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Del despilfarro municipal de hace pocos años se ha pasado a la crisis generalizada por falta de ingresos y tener que mantener unas estructuras propias claramente desproporcionadas (como ocurre también con diputaciones y autonomías). La solución que están dando muchos ayuntamientos es muy peligrosa ya que consiste en malvender un patrimonio público de importancia, atendiendo solamente a la pura y dura especulación urbanística.
"ELPAÍS* : La crisis ha multiplicado las tiendas de empeño y compraventa de oro para que las familias encuentren un alivio económico a sus joyas. A las administraciones les pasa algo similar. La Generalitat se ha desprendido de empresas públicas —en un proceso polémico como el de Aguas Ter Llobregat— y ha vendido varios edificios, incluidas las sedes de algún departamento. Los ayuntamientos tampoco son ajenos a este proceso y cada vez trascienden más casos de venta de parte de su patrimonio para sanear sus cuentas. “Ahora todo el mundo tiene activos en venta”, destaca Montserrat Rodríguez, regidora de Urbanismo de Mataró (Maresme) y presidenta de la promotora municipal PUMSA.
En palabras del alcalde Joan Mora (CiU), “el futuro de la ciudad está hipotecado” por esa sociedad, que ha sacado a concurso inmuebles y aparcamientos valorados en 70 millones de euros. El objetivo es rebajar la deuda de la empresa, que alcanzó los 150 millones y que hasta ahora solo se ha podido rebajar un tercio.
“La única manera de generar recursos es vender sus activos”, explica la regidora de Urbanismo. Los planes municipales, sin embargo, no salieron como se esperaban: el concurso se cerró sin ofertas y el Ayuntamiento ha ideado un plan alternativo de venta de plazas de aparcamiento a los vecinos.
“Hay una competencia muy grande. Acabamos sin ofertas, pero pusimos Mataró en el mapa y ahora ya hay empresas a nivel nacional que están mirando los activos para hacer una oferta”, matiza Rodríguez, que destaca las ventajas del municipio frente a otros: “Tenemos activos delante del mar”. Pero recalca: “Nosotros no ponemos en venta ningún equipamiento público, no le quitamos nada a la ciudadanía”. El caso de Mataró es el paradigma de los municipios que acumularon patrimonio en la época de las vacas gordas y la crisis los ha acabado convirtiendo en una losa para las arcas municipales.
Caso distinto es el de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), que cerró a finales de año la venta de 20 parcelas por 2,9 millones de euros. “Una oportunidad”, según el alcalde, Jordi Cordón, (CiU), criticado por la oposición municipal, que lamentó la venta de los terrenos para construir una gran superficie residencial. “Se han vendido porque en ese núcleo no se iba a desarrollar ninguna actividad”, explica Cordón. Con ese dinero se financiará una residencia geriátrica municipal, resalta el alcalde, quien puntualiza que la venta de patrimonio “es siempre el último recurso”.
Tarragona es la única capital de provincia que ha vendido activos municipales para lograr liquidez. “La venda de patrimonio es una manera típica de financiar inversiones. Estamos intentando poner en valor bienes patrimoniales y solares en uso industrial para lograr inversiones más útiles”, explica Pablo Pérez (PSC), primer teniente de alcalde y encargado de Servicios Centrales, Economía, y Hacienda de Tarragona. La ciudad ha sacado a la venta varios solares y un edificio en pleno centro urbano, justo encima del Teatro Metropol. Prevén obtener siete millones de euros, que destinarán a compensar las cuentas. Pérez destaca que, en ningún caso, el Ayuntamiento se ha planteado vender patrimonio municipal emblemático. “No hay nada que sea de un interés cultural especial”, destaca.
Cordón, de Torroella de Montgrí, agrega que vender edificios de interés local “sería inadmisible”, aunque hay municipios que sí han recurrido a algunas joyas locales, como Vic (Osona). El Ayuntamiento vendió en 2011 la Casa Comella, calificada como bien de dominio público antes de la transacción, por 1,1 millones al grupo Bon Preu. La empresa se quedó con la entrada principal, el piso noble y el jardín. El Ayuntamiento tiene previsto vender ahora otro inmueble histórico, la Casa Moreta, para obtener 4,4 millones hasta 2015. Ningún responsable municipal ha querido detallar la operación. El Ayuntamiento cuenta con el 70% del inmueble, y está iniciando los trámites para venderlo. Igual que hizo con Casa Comella, modificará el uso para que deje de ser un bien de dominio público y calificarlo de bien de interés patrimonial, paso imprescindible para desprenderse de una de las joyas del centro de Vic. Todo, para que las cuentas cuadren.
* El País - MAIOL ROGER - 1.7.13
Foto: Mataró - turismo
Cataluña.- Se vende pueblo para pagar deudas
Almería.- La lenta agonía del Toblerone durará hasta el mes de agosto
El gran silo de mineral de 30 metros de alto y 200 de largo, construido en el año 1972 y conocido popularmente como 'Toblerone' en Almería tiene los días contados. La plataforma ciudadana 'Salvemos el Toblerone' consiguió retrasar su derribo, encaramándose al edificio y haciendo público su desacuerdo con la decisión del ayuntamiento. Un asunto conflictivo en el que, junto a intereses especulativos municipales, se mezclan otros de su posible valor patrimonial.
"ELALMERÍA* : Fue una victoria simbólica, como tantas otras que suelen emprender los colectivos más concienciados de Almería, pero una victoria al fin y al cabo. Apenas 18 personas consiguieron paralizar las obras de derribo del Toblerone durante poco más de dos horas. Después fueron convencidos para que depusieran su actitud, se les tomó nota de su identidad y fueron citados en Comisaría. Las tareas de derribo continuaron y, al menos según indicó el alcalde de la capital almeriense, "tardarán ocho diez o quince días, poco más".
No obstante, por la tarde se precisó más la fecha, ya que la empresa encargada de llevar a cabo la demolición anunció que esperará hasta el mes de agosto para evitar que el polvo que se pueda levantar afecte a las actividades del colegio Rafael Alberti situado en el solar de al lado. Eso es lo que le queda a un símbolo de la capital almeriense que parece haber resucitado después de casi 17 años sin que nadie se ocupara de él. Las licencias están concedidas, aprobadas y la Delegación de Cultura no tiene registrada petición alguna para que una catalogación de urgencia conllevara la orden de paralización cautelar de las obras. La suerte de la chocolatina de chapa llena aún de mineral de hierro, está legalmente echada.
Desde poco antes de las 8:00 horas de ayer, los colectivos agrupados en la plataforma Salvemos el Toblerone, pusieron en práctica la decisión que la tarde anterior habían adoptado. Consiguieron juntar a 18, los suficientes para que en sus camisetas se pudiera leer SOS Toblerone. Durante más de dos horas fueron lo efectivos que querían ser. Consiguieron paralizar los trabajos de demolición que una empresa navarra realiza desde hace dos días y que han echado abajo la estructura de las oficinas del inmueble. Vigilados por patrullas de la Policía Local y Nacional, se colocaron en la repisa que separa la zona metálica de la de hormigón del edificio. Cada vez que se trasladaban a una zona, las máquinas aprovechaban para entrar en acción hasta que regresaban al lugar que impedían su trabajo. Ese juego del gato y el ratón se prolongó durante dos horas hasta que la policía decidió que era suficiente; fue entonces cuando se les conminó a bajar del lugar so pena de ser desalojados y detenidos; si lo hacían por su cuenta, una identificación daba por zanjado el asunto, aunque tuvieron que acudir a dependencias policiales a lo largo de la tarde de ayer para prestar declaración.
Fue entonces cuando se dirigieron a la Puerta Purchena donde mantuvieron un encuentro con la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que trasladaron su intención de paralizar la obra; esta les prometió interesarse por el mismo a través de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sonia Ferrer.
De manera casi simultánea, el alcalde de la capital almeriense, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador aseguraba que el desmantelamiento del Toblerone, tiene "todos los papeles en regla desde hace ya tiempo", de forma que la actuación para eliminarlo del paisaje urbano será una cuestión de días. El primer edil, mostró su extrañeza por el revuelo armado en torno a unas obras que están "aprobadas en un plan especial desde hace mucho tiempo que desaparecería. Yo no sé a que viene este maremoto. Está aprobado, dicho, consensuado". Sobre la falta de consulta y algunas protestas vecinales, Rodríguez garantizó que "intentan que haya la menor polvareda posible, habrá que regar el mineral que haya allí. Una infraestructura de esa envergadura siempre trae algo de molestias, es algo inevitable".
Por su parte , la delegada de Cultura en Almería, Isabel Arévalo, señaló a Diario de Almería que su departamento no tiene hasta el momento registrada "ninguna petición para la catalogación del inmueble como Bien de Interés Cultural; cuando se realizó el inventario, no se propuso mediante ninguna demanda y en la redacción del PGOU tampoco figura como tal, por lo tanto no se encuentra bajo el entorno de protección que puede dar la Junta". Arévalo recordó como se reunió con integrantes de la Plataforma "el pasado mes de marzo, donde me trasladaron sus inquietudes; desde ese momento no he sabido nada más de ellos, por lo que no nos consta ningún tipo de modificación sobre el estatus de dicho edificio".
La responsable en materia de Cultura aseguró que no se trata ningún edificio singular, por lo que no podemos obligar a los propietarios a protegerlo, como por ejemplo sí que hacemos con el Cortijo del Fraile, donde sancionamos si se producen daños; en este caso, legalmente es imposible por lo que es competencia exclusivamente municipal".
La suerte del Toblerone parece echada. No será en quince días, sino que habrá esperar hasta el mes de agosto para evitar molestias a los alumnos del Rafael Alberti. Es lo que le ha salvado de una muerte inmediata e indolora. Quienes lo defienden incluso con más ahínco, saben que es cuestión de poco tiempo.
* El Almería - ÓSCAR LEZAMETA - 2.7.13
Foto: Edificio 'Toblerone' - wikimapaia
El TSJA anula la tramitación que permitió la edificación del Nevada en Armilla
El centro comercial Nevada construido en Armilla (Granada) vuelve a estar de actualidad tras otra sentencia condenatoria del tribunal andaluz. El caso de este edificio, cuya tramitación se consideró ilegal –condenando a penas de cárcel al empresario T.Olivo, amigo de JA.Roca e imputado también en el 'caso Malaya', y los ex alcalde y ex concejal de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate–, es un ejemplo de irregularidad urbanística continua.
"IDEAL* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Granada, ha desestimado el recurso de General de Galerías Comerciales SA, promotora del Parque Comercial Nevada, contra la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo que condicionó la aprobación del PGOU del municipio de Armilla. La sentencia desestima concretamente el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa, del promotor Tomás Olivo, contra una resolución de 2008 de la Consejería de Obras Públicas, que a su vez desestimó otro recurso sobre la aprobación definitiva en 2007 del Plan Urbanístico.
El recurrente suplicó a la Sala que anulara la referida resolución de la Consejería y que dejara "sin efecto" las que consideró "inexistentes deficiencias" de apartados referidos a "áreas de suelo de uso global comercial", declarando la aprobación definitiva del PGOU propuesto por el Ayuntamiento en el ámbito del Parque Nevada.
Este último pronunciamiento judicial, contra el que cabe recurso de casación, tumbaría de hecho la tramitación que permitió la construcción del complejo comercial, al quedar en la práctica invalidadas las normas que sirvieron para autorizar la edificación, según explica hoy el diario Ideal, que adelanta el fallo.
Para la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, la sentencia da la razón al recurso administrativo de la Junta.
Sánchez, que ha recordado que el promotor fue obligado por la vía penal a derribar parte del edificio, ha señalado a los periodistas que en todo este proceso siempre han buscado un acuerdo entre las partes para no retrasarlo.
La sentencia, fechada el pasado 13 de mayo, se produjo pocos días antes de que la promotora iniciara los trabajos de demolición de 4.046 metros cuadrados del edificio, en cumplimiento de la sentencia que por la vía penal que ordenó el derribo de parte de esa superficie.
La supuesta tramitación irregular de este centro comercial sentó en el banquillo de los acusados al exalcalde y un exedil de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, y al promotor del centro, Tomás Olivo, para quienes la Audiencia de Granada elevó de siete a meses a un año y tres meses las penas de prisión a las que fueron condenados por un Juzgado de lo Penal.
* Ideal - EFE - 27.6.13
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - granadahoy.com
Santa Cruz.- Tres imputados por el ´caso Parque Marítimo´
Siguen las irregularidades urbanísticas durante el periodo de M.Zerolo como alcalde Santa Cruz de Tenerife. Ahora el asunto gira en torno a unos empresarios próximos al alcalde que, según parece, se han beneficiado de concesiones a dedo para la explotación de numerosas actividades en la ciudad.
"LAOPINIÓN* : El Juzgado nº1 de Instrucción, de Santa Cruz de Tenerife, ha imputado este jueves a Pedro Doblado, actual secretario del Consejo de Administración; Víctor Reyes, jefe de servicio del Ayuntamiento y Eduardo Risueño, exgerente de Urbanismo por el 'caso Parque Marítimo', que comenzó en 2009. Los tres imputados tendrán que declarar el próximo septiembre y octubre, sobre la investigación que emprendió la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en el recinto chicharrero, a raíz de las denuncias interpuestas por el abogado Felipe Campos.
Campos cuantificó en un principio hasta 75 delitos en los que se podría haber incurrido, entre ellos, por ejemplo, que la empresa explotadora nunca pagara un canon al Ayuntamiento por las fiestas celebradas.
En una entrevista concedida a La Opinión en 2009, Campos explicó que "el meollo del asunto es que unos empresarios próximos a Miguel Zerolo, que recibieron una concesión para explotar las piscinas del Parque, y que han hecho desde entonces todo tipo de actividades –fiestas, terrazas, bodas, conciertos– sin autorización municipal, están recaudando verdaderas fortunas. Quien cobra es el empresario que tiene la licencia de explotación de las piscinas, que es Luis Gil y personas afines al poder municipal que están obteniendo cantidades inmensas de dinero sin control ninguno, sin pagar a los ciudadanos la parte que nos corresponde y desarrollando actividades muy lucrativas en las que se usaron incluso empresas clandestinas que no tienen ninguna relación con la concesionaria, que es la Autoridad Portuaria".
* La Opinión Tenerife - 27.6.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, parque marítimo - laprovincia.es
La estación perdida del AVE
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Un ejemplo más del sinsentido en la planificación del AVE. La nueva y lujosa estación de Villena (Alicante) está prácticamente abandonada, mal comunicada y sin un uso claro ya que, además, dista de la nueva de Alicante apenas 60 Km. De nuevo el despilfarro público en el AVE, cuando con la mejora de otro tipo de tren, mucho más barato, podía haber conseguido un mejor resultado para todos. Pero la política de infraestructuras tiene estos enormes agujeros.
"ELPAÍS* : La nueva estación del AVE de la localidad alicantina de Villena sobresale como un promontorio en medio de la nada. Alrededor solo hay bancales y tres caminos forestales por los que los viajeros se pierden antes de llegar a su destino. La terminal, que inauguraron el lunes pasado el Príncipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha requerido una inversión de 11,5 millones de euros, lo que supone 3,5 millones más de los que Adif destinó para la nueva estación del AVE en Alicante, también inaugurada la semana pasada y de la que dista 60 kilómetros.
La nueva infraestructura es bioclimática y dispone de más de 700 metros de andén, que permiten operar a trenes dobles. Cada día ocho convoyes de alta velocidad en cada sentido paran en la localidad alicantina. Durante la primera semana de funcionamiento una media de un centenar de personas diarias han subido o bajado del AVE Alicante-Madrid. El martes, que fue el primer día de viajes comerciales, 147 pasajeros usaron la parada de Villena, según datos de Renfe.
En el interior de la flamante estación no hay cafeterías, ni tiendas, aunque todo es de grandes dimensiones. Villena, población de 35.000 habitantes, corre el riesgo, si no se soluciona el problema de los accesos, de seguir los pasos de Requena-Utiel (Valencia), otra estación del AVE que languidece y que apenas usan 50 personas cada día.
Los pocos pasajeros que acuden a la terminal se quejan de lo mismo: la falta de servicios y las pésimas comunicaciones por carretera. “Esto es la estación perdida del AVE”, explica Ignacio Corbí, un joven vecino de Elda (a unos 25 kilómetros) que acompaña a su amiga Teresa Abrega a coger su primer tren AVE a Madrid, donde está estudiando. “Hemos salido perdiendo, el tiempo que ganas con la alta velocidad lo perdemos para encontrar esto”, asegura la estudiante, cuyo coche se cruzó por el camino con un rebaño de ovejas.
La moderna estación está ubicada a seis kilómetros de distancia del centro de Villena, y rodeada de una vasta extensión de terrenos áridos en los que se han plantado recientemente algunos olivos.
Para llegar a ella existen tres posibilidades: un camino rural que atraviesa la colonia Santa Eulalia por una vía pecuaria, el camino de San Juan, desde Villena; y, por último, la carretera de Pinoso, que se ha ampliado para que provisionalmente sea el acceso principal.
“Nosotros vinimos anteayer para saber dónde estaba”, asegura José Gómez, un vecino de Castalla (a unos 28 kilómetros) que acude a dejar a su nieta en el tren. “El problema es que está poco señalizado y los accesos son muy malos, es un verdadero desastre”, se queja. Otro matrimonio de Ibi (a unos 38 kilómetros de distancia) también tuvo problemas para encontrarla. “La estación de antes que estaba en el centro de Villena era mucho mejor, aquí no hay nada”, protesta Concha.
Ante este panorama, el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, de Los Verdes, que gobierna en coalición con el PSPV-PSOE y Villena Centro Democrático, intenta implicar a varias instituciones para solucionar el problema de los accesos.
Esquembre considera “vital para la supervivencia” de la estación “que se solucionen pronto” las deficiencias de los accesos viarios. El proyecto inicial contemplaba construir un ramal directo de la autovía en línea recta que se presupuestó en unos 15 millones de euros, pero con la actual coyuntura económica está opción es inviable. El alcalde se queja de que “Generalitat y Fomento se pasan la pelota sin concretar ni aprobar una solución provisional”.
El regidor es consciente de que si no se soluciona el problema de los accesos y la señalización la estación corre un serio peligro. No obstante, Esquembre considera que hay una “diferencia notable” entre Villena y el caso de Utiel-Requena. “El punto de partida es diferente. Nosotros ya tenemos 200.000 usuarios de grandes líneas cada año, y Villena siempre ha sido un nodo de comunicación importante. La estación del AVE puede convertirse en un polo dinámico de atracción de pasajeros de varias comarcas”, asegura. El alcalde amplía el radio de influencia de la estación a otras localidades a más de 50 kilómetros, como Alcoi, Elche; e incluso a Yecla y Jumilla, ya en Murcia.
El Consistorio de la localidad está negociando con el Ayuntamiento de Benidorm y con los hoteleros la posibilidad de habilitar un servicio de lanzadera directa, ya que Alicante, por ahora, se niega a que los servicios regulares de autobús paren en la estación del AVE. La alcaldesa, Sonia Castedo, solo deja operar los servicios discrecionales. Pero mientras todos estos planes se consolidan, la realidad y el inicio está siendo duro. El nuevo servicio de autobús a la estación de los pueblos limítrofes llega el miércoles por la mañana sin pasajeros, la parada de taxis está vacía y las tiendas están cerradas. Un único taxi ha realizado un servicio a la nueva estación durante la primera semana de funcionamiento. El alcalde de Villena no esconde su preocupación porque en la página web de Renfe se suprimen tres frecuencias diarias del AVE, aunque la compañía lo niega y lo atribuye a “ajustes” en la programación.
La licitación para la explotación de la cafetería quedó desierta, y el único local comprometido es uno alquilado por el Ayuntamiento de Villena para la promoción turística, pero aún no se ha inaugurado. Y en la puerta, unos hombres de negocios que llegan de Madrid con el nuevo AVE preguntan: “¿Dónde está el pueblo, por dónde hay que ir?”.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 24.6.13
Foto: Estación del AVE en la localidad alicantina de Villena, recién inaugurada / PEPE OLIVARES
La ‘guerra del agua’ salpica a los jueces
Parece que la corrupción avanza, ya no detiene solo en los poderes ejecutivo y legislativo, ahora el poder judicial también está en la picota. En este caso de Cataluña los mismos jueces que deben dirimir sobre la privatización de Aguas Ter -Llobregat tienen intereses personales en alguna de las compañías que se presenta al concurso público. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿quién juzga a los jueces?
"ELPAÍS* : La guerra del agua en Cataluña, que ha provocado un fuego cruzado judicial entre los distintos gigantes del sector —Agbar, Acciona y Aqualia (de FCC)—, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha puesto en el punto de mira a los magistrados que deben dirimir sobre los dos macrocontratos que están en juego en los juzgados: la privatización a Acciona de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y el convenio entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar para que una sociedad conjunta suministre a 23 municipios de la corona metropolitana, entre ellos la capital. Uno de los jueces implicados es Joaquín José Ortiz, a su vez imputado en el caso ITV por asesorar a un empresario amigo y que en el caso del agua ha decidido inhibirse sin que nadie se lo pidiera. El otro magistrado es su compañero de sección Eduardo Paricio Rallo. Acciona pidió su recusación porque había participado en un seminario de Agbar, pero esta no ha prosperado.
Ortiz decidió apartarse por sus estrechas relaciones con Agbar. El motivo: “Haber intervenido en seminarios y conferencias retribuidos organizados por la Sociedad General de Aguas de Barcelona o su Fundación, en su sede social, en los que he expresado opiniones e interpretaciones legales” sobre el abastecimiento del agua, según los argumentos que él mismo aportó.
A finales de 2012, en la que ha sido la mayor privatización aprobada jamás por la Generalitat, el Gobierno catalán adjudicó a Acciona la explotación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública que gestiona el agua llamada “en alta”, la que va desde las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales. El contrato, por 1.000 millones de euros, afecta a cinco millones de catalanes, que son los consumidores de ese agua. El pasado marzo, sin embargo, el proyecto recibió un duro varapalo por parte de la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que pertenecen Ortiz y Paricio.
Los magistrados —Ortiz ya se había retirado y no participó en aquella decisión— dieron la razón a un organismo de control de la Generalitat, el OARCC. Este había concluido que la oferta de Acciona no cumplía algunos requisitos del concurso público, por lo que exigía retrotraer el proceso hasta la invalidación de la oferta. Esa decisión implicaba, en síntesis, que el concurso debía adjudicarse al único competidor: Agbar. Los jueces hicieron caso omiso de la Generalitat y de Acciona, y concedieron que se ejecutara el dictamen del órgano de control en la contratación (OARCC) hasta que hubiera sentencia firme, como había solicitado Agbar.
La decisión se hacía pública en el mismo momento en el que los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio, Santi Vila, comparecían en el Parlament para explicar por qué y cómo se adjudicó la empresa pública a Acciona. En su comparecencia, los consejeros se mostraron abiertos a estudiar que el contrato cambiara de manos, si bien todavía no han ejecutado el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia Catalana.
La sentencia del caso aún no ha llegado, pero Acciona ha maniobrado desde entonces en todos los frentes para revocar el auto judicial que obligaría a anular la adjudicación Agbar. La empresa considera que uno de los magistrados que tomó aquella decisión no puede ser imparcial e independiente por sus vínculos con Agbar. A principios de mayo, Acciona pidió la recusación de Paricio; es decir, que se apartara de la causa. La compañía esgrimió que el magistrado había participado en un seminario organizado por la Fundación Agbar sobre gestión urbana del agua de Barcelona y mantenía, por tanto, una “amistad íntima” con la operadora, controlada por el grupo francés Suez Environnement y La Caixa.
A diferencia de Ortiz, Paricio no cree que sus vínculos con Agbar le obliguen a apartarse. En su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado matiza que el seminario se celebró en enero de 2011 —y no de 2012, como decía Acciona— y que no trató sobre la gestión del agua en Barcelona, sino en el conjunto de España.
Paricio cree que fue invitado al seminario por una sentencia que había dictado cuando era responsable de un juzgado contencioso-administrativo y que tuvo “mucha repercusión”. Aquella resolución, de 2010, es la única conocida en la que un juez consideraba que Agbar no podía prestar el servicio, porque “resulta que no hay contrato de concesión”.
Ya en el TSJC, Paricio ha firmado un auto en el que asume todo lo contrario: la suministradora tiene los papeles en regla para operar en Barcelona.
Paricio argumenta que rechazó escribir una ponencia y que solo participó en las sesiones de debate junto a otros expertos del mundo académico y judicial. Su nombre, sin embargo, fue incorporado como “relator” en el libro que se editó para recoger las conclusiones de aquel seminario: El precio del agua, editado por la Fundación Agbar. El magistrado alega que fue una decisión de los editores del libro fruto, tal vez, de su participación “intensa” en los debates. Paricio, que en el escrito no aclara si cobró por esas jornadas, dice que para “un observador no interesado” no puede deducirse una relación de colaboración y amistad con Agbar. Y mucho menos, sigue, un vínculo que “condicione” su “independencia”. Un magistrado independiente que examinó el caso dio la razón a Paricio, por lo que la petición de Acciona ha sido rechazada.
Pero las suspicacias generadas por Paricio y Ortiz no se han quedado solo en eso. Aqualia, la división de FCC que ha recurrido también la decisión del Área Metropolitana de crear una sociedad conjunta con Agbar —creada bajo el argumento de que la compañía tiene el “contrato de concesión”, pese a las dudas de la Agencia Catalana del Agua—, ha remitido un texto al TSJC demandando información sobre la inhibición de Ortiz.
Fuentes jurídicas señalan que Aqualia quiere saber si esa relación del magistrado con Agbar es anterior y si podría haber influido en dos sentencias en las que participó Ortiz y que supusieron para Aqualia la pérdida de los contratos de Torredembarra y El Vendrell, pese a que en primera instancia los jueces les habían dado la razón. La empresa que se benefició de esos fallos fue Sorea, del grupo Agbar.
* El País - DANI CORDERO / JESÚS GARCÍA - 24.6.13
Foto: Planta desalinizadora del Prat, de ATLL. / TEJEDERAS
El TS anula la aprobación definitiva del PGOU de Benissa
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Benissa en Alicante es uno de esos municipios turísticos que han crecido salvajemente en los últimos años, debido a una aplicación de la normativa urbanística conflictiva. Ahora continúa en la misma línea con la anulación definitiva por el Supremo del Plan General que viene de diez años atrás. Lamentable hecho del ayuntamiento, de la Generalitat cómplice y de la propia justicia por su tardanza excesiva.
"LEVANTE* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad de Benissa por entender que, "a pesar de introducirse modificaciones sustanciales durante la tramitación" de la citada planificación, "no fue reiterado el trámite de información pública". La sentencia de la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo del TS estima un recurso de la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales y en contra de los abusos urbanísticos, contra la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), del 10 de marzo de 2009, que queda anulada.
Esta resolución desestimaba un recurso contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto el 13 de diciembre de 2003 ante el conseller de Territorio y Vivienda contra la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 14 de abril del mismo año, que aprobaba definitivamente el PGOU de Benissa.
De este modo, el TS considera que "ha lugar" al citado recurso, dirigido también contra el acuerdo del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de 2 de octubre de 2003, que ordena la publicación de la aprobación definitiva del referido plan --BOP de Alicante número 262 de 14 de noviembre de 2003--, acuerdo que también es anulado.
Igualmente, el alto tribunal declara "nulo" el instrumento aprobado "por no ser conforme al ordenamiento jurídico", al tiempo que agrega que si la administración urbanística "decidiera sustanciar el procedimiento para la aprobación" del PGOU de la localidad alicantina, "deberá reponerse dicho procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación provisional para su sometimiento a un nuevo trámite de información pública, a la vista de las modificaciones sustanciales introducidas con relación al documento aprobado inicialmente, sin hacer expresa condena al pago de las costas procesales causadas en la instancia y en este recurso de casación".
Entre los motivos planteados por la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioamientales y en contra de los abusos urbanísticos, la sala atiende al que "suscita la polémica sobre la necesidad de sometimiento a nueva información pública en el supuesto de introducción de modificaciones sustanciales, alegando la prevalencia de la norma estatal básica sobre la autonómica, que la exonera".
"NO ES UN MERO TRÁMITE"
Así, citando jurisprudencia, especifica que la información pública en ese tipo de planeamiento "no es un mero trámite" en el procedimiento de su elaboración, sino un elemento "esencial por la especial incidencia" que tienen los planes urbanísticos en la vida de los ciudadanos, "máxime" cuando se produce, como aquí sucede, la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Del mismo modo, considera que se vulnera, por ello, el derecho a la participación pública en el planeamiento urbanístico si se aprueba el instrumento de planeamiento sin el correspondiente trámite de información pública, y también cuando se han introducido, sin ese trámite, modificaciones sustanciales en el planeamiento aprobado.
Por lo que respecta al voto particular, la magistrada entiende que "no existe ninguna contradicción ni confrontación" entre la norma estatal básica y la norma autonómica urbanística, y afirma que si el órgano jurisdiccional consideraba que la norma autonómica infringía una norma estatal básica, "en lugar de elegir entre la aplicación de una y otra norma legal, debió plantear cuestión de inconstitucionalidad".
* Levante - EP - 27.6.13
Foto: Benissa (Alicante), urbanizaciones - lasprovincias.es
Ibiza.- Sant Antoni juzga «un gran avance» legalizar núcleos sin licencia
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Lo que faltaba por ver, que un ayuntamiento considere un 'avance' legalizar lo que ha contravenido las leyes y normas públicas. La caradura de la corrupción urbanística está alcanzando cotas inimaginables, como se ve en este gran municipio ibicenco. Además de legalizar las construcciones irregulares actuales, las autoridades de Sant Antoni, con el permiso del Consell de Baleares, autorizan a que sigan construyendo. Es decir abundan en la ilegalidad, algo por lo que debería intervenir la justicia inmediatamente.
"DIARIODEIBIZA* : El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni debatirá y, previsiblemente, aprobará inicialmente en su sesión de mañana las nuevas Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del municipio, llamadas a sustituir el vigente Plan General, que data de 1987. El concejal de Urbanismo, Pepe Torres, defendió la figura de los Asentamientos en Medio Rural (AMR), que consiste en la legalización masiva de urbanizaciones construidas en su día sin licencia y a las cuales ahora, además, se les permite seguir creciendo hasta un 30 por ciento de su superficie, pese a no tener siquiera alcantarillado en la actualidad".
Las AMR –que ocupan 207 hectáreas en total– «suponen un gran avance en la ordenación urbana de Sant Antoni», manifestó el concejal, quien señaló que esta figura «permite ordenar zonas de núcleos residenciales susceptibles de ser urbanos, pero a los que les falta alguna infraestructura, como el saneamiento». «Son núcleos que por la Ley 7/12 de Urbanismo Sostenible no pueden ser urbanos porque carecen de algún servicio (tienen luz y agua), pero con el tiempo, cuando se les pueda dotar de saneamiento, pasarán a ser urbanos», añadió.
En total, se incluyen 18 núcleos en estas condiciones, repartidos por todo el municipio.
La misma propuesta de Normas Subsidiarias prevé también urbanizar los terrenos de ses Variades «con una normativa específica» y las correspondientes cesiones al Ayuntamiento.
Facilitar la urbanización
En cuanto al suelo urbano, «las unidades de actuación ahora se han hecho más pequeñas y, por tanto, su desarrollo será más fácil de ejecutar», añadió. Mediante la ejecución de los suelos urbanos y urbanizables previstos en las nuevas normas «se obtendrán 640.000 metros cuadrados de espacio libre público, es decir, zonas verdes, que podrán disfrutar todos los ciudadanos de Sant Antoni», señaló Torres.
Una vez que mañana quede aprobada inicialmente la propuesta de nuevo planeamiento, la documentación permanecerá a exposición pública durante un plazo de 45 días para la presentación de alegaciones.
Una vez examinadas las que se presenten, el Ayuntamiento deberá decidir si vuelve a realizar un nuevo periodo de exposición (en el caso de que se introduzcan cambios sustanciales) o bien si eleva el documento a aprobación provisional. Hecho esto, las normas pasarían al Consell de Ibiza, que se encarga de su aprobación definitiva.
* Diario de Ibiza - 26.6.13
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza
La alcaldesa del caso Brugal (Alicante) renueva un contrato millonario a uno de los empresarios de la trama
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Erre que erre, la alcaldesa de Alicante, a pesar de su imputación en el caso 'Brugal', continúa su política irregular de concesiones a dedo al empresario 'popular' Ortiz, también imputado en el mismo caso. Es decir, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, mientras la débil justicia sigue a verlas venir, sin actuar y permitiendo este tipo de tropelías en servicios urbanísticos básicos.
"ELDIARIO* : La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, ha renovado al principal empresario de la trama la concesión del servicio de 'Limpieza de centros escolares y dependencias municipales' por 31 millones de euros. El BOE recoge este miércoles la adjudicación para los dos próximos años a Enrique Ortiz e hijos S.A., del Grupo Cívica, del que Ortiz es presidente y principal accionista. A Enrique Ortiz el juez le atribuye los presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el caso Brugal, la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante. El constructor también está imputado en el caso Gürtel por la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Castedo, que ahora otorga esta adjudicación millonaria al grupo Cívica, también está imputada en este caso en el que se investiga el amaño y la información privilegiada que supuestamente favorecía a Ortiz cuando la actual alcaldesa era delegada de Urbanismo. Además, unas grabaciones que forman parte del sumario del caso demostraban la amistad entre los dos: "No quiero que vayas al despacho (...) no quiero que te vean allí", afirmaba Castedo en una conversación telefónica reproducida en el interrogatorio a la primera edil. En su respuesta, Ortiz le urgía a encontrarse para "hablar de todo" y así poder "marcar" su propia "estrategia". Según el sumario, Castedo permitía a Ortiz ver planos urbanísticos antes de que se expusieran al público
No es la primera vez que el ayuntamiento que preside la popular Sonia Castedo otorga adjudicaciones millonarias al grupo empresarial de Enrique Ortiz. En abril, el consistorio alicantino concedió a una UTE integrada por cuatro empresas, dos de ellas propiedad de Ortiz, la contrata millonaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, estimada en unos 435 millones para 12 años.
* El Diario - Irene Castro - 26.6.13
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
“El urbanismo agrava las riadas”
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Este problema viene de hace tiempo, pero en los últimos años, debido al desorden exagerado en el crecimiento urbanístico, se ha agravado hasta extremos de gran peligrosidad. Esta noticia está especialmente dedicada a Cataluña, pero igual sucede en toda la cuenca mediterránea donde las lluvias son muy variables y las ramblas y arroyos han sido ocupados ilegalmente por construcciones varias, sin permitir por tanto una adecuado mantenimiento de los cauces.
"ELPAÍS* : La riada del pasado martes en la Vall d’Aran ilustra las dificultades que entraña la gestión de los cauces de unos ríos sometidos en Cataluña a un régimen pluvial con cambios bruscos. Carreteras y casas destrozadas han sido las consecuencias más visibles de una riada de la que el Síndic del valle culpó a la Conferencia Hidrográfica del Ebro. “No nos dejan limpiar de árboles y piedras de los cauces”, aseguró Carlos Barrera. Varios expertos indican que el problema no es de la naturaleza, sino de la codicia de los años del boominmobiliario. El 15% de las zonas urbanizadas de Cataluña se han construido en terrenos que tienen un alto grado de peligrosidad por inundaciones. “El urbanismo aumenta las consecuencias de un problema del territorio. Históricamente no se han tenido en cuenta los peligros del río al construir”, explica Narcís Prat, catedrático de Ecología de la UB.
En 2003 todo cambió. La Ley de Urbanismo convierte en vinculantes los informes que emite la Agencia Catalana del Agua (ACA). Hasta entonces, las advertencias eran consultivas. “La lucha ha sido siempre entre los que quieren construir y los que no, y siempre ganaban los primeros”, asegura Prat.
Joan Manel Vilaplana, profesor de la Facultad de Geología de la UB y coordinador del grupo de riesgos naturales advierte de que en la época de “bonanza todo el mundo quiso apuntarse al juego de la construcción fuera como fuera”, y desde entonces nadie ha “querido solucionar un problema”, que en el último siglo ha matado a más de 1.000 personas en Cataluña.
Pero los problemas con la construcción no se ciñen al Pirineo. En el Baix Llobregat, alerta Prat, hay un peligro en potencia. Las dos arterias que cruzan la comarca, la AP-II y la A-II, tienen una separación que permite un caudal del río Llobregat de 4.000 metros cúbicos por segundo. Una fuerza que según el catedrático se repite cada 125 años, pero puntualmente se puede sobrepasar, como ocurrió en 1920 cuando llegaron a bajar 10.000. “Sería una tragedia”, sentencia.
Un total de 488 municipios de Cataluña, más de la mitad, padecen riesgo entre medio y muy alto de sufrir inundaciones, según un informe de la ACA, y solo una veintena se encuentran en el Pirineo. Más del 75% se encuentran en el litoral. “En la costa las riadas eran más frecuentes, y se han corregido algunos errores, pero no todos”, explica Vilaplana.
La construcción de muros en los pueblos para evitar los efectos del aumento de caudal de los ríos es una de las soluciones que se ha adoptado. Pero estas construcciones artificiales agravan los problemas. “Al estrechar el paso natural del agua, cuando entra un gran caudal en una canalización, sale con mucha más fuerza, lo que multiplica los efectos; y peor si lleva sólidos como piedras y troncos”, explica Prat.
El Gobierno de la Generalitat ha rehuido hablar esta última semana de los planes urbanísticos y se han ceñido en calificar de “excepcional” el episodio que desencadenó las riadas que arrasaron parte del Pirineo. Precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas y el intenso deshielo de las cumbres en un año de grandes nevadas. “Estos fenómenos no son raros en Cataluña”, revela Carme Llasat, del grupo Instituto del Agua y coordinadora del Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas Adversas. De hecho, cada vez son más frecuentes. En los últimos 30 años, se han producido tres inundaciones por año, y ha causado pérdidas por valor de más 1.300 millones de euros, mientras que en las primeras ocho décadas del siglo XX se contabilizaba una riada cada 12 meses. Y este ha sido un siglo “tranquilo”, advierte: “Los modelos prevén fenómenos meteorológicos más extremos”.
* El País - DAVID GARCÍA VÁZQUEZ - 23.6.13
Foto: Riada del Garona en Vielha (Cataluña) - EFE
El Tribunal Superior anula la legalización masiva de viviendas en Barreiros
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De nuevo, aunque sea demasiado tarde, otro caso de ilegalidad urbanística manifiesta que trataba de ocultarse en la costa de Lugo. La Xunta legalizó cientos de viviendas fuera de ordenación y ha tenido que ser la justicia la que anule esa actuación ilegal del gobierno 'popular'. Ahora habrá que ver cómo termina este grave asunto y qué se hace con esas viviendas, además de si se penaliza materialmente a los cómplices gobiernos municipal y autonómico.
"ELPAÍS* : Una de las más controvertidas actuaciones urbanísticas del Gobierno de Feijóo, la legalización de cientos de viviendas en el municipio de Barreiros, en la costa de Lugo, ha recibido un severo correctivo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La más alta instancia judicial de la comunidad autónoma ha aceptado un recurso de la agrupación ecologista Adega y ha anulado el llamado plan sectorial de Barreiros que aprobó el Consello de la Xunta en marzo de 2012. Con ese plan el Ejecutivo autónomo pretendía dar cobertura legal a la mayor actuación urbanística de los últimos años en el litoral gallego —el Ayuntamiento había concedido licencias para 5.800 pisos, una buena parte de ellas declaradas ilegales— y a la vez aportar dinero público para dotar de infraestructuras a unas urbanizaciones edificadas sin apenas servicios para las viviendas.
El TSXG acepta los argumentos de Adega, que sostenía que la Xunta incurrió en “desviación de poder” al dar carta de naturaleza jurídica a unas urbanizaciones que en su mayor parte se construyeron sin cumplir los requisitos legales. El Gobierno gallego se había acogido a una fórmula prevista en la ley de ordenación del territorio y declaró el plan de Barreiros de interés supramunicipal, pese a que su ámbito de actuación se limitaba a ese Ayuntamiento.
Ningún caso simboliza mejor el desenfreno de los años de euforia del ladrillo en Galicia que el de este municipio lucense. En 2006, el alcalde, Alfonso Fuente, del PP, concedió licencias para construir 5.800 viviendas en una localidad de 3.200 habitantes, pese a la advertencia expresa de ilegalidad que formuló la secretaria municipal. Un año después, los socialistas paralizaron desde el Gobierno bipartito de la Xunta las autorizaciones de 3.174 pisos y entablaron una batalla judicial contra el Ayuntamiento. Algunos cientos de viviendas ya estaban en construcción, pese a que se trataba de suelo urbano no consolidado y no contaba con calles de acceso ni con conexión a las redes de abastecimiento públicas.
La llegada del PP a la Xunta supuso la retirada de los recursos judiciales contra el Ayuntamiento y, finalmente, la elaboración de un plan sectorial que legalizaba lo construido y garantizaba la dotación de servicios a las viviendas. El plan fue pactado con el municipio, los promotores urbanísticos y la Diputación de Lugo, presidida por un socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quien rompió con la línea beligerante que había mantenido en este asunto su partido bajo el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. Los servicios para las urbanizaciones costarían 14 millones de euros, de los que la Xunta aportaría el 40%, la Diputación el 10%, el Ministerio de Fomento 1,2 millones y el resto los propios promotores.
Con la llegada de la crisis, el plan no llegó nunca a ponerse en marcha. Pero, mientras tanto, Adega planteaba una nueva batalla judicial, que ha terminado con victoria ante el TSXG. Los firmantes del plan todavía podrían presentar un recurso de casación ante el Supremo.
En su sentencia, el tribunal gallego desmonta los argumentos que empleó la Xunta para declarar el convenio de interés supramunicipal. El Gobierno gallego había apelado a que la suspensión de las licencias en Barreiros producía un quebranto económico en la comarca de A Mariña y en el sector inmobiliario de toda la provincia. Los magistrados del TSXG replican que la dotación de infraestructuras a las viviendas “no tiene una incidencia que trascienda del término municipal ni por su magnitud e importancia ni por la demanda social”. Los argumentos de la Xunta, advierte el tribunal, permitirían que “cualquier actividad con efectos beneficiosos, aunque tuviese un ámbito territorial muy concreto” pudiera ser declarada de interés supramunicipal ya que “algunos de esos efectos, por escaso que fuese, se extendería a otros ámbitos próximos”. El fallo también explica que el origen del problema no es la “falta de previsión legal” sino una actuación del Ayuntamiento que la misma sala del TSXG ya declaró en otras sentencias “no conforme a la legalidad”.
* El País - XOSÉ HERMIDA - 25.6.13
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - elpais
Las denuncias ecologistas no frenan los rellenos de tierra en Gibraltar
El escándalo territorial continúa en Gibraltar, tras años de haberle ganado fraudulentamente terreno al mar. Además es algo fácilmente comprobable si se toman dos instantáneas de la roca de hace 40 años y de la actualidad. Los distintos gobiernos han mirado para otro lado, mientras los 'llanitos' seguían edificando en esos terrenos ganados ilegalmente al mar, sobre zonas altamente protegidas, incluso.
"ELPAÍS* : Los rellenos en la costa de Gibraltar siguen siendo una constante a pesar de las denuncias de los grupos ecologistas. El Gobierno de Fabian Picardo, al igual que los de sus antecesores, permite que se siga ganando terreno al mar a pesar de la declaración de Zona de Especial Conservación de esta parte del litoral que separa el Estrecho de Gibraltar de la Bahía de Algeciras (Cádiz). La última actuación en la cara Este del Peñón, en las proximidades de la playa de La Caleta, ha sido denunciada en los últimos días en Bruselas por el grupo Verdemar -Ecologistas en acción, que acusa al Reino Unido de “vulnerar los hábitats naturales, de la fauna y de la flora silvestres” del Estrecho Oriental, declarado por la Unión Europea dentro la Red Natural 2000.
El desarrollo de las obras iniciadas hace más de diez años en esta parte del litoral gibraltareño, prevé la ejecución del proyecto Eastside Development con una inversión de 1.500 millones de euros, para la construcción de viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, comercios y hoteles entre Eastern Beach y Catalan Bay, en tierras ganadas al mar. Este proyecto pretende dar servicio al negocio de los cruceros y las embarcaciones recreativas, a las que se ofrecerán servicios de mantenimiento y reparación de yates.
Antonio Muñoz, portavoz de los conservacionistas, asegura que, “Gibraltar está realizando rellenos de áridos, algunos con materiales contaminados en los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda”. Verdemar denuncia que “en esta zona destaca la presencia de especies de bivalvos de interés pesquero como la coquina, navaja, chirla, curruco y concha fina, la presencia de los decadópodos Liocarcinus vernalis y Portumnus latipes, el equinodermo Echinocardium mediterraneum y el poliqueto Ophelia” y añade que en este espacio protegido alberga en sus aguas poblaciones estables de especies de cetáceos como el delfín listado y el delfín común.
No sería la primera vez que los ecologistas de la zona del Campo de Gibraltar sufriesen un varapalo de la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea a la hora de abordar denuncias contra la colonia británica. Sin embargo, en esta ocasión los conservacionistas esperan que la protesta registrada prospere y se ponga punto final a esta situación que vienen denunciando “desde hace ya muchos años”, cuando se iniciaron los primeros rellenos de arena, para ganar “tierra al mar” durante la construcción de la pista del actual aeródromo.
La denuncia de los ecologistas ha coincidido con el anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, a principios del mes de junio, compartió la preocupación sobre la incidencia en el litoral de Levante, en La Línea de la Concepción (Cádiz), de los rellenos que realiza Gibraltar. “Somos conscientes de la situación y hemos registrado esa área como Zona de Especial Conservación (ZEC) para establecer limitaciones por razones medioambientales”, afirmó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
“El ministerio, junto al de Asuntos Exteriores, está interesado en bloquear ese tipo de prácticas y será necesario un pleito ante el Tribunal de Justicia de la UE”, añadió Ramos, quien agregó que “hace ya seis meses que el ZEC está declarado, cartografiado y con las restricciones de uso en vigor”.
El Gobierno de Gibraltar guarda silencio, mientras que entre los ciudadanos gibraltareños, surge la pregunta de siempre: ¿por qué los ecologistas no denuncian los rellenos para la ampliación de las instalaciones portuarias de Algeciras o de los del puerto deportivo de La Línea?
* El País - CÁNDIDO ROMAGUERA - 23.6.13
Foto: Imagen de las obras de relleno de tierras en Gibraltar. / ANDRÉS CARRASCO
Puerto de la Cruz.- El consistorio pretende legalizar la situación de diez urbanizaciones
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Es evidente la política 'popular' de legalizar todas las actuaciones urbanísticas que se han hecho durante años ilegalmente en el país, creando un claro perjuicio y un precedente grave para todos lo que sí han cumplido con las normativas existentes. Con esto se pretende dar por cerradas situaciones de irregularidad manifiesta y echar tierra encima de las leyes que, se supone, sirven para ordenar un territorio. Y además, como en este caso de Tenerife, se ejecuta con toda la cara del mundo y sin dar siquiera unas mínimas excusas.
"ELDÍA* : El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Sebastián Ledesma (PP), anuncia que su departamento trabaja para legalizar la situación de diez urbanizaciones de la ciudad que en la actualidad continúan sin ser recibidas por el consistorio. El edil popular espera terminar con la situación irregular de promociones urbanísticas que, en algunos casos, "tienen más de treinta años de antigüedad". "Tenemos por delante una labor bastante importante para dejar todas las urbanizaciones perfectamente legalizadas", apunta Ledesma. "Por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz han pasado muchos gobiernos y muchos concejales de Urbanismo, de todo signo, que no han sido capaces de concluir la legalización de estas urbanizaciones", lamenta.
La mayoría de los casos pendientes de legalización se encuentran en la zona de El Durazno.
Una de las primeras cuya situación se espera legalizar es la urbanización de Jardines de Quintana, "que ya cuenta con todos los informes técnicos favorables".
El hecho de que la urbanización no haya sido recibida por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz provoca situaciones como que los vecinos se tengan que encargar del cuidado de los jardines de la calle o que el consistorio no pueda actuar en el mantenimiento de las calles.
Respecto a la polémica con la redactora del Plan Especial del Casco, María Luisa Cerrillos, Sebastián Ledesma la da por zanjada y señala que "ya le hemos remitido las alegaciones de la Cotmac y de Patrimonio para que adapte el documento y podamos cerrarlo en próximas fechas".
"Consideramos que este plan es muy importante para el casco histórico y nosotros no tenemos ningún tipo de problema con la redactora contratada por el ayuntamiento", sentencia Ledesma.
"Un ayuntamiento no debe vender cortados"
Ledesma defiende el plan del gobierno CC-PP de privatizar la gestión de los servicios que quedan en manos públicas en el Lago Martiánez: "Un ayuntamiento no está para vender cortados o vender entradas. Nuestro objetivo es sacar a concesión administrativa la explotación del Lago, externalizar su gestión, pero sin privatizar el Lago, que seguirá siendo público". Para hacer viable este concurso, el consistorio negocia prorrogar la concesión de Costas que afecta al recinto y que expira en 2018. "El servicio de restaurantes, cafeterías y bares del Lago ya se externalizó hace años, y ahora lo que pretendemos es externalizar el resto", señaló.
* El Día - Raúl Sánchez - 23.6.13
Foto: Puerto de la Cruz (Tenerife) - canarias
Galicia.- Fomento clausuró 47 estaciones de tren en los últimos diez años
"ELPAÍS* : En los últimos diez años Galicia ha perdido 47 estaciones de tren, el 38% de las existentes en 2003, sin contar las de Feve. Entonces las vías de la comunidad estaban salpicadas por 124 estaciones o apeaderos, pero su falta de uso o la construcción del AVE han ido cerrándolas. Entre 2003 y 2008 los trenes dejaron de parar en 17 estaciones, cuatro de ellas en el Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo, cinco entre Santiago y Ourense y otras ocho repartidas por la provincia de Lugo. Desde hace cinco años y hasta la reestructuración de trenes de este mes se cerraron otras nueve estaciones, todas ellas entre A Coruña y Vigo por la entrada en servicio de diversos tramos del AVE del Eje Atlántico.
Con la reducción de servicios regionales iniciada el pasado domingo —de la que aún ayer, cinco días después, Renfe seguía corrigiendo la información divulgada—, esta semana los trenes han dejado sin ninguna parada 10 estaciones (Franza, Vedra-Ribadulla, Bandeira, Ponte Taboada, A Escravitude, Louredo-Valos, Begonte, Pobra de Brollón, Pumares y Covas). Y aún se cerrarán más antes de que termine el mes. El tren regional Ourense-Puebla de Sanabria, que no llegará a julio, es el único que para en diez estaciones del este de la provincia que también quedarán sin servicio (Taboadela, Paderne, Ponte Ambía, Baños de Molgas, Vilar de Barrio, A Alberguería-Prado, Laza, Castelo do Val, Vilariño de Conso-A Capela y A Mezquita). A estas habrá que sumar la supresión, cuando termine el curso escolar, de Pontevedra-Universidad, según admite Renfe. En total, este mes echan el cierre 21 estaciones o apeaderos por su escaso uso.
La Xunta garantiza que en todas las poblaciones con estaciones cerradas hay al menos un autobús al día como transporte alternativo. De hecho, Renfe ha mantenido alguna parada que inicialmente iba a suprimir porque esa estación carecía de otros medios de transporte. A esta situación se llega por la supresión de decenas de servicios regionales en todas las líneas menos entre A Coruña y Vigo, donde en todo caso también se cierran dos apeaderos y se reducen las paradas de algunos trenes. En el resto de líneas los servicios eliminados se han paliado en parte, entre las grandes ciudades, con los nuevos trenes a Madrid, pero sin paradas intermedias, por lo que varias decenas más de estaciones ven reducida su oferta.
Pero estas no serán las últimas estaciones que se cierren en Galicia. En menos de un año estará terminado todo el AVE A Coruña-Vigo con un trazado alejado en su mayoría de las vías y estaciones actuales. A la espera de lo que pueda pasar con las paradas con menos usuarios en las que sí coinciden las vías viejas y las nuevas, al menos cinco estaciones actuales (Padrón, Pontecesures, Catoira, Portela y Cesantes) quedarán alejadas del AVE, lo que amenaza su futuro a cambio de reducir notablemente el tiempo de desplazamiento entre las principales poblaciones. En el lado contrario, Fomento tiene previsto reabrir la estación de Chapela con un nuevo edificio y construir una nueva denominada Padrón-Barbanza, aunque de esta última nada se sabe desde hace meses.
* El País - DAVID REINERO - 7.6.13
Foto: Viajeros entre Vigo y Ourense, afectada por los recortes. / NACHO GÓMEZ
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El nuevo proyecto de Ley de rehabilitación. ¿Se pretende volver a la época del boom inmobiliario?
Algo que se ha estado demandando, desde antes del inicio de la crisis inmobiliaria, ha sido la rehabilitación urbana. Habría que decir que en otra fase, porque ya en los últimos setenta y ochenta se rehabilitaron bastantes núcleos históricos con programas específicos. La diferencia es que ahora la nueva ley pretende fomentarla operada por el mercado privado. Algo que, sin duda, se hará con criterios económicos más que arquitectónicos o urbanísticos, con lo que esta iniciativa puede desvirtuar completamente sus necesarios fines.
"IBÁN DÍAZ PARRA* : El gobierno del Estado ha publicado recientemente un nuevo Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Es esta una medida muy demandada desde el perjudicado sector de la construcción y una de las pocas iniciativas dirigidas a la reactivación económica que ha realizado un gobierno centrado en las políticas de austeridad. La promoción de la rehabilitación ha sido una estrategia utilizada en el pasado para promover o sostener el sector de la construcción en un contexto de crisis. El caso más reciente es el primer periodo de democracia liberal en la España posfranquista.
En las década de los sesenta y setenta España había contado con un importante crecimiento económico, aún en el marco de recesión global propiciada por la conocida como crisis del petroleo. Contexto en el que se fragua la importante industria de la construcción española apoyada sobre el mercado de vivienda en propiedad y el turismo litoral. No obstante, desde finales de los setenta existe una desaceleración importante que coincide con el freno del crecimiento demográfico y de los procesos migratorios del campo a la ciudad. En este contexto, las políticas urbanas se dirigen en mayor medida a la rehabilitación de la ciudad construida, con especial atención a los enclaves históricos, completamente desinvertidos a principios de la década de los ochenta.
El fomento de la rehabilitación fue bastante exitoso a la hora de mantener la industria de la construcción y su mano de obra, algo que supuso una buena base para el posterior crecimiento de la misma en los dos ciclos inmobiliario-financieros que comienzan a partir de la entrada de España en la CEE en 1986. También es notablemente exitosa la rehabilitación conseguida en los centros históricos de las grandes ciudades españolas, ligadas a la potenciación de su función turístico-comercial y al aburguesamiento residencial de los mismos. La rehabilitación ha sido por lo tanto una parte importante de los sucesivos booms inmobiliarios entre 1987 y 1992 y entre 1997 y 2007.
La nueva ley pretende fomentar la rehabilitación y la renovación urbana operada por el mercado privado, tanto de la edificación como de los espacios públicos. Una intervención en la que tendría un papel importante la adaptación de la vieja edificación a los nuevos criterios de edificación sostenible y que recaería en cierta medida sobre los propietarios particulares y las comunidades de vecinos. Todo esto, implica un intento de restablecer uno de los elementos del anterior boom de la construcción, de forma similar a lo que hace la Ley de costas con la edificación de residencias para el turismo de sol y playa. Es obvio que para el actual gobierno resulta deseable un regreso al ciclo expansivo altamente especulativo que nos condujo a la actual depresión económica. Probablemente es deseable también para una parte importante de la población, que encuentra en esta posibilidad su principal esperanza de volver a la sociedad parcialmente opulenta que dejó atrás en 2007. No obstante existen serias dudas sobre la posibilidad de que esto sea factible.
En primer lugar, sigue existiendo un stock importante de vivienda vacías y sin vender, en diferentes modalidades y distribuidas por todo el territorio nacional. Ahora bien, el derribo de esas mismas viviendas puede ser una parte de la actividad constructora que se pretende fomentar, con el objetivo último de generar la escasez que permita al mercado volver a funcionar. En segundo lugar, existen serios obstáculos a una revitalización de la demanda, en la medida en que la demanda interior se ha visto y se va a seguir viendo seriamente castigada por la prolongación en el tiempo de elevadas tasas de desempleo, los recortes que afectan a los salarios indirectos y el saldo migratorio negativo. Asimismo, la demanda exterior encuentra sus limitaciones en la dimensión internacional de la crisis económica, que afecta inevitablemente a los clientes tradicionales (RU, Alemania y Francia), mientras que los nuevos mercados para el turismo y las segundas residencias (China o Rusia) por el momento no alcanzan a sustituir a los viejos. En tercer lugar, gran parte de la rehabilitación más rentable, en los enclaves históricos de las grandes ciudades, ya se ha llevado a cabo en los ciclos anteriores. Aunque todavía existan sectores degradados potencialmente atractivos para la inversión, estos siguen dependiendo de la existencia de una demanda. Así, la rehabilitación y adaptación a criterios de eficiencia ecológica afectaría en primer lugar a bolsas de infravivienda y comunidades de residentes en sectores urbanos afectados por cierta obsolescencia, graylands , que inevitablemente requerirían de importantes ayudas públicas que el gobierno está muy alejado de querer otorgar. Finalmente, el boom inmobiliario español, con sus desastrosas consecuencias por todos conocidas, se desarrolló en un contexto muy concreto y difícilmente repetible. Cualquier salida que pueda tener la crisis obliga a tomar otros caminos, sin que estos aseguren en absoluto el volver a la época de bonanza anterior.
* Rebelión - Opinión - 16.06.13
Foto: Vigo, antigua estación - urbanity
Bilbao.- Fomento gastó 50 millones en hacer un túnel que lleva tres años cerrado
En otras noticias se ha criticado ya el despilfarro monumental en infraestructuras de transporte, pero continúan saliendo a la luz más casos, como este del túnel ferroviario del puerto de Bilbao. Parece que debido a un mal diseño del proyecto, esta nueva línea fue rápidamente protestada por los vecinos de la zona. Y ahora, una vez más, un gran puerto se queda sin salida efectiva por tren, dejándolo en manos de las limitadas carreteras. Algo demencial.
"ELDIARIO* : En Euskadi también se tira el dinero en infraestructuras inacabadas. Desde hace tres años existe un túnel de cuatro kilómetros cerrado y sin ningún uso, pese a que ha costado casi 48 millones de euros. Es el que iba a ser nuevo acceso ferroviario directo al Puerto de Bilbao, el llamado túnel del Serantes, que se construyó entre 2005 y 2010. Pero sus dos bocas de entrada y salida están tapiadas, cuando solo faltaba por instalar las vías y la catenaria. En este caso la oposición vecinal y social ha evitado su puesta en marcha.
El túnel del Serantes se construyó para dar una salida al tráfico de mercancías del Puerto del Bilbao, constreñido por las malas comunicaciones por vía férrea. El 90% de las mercancías tiene que salir por carretera y el 10% restante circula por la línea de pasajeros de Renfe entre Bilbao y Santurtzi, por lo que el transporte se hace fundamentalmente por la noche. El túnel del Serantes iba a evitar el paso por esta línea, aunque seguiría utilizando el otro trayecto de cercanías que va de Bilbao a Muskiz. El proyecto suscitó críticas porque transportaba el problema a los municipios de Ortuella y Trapagaran.
Era un problema que ya se sabía pero que las instituciones (la obra ha sido sufragada por el Gobierno central) confiaban en que fuera temporal, ya se corregiría con otro proyecto: la llamada Variante Sur Ferroviaria, una inversión calculada en 600 millones de euros, que desviaría el trazado fuera los núcleos urbanos aprovechando las líneas de los antiguos ferrocarriles mineros de la zona. En la década pasada eran años de bonanza y se confiaba en la ejecución de este magno proyecto.
Pese a las incertidumbres las obras se empezaron a acometer en junio de 2005 y la presión vecinal y social de la zona afectada creció, incluso con la presentación de demandas en los tribunales contra la obra. Finalmente la presión hacia el PSE, acrecentada porque se producía en uno de sus feudos de poder, la Margen Izquierda en Vizcaya, obligó al entonces Gobierno de Zapatero a renunciar a su puesta en marcha, pese a que las obras se habían acabado ya a mediados de 2010.
Ahora la obra del túnel del Serantes está como un monumento, sin uso ni futuro en bastantes años o quizá nunca. Está supeditada a que se acometa la Variante Sur Ferroviaria pero gastarse 600 millones no pasa por la cabeza de ningún responsable del Gobierno central. “No bajamos la guardia”, ha afirmado José Ángel Seijo, uno de los portavoces del movimiento vecinal contrario al proyecto. Oskar Martínez, alcalde de Ortuella (el municipio por cuyo centro urbano iban a pasar las mercancías con el túnel del Serantes), ha asegurado que hay un compromiso de no abrirlo hasta que se acometa la Variante Sur ferroviaria pero reconoce que es un “sinsentido” mantener paralizado el túnel del Serantes. Son 50 millones tirados a la basura. El Ministerio de Fomento no ha atendido los requerimientos de El Diario Norte para explicar el futuro del túnel del Serantes.
Un proyecto impulsado por Alvarez Cascos
El túnel del Serantes (su denominación es porque horada el monte Serantes) tiene un recorrido de cuatro kilómetros, de los que 3,6 son soterrados y otros 400 discurren en un falso túnel. Su génesis se remonta a dos décadas atrás y de hecho en varias ocasiones se anunció que estaría en funcionamiento hacia el año 2000. Fue el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Casos, quien dio el impulso definitivo en 2000, al comprobar que era inviable que el tráfico pesado del Puerto de Bilbao discurriese en un 90% por carretera. Las obras, con varios retrasos más sobre lo previsto, se iniciaron en junio de 2005.
Su puesta en marcha ha sido una histórica reivindicación de los responsables del Puerto de Bilbao, sobre todo desde que en 1992 se aceleró la ampliación del Puerto de Bilbao, que en 20 años se ha ampliado en cerca de 200 hectáreas de superficie. El Puerto ha insistido en los graves problemas que supone la falta de una conexión directa con la meseta, hasta el punto de considerar que, sin resolver esta cuestión, las obras de ampliación podrían perder todo su sentido.
* El Diario - Alberto Uriona - 21.6.13
Foto: Bilbao, túnel de Serantes - eldiario
Sevilla.- La Fiscalía investiga las infracciones urbanísticas de Cobre las Cruces
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En la provincia de Sevilla está la mayor mina a cielo abierto de Europa, que no solo es preocupante por su contaminación medioambiental, sino que, además, ha incumplido la normativa urbanística levantando once elementos arquitectónicos, tres naves, y 'una serie de balsas' que no figuraban en el proyecto constructivo del complejo.
DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de Sevilla ha incoado diligencias en torno a las infracciones urbanísticas detectadas en el complejo de la compañía minera Cobre las Cruces, que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras. Mientras el Ayuntamiento de Gerena, gobernado por Margarita Gutiérrez (PSOE), ha impuesto una sanción de 206.966 euros a la empresa a cuenta de estas 23 infracciones urbanísticas, el Ministerio Público se ha hecho eco del asunto a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, según han confirmado fuentes judiciales.
El decreto de Alcaldía que contiene la resolución definitiva del expediente de infracción urbanística promovido por el Ayuntamiento de Gerena, da cuenta de un informe emitido en septiembre de 2012 por el arquitecto municipal, que en dicho documento avisaba, merced a una inspección en el complejo minero de Cobre las Cruces, de once elementos arquitectónicos, tres naves, y "una serie de balsas" que no figuraban en el proyecto constructivo del complejo. El mismo documento señalaba la existencia de otros seis elementos con una superficie construida superior a la plasmada en el proyecto constructivo. En el caso concreto de las naves, además, se trataba de obras "no legalizables" en el momento de su edificación.
Balsas sin licencia
En ese sentido, este decreto de Alcaldía expone la pertinente instrucción del mencionado expediente de infracción urbanística, dando cuenta de que la mina reclamó la "nulidad" de las actuaciones alegando aspectos como la supuesta "prescripción de las infracciones" o un posible caso de "indefensión". Pero finalmente, este mencionado decreto de Alcaldía considera "acreditado" que Cobre las Cruces "edificó sin licencia cinco balsas" e "instaló sin licencia" elementos como cuatro salas eléctricas, una planta de tratamiento de lodos, un tanque de agua o una nave de "protección contra incendios", instalando además otras dependencias "incumpliendo las determinaciones de la licencia concedida".
Igualmente, se considera acreditado que la mina edificó una gran nave de almacenamiento y otras dos menores para depositar "productos peligrosos" en una zona "no apta para este tipo de edificaciones" y, por tanto, "no legalizables en el momento de su construcción". Todos estos hechos, así, suman un total de 23 infracciones urbanísticas que se traducen en sanciones por un montante global de 206.966 euros en esta resolución definitiva del expediente de infracción urbanística. La resolución, no obstante, es susceptible de recurso por la vía Contencioso Administrativa, toda vez que las diligencias de la Fiscalía giran precisamente en torno a las edificaciones "no legalizables".
* Diario de Sevilla - EP - 17.6.13
Foto: Gerena (Sevilla), mina Cobre las Cruces - 20minutos
Dos nuevas ocupaciones de bloques vacíos en Badalona y Torrevieja
Frente a la política especuladora del gobierno, al no aprobar la ILP sobre desahucios y vivienda social, con casi 1,5 millones de firmas, la PAH (Plataforma Afectados Hipoteca) sigue con su apoyo a la ocupación de viviendas o edificios vacíos pertenecientes a bancos usureros. Hay ya bastantes ejemplos en todo el país y aquí se añaden nuevos casos de los últimos días.
"DIAGONAL* : Dos nuevos bloques vacíos propiedad de la banca han sido recuperados por familias desahuciadas, con proceso de ejecución de la hipoteca o sin posibilidad de pagar el alquiler. En Badalona (Barcelona) la PAH local ha entrado la mañana del jueves en un inmueble propiedad del BBVA, mientras que en Torrevieja (Alicante) la plataforma ha anunciado también la mañana del jueves la recuperación de un inmueble vacío propiedad de Sabadell CAM".
El bloque de Badalona permanecía sin uso desde hace cuatro años. La acción, por la que serán alojados cinco hogares desahuciados o con un proceso de ejecución hipotecaria , se ha producido, según informa La Directa, tras un pasacalles convocado públicamente por la PAH y que ha partido desde la Oficina de Vivienda del municipio barcelonés hasta el bloque.
La PAH explicado en un comunicado que la situación del acceso a la vivienda en esta localidad barcelonesa es “insostenible”, y que el consistorio dirigido por Xavier García-Albiol no está dando ningún tipo de respuesta a esta situación. “Estas cinco familias quieren un alquiler social, bien en estas viviendas o en otras. Lo que no quieren es continuar viviendo en condiciones inhumanas. Ellas no son responsables de esta crisis (es una estafa) y queremos vivir con dignidad”, ha precisado la plataforma.
Estas dos nuevas acciones suponen nuevos ejemplos de la campaña denominada “Obra Social La PAH”, un nombre con el que la plataforma engloba sus ocupaciones de viviendas que las entidades bancarias o la Sareb (la entidad gestora de los activos invendibles de la banca conocida como “banco malo”) mantienen vacías. En su último encuentro estatal celebrado en Valencia el pasado fin de semana, donde han estado presentes más de 60 plataformas, las PAH han decidido impulsar esta campaña tras el rechazo en solitario por parte del PP a las medidas incluídas en la ILP antidesahucios que llegó al Congreso en febrero. “Para detener la emergencia habitacional es urgente disponer de un verdadero parque público de vivienda, que podríamos tener mañana mismo si el Gobierno movilizara pisos del SAREB y otros bancos”, insiste la PAH.
El edificio recuperado en la localidad alicantina de Torrevieja está destinado a alojar a familias en riesgo de exclusión social. "En estos momentos hay cuatro familias y la semana que viene se realojarán varias más. Son familias que no podían pagar el alquiler, algunas estaban viviendo en coches", explica Desiree Montero, miembro del colectivo.
El edificio ocupado, en la calle Caballero de Rodas, es actualmente propiedad de Sabadell CAM, marca de la financiera en la Comunidad Valenciana y Murcia desde que Sabadell absorbiera la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Según explica Montero, el edificio, que cuenta con doce viviendas, dos de ellas inhabitables por sus numerosos desperfectos, estuvo vacío durante seis años.
Desde PAH Torrevieja ya se ha mandado un escrito a Sabadell CAM explicando que la intención de las familias que ocupan el edificio es pagar un alquiler social conforme a sus ingresos, pìdiendo un número de cuenta para poder hacer el pago del alquiler. También se han puesto en contacto con el concejal de Bienestar Social, Tomás Ricardo Ballester, y con el alcalde de la localidad, Eduardo Dolón. Desde el Sabadell ya ha llegado una propuesta de contacto para negociar.
La ocupación del edificio de Caballero de Rodas comenzó hace mes y medio con el apoyo de las PAH de Almoradí, Guardamar, Mar Menor (San Javier) y Orihuela.Desde entonces, las familias que ahora lo habitan han estado haciendo arreglos y limpiando los numerosos escombros. "Cuando fuimos al edificio no había ni cerraduras -explica Desiree-, eran todo cables cortados, escombros, puertas reventadas. Estaba totalmente abandonado".
Ésta es la primera experiencia de este tipo en el Pais Valencià. "De momento las familias se van a ir reubicando ahí, y si nos llegan más demandas de familias que necesiten una vivienda veremos qué hacer según salga esta primera experiencia", afirma Desiree.
* Diagonal - TER GARCÍA Y DIEGO SANZ PARATCHA - 20.6.13
Foto: Desahucio detenido en mayo de 2012 en Barcelona / ALBERT GARCÍA
Barcelona.- Un constructor ratifica que pagó comisiones en el ‘Caso Adigsa’
La empresa pública 'Adigsa', de la Generalitat catalana, sigue en el punto de mira por las comisiones recibidas para la adjudicación de obras públicas de viviendas. Algunos constructores empiezan a tirar de la manta, pero hasta ahora no parece existir ningún responsable político de CIU en este asunto ilegal de 2005.
"ELPAÍS* : El constructor Antonio Salguero, un empresario “arrepentido” que destapó la presunta trama de comisiones ilegales en torno a la empresa pública Adigsa, se ratificó ayer en sus acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Salguero reiteró lo que ya había revelado ante la fiscalía: que pagó 108.000 euros en comisiones al intermediario Josep Maria Penín por obras de reforma en viviendas de protección oficial de Adigsa.
La causa judicial arrancó en 2005. La fiscalía presentó una querella tras la alusión en el Parlament del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, al cobro de comisiones —el célebre “ustedes tienen un problema que se llama 3%”— durante los gobiernos de Convergència i Unió. Tras superar mil vicisitudes, el caso está ahora en manos del TSJC por la condición de aforado de uno de los imputados, el expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó. Hace un mes, Falcó se desmarcó de la trama y alegó que sus funciones eran políticas.
Por indicación de Penín, precisó Salguero, pagó comisiones de hasta el 20% por obras de reforma en 18 viviendas de Adigsa, empresa de la Generalitat. La mordida, siempre según su versión, no se quedaba solo en manos del intermediario, que llegó a amenazarle con no adjudicarle ni pagarle más proyectos si no abonaba ese dinero.
El propio Penín también debía dar explicaciones ayer, pero se acogió a su derecho a no declarar y se ratificó en la versión de 2006. Entonces, el intermediario admitió irregularidades en la adjudicación de las obras de rehabilitación de viviendas de segunda mano, pero exculpó al actual consejero de Empresa, Felip Puig, de quien es pariente lejano.
* El País - AGENCIAS / JESÚS GARCÍA - 18.6.13
Foto: Cartel contra desahucios empresa Generalitat 'Adigsa' (archivo) - prouespeculacio
Alicante.- Olor a corrupción en los vertederos de la Vega Baja
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Ya se ha hablado frecuentemente de la corrupción en la comarca alicantina de la Vega Baja y la vecina zona murciana, bien por el caso 'Brugal' de las basuras, o por otras numerosas ilegalidades urbanísticas. Detrás del asunto de los irregulares vertederos está el conocido empresario 'popular' E.Ortiz, cuya actividad parece que está a salvo de la politizada justicia.
"DIAGONAL* : “Esto huele mal, y no sólo por las basuras”, dice José Antonio Juan, de la asociación Albatera No al Vertedero, en relación a la implicación del empresario Enrique Ortiz, adjudicatario del futuro macrovertedero en esta localidad del sur de Alicante, en el caso Brugal. A pesar de la imputación de Ortiz en el caso que investiga la trama de corrupción político-empresarial ligada a la adjudicación de los servicios de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura, la UTE Cespa-Ortiz ha recibido la adjudicación para la construcción en Albatera de un macrovertedero de 180.000 metros cuadrados que durante 20 años recibirá las basuras de los 27 municipios de la comarca.
El proceso, según denuncian los vecinos, está plagado de irregularidades. La primera decisión del Consorcio que se encarga de la aplicación del plan zonal de basuras fue colocar el vertedero en Torremendo (pedanía de Orihuela), también a través de la UTE Cespa-Ortiz, pero tras la denuncia de los vecinos fue anulada en 2010 por un tribunal, ya que Albatera acumulaba más puntos. “La comisión técnica adjudicó unos puntos a Albatera que no le correspondían, como por tener las opciones de compra sobre los terrenos, cuando no los tenía, o por una campaña de concienciación que nunca se hizo”, afirma Juan. Varios técnicos y políticos responsables de la aplicación del plan zonal están imputados en el sumario del caso Brugal.
“No lo queremos en Albatera, pero tampoco en Torremendo o en cualquier otro sitio”, dice Juan, ya que estas zonas se han declarado aptas “no porque el terreno sea mejor, sino porque son los únicos lugares en los que se cumple la distancia mínima a un núcleo urbano”. Los vecinos denuncian que la instalación del macrovertedero acarreará consecuencias desastrosas para el medio ambiente, ya que se situará junto a la microrreserva de la Rambla Salada, una zona de gran riqueza medioambiental, y sobre los canales del Taibilla, que abastecen de agua a toda la provincia, en un lugar de alta sismicidad. También se situará a escasos metros de una zona calificada como Lugar de Interés Comunitario y de Especial Protección de Aves.
El contrato definitivo entre el Consorcio y la empresa se firmaba este 10 de junio, ante lo que Albatera No al Vertedero, que ha movilizado al pueblo contra este proyecto, planea no sólo recurrir a la vía contencioso-administrativa, sino tratar de personarse por la vía penal en el caso Brugal para que se investigue “esta adjudicación como una parte más de la trama de corrupción”.
Las movilizaciones se han extendido a las localidades de Cox y Granja de Rocamora, donde se pretende situar una de las dos plantas de transferencia que se encargarán de recibir parte de las basuras para derivarlas al macrovertedero. Organizadas por la plataforma Granja-Cox No al Vertedero de Tránsito, las protestas se han multiplicado y en los últimos días los propietarios de las parcelas de la zona afectada se han comprometido a no vender sus terrenos para este fin.
El 7 de junio, poco antes de la firma del contrato, tanto las plataformas antivertedero de las tres localidades como los alcaldes presentaron cinco recursos ante los juzgados de Alicante solicitando que se impugne la adjudicación y se investiguen posibles irregularidades.
El desastre de Proambiente
Los temores de los vecinos de Albatera no son infundados si se tienen en cuenta las nefastas consecuencias del macrovertedero que desde hace 20 años ha desarrollado su actividad a sólo unos kilómetros, y que se extiende por terrenos de La Murada (pedanía de Orihuela, en Alicante) y Abanilla (Murcia). Ángel Fenoll, cuya empresa familiar Proambiente lo gestiona, es uno de los principales imputados en el Brugal, junto con varios exalcaldes y concejales del PP de Orihuela, entre otros; y varias de las irregularidades de este vertedero se encuentran en los tribunales de Orihuela y Cieza (Murcia).
En agosto de 2012, después de que los vecinos de La Murada permanecieran acampados 20 días a las puertas del vertedero de Proambiente, el Ayuntamiento de Orihuela ordenaba el cierre cautelar de las instalaciones principales y le abría siete expedientes a la empresa al constatar que no disponía de licencia para actuar en esta localidad. Los vecinos hablan de enterramientos desde 1992, e iniciaron las denuncias en 1994. Fenoll “siguió comprando terrenos y se metió en Murcia, donde en 1998 consiguió permisos para el tratamiento de residuos urbanos no peligrosos (RSU)”, explica Vicente Pérez, presidente de la plataforma VertiVega, de La Murada.
Por su parte, la Consejería de Presidencia de Murcia ordenó en octubre de 2011 el cierre por 30 años del vertedero tras una denuncia de Ecologistas en Acción contra la empresa por haber ocupado y destruido 44 hectáreas de un paraje de la sierra de Abanilla de la Red Natura 2000, y tras haber descubierto un enterramiento ilegal de 117.900 toneladas de residuos sin tratar. Aun así, en 2012 la empresa era pillada in fraganti vertiendo otras 400 toneladas. En los últimos meses, tanto la Consejería de Presidencia de la región como una jueza de Cieza han obligado a Proambiente a asumir la restauración del territorio destruido, y le imponen una fianza de 3,3 millones y dos millones de euros respectivamente para garantizar la rehabilitación, aunque la juez reconoce en el auto que “en muchos casos la destrucción es de carácter irreversible”. A pesar de todo ello, la misma Consejería de Presidencia está tramitando actualmente la posible reapertura y ampliación del vaso 3 del vertedero para los próximos siete años.
Rubén Vives, de Ecologistas en Acción de Murcia, que habla de “destrucción irreparable de hábitat, fauna y contaminación del suelo”, afirma que “ha habido dejadez de funciones de la Administración regional en los últimos 15 años, probablemente corrupción y han fallado todos los mecanismos de control”. El grupo ecologista ha denunciado también al alcalde de Abanilla.
Residuos peligrosos
“Aquí ha entrado mucho RSU, pero también mucho residuo peligroso”, dice Vicente Pérez, quien añade que “el tema está en el filón que suponen las basuras y la regulación que empezó a venir para poder beneficiar a ese empresario. Venían camiones desde Cantabria, La Rioja o Cataluña. También de Alemania, Francia, Inglaterra, etc”.
Desde VertiVega denuncian que los vasos del vertedero no se hallaban debidamente impermeabilizados ni disponían de conducciones para los lixiviados (líquidos procedentes de la descomposición de las basuras), que deben ser almacenados y tratados, por lo que éstos se han filtrado en el subsuelo y rezuman a centenares de metros del vertedero en forma de charcos o riachuelos pestilentes. Unos análisis encargados por esta plataforma a unos laboratorios muestran niveles de contaminación alarmantes, con cantidades elevadísimas de amonio y nitratos. “La ladera de la sierra es una zona de máxima permeabilidad. Hay millones de toneladas de basura que presionan y generan lixiviados, que están reventando por todas partes”, afirma Demetrio Poveda, de la misma plataforma.
Enterramientos ilegales
Pero las irregularidades van más allá. “El vertedero se convirtió en un monstruo. Con la falta de espacio que tenían, empezaron a verter miles de toneladas de basura sin tratar fuera del perímetro de la industria a hoyos cedidos por propietarios de fincas, que han plantado cítricos encima”, explica Pérez. VertiVega denunció la existencia de 11 fincas con enterramientos ilegales que incluyen residuos tóxicos o peligrosos, como material hospitalario y pilas, según ha podido comprobar DIAGONAL. La empresa alega que lo vertido es “compost”. El caso se encuentra abierto en los juzgados de Orihuela.
Los vecinos temen la contaminación irreversible de las tierras y las aguas, y denuncian que el pueblo sufre insoportables olores “a gases”. En la vecina Abanilla, el médico Ezequiel Alonso realizó un estudio particular que muestra que la localidad ha pasado de tener la menor incidencia de cáncer en la región de Murcia antes del vertedero a ser en la que más ha crecido porcentualmente este tipo de enfermedad. Sin embargo, las administraciones de ambas comunidades no han realizado estudios de salud a pesar de las peticiones.
Tanto VertiVega como Albatera No al Vertedero, que colaboran en su lucha contra estas instalaciones, defienden un nuevo modelo de gestión de residuos no basado en los macrovertederos. “El modelo de vertedero está caduco. Hay países que están reciclando al 60%, cuando aquí se recicla entre el 7% y el 12% en el mejor de los casos”, afirma José Antonio Juan, cuya asociación pide la modificación del plan zonal de residuos “para que pueda tratarse adecuadamente las basuras”. Según Vicente Pérez, “hay que cambiar la metodología de recogida, tratamiento y gestión de residuos, y la metodología es la separación escrupulosa desde el origen. Para ello hay que lograr una concienciación ciudadana, pero eso debe ir unido a una garantía de que la empresa que va a tratar los residuos los va a gestionar como procede”.
Fenoll: El “hijo de la basura” que tiró de la manta
T. Muñoz
El origen del caso Brugal (acrónimo de Basuras Rurales Gestión Alicante) hay que buscarlo en una grabación que entregó Ángel Fenoll a la justicia en marzo de 2006. En ella, un concejal confesaba un soborno al entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, por parte de la empresa Urbaser, competidora de Fenoll. El empresario, que empezó recogiendo chatarra y creó un emporio tras conseguir la contrata de basuras de Orihuela Costa, se jactaba entonces de su costumbre de registrar todos sus tratos y sobornos a políticos en su despacho. Grabaciones que acabaron, al menos parte de ellas, en manos de la justicia, cuando el denunciante, Ángel Fenoll, se convirtió en imputado. Condenado por tenencia ilícita de armas, por comprar votos por correo para el PP y por falsificación de facturas, presume de vivir en su propio vertedero, donde tiene además un zoo privado con más de 200 animales salvajes. Colocó en sus empresas a familiares de altos cargos --entre ellos, a Carmen Zaplana, hermana de Eduardo Zaplana--, y además posee una licencia de TDT comarcal.
Ortiz: La “polla insaciable” de las contratas públicas
T. Muñoz
“Soy la polla insaciable”, confesaba Enrique Ortiz, principal acusado de la operación Brugal e imputado en la trama Gürtel, a otro empresario en una de las grabaciones que la policía le venía realizando desde 2008. Se refería el empresario a su voracidad por conseguir contratas de las administraciones públicas. Carreteras, hospitales, limpieza de edificios públicos, líneas de tranvía, etc. A Enrique Ortiz no hay concurso público que se le resista. Ortiz empezó como promotor y constructor, pero sus vínculos con el poder político local le llevaron a diversificar su holding empresarial, que hoy cuenta con una veintena de empresas. El sumario de Brugal, que cuenta con más de 40.000 folios, se ha dividido en tres piezas: la relacionada con la adjudicación de las basuras y dos planes urbanísticos bajo sospecha. Su intermediario, Rafael Gregory, fue cazado en una conversación con el entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que aseguraba que le “guardaría” dos pisos de lujo a cambio de la concesión de la gestión de la basura de la provincia.
* Diagonal - GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ - 17.6.13
Foto: Albatera (Alicante), no al vertedero - diagonal
