza, de que ambos deberían abandonar la sala en la votación. La secretaria municipal eximió al alcalde de responsabilidad considerando que es una empresa a nombre de su mujer y de su hija —y no al suyo— la dueña de los terrenos que ven aumentada la edificabilidad y descartó igualmente que se ausentase el teniente de alcalde —con los terrenos a su nombre— valorando en este caso que “no existe beneficio directo para él”. La secretaria entiende que sería “distinto” si el número dos del Ayuntamiento “fuese el propietario mayoritario o exclusivo” de los terrenos de esa área de reparto. El teniente de alcalde es la segunda persona con mayor volumen de terreno, según precisó la oposición, con 3.071 metros cuadrados.
Con los dos votos de los dirigentes del PP se aprobó la modificación, que el PSOE ha anunciado que impugnará, que supone para los dueños de parcelas la supresión de la construcción de dos viales de acceso a la N-540, el aumento de la edificabilidad en 2.100 metros cuadrados, la reducción de reservados para zonas verdes y, según precisó el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Fírvida, y no negó el alcalde, un beneficio de económico añadido al desarrollo urbanístico previsto de tres millones de euros. “Todo se hizo por el cauce reglamentario. No sé dónde ven ustedes el pelotazo”, concluyó el alcalde.
* El País - CRISTINA HUETE - 1.7.13
Foto: Barbadás (Ourense) - farodevigo
El fiscal del Supremo pide el envío a prisión de Matas por “malgobernar”
Está claro, clarísimo, el asunto del 'malgobierno' de Matas en Baleares, pero la lentitud judicial hace que, a estas alturas, todavía esté en la calle disfrutando de sus bienes de dudosa procedencia, cuando el expresidente balear debería estar hace ya tiempo a la 'sombra', junto a sus colaboradores, por la corrupción urbanística, entre otras cosas acaecidas en las islas durante su mandato de hace años.
"INFOLIBRE* : El fiscal Fernando Sequeros ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena de 6 años de cárcel impuesta al expresidente del Gobierno balear y exministro Jaume Matas por delitos de corrupción porque "los gobernantes que malgobiernen y aquellos que se valen de sus funciones para lucrarse en sus intereses privados" merecen "una sanción".
Así lo ha expuesto durante la vista pública que ha acogido este martes la Sala de lo Penal del alto tribunal para revisar los recursos interpuestos por Matas y por el articulista Antonio Alemany contra la sentencia dictada el pasado marzo por la Audiencia de Palma que condenaba a Matas a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación, y al periodista a tres años y nueve meses en el primer juicio del caso Palma Arena.
El representante del Ministerio Público ha defendido que la sentencia fue "correcta" y que el acusado se valió de la "confianza depositada en las urnas" para favorecer a sociedades de su confianza como eran las de Alemany.
"Todo fue un artificio, un ropaje formal para que esa persona pudiera satisfacer sus necesidades como periodista valiéndose de medios que le resultaban económicos desde las amistades que tenía", ha aseverado el fiscal, que ha acusado a ambos procesados de "utilizar" a la Administración pública "por encima de los fines que la Constitución prevé y del interés general". "Aquí se hizo todo lo contrario", ha zanjado.
La gravedad de los hechos.
La acusación ejercida desde el Gobierno balear también ha solicitado confirmar la condena impuesta a Matas y Alemany porque las pruebas en su contra fueron "lícitas y válidamente obtenidas", en referencia al "examen minucioso" de las declaraciones de los coimputados Joan Martorell y Miguel Romero de la Cerda, los testigos y la "abundante" prueba documental. "Proceden de un análisis lógico y razonable".
La letrada ha añadido que el trabajo objeto del contrato no se realizó y ha recalcado que la "gravedad" de los hechos probados justifica la pena impuesta "habida cuenta de que hablamos del presidente del Gobierno". "Cada céntimo de euro debe responder a un interés público y estar plenamente justificado", ha añadido.
"Incoherencias y falta de lógica" de la Audiencia
En su turno, tanto la defensa del exministro 'popular' como la del periodista de opinión han solicitado la absolución de sus clientes al considerar que la sentencia condenatoria vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en una absoluta "falta de lógica y racionalidad" en la valoración de la prueba de cargo, no motivó suficientemente sus responsabilidades e impuso además un castigo desproporcionado.
"Es una sentencia de ida y vuelta, se dice una cosa y la contraria, se dice blanco y se dice negro, unas páginas consideran acreditada una cosa y otras páginas consideran acreditada otra", ha afirmado la abogada de Matas, para exponer las múltiples "incoherencias" de la resolución de la Audiencia de Palma.
A juicio de la abogada Pilar Gómez Pavón, el tribunal parece que pensaba "en una Administración pública casi feudal" donde el presidente impone "lo que quiere hacer". Ha cuestionado así los delitos de falsedad documental, de prevaricación y de malversación por los que el expresidente balear fue condenado y ha indicado que el contrato con Alemany cumplía las condiciones y persiguió un "interés público".
El abogado defensor de Alemany, Javier Fernández, también ha apuntado que la cantidad cobrada por su representado estaba "justificada" y que la propia sentencia reconoció que las declaraciones de los coimputados tenían "escasa fiabilidad", en alusión a las palabras incriminatorias del exdirector general de Comunicación Joan Martorell y el dueño de la agencia Nimbus Miguel Romero, quienes fueron condenados a poco más de un año de cárcel.
El letrado ha defendido que el articulista realizó los trabajos por los que fue condenado y si no han sido localizados ha sido porque la "búsqueda no fue suficiente". "Tal vez no lo fue de manera intencionada", ha remachado, para negar que Alemany ocultara su identidad en el contrato. "Como administrador aparecía su sobrino porque él iba a ser sometido a una operación a corazón abierta y le dijo: ponte tú porque si a mí me pasa algo, cuidas de tu tía", ha concluido.
El tribunal, presidido por Carlos Granados, y formado por Jorge Barreiro, José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena revisará la sentencia que condenó al exministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar por delitos de fraude a la administración; continuado de falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado.
La Audiencia de Palma consideró probado que los acusados que se sentaron en el banquillo pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros. Todo ello después de que el articulista acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas.
* Infolibre - 2.7.13
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo - reuters (archivo)
La destrucción del patrimonio histórico en la Comunidad de Madrid
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La Comunidad de Madrid, fiel a su política de acabar con todo lo público para hacer suculentos negocios privados, aprobó hace poco la nueva ley de Patrimonio Histórico, otra nefasta norma que nos retrotrae a los peores tiempos de la dictadura cuando las cosas se hacían por la cara, sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Ahora, sin duda, esta interesada destrucción patrimonial la pagarán las generaciones futuras.
"JAVIER N.NEGRO* : Hoy no narraré ningún acontecimiento ni episodio histórico, déjenme saltarme en cierta medida el guión para realzar un debate de no poco enjundia, necesario, ligado a la Historia y las Ciencias Humanas en general. Me centraré en la Comunidad de Madrid y su ciudad, aunque lo que aquí leerán, es extrapolable a todos los rincones del estado español. El PP de la Comunidad de Madrid ha sacado adelante, gracias a su mayoría absoluta, la nueva ley de Patrimonio Histórico, la cual, entre otras aplicaciones, suprime la necesidad de la realización de un informe arqueológico preventivo en los proyectos de construcción, lo cual, actualmente favorece la construcción de complejos como Eurovegas y siguientes “pelotazos urbanísticos”. Éste es, el modelo económico que excita a las cúpulas del Partido Popular y otros partidos políticos.
Claro ejemplo de dicha situación la encontramos en el espacio y entorno geográficos sobre los que se va a posar el complejo de Eurovegas, en caso de que apareciese cualquier resquicio arqueológico, estos podrían ser borrados con total impunidad. Cabe recordar, que próximo al enclave, se halla un yacimiento paleolítico entorno al arroyo de Butarque, además se debe tener en cuenta que dicha zona está dentro del terrotorio que fue poblado por los Carpetanos. Por ende, la probabilidad de hallar indicios con tan sólo tirar de “piqueta” es más que evidente.
Otro paradigma, sin lugar a dudas lo vemos en Vicálvaro, concretamente en el barrio de los Ahijones donde el ayuntamiento de Madrid va a construir 15.400 pisos. Recientemente han aparecido sobre los solares un elevado número de tumbas visigodas, no obstante, los intentos por museizar la zona han caído en saco roto, y tan sólo se ha dado permiso para encontrar el poblado en un perímetro de dos kilómetros. Todo ello, tras los trabajos de urgencia se verá sepultado por millares de viviendas.
Los dos casos expuestos con anterioridad aún son evitables, algo que no ocurrirá con el ya desgajado poblado carpetano de la Gavia. Un promontorio sobre el que en 1992 se instalarón las vías para el Ave Madrid-Sevilla (Véase la imagen de la presente entrada Fig.1 ). Para más noticias de dicha índole os aconsejo que le echéis un ojo a esta entrada del blog Parque Lineal.
Vemos como el resultado de tales políticas es nefasto, pues el legado arqueológico se evapora por siempre de la memoria, tan cerca, pero tan lejos, bajo kilos de hormigón, sin ni tan siquiera haber sido expuestos a una excavación arqueológica de urgencia. Orgullosos de ello se hallan aquellos que promueven la marca España y para lo único que utilizan la Historia es para sesgarla y servirla a su gusto.
En realidad, se torna sencillo evitar tales atrocidades, lo único que hay que hacer es cambiar la política económica. Se dilucida que el PP prefiere el modelo de casinos, mafias y ladrillo por doquier, sin embargo, les propongo un viraje en sus intenciones de fomentar empleo y generar riqueza. Vean, Ana Botella e Ignacio González, con el alto grado de licenciados en carreras de Ciencias Humanas, sería más acorde a su formación preservar el patrimonio histórico que posee la Comunidad y ciudad de Madrid, gracias a ello se podrá fomentar la investigación y con ello; abrir centros de interpretación, museos, parques temáticos con una fórmula ecológica e histórica, recreaciones de la vida y costumbres del pasado y un amplio abanico de actividades entorno a la Historia que envuelve el territorio. En referencia a la ciudad de Madrid, la riqueza de su casco antiguo es incomensurable y debería ser aprovechada en clave de rutas, visitas, recreaciones en clave de literatura, historia y música entre otras artes.
Dicho modelo productivo, generará comercios, --muchos ligados a la artesanía-- que giren entorno al patrimonio. Seguramente, el beneficio económico, que lo habrá, no sea de forma tan inmediata, no obstante, el beneficio social es impagable. El paro juvenil caerá, los licenciados en carreras de humanidades trabajarán por lo que han estudiado, el emprendedor aparecerá en clave de comerciante, artesano e incluso regentando una venta “Quijotesca” si me permiten la expresión. Todo ello, fomentando el pensamiento y el juicio crítico, algo que choca con el modelo de social sobre la que se alimenta el PP; personas sin capacidad de análisis, trabajando en la precariedad y evadiendo sus problemas de forma temporal tirando dados sobre una ruleta.
* Diagonal - Opinión - 2.7.13
Foto: Cerro de la Gavia.- celtiberia.net
El alcalde de Granada, imputado por prevaricación urbanística
Granada es otra ciudad que ha estado desde hace tiempo en la picota urbanística, ahora se acusa a su alcalde por favorecer a determinados amiguetes promotores, algo en lo que han salido perjudicados, evidentemente, todos los ciudadanos granaínos.
"ELDIARIO* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Granada ha llamado a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), investigado por supuestamente favorecer a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' por aceptar la cesión de solares al Ayuntamiento a cambio de perdonarles la deuda que mantenían con este precisamente por no construir el mencionado proyecto del Palacio.
La información la adelantaba en su edición de este martes el diario Ideal de Granada.
En concreto, el magistrado Basilio García interrogará a Torres Hurtado el próximo 22 de julio, a las 9.00 de la mañana, acerca de su actuación en el acuerdo que canceló la deuda de alrededor de 8,2 millones de euros de dos promotores con el Ayuntamiento de Granada al no realizarse la obra del Palacio de Hielo en la zona del Cerrillo Maracena, por lo que estos nunca habían llegado a ceder al municipio los aprovechamientos correspondientes en el convenio urbanístico.
En 2011, el alcalde aceptó dos parcelas de dicho convenio a cambio de perdonar la deuda, aunque los activos de ambos empresarios ya estaban embargados gracias a una sentencia judicial, algo que el PSOE denunció por considerar que "lesionaba los intereses" del Ayuntamiento y que el juez instructor intenta aclarar, de momento imputando al regidor, a los dos promotores y a los responsables de la Caja Rural de Granada, también parte del convenio.
Robo de terrenos al Estado
El 'caso Palacio de Hielo', estrechamente relacionado con esta investigación, sentará en el banquillo el próximo mes de octubre precisamente a los mismos promotores imputados junto al alcalde, aunque no a este ni a ningún representante de la Caja Rural, y al ex concejal de Urbanismo de Granada, Luis García Royo (PP), que formó parte del equipo de gobierno de Torres Hurtado en el mandato 2003-2007.
El ex concejal García Royo y varios funcionarios del Ayuntamiento de Granada, entre ellos el entonces gerente de Urbanismo y actual Jefe de Obras, Manuel Lorente, están acusados de ponerse de acuerdo con las promotoras (JJ Consulting SL y Promociones Arcomarex) así como la Caja Rural, para, en 2005, al trazar el convenio urbanístico para la construcción del Palacio, incluir como si fuesen terrenos municipales parcelas de la zona que en realidad, pertenecían al Estado, en concreto al Ministerio de Fomento y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Fue el propio Estado quién denunció los hechos, abriendo una investigación que ya había salpicado al alcalde Torres Hurtado y a la actual edil de Urbanismo, Isabel Nieto, ya que uno de los imputados –que ahora también acompañará a declarar al regidor en este nueva investigación–, el promotor José Julián Romero, los acusó de ser los responsables últimos del convenio del Palacio.
Acusaciones del promotor
De hecho, el acuerdo de compensación de la deuda de los 8,2 millones a cambio de parcelas se produjo tras una de las primeras declaraciones en prensa de Romero acusando a Nieto y Torres Hurtado de haber mantenido la validez del convenio por el que se lo embargaba más allá de las municipales de 2007, cuando García Royo fue sustituido al frente de la concejalía de Urbanismo.
Aunque el acuerdo de 2011 templó los ánimos, Romero volvió a acusar ante los micrófonos a Torres Hurtado de estar implicado en el 'Palacio de Hielo' en vísperas de las autonómicas de 2012, poco después de que Fiscalía pidiese juicio oral.
El Estado ha conseguido la anulación de al menos dos convenios urbanísticos similares más entre 2010 y 2011, en este caso en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Se trata de las parcelas conocidas como Azucarera San Isidro y Villa Pineda, la primera fruto de un convenio de 2004 que firmó García Royo y la segunda de otro de 2007 ya con Nieto como edil. Actualmente también está en los tribunales el Plan Parcial PPT-17, que el Ministerio de Fomento denunció en 2012 que contabiliza como municipales casi 4000 metros cuadrados de propiedad estatal.
* El Diario - Miguel Gómez - 2.7.13
Foto: Torres Hurtado, investigado por favorecer supuestamente a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' / EFE
Valencia.- El juez de Gürtel imputa a cuatro cargos más por amañar contratos
Continúa el goteo de notables políticos valencianos imputados en la trama corrupta 'Gürtel'. Ahora se trata de ex altos cargos de la Generalitat de Camps que fraccionaban ilegalmente contratos de obras a fin concederlos a dedo y sin competencia a empresas de la trama. Habrá que ver hasta dónde llega la justicia, y si lo hace con rapidez, ante tantas pruebas inculpatorias.
"ELPAÍS* : El caso Gürtel sigue siendo un agujero negro para el PP y el Gobierno valenciano cuya profundidad resulta imposible de estimar. Un día después de que el juez José Ceres enviara al banquillo a dos diputadas autonómicas que fueron consejeras con el expresidente Francisco Camps —a una la fiscalía le pide 11 años de cárcel y a la otra, 10 de inhabilitación— trascendieron otras cuatro imputaciones de antiguos cargos de la Generalitat. Todas ellas están relacionadas con el fraccionamiento de contratos e irregularidades similares que habrían tenido como fin conceder sin competencia numerosos contratos a empresas de la trama corrupta.
El primero de los nuevos imputados es Juan Miguel Bellver, que era director general de la empresa pública de Medio Ambiente Vaersa en 2004, cuando se concedió un contrato de 119.000 euros (más IVA) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market.
Vaersa pagó la mitad del dinero, que debía servir para realizar una campaña de sensibilización del contenedor amarillo. Orange Market no hizo nada. Y la empresa pública nunca pidió el reembolso de los fondos.
El juez imputa a Bellver “porque del contenido de su propia declaración” como testigo “pueden existir indicios racionales bastantes para su participación en los hechos”. Derivado, en parte, “de las manifiestas contradicciones en las que incurrió”, “tanto en lo relativo a su papel en la decisión de la contratación como en posteriores actuaciones para la resolución del contrato”. Contra el exdirector de Vaersa pesa también la declaración de otro de los imputados, Antonio Santo Juan, jefe de área en Vaersa, “que intervino personalmente en la gestión de esta contratación”.
El magistrado se apoya igualmente en la declaración de otros excargos para imputar a Enrique Navarro, que fue secretario autonómico de Familia hasta diciembre. El juez ve indicios de que Navarro tuvo una “intervención relevante y decisiva” en la contratación de distintas empresas de la trama Gürtel para los actos Balance General (23.514 euros), Violencia de género, tolerancia cero (20.952 euros) y Punto Final (23.759 euros). Se celebraron entre 2006 y 2007 y, según la Intervención General del Estado, fueron troceados para adjudicarlos sin competencia.
El juez menciona que para imputarlo ha tenido en cuenta las declaraciones de Clara Abellán, exdirectora de la Mujer, así como del “jefe de prensa, la secretaria general administrativa y el jefe de sección de Coordinación Administrativa” que entonces trabajaban en la Consejería de Bienestar Social.
Enrique Bort, jefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), queda imputado por “facilitar, direccionar”, y participar presuntamente “en alteraciones relevantes” del procedimiento de contratación que eligió a Orange Market para realizar un vídeo sobre parques empresariales por 69.600 euros.
El cuarto imputado, por el mismo contrato que Bort, es José Manuel Vidal, que era empleado de Orange Market “aunque también fue alto cargo en algunas consejerías”. Vidal, a quien el juez atribuye “negociaciones y contactos posiblemente irregulares” con funcionarios para hacerse con el contrato, pasó por varios departamentos de la Generalitat. Incluido el gabinete del expresidente Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la red.
* El País - IGNACIO ZAFRA - 2.7.13
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo
El fiscal atribuye a exedil Murcia papel destacado en corrupción urbanística
Nada nuevo al respecto de lo que ya se sabía desde hace años, que el ayuntamiento murciano había favorecido a determinados constructores amiguetes al redactar el nuevo Plan General municipal. Habrá que esperar si esta acusación de corrupción urbanística sigue adelante con rapidez y, realmente, se tira de la manta en una ciudad (y región) donde abundan esta clase de delitos.
"EFE* : El exedil de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, tuvo un papel destacado en la adopción de un modelo supuestamente corrupto implantado para reformar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que favorecía a constructoras, según el informe del fiscal Anticorrupción notificado hoy a los imputados. El documento responsabiliza también a altos cargos de la Gerencia de Urbanismo y al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara -todos ellos igualmente imputados-, aunque con respecto a este último, del PP, indica que todavía no se ha realizado una investigación de su patrimonio.
El fiscal, Juan Pablo Lozano, indica que la documentación incautada en los registros del conocido como caso Umbra señala que el entonces concejal "recibió importantes presentes, cuyo valor se estima en no menos de 85.000 euros, como seis relojes de alta gama".
Estos regalos, junto con obras de arte que le entregaron, entre otros, el ingeniero y también imputado Renato del Noce, levantan las sospechas de la fiscalía, "al tener en cuenta que se produjeron en fechas cercanas a la aprobación de un plan parcial".
Asimismo, se afirma que en el domicilio del exconcejal fueron halladas 30 obras de arte, "cuyo origen se investiga y cuyo valor se estima que supera los 30.000 euros, además de otras dos pinturas supuestamente regaladas y que tienen el mismo valor".
Hay "importantes descuadres en sus gastos diarios que permiten inferir que disponía de dinero en metálico de origen desconocido", asegura el informe, en el que se dice que Berberena "mintió" al declarar como imputado.
Añade, además, que "es difícil que no vislumbrara los sorprendentes cambios del PGOU ni conociera o intuyera las espurias actuaciones de sus inmediatamente subordinados".
Para reforzar sus sospechas sobre este imputado se recogen varias fotos incautadas a Del Noce, en el que se le ve junto al exjefe de Planeamiento el ayuntamiento y también imputado Joaquín Peñalver y al empresario Ramón Salvador Águeda, dueño del Grupo RS y de distintas empresas, en el yate de lujo de este último atracado en el puerto alicantino de Denia en septiembre de 2004.
En una foto se ve a Ramón Salvador Águeda, que suscribió con el ayuntamiento de Murcia un convenio urbanístico en febrero de 2006, jugando una partida de dominó con Peñalver y Del Noce, y en otra, a Berberena y a su esposa con Del Noce "en el que presumiblemente es el chalet" del exedil en Santomera (Murcia).
Esta documentación "permite de modo indiciario acreditar que la cúpula de la Gerencia de Urbanismo -los que realmente justificaban técnicamente las operaciones normativas y decisiones administrativas- tenía intereses personales con los representantes técnicos de algunas de las promotoras o con las propias promotoras que presentaban proyectos urbanísticos".
Para el fiscal tiene también responsabilidad el alcalde, "como máximo responsable de la adopción de algunas decisiones que se tachan de delictivas por no responder al interés general".
* El Confidencial - EFE - 1.7.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
La Comunidad de Madrid elabora un mapa de viviendas ilegales para perseguir su construcción
Ante noticias como esta, no se sabe si es mejor reir o llorar. ¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid, última responsable del urbanismo en sus límites, no tenga a estas alturas un mapa de las construcciones ilegales? ¿Qué ha estado haciendo hasta este momento? ¿No va a dimitir nadie por tener la caradura e ineptitud de que no exista dicho mapa? ¿Y todos los políticos responsables de esta situación que han pasado en los últimos años? Aparte del delito municipal de que existan esas construcciones ilegales, también hay un delito gravísimo en la propia Comunidad.
"20MINUTOS* : La Comunidad de Madrid va a elaborar el primer mapa de viviendas ilegales de la región. El inventario permitirá someter a "control" el urbanismo salvaje que, según los expertos y los grupos ecologistas, han venido permitiendo tanto el ejecutivo autonómico como los ayuntamientos. El trabajo ha sido adjudicado a la empresa Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental por un importe de 45.496,00 euros, la oferta económica más ventajosa. Esta deberá elaborar una base de datos con una ficha técnica por cada construcción levantada en suelo no urbanizable y suelo urbanizable que no haya sido dividido en sectores. Estas fichas detallarán la situación de los inmuebles, el número de plantas, el terreno que ocupan y el uso que le dan sus propietarios.
La localización se realizará mediante fotografías aéreas e imágenes por satélite de los 179 municipios de Madrid tomadas durante los últimos años y hasta 2011. Ello permitirá saber el intervalo de tiempo en el que las edificaciones fueron construidas y si sus propietarios las modificaron a posteriori. Las que se hicieron despúes de 2011 que, en principio, fuera, aunque la base de datos podrá actualizarse a posteriori.
El aspecto cronológico es especialmente importante, dado que las infracciones y delitos urbanísticos prescriben a los cuatro años de cometerse, según la ley autonómica del suelo. Sin embargo, cada añadido, modificación o ampliación supone una irregularidad nueva.
La elaboración del mapa comenzará de inmediato, de forma que esté listo el próximo mes de diciembre. Una vez que la Consejería de Medio Ambiente lo tenga, contará con un instrumento con el que presionar a los ayuntamientos para hacer cumplir la ley, ya que la disciplina urbanística depende de las administraciones locales.
La adjudicataria también contará con la información proporcionada por las direcciones generales de Medio Ambiente, Evaluación Ambiental y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, además de con los informes y trabajos de campo del Cuerpo de Agentes Forestales.
Más medios
Hoy, Madrid tiene miles de viviendas ilegales repartidas por toda la región, siendo las zonas más afectadas la Vega del Tajuña (Chinchón, Morata, San Martín de la Vega), la del Jarama (El Molar, El Vellón, Talamanca) y el curso medio del río Guadarrama (Móstoles, Navalcarnero, Arroyomolinos). Espacios protegidos como el Parque Regional del Sureste o los cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama se han visto invadidos debido a la pasividad administrativa, como informó 20minutos.
Para los geógrafos de la web especializada Pensando el Territorio, cartografiar e inventariar las urbanizaciones ilegales es "indispensable". Sin embargo, critican que esta iniciativa se tome, por segunda vez en la historia reciente de Madrid, en época de crisis: "Denota claramente un fin recaudatorio, pues el objetivo es legalizar los asentamientos y cobrar impuestos para la Administración".
La última vez que se realizó este catálogo de urbanizaciones ilegales, apuntan, fue en 1985, cuando el entonces presidente regional Joaquín Leguina (PSOE) instó por ley a los ayuntamientos a regularizar 137 colonias ilegales. La mayoría quedaron en el limbo.
Los agentes forestales creen que la medida llega tarde y que adolece de fallos, como no contemplar la problemática social —marginalidad, ausencia de escolarización, drogas en algunos casos—. "Aplaudimos la iniciativa, pero tanto la Justicia como nosotros necesitamos más medios. Denunciamos el 90% de las infracciones durante el primer año de comisión, pero los expedientes y denuncias van muy lentos", describe Juan Manuel Antón, portavoz de UGT en el cuerpo.
Ecologistas en Acción alerta, además, de que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles —conocida como 'ley Virus'— ideada por Esperanza Aguirre y aprobada por su sucesor, Ignacio González, es un obstáculo más para la conservación del territorio, ya que permitirá construir chalés de una planta en fincas de 60.000 metros cuadrados o más.
"Todo el mundo lo hace"
Eugene Morha, de 58 años, sabe que vive en una casa ilegal: "Claro, igual que mis vecinos". Su chalé está en Valdecorzas, una urbanización irregular que comenzó a formarse hace 30 años y que hoy se encuentra dentro del Parque Regional del Sureste, en el municipio de Arganda. Hasta ahora, el Ayuntamiento se ha negado a proporcionarles los servicios básicos de agua, alcantarillado, luz o transporte. Para fregar usan agua de pozo; para la luz, paneles solares o generadores.
"Construimos la casa porque todo el mundo lo hace y no pasa nada. Ahora vivimos aquí todo el año. Estamos empadronados y pagamos una cuota de 20 euros al mes a la asociación de vecinos. Tengo una sentencia judicial que me dice que no puedo acabar la fachada, pero tampoco tengo que tirarla", detalla. Como ella, otras 200 personas viven en este emplazamiento.
* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 28.06.2013
Foto: Viviendas ilegales en S.Martín de la Vega - A.C.
Cataluña.- Se vende pueblo para pagar deudas
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Del despilfarro municipal de hace pocos años se ha pasado a la crisis generalizada por falta de ingresos y tener que mantener unas estructuras propias claramente desproporcionadas (como ocurre también con diputaciones y autonomías). La solución que están dando muchos ayuntamientos es muy peligrosa ya que consiste en malvender un patrimonio público de importancia, atendiendo solamente a la pura y dura especulación urbanística.
"ELPAÍS* : La crisis ha multiplicado las tiendas de empeño y compraventa de oro para que las familias encuentren un alivio económico a sus joyas. A las administraciones les pasa algo similar. La Generalitat se ha desprendido de empresas públicas —en un proceso polémico como el de Aguas Ter Llobregat— y ha vendido varios edificios, incluidas las sedes de algún departamento. Los ayuntamientos tampoco son ajenos a este proceso y cada vez trascienden más casos de venta de parte de su patrimonio para sanear sus cuentas. “Ahora todo el mundo tiene activos en venta”, destaca Montserrat Rodríguez, regidora de Urbanismo de Mataró (Maresme) y presidenta de la promotora municipal PUMSA.
En palabras del alcalde Joan Mora (CiU), “el futuro de la ciudad está hipotecado” por esa sociedad, que ha sacado a concurso inmuebles y aparcamientos valorados en 70 millones de euros. El objetivo es rebajar la deuda de la empresa, que alcanzó los 150 millones y que hasta ahora solo se ha podido rebajar un tercio.
“La única manera de generar recursos es vender sus activos”, explica la regidora de Urbanismo. Los planes municipales, sin embargo, no salieron como se esperaban: el concurso se cerró sin ofertas y el Ayuntamiento ha ideado un plan alternativo de venta de plazas de aparcamiento a los vecinos.
“Hay una competencia muy grande. Acabamos sin ofertas, pero pusimos Mataró en el mapa y ahora ya hay empresas a nivel nacional que están mirando los activos para hacer una oferta”, matiza Rodríguez, que destaca las ventajas del municipio frente a otros: “Tenemos activos delante del mar”. Pero recalca: “Nosotros no ponemos en venta ningún equipamiento público, no le quitamos nada a la ciudadanía”. El caso de Mataró es el paradigma de los municipios que acumularon patrimonio en la época de las vacas gordas y la crisis los ha acabado convirtiendo en una losa para las arcas municipales.
Caso distinto es el de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), que cerró a finales de año la venta de 20 parcelas por 2,9 millones de euros. “Una oportunidad”, según el alcalde, Jordi Cordón, (CiU), criticado por la oposición municipal, que lamentó la venta de los terrenos para construir una gran superficie residencial. “Se han vendido porque en ese núcleo no se iba a desarrollar ninguna actividad”, explica Cordón. Con ese dinero se financiará una residencia geriátrica municipal, resalta el alcalde, quien puntualiza que la venta de patrimonio “es siempre el último recurso”.
Tarragona es la única capital de provincia que ha vendido activos municipales para lograr liquidez. “La venda de patrimonio es una manera típica de financiar inversiones. Estamos intentando poner en valor bienes patrimoniales y solares en uso industrial para lograr inversiones más útiles”, explica Pablo Pérez (PSC), primer teniente de alcalde y encargado de Servicios Centrales, Economía, y Hacienda de Tarragona. La ciudad ha sacado a la venta varios solares y un edificio en pleno centro urbano, justo encima del Teatro Metropol. Prevén obtener siete millones de euros, que destinarán a compensar las cuentas. Pérez destaca que, en ningún caso, el Ayuntamiento se ha planteado vender patrimonio municipal emblemático. “No hay nada que sea de un interés cultural especial”, destaca.
Cordón, de Torroella de Montgrí, agrega que vender edificios de interés local “sería inadmisible”, aunque hay municipios que sí han recurrido a algunas joyas locales, como Vic (Osona). El Ayuntamiento vendió en 2011 la Casa Comella, calificada como bien de dominio público antes de la transacción, por 1,1 millones al grupo Bon Preu. La empresa se quedó con la entrada principal, el piso noble y el jardín. El Ayuntamiento tiene previsto vender ahora otro inmueble histórico, la Casa Moreta, para obtener 4,4 millones hasta 2015. Ningún responsable municipal ha querido detallar la operación. El Ayuntamiento cuenta con el 70% del inmueble, y está iniciando los trámites para venderlo. Igual que hizo con Casa Comella, modificará el uso para que deje de ser un bien de dominio público y calificarlo de bien de interés patrimonial, paso imprescindible para desprenderse de una de las joyas del centro de Vic. Todo, para que las cuentas cuadren.
* El País - MAIOL ROGER - 1.7.13
Foto: Mataró - turismo
Almería.- La lenta agonía del Toblerone durará hasta el mes de agosto
El gran silo de mineral de 30 metros de alto y 200 de largo, construido en el año 1972 y conocido popularmente como 'Toblerone' en Almería tiene los días contados. La plataforma ciudadana 'Salvemos el Toblerone' consiguió retrasar su derribo, encaramándose al edificio y haciendo público su desacuerdo con la decisión del ayuntamiento. Un asunto conflictivo en el que, junto a intereses especulativos municipales, se mezclan otros de su posible valor patrimonial.
"ELALMERÍA* : Fue una victoria simbólica, como tantas otras que suelen emprender los colectivos más concienciados de Almería, pero una victoria al fin y al cabo. Apenas 18 personas consiguieron paralizar las obras de derribo del Toblerone durante poco más de dos horas. Después fueron convencidos para que depusieran su actitud, se les tomó nota de su identidad y fueron citados en Comisaría. Las tareas de derribo continuaron y, al menos según indicó el alcalde de la capital almeriense, "tardarán ocho diez o quince días, poco más".
No obstante, por la tarde se precisó más la fecha, ya que la empresa encargada de llevar a cabo la demolición anunció que esperará hasta el mes de agosto para evitar que el polvo que se pueda levantar afecte a las actividades del colegio Rafael Alberti situado en el solar de al lado. Eso es lo que le queda a un símbolo de la capital almeriense que parece haber resucitado después de casi 17 años sin que nadie se ocupara de él. Las licencias están concedidas, aprobadas y la Delegación de Cultura no tiene registrada petición alguna para que una catalogación de urgencia conllevara la orden de paralización cautelar de las obras. La suerte de la chocolatina de chapa llena aún de mineral de hierro, está legalmente echada.
Desde poco antes de las 8:00 horas de ayer, los colectivos agrupados en la plataforma Salvemos el Toblerone, pusieron en práctica la decisión que la tarde anterior habían adoptado. Consiguieron juntar a 18, los suficientes para que en sus camisetas se pudiera leer SOS Toblerone. Durante más de dos horas fueron lo efectivos que querían ser. Consiguieron paralizar los trabajos de demolición que una empresa navarra realiza desde hace dos días y que han echado abajo la estructura de las oficinas del inmueble. Vigilados por patrullas de la Policía Local y Nacional, se colocaron en la repisa que separa la zona metálica de la de hormigón del edificio. Cada vez que se trasladaban a una zona, las máquinas aprovechaban para entrar en acción hasta que regresaban al lugar que impedían su trabajo. Ese juego del gato y el ratón se prolongó durante dos horas hasta que la policía decidió que era suficiente; fue entonces cuando se les conminó a bajar del lugar so pena de ser desalojados y detenidos; si lo hacían por su cuenta, una identificación daba por zanjado el asunto, aunque tuvieron que acudir a dependencias policiales a lo largo de la tarde de ayer para prestar declaración.
Fue entonces cuando se dirigieron a la Puerta Purchena donde mantuvieron un encuentro con la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que trasladaron su intención de paralizar la obra; esta les prometió interesarse por el mismo a través de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sonia Ferrer.
De manera casi simultánea, el alcalde de la capital almeriense, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador aseguraba que el desmantelamiento del Toblerone, tiene "todos los papeles en regla desde hace ya tiempo", de forma que la actuación para eliminarlo del paisaje urbano será una cuestión de días. El primer edil, mostró su extrañeza por el revuelo armado en torno a unas obras que están "aprobadas en un plan especial desde hace mucho tiempo que desaparecería. Yo no sé a que viene este maremoto. Está aprobado, dicho, consensuado". Sobre la falta de consulta y algunas protestas vecinales, Rodríguez garantizó que "intentan que haya la menor polvareda posible, habrá que regar el mineral que haya allí. Una infraestructura de esa envergadura siempre trae algo de molestias, es algo inevitable".
Por su parte , la delegada de Cultura en Almería, Isabel Arévalo, señaló a Diario de Almería que su departamento no tiene hasta el momento registrada "ninguna petición para la catalogación del inmueble como Bien de Interés Cultural; cuando se realizó el inventario, no se propuso mediante ninguna demanda y en la redacción del PGOU tampoco figura como tal, por lo tanto no se encuentra bajo el entorno de protección que puede dar la Junta". Arévalo recordó como se reunió con integrantes de la Plataforma "el pasado mes de marzo, donde me trasladaron sus inquietudes; desde ese momento no he sabido nada más de ellos, por lo que no nos consta ningún tipo de modificación sobre el estatus de dicho edificio".
La responsable en materia de Cultura aseguró que no se trata ningún edificio singular, por lo que no podemos obligar a los propietarios a protegerlo, como por ejemplo sí que hacemos con el Cortijo del Fraile, donde sancionamos si se producen daños; en este caso, legalmente es imposible por lo que es competencia exclusivamente municipal".
La suerte del Toblerone parece echada. No será en quince días, sino que habrá esperar hasta el mes de agosto para evitar molestias a los alumnos del Rafael Alberti. Es lo que le ha salvado de una muerte inmediata e indolora. Quienes lo defienden incluso con más ahínco, saben que es cuestión de poco tiempo.
* El Almería - ÓSCAR LEZAMETA - 2.7.13
Foto: Edificio 'Toblerone' - wikimapaia
El TSJA anula la tramitación que permitió la edificación del Nevada en Armilla
El centro comercial Nevada construido en Armilla (Granada) vuelve a estar de actualidad tras otra sentencia condenatoria del tribunal andaluz. El caso de este edificio, cuya tramitación se consideró ilegal –condenando a penas de cárcel al empresario T.Olivo, amigo de JA.Roca e imputado también en el 'caso Malaya', y los ex alcalde y ex concejal de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate–, es un ejemplo de irregularidad urbanística continua.
"IDEAL* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Granada, ha desestimado el recurso de General de Galerías Comerciales SA, promotora del Parque Comercial Nevada, contra la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo que condicionó la aprobación del PGOU del municipio de Armilla. La sentencia desestima concretamente el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa, del promotor Tomás Olivo, contra una resolución de 2008 de la Consejería de Obras Públicas, que a su vez desestimó otro recurso sobre la aprobación definitiva en 2007 del Plan Urbanístico.
El recurrente suplicó a la Sala que anulara la referida resolución de la Consejería y que dejara "sin efecto" las que consideró "inexistentes deficiencias" de apartados referidos a "áreas de suelo de uso global comercial", declarando la aprobación definitiva del PGOU propuesto por el Ayuntamiento en el ámbito del Parque Nevada.
Este último pronunciamiento judicial, contra el que cabe recurso de casación, tumbaría de hecho la tramitación que permitió la construcción del complejo comercial, al quedar en la práctica invalidadas las normas que sirvieron para autorizar la edificación, según explica hoy el diario Ideal, que adelanta el fallo.
Para la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, la sentencia da la razón al recurso administrativo de la Junta.
Sánchez, que ha recordado que el promotor fue obligado por la vía penal a derribar parte del edificio, ha señalado a los periodistas que en todo este proceso siempre han buscado un acuerdo entre las partes para no retrasarlo.
La sentencia, fechada el pasado 13 de mayo, se produjo pocos días antes de que la promotora iniciara los trabajos de demolición de 4.046 metros cuadrados del edificio, en cumplimiento de la sentencia que por la vía penal que ordenó el derribo de parte de esa superficie.
La supuesta tramitación irregular de este centro comercial sentó en el banquillo de los acusados al exalcalde y un exedil de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, y al promotor del centro, Tomás Olivo, para quienes la Audiencia de Granada elevó de siete a meses a un año y tres meses las penas de prisión a las que fueron condenados por un Juzgado de lo Penal.
* Ideal - EFE - 27.6.13
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - granadahoy.com
Santa Cruz.- Tres imputados por el ´caso Parque Marítimo´
Siguen las irregularidades urbanísticas durante el periodo de M.Zerolo como alcalde Santa Cruz de Tenerife. Ahora el asunto gira en torno a unos empresarios próximos al alcalde que, según parece, se han beneficiado de concesiones a dedo para la explotación de numerosas actividades en la ciudad.
"LAOPINIÓN* : El Juzgado nº1 de Instrucción, de Santa Cruz de Tenerife, ha imputado este jueves a Pedro Doblado, actual secretario del Consejo de Administración; Víctor Reyes, jefe de servicio del Ayuntamiento y Eduardo Risueño, exgerente de Urbanismo por el 'caso Parque Marítimo', que comenzó en 2009. Los tres imputados tendrán que declarar el próximo septiembre y octubre, sobre la investigación que emprendió la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en el recinto chicharrero, a raíz de las denuncias interpuestas por el abogado Felipe Campos.
Campos cuantificó en un principio hasta 75 delitos en los que se podría haber incurrido, entre ellos, por ejemplo, que la empresa explotadora nunca pagara un canon al Ayuntamiento por las fiestas celebradas.
En una entrevista concedida a La Opinión en 2009, Campos explicó que "el meollo del asunto es que unos empresarios próximos a Miguel Zerolo, que recibieron una concesión para explotar las piscinas del Parque, y que han hecho desde entonces todo tipo de actividades –fiestas, terrazas, bodas, conciertos– sin autorización municipal, están recaudando verdaderas fortunas. Quien cobra es el empresario que tiene la licencia de explotación de las piscinas, que es Luis Gil y personas afines al poder municipal que están obteniendo cantidades inmensas de dinero sin control ninguno, sin pagar a los ciudadanos la parte que nos corresponde y desarrollando actividades muy lucrativas en las que se usaron incluso empresas clandestinas que no tienen ninguna relación con la concesionaria, que es la Autoridad Portuaria".
* La Opinión Tenerife - 27.6.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, parque marítimo - laprovincia.es
La estación perdida del AVE
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Un ejemplo más del sinsentido en la planificación del AVE. La nueva y lujosa estación de Villena (Alicante) está prácticamente abandonada, mal comunicada y sin un uso claro ya que, además, dista de la nueva de Alicante apenas 60 Km. De nuevo el despilfarro público en el AVE, cuando con la mejora de otro tipo de tren, mucho más barato, podía haber conseguido un mejor resultado para todos. Pero la política de infraestructuras tiene estos enormes agujeros.
"ELPAÍS* : La nueva estación del AVE de la localidad alicantina de Villena sobresale como un promontorio en medio de la nada. Alrededor solo hay bancales y tres caminos forestales por los que los viajeros se pierden antes de llegar a su destino. La terminal, que inauguraron el lunes pasado el Príncipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha requerido una inversión de 11,5 millones de euros, lo que supone 3,5 millones más de los que Adif destinó para la nueva estación del AVE en Alicante, también inaugurada la semana pasada y de la que dista 60 kilómetros.
La nueva infraestructura es bioclimática y dispone de más de 700 metros de andén, que permiten operar a trenes dobles. Cada día ocho convoyes de alta velocidad en cada sentido paran en la localidad alicantina. Durante la primera semana de funcionamiento una media de un centenar de personas diarias han subido o bajado del AVE Alicante-Madrid. El martes, que fue el primer día de viajes comerciales, 147 pasajeros usaron la parada de Villena, según datos de Renfe.
En el interior de la flamante estación no hay cafeterías, ni tiendas, aunque todo es de grandes dimensiones. Villena, población de 35.000 habitantes, corre el riesgo, si no se soluciona el problema de los accesos, de seguir los pasos de Requena-Utiel (Valencia), otra estación del AVE que languidece y que apenas usan 50 personas cada día.
Los pocos pasajeros que acuden a la terminal se quejan de lo mismo: la falta de servicios y las pésimas comunicaciones por carretera. “Esto es la estación perdida del AVE”, explica Ignacio Corbí, un joven vecino de Elda (a unos 25 kilómetros) que acompaña a su amiga Teresa Abrega a coger su primer tren AVE a Madrid, donde está estudiando. “Hemos salido perdiendo, el tiempo que ganas con la alta velocidad lo perdemos para encontrar esto”, asegura la estudiante, cuyo coche se cruzó por el camino con un rebaño de ovejas.
La moderna estación está ubicada a seis kilómetros de distancia del centro de Villena, y rodeada de una vasta extensión de terrenos áridos en los que se han plantado recientemente algunos olivos.
Para llegar a ella existen tres posibilidades: un camino rural que atraviesa la colonia Santa Eulalia por una vía pecuaria, el camino de San Juan, desde Villena; y, por último, la carretera de Pinoso, que se ha ampliado para que provisionalmente sea el acceso principal.
“Nosotros vinimos anteayer para saber dónde estaba”, asegura José Gómez, un vecino de Castalla (a unos 28 kilómetros) que acude a dejar a su nieta en el tren. “El problema es que está poco señalizado y los accesos son muy malos, es un verdadero desastre”, se queja. Otro matrimonio de Ibi (a unos 38 kilómetros de distancia) también tuvo problemas para encontrarla. “La estación de antes que estaba en el centro de Villena era mucho mejor, aquí no hay nada”, protesta Concha.
Ante este panorama, el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, de Los Verdes, que gobierna en coalición con el PSPV-PSOE y Villena Centro Democrático, intenta implicar a varias instituciones para solucionar el problema de los accesos.
Esquembre considera “vital para la supervivencia” de la estación “que se solucionen pronto” las deficiencias de los accesos viarios. El proyecto inicial contemplaba construir un ramal directo de la autovía en línea recta que se presupuestó en unos 15 millones de euros, pero con la actual coyuntura económica está opción es inviable. El alcalde se queja de que “Generalitat y Fomento se pasan la pelota sin concretar ni aprobar una solución provisional”.
El regidor es consciente de que si no se soluciona el problema de los accesos y la señalización la estación corre un serio peligro. No obstante, Esquembre considera que hay una “diferencia notable” entre Villena y el caso de Utiel-Requena. “El punto de partida es diferente. Nosotros ya tenemos 200.000 usuarios de grandes líneas cada año, y Villena siempre ha sido un nodo de comunicación importante. La estación del AVE puede convertirse en un polo dinámico de atracción de pasajeros de varias comarcas”, asegura. El alcalde amplía el radio de influencia de la estación a otras localidades a más de 50 kilómetros, como Alcoi, Elche; e incluso a Yecla y Jumilla, ya en Murcia.
El Consistorio de la localidad está negociando con el Ayuntamiento de Benidorm y con los hoteleros la posibilidad de habilitar un servicio de lanzadera directa, ya que Alicante, por ahora, se niega a que los servicios regulares de autobús paren en la estación del AVE. La alcaldesa, Sonia Castedo, solo deja operar los servicios discrecionales. Pero mientras todos estos planes se consolidan, la realidad y el inicio está siendo duro. El nuevo servicio de autobús a la estación de los pueblos limítrofes llega el miércoles por la mañana sin pasajeros, la parada de taxis está vacía y las tiendas están cerradas. Un único taxi ha realizado un servicio a la nueva estación durante la primera semana de funcionamiento. El alcalde de Villena no esconde su preocupación porque en la página web de Renfe se suprimen tres frecuencias diarias del AVE, aunque la compañía lo niega y lo atribuye a “ajustes” en la programación.
La licitación para la explotación de la cafetería quedó desierta, y el único local comprometido es uno alquilado por el Ayuntamiento de Villena para la promoción turística, pero aún no se ha inaugurado. Y en la puerta, unos hombres de negocios que llegan de Madrid con el nuevo AVE preguntan: “¿Dónde está el pueblo, por dónde hay que ir?”.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 24.6.13
Foto: Estación del AVE en la localidad alicantina de Villena, recién inaugurada / PEPE OLIVARES
La ‘guerra del agua’ salpica a los jueces
Parece que la corrupción avanza, ya no detiene solo en los poderes ejecutivo y legislativo, ahora el poder judicial también está en la picota. En este caso de Cataluña los mismos jueces que deben dirimir sobre la privatización de Aguas Ter -Llobregat tienen intereses personales en alguna de las compañías que se presenta al concurso público. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿quién juzga a los jueces?
"ELPAÍS* : La guerra del agua en Cataluña, que ha provocado un fuego cruzado judicial entre los distintos gigantes del sector —Agbar, Acciona y Aqualia (de FCC)—, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha puesto en el punto de mira a los magistrados que deben dirimir sobre los dos macrocontratos que están en juego en los juzgados: la privatización a Acciona de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y el convenio entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar para que una sociedad conjunta suministre a 23 municipios de la corona metropolitana, entre ellos la capital. Uno de los jueces implicados es Joaquín José Ortiz, a su vez imputado en el caso ITV por asesorar a un empresario amigo y que en el caso del agua ha decidido inhibirse sin que nadie se lo pidiera. El otro magistrado es su compañero de sección Eduardo Paricio Rallo. Acciona pidió su recusación porque había participado en un seminario de Agbar, pero esta no ha prosperado.
Ortiz decidió apartarse por sus estrechas relaciones con Agbar. El motivo: “Haber intervenido en seminarios y conferencias retribuidos organizados por la Sociedad General de Aguas de Barcelona o su Fundación, en su sede social, en los que he expresado opiniones e interpretaciones legales” sobre el abastecimiento del agua, según los argumentos que él mismo aportó.
A finales de 2012, en la que ha sido la mayor privatización aprobada jamás por la Generalitat, el Gobierno catalán adjudicó a Acciona la explotación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública que gestiona el agua llamada “en alta”, la que va desde las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales. El contrato, por 1.000 millones de euros, afecta a cinco millones de catalanes, que son los consumidores de ese agua. El pasado marzo, sin embargo, el proyecto recibió un duro varapalo por parte de la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que pertenecen Ortiz y Paricio.
Los magistrados —Ortiz ya se había retirado y no participó en aquella decisión— dieron la razón a un organismo de control de la Generalitat, el OARCC. Este había concluido que la oferta de Acciona no cumplía algunos requisitos del concurso público, por lo que exigía retrotraer el proceso hasta la invalidación de la oferta. Esa decisión implicaba, en síntesis, que el concurso debía adjudicarse al único competidor: Agbar. Los jueces hicieron caso omiso de la Generalitat y de Acciona, y concedieron que se ejecutara el dictamen del órgano de control en la contratación (OARCC) hasta que hubiera sentencia firme, como había solicitado Agbar.
La decisión se hacía pública en el mismo momento en el que los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio, Santi Vila, comparecían en el Parlament para explicar por qué y cómo se adjudicó la empresa pública a Acciona. En su comparecencia, los consejeros se mostraron abiertos a estudiar que el contrato cambiara de manos, si bien todavía no han ejecutado el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia Catalana.
La sentencia del caso aún no ha llegado, pero Acciona ha maniobrado desde entonces en todos los frentes para revocar el auto judicial que obligaría a anular la adjudicación Agbar. La empresa considera que uno de los magistrados que tomó aquella decisión no puede ser imparcial e independiente por sus vínculos con Agbar. A principios de mayo, Acciona pidió la recusación de Paricio; es decir, que se apartara de la causa. La compañía esgrimió que el magistrado había participado en un seminario organizado por la Fundación Agbar sobre gestión urbana del agua de Barcelona y mantenía, por tanto, una “amistad íntima” con la operadora, controlada por el grupo francés Suez Environnement y La Caixa.
A diferencia de Ortiz, Paricio no cree que sus vínculos con Agbar le obliguen a apartarse. En su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado matiza que el seminario se celebró en enero de 2011 —y no de 2012, como decía Acciona— y que no trató sobre la gestión del agua en Barcelona, sino en el conjunto de España.
Paricio cree que fue invitado al seminario por una sentencia que había dictado cuando era responsable de un juzgado contencioso-administrativo y que tuvo “mucha repercusión”. Aquella resolución, de 2010, es la única conocida en la que un juez consideraba que Agbar no podía prestar el servicio, porque “resulta que no hay contrato de concesión”.
Ya en el TSJC, Paricio ha firmado un auto en el que asume todo lo contrario: la suministradora tiene los papeles en regla para operar en Barcelona.
Paricio argumenta que rechazó escribir una ponencia y que solo participó en las sesiones de debate junto a otros expertos del mundo académico y judicial. Su nombre, sin embargo, fue incorporado como “relator” en el libro que se editó para recoger las conclusiones de aquel seminario: El precio del agua, editado por la Fundación Agbar. El magistrado alega que fue una decisión de los editores del libro fruto, tal vez, de su participación “intensa” en los debates. Paricio, que en el escrito no aclara si cobró por esas jornadas, dice que para “un observador no interesado” no puede deducirse una relación de colaboración y amistad con Agbar. Y mucho menos, sigue, un vínculo que “condicione” su “independencia”. Un magistrado independiente que examinó el caso dio la razón a Paricio, por lo que la petición de Acciona ha sido rechazada.
Pero las suspicacias generadas por Paricio y Ortiz no se han quedado solo en eso. Aqualia, la división de FCC que ha recurrido también la decisión del Área Metropolitana de crear una sociedad conjunta con Agbar —creada bajo el argumento de que la compañía tiene el “contrato de concesión”, pese a las dudas de la Agencia Catalana del Agua—, ha remitido un texto al TSJC demandando información sobre la inhibición de Ortiz.
Fuentes jurídicas señalan que Aqualia quiere saber si esa relación del magistrado con Agbar es anterior y si podría haber influido en dos sentencias en las que participó Ortiz y que supusieron para Aqualia la pérdida de los contratos de Torredembarra y El Vendrell, pese a que en primera instancia los jueces les habían dado la razón. La empresa que se benefició de esos fallos fue Sorea, del grupo Agbar.
* El País - DANI CORDERO / JESÚS GARCÍA - 24.6.13
Foto: Planta desalinizadora del Prat, de ATLL. / TEJEDERAS
El TS anula la aprobación definitiva del PGOU de Benissa
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Benissa en Alicante es uno de esos municipios turísticos que han crecido salvajemente en los últimos años, debido a una aplicación de la normativa urbanística conflictiva. Ahora continúa en la misma línea con la anulación definitiva por el Supremo del Plan General que viene de diez años atrás. Lamentable hecho del ayuntamiento, de la Generalitat cómplice y de la propia justicia por su tardanza excesiva.
"LEVANTE* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad de Benissa por entender que, "a pesar de introducirse modificaciones sustanciales durante la tramitación" de la citada planificación, "no fue reiterado el trámite de información pública". La sentencia de la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo del TS estima un recurso de la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales y en contra de los abusos urbanísticos, contra la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), del 10 de marzo de 2009, que queda anulada.
Esta resolución desestimaba un recurso contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto el 13 de diciembre de 2003 ante el conseller de Territorio y Vivienda contra la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 14 de abril del mismo año, que aprobaba definitivamente el PGOU de Benissa.
De este modo, el TS considera que "ha lugar" al citado recurso, dirigido también contra el acuerdo del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de 2 de octubre de 2003, que ordena la publicación de la aprobación definitiva del referido plan --BOP de Alicante número 262 de 14 de noviembre de 2003--, acuerdo que también es anulado.
Igualmente, el alto tribunal declara "nulo" el instrumento aprobado "por no ser conforme al ordenamiento jurídico", al tiempo que agrega que si la administración urbanística "decidiera sustanciar el procedimiento para la aprobación" del PGOU de la localidad alicantina, "deberá reponerse dicho procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación provisional para su sometimiento a un nuevo trámite de información pública, a la vista de las modificaciones sustanciales introducidas con relación al documento aprobado inicialmente, sin hacer expresa condena al pago de las costas procesales causadas en la instancia y en este recurso de casación".
Entre los motivos planteados por la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioamientales y en contra de los abusos urbanísticos, la sala atiende al que "suscita la polémica sobre la necesidad de sometimiento a nueva información pública en el supuesto de introducción de modificaciones sustanciales, alegando la prevalencia de la norma estatal básica sobre la autonómica, que la exonera".
"NO ES UN MERO TRÁMITE"
Así, citando jurisprudencia, especifica que la información pública en ese tipo de planeamiento "no es un mero trámite" en el procedimiento de su elaboración, sino un elemento "esencial por la especial incidencia" que tienen los planes urbanísticos en la vida de los ciudadanos, "máxime" cuando se produce, como aquí sucede, la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Del mismo modo, considera que se vulnera, por ello, el derecho a la participación pública en el planeamiento urbanístico si se aprueba el instrumento de planeamiento sin el correspondiente trámite de información pública, y también cuando se han introducido, sin ese trámite, modificaciones sustanciales en el planeamiento aprobado.
Por lo que respecta al voto particular, la magistrada entiende que "no existe ninguna contradicción ni confrontación" entre la norma estatal básica y la norma autonómica urbanística, y afirma que si el órgano jurisdiccional consideraba que la norma autonómica infringía una norma estatal básica, "en lugar de elegir entre la aplicación de una y otra norma legal, debió plantear cuestión de inconstitucionalidad".
* Levante - EP - 27.6.13
Foto: Benissa (Alicante), urbanizaciones - lasprovincias.es
Ibiza.- Sant Antoni juzga «un gran avance» legalizar núcleos sin licencia
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Lo que faltaba por ver, que un ayuntamiento considere un 'avance' legalizar lo que ha contravenido las leyes y normas públicas. La caradura de la corrupción urbanística está alcanzando cotas inimaginables, como se ve en este gran municipio ibicenco. Además de legalizar las construcciones irregulares actuales, las autoridades de Sant Antoni, con el permiso del Consell de Baleares, autorizan a que sigan construyendo. Es decir abundan en la ilegalidad, algo por lo que debería intervenir la justicia inmediatamente.
"DIARIODEIBIZA* : El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni debatirá y, previsiblemente, aprobará inicialmente en su sesión de mañana las nuevas Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del municipio, llamadas a sustituir el vigente Plan General, que data de 1987. El concejal de Urbanismo, Pepe Torres, defendió la figura de los Asentamientos en Medio Rural (AMR), que consiste en la legalización masiva de urbanizaciones construidas en su día sin licencia y a las cuales ahora, además, se les permite seguir creciendo hasta un 30 por ciento de su superficie, pese a no tener siquiera alcantarillado en la actualidad".
Las AMR –que ocupan 207 hectáreas en total– «suponen un gran avance en la ordenación urbana de Sant Antoni», manifestó el concejal, quien señaló que esta figura «permite ordenar zonas de núcleos residenciales susceptibles de ser urbanos, pero a los que les falta alguna infraestructura, como el saneamiento». «Son núcleos que por la Ley 7/12 de Urbanismo Sostenible no pueden ser urbanos porque carecen de algún servicio (tienen luz y agua), pero con el tiempo, cuando se les pueda dotar de saneamiento, pasarán a ser urbanos», añadió.
En total, se incluyen 18 núcleos en estas condiciones, repartidos por todo el municipio.
La misma propuesta de Normas Subsidiarias prevé también urbanizar los terrenos de ses Variades «con una normativa específica» y las correspondientes cesiones al Ayuntamiento.
Facilitar la urbanización
En cuanto al suelo urbano, «las unidades de actuación ahora se han hecho más pequeñas y, por tanto, su desarrollo será más fácil de ejecutar», añadió. Mediante la ejecución de los suelos urbanos y urbanizables previstos en las nuevas normas «se obtendrán 640.000 metros cuadrados de espacio libre público, es decir, zonas verdes, que podrán disfrutar todos los ciudadanos de Sant Antoni», señaló Torres.
Una vez que mañana quede aprobada inicialmente la propuesta de nuevo planeamiento, la documentación permanecerá a exposición pública durante un plazo de 45 días para la presentación de alegaciones.
Una vez examinadas las que se presenten, el Ayuntamiento deberá decidir si vuelve a realizar un nuevo periodo de exposición (en el caso de que se introduzcan cambios sustanciales) o bien si eleva el documento a aprobación provisional. Hecho esto, las normas pasarían al Consell de Ibiza, que se encarga de su aprobación definitiva.
* Diario de Ibiza - 26.6.13
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza
La alcaldesa del caso Brugal (Alicante) renueva un contrato millonario a uno de los empresarios de la trama
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Erre que erre, la alcaldesa de Alicante, a pesar de su imputación en el caso 'Brugal', continúa su política irregular de concesiones a dedo al empresario 'popular' Ortiz, también imputado en el mismo caso. Es decir, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, mientras la débil justicia sigue a verlas venir, sin actuar y permitiendo este tipo de tropelías en servicios urbanísticos básicos.
"ELDIARIO* : La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, ha renovado al principal empresario de la trama la concesión del servicio de 'Limpieza de centros escolares y dependencias municipales' por 31 millones de euros. El BOE recoge este miércoles la adjudicación para los dos próximos años a Enrique Ortiz e hijos S.A., del Grupo Cívica, del que Ortiz es presidente y principal accionista. A Enrique Ortiz el juez le atribuye los presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el caso Brugal, la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante. El constructor también está imputado en el caso Gürtel por la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Castedo, que ahora otorga esta adjudicación millonaria al grupo Cívica, también está imputada en este caso en el que se investiga el amaño y la información privilegiada que supuestamente favorecía a Ortiz cuando la actual alcaldesa era delegada de Urbanismo. Además, unas grabaciones que forman parte del sumario del caso demostraban la amistad entre los dos: "No quiero que vayas al despacho (...) no quiero que te vean allí", afirmaba Castedo en una conversación telefónica reproducida en el interrogatorio a la primera edil. En su respuesta, Ortiz le urgía a encontrarse para "hablar de todo" y así poder "marcar" su propia "estrategia". Según el sumario, Castedo permitía a Ortiz ver planos urbanísticos antes de que se expusieran al público
No es la primera vez que el ayuntamiento que preside la popular Sonia Castedo otorga adjudicaciones millonarias al grupo empresarial de Enrique Ortiz. En abril, el consistorio alicantino concedió a una UTE integrada por cuatro empresas, dos de ellas propiedad de Ortiz, la contrata millonaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, estimada en unos 435 millones para 12 años.
* El Diario - Irene Castro - 26.6.13
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
“El urbanismo agrava las riadas”
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Este problema viene de hace tiempo, pero en los últimos años, debido al desorden exagerado en el crecimiento urbanístico, se ha agravado hasta extremos de gran peligrosidad. Esta noticia está especialmente dedicada a Cataluña, pero igual sucede en toda la cuenca mediterránea donde las lluvias son muy variables y las ramblas y arroyos han sido ocupados ilegalmente por construcciones varias, sin permitir por tanto una adecuado mantenimiento de los cauces.
"ELPAÍS* : La riada del pasado martes en la Vall d’Aran ilustra las dificultades que entraña la gestión de los cauces de unos ríos sometidos en Cataluña a un régimen pluvial con cambios bruscos. Carreteras y casas destrozadas han sido las consecuencias más visibles de una riada de la que el Síndic del valle culpó a la Conferencia Hidrográfica del Ebro. “No nos dejan limpiar de árboles y piedras de los cauces”, aseguró Carlos Barrera. Varios expertos indican que el problema no es de la naturaleza, sino de la codicia de los años del boominmobiliario. El 15% de las zonas urbanizadas de Cataluña se han construido en terrenos que tienen un alto grado de peligrosidad por inundaciones. “El urbanismo aumenta las consecuencias de un problema del territorio. Históricamente no se han tenido en cuenta los peligros del río al construir”, explica Narcís Prat, catedrático de Ecología de la UB.
En 2003 todo cambió. La Ley de Urbanismo convierte en vinculantes los informes que emite la Agencia Catalana del Agua (ACA). Hasta entonces, las advertencias eran consultivas. “La lucha ha sido siempre entre los que quieren construir y los que no, y siempre ganaban los primeros”, asegura Prat.
Joan Manel Vilaplana, profesor de la Facultad de Geología de la UB y coordinador del grupo de riesgos naturales advierte de que en la época de “bonanza todo el mundo quiso apuntarse al juego de la construcción fuera como fuera”, y desde entonces nadie ha “querido solucionar un problema”, que en el último siglo ha matado a más de 1.000 personas en Cataluña.
Pero los problemas con la construcción no se ciñen al Pirineo. En el Baix Llobregat, alerta Prat, hay un peligro en potencia. Las dos arterias que cruzan la comarca, la AP-II y la A-II, tienen una separación que permite un caudal del río Llobregat de 4.000 metros cúbicos por segundo. Una fuerza que según el catedrático se repite cada 125 años, pero puntualmente se puede sobrepasar, como ocurrió en 1920 cuando llegaron a bajar 10.000. “Sería una tragedia”, sentencia.
Un total de 488 municipios de Cataluña, más de la mitad, padecen riesgo entre medio y muy alto de sufrir inundaciones, según un informe de la ACA, y solo una veintena se encuentran en el Pirineo. Más del 75% se encuentran en el litoral. “En la costa las riadas eran más frecuentes, y se han corregido algunos errores, pero no todos”, explica Vilaplana.
La construcción de muros en los pueblos para evitar los efectos del aumento de caudal de los ríos es una de las soluciones que se ha adoptado. Pero estas construcciones artificiales agravan los problemas. “Al estrechar el paso natural del agua, cuando entra un gran caudal en una canalización, sale con mucha más fuerza, lo que multiplica los efectos; y peor si lleva sólidos como piedras y troncos”, explica Prat.
El Gobierno de la Generalitat ha rehuido hablar esta última semana de los planes urbanísticos y se han ceñido en calificar de “excepcional” el episodio que desencadenó las riadas que arrasaron parte del Pirineo. Precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas y el intenso deshielo de las cumbres en un año de grandes nevadas. “Estos fenómenos no son raros en Cataluña”, revela Carme Llasat, del grupo Instituto del Agua y coordinadora del Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas Adversas. De hecho, cada vez son más frecuentes. En los últimos 30 años, se han producido tres inundaciones por año, y ha causado pérdidas por valor de más 1.300 millones de euros, mientras que en las primeras ocho décadas del siglo XX se contabilizaba una riada cada 12 meses. Y este ha sido un siglo “tranquilo”, advierte: “Los modelos prevén fenómenos meteorológicos más extremos”.
* El País - DAVID GARCÍA VÁZQUEZ - 23.6.13
Foto: Riada del Garona en Vielha (Cataluña) - EFE
