,+edificios+a+demoler+playa+Es+Trenc+-+elpais.jpg)
EUROPAPRESS/Mallorca* : El Tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha decretado el cese del alcalde de Campos, Sebastián Sagreras, como responsable de la ejecución de la sentencia que obliga a demoler las viviendas de Ses Covetes y ha designado a un comisario para llevar a cabo esta actuación, que será Mauricio Rovira, en su condición de presidente de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca.
En un auto judicial, el Tribunal ordena a Rovira que disponga lo necesario para que la empresa Tragsa inicie de manera inmediata las obras de demolición de las citadas casas, procediéndose seguidamente a la restitución de los terrenos a su estado natural, todo ello de acuerdo con el proyecto elaborado por técnicos de la Dirección General de Arquitectura del Govern y presentado a la Sala del TSJB por el Ayuntamiento de Campos el 26 de febrero de 2013.
Asimismo, señala que la dirección facultativa de las obras contempladas en el proyecto corran a cargo de la arquitecta superior Yolanda Garví, quien pasa a depender funcionalmente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB.
Por otro lado, la Sala señala que, pese a que el Govern va a asumir las tres cuartas partes del coste de la demolición y restitución de las tierras, "el coste real de la operación corre a cargo del Ayuntamiento de Campos, lo que ha de tenerse muy presente por si acaso superase el coste presupuestado de la citada operación".
Cabe recordar que este lunes, el conseller de Urbanismo y Territorio del Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, y el alcalde de Campos firmaron el convenio de colaboración que autoriza a la Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca a ejecutar la demolición de las edificaciones de Ses Covetes, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) y que tendrá un coste de 452.060 euros.
Así, el Consistorio de Campos ha ingresado en el momento de la firma del convenio el citado importe, que corresponde a la totalidad de los gastos derivados de la ejecución de las obras de demolición y restitución.
El acuerdo, que ha sido aprobado antes de la firma por el Consejo de Dirección de la Agencia de la Legalidad Urbanística, articula que este organismo autónomo del Consell de Mallorca hará efectivo el derribo y la restitución de los terrenos de Ses Covetes a su estado original.
Por su parte, el protocolo contemplaba que el Consistorio de Campos tramitará y aprobará, sin coste para la Agencia, el proyecto de demolición y restitución de las viviendas, así como sus posibles modificaciones y lo pondrá en conocimiento de los órganos sectoriales competentes, para que, si procede, puedan formular alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia.
También señalaba que deberá solicitar a la Sala Contenciosa Administrativa del TSJB autorización para que la ejecución de la sentencia del 29 de mayo de 2007 pueda llevarse a cabo mediante este convenio.
* El Mundo - EP - 19.3.13
Foto: Campos (Mallorca), edificios a demoler playa Es Trenc - elpais
El TSJB aparta al alcalde de Campos como responsable de demoler Ses Covetes
Hipotecados a la europea
GABRIELA CAÑAS* : Es evidente que la crisis y las políticas económicas europeas están fomentando la desafección de los ciudadanos. Y, sin embargo, al menos para los españoles, ¡menos mal que existe la Unión Europea! Para sonrojo de todos los políticos que han pasado por los sucesivos gobiernos de España desde 1993, tanto del PP como del PSOE, han tenido que ser unos jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea los que hayan puesto las cosas en su sitio respecto a los abusos que las entidades financieras españolas están cometiendo en el mercado hipotecario español.
El caso que el juez español llevó al tribunal, con sede en Luxemburgo, evidencia cuál es la situación. Lo recoge con precisión la propia sentencia europea.
Mohamed Aziz pide en 2007 un crédito a Catalunyacaixa de 138.000 euros para comprarse un piso. La entidad se lo concede y Aziz, mediante contrato, se compromete a amortizar el préstamo con intereses durante 33 años. El hombre se queda sin trabajo al cabo de un año y deja de pagar, momento en el cual Catalunyacaixa aplica de manera automática las cláusulas del contrato. Le aplica intereses de demora anuales del 18,75% y, además, le exige a su cliente el pago del capital prestado de manera inmediata. El resultado es que Aziz fue expulsado de su casa (tasada en la mitad de precio, por cierto) y la entidad le reclama 139.674 euros en concepto principal, 90 euros por intereses vencidos y 41.902 por costas: total, 181.666 euros.
Este podría ser un caso más de los miles que se han producido en España durante décadas con la diferencia de que Aziz dio a parar con un abogado, Dionisio Moreno, y un juez, José María Fernández Seijo, que han tenido la imaginación, la honradez y la perseverancia suficiente como para llevar el caso a instancias superiores, dado que en España la alianza gubernamental con el mundo financiero ha permitido y permite este engendro. ¿Cómo es posible que a día de hoy España no disponga de una legislación que impida estos desmanes? ¿Cómo es posible que el Gobierno español —entonces en manos de Felipe González— aprobara con sus socios europeos una directiva que prohibía las cláusulas abusivas en los contratos y todavía no se haya traspuesto la norma a nuestro marco legal?
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es un monumento a la sensatez. El juez Fernández Seijo pedía aclaraciones sobre cuándo deben considerarse abusivas las cláusulas de un contrato y con una literatura jurídica no muy alambicada, los jueces vienen a responder que hay abuso cuando estas producen en el consumidor (frente al profesional, la entidad financiera) “un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes”. En otra parte de la sentencia se especifica que una cláusula es abusiva cuando en la negociación individual un consumidor de buena fe jamás la habría aceptado. Son razonamientos, en fin, de sentido común. Como aquella otra sentencia reciente, también europea, en la que indicaba que los intereses de demora no pueden tener una gran desproporción con el precio habitual del dinero.
Lo perverso de todo este asunto es que al tiempo que la crisis arreciaba, al tiempo que se sucedían llamadas de atención por parte de los jueces y de los movimientos ciudadanos, al tiempo que se conocían las escandalosas cifras de ejecuciones hipotecarias y se producían algunos suicidios por parte de algunos afectados, el Gobierno de turno, en este caso del PP, ha actuado con una lentitud desesperante. Hasta el punto de que han tenido que venir desde la Unión Europea a recordar a nuestras autoridades que los consumidores españoles no disponen de la misma protección que el resto de los europeos porque sus políticos no han hecho su trabajo y que España, tan europeísta y tan presta siempre a hacerse la foto en Bruselas, firma una cosa allí y hace otra distinta aquí.
Desde el jueves pasado, muchos de los que se estén pasando al euroescepticismo tienen una buena razón para reconsiderar su posición y otra buena razón para comprender que Europa no es un ente ajeno y alejado. El Tribunal de Justicia de la UE es una de las instituciones que más ha hecho por los europeos, pero está obligado a aplicar las normas que deciden los políticos. Si las que ahora se toman no nos gustan, basta con cambiarlos. En un año tenemos la oportunidad de hacerlo, por cierto.
* El País - Opinión - 18.3.13
Foto: Barcelona, CatalunyaCaixa - orange
Más de 60 colectivos denuncian la privatización del agua en Madrid
LAMAREA* : Varios representantes de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II han registrado este martes en la sede del gobierno regional de la Comunidad de Madrid más de medio centenar de escritos contra la opacidad del ejecutivo autonómico en el proceso de privatización del Canal de Isabel II, responsable de la gestión del agua.
En total, 67 organizaciones sociales, asociaciones de vecinos y colectivos ecologistas firman estos textos en los que piden, sobre todo, transparencia. Francisco Caño, representante de la plataforma, denuncia que el proceso de privatización tiene detrás un componente clave de corrupción, en el que se “regalan recursos públicos a amigos de políticos”. “El agua es un derecho humano fundamental, pero es uno de los recursos clave a los que le han echado el ojo los grandes mercados”, ha asegurado Caño. Los activistas alertan de que el 40% del agua pública del país ha sido privatizada y hasta el 70% está en proceso.
La plataforma lamenta que la Comunidad no les hace “ni caso”. “Ni siquiera hace un año, cuando 180.000 personas votaron en una consulta popular contra la privatización del agua en Madrid, tuvieron el gesto de contestarnos”, ha señalado Caño. “Nos gustaría que al menos nos mandaran a hacer puñetas, pero en todo caso nuestra intención es no dejar tranquilo a nadie”, ha advertido.
La luz es el ejemplo que ponen los activistas para demostrar que la gestión de los recursos básicos por entes privados encarece el servicio. “Es mentira el argumento de la eficiencia privada que esgrimen desde la Comunidad. Sólo hay que mirar lo que está pasando con la sanidad, la educación, o la luz, que ya fue privatizada en su momento. ¿Es la gestión de la luz más eficiente y barata ahora? No. Y con el agua va a ocurrir lo mismo”, ha razonado Caños.
La marea azul, integrada entre otras asociaciones por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, continuará sus movilizaciones a lo largo de los próximos meses, aunque ahora están centrados en la “batalla jurídica”.
“Estamos estudiando los fallos que han cometido. De hecho, ya hemos presentado denuncia por la firma de los convenios en los ayuntamientos de Madrid, Getafe, Majadahonda y Alcorcón, que se ha realizado con opacidad, sin igualdad de oportunidades y renunciando a la obligación de suministro y saneamiento de agua a toda la ciudadanía, cediendo a un ente privado los recursos que pertenecen a toda la Comunidad”, ha zanjado.
* La Marea - EDUARDO MURIEL - 19/03/2013
Foto: Madrid, Canal oficinas - madrid
El Parlamento Europeo llega a España para investigar la Ley de Costas
,+viviendas+y+canales+-+elpais.jpg)
ELPAÍS* : El malestar con la normativa española de costas ha llegado al Parlamento Europeo. Una delegación de la Eurocámara aterriza en Madrid para investigar las 76 quejas que ha recibido por la aplicación de esta ley. Los diputados se reunirán con el Gobierno, con organizaciones medioambientales y con los afectados para dilucidar si la ley española vulnera los tratados de la UE.
Las denuncias recibidas en Bruselas sobre la anterior Ley de Costas —el Congreso de los Diputados ha aprobado ya una reforma, pendiente de ratificación— son variadas. Una buena parte proviene de propietarios de viviendas en el litoral que ven amenazados sus bienes porque la normativa no garantiza su supervivencia o su protección medioambiental. Antes de la reforma, más de 10.000 viviendas estaban abocadas al derribo porque expiraba la concesión otorgada a esas construcciones antes de 1988. Ahora el problema está parcialmente resuelto porque se van a conceder otros 75 años de moratoria.
El malestar con la normativa española de costas ha llegado al Parlamento Europeo. Una delegación de la Eurocámara aterriza mañana en Madrid para investigar las 76 quejas que ha recibido por la aplicación de esta ley. Los diputados se reunirán con el Gobierno, con organizaciones medioambientales y con los afectados para dilucidar si la ley española vulnera los tratados de la UE.
Las denuncias recibidas en Bruselas sobre la anterior Ley de Costas —el Congreso de los Diputados ha aprobado ya una reforma, pendiente de ratificación— son variadas. Una buena parte proviene de propietarios de viviendas en el litoral que ven amenazados sus bienes porque la normativa no garantiza su supervivencia o su protección medioambiental. Antes de la reforma, más de 10.000 viviendas estaban abocadas al derribo porque expiraba la concesión otorgada a esas construcciones antes de 1988. Ahora el problema está parcialmente resuelto porque se van a conceder otros 75 años de moratoria.
* El País - LUCÍA ABELLÁN Bruselas 20 MAR 2013
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais
Piden siete años a exalcalde de Garrucha por presunta prevaricación y extorsión a una constructora
,+ayuntamiento+-+ideal.jpg)
ELDIARIO/Almería* : Un juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Garrucha, Andrés Segura, por presunta comisión de delitos de prevaricación, extorsión, coacciones continuadas y exacciones ilegales con respecto al convenio urbanístico suscrito con la empresa 'Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz SL' para construir 138 viviendas en la unidad de ejecución UE-6 del termino municipal.
Segura, que será enjuiciado junto a otras cinco personas, se enfrenta a penas que suman siete años de prisión, así como 47 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita la acusación particular ejercida por la mercantil querellante Hermanos Muñoz. La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.
La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una sentencia de los contencioso-administrativo.
El auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la caución.
El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía 26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS) recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por motivos que califican de "desconocidos".
En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio".
Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia --sostiene-- de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692 metros cuadrados".
En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto aprovechamiento de la edificabilidad".
"PRECIO POLÍTICO"
Así, en el transcurso de una reunión que se habría celebrado en junio de 2005, el abogado J.M.L.H. demandó presuntamente a los administradores de Hermanos Muñoz "firmar un convenio urbanístico nuevo con el Ayuntamiento de Garrucha en el que entregase a este tres millones de euros en contraprestación al pretendido aumento de aprovechamiento de edificabilidad por la diferencia de metros existente entre la ficha y el plano de la UE-6".
Les habría advertido, además, supuestamente, "de que, en caso contrario, no sería concedida la oportuna licencia de primera ocupación ni siquiera respecto a las 106 viviendas no problemáticas correspondientes los indiscutidos 21.000 metros cuadrados y presentarían una denuncia contra el arquitecto de la compañía por delitos de falsedad en el estudio detalle, y de estafa" que, finalmente se presentó y se inadmitió, según indica.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que, en marzo de 2006, "en plena connivencia", los acusados se habrían servido de "informes que daban pretendido amparo legal" para promover la revisión de oficio del convenio urbanístico de la finca objeto de litigio por "estar afectado de un error respecto a la superficie real de la unidad de ejecución" y "pese a la flagrante y clamorosa ilegalidad del acuerdo que pretendía tomarse".
A partir de este momento, según los querellantes, Segura, López Peña y J.M.L.H., habrían "continuado presionando para obtener 'precio político' a cambio de solucionar la situación creada y conceder la licencia de ocupación" a los administradores de Hermanos Muñoz, quienes --resalta-- "se volvieron a resistir a aceptar el chantaje pese a que los compradores de los pisos habían empezado a rescindir contratos por retrasos en la entrega de llaves y otros realizaban insistentes y continuos requerimientos".
La acusación particular asegura que los acusados actuaron desde la administración para "dilatar el proceso de obtención de la licencia de primera ocupación" con el fin de que "la situación de la empresa fuera casa día más insostenible tanto financieramente, como con sus compradores" y precisa que, en este proceso, "sus administradores se convencieron de que nunca se iba a otorgar si, previamente, no se pasaba por caja".
"CHANTAJE"
Así, para "poder obtener la licencia que fraudulenta y coercitivamente se les estaba negando", habrían concertado una reunión con el exalcalde, el exconcejal de Urbanismo, el secretario municipal, el arquitecto y el abogado, quienes "en primera persona, manifestaron que para solucionar el problema existente y que se les concediera licencia de primera ocupación, Hermanos Muñoz debería pagar al Ayuntamiento una cantidad en torno a dos millones de euros", condición --ahonda-- "que no tuvieron más remedio que aceptar ante la insostenible situación a la que se habían visto abocados".
La "fórmula" por la que se "plasmo el acuerdo" fue, según indica, la firma de un "nuevo convenio urbanístico". Una concedida la licencia de primera ocupación para las 106 viviendas "sin discusión", los querellantes "debían pagar a cuenta 150.000 euros" . "El resto del precio, una vez deducida esta cuantía, se pagaría una vez publicada en el BOP la aprobación definitiva de la modificación del ámbito de la UE-6 y del estudio detalle", afirma.
"A continuación de la firma del convenio urbanístico, y en ese mismo día 11 de agosto en que se vio obligada a pagar el 'precio político', el 'chantaje' al que había sido sometida por los acusados, el alcalde acordó la concesión de la licencia de primera ocupación a las 106 viviendas aunque denegó de forma claramente injusta e ilegal el permiso sobre otras 28 viviendas".
* El Diario - EP - 19.3.13
Foto: Garrucha (Almería), ayuntamiento - ideal
Los esqueletos del despilfarro
,+centro+mayores+cerrado+-+elpais.jpg)
ELPAÍS/Valencia* : Decenas de residencias, polideportivos y auditorios permanecen cerrados por la crisis.
Unos se concibieron durante la bonanza, alentados por la fiesta megalómana de la construcción y la contrarreloj electoral. Otros, en plena tormenta económica, con los dos planes E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —1.408 millones— y Confianza de la Generalitat. La orgía de la inversión ha transformado la Comunidad en un solar salpicado de cadáveres arquitectónicos. Residencias, polideportivos y auditorios fantasma. La mayoría de obras se terminaron e inauguraron —algunas hasta tres veces— pero nadie cayó en su mantenimiento. Y ahora los municipios, atenazados por el control del déficit, pagan la factura de la pólvora de rey. Estas son las consecuencias de la resaca.
El centro de día para mayores de Mislata desafía al horizonte. Simbolizó en 2009 el sueño del exalcalde popular Manuel Corredera, que captó una inversión de cinco millones de euros del Plan E. La mole de 3.500 metros y tres plantas permanece cerrada desde hace dos años. No hay dinero para mantenerla. El Ayuntamiento que pilota ahora el socialista Carlos González Bielsa arrastra una deuda de 40 millones y desconoce cuándo podrá equipar el singular legado. El presupuesto municipal incluye este año una partida de 150.000 euros que no resulta suficiente. “Igual para final de año…”, confía un portavoz.
El centro de día de Moncada encarna otro ejemplo de arquitectura espectral. Fue planeado para atender a mayores y enfermos de alzhéimer. Se inauguró dos meses antes de las elecciones autonómicas de 2011 y se cerró. Hasta hoy. No hay dinero. Dispone de completas (y vacías) salas para rehabilitación, curas y tratamientos. La Generalitat invirtió más de 360.000 euros en esta iniciativa que el Ayuntamiento del PP pretende ahora reconvertir en un espacio para desarrollar un programa de “economía culinaria”.
En Alaquàs tampoco saben cuándo abrirá el centro de innovación del polígono de Els Mollons, que se ideó sobre una parcela de 8.400 metros para divulgar la reutilización de materiales y formar a desempleados. El edificio costó 840.000 euros pero no ha reciclado ni un solo cartón porque no funciona.
La incertidumbre planea sobre la ambiciosa escuela de teatro José Sancho en Manises, que se eterniza desde que se proyectó, en 2006. El exconsejero de Educación Alejandro Font de Mora aseguró que la obra estaría acabada el pasado año. El Ayuntamiento del PP desconoce ahora cuándo concluirá este complejo de nueve millones que algún día acogerá a 800 espectadores. Los socialistas denuncian que las máquinas enmudecieron en verano porque la empresa no cobró de la Generalitat. “En muchos casos las obras se planean como cajas vacías”, explica el sociólogo experto en urbanismo José Miguel Iribas, que relata que un Ayuntamiento le propuso diseñar un auditorio de 1.500 plazas para acoger una vez al año la proclamación de la reina de las fiestas.
La casa de la música de Alberic se cocina a fuego lento. El Ayuntamiento del PP planeó desarrollar el edificio con recursos propios y ahora sufre las consecuencias. La obra comenzó en marzo de 2009 pero la renuncia de la empresa y la escasez económica se han convertido en un lastre. Se han invertido 1,1 millones. No hay fecha para la llegada de los instrumentos.
La biblioteca de Vila-real se inauguró en junio de 2011 sin libros. Y hoy solo funciona la sección infantil, una cuarta parte. El resto continúa sin libros. El concejal socialista Xus Sempere pertenece al cuatripartito de gobierno y atribuye el contrasentido al legado del anterior equipo del PP, las trabas para contratar y los impagos del Consell, que ha desembolsado el 5% de sus 2,7 millones comprometidos. “El edificio es un transatlántico, se hizo a lo bestia”, se queja el edil.
Alicante tiene terminada y cerrada desde hace 20 meses la piscina pública Vía Parque. El Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero destinó 3,2 millones a esta infraestructura deportiva que se deteriora por falta de uso, según el PSPV. El Ayuntamiento de Sonia Castedo, del PP, tampoco ha desbloqueado el complejo deportivo Villafranqueza, que incluía el primer velódromo ciclista de la provincia en su planteamiento inicial. Desde que en 2010 culminó la primera de sus tres fases (780.000 euros), se desconoce cuándo podrán exprimir la instalación los deportistas. El Consistorio descarta ahora el velódromo por “austeridad”, según un portavoz. Los centros sociales de Alicante de los barrios de Tómbola (1,2 millones) y Urbanova (1,2) también sufren la asfixia municipal. Se encuentran acabados pero cerrados. “Se prima el continente y no el contenido”, lamenta el portavoz de Compromís, Enric Morera.
Petrer acoge varios esqueletos de la crisis. El centro de día para discapacitados psíquicos lleva más de un año cerrado. Se construyó con 1,5 millones del segundo Plan E y se vendió como la infraestructura idónea para atender a cerca de un centenar de personas dependientes —autistas y afectados por parálisis cerebrales—. Se abre ocasionalmente para impartir conferencias. La obra conocida como manzana cultural, que conecta la casa de la cultura y el teatro de Petrer, no ha corrido más suerte. Se encuentra parada desde hace un año. La empresa adjudicataria se negó a continuar hasta cobrar de la Generalitat, que se comprometió a pagar 1,4 millones, según el PSPV.
Los socialistas atribuyen los retrasos al “fiasco” del Plan Confianza del Consell. “No se han desarrollado ni la mitad de las obras prometidas”, señala David Cerdán, secretario general del PSPV de Alicante y concejal en Aspe. En esta población, un esqueleto de hormigón evoca la parálisis de la biblioteca de tres millones prometida por el Consell. Como en otros casos, la constructora abandonó la obra porque no cobró de la Generalitat. Y ahora, ninguna empresa quiere retomar el proyecto, según Cerdán.
En Crevillent, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, también se amontonan las instalaciones fantasma. El centro de recuperación para el tratamiento de niños con deficiencias cognitivas está amueblado pero no funciona. Carece de personal. El Ayuntamiento “trabaja” para ponerlo en marcha y adjudicar su gestión, según una portavoz, que no da fechas. Tampoco hay fecha para la apertura del centro de rehabilitación para discapacitados mentales, que se terminó a finales de 2011 con el segundo Plan E (1,2 millones).
Las obras del Museo Arqueológico de Crevillent concluyeron en 2010 pero el Consistorio admite que ahora queda la “implantación museográfica”, que significa llenar el museo con exposiciones. En Elche tampoco saben cuándo abrirá el nuevo edificio del Instituto Tecnológico de la Palmera (2,2 millones) que defendió el exalcalde socialista Alejandro Soler para “investigar la palmera típica ilicitana”.
* El País - JOAQUÍN GIL Valencia 10 MAR 2013
Foto: Centro de día para mayores de Mislata, que captó cinco millones del Plan E, cerrado desde hace dos años. / JOSÉ JORDÁN
Córdoba.- El temporal abre el debate sobre el riesgo de las parcelaciones
DIARIOCÓRDOBA* : El debate sobre las parcelaciones ubicadas en zonas inundables entre Alcolea y el aeropuerto de Córdoba se ha vuelto a reabrir tras el gran riesgo en el que se emplazan algunas viviendas ante las crecidas del río Guadalquivir cuando se registran temporales y los embalses se encuentran en niveles altos, como ha sucedido en los últimos días. Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha advertido durante los últimos días de que la gestión de la cuenca ha estado marcada por la ubicación cercana al río de algunas viviendas en el término de Córdoba, lo que ha provocado que no se pudiera desembalsar a un mayor ritmo y llevó los pantanos a niveles máximos. Los últimos tres días se ha priorizado la rebaja en las presas de Jaén, que se llenaron por las abundantes lluvias que se registraron en la vecina provincia.
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, afirmó esta semana en un acto celebrado en Sevilla que el Ayuntamiento no descarta adoptar medidas drásticas, aunque "sean impopulares". Nieto instó a la Junta de Andalucía a sentarse y dialogar para encontrar soluciones a la situación de las parcelas que están en zonas inundables. "Si hay que tomar medidas que sean impopulares nosotros las vamos a asumir y si encontramos una solución que evite desalojar, derribar o tomar una medida más dura, encantado de buscarla, pero tenemos que hacerlo de la mano de la Junta cuanto antes", dijo Nieto. Ayer, el alcalde volvió a demandar la colaboración de la Junta de Andalucía y sugirió dos alternativas. Por un lado, planteó la posibilidad de canalizar el río, aunque supondría un coste "elevadísimo", o buscar una solución puntual para la zona de mayor riesgo, consensuada entre la Junta, el Ayuntamiento y los propietarios.
En el documento presentado esta semana por la Gerencia de Urbanismo se recoge la existencia de 1.318 viviendas localizadas en terrenos con riesgo de inundación, lo que supone el 31% de los edificios situados en zonas de riesgo en la capital. El mayor número se encuentra en el entorno del aeropuerto. En el reciente temporal se volvieron a ver afectadas viviendas de Guadalvalle, aunque hay otros emplazamientos que en otras ocasiones han sufrido daños como la calle La Barca (Alcolea), La Altea, Majaneque, El Alcalde o Fontanar de Quintos. El Ayuntamiento ha localizado 24 núcleos en zonas inundables.
El reciente episodio de lluvias aumentó el nivel de los embalses cordobeses en los últimos siete días en 164 hectómetros cúbicos, llegando ayer a almacenar 3.307 (96,97%). El máximo histórico se registró el jueves, cuando se alcanzó el 97,12%.
* Diario Córdoba - F. EXPOSITO 16/03/2013
Foto: Córdoba, inundaciones casas - cordoba
Madrid.- El Defensor del Pueblo amonesta a Ignacio González por la opacidad de Eurovegas
ELCONFIDENCIAL* : La información que la Comunidad de Madrid ofrece sobre Eurovegas es escasa, prácticamente nula. Así lo considera el Defensor del Pueblo y así se lo ha hecho llegar a Ignacio González, presidente de la región en la que Sheldon Adelson invertirá 17.000 millones de euros para construir el mayor centro de convenciones del sur de Europa. La Comunidad de Madrid se ha escudado siempre en que no puede informar sobre lo que es “una mera expectativa de un proyecto de carácter privado” y, para echar balones fuera, siempre ha respondido que la única que tiene potestad para informar a los ciudadanos es la entidad promotora del proyecto, Las Vegas Sands.
El Defensor del Pueblo opina, sin embargo, que la Comunidad de Madrid ha dado respuestas muy incompletas cuando ha sido preguntada por el macroproyecto. En concreto, destaca que hay “un desequilibrio entre la falta de respuesta a una solicitud legítima formulada por los ciudadanos y la respuesta en forma de ley ante una mera expectativa de implantación de un macroproyecto de ocio y turismo”.
Con este informe, la institución ha querido dar continuidad a la queja presentada por la Plataforma Eurovegas No el 8 de noviembre ante esta institución. Desde hace un año, las preguntas que ha cursado dicha plataforma en registro oficial y a través de tuderechoasaber.es exigían información sobre cualquier estudio o investigación realizado o encargado por la Comunidad de Madrid sobre Eurovegas, los costes reales del proyecto para el contribuyente y los posibles impactos medioambientales y sociales que este puede tener. También solicitaban las cartas y comunicaciones realizadas entre Las Vegas Sands, cuestiones, todas ellas, que siempre fueron rechazadas.
El organismo dirigido por Soledad Becerril recuerda a la Comunidad de Madrid que hay varias leyes que respaldan el acceso de los ciudadanos a la información pública “como expresión de la transparencia en la actividad de los poderes públicos, de la buena fe y de la confianza legítima que estos han de respetar en su actuación”. Por ello, reclama a la Comunidad de Madrid que comunique la información que disponga de los solicitantes o, si no lo hace, exponga los motivos para no hacerlo. Asimismo, la institución continuará con la investigación y solicita al Ejecutivo de Ignacio González información sobre si Las Vegas Sands ha presentado alguna solicitud para la aprobación como centro integrado de desarrollo de un proyecto de juego, ocio y turismo de grandes dimensiones.
Declaración de viabilidad
También quiere saber si la empresa ha presentado una solicitud de declaración de viabilidad y si habría sido resuelta por el consejero competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. “La opinión del Defensor del Pueblo demuestra el vínculo entre la transparencia y el derecho fundamental de la libertad de expresión: sin información es imposible tener un debate público sobre un tema de gran interés público como es Eurovegas”, apunta Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, uno de los miembros de la Plataforma Eurovegas No.
La plataforma, tras recibir el respaldo del Defensor del Pueblo, advierte de que va a continuar con su campaña por una mayor transparencia en la tramitación y las decisiones sobre Eurovegas para poder esclarecer las condiciones y las consecuencias de la construcción de este macroproyecto “del que se sabe tan poco”, y continuará denunciando públicamente todas y cada una “de las irregularidades de este, hasta ahora, oscuro proceso de negociación”.
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 13.3.13
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo
Casas vacías en la comunidad del ladrillo
DIAGONAL/Valencia* : Desde la PAH Alicante denuncian que la Generalitat está empezando a desahuciar a las familias que viven en las viviendas sociales del Instituto de Vivienda de Valencia.
La Comunitat Valenciana fue el pasado año la región en la que se presentaron en los juzgados más procedimientos de desahucios, con 12.464 hasta septiembre de 2012, según el informe del Consejo General del Poder Judicial. “En Alicante llegan unos 20 o 30 casos nuevos de desahucios cada domingo; la mayoría son casos de multipropiedad o de gente con ingresos altos pero con unas hipotecas enormes. Casos de primera necesidad hay un 15% o 20%, en los que hay que tomar medidas inmediatas. Es una suerte que hayamos llegado a acuerdo, porque no se puede contar con apoyo para estos casos por parte de la Administración”, explica Jesús Bustos, de PAH Alicante.
Con un modelo de política de vivienda basado en la construcción a través de promotoras privadas de bloques destinados mayoritariamente a la venta con cierto grado de protección oficial, la Generalitat Valenciana, a través del Instituto de Vivienda de Valencia (IVVSA), tiene dedicadas al alquiler social unas 60 viviendas en Alicante, que se suman a otras 20 propiedad del Patronato Municipal de Vivienda, según afirma Bustos. En la ciudad de Valencia, con cerca de 800.000 habitantes, las cifras no son muy distintas: sólo hay 94 viviendas destinadas a alquiler social, de las que 11 están pendientes de rehabilitación; o en Castellón, donde, según explica Walter González, miembro de PAH Castellón, las viviendas de alquiler social son prácticamente inexistentes.
Al escaso número de viviendas se le añade el largo proceso para optar a este recurso, para el que, según explica Jesús Bustos, hay que pasar por Servicios Sociales. “Reciben a diez personas al día, puedes pasar dos años en lista de espera antes de que te reciban”. Éste fue el caso de Encarni y Francisco, un matrimonio de Elda que llevaba cinco años esperando a que se les adjudicara una vivienda de alquiler social hasta que hace tres meses, empujados por la enfermedad crónica que sufre uno de sus hijos, decidieron okupar una de las viviendas vacías que el IVVSA tiene en la localidad y ahora se enfrentan a un juicio por usurpación. “Esta vivienda llevaba más de un año vacía; ahora el IVVSA se excusa diciendo que la iban a reformar”, afirma Neus Pineda, de PAH Elda-Petrer, quien recalca que sólo en ese mismo bloque se cuentan seis viviendas vacías del Instituto de Vivienda valenciano.
Con un parque de alrededor de 16.000 viviendas, la consejera de Infraestructuras valenciana, Isabel Bonig, admitió a finales del pasado año que se contaban 605 viviendas vacías propiedad del IVVSA, una cifra que posiblemente se quede corta cuando sólo en Paterna, según denuncia la Coalició Compromís, se cuentan más de 200 viviendas vacías de la institución regional, otras varias decenas en Sagunto, o un bloque entero de viviendas en Alfafar.
Desahucios en el IVVSA
Mientras, la empresa pública de vivienda ha contado ya más de 500 casos de desahucios de sus viviendas sociales desde 2008. “El objetivo del Ayuntamiento y de la Generalitat con esas viviendas es sacar algo de dinero. Si no pueden sacar de la gente que hay ahora, los echarán para meter a gente que pueda pagar aunque sea poco, como las familias que vienen de desahucios”, explica Bustos en relación al caso de Alicante, tras añadir que, aunque el Ayuntamiento alicantino afirmó en un Pleno que no se ejecutarían desahucios de viviendas sociales por motivos económicos, a la PAH ya han llegado un par de casos en los que se “buscan otras excusas”, como el de una mujer con un hijo con la enfermedad de huesos de cristal con derecho a recibir la ayuda de la Ley de Dependencia, que, al no recibirla, se vio obligada a menudear con droga para poder comprar las medicinas de su hijo, o el de un hombre de 55 años con problemas de salud que dedicaba 250 de los 300 euros mensuales que gana a comprar medicinas, y al que el Patronato de Vivienda intentó desahuciar mientras estaba ingresado en el hospital.
El IVVSA dedicó mayormente su actividad hasta hace poco a la promoción de vivienda nueva de la mano de grandes constructoras valencianas vinculadas al Partido Popular con las que creó empresas mixtas, como Tarea Promociones Valencianas de Vivienda, creada en 2005 junto a Enrique Ortiz, actualmente imputado en la Gürtel y en la Brugal, de la que el instituto valenciano de vivienda maneja un 49% (el 51% restante está en manos del constructor alicantino). Tarea Promociones ha llevado proyectos como el del PAI de Nou Manises, de 9.634 viviendas, de las que 5.775 eran de protección oficial, el Bulevar del Plá, en Alicante, o el Plan Rabassa, que supondrá la construcción de más de 13.500 casas en la periferia de Alicante y cuya tramitación estuvo salpicada de polémicas por posibles irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
El pasado año, el Gobierno valenciano decidió dar un vuelco a la gestión del IVVSA, y centrar su actividad en la gestión de viviendas sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión. El cambio de actividad de la empresa pública fue acompañado en julio de 2012 por un ERE que dejó sin trabajo al 60% de la plantilla, 212 trabajadores, aunque dejó intacto el equipo directivo, y cuyo coste, estimado en siete millones de euros, se dedujo del presupuesto destinado al plan de vivienda.
“Todo lo que el Estado no asume de sus responsabilidades lo está asumiendo la sociedad civil”, afirma Jesús Bustos. Según explican desde la PAH Alicante, en la provincia ya hay particulares que están poniendo en alquiler viviendas por 50 euros e incluso algunos las ceden gratuitamente. “Hay muchos vecinos que cuando ven que una vivienda en su edificio está vacía contactan con nosotros y nos ofrecen que la ocupemos para dársela a una familia desahuciada”, explican desde la plataforma, desde la que añaden que incluso la policía no está poniendo pegas a las okupaciones en las que se estén cuidando los edificios.
“En la Comunidad Valenciana sólo hay proyectos parados en los cajones. Los servicios sociales no hacen nada, los bancos hacen poco y los ciudadanos son los que están moviéndose y consiguiendo cosas”, concluye Bustos.
Casi cuatro años sin pagar el cheque vivienda
“Nos han vendido pisos que supuestamente eran de protección, pero llevamos años sin recibir las ayudas”, explica Felipe Pérez, de la Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Desde la plataforma denuncian que cerca de 50.000 personas a las que se les ha aprobado el cheque de acceso a la vivienda, que supone una ayuda para la compra de la primera vivienda de entre 4.000 y 17.000 euros, siguen a la espera de que la Generalitat les pague la ayuda.
“Ahora están empezando a pagar a gente que pidió anticipos a los bancos, saltándose el orden de resolución de las ayudas por la presión de los bancos”, señala Felipe Pérez, que lleva ya cerca de cuatro años esperando recibir los 11.000 euros que le debe la Generalitat, y quien añade que el Gobierno valenciano está haciendo una propaganda populista intentando dar imagen de preocupación por las familias desahuciadas mientras deben 250 millones de euros a otras 50.000 familias, de las que muchas están también en riesgo de desahucio.
* Diagonal - TER GARCÍA . Redacción - 05/03/13
Foto: La Comunitat está a la cabeza en construcción de segunda vivienda. / DAVID FERNÁNDEZ
El jefe de Carreteras de Ourense pagó por obras que era imposible ejecutar
ELPAÍS* : La Demarcación de Carreteras de Ourense no solo repartió decenas de contratos a dedo a través de supuestos concursos que en realidad copaban entramados de empresas vinculadas entre sí. También validó y pagó numerosas facturas plagadas de irregularidades que revelan el pago de dinero público por trabajos imposibles de realizar. Decenas de expedientes administrativos de 2009 a 2012 en poder de este diario están salpicados de anomalías: desde obras que autoriza la Demarcación fuera de su jurisdicción hasta reparaciones de elementos de las infraestructuras que no existen.
El funcionario jefe del departamento, Adolfo Güell Cancela, certificó con su firma en diciembre de 2011 el pago a la constructora Misturas Obras e Proxectos de 48.887,65 euros por la “limpieza de mediana en N-525” entre los puntos kilométricos 125,7 y 141,8. En este tramo situado en el entorno de A Gudiña no hay mediana que limpiar.
El mismo funcionario del Ministerio de Fomento en Ourense también estampó su firma en julio de 2011 para ratificar el pago de un albarán a Obras y Proyectos SUGE de 4.111,71 euros por el fresado (borrado) de marcas viales en la A-52 entre los kilómetros “48,2 al 50,1”. Ese punto de la infraestructura está en Zamora, a más de 60 kilómetros del límite con la provincia de Ourense y junto a un centro de conservación y explotación viaria del Ministerio de Fomento.
En la A-75 entre Verín y la frontera con Portugal, una vía de apenas 12,8 kilómetros puesta en servicio en junio de 2010, se formalizaron solo un año después de su inauguración y concentrados en cinco meses cuatro contratos para cometidos muy similares: “segado y retirada de vegetación” entre los kilómetros 0 y 4,6; “poda de arbustos” entre los kilómetros 5,6 y 12; “poda de arbustos y segado de hierba y maleza” entre los kilómetros 0 y 12,8; y “mejora de visibilidad” entre los mismos puntos. Más allá de las ligeras diferencias en el objeto de las distintas adjudicaciones, el concepto que detallan los contratos fue siempre el mismo: “Segado de hierba y maleza, incluso retirada de los productos a vertedero [Y]\[y\]retirada y poda de arbustos en taludes de desmonte”.
Las empresas invitadas a competir para ejecutar los trabajos se repiten e incluso mantienen vínculos societarios entre sí. El primer contrato se lo llevó Seviga por 43.005,22 euros tras imponerse en el hipotético concurso a Construcciones Rías Bajas y Aopil. El segundo encargo también fue para Seviga por 42.660,60 euros. Esta firma quedó por delante de las constructoras Xérmolo y Obras y Proyectos SUGE. El Registro Mercantil evidencia la relación entre dos de las sociedades que en principio pujaban por estas obras: Xérmolo es propiedad de Torres Bascuas, socio a su vez de Seibe 2000, empresa del mismo grupo que Seviga.
La tercera adjudicación recayó en Geseco por 49.500 euros. Supuestamente competía con Copasa y Seviga (Geseco y Copasa están participadas en un 25% y un 12,5%, respectivamente, por la sociedad Legio Auriense SA). El cuarto contrato fue a parar a Copasa por 49.912,83 euros frente a Aopil e Infoelco (esta última, administrada por José Antonio Osorio Montero, que administró otra empresa del propietario de Aopil, Amando Martínez Deaño, ex presidente del PP de Ribadavia).
Aopil, una de las habituales beneficiarias en la concesión de obras de este departamento, recibió por esas mismas fechas encargos directos (sin mediar concurso alguno) de la Demarcación de Carreteras de Ourense.Facturó 4.865,14 euros a cambio de 775 metros de malla de cerramiento para los kilómetros 1,3 a 3,6 de la misma autovía A-75. La infraestructura tenía apenas un año de vida. Son varias las facturas pagadas por la Demarcación de Ourense por trabajos similares o idénticos en fechas y puntos kilométricos muy próximos que se entregaron a dedo. De haberse contratado a través de un único procedimiento se tendrían que abrir a más competencia.
Otro ejemplo es el albarán emitido por GED Integral el 30 de octubre de 2009 por 4.488,74 euros a cambio de 280 metros de barrera de seguridad para los kilómetros 183,6 a 199,4 de la A-52. Cinco días después Protección Vial factura 4.360,49 euros por otros 272 metros del mismo tipo de barrera para los kilómetros 183,2 a 202,1 de la misma autovía.
Pagados 33 kilómetros, asfaltados 31
En julio de 2009 Fomento adjudicó tras un concurso público el asfaltado de los 33,2 kilómetros que tiene la A-52 entre la ciudad de Ourense y el límite con la provincia de Pontevedra por 8.902.842 euros. La obra se la quedó Gévora Construcciones SA, que sin embargo no asfaltó todo el tramo contratado, entre los puntos kilométricos 233,9 y 267,1. Una simple inspección visual de la vía permite comprobar que la renovación del firme no comenzó en el kilómetro 233,9 sino en el 235,2. El trecho no asfaltado, 1,3 kilómetros, supone el 4% de lo contratado y equivale a unos 350.000 euros.
Según fuentes de Fomento, la Demarcación de Carreteras de Ourense, encargada de comprobar que los trabajos contratados son efectivamente realizados, justificó que ese asfalto pagado para la A-52 pero que no se aplicó allí fue empleado en otras zonas que requerían más cuidado.
Tras esta extravagante explicación que supone admitir un cambio en las condiciones del contrato, Fomento decidió prohibir expresamente a sus demarcaciones provinciales ese tipo de modificados de obra. La adjudicataria, Gévora Construcciones, es una del medio centenar de firmas que la Comisión Nacional de la Competencia sancionó en 2011 por repartirse ilegalmente contratos públicos. La multa a Gévora fue la segunda más alta de aquel proceso, con 3,1 millones de euros, solo por detrás de Ocasa (5,5 millones) y seguida por Misturas (1,6 millones), Extraco (1 millón) y Betunes y Firmes (100.000 euros). Todas son constructoras habituales en la contratación de obras por parte de la Demarcación de Ourense.
Comisiones Obreras aseguró ayer que el rosario de anomalías en la Demarcación de Ourense motivó ya dos denuncias ante la fiscalía Anticorrupción y pidió el cese del jefe del departamento, Adolfo Güell. Además detalló nuevos indicios de irregularidades en el departamento. Fomento continúa con la investigación y su jefe de Demarcación evitó ayer responder a este diario.
* El País - JOSÉ PRECEDO / DAVID REINERO - 15.3.12
Foto: Tramo de la A-52 cuyo asfaltado no concluyó la empresa adjudicataria. / NACHO GÓMEZ
“El modelo de ciudad siempre responde a intereses de clase”
ENRIC LLOPIS* : No hay ciencia ni disciplina neutral. Más o menos oculta, asoma siempre la ideología y los intereses de clase. También en disciplinas que pudieran parecer eminentemente técnicas, como la arquitectura y el urbanismo. Desde su experiencia en el grupo de profesionales “Vetges tu i Mediterrània”, el arquitecto y crítico de arte, Amando Llopis, afirma que tras un modelo dado de ciudad “existen siempre las ambiciones de una clase social”. El grupo “Vetges tu i Mediterrània”, formado por seis arquitectos que trabajan colectivamente desde la década de los 70, ha extendido su práctica profesional a la investigación sobre la ciudad histórica, cuyo resultado aplican después en proyectos concretos de rehabilitación (caso de la plaza Redonda o el Mercado de Abastos de Valencia). Dentro de esta concepción integral, también colaboran en exposiciones sobre arte, arquitectura y otras materias relacionadas.
¿Hay política e ideología detrás del urbanismo y de un determinado modelo de ciudad?
Por supuesto, el urbanismo nunca es neutro. Responde a los criterios de la clase dirigente en un momento dado de la historia. En España, el ejemplo de ciudad moderna es Barcelona. El arquitecto Ildefons Cerdà ideó el ensanche barcelonés que sentó las bases del crecimiento de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. En ciudades como Madrid, Bilbao o Valencia se siguió el mismo patrón. Se derribaron las murallas y se construyó el ensanche fuera del casco histórico, lo que hasta ese momento constituía la ciudad.
¿A qué intereses de clase responde este paradigma urbanístico?
Es un proyecto eminentemente burgués. La burguesía -como clase social que ha hecho su revolución y ha salido victoriosa- impulsa este conjunto de obras. Entre otras razones, se trata de un proyecto de autodefensa como clase social. En ciudades muy densas, como Barcelona o Valencia, las epidemias (por ejemplo, la del cólera) eran terriblemente mortales. Una manera de resolver el problema consistía en construir los ensanches e irse a vivir fuera del casco antiguo. Pero la burguesía tiene la idea de volver. No hemos de olvidar tampoco que en el primer tercio del siglo XIX el urbanismo se convierte en un negocio, vinculado a la banca y a otros servicios que se prestan en las ciudades. Pero siempre se ha considerado París como el gran paradigma.
¿En qué sentido?
Haussman fue el personaje decisivo. El gran arquitecto del ensanche parisino. Su plan consistió en atravesar el núcleo histórico de París con vías rápidas de circulación para los vehículos y, sobre todo, para el control social y el mantenimiento del orden público desde un punto de vista burgués. En España esto se puede entender de manera muy gráfica en los 70, cuando las universidades todavía se emplazaban en la parte vieja de las ciudades y, ante las protestas del movimiento estudiantil, la policía se volvía loca para ejercer la represión en las callejuelas. Por esto, y por su propio crecimiento, las universidades se fueron sacando de los núcleos históricos.
¿Podríamos considerar, por tanto, la ciudad como un espacio de conflicto, de lucha de clases?
Así es. La burguesía siempre ha intentado vivir en el centro de las ciudades, donde se hallan los núcleos de poder (por ejemplo, la catedral y los bancos). Y para ello ha de sacar de los centros urbanos a las clases populares, que desempeñan allí sus oficios. En el caso español se controla y “domestica” históricamente a los trabajadores mediante varios mecanismos. De entrada, imponiendo el modelo de familia tradicional, lo que supone una primera fijación. Además, generalizando el modelo de casa en propiedad para las familias. Las cajas de ahorro han actuado tradicionalmente en esa dirección. A finales del XIX y principios del XX, se promulgan leyes de casas baratas para construir viviendas de baja densidad para gente con pocos recursos y profesionales liberales. El objetivo es que la gente se asiente en el territorio y así disminuya la posibilidad de conflicto social.
Actualmente, ¿en qué términos se presenta la cuestión urbanística?
Existen muchas discusiones entre los urbanistas. El modelo denso, compacto o de ciudad tradicional permite compartir recursos de un modo mucho más racional. El ejemplo contrario es el modelo de ciudad diseminada o dispersa, característico del mundo anglosajón. Uno de los ejemplos de buenas prácticas urbanísticas es Bilbao, ciudad densa con un casco viejo pequeño que se ha rehabilitado y se halla completamente habitado. Pero me gustaría insistir en la idea de equilibrio. Priorizar la ciudad compacta no significa, en absoluto, abandonar el resto del territorio. Porque la ciudad necesita también del campo y de sus actividades.
¿Qué urbanismo se ha desarrollado en el estado español durante la última década?
Requiere una reflexión muy de fondo. Todas las ciudades necesitan un Plan General, que regule y ordene los usos del suelo en un municipio. Pero en muchas ciudades se han implementado planes urbanísticos que, en la práctica, eran autónomos de los documentos de planeamiento. Se perdía en consecuencia la idea de conjunto. Por lo demás, el urbanismo en el estado español durante la última década se ha dirigido a la especulación y al lucro cortoplacista. Por eso el precio de los solares y las viviendas crecieron de manera tremenda e irracional.
¿Qué alternativas cabe plantear ante los impactos de la burbuja inmobiliaria?
Se trata de partir, pues no hay otro remedio, de las barbaridades que se han cometido en épocas anteriores. Consolidar lo que no tenga marcha atrás y, siempre que se pueda, reparar las fracturas pensando en los ciudadanos. Algunos ejemplos concretos: se debe actuar para que no existan solares vacíos y para que desaparezca el tráfico de automóviles en el centro de las ciudades. Aumentar los equipamientos en los barrios y luchar contra las privatizaciones de escuelas y centros de salud. Más zonas verdes, mejora de los accesos…Hay mucho trabajo pendiente para los urbanistas. Pero lo resumo: apostar por la rehabilitación y utilizar la piqueta y el ladrillo lo estrictamente necesario. Todo ello, en el marco de la economía de subsistencia en el que vivimos.
¿En qué ciudades pueden encontrarse estas alternativas?
Berlín es, desde la década de los 90, uno de los grandes referentes. Han sabido rehabilitar edificios, en muchos casos antiguas industrias, a los que se han dado todo tipo de usos. Por ejemplo, hay polígonos industriales reconvertidos en jardines. Las ciudades francesas también tienen una gran tradición en materia de paisajismo urbano. Hacen y rehacen continuamente jardines. En Cataluña, y es casi una excepción en el estado español, se le presta mucha atención a los parques públicos urbanos. Vitoria y Girona constituyen también dos buenos ejemplos en ese sentido. Ahora bien, el gran referente es el Central Park, que actúa como pulmón verde de Nueva York.
La vida en los barrios. ¿Ha aumentado con la crisis la polaridad entre las diferentes zonas de la ciudad?
En efecto. Sobre todo, porque en los tiempos de la burbuja inmobiliaria hubo gente que vivía en los barrios populares (en muchos casos procedía de la inmigración nacional de los 70), mejoró de estatus y se compró una vivienda nueva en zonas algo mejores. Las casas que abandonaron las adquirieron personas inmigrantes que llegaron a España a trabajar durante el “boom” de la construcción. En los ensanches se repitió el proceso: hubo gente de la clase media y alta que se trasladó a las nuevas zonas residenciales. Otros estratos sociales ocuparon las viviendas que dejaban. Son procesos que, al fin y al cabo, generaban diferencias entre los barrios. Ahora bien, cuando estalla la crisis se rompe esta dinámica, se ponen masivamente viviendas a la venta y caen espectacularmente los precios.
¿Piensas que se difundió en los últimos años un urbanismo “a la americana”?
Ocurrió así con la proliferación de recintos vallados y autovigilados, concebidos para gente a la que se considera con miedo de salir a la calle. Y piensa que en Europa la calle es algo así como la extensión de tu casa. Se trata de construcciones que se desarrollan en las ciudades a imitación de las que se extendieron durante el “boom” de la costa. Opino que es un modelo aberrante, que se da sobre todo en las ciudades americanas y en el que el individuo vive a caballo entre su casa y el coche. Por el contrario, la ciudad en Europa es tradicionalmente un espacio de intercambio y de contacto con el otro.
¿Qué opinas del “urbanismo-espectáculo” y de las grandes figuras de la arquitectura?
La necesidad de reinventar las ciudades para el turismo ha permitido que afloren grupos elitistas de arquitectos que construyen de manera alocada, pensando sobre todo en la proyección externa. China constituye el gran ejemplo en ese sentido. Al final, se trata sobre todo de una cuestión de mercadotecnia. Pero también considero que hay que matizar. Arquitectos como Foster o Renzo trabajan introduciendo elementos como la sostenibilidad. Otros, como Calatrava, además de no ser buenos urbanistas, desarrollan construcciones con muchas deficiencias. Y, finalmente, el arquitecto es siempre responsable de sus obras.
En el otro extremo, asoma la realidad trágica de los desahucios y la dificultad para acceder a una vivienda. ¿Qué medidas se deberían arbitrar?
Desde el punto de vista político, resulta inadmisible y muy injusto el hecho de que existan muchísimas viviendas vacías en las ciudades. Y por supuesto, hay alternativas. Los ayuntamientos cuentan con registros municipales de solares; podrían obligar, a partir de estos censos, a que se dé uso a los solares vacíos y, si los propietarios no hacen caso, promover los mismos consistorios la construcción de vivienda social. Las administraciones públicas también deberían obligar a que se pongan en circulación las viviendas vacías. En pocas palabras, la vivienda social se ha de considerar una prioridad. La constitución española ya dice que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Nunca deberían permitirse los desahucios.
Por último, ¿hacia dónde caminar?, en el marco de una economía que denominas “de subsistencia”
Opino que las ciudades han de apropiarse de espacios con poco uso. Pienso, por ejemplo, en el desarrollo de huertos urbanos, una realidad que está presente en ciudades de Alemania, Holanda y Francia. También hay iniciativas en Andalucía y cada vez más en Valencia, en las zonas de tierra fértil. Otra opción es la vuelta a los pueblos, con proyectos serios de recuperación que puedan constituir una salida para la gente joven en medio de la crisis. Pienso además en la recuperación de fábricas abandonadas y en dar uso a solares que actualmente no lo tienen. Básicamente, iniciativas de rehabilitación, como decías, en el contexto de una economía de subsistencia.
* Rebelión - Opinión - 9.3.13
Foto: Barcelona, vista ciudad - el pais
Santa Cruz.- Urbanismo se enfrenta a otra indemnización millonaria
CANARIASAHORA/Tenerife* : La Gerencia otorgó una autorización que permitió la construcción de un geriátrico que podría ocupar el doble de lo que contemplan las normas.
El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt ha trasladado al representante de la asociación de vecinos Ifara-La Ninfa, Mariano Reymundo su preocupación por las consecuencias que puede acarrear la concesión de una licencia que según los primeros informes resultó errónea y permitió la construcción de un geriátrico. El concejal ha señalado que por lo que conoce del expediente este asunto puede implicar el desembolso de una indemnización millonaria a los promotores por parte de Urbanismo. Los tribunales obligaron a la Gerencia a llevar a cabo la revisión de oficio de esta autorización y ya los técnicos han indicado que efectivamente han encontrado “indicios” de que se permitió construir el doble de lo que establecen las normas urbanísticas para este ámbito.
Según Reymundo tras diversas reuniones con representantes de la Gerencia estos le han comunicado que han detectado “anomalías” en el procedimiento seguido.
El representante vecinal acaba de presentar un escrito ante el Juzgado para que el organismo autónomo lleve a cabo la ejecución forzosa de la sentencia emitida hace un año que obligaba a volver a estudiar esta licencia dictada en el mes de abril del año 2003 por la que se permitió la construcción de un edificio de tres plantas y sótano. Igualmente exigía que ésta fuera anulada al considerar que existía base legal para concluir con que el edificio no se adapta a las normas urbanísticas del entorno.
Reymundo recuerda que el fallo es firme desde finales de 2010 pero que aún no se le ha dado cumplimiento pese a que entonces se dio un plazo de diez días. Por ello, esta asociación vecinal ha decidido interponer otro recurso contencioso administrativo en contra de la Gerencia de Urbanismo. En cualquier caso el colectivo pide al Juzgado que se proceda a la imposición de multas coercitivas periódicas de hasta mil quinientos euros y hasta la completa ejecución del fallo judicial, “por la mala fe manifestada, y con apercibimiento de la posible responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir“.
Por su parte, la representación de Residencias Atlántida, propietaria del Geriátrico, defendió que Urbanismo se debe inadmitir la solicitud planteada por la asociación de vecinos y también se opone a que se recabe dictamen del Consejo Consultivo “por que no existe ninguna causa de nulidad”. La empresa considera que la solicitud carece “manifiestamente de fundamento ya que se refiere a dos licencias urbanísticas que deben considerarse extinguidas por sustitución”. Además, apuntan que el propio Ayuntamiento ya se ha pronunciado acerca de la conformidad de derecho”, sobre esta cuestión.
No es ni mucho menos la primera irregularidad que se localiza en Ifara donde son varios los edificios sobre los que en algunos casos ya pesan sentencias firmes de demolición. En el conocido como La Ninfa la no ejecución de una sentencia de derribo ha dado lugar a la imputación de los antiguos concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, al ex gerente, José Tomás Martín y al ex secretario, Víctor Reyes. Por motivos parecidos ya se ha procedido al derribo de una vivienda unifamiliar y de un edificio en Residencial Anaga y existen otras cinco sentencias firmes que podrían acabar de idéntica manera.
En todos estos casos los juzgados han considerado que el responsable de los incumplimientos no son los promotores sino la propia Gerencia de Urbanismo a la que los dueños podrán pedirles indemnizaciones que hasta ahora han oscilado entre los 150.000 y los 300.000 euros. Entre las cinco edificaciones sobre las que pesa una orden de demolición total o parcial se encuentra la que es propiedad del diputado nacional y consejero insular del Partido Popular (PP), Manuel Luis Torres Herrera. Estas licencias fueron otorgadas hace años por otro cargo del PP, Pablo Matos cuando ejercía como concejal de Urbanismo y que actualmente también es diputado nacional y edil en la oposición del Ayuntamiento por esta formación política.
Resulta llamativo que Torres Herrera fuera viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando acabó de construir su casa a finales de la década de los años noventa.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 7.3.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, geriátrico Ifara - tercera-edad
Sobre la anulación del PGO de Gijón: negocio, democracia y vivienda
Y lo anterior no solo es una opinión, también es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias cuando decide anular el PGO porque no ha cumplido con los principios de publicidad y participación ciudadana lo que ha generado indefensión a los ciudadanos. Tampoco es una cuestión de “forma” con la que pretenden disculparse y escudarse la ex alcaldesa Fernández Felgueroso y el concejal Santiago Martínez, ni el silencio de los dos concejales de Urbanismo Jesús Morales y Pedro Sanjurjo (actual Presidente del Parlamento asturiano y cuñado de Santiago Martínez ), protagonistas y responsables de este ladrillazo. La sentencia es clara, ustedes han hecho su Plan a espaldas de los ciudadanos a los que han relegado reiteradamente.
Pero por si lo anterior no fuera suficiente, el jueves día siete, en un artículo de Miriam Suárez en LNE, dice "las grandes bolsas urbanizables del concejo están en manos de 21 empresas, algunas familias notables y los bancos". La inmediata pregunta es ¿para qué y para quién era el PGO anulado? O, dicho de otra manera, ¿quiénes eran los beneficiarios del Plan? En Gijón, como en tantos otros lugares, sobran pisos y faltan pisos; sobran pisos vacíos y hay mucha gente sin vivienda, cuando no desahuciados. Esto no es un defecto de forma, esto es simplemente el resultado de una estudiada planificación de Política Económica con unos criterios que han dado por resultado la actual debacle financiera pero, sobre todo y lo más importante, nos han conducido, junto con otras actuaciones similares, al desastre social en el que estamos, a lo que llaman crisis, de la que nadie sabe cómo ni cuándo vamos a salir.
Ni este Plan ni tampoco el anterior, del que el Tribunal Supremo confirmó la anulación con más de treinta sentencias, han sido redactados democráticamente. La movilización social de la pasada década en contra del Plan fue muy importante y numerosa sin que por parte del Ayuntamiento hubiera más respuesta que las descalificaciones (Abogados de caleya, quieren hacer caja, decía Montes Estrada). El Ayuntamiento, ex alcaldesa y concejales, se burlaron de las tres "Marchas Verdes" y de los tres mil escritos presentados en el Registro municipal con la escusa de que si eran o no "alegaciones" o "recursos" de modo que en vez de facilitar la participación ciudadana, el Ayuntamiento la obstaculizó de mil maneras.
El PGO no ha sido recurrido por ningún malvado enemigo de Gijón sino por organizaciones vecinales y por ciudadanos a secas. Decir ahora que la victoria ha sido pírrica, como afirma la exalcaldesa, es tratar y considerar y a los ciudadanos como si fueran masoquistas. El interés general tiene que comenzar por el respeto de los bienes y de los intereses particulares hasta donde se pueda, pero no vale actuar como si el fin justificara los medios.
Es más, nada de victoria pírrica, sino de tozudez antidemocrática por parte del Ayuntamiento porque no conformes con las treinta sentencias, volvieron a reescribir el mismo PGO, más o menos y a toda prisa, solo unos días antes de finalizar el mandato. Así las cosas, no sorprende que este segundo Plan, fotocopiado del anterior, haya sido anulado.
Esta es la primera sentencia, porque al TSJA aún le quedan por resolver unos setenta recursos más y es fácil sospechar que todavía se desvelará algún despropósito que todavía vaya mucho más allá de un defecto de "forma". Queda por ver ahora qué Recursos de casación admite el TS porque los incumplimientos del PGO ni siquiera podrían ser de su competencia, sino simplemente de leyes autonómicas en las que el TSJA tiene la máxima competencia.
* www.asturbulla.org
* Rebelión - Opinión - 9.3.13
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
.................................... Leer más...
Los seis motivos del tribunal europeo contra los desahucios "marca España"
DIAGONAL* : La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia marca una serie de criterios a los que podrán acogerse los jueces españoles para suspender de forma cautelar los desahucios.
La sentencia hace suyos los principios dictados por su abogada general, Juliane Kokott, en su dictamen de noviembre. El dictamen obedecía a una consulta elevada al TEJ por parte del juzgado de lo mercantil nº3 de Barcelona, encargado de resolver el litigio entre Mohamed Aziz y Catalunya Caixa (hoy Catalunya Banc y rescatada con 9.000 millones de euros de dinero público procedentes del rescate europeo). Aziz firmó en 2007 un préstamo hipotecario de 138.000 euros sobre su vivienda familiar. En junio de 2008 dejó de pagar las cuotas mensuales. Casi cinco años después, estos son los criterios a los que, por sentencia europea, podrán acogerse los jueces españoles en miles de procedimientos similares.
1. Los motivos por los que un deudor en España puede oponerse al proceso de ejecución de su hipoteca son "muy limitados"
En la práctica, alguien que haya suscrito una hipoteca para acceder a una vivienda y se haya visto inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria por impago sólo puede reclamar la suspensión de la ejecución en caso de que la entidad haya calculado mal las cantidades debidas.
2. Los jueces no pueden actuar
La Directiva sobre cláusulas abusivas 93/13/CEE de 5 de abril de 1993 se opone a los artículos 681 a 698 de la Ley española de Enjuiciamiento Civil. Esto es, la ley española no permite a un juez parar un desahucio aunque haya indicios de una cláusula fraudulenta.
3. Predominio del derecho comunitario sobre protección del consumidor
En principio, la Ley de cada Estado manda sobre la Ley europea en este caso. Pero la normativa española no debe ser más dura para el procedimiento de ejecución hipotecaria que para otras situaciones similares (principio de equivalencia) y no debe vulnerar el principio de efectividad del ordenamiento europeo: "no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores" la normativa europea.
4. Las indemnizaciones a las que puede optar un hipotecado a posteriori son insuficientes
La declaración de nulidad de posibles cláusulas abusivas sólo la puede declarar el juez cuando ya se ha producido la ejecución (se ha ordenado el desahucio). El TEJ considera esta declaración como meramente "indemnizatoria", "incompleta e insuficiente" dado que "ese mecanismo de protección de los consumidores limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda".
5. La existencia de un contrato firmado y la supuesta "buena fe" del prestamista no bastan para determinar que una cláusula no es abusiva
Si al negociar el contrato no se han negociado individualmente las cláusulas, los jueces podrán considerarlas abusivas "si causan un desequilibrio importante en detrimento del consumidor" en función de los derechos y obligaciones de las partes firmados en el contrato. En el litigio que dio origen a la consulta, el banco impuso al deudor unos intereses del 18% sobre el préstamo inicial debido al impago (intereses de demora).
6. El banco puede iniciar el proceso con un sólo impago y esto es desproporcionado
El banco puede iniciar el proceso con un sólo mes de impago. Para el TEJ, los jueces tendrán que estimar a partir de ahora si ese incumplimiento del contrato es "suficientemente grave con respecto a la cuantía y a la duración del préstamo"
* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA Y CARMELA NEGRETE - 14.3.13
Foto: Hipotecas, protesta PAH - efe
Murcia, paradigma de la corrupción: 45 municipios y 40 causas abiertas
ELCONFIDENCIAL* : El sobreseimiento de una causa contra un alcalde del Partido Popular ha provocado la polémica sobre esos procedimientos en Murcia, que tiene actualmente 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios. En esa llamativa proporción no están todos los que son, puesto que hay algunos ayuntamientos que no tienen ninguna, pero sí son todos los que están, algunos varias veces.
Fuentes jurídicas consultadas mostraron su sorpresa por el cómputo, puesto que solamente hay constancia de 40 casos abiertos en los últimos años contra representantes de partidos políticos o empleados públicos por presunta corrupción en los 45 municipios de la Región. La oficina de prensa del PP no facilitó la lista de los 64 casos desestimados que le fue solicitada por este diario.
De los 40 asuntos comprobados de presunta corrupción abiertos en la Región de Murcia, 28 afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular en distintos municipios. Destaca entre ellos el llamado caso Umbra, en el que están imputados el actual alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, los dos anteriores concejales de Urbanismo, Pilar Megía y Fernando Berberena, y empresarios, funcionarios y abogados, por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y trato de favor a las empresas promotoras de millones de metros cuadrados en el norte del municipio capitalino.
Los municipios gobernados por el PP de Águilas, Puerto Lumbreras, Fortuna, Totana, Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Blanca, Fortuna, Totana, Alcantarilla, Alguazas, Caravaca de la Cruz y Murcia tienen o han tenido uno o varios casos judiciales por presunta corrupción en los últimos años.
En ellos, el tamaño no es lo importante, como prueba el pequeño municipio de Puerto Lumbreras, limítrofe con Almería, que tiene tres causas abiertas. En dos de ellas -por prevaricación urbanística y por prevaricación administrativa- está inmerso el acalde, Pedro Antonio Sánchez. Pero el gran municipio de la capital murciana -450.000 habitantes, séptima ciudad española- no le va a la zaga, pues además del Umbra tiene abiertos otros tres casos.
Uno de estos últimos lo comparte con Alcantarilla, igualmente gobernada por el PP, por contaminación del río Segura, y ostenta el dudoso honor de ser el más antiguo aún en curso, ya que se inició por una denuncia de Izquierda Unida en 1999.
Del lado socialista, con un total de siete procedimientos, llama la atención el caso Limusa en Lorca, uno de los pocos que ha sido cerrado con la condena de dos exconcejales del PSOE -Bartolomé Soler y Jesús Molina- y el exgerente de la empresa municipal de limpieza.
También tiene el PSOE su pequeña heroína gracias a Resurrección García, que gobernó Lorquí entre 1995 y 2007, y se sentará próximamente en el banquillo por rebajar a capricho 27 sanciones urbanísticas, cosa presuntamente constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Entre los procedimientos acabados, el Partido Popular se lleva la palma por las condenas obtenidas en Totana por el exalcalde Juan Morales -actualmente en la cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad, entre otras causas-, y en Fortuna por el exalcalde Matías Carrillo -inhabilitado por el Tribunal Supremo por delito electoral consistente en la compra de votos y prevaricación-. El sucesor de Morales, el también popular José Martínez Andreo, tiene una petición fiscal de tres años y cuatro meses por coacciones y obstrucción a la justicia por tomar represalias contra el denunciante de los hechos que llevaron a la cárcel al anterior alcalde.
Los dos partidos mayoritarios se reparten los casos -PP, 28; PSOE, 7- en una proporción casi idéntica a la de municipios en que gobiernan de los 45 que tiene la Región de Murcia. Pero en semejante maremágnum de presuntos delitos investigados por los fiscales, no pueden faltar los funcionarios de la Administración regional. Son los cinco que restan para totalizar los 40.
De ellos destaca la petición fiscal de imputación del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá -que tenía competencias de medio ambiente-, en el caso Novo Cartago, que se inició por la reclasificación como urbanizable de un espacio natural protegido.
Más avanzado está el asunto que afecta al actual director del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón, pendiente de juicio y con petición de ocho años de inhabilitación porque supuestamente prevaricó cuando era director general de Patrimonio al autorizar que se desmontara un yacimiento arqueológico árabe en pleno centro de Murcia. Las protestas ciudadanas consiguieron paralizar el desaguisado.
* El Confidencial - Vidal Coy - 14.3.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
El juez investiga la relación entre el mayor pelotazo de la ‘Gürtel’ y la recalificación del Calderón
INFOLIBRE/Madrid* : El magistrado que instruye la Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y las dos fiscales asignadas a la investigación, Concepción Sabadell y Miriam Segura, tienen sobre la mesa numerosa documentación procedente del Principado de Mónaco que siembra dudas sobre el origen del mayor pelotazo del caso, de 25 millones de euros.
Hasta el momento, el juez y las fiscales consideraban que tanto los primeros 12 millones, abonados en diciembre de 2004, como los 13 siguientes, pagados en 2006, y de los que se benefició el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, tenían como explicación única la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de unas parcelas a la empresa Martinsa. Pero si se comprueba, tal y como se manifiesta la documentación aportada por el banco británico Lloyds TBS, que el segundo pago de 13 millones realizado en junio de 2006 estaba relacionado con la operación Calderón-Mahou, la investigación sufrirá un importante cambio.
Según los cálculos del arquitecto que se encargó del diseño del plan parcial de Arganda del Rey para Martinsa, esa decisión municipal pudo haber supuesto para esta firma hasta 500 millones de euros de beneficio. El principal dueño de la promotora, Fernando Martín, niega que su negocio de Arganda haya tenido tales plusvalías, al mismo tiempo que reitera la legalidad de esta operación urbanística, recordando la existencia de varias sentencias que redundan en la limpieza de la misma.
Pero la documentación aportada por Mónaco, como por ejemplo los informes internos del banco británico Lloyds TBS, y por Panamá, país que certifica la apertura de Fernando Martín de una empresa en este país relacionada con Lloyds, muestra que la comisión de 13 millones podrían tener otra justificación: la inversión de Fernando Martín en la empresa RTM, que en 2006 se hizo con el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la operación Calderón-Mahou. La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam). Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística. Además, en enero de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en el ámbito Mahou-Vicente Calderón. El tribunal censuró la decisión de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital de aumentar la edificabilidad de las viviendas previstas en el terreno del Calderón y la fábrica Mahou: "Por no ser conforme a derecho permitir una edificabilidad general por encima de la prohibición legal de edificar una altura superior a tres plantas más ático".
La documentación aportada en octubre de 2011 por la Policía Judicial del Principado de Mónaco al anterior instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, incluye las notas del responsable de la cuenta de la empresa panameña Cedargrove Investments, SA, abierta en el banco británico Lloyds por el empresario Fernando Martín, principal accionista de la promotora Martinsa-Fadesa. Desde esta cuenta se abonan los 13 millones a Francisco Correa en junio de 2006. Estas notas indican el motivo de la apertura de la misma: "Para atender pagos no oficiales". Estos documentos evidencian, también, que Fernando Martín abrió esa cuenta en junio de 2005 a nombre de Cedargrove. Y para demostrar su propiedad aportan hasta fotocopias del DNI de Fernando Martín, así como los de sus familiares, como beneficiarios de la cuenta.
Inversión de "564 millones de euros"
Y estas notas del banco, incluidas en el sumario, ponen de manifiesto que el 19 de junio de 2006 el encargado de la cuenta bancaria, Malcolm Klein, mantiene una reunión con los imputados en la Gürtel: Fernando Martín y Amando Mayo. Este último como intermediario. En la entrevista se habla de dinero: "La cantidad total que ha de transferirse será de 13 millones de euros y representará el 2% de la inversión total que están realizando en España"; pero también del destino del mismo: "Se trata de las inversiones relacionadas con la compra de acciones en una empresa de inversión llamada RTM, propietaria del terreno en el que se encuentra el campo donde entrenan (sic) los jugadores del equipo de fútbol Atlético de Madrid, la propiedad adyacente donde se encuentra la fábrica de cerveza Mahou y tres grandes extensiones de tierra en la ciudad de Málaga". En el informe del empleado dek banco se explica que la inversión total será aproximadamente de 564 millones de euros. Y que la idea de Fernando Martín era urbanizar el terreno comprado, de 751.000 metros cuadrados urbanizables. "Adelantan que multiplicarán por cuatro sus inversiones y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro años. La inversión total del cliente representará alrededor de un tercio del importe total". Además, numerosa documentación aportada por Mónaco incluye en los justificantes de las transferencias bancarias la referencia: RTM S. L.
Con toda esta información, el magistrado Ruz, a petición de las fiscales y de la Agencia Tributaria, ha solicitado varias diligencias relacionadas con la empresa RTM. En concreto, la fiscalía ha reiterado la ampliación de la comisión rogatoria de Mónaco con la intención de que se recabe la documentación aportada a la entidad Lloyds Bank como justificación de la transferencia de un millón de euros efectuada desde la cuenta de la sociedad Arthington Investments en junio de 2006 a favor de la cuenta Cedargrove Investments. "Por cuanto de la documentación remitida con anterioridad por las autoridades monegascas resulta que en la reunión mantenida el 19 de junio de 2006 el cliente se habría comprometido a aportar copia de la escritura o documento de la inversión inmobiliaria a la que estarían destinados los fondos". La Fiscalía quiere salir de dudas sobre si los 13 millones se pagaron por RTM o por Arganda del Rey.
Además, la aparición de un supuesto contrato entre Amando Mayo y Fernando Martín sobre la salida del primero de RTM a cambio de 700.000 euros, ha obligado al juez a modificar hasta en dos ocasiones un auto. El 30 de enero Ruz rectifica un auto del 15 de octubre pasado en el que inicialmente se refería de forma concreta a un acuerdo de Arganda. Ahora, con el cambio, aparece el texto siguiente: "En el que se indica que División Inmobiliaria del Club Atlético de Madrid S.L. (Dicam) es propietaria del Estadio Vicente Calderón y de los terrenos sobre el que el mismo se asienta, sobre los que pretende realizar una reordenación urbanística para su posterior desarrollo inmobiliario] de fecha 27-10-2010 por importe de 744.743,53 euros".
Por el contrario, un informe de la Agencia Tributaria del 27 de agosto de 2012 pone en duda que los 13 millones de euros se deban a la inversión de Fernando Martín en RTM. La Agencia Tributaria recurre también a las notas del banco sobre la reunión con Fernando Martín llevado a cabo el 19 de junio de 2006: "Por tanto, en esta reunión se trata de justificar la transferencia de los 13 millones como una inversión en RTM, cuando lo cierto es que Martinsa efectivamente participa en esta sociedad en un tercio, pero desde su constitución en 2004". Hacienda destaca también que Amando Mayo aportó en 2005 alrededor de 700.000 euros a la sociedad Martinsa-Fadesa para participar en la compra de acciones de la compañía mercantil RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales S.A. "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del estadio Vicente Calderón". Y hasta la fecha, el magistrado Pablo Ruz ha rechazado los intentos de la Asociación Señales de Humo de personarse en el caso Gürtel. Esta asociación, compuesta por aficionados del Atlético de Madrid contrarios a la gestión de la familia Gil al frente del club madrileño, fueron los artífices de varios recursos judiciales, como por ejemplo el que ha paralizado la operación Calderón-Mahou.
infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, que no ha querido responder a las preguntas relativas al caso. Sin embargo, emitió un comunicado en el que reconoce que abrió cuentas en Mónaco. Aunque sostiene que los dos pagos, de 12 y 13 millones, no tenían como destino España: "Las transferencias bancarias a las que se hace alusión en algunas informaciones guardan relación única y exclusivamente con unas antiguas inversiones personales realizadas por Fernando Martín en el extranjero, y no con ninguna operación inmobiliaria en España".
* InfoLiBRE - TONO CALLEJA - 13.3.13
Foto: Madrid, estadio Calderon - turismomadrid.es
Valencia.- El Supremo tumba las tesis del TSJ y anula tres PAI sin informe de agua de la confederación
,+Benicasim+Golf+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE* : La Generalitat originó la polémica al cambiar dos leyes para sortear a la CHJ y defender que "no eran preceptivos ni vinculantes".
Una década después de las primeras olas del "tsunami" urbanístico que extendió la fiebre de los PAI por toda la Comunitat Valenciana, el Tribunal Supremo se ha posicionado sobre una de las polémicas que encendieron el debate sobre el "bum" del ladrillo: la disponibilidad de agua de los planes urbanísticos y qué administración es competente para dictaminarla. El Supremo ha dictado en los últimos nueve meses tres sentencias que anulan tres planes urbanísticos en Carcaixent, Lloc Nou de Sant Jeroni y Benicàssim, que se aprobaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre disponibilidad de agua de estos nuevos desarrollos urbanos. El alto tribunal tumba así las tesis defendidas por la Generalitat y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un reguero de sentencias que, si aún pueden ser recurridas en casación, podrían ser anuladas al toparse de frente con la doctrina jurisprudencial que ha sentado el Supremo en los últimos meses.
Este encendido debate que hizo correr ríos de tinta se centraba, de forma muy resumida, en si los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) eran "preceptivos y vinculantes", como defendía el organismo de cuenca, o podían ser sustituidos al aprobar los nuevos planes urbanísticos por "el informe de una entidad colaboradora autorizada para el suministro de agua". La Generalitat incluso pretendía que el silencio administrativo de la CHJ se entendiera como "positivo" hacia los PAI en tramitación. Esta estratagema de escape al veto de las confederaciones (gobernadas por el PSOE desde 2004 hasta 2011) incluso se plasmó en la legislación urbanística valenciana, durante la etapa de Rafael Blasco al frente de la Conselleria de Territorio. Tanto la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Lotpp) de 2004 y la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de 2005 preveían que las nuevas actuaciones urbanísticas "que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirán la previa obtención del informe del organismo de cuenca competente o de la entidad colaboradora autorizada para el suministro". En la práctica, la mayoría de planes (y los más polémicos) optaron por recurrir a la entidad gestora de agua para evitar el informe negativo de la confederación. Ante esta situación, las diferencias de criterio entre administraciones pasaron a dirimirse en los tribunales, que llegaron al TSJ a partir de 2007, lo que obligó al tribunal a posicionarse. La pauta la marcó el presidente de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, quien en un auto del 15 de enero de 2007 determinó que los informes de la confederación eran "preceptivos pero no vinculantes" , admitiía el "silencio administrativo positivo" si la confederación no informaba sobre las demandas de agua en plazo e, incluso, aceptaba que otras entidades ajenas a la confederación emitieran informes sobre la suficiencia de los recursos hídricos. Este posicionamiento inspiró las resoluciones judiciales del TSJ durante cuatro años. El primer disentimiento público de la "doctrina Narbón" se produjo el 8 de julio de 2010, con el voto particular del magistrado Carlos Altarriba Cano quien defendió que "la disponibilidad del recurso hídrico" debe "acomodarse a las concesiones que se obtengan". El TSJ abandonó definitivamente el criterio defendido por Narbón a partir de una sentencia de octubre de 2011 en la que admite que los informes de la confederación son "determinantes y materialmente vinculantes".
Un giro que el Tribunal Supremo avala definitivamente a partir de la sentencia del 24 de abril de 2012 que anula un PAI en Carcaixent por carecer del informe de la confederación. En esta sentencia el alto tribunal dicta que "el informe de la confederación hidrográfica es preceptivo y vinculante". Y, en el debate entre las competencias del Gobierno y la autonomía, sobre quién era competente para emitir el informes de disponibilidad de agua, el Supremo afirma que "la competencia autonómica en materia de urbanismo y ordenación del territorio no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado".
Por último, el alto tribunal propina un duro varapalo al artículo de la Lotpp que autoriza la intervención de empresas suministradoras de agua en los informes sobre disponibilidad de agua, ya que considera que si la intención del legislador autonómico fuese aceptarlos sin más condicionantes "sería una regulación claramente inconstitucional".
* Levante - LAURA BALLESTER - 12.3.13
Foto: Benicasim (Castellón), Benicasim Golf - levante-emv.com
