Continúa el goteo de notables políticos valencianos imputados en la trama corrupta 'Gürtel'. Ahora se trata de ex altos cargos de la Generalitat de Camps que fraccionaban ilegalmente contratos de obras a fin concederlos a dedo y sin competencia a empresas de la trama. Habrá que ver hasta dónde llega la justicia, y si lo hace con rapidez, ante tantas pruebas inculpatorias.
"ELPAÍS* : El caso Gürtel sigue siendo un agujero negro para el PP y el Gobierno valenciano cuya profundidad resulta imposible de estimar. Un día después de que el juez José Ceres enviara al banquillo a dos diputadas autonómicas que fueron consejeras con el expresidente Francisco Camps —a una la fiscalía le pide 11 años de cárcel y a la otra, 10 de inhabilitación— trascendieron otras cuatro imputaciones de antiguos cargos de la Generalitat. Todas ellas están relacionadas con el fraccionamiento de contratos e irregularidades similares que habrían tenido como fin conceder sin competencia numerosos contratos a empresas de la trama corrupta.
El primero de los nuevos imputados es Juan Miguel Bellver, que era director general de la empresa pública de Medio Ambiente Vaersa en 2004, cuando se concedió un contrato de 119.000 euros (más IVA) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market.
Vaersa pagó la mitad del dinero, que debía servir para realizar una campaña de sensibilización del contenedor amarillo. Orange Market no hizo nada. Y la empresa pública nunca pidió el reembolso de los fondos.
El juez imputa a Bellver “porque del contenido de su propia declaración” como testigo “pueden existir indicios racionales bastantes para su participación en los hechos”. Derivado, en parte, “de las manifiestas contradicciones en las que incurrió”, “tanto en lo relativo a su papel en la decisión de la contratación como en posteriores actuaciones para la resolución del contrato”. Contra el exdirector de Vaersa pesa también la declaración de otro de los imputados, Antonio Santo Juan, jefe de área en Vaersa, “que intervino personalmente en la gestión de esta contratación”.
El magistrado se apoya igualmente en la declaración de otros excargos para imputar a Enrique Navarro, que fue secretario autonómico de Familia hasta diciembre. El juez ve indicios de que Navarro tuvo una “intervención relevante y decisiva” en la contratación de distintas empresas de la trama Gürtel para los actos Balance General (23.514 euros), Violencia de género, tolerancia cero (20.952 euros) y Punto Final (23.759 euros). Se celebraron entre 2006 y 2007 y, según la Intervención General del Estado, fueron troceados para adjudicarlos sin competencia.
El juez menciona que para imputarlo ha tenido en cuenta las declaraciones de Clara Abellán, exdirectora de la Mujer, así como del “jefe de prensa, la secretaria general administrativa y el jefe de sección de Coordinación Administrativa” que entonces trabajaban en la Consejería de Bienestar Social.
Enrique Bort, jefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), queda imputado por “facilitar, direccionar”, y participar presuntamente “en alteraciones relevantes” del procedimiento de contratación que eligió a Orange Market para realizar un vídeo sobre parques empresariales por 69.600 euros.
El cuarto imputado, por el mismo contrato que Bort, es José Manuel Vidal, que era empleado de Orange Market “aunque también fue alto cargo en algunas consejerías”. Vidal, a quien el juez atribuye “negociaciones y contactos posiblemente irregulares” con funcionarios para hacerse con el contrato, pasó por varios departamentos de la Generalitat. Incluido el gabinete del expresidente Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la red.
* El País - IGNACIO ZAFRA - 2.7.13
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo
Valencia.- El juez de Gürtel imputa a cuatro cargos más por amañar contratos
El fiscal atribuye a exedil Murcia papel destacado en corrupción urbanística
Nada nuevo al respecto de lo que ya se sabía desde hace años, que el ayuntamiento murciano había favorecido a determinados constructores amiguetes al redactar el nuevo Plan General municipal. Habrá que esperar si esta acusación de corrupción urbanística sigue adelante con rapidez y, realmente, se tira de la manta en una ciudad (y región) donde abundan esta clase de delitos.
"EFE* : El exedil de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, tuvo un papel destacado en la adopción de un modelo supuestamente corrupto implantado para reformar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que favorecía a constructoras, según el informe del fiscal Anticorrupción notificado hoy a los imputados. El documento responsabiliza también a altos cargos de la Gerencia de Urbanismo y al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara -todos ellos igualmente imputados-, aunque con respecto a este último, del PP, indica que todavía no se ha realizado una investigación de su patrimonio.
El fiscal, Juan Pablo Lozano, indica que la documentación incautada en los registros del conocido como caso Umbra señala que el entonces concejal "recibió importantes presentes, cuyo valor se estima en no menos de 85.000 euros, como seis relojes de alta gama".
Estos regalos, junto con obras de arte que le entregaron, entre otros, el ingeniero y también imputado Renato del Noce, levantan las sospechas de la fiscalía, "al tener en cuenta que se produjeron en fechas cercanas a la aprobación de un plan parcial".
Asimismo, se afirma que en el domicilio del exconcejal fueron halladas 30 obras de arte, "cuyo origen se investiga y cuyo valor se estima que supera los 30.000 euros, además de otras dos pinturas supuestamente regaladas y que tienen el mismo valor".
Hay "importantes descuadres en sus gastos diarios que permiten inferir que disponía de dinero en metálico de origen desconocido", asegura el informe, en el que se dice que Berberena "mintió" al declarar como imputado.
Añade, además, que "es difícil que no vislumbrara los sorprendentes cambios del PGOU ni conociera o intuyera las espurias actuaciones de sus inmediatamente subordinados".
Para reforzar sus sospechas sobre este imputado se recogen varias fotos incautadas a Del Noce, en el que se le ve junto al exjefe de Planeamiento el ayuntamiento y también imputado Joaquín Peñalver y al empresario Ramón Salvador Águeda, dueño del Grupo RS y de distintas empresas, en el yate de lujo de este último atracado en el puerto alicantino de Denia en septiembre de 2004.
En una foto se ve a Ramón Salvador Águeda, que suscribió con el ayuntamiento de Murcia un convenio urbanístico en febrero de 2006, jugando una partida de dominó con Peñalver y Del Noce, y en otra, a Berberena y a su esposa con Del Noce "en el que presumiblemente es el chalet" del exedil en Santomera (Murcia).
Esta documentación "permite de modo indiciario acreditar que la cúpula de la Gerencia de Urbanismo -los que realmente justificaban técnicamente las operaciones normativas y decisiones administrativas- tenía intereses personales con los representantes técnicos de algunas de las promotoras o con las propias promotoras que presentaban proyectos urbanísticos".
Para el fiscal tiene también responsabilidad el alcalde, "como máximo responsable de la adopción de algunas decisiones que se tachan de delictivas por no responder al interés general".
* El Confidencial - EFE - 1.7.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
La Comunidad de Madrid elabora un mapa de viviendas ilegales para perseguir su construcción
Ante noticias como esta, no se sabe si es mejor reir o llorar. ¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid, última responsable del urbanismo en sus límites, no tenga a estas alturas un mapa de las construcciones ilegales? ¿Qué ha estado haciendo hasta este momento? ¿No va a dimitir nadie por tener la caradura e ineptitud de que no exista dicho mapa? ¿Y todos los políticos responsables de esta situación que han pasado en los últimos años? Aparte del delito municipal de que existan esas construcciones ilegales, también hay un delito gravísimo en la propia Comunidad.
"20MINUTOS* : La Comunidad de Madrid va a elaborar el primer mapa de viviendas ilegales de la región. El inventario permitirá someter a "control" el urbanismo salvaje que, según los expertos y los grupos ecologistas, han venido permitiendo tanto el ejecutivo autonómico como los ayuntamientos. El trabajo ha sido adjudicado a la empresa Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental por un importe de 45.496,00 euros, la oferta económica más ventajosa. Esta deberá elaborar una base de datos con una ficha técnica por cada construcción levantada en suelo no urbanizable y suelo urbanizable que no haya sido dividido en sectores. Estas fichas detallarán la situación de los inmuebles, el número de plantas, el terreno que ocupan y el uso que le dan sus propietarios.
La localización se realizará mediante fotografías aéreas e imágenes por satélite de los 179 municipios de Madrid tomadas durante los últimos años y hasta 2011. Ello permitirá saber el intervalo de tiempo en el que las edificaciones fueron construidas y si sus propietarios las modificaron a posteriori. Las que se hicieron despúes de 2011 que, en principio, fuera, aunque la base de datos podrá actualizarse a posteriori.
El aspecto cronológico es especialmente importante, dado que las infracciones y delitos urbanísticos prescriben a los cuatro años de cometerse, según la ley autonómica del suelo. Sin embargo, cada añadido, modificación o ampliación supone una irregularidad nueva.
La elaboración del mapa comenzará de inmediato, de forma que esté listo el próximo mes de diciembre. Una vez que la Consejería de Medio Ambiente lo tenga, contará con un instrumento con el que presionar a los ayuntamientos para hacer cumplir la ley, ya que la disciplina urbanística depende de las administraciones locales.
La adjudicataria también contará con la información proporcionada por las direcciones generales de Medio Ambiente, Evaluación Ambiental y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, además de con los informes y trabajos de campo del Cuerpo de Agentes Forestales.
Más medios
Hoy, Madrid tiene miles de viviendas ilegales repartidas por toda la región, siendo las zonas más afectadas la Vega del Tajuña (Chinchón, Morata, San Martín de la Vega), la del Jarama (El Molar, El Vellón, Talamanca) y el curso medio del río Guadarrama (Móstoles, Navalcarnero, Arroyomolinos). Espacios protegidos como el Parque Regional del Sureste o los cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama se han visto invadidos debido a la pasividad administrativa, como informó 20minutos.
Para los geógrafos de la web especializada Pensando el Territorio, cartografiar e inventariar las urbanizaciones ilegales es "indispensable". Sin embargo, critican que esta iniciativa se tome, por segunda vez en la historia reciente de Madrid, en época de crisis: "Denota claramente un fin recaudatorio, pues el objetivo es legalizar los asentamientos y cobrar impuestos para la Administración".
La última vez que se realizó este catálogo de urbanizaciones ilegales, apuntan, fue en 1985, cuando el entonces presidente regional Joaquín Leguina (PSOE) instó por ley a los ayuntamientos a regularizar 137 colonias ilegales. La mayoría quedaron en el limbo.
Los agentes forestales creen que la medida llega tarde y que adolece de fallos, como no contemplar la problemática social —marginalidad, ausencia de escolarización, drogas en algunos casos—. "Aplaudimos la iniciativa, pero tanto la Justicia como nosotros necesitamos más medios. Denunciamos el 90% de las infracciones durante el primer año de comisión, pero los expedientes y denuncias van muy lentos", describe Juan Manuel Antón, portavoz de UGT en el cuerpo.
Ecologistas en Acción alerta, además, de que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles —conocida como 'ley Virus'— ideada por Esperanza Aguirre y aprobada por su sucesor, Ignacio González, es un obstáculo más para la conservación del territorio, ya que permitirá construir chalés de una planta en fincas de 60.000 metros cuadrados o más.
"Todo el mundo lo hace"
Eugene Morha, de 58 años, sabe que vive en una casa ilegal: "Claro, igual que mis vecinos". Su chalé está en Valdecorzas, una urbanización irregular que comenzó a formarse hace 30 años y que hoy se encuentra dentro del Parque Regional del Sureste, en el municipio de Arganda. Hasta ahora, el Ayuntamiento se ha negado a proporcionarles los servicios básicos de agua, alcantarillado, luz o transporte. Para fregar usan agua de pozo; para la luz, paneles solares o generadores.
"Construimos la casa porque todo el mundo lo hace y no pasa nada. Ahora vivimos aquí todo el año. Estamos empadronados y pagamos una cuota de 20 euros al mes a la asociación de vecinos. Tengo una sentencia judicial que me dice que no puedo acabar la fachada, pero tampoco tengo que tirarla", detalla. Como ella, otras 200 personas viven en este emplazamiento.
* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 28.06.2013
Foto: Viviendas ilegales en S.Martín de la Vega - A.C.
Cataluña.- Se vende pueblo para pagar deudas
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Del despilfarro municipal de hace pocos años se ha pasado a la crisis generalizada por falta de ingresos y tener que mantener unas estructuras propias claramente desproporcionadas (como ocurre también con diputaciones y autonomías). La solución que están dando muchos ayuntamientos es muy peligrosa ya que consiste en malvender un patrimonio público de importancia, atendiendo solamente a la pura y dura especulación urbanística.
"ELPAÍS* : La crisis ha multiplicado las tiendas de empeño y compraventa de oro para que las familias encuentren un alivio económico a sus joyas. A las administraciones les pasa algo similar. La Generalitat se ha desprendido de empresas públicas —en un proceso polémico como el de Aguas Ter Llobregat— y ha vendido varios edificios, incluidas las sedes de algún departamento. Los ayuntamientos tampoco son ajenos a este proceso y cada vez trascienden más casos de venta de parte de su patrimonio para sanear sus cuentas. “Ahora todo el mundo tiene activos en venta”, destaca Montserrat Rodríguez, regidora de Urbanismo de Mataró (Maresme) y presidenta de la promotora municipal PUMSA.
En palabras del alcalde Joan Mora (CiU), “el futuro de la ciudad está hipotecado” por esa sociedad, que ha sacado a concurso inmuebles y aparcamientos valorados en 70 millones de euros. El objetivo es rebajar la deuda de la empresa, que alcanzó los 150 millones y que hasta ahora solo se ha podido rebajar un tercio.
“La única manera de generar recursos es vender sus activos”, explica la regidora de Urbanismo. Los planes municipales, sin embargo, no salieron como se esperaban: el concurso se cerró sin ofertas y el Ayuntamiento ha ideado un plan alternativo de venta de plazas de aparcamiento a los vecinos.
“Hay una competencia muy grande. Acabamos sin ofertas, pero pusimos Mataró en el mapa y ahora ya hay empresas a nivel nacional que están mirando los activos para hacer una oferta”, matiza Rodríguez, que destaca las ventajas del municipio frente a otros: “Tenemos activos delante del mar”. Pero recalca: “Nosotros no ponemos en venta ningún equipamiento público, no le quitamos nada a la ciudadanía”. El caso de Mataró es el paradigma de los municipios que acumularon patrimonio en la época de las vacas gordas y la crisis los ha acabado convirtiendo en una losa para las arcas municipales.
Caso distinto es el de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), que cerró a finales de año la venta de 20 parcelas por 2,9 millones de euros. “Una oportunidad”, según el alcalde, Jordi Cordón, (CiU), criticado por la oposición municipal, que lamentó la venta de los terrenos para construir una gran superficie residencial. “Se han vendido porque en ese núcleo no se iba a desarrollar ninguna actividad”, explica Cordón. Con ese dinero se financiará una residencia geriátrica municipal, resalta el alcalde, quien puntualiza que la venta de patrimonio “es siempre el último recurso”.
Tarragona es la única capital de provincia que ha vendido activos municipales para lograr liquidez. “La venda de patrimonio es una manera típica de financiar inversiones. Estamos intentando poner en valor bienes patrimoniales y solares en uso industrial para lograr inversiones más útiles”, explica Pablo Pérez (PSC), primer teniente de alcalde y encargado de Servicios Centrales, Economía, y Hacienda de Tarragona. La ciudad ha sacado a la venta varios solares y un edificio en pleno centro urbano, justo encima del Teatro Metropol. Prevén obtener siete millones de euros, que destinarán a compensar las cuentas. Pérez destaca que, en ningún caso, el Ayuntamiento se ha planteado vender patrimonio municipal emblemático. “No hay nada que sea de un interés cultural especial”, destaca.
Cordón, de Torroella de Montgrí, agrega que vender edificios de interés local “sería inadmisible”, aunque hay municipios que sí han recurrido a algunas joyas locales, como Vic (Osona). El Ayuntamiento vendió en 2011 la Casa Comella, calificada como bien de dominio público antes de la transacción, por 1,1 millones al grupo Bon Preu. La empresa se quedó con la entrada principal, el piso noble y el jardín. El Ayuntamiento tiene previsto vender ahora otro inmueble histórico, la Casa Moreta, para obtener 4,4 millones hasta 2015. Ningún responsable municipal ha querido detallar la operación. El Ayuntamiento cuenta con el 70% del inmueble, y está iniciando los trámites para venderlo. Igual que hizo con Casa Comella, modificará el uso para que deje de ser un bien de dominio público y calificarlo de bien de interés patrimonial, paso imprescindible para desprenderse de una de las joyas del centro de Vic. Todo, para que las cuentas cuadren.
* El País - MAIOL ROGER - 1.7.13
Foto: Mataró - turismo
Almería.- La lenta agonía del Toblerone durará hasta el mes de agosto
El gran silo de mineral de 30 metros de alto y 200 de largo, construido en el año 1972 y conocido popularmente como 'Toblerone' en Almería tiene los días contados. La plataforma ciudadana 'Salvemos el Toblerone' consiguió retrasar su derribo, encaramándose al edificio y haciendo público su desacuerdo con la decisión del ayuntamiento. Un asunto conflictivo en el que, junto a intereses especulativos municipales, se mezclan otros de su posible valor patrimonial.
"ELALMERÍA* : Fue una victoria simbólica, como tantas otras que suelen emprender los colectivos más concienciados de Almería, pero una victoria al fin y al cabo. Apenas 18 personas consiguieron paralizar las obras de derribo del Toblerone durante poco más de dos horas. Después fueron convencidos para que depusieran su actitud, se les tomó nota de su identidad y fueron citados en Comisaría. Las tareas de derribo continuaron y, al menos según indicó el alcalde de la capital almeriense, "tardarán ocho diez o quince días, poco más".
No obstante, por la tarde se precisó más la fecha, ya que la empresa encargada de llevar a cabo la demolición anunció que esperará hasta el mes de agosto para evitar que el polvo que se pueda levantar afecte a las actividades del colegio Rafael Alberti situado en el solar de al lado. Eso es lo que le queda a un símbolo de la capital almeriense que parece haber resucitado después de casi 17 años sin que nadie se ocupara de él. Las licencias están concedidas, aprobadas y la Delegación de Cultura no tiene registrada petición alguna para que una catalogación de urgencia conllevara la orden de paralización cautelar de las obras. La suerte de la chocolatina de chapa llena aún de mineral de hierro, está legalmente echada.
Desde poco antes de las 8:00 horas de ayer, los colectivos agrupados en la plataforma Salvemos el Toblerone, pusieron en práctica la decisión que la tarde anterior habían adoptado. Consiguieron juntar a 18, los suficientes para que en sus camisetas se pudiera leer SOS Toblerone. Durante más de dos horas fueron lo efectivos que querían ser. Consiguieron paralizar los trabajos de demolición que una empresa navarra realiza desde hace dos días y que han echado abajo la estructura de las oficinas del inmueble. Vigilados por patrullas de la Policía Local y Nacional, se colocaron en la repisa que separa la zona metálica de la de hormigón del edificio. Cada vez que se trasladaban a una zona, las máquinas aprovechaban para entrar en acción hasta que regresaban al lugar que impedían su trabajo. Ese juego del gato y el ratón se prolongó durante dos horas hasta que la policía decidió que era suficiente; fue entonces cuando se les conminó a bajar del lugar so pena de ser desalojados y detenidos; si lo hacían por su cuenta, una identificación daba por zanjado el asunto, aunque tuvieron que acudir a dependencias policiales a lo largo de la tarde de ayer para prestar declaración.
Fue entonces cuando se dirigieron a la Puerta Purchena donde mantuvieron un encuentro con la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que trasladaron su intención de paralizar la obra; esta les prometió interesarse por el mismo a través de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sonia Ferrer.
De manera casi simultánea, el alcalde de la capital almeriense, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador aseguraba que el desmantelamiento del Toblerone, tiene "todos los papeles en regla desde hace ya tiempo", de forma que la actuación para eliminarlo del paisaje urbano será una cuestión de días. El primer edil, mostró su extrañeza por el revuelo armado en torno a unas obras que están "aprobadas en un plan especial desde hace mucho tiempo que desaparecería. Yo no sé a que viene este maremoto. Está aprobado, dicho, consensuado". Sobre la falta de consulta y algunas protestas vecinales, Rodríguez garantizó que "intentan que haya la menor polvareda posible, habrá que regar el mineral que haya allí. Una infraestructura de esa envergadura siempre trae algo de molestias, es algo inevitable".
Por su parte , la delegada de Cultura en Almería, Isabel Arévalo, señaló a Diario de Almería que su departamento no tiene hasta el momento registrada "ninguna petición para la catalogación del inmueble como Bien de Interés Cultural; cuando se realizó el inventario, no se propuso mediante ninguna demanda y en la redacción del PGOU tampoco figura como tal, por lo tanto no se encuentra bajo el entorno de protección que puede dar la Junta". Arévalo recordó como se reunió con integrantes de la Plataforma "el pasado mes de marzo, donde me trasladaron sus inquietudes; desde ese momento no he sabido nada más de ellos, por lo que no nos consta ningún tipo de modificación sobre el estatus de dicho edificio".
La responsable en materia de Cultura aseguró que no se trata ningún edificio singular, por lo que no podemos obligar a los propietarios a protegerlo, como por ejemplo sí que hacemos con el Cortijo del Fraile, donde sancionamos si se producen daños; en este caso, legalmente es imposible por lo que es competencia exclusivamente municipal".
La suerte del Toblerone parece echada. No será en quince días, sino que habrá esperar hasta el mes de agosto para evitar molestias a los alumnos del Rafael Alberti. Es lo que le ha salvado de una muerte inmediata e indolora. Quienes lo defienden incluso con más ahínco, saben que es cuestión de poco tiempo.
* El Almería - ÓSCAR LEZAMETA - 2.7.13
Foto: Edificio 'Toblerone' - wikimapaia
El TSJA anula la tramitación que permitió la edificación del Nevada en Armilla
El centro comercial Nevada construido en Armilla (Granada) vuelve a estar de actualidad tras otra sentencia condenatoria del tribunal andaluz. El caso de este edificio, cuya tramitación se consideró ilegal –condenando a penas de cárcel al empresario T.Olivo, amigo de JA.Roca e imputado también en el 'caso Malaya', y los ex alcalde y ex concejal de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate–, es un ejemplo de irregularidad urbanística continua.
"IDEAL* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Granada, ha desestimado el recurso de General de Galerías Comerciales SA, promotora del Parque Comercial Nevada, contra la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo que condicionó la aprobación del PGOU del municipio de Armilla. La sentencia desestima concretamente el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa, del promotor Tomás Olivo, contra una resolución de 2008 de la Consejería de Obras Públicas, que a su vez desestimó otro recurso sobre la aprobación definitiva en 2007 del Plan Urbanístico.
El recurrente suplicó a la Sala que anulara la referida resolución de la Consejería y que dejara "sin efecto" las que consideró "inexistentes deficiencias" de apartados referidos a "áreas de suelo de uso global comercial", declarando la aprobación definitiva del PGOU propuesto por el Ayuntamiento en el ámbito del Parque Nevada.
Este último pronunciamiento judicial, contra el que cabe recurso de casación, tumbaría de hecho la tramitación que permitió la construcción del complejo comercial, al quedar en la práctica invalidadas las normas que sirvieron para autorizar la edificación, según explica hoy el diario Ideal, que adelanta el fallo.
Para la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, la sentencia da la razón al recurso administrativo de la Junta.
Sánchez, que ha recordado que el promotor fue obligado por la vía penal a derribar parte del edificio, ha señalado a los periodistas que en todo este proceso siempre han buscado un acuerdo entre las partes para no retrasarlo.
La sentencia, fechada el pasado 13 de mayo, se produjo pocos días antes de que la promotora iniciara los trabajos de demolición de 4.046 metros cuadrados del edificio, en cumplimiento de la sentencia que por la vía penal que ordenó el derribo de parte de esa superficie.
La supuesta tramitación irregular de este centro comercial sentó en el banquillo de los acusados al exalcalde y un exedil de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, y al promotor del centro, Tomás Olivo, para quienes la Audiencia de Granada elevó de siete a meses a un año y tres meses las penas de prisión a las que fueron condenados por un Juzgado de lo Penal.
* Ideal - EFE - 27.6.13
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - granadahoy.com
Santa Cruz.- Tres imputados por el ´caso Parque Marítimo´
Siguen las irregularidades urbanísticas durante el periodo de M.Zerolo como alcalde Santa Cruz de Tenerife. Ahora el asunto gira en torno a unos empresarios próximos al alcalde que, según parece, se han beneficiado de concesiones a dedo para la explotación de numerosas actividades en la ciudad.
"LAOPINIÓN* : El Juzgado nº1 de Instrucción, de Santa Cruz de Tenerife, ha imputado este jueves a Pedro Doblado, actual secretario del Consejo de Administración; Víctor Reyes, jefe de servicio del Ayuntamiento y Eduardo Risueño, exgerente de Urbanismo por el 'caso Parque Marítimo', que comenzó en 2009. Los tres imputados tendrán que declarar el próximo septiembre y octubre, sobre la investigación que emprendió la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en el recinto chicharrero, a raíz de las denuncias interpuestas por el abogado Felipe Campos.
Campos cuantificó en un principio hasta 75 delitos en los que se podría haber incurrido, entre ellos, por ejemplo, que la empresa explotadora nunca pagara un canon al Ayuntamiento por las fiestas celebradas.
En una entrevista concedida a La Opinión en 2009, Campos explicó que "el meollo del asunto es que unos empresarios próximos a Miguel Zerolo, que recibieron una concesión para explotar las piscinas del Parque, y que han hecho desde entonces todo tipo de actividades –fiestas, terrazas, bodas, conciertos– sin autorización municipal, están recaudando verdaderas fortunas. Quien cobra es el empresario que tiene la licencia de explotación de las piscinas, que es Luis Gil y personas afines al poder municipal que están obteniendo cantidades inmensas de dinero sin control ninguno, sin pagar a los ciudadanos la parte que nos corresponde y desarrollando actividades muy lucrativas en las que se usaron incluso empresas clandestinas que no tienen ninguna relación con la concesionaria, que es la Autoridad Portuaria".
* La Opinión Tenerife - 27.6.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, parque marítimo - laprovincia.es
La estación perdida del AVE
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Un ejemplo más del sinsentido en la planificación del AVE. La nueva y lujosa estación de Villena (Alicante) está prácticamente abandonada, mal comunicada y sin un uso claro ya que, además, dista de la nueva de Alicante apenas 60 Km. De nuevo el despilfarro público en el AVE, cuando con la mejora de otro tipo de tren, mucho más barato, podía haber conseguido un mejor resultado para todos. Pero la política de infraestructuras tiene estos enormes agujeros.
"ELPAÍS* : La nueva estación del AVE de la localidad alicantina de Villena sobresale como un promontorio en medio de la nada. Alrededor solo hay bancales y tres caminos forestales por los que los viajeros se pierden antes de llegar a su destino. La terminal, que inauguraron el lunes pasado el Príncipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha requerido una inversión de 11,5 millones de euros, lo que supone 3,5 millones más de los que Adif destinó para la nueva estación del AVE en Alicante, también inaugurada la semana pasada y de la que dista 60 kilómetros.
La nueva infraestructura es bioclimática y dispone de más de 700 metros de andén, que permiten operar a trenes dobles. Cada día ocho convoyes de alta velocidad en cada sentido paran en la localidad alicantina. Durante la primera semana de funcionamiento una media de un centenar de personas diarias han subido o bajado del AVE Alicante-Madrid. El martes, que fue el primer día de viajes comerciales, 147 pasajeros usaron la parada de Villena, según datos de Renfe.
En el interior de la flamante estación no hay cafeterías, ni tiendas, aunque todo es de grandes dimensiones. Villena, población de 35.000 habitantes, corre el riesgo, si no se soluciona el problema de los accesos, de seguir los pasos de Requena-Utiel (Valencia), otra estación del AVE que languidece y que apenas usan 50 personas cada día.
Los pocos pasajeros que acuden a la terminal se quejan de lo mismo: la falta de servicios y las pésimas comunicaciones por carretera. “Esto es la estación perdida del AVE”, explica Ignacio Corbí, un joven vecino de Elda (a unos 25 kilómetros) que acompaña a su amiga Teresa Abrega a coger su primer tren AVE a Madrid, donde está estudiando. “Hemos salido perdiendo, el tiempo que ganas con la alta velocidad lo perdemos para encontrar esto”, asegura la estudiante, cuyo coche se cruzó por el camino con un rebaño de ovejas.
La moderna estación está ubicada a seis kilómetros de distancia del centro de Villena, y rodeada de una vasta extensión de terrenos áridos en los que se han plantado recientemente algunos olivos.
Para llegar a ella existen tres posibilidades: un camino rural que atraviesa la colonia Santa Eulalia por una vía pecuaria, el camino de San Juan, desde Villena; y, por último, la carretera de Pinoso, que se ha ampliado para que provisionalmente sea el acceso principal.
“Nosotros vinimos anteayer para saber dónde estaba”, asegura José Gómez, un vecino de Castalla (a unos 28 kilómetros) que acude a dejar a su nieta en el tren. “El problema es que está poco señalizado y los accesos son muy malos, es un verdadero desastre”, se queja. Otro matrimonio de Ibi (a unos 38 kilómetros de distancia) también tuvo problemas para encontrarla. “La estación de antes que estaba en el centro de Villena era mucho mejor, aquí no hay nada”, protesta Concha.
Ante este panorama, el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, de Los Verdes, que gobierna en coalición con el PSPV-PSOE y Villena Centro Democrático, intenta implicar a varias instituciones para solucionar el problema de los accesos.
Esquembre considera “vital para la supervivencia” de la estación “que se solucionen pronto” las deficiencias de los accesos viarios. El proyecto inicial contemplaba construir un ramal directo de la autovía en línea recta que se presupuestó en unos 15 millones de euros, pero con la actual coyuntura económica está opción es inviable. El alcalde se queja de que “Generalitat y Fomento se pasan la pelota sin concretar ni aprobar una solución provisional”.
El regidor es consciente de que si no se soluciona el problema de los accesos y la señalización la estación corre un serio peligro. No obstante, Esquembre considera que hay una “diferencia notable” entre Villena y el caso de Utiel-Requena. “El punto de partida es diferente. Nosotros ya tenemos 200.000 usuarios de grandes líneas cada año, y Villena siempre ha sido un nodo de comunicación importante. La estación del AVE puede convertirse en un polo dinámico de atracción de pasajeros de varias comarcas”, asegura. El alcalde amplía el radio de influencia de la estación a otras localidades a más de 50 kilómetros, como Alcoi, Elche; e incluso a Yecla y Jumilla, ya en Murcia.
El Consistorio de la localidad está negociando con el Ayuntamiento de Benidorm y con los hoteleros la posibilidad de habilitar un servicio de lanzadera directa, ya que Alicante, por ahora, se niega a que los servicios regulares de autobús paren en la estación del AVE. La alcaldesa, Sonia Castedo, solo deja operar los servicios discrecionales. Pero mientras todos estos planes se consolidan, la realidad y el inicio está siendo duro. El nuevo servicio de autobús a la estación de los pueblos limítrofes llega el miércoles por la mañana sin pasajeros, la parada de taxis está vacía y las tiendas están cerradas. Un único taxi ha realizado un servicio a la nueva estación durante la primera semana de funcionamiento. El alcalde de Villena no esconde su preocupación porque en la página web de Renfe se suprimen tres frecuencias diarias del AVE, aunque la compañía lo niega y lo atribuye a “ajustes” en la programación.
La licitación para la explotación de la cafetería quedó desierta, y el único local comprometido es uno alquilado por el Ayuntamiento de Villena para la promoción turística, pero aún no se ha inaugurado. Y en la puerta, unos hombres de negocios que llegan de Madrid con el nuevo AVE preguntan: “¿Dónde está el pueblo, por dónde hay que ir?”.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 24.6.13
Foto: Estación del AVE en la localidad alicantina de Villena, recién inaugurada / PEPE OLIVARES
La ‘guerra del agua’ salpica a los jueces
Parece que la corrupción avanza, ya no detiene solo en los poderes ejecutivo y legislativo, ahora el poder judicial también está en la picota. En este caso de Cataluña los mismos jueces que deben dirimir sobre la privatización de Aguas Ter -Llobregat tienen intereses personales en alguna de las compañías que se presenta al concurso público. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿quién juzga a los jueces?
"ELPAÍS* : La guerra del agua en Cataluña, que ha provocado un fuego cruzado judicial entre los distintos gigantes del sector —Agbar, Acciona y Aqualia (de FCC)—, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha puesto en el punto de mira a los magistrados que deben dirimir sobre los dos macrocontratos que están en juego en los juzgados: la privatización a Acciona de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y el convenio entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar para que una sociedad conjunta suministre a 23 municipios de la corona metropolitana, entre ellos la capital. Uno de los jueces implicados es Joaquín José Ortiz, a su vez imputado en el caso ITV por asesorar a un empresario amigo y que en el caso del agua ha decidido inhibirse sin que nadie se lo pidiera. El otro magistrado es su compañero de sección Eduardo Paricio Rallo. Acciona pidió su recusación porque había participado en un seminario de Agbar, pero esta no ha prosperado.
Ortiz decidió apartarse por sus estrechas relaciones con Agbar. El motivo: “Haber intervenido en seminarios y conferencias retribuidos organizados por la Sociedad General de Aguas de Barcelona o su Fundación, en su sede social, en los que he expresado opiniones e interpretaciones legales” sobre el abastecimiento del agua, según los argumentos que él mismo aportó.
A finales de 2012, en la que ha sido la mayor privatización aprobada jamás por la Generalitat, el Gobierno catalán adjudicó a Acciona la explotación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública que gestiona el agua llamada “en alta”, la que va desde las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales. El contrato, por 1.000 millones de euros, afecta a cinco millones de catalanes, que son los consumidores de ese agua. El pasado marzo, sin embargo, el proyecto recibió un duro varapalo por parte de la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que pertenecen Ortiz y Paricio.
Los magistrados —Ortiz ya se había retirado y no participó en aquella decisión— dieron la razón a un organismo de control de la Generalitat, el OARCC. Este había concluido que la oferta de Acciona no cumplía algunos requisitos del concurso público, por lo que exigía retrotraer el proceso hasta la invalidación de la oferta. Esa decisión implicaba, en síntesis, que el concurso debía adjudicarse al único competidor: Agbar. Los jueces hicieron caso omiso de la Generalitat y de Acciona, y concedieron que se ejecutara el dictamen del órgano de control en la contratación (OARCC) hasta que hubiera sentencia firme, como había solicitado Agbar.
La decisión se hacía pública en el mismo momento en el que los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio, Santi Vila, comparecían en el Parlament para explicar por qué y cómo se adjudicó la empresa pública a Acciona. En su comparecencia, los consejeros se mostraron abiertos a estudiar que el contrato cambiara de manos, si bien todavía no han ejecutado el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia Catalana.
La sentencia del caso aún no ha llegado, pero Acciona ha maniobrado desde entonces en todos los frentes para revocar el auto judicial que obligaría a anular la adjudicación Agbar. La empresa considera que uno de los magistrados que tomó aquella decisión no puede ser imparcial e independiente por sus vínculos con Agbar. A principios de mayo, Acciona pidió la recusación de Paricio; es decir, que se apartara de la causa. La compañía esgrimió que el magistrado había participado en un seminario organizado por la Fundación Agbar sobre gestión urbana del agua de Barcelona y mantenía, por tanto, una “amistad íntima” con la operadora, controlada por el grupo francés Suez Environnement y La Caixa.
A diferencia de Ortiz, Paricio no cree que sus vínculos con Agbar le obliguen a apartarse. En su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado matiza que el seminario se celebró en enero de 2011 —y no de 2012, como decía Acciona— y que no trató sobre la gestión del agua en Barcelona, sino en el conjunto de España.
Paricio cree que fue invitado al seminario por una sentencia que había dictado cuando era responsable de un juzgado contencioso-administrativo y que tuvo “mucha repercusión”. Aquella resolución, de 2010, es la única conocida en la que un juez consideraba que Agbar no podía prestar el servicio, porque “resulta que no hay contrato de concesión”.
Ya en el TSJC, Paricio ha firmado un auto en el que asume todo lo contrario: la suministradora tiene los papeles en regla para operar en Barcelona.
Paricio argumenta que rechazó escribir una ponencia y que solo participó en las sesiones de debate junto a otros expertos del mundo académico y judicial. Su nombre, sin embargo, fue incorporado como “relator” en el libro que se editó para recoger las conclusiones de aquel seminario: El precio del agua, editado por la Fundación Agbar. El magistrado alega que fue una decisión de los editores del libro fruto, tal vez, de su participación “intensa” en los debates. Paricio, que en el escrito no aclara si cobró por esas jornadas, dice que para “un observador no interesado” no puede deducirse una relación de colaboración y amistad con Agbar. Y mucho menos, sigue, un vínculo que “condicione” su “independencia”. Un magistrado independiente que examinó el caso dio la razón a Paricio, por lo que la petición de Acciona ha sido rechazada.
Pero las suspicacias generadas por Paricio y Ortiz no se han quedado solo en eso. Aqualia, la división de FCC que ha recurrido también la decisión del Área Metropolitana de crear una sociedad conjunta con Agbar —creada bajo el argumento de que la compañía tiene el “contrato de concesión”, pese a las dudas de la Agencia Catalana del Agua—, ha remitido un texto al TSJC demandando información sobre la inhibición de Ortiz.
Fuentes jurídicas señalan que Aqualia quiere saber si esa relación del magistrado con Agbar es anterior y si podría haber influido en dos sentencias en las que participó Ortiz y que supusieron para Aqualia la pérdida de los contratos de Torredembarra y El Vendrell, pese a que en primera instancia los jueces les habían dado la razón. La empresa que se benefició de esos fallos fue Sorea, del grupo Agbar.
* El País - DANI CORDERO / JESÚS GARCÍA - 24.6.13
Foto: Planta desalinizadora del Prat, de ATLL. / TEJEDERAS
El TS anula la aprobación definitiva del PGOU de Benissa
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Benissa en Alicante es uno de esos municipios turísticos que han crecido salvajemente en los últimos años, debido a una aplicación de la normativa urbanística conflictiva. Ahora continúa en la misma línea con la anulación definitiva por el Supremo del Plan General que viene de diez años atrás. Lamentable hecho del ayuntamiento, de la Generalitat cómplice y de la propia justicia por su tardanza excesiva.
"LEVANTE* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad de Benissa por entender que, "a pesar de introducirse modificaciones sustanciales durante la tramitación" de la citada planificación, "no fue reiterado el trámite de información pública". La sentencia de la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo del TS estima un recurso de la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales y en contra de los abusos urbanísticos, contra la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), del 10 de marzo de 2009, que queda anulada.
Esta resolución desestimaba un recurso contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto el 13 de diciembre de 2003 ante el conseller de Territorio y Vivienda contra la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 14 de abril del mismo año, que aprobaba definitivamente el PGOU de Benissa.
De este modo, el TS considera que "ha lugar" al citado recurso, dirigido también contra el acuerdo del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de 2 de octubre de 2003, que ordena la publicación de la aprobación definitiva del referido plan --BOP de Alicante número 262 de 14 de noviembre de 2003--, acuerdo que también es anulado.
Igualmente, el alto tribunal declara "nulo" el instrumento aprobado "por no ser conforme al ordenamiento jurídico", al tiempo que agrega que si la administración urbanística "decidiera sustanciar el procedimiento para la aprobación" del PGOU de la localidad alicantina, "deberá reponerse dicho procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación provisional para su sometimiento a un nuevo trámite de información pública, a la vista de las modificaciones sustanciales introducidas con relación al documento aprobado inicialmente, sin hacer expresa condena al pago de las costas procesales causadas en la instancia y en este recurso de casación".
Entre los motivos planteados por la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioamientales y en contra de los abusos urbanísticos, la sala atiende al que "suscita la polémica sobre la necesidad de sometimiento a nueva información pública en el supuesto de introducción de modificaciones sustanciales, alegando la prevalencia de la norma estatal básica sobre la autonómica, que la exonera".
"NO ES UN MERO TRÁMITE"
Así, citando jurisprudencia, especifica que la información pública en ese tipo de planeamiento "no es un mero trámite" en el procedimiento de su elaboración, sino un elemento "esencial por la especial incidencia" que tienen los planes urbanísticos en la vida de los ciudadanos, "máxime" cuando se produce, como aquí sucede, la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Del mismo modo, considera que se vulnera, por ello, el derecho a la participación pública en el planeamiento urbanístico si se aprueba el instrumento de planeamiento sin el correspondiente trámite de información pública, y también cuando se han introducido, sin ese trámite, modificaciones sustanciales en el planeamiento aprobado.
Por lo que respecta al voto particular, la magistrada entiende que "no existe ninguna contradicción ni confrontación" entre la norma estatal básica y la norma autonómica urbanística, y afirma que si el órgano jurisdiccional consideraba que la norma autonómica infringía una norma estatal básica, "en lugar de elegir entre la aplicación de una y otra norma legal, debió plantear cuestión de inconstitucionalidad".
* Levante - EP - 27.6.13
Foto: Benissa (Alicante), urbanizaciones - lasprovincias.es
Ibiza.- Sant Antoni juzga «un gran avance» legalizar núcleos sin licencia
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Lo que faltaba por ver, que un ayuntamiento considere un 'avance' legalizar lo que ha contravenido las leyes y normas públicas. La caradura de la corrupción urbanística está alcanzando cotas inimaginables, como se ve en este gran municipio ibicenco. Además de legalizar las construcciones irregulares actuales, las autoridades de Sant Antoni, con el permiso del Consell de Baleares, autorizan a que sigan construyendo. Es decir abundan en la ilegalidad, algo por lo que debería intervenir la justicia inmediatamente.
"DIARIODEIBIZA* : El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni debatirá y, previsiblemente, aprobará inicialmente en su sesión de mañana las nuevas Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del municipio, llamadas a sustituir el vigente Plan General, que data de 1987. El concejal de Urbanismo, Pepe Torres, defendió la figura de los Asentamientos en Medio Rural (AMR), que consiste en la legalización masiva de urbanizaciones construidas en su día sin licencia y a las cuales ahora, además, se les permite seguir creciendo hasta un 30 por ciento de su superficie, pese a no tener siquiera alcantarillado en la actualidad".
Las AMR –que ocupan 207 hectáreas en total– «suponen un gran avance en la ordenación urbana de Sant Antoni», manifestó el concejal, quien señaló que esta figura «permite ordenar zonas de núcleos residenciales susceptibles de ser urbanos, pero a los que les falta alguna infraestructura, como el saneamiento». «Son núcleos que por la Ley 7/12 de Urbanismo Sostenible no pueden ser urbanos porque carecen de algún servicio (tienen luz y agua), pero con el tiempo, cuando se les pueda dotar de saneamiento, pasarán a ser urbanos», añadió.
En total, se incluyen 18 núcleos en estas condiciones, repartidos por todo el municipio.
La misma propuesta de Normas Subsidiarias prevé también urbanizar los terrenos de ses Variades «con una normativa específica» y las correspondientes cesiones al Ayuntamiento.
Facilitar la urbanización
En cuanto al suelo urbano, «las unidades de actuación ahora se han hecho más pequeñas y, por tanto, su desarrollo será más fácil de ejecutar», añadió. Mediante la ejecución de los suelos urbanos y urbanizables previstos en las nuevas normas «se obtendrán 640.000 metros cuadrados de espacio libre público, es decir, zonas verdes, que podrán disfrutar todos los ciudadanos de Sant Antoni», señaló Torres.
Una vez que mañana quede aprobada inicialmente la propuesta de nuevo planeamiento, la documentación permanecerá a exposición pública durante un plazo de 45 días para la presentación de alegaciones.
Una vez examinadas las que se presenten, el Ayuntamiento deberá decidir si vuelve a realizar un nuevo periodo de exposición (en el caso de que se introduzcan cambios sustanciales) o bien si eleva el documento a aprobación provisional. Hecho esto, las normas pasarían al Consell de Ibiza, que se encarga de su aprobación definitiva.
* Diario de Ibiza - 26.6.13
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza
La alcaldesa del caso Brugal (Alicante) renueva un contrato millonario a uno de los empresarios de la trama
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Erre que erre, la alcaldesa de Alicante, a pesar de su imputación en el caso 'Brugal', continúa su política irregular de concesiones a dedo al empresario 'popular' Ortiz, también imputado en el mismo caso. Es decir, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, mientras la débil justicia sigue a verlas venir, sin actuar y permitiendo este tipo de tropelías en servicios urbanísticos básicos.
"ELDIARIO* : La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, ha renovado al principal empresario de la trama la concesión del servicio de 'Limpieza de centros escolares y dependencias municipales' por 31 millones de euros. El BOE recoge este miércoles la adjudicación para los dos próximos años a Enrique Ortiz e hijos S.A., del Grupo Cívica, del que Ortiz es presidente y principal accionista. A Enrique Ortiz el juez le atribuye los presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el caso Brugal, la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante. El constructor también está imputado en el caso Gürtel por la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Castedo, que ahora otorga esta adjudicación millonaria al grupo Cívica, también está imputada en este caso en el que se investiga el amaño y la información privilegiada que supuestamente favorecía a Ortiz cuando la actual alcaldesa era delegada de Urbanismo. Además, unas grabaciones que forman parte del sumario del caso demostraban la amistad entre los dos: "No quiero que vayas al despacho (...) no quiero que te vean allí", afirmaba Castedo en una conversación telefónica reproducida en el interrogatorio a la primera edil. En su respuesta, Ortiz le urgía a encontrarse para "hablar de todo" y así poder "marcar" su propia "estrategia". Según el sumario, Castedo permitía a Ortiz ver planos urbanísticos antes de que se expusieran al público
No es la primera vez que el ayuntamiento que preside la popular Sonia Castedo otorga adjudicaciones millonarias al grupo empresarial de Enrique Ortiz. En abril, el consistorio alicantino concedió a una UTE integrada por cuatro empresas, dos de ellas propiedad de Ortiz, la contrata millonaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, estimada en unos 435 millones para 12 años.
* El Diario - Irene Castro - 26.6.13
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
“El urbanismo agrava las riadas”
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Este problema viene de hace tiempo, pero en los últimos años, debido al desorden exagerado en el crecimiento urbanístico, se ha agravado hasta extremos de gran peligrosidad. Esta noticia está especialmente dedicada a Cataluña, pero igual sucede en toda la cuenca mediterránea donde las lluvias son muy variables y las ramblas y arroyos han sido ocupados ilegalmente por construcciones varias, sin permitir por tanto una adecuado mantenimiento de los cauces.
"ELPAÍS* : La riada del pasado martes en la Vall d’Aran ilustra las dificultades que entraña la gestión de los cauces de unos ríos sometidos en Cataluña a un régimen pluvial con cambios bruscos. Carreteras y casas destrozadas han sido las consecuencias más visibles de una riada de la que el Síndic del valle culpó a la Conferencia Hidrográfica del Ebro. “No nos dejan limpiar de árboles y piedras de los cauces”, aseguró Carlos Barrera. Varios expertos indican que el problema no es de la naturaleza, sino de la codicia de los años del boominmobiliario. El 15% de las zonas urbanizadas de Cataluña se han construido en terrenos que tienen un alto grado de peligrosidad por inundaciones. “El urbanismo aumenta las consecuencias de un problema del territorio. Históricamente no se han tenido en cuenta los peligros del río al construir”, explica Narcís Prat, catedrático de Ecología de la UB.
En 2003 todo cambió. La Ley de Urbanismo convierte en vinculantes los informes que emite la Agencia Catalana del Agua (ACA). Hasta entonces, las advertencias eran consultivas. “La lucha ha sido siempre entre los que quieren construir y los que no, y siempre ganaban los primeros”, asegura Prat.
Joan Manel Vilaplana, profesor de la Facultad de Geología de la UB y coordinador del grupo de riesgos naturales advierte de que en la época de “bonanza todo el mundo quiso apuntarse al juego de la construcción fuera como fuera”, y desde entonces nadie ha “querido solucionar un problema”, que en el último siglo ha matado a más de 1.000 personas en Cataluña.
Pero los problemas con la construcción no se ciñen al Pirineo. En el Baix Llobregat, alerta Prat, hay un peligro en potencia. Las dos arterias que cruzan la comarca, la AP-II y la A-II, tienen una separación que permite un caudal del río Llobregat de 4.000 metros cúbicos por segundo. Una fuerza que según el catedrático se repite cada 125 años, pero puntualmente se puede sobrepasar, como ocurrió en 1920 cuando llegaron a bajar 10.000. “Sería una tragedia”, sentencia.
Un total de 488 municipios de Cataluña, más de la mitad, padecen riesgo entre medio y muy alto de sufrir inundaciones, según un informe de la ACA, y solo una veintena se encuentran en el Pirineo. Más del 75% se encuentran en el litoral. “En la costa las riadas eran más frecuentes, y se han corregido algunos errores, pero no todos”, explica Vilaplana.
La construcción de muros en los pueblos para evitar los efectos del aumento de caudal de los ríos es una de las soluciones que se ha adoptado. Pero estas construcciones artificiales agravan los problemas. “Al estrechar el paso natural del agua, cuando entra un gran caudal en una canalización, sale con mucha más fuerza, lo que multiplica los efectos; y peor si lleva sólidos como piedras y troncos”, explica Prat.
El Gobierno de la Generalitat ha rehuido hablar esta última semana de los planes urbanísticos y se han ceñido en calificar de “excepcional” el episodio que desencadenó las riadas que arrasaron parte del Pirineo. Precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas y el intenso deshielo de las cumbres en un año de grandes nevadas. “Estos fenómenos no son raros en Cataluña”, revela Carme Llasat, del grupo Instituto del Agua y coordinadora del Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas Adversas. De hecho, cada vez son más frecuentes. En los últimos 30 años, se han producido tres inundaciones por año, y ha causado pérdidas por valor de más 1.300 millones de euros, mientras que en las primeras ocho décadas del siglo XX se contabilizaba una riada cada 12 meses. Y este ha sido un siglo “tranquilo”, advierte: “Los modelos prevén fenómenos meteorológicos más extremos”.
* El País - DAVID GARCÍA VÁZQUEZ - 23.6.13
Foto: Riada del Garona en Vielha (Cataluña) - EFE
El Tribunal Superior anula la legalización masiva de viviendas en Barreiros
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De nuevo, aunque sea demasiado tarde, otro caso de ilegalidad urbanística manifiesta que trataba de ocultarse en la costa de Lugo. La Xunta legalizó cientos de viviendas fuera de ordenación y ha tenido que ser la justicia la que anule esa actuación ilegal del gobierno 'popular'. Ahora habrá que ver cómo termina este grave asunto y qué se hace con esas viviendas, además de si se penaliza materialmente a los cómplices gobiernos municipal y autonómico.
"ELPAÍS* : Una de las más controvertidas actuaciones urbanísticas del Gobierno de Feijóo, la legalización de cientos de viviendas en el municipio de Barreiros, en la costa de Lugo, ha recibido un severo correctivo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La más alta instancia judicial de la comunidad autónoma ha aceptado un recurso de la agrupación ecologista Adega y ha anulado el llamado plan sectorial de Barreiros que aprobó el Consello de la Xunta en marzo de 2012. Con ese plan el Ejecutivo autónomo pretendía dar cobertura legal a la mayor actuación urbanística de los últimos años en el litoral gallego —el Ayuntamiento había concedido licencias para 5.800 pisos, una buena parte de ellas declaradas ilegales— y a la vez aportar dinero público para dotar de infraestructuras a unas urbanizaciones edificadas sin apenas servicios para las viviendas.
El TSXG acepta los argumentos de Adega, que sostenía que la Xunta incurrió en “desviación de poder” al dar carta de naturaleza jurídica a unas urbanizaciones que en su mayor parte se construyeron sin cumplir los requisitos legales. El Gobierno gallego se había acogido a una fórmula prevista en la ley de ordenación del territorio y declaró el plan de Barreiros de interés supramunicipal, pese a que su ámbito de actuación se limitaba a ese Ayuntamiento.
Ningún caso simboliza mejor el desenfreno de los años de euforia del ladrillo en Galicia que el de este municipio lucense. En 2006, el alcalde, Alfonso Fuente, del PP, concedió licencias para construir 5.800 viviendas en una localidad de 3.200 habitantes, pese a la advertencia expresa de ilegalidad que formuló la secretaria municipal. Un año después, los socialistas paralizaron desde el Gobierno bipartito de la Xunta las autorizaciones de 3.174 pisos y entablaron una batalla judicial contra el Ayuntamiento. Algunos cientos de viviendas ya estaban en construcción, pese a que se trataba de suelo urbano no consolidado y no contaba con calles de acceso ni con conexión a las redes de abastecimiento públicas.
La llegada del PP a la Xunta supuso la retirada de los recursos judiciales contra el Ayuntamiento y, finalmente, la elaboración de un plan sectorial que legalizaba lo construido y garantizaba la dotación de servicios a las viviendas. El plan fue pactado con el municipio, los promotores urbanísticos y la Diputación de Lugo, presidida por un socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quien rompió con la línea beligerante que había mantenido en este asunto su partido bajo el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. Los servicios para las urbanizaciones costarían 14 millones de euros, de los que la Xunta aportaría el 40%, la Diputación el 10%, el Ministerio de Fomento 1,2 millones y el resto los propios promotores.
Con la llegada de la crisis, el plan no llegó nunca a ponerse en marcha. Pero, mientras tanto, Adega planteaba una nueva batalla judicial, que ha terminado con victoria ante el TSXG. Los firmantes del plan todavía podrían presentar un recurso de casación ante el Supremo.
En su sentencia, el tribunal gallego desmonta los argumentos que empleó la Xunta para declarar el convenio de interés supramunicipal. El Gobierno gallego había apelado a que la suspensión de las licencias en Barreiros producía un quebranto económico en la comarca de A Mariña y en el sector inmobiliario de toda la provincia. Los magistrados del TSXG replican que la dotación de infraestructuras a las viviendas “no tiene una incidencia que trascienda del término municipal ni por su magnitud e importancia ni por la demanda social”. Los argumentos de la Xunta, advierte el tribunal, permitirían que “cualquier actividad con efectos beneficiosos, aunque tuviese un ámbito territorial muy concreto” pudiera ser declarada de interés supramunicipal ya que “algunos de esos efectos, por escaso que fuese, se extendería a otros ámbitos próximos”. El fallo también explica que el origen del problema no es la “falta de previsión legal” sino una actuación del Ayuntamiento que la misma sala del TSXG ya declaró en otras sentencias “no conforme a la legalidad”.
* El País - XOSÉ HERMIDA - 25.6.13
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - elpais
Las denuncias ecologistas no frenan los rellenos de tierra en Gibraltar
El escándalo territorial continúa en Gibraltar, tras años de haberle ganado fraudulentamente terreno al mar. Además es algo fácilmente comprobable si se toman dos instantáneas de la roca de hace 40 años y de la actualidad. Los distintos gobiernos han mirado para otro lado, mientras los 'llanitos' seguían edificando en esos terrenos ganados ilegalmente al mar, sobre zonas altamente protegidas, incluso.
"ELPAÍS* : Los rellenos en la costa de Gibraltar siguen siendo una constante a pesar de las denuncias de los grupos ecologistas. El Gobierno de Fabian Picardo, al igual que los de sus antecesores, permite que se siga ganando terreno al mar a pesar de la declaración de Zona de Especial Conservación de esta parte del litoral que separa el Estrecho de Gibraltar de la Bahía de Algeciras (Cádiz). La última actuación en la cara Este del Peñón, en las proximidades de la playa de La Caleta, ha sido denunciada en los últimos días en Bruselas por el grupo Verdemar -Ecologistas en acción, que acusa al Reino Unido de “vulnerar los hábitats naturales, de la fauna y de la flora silvestres” del Estrecho Oriental, declarado por la Unión Europea dentro la Red Natural 2000.
El desarrollo de las obras iniciadas hace más de diez años en esta parte del litoral gibraltareño, prevé la ejecución del proyecto Eastside Development con una inversión de 1.500 millones de euros, para la construcción de viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, comercios y hoteles entre Eastern Beach y Catalan Bay, en tierras ganadas al mar. Este proyecto pretende dar servicio al negocio de los cruceros y las embarcaciones recreativas, a las que se ofrecerán servicios de mantenimiento y reparación de yates.
Antonio Muñoz, portavoz de los conservacionistas, asegura que, “Gibraltar está realizando rellenos de áridos, algunos con materiales contaminados en los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda”. Verdemar denuncia que “en esta zona destaca la presencia de especies de bivalvos de interés pesquero como la coquina, navaja, chirla, curruco y concha fina, la presencia de los decadópodos Liocarcinus vernalis y Portumnus latipes, el equinodermo Echinocardium mediterraneum y el poliqueto Ophelia” y añade que en este espacio protegido alberga en sus aguas poblaciones estables de especies de cetáceos como el delfín listado y el delfín común.
No sería la primera vez que los ecologistas de la zona del Campo de Gibraltar sufriesen un varapalo de la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea a la hora de abordar denuncias contra la colonia británica. Sin embargo, en esta ocasión los conservacionistas esperan que la protesta registrada prospere y se ponga punto final a esta situación que vienen denunciando “desde hace ya muchos años”, cuando se iniciaron los primeros rellenos de arena, para ganar “tierra al mar” durante la construcción de la pista del actual aeródromo.
La denuncia de los ecologistas ha coincidido con el anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, a principios del mes de junio, compartió la preocupación sobre la incidencia en el litoral de Levante, en La Línea de la Concepción (Cádiz), de los rellenos que realiza Gibraltar. “Somos conscientes de la situación y hemos registrado esa área como Zona de Especial Conservación (ZEC) para establecer limitaciones por razones medioambientales”, afirmó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
“El ministerio, junto al de Asuntos Exteriores, está interesado en bloquear ese tipo de prácticas y será necesario un pleito ante el Tribunal de Justicia de la UE”, añadió Ramos, quien agregó que “hace ya seis meses que el ZEC está declarado, cartografiado y con las restricciones de uso en vigor”.
El Gobierno de Gibraltar guarda silencio, mientras que entre los ciudadanos gibraltareños, surge la pregunta de siempre: ¿por qué los ecologistas no denuncian los rellenos para la ampliación de las instalaciones portuarias de Algeciras o de los del puerto deportivo de La Línea?
* El País - CÁNDIDO ROMAGUERA - 23.6.13
Foto: Imagen de las obras de relleno de tierras en Gibraltar. / ANDRÉS CARRASCO
Puerto de la Cruz.- El consistorio pretende legalizar la situación de diez urbanizaciones
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Es evidente la política 'popular' de legalizar todas las actuaciones urbanísticas que se han hecho durante años ilegalmente en el país, creando un claro perjuicio y un precedente grave para todos lo que sí han cumplido con las normativas existentes. Con esto se pretende dar por cerradas situaciones de irregularidad manifiesta y echar tierra encima de las leyes que, se supone, sirven para ordenar un territorio. Y además, como en este caso de Tenerife, se ejecuta con toda la cara del mundo y sin dar siquiera unas mínimas excusas.
"ELDÍA* : El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Sebastián Ledesma (PP), anuncia que su departamento trabaja para legalizar la situación de diez urbanizaciones de la ciudad que en la actualidad continúan sin ser recibidas por el consistorio. El edil popular espera terminar con la situación irregular de promociones urbanísticas que, en algunos casos, "tienen más de treinta años de antigüedad". "Tenemos por delante una labor bastante importante para dejar todas las urbanizaciones perfectamente legalizadas", apunta Ledesma. "Por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz han pasado muchos gobiernos y muchos concejales de Urbanismo, de todo signo, que no han sido capaces de concluir la legalización de estas urbanizaciones", lamenta.
La mayoría de los casos pendientes de legalización se encuentran en la zona de El Durazno.
Una de las primeras cuya situación se espera legalizar es la urbanización de Jardines de Quintana, "que ya cuenta con todos los informes técnicos favorables".
El hecho de que la urbanización no haya sido recibida por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz provoca situaciones como que los vecinos se tengan que encargar del cuidado de los jardines de la calle o que el consistorio no pueda actuar en el mantenimiento de las calles.
Respecto a la polémica con la redactora del Plan Especial del Casco, María Luisa Cerrillos, Sebastián Ledesma la da por zanjada y señala que "ya le hemos remitido las alegaciones de la Cotmac y de Patrimonio para que adapte el documento y podamos cerrarlo en próximas fechas".
"Consideramos que este plan es muy importante para el casco histórico y nosotros no tenemos ningún tipo de problema con la redactora contratada por el ayuntamiento", sentencia Ledesma.
"Un ayuntamiento no debe vender cortados"
Ledesma defiende el plan del gobierno CC-PP de privatizar la gestión de los servicios que quedan en manos públicas en el Lago Martiánez: "Un ayuntamiento no está para vender cortados o vender entradas. Nuestro objetivo es sacar a concesión administrativa la explotación del Lago, externalizar su gestión, pero sin privatizar el Lago, que seguirá siendo público". Para hacer viable este concurso, el consistorio negocia prorrogar la concesión de Costas que afecta al recinto y que expira en 2018. "El servicio de restaurantes, cafeterías y bares del Lago ya se externalizó hace años, y ahora lo que pretendemos es externalizar el resto", señaló.
* El Día - Raúl Sánchez - 23.6.13
Foto: Puerto de la Cruz (Tenerife) - canarias
Galicia.- Fomento clausuró 47 estaciones de tren en los últimos diez años
"ELPAÍS* : En los últimos diez años Galicia ha perdido 47 estaciones de tren, el 38% de las existentes en 2003, sin contar las de Feve. Entonces las vías de la comunidad estaban salpicadas por 124 estaciones o apeaderos, pero su falta de uso o la construcción del AVE han ido cerrándolas. Entre 2003 y 2008 los trenes dejaron de parar en 17 estaciones, cuatro de ellas en el Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo, cinco entre Santiago y Ourense y otras ocho repartidas por la provincia de Lugo. Desde hace cinco años y hasta la reestructuración de trenes de este mes se cerraron otras nueve estaciones, todas ellas entre A Coruña y Vigo por la entrada en servicio de diversos tramos del AVE del Eje Atlántico.
Con la reducción de servicios regionales iniciada el pasado domingo —de la que aún ayer, cinco días después, Renfe seguía corrigiendo la información divulgada—, esta semana los trenes han dejado sin ninguna parada 10 estaciones (Franza, Vedra-Ribadulla, Bandeira, Ponte Taboada, A Escravitude, Louredo-Valos, Begonte, Pobra de Brollón, Pumares y Covas). Y aún se cerrarán más antes de que termine el mes. El tren regional Ourense-Puebla de Sanabria, que no llegará a julio, es el único que para en diez estaciones del este de la provincia que también quedarán sin servicio (Taboadela, Paderne, Ponte Ambía, Baños de Molgas, Vilar de Barrio, A Alberguería-Prado, Laza, Castelo do Val, Vilariño de Conso-A Capela y A Mezquita). A estas habrá que sumar la supresión, cuando termine el curso escolar, de Pontevedra-Universidad, según admite Renfe. En total, este mes echan el cierre 21 estaciones o apeaderos por su escaso uso.
La Xunta garantiza que en todas las poblaciones con estaciones cerradas hay al menos un autobús al día como transporte alternativo. De hecho, Renfe ha mantenido alguna parada que inicialmente iba a suprimir porque esa estación carecía de otros medios de transporte. A esta situación se llega por la supresión de decenas de servicios regionales en todas las líneas menos entre A Coruña y Vigo, donde en todo caso también se cierran dos apeaderos y se reducen las paradas de algunos trenes. En el resto de líneas los servicios eliminados se han paliado en parte, entre las grandes ciudades, con los nuevos trenes a Madrid, pero sin paradas intermedias, por lo que varias decenas más de estaciones ven reducida su oferta.
Pero estas no serán las últimas estaciones que se cierren en Galicia. En menos de un año estará terminado todo el AVE A Coruña-Vigo con un trazado alejado en su mayoría de las vías y estaciones actuales. A la espera de lo que pueda pasar con las paradas con menos usuarios en las que sí coinciden las vías viejas y las nuevas, al menos cinco estaciones actuales (Padrón, Pontecesures, Catoira, Portela y Cesantes) quedarán alejadas del AVE, lo que amenaza su futuro a cambio de reducir notablemente el tiempo de desplazamiento entre las principales poblaciones. En el lado contrario, Fomento tiene previsto reabrir la estación de Chapela con un nuevo edificio y construir una nueva denominada Padrón-Barbanza, aunque de esta última nada se sabe desde hace meses.
* El País - DAVID REINERO - 7.6.13
Foto: Viajeros entre Vigo y Ourense, afectada por los recortes. / NACHO GÓMEZ
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El nuevo proyecto de Ley de rehabilitación. ¿Se pretende volver a la época del boom inmobiliario?
Algo que se ha estado demandando, desde antes del inicio de la crisis inmobiliaria, ha sido la rehabilitación urbana. Habría que decir que en otra fase, porque ya en los últimos setenta y ochenta se rehabilitaron bastantes núcleos históricos con programas específicos. La diferencia es que ahora la nueva ley pretende fomentarla operada por el mercado privado. Algo que, sin duda, se hará con criterios económicos más que arquitectónicos o urbanísticos, con lo que esta iniciativa puede desvirtuar completamente sus necesarios fines.
"IBÁN DÍAZ PARRA* : El gobierno del Estado ha publicado recientemente un nuevo Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Es esta una medida muy demandada desde el perjudicado sector de la construcción y una de las pocas iniciativas dirigidas a la reactivación económica que ha realizado un gobierno centrado en las políticas de austeridad. La promoción de la rehabilitación ha sido una estrategia utilizada en el pasado para promover o sostener el sector de la construcción en un contexto de crisis. El caso más reciente es el primer periodo de democracia liberal en la España posfranquista.
En las década de los sesenta y setenta España había contado con un importante crecimiento económico, aún en el marco de recesión global propiciada por la conocida como crisis del petroleo. Contexto en el que se fragua la importante industria de la construcción española apoyada sobre el mercado de vivienda en propiedad y el turismo litoral. No obstante, desde finales de los setenta existe una desaceleración importante que coincide con el freno del crecimiento demográfico y de los procesos migratorios del campo a la ciudad. En este contexto, las políticas urbanas se dirigen en mayor medida a la rehabilitación de la ciudad construida, con especial atención a los enclaves históricos, completamente desinvertidos a principios de la década de los ochenta.
El fomento de la rehabilitación fue bastante exitoso a la hora de mantener la industria de la construcción y su mano de obra, algo que supuso una buena base para el posterior crecimiento de la misma en los dos ciclos inmobiliario-financieros que comienzan a partir de la entrada de España en la CEE en 1986. También es notablemente exitosa la rehabilitación conseguida en los centros históricos de las grandes ciudades españolas, ligadas a la potenciación de su función turístico-comercial y al aburguesamiento residencial de los mismos. La rehabilitación ha sido por lo tanto una parte importante de los sucesivos booms inmobiliarios entre 1987 y 1992 y entre 1997 y 2007.
La nueva ley pretende fomentar la rehabilitación y la renovación urbana operada por el mercado privado, tanto de la edificación como de los espacios públicos. Una intervención en la que tendría un papel importante la adaptación de la vieja edificación a los nuevos criterios de edificación sostenible y que recaería en cierta medida sobre los propietarios particulares y las comunidades de vecinos. Todo esto, implica un intento de restablecer uno de los elementos del anterior boom de la construcción, de forma similar a lo que hace la Ley de costas con la edificación de residencias para el turismo de sol y playa. Es obvio que para el actual gobierno resulta deseable un regreso al ciclo expansivo altamente especulativo que nos condujo a la actual depresión económica. Probablemente es deseable también para una parte importante de la población, que encuentra en esta posibilidad su principal esperanza de volver a la sociedad parcialmente opulenta que dejó atrás en 2007. No obstante existen serias dudas sobre la posibilidad de que esto sea factible.
En primer lugar, sigue existiendo un stock importante de vivienda vacías y sin vender, en diferentes modalidades y distribuidas por todo el territorio nacional. Ahora bien, el derribo de esas mismas viviendas puede ser una parte de la actividad constructora que se pretende fomentar, con el objetivo último de generar la escasez que permita al mercado volver a funcionar. En segundo lugar, existen serios obstáculos a una revitalización de la demanda, en la medida en que la demanda interior se ha visto y se va a seguir viendo seriamente castigada por la prolongación en el tiempo de elevadas tasas de desempleo, los recortes que afectan a los salarios indirectos y el saldo migratorio negativo. Asimismo, la demanda exterior encuentra sus limitaciones en la dimensión internacional de la crisis económica, que afecta inevitablemente a los clientes tradicionales (RU, Alemania y Francia), mientras que los nuevos mercados para el turismo y las segundas residencias (China o Rusia) por el momento no alcanzan a sustituir a los viejos. En tercer lugar, gran parte de la rehabilitación más rentable, en los enclaves históricos de las grandes ciudades, ya se ha llevado a cabo en los ciclos anteriores. Aunque todavía existan sectores degradados potencialmente atractivos para la inversión, estos siguen dependiendo de la existencia de una demanda. Así, la rehabilitación y adaptación a criterios de eficiencia ecológica afectaría en primer lugar a bolsas de infravivienda y comunidades de residentes en sectores urbanos afectados por cierta obsolescencia, graylands , que inevitablemente requerirían de importantes ayudas públicas que el gobierno está muy alejado de querer otorgar. Finalmente, el boom inmobiliario español, con sus desastrosas consecuencias por todos conocidas, se desarrolló en un contexto muy concreto y difícilmente repetible. Cualquier salida que pueda tener la crisis obliga a tomar otros caminos, sin que estos aseguren en absoluto el volver a la época de bonanza anterior.
* Rebelión - Opinión - 16.06.13
Foto: Vigo, antigua estación - urbanity
Bilbao.- Fomento gastó 50 millones en hacer un túnel que lleva tres años cerrado
En otras noticias se ha criticado ya el despilfarro monumental en infraestructuras de transporte, pero continúan saliendo a la luz más casos, como este del túnel ferroviario del puerto de Bilbao. Parece que debido a un mal diseño del proyecto, esta nueva línea fue rápidamente protestada por los vecinos de la zona. Y ahora, una vez más, un gran puerto se queda sin salida efectiva por tren, dejándolo en manos de las limitadas carreteras. Algo demencial.
"ELDIARIO* : En Euskadi también se tira el dinero en infraestructuras inacabadas. Desde hace tres años existe un túnel de cuatro kilómetros cerrado y sin ningún uso, pese a que ha costado casi 48 millones de euros. Es el que iba a ser nuevo acceso ferroviario directo al Puerto de Bilbao, el llamado túnel del Serantes, que se construyó entre 2005 y 2010. Pero sus dos bocas de entrada y salida están tapiadas, cuando solo faltaba por instalar las vías y la catenaria. En este caso la oposición vecinal y social ha evitado su puesta en marcha.
El túnel del Serantes se construyó para dar una salida al tráfico de mercancías del Puerto del Bilbao, constreñido por las malas comunicaciones por vía férrea. El 90% de las mercancías tiene que salir por carretera y el 10% restante circula por la línea de pasajeros de Renfe entre Bilbao y Santurtzi, por lo que el transporte se hace fundamentalmente por la noche. El túnel del Serantes iba a evitar el paso por esta línea, aunque seguiría utilizando el otro trayecto de cercanías que va de Bilbao a Muskiz. El proyecto suscitó críticas porque transportaba el problema a los municipios de Ortuella y Trapagaran.
Era un problema que ya se sabía pero que las instituciones (la obra ha sido sufragada por el Gobierno central) confiaban en que fuera temporal, ya se corregiría con otro proyecto: la llamada Variante Sur Ferroviaria, una inversión calculada en 600 millones de euros, que desviaría el trazado fuera los núcleos urbanos aprovechando las líneas de los antiguos ferrocarriles mineros de la zona. En la década pasada eran años de bonanza y se confiaba en la ejecución de este magno proyecto.
Pese a las incertidumbres las obras se empezaron a acometer en junio de 2005 y la presión vecinal y social de la zona afectada creció, incluso con la presentación de demandas en los tribunales contra la obra. Finalmente la presión hacia el PSE, acrecentada porque se producía en uno de sus feudos de poder, la Margen Izquierda en Vizcaya, obligó al entonces Gobierno de Zapatero a renunciar a su puesta en marcha, pese a que las obras se habían acabado ya a mediados de 2010.
Ahora la obra del túnel del Serantes está como un monumento, sin uso ni futuro en bastantes años o quizá nunca. Está supeditada a que se acometa la Variante Sur Ferroviaria pero gastarse 600 millones no pasa por la cabeza de ningún responsable del Gobierno central. “No bajamos la guardia”, ha afirmado José Ángel Seijo, uno de los portavoces del movimiento vecinal contrario al proyecto. Oskar Martínez, alcalde de Ortuella (el municipio por cuyo centro urbano iban a pasar las mercancías con el túnel del Serantes), ha asegurado que hay un compromiso de no abrirlo hasta que se acometa la Variante Sur ferroviaria pero reconoce que es un “sinsentido” mantener paralizado el túnel del Serantes. Son 50 millones tirados a la basura. El Ministerio de Fomento no ha atendido los requerimientos de El Diario Norte para explicar el futuro del túnel del Serantes.
Un proyecto impulsado por Alvarez Cascos
El túnel del Serantes (su denominación es porque horada el monte Serantes) tiene un recorrido de cuatro kilómetros, de los que 3,6 son soterrados y otros 400 discurren en un falso túnel. Su génesis se remonta a dos décadas atrás y de hecho en varias ocasiones se anunció que estaría en funcionamiento hacia el año 2000. Fue el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Casos, quien dio el impulso definitivo en 2000, al comprobar que era inviable que el tráfico pesado del Puerto de Bilbao discurriese en un 90% por carretera. Las obras, con varios retrasos más sobre lo previsto, se iniciaron en junio de 2005.
Su puesta en marcha ha sido una histórica reivindicación de los responsables del Puerto de Bilbao, sobre todo desde que en 1992 se aceleró la ampliación del Puerto de Bilbao, que en 20 años se ha ampliado en cerca de 200 hectáreas de superficie. El Puerto ha insistido en los graves problemas que supone la falta de una conexión directa con la meseta, hasta el punto de considerar que, sin resolver esta cuestión, las obras de ampliación podrían perder todo su sentido.
* El Diario - Alberto Uriona - 21.6.13
Foto: Bilbao, túnel de Serantes - eldiario
Sevilla.- La Fiscalía investiga las infracciones urbanísticas de Cobre las Cruces
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En la provincia de Sevilla está la mayor mina a cielo abierto de Europa, que no solo es preocupante por su contaminación medioambiental, sino que, además, ha incumplido la normativa urbanística levantando once elementos arquitectónicos, tres naves, y 'una serie de balsas' que no figuraban en el proyecto constructivo del complejo.
DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de Sevilla ha incoado diligencias en torno a las infracciones urbanísticas detectadas en el complejo de la compañía minera Cobre las Cruces, que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras. Mientras el Ayuntamiento de Gerena, gobernado por Margarita Gutiérrez (PSOE), ha impuesto una sanción de 206.966 euros a la empresa a cuenta de estas 23 infracciones urbanísticas, el Ministerio Público se ha hecho eco del asunto a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, según han confirmado fuentes judiciales.
El decreto de Alcaldía que contiene la resolución definitiva del expediente de infracción urbanística promovido por el Ayuntamiento de Gerena, da cuenta de un informe emitido en septiembre de 2012 por el arquitecto municipal, que en dicho documento avisaba, merced a una inspección en el complejo minero de Cobre las Cruces, de once elementos arquitectónicos, tres naves, y "una serie de balsas" que no figuraban en el proyecto constructivo del complejo. El mismo documento señalaba la existencia de otros seis elementos con una superficie construida superior a la plasmada en el proyecto constructivo. En el caso concreto de las naves, además, se trataba de obras "no legalizables" en el momento de su edificación.
Balsas sin licencia
En ese sentido, este decreto de Alcaldía expone la pertinente instrucción del mencionado expediente de infracción urbanística, dando cuenta de que la mina reclamó la "nulidad" de las actuaciones alegando aspectos como la supuesta "prescripción de las infracciones" o un posible caso de "indefensión". Pero finalmente, este mencionado decreto de Alcaldía considera "acreditado" que Cobre las Cruces "edificó sin licencia cinco balsas" e "instaló sin licencia" elementos como cuatro salas eléctricas, una planta de tratamiento de lodos, un tanque de agua o una nave de "protección contra incendios", instalando además otras dependencias "incumpliendo las determinaciones de la licencia concedida".
Igualmente, se considera acreditado que la mina edificó una gran nave de almacenamiento y otras dos menores para depositar "productos peligrosos" en una zona "no apta para este tipo de edificaciones" y, por tanto, "no legalizables en el momento de su construcción". Todos estos hechos, así, suman un total de 23 infracciones urbanísticas que se traducen en sanciones por un montante global de 206.966 euros en esta resolución definitiva del expediente de infracción urbanística. La resolución, no obstante, es susceptible de recurso por la vía Contencioso Administrativa, toda vez que las diligencias de la Fiscalía giran precisamente en torno a las edificaciones "no legalizables".
* Diario de Sevilla - EP - 17.6.13
Foto: Gerena (Sevilla), mina Cobre las Cruces - 20minutos
