ELPAÍS* : Centros proyectados en época de bonanza languidecen a medio construir o cerrados.
Solo hay que subir a una pequeña loma a las afueras del nuevo barrio residencial de Santa María de Benquerencia, a cinco minutos del centro de Toledo, para asombrarse ante las proporciones del que iba a ser “el mayor hospital de Europa”. Dependiendo de la perspectiva, el conjunto, de 360.000 metros cuadrados repartidos en 10 edificios, empequeñece hasta la magnificencia del Alcázar que corona el casco histórico. “Le puedo decir exactamente cuánto tiempo llevan las obras paradas, 13 meses, los mismos que lleva mi hija en el paro”, se lamenta Luis Gómez, de 64 años, junto a la valla metálica que protege la gigantesca carcasa de cemento que es ahora el hospital. La hija de Gómez, administrativa de 27 años, fue una del medio millar de trabajadores que se quedó en la calle después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha decidiera paralizar las obras y rescindir los contratos a las constructoras a finales de 2011. María Dolores de Cospedal, recién llegada a la presidencia, anunciaba a la prensa que “no hay dinero” para sacar adelante el proyecto tal y como estaba concebido. Para entonces ya se habían gastado 140 millones y se había ejecutado el 30% de la obra, iniciada cinco años antes.
El megahospital de Toledo destaca por sus cifras abrumadoras —36 quirófanos, 800 habitaciones, 200 salas de consulta...—, pero lo cierto es que muchos municipios lucen solares o esqueletos de hormigón sin obreros donde se prometieron flamantes hospitales. También hay edificios terminados que no se inauguran porque ponerlos en marcha asfixiaría aún más las maltrechas arcas regionales. El problema es que ni así salen baratos: el hospital de Collado Villalba, en Madrid, cuesta 900.000 euros por cada mes que permanece cerrado. Pese a que no funciona, el Gobierno regional está obligado a pagar el canon a Capio, la empresa que lo ha construido y lo gestionará durante 30 años.
Las promesas electorales de nuevos hospitales en regiones de toda España se convirtieron en una constante en el periodo que Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud, llama “la década prodigiosa de crecimiento económico reciente”, hasta el año 2008. Una época, añade, en la que “podemos identificar arquetipos de mal gobierno a la hora de abordar inversiones poco meditadas y temerarias, localismo en el desarrollo de centros y carteras de servicio y abandono de referentes técnicos en la planificación de oferta”. Llegó la crisis, y la burbuja hospitalaria, como las demás, también pinchó. Aquellas promesas son las losas que ahora asfixian muchos presupuestos regionales. Los mismos que no dejan de recortarse en sanidad, la partida hasta hace muy poco intocable, que ha perdido 6.700 millones desde 2010. Menos personal, más listas de espera, cierre de urgencias rurales, material de peor calidad...
Muchos expertos se preguntan si eran necesarios todos los hospitales que se proyectaron en esa época. El servicio de salud valenciano sigue funcionando —bien, según sus responsables— pese a que los hospitales de Llíria y Gandia están acabados pero precintados y los de Torrent, Vall d’Uixó, Peñíscola, Ontinyent y Benidorm no pasaron de su condición de proyectos.
“Sin duda, los intereses cortoplacistas —electorales— han jugado un papel muy importante”, señala Oliva, que no circunscribe su reflexión a Valencia, sino a toda España. “Sobre hasta qué punto muchas de estas inversiones estaban o no justificadas, es muy difícil saberlo sin disponer de la información adecuada. Y, por desgracia, en el último periodo económico expansivo, la propaganda tomó la delantera a la información, especialmente cerca de elecciones, en lo que respecta a la actividad de muchos ministerios y consejerías”, añade.
Ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre irrumpió en la campaña de 2003 con una osada promesa: construir nada menos que siete hospitales en una legislatura. Uno de ellos era en realidad el traslado del Puerta de Hierro, situado en un edificio obsoleto a las afueras de la capital, a un nuevo emplazamiento en Majadahonda. Los otros seis eran completamente nuevos, es decir, iban a atender a población que hasta entonces se desplazaba a otros barrios o municipios para ir al especialista. Los contratos de concesión de obra pública —modelo inglés: las empresas construyen y proveen los servicios no sanitarios y la construcción no computa como deuda para el déficit— se adjudicaron en 2005. No estuvieron listos para la siguiente campaña electoral, pero Aguirre, en un insólito maratón inaugurador, consiguió abrirlos todos con apenas un mes de diferencia en 2008. Justo a tiempo para esquivar la crisis.
¿Eran necesarios? ¿Se diseñaron de acuerdo a algún plan? Si lo hubo, no llegó a la opinión pública. Solo cinco años después de inaugurarlos, Madrid acaba de presentar un plan de ahorro que incluye la privatización total de la gestión de esos seis hospitales y que viene a asumir que sobran dos centros de la capital, el Carlos III y La Princesa. El primero se quiere transformar en un centro de media y larga estancia. El segundo iba a ser, hasta que las protestas de la marea blanca hicieron recular al Gobierno regional, un centro especializado en mayores de 75 años. Es decir, hacen falta recursos sanitarios para una población envejecida.
“En el caso de Madrid, lo que está claro es que no hubo una planificación seria”, afirma Félix Lobo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III. “No hay un solo documento en el que se sustente una operación de tantos hospitales a la vez. He pedido el plan de infraestructuras sanitarias a la Consejería y no he conseguido nada. Un alto cargo me ha reconocido que no existe. No puedo saber si eran necesarios o no, nadie puede saberlo. Y solo eso ya es gravísimo. ¿Dónde está la planificación sanitaria?”, se pregunta. “Podría muy bien ocurrir que alguno no fuera necesario. De hecho, parece que ya se está notando un exceso de capacidad, con hospitales tradicionales con plantas vacías y menos actividad”, añade.
Aguirre consiguió sacar adelante el primer paquete de hospitales. En su segunda campaña electoral prometió cuatro más, estos de gestión enteramente privada. Móstoles y Torrejón de Ardoz ya están en funcionamiento. El de Carabanchel se desestimó y fue sustituido por un acuerdo para que el hospital militar Gómez Ulla atendiera a los vecinos de la zona. El cuarto, el de Collado Villalba, es el perfecto ejemplo del pinchazo de la burbuja. Aguirre llegó a declarar la obra de “interés general” para acelerar los trámites urbanísticos. Ahora, ya construido, se mantiene cerrado al menos hasta diciembre.
Capio, la adjudicataria de este último centro, asegura que se halla cerrado por razones ajenas a ella. Los 900.000 euros mensuales que recibe del gobierno madrileño los obtiene como compensación por mantener “el hospital y sus equipamientos en perfectas condiciones en previsión de una próxima apertura”. El dinero que percibe, asegura la compañía, “representa un esfuerzo económico” para ella “ya que está por debajo de la cifra de explotación del centro si estuviera abierto”, lo que representa “el mayor interés de la empresa”.
“El crecimiento de hospitales no es homogéneo por comunidades”, afirma Salvador Peiró, del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP), un organismo que depende de la Generalitat valenciana. “Se concentra en Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía, aunque en esta última son los llamados hospitales de alta resolución, que prácticamente no tienen camas”. En su opinión, el incremento del gasto sanitario fue “extremadamente clientelar”, en ocasiones se asoció a estrategias urbanísticas —“generar un área de desarrollo urbanístico explica algunas decisiones de por qué se han hecho y dónde se han colocado los hospitales nuevos”— y llevó al “despilfarro”.
Hay ejemplos de hospitales con las obras paradas o acabados y sin abrir en muchas regiones. El nuevo centro hospitalario de Vigo, el área sanitaria más saturada de Galicia, está paralizado desde el verano. La estructura principal ya está construida, pero la Xunta lleva meses buscando financiación. El nuevo hospital de Cáceres se anunció por primera vez en 2002, se licitó en 2006 y aún está a medio construir y con las obras paradas desde abril. El Gobierno actual, del PP, “ante la falta de ingresos, y con la losa del déficit heredado” ha apostado por la colaboración público-privada como “la única fórmula posible en el actual escenario”, señala una portavoz. El hospital de Salamanca lleva en barbecho desde mediados de 2011, pero según la Junta de Castilla y León no se debe a problemas de financiación sino a la necesidad de desviar un colector en la parcela. Lo cierto es que estaba previsto inaugurarlo en 2014 y ya se ha retrasado hasta 2017.
Castilla-La Mancha se ha propuesto sacar adelante en esta legislatura el hospital de Toledo, pero no lo hará siguiendo el “desproporcionado” plan funcional del anterior Gobierno (del PSOE), explica una portavoz. No ofrece detalles sobre cómo será el nuevo proyecto, pero una versión del plan encargado por Cospedal a la consultora Mensor habla de acabar solo por fuera algunos edificios y dejar sin ocupar sectores que suman más de 400 camas. La portavoz señala que la última versión puede ser diferente y que la empresa no cobrará los más de 60.000 euros que ha costado el plan funcional (adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad) hasta que entregue el definitivo. La oposición socialista denuncia que el centro tenía la financiación comprometida y que Cospedal paralizó la obra por razones políticas.
El hospital de Toledo sigue adelante, anuncia repetidamente el consejero de Sanidad castellanomanchego, José Ignacio Echániz, pero otros dos centros con obras en punto muerto, en Guadalajara y Cuenca, tendrán que esperar. “El nuevo Gobierno se encontró con la crisis y con deudas y estos dos proyectos no se reanudarán hasta conseguir financiación”, señala la portavoz. Andalucía, que no puede recurrir a la herencia recibida, también tiene proyectos paralizados. La consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE), confirmó hace unas semanas que los edificios previstos pero cuyas obras no hayan comenzado quedan aplazados hasta que mejore la situación presupuestaria. Los proyectos de hospitales en Cádiz, Málaga o la ciudad sanitaria de Jaén quedan así en suspenso. Otros, como el Clínico de Granada, están prácticamente terminados pero falta dinero para equiparlos. En Euskadi, el proyecto del hospital de Eibar, con las obras adjudicadas, no se iniciará en 2013 por falta de presupuesto.
A José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, no le gusta hablar de burbuja hospitalaria porque “no se produce una de las características especulativas de las burbujas: comprar para vender”. Él define la situación de otra manera: “Aquí se da esencialmente una alianza entre constructoras, políticos regionales y políticos locales, con el silencio más o menos cómplice de los demás agentes, que no se atreven a levantar la voz. ¿Quién puede decir que no hace falta un hospital en un sitio concreto, y no correr el riesgo de ser corrido a gorrazos por los vecinos y comerciantes interesados?”.
* El País - ELENA G. SEVILLANO - 5.3.13
Foto: Toledo, nuevo hospital paralizado - aerofoto
El pinchazo de la burbuja hospitalaria
Segovia.- Se debe regularizar la situación urbanística de El Llano Amarillo
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* se ha dirigido al Presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia para solicitar que, siguiendo las indicaciones contenidas en la Ley de Montes de Castilla y León, clasifique al paraje conocido como El Llano Amarillo bajo la figura de “Suelo Rústico con Protección Natural”. La Ley de Montes, en vigor desde 2009, dispone que los terrenos pertenecientes a los Montes de Utilidad Pública de la región (como es el caso del Llano Amarillo) sean clasificados bajo esa figura en los planes urbanísticos.
“El Llano Amarillo” es un espacio abierto situado en el límite norte de los Montes de Valsaín, en el término Municipal de San Ildefonso (Segovia). Este enclave se encuentra en las cercanías del antiguo campamento de las Milicias Universitarias de El Robledo, razón por la que fue utilizado para realizar prácticas y ejercicios militares entre 1942 y 1972.
El espacio, catalogado como Monte de Utilidad Pública (MUP) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), forma parte de Montes de Valsaín, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Así mismo está incluido dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla y León, lindando con el área crítica SG-3.
Ya en el año 2002, la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León elaboró un informe (fechado el 25 de junio) en el que se alertaba de que la zona “podría tener un papel importante como área de caza y campeo” del águila imperial, “además de constituir el territorio de cría y alimentación de muchas otras especies menores”. En el citado informe también se alertaba de que la instalación de un polígono industrial no sólo era “poco compatible con el uso recreativo y de esparcimiento de la zona”, sino que “destruiría definitivamente la capacidad de dicho hábitat para cumplir sus funciones como lugar de cría y alimentación de especies protegidas”.
Un estudio realizado recientemente por el biólogo Miguel Ángel Hernández confirma que el espacio posee un elevado valor ecológico, jugando un papel fundamental para algunas especies de aves entre ellas, el Águila Imperial Ibérica y el Milano Real, ambas declaradas en peligro de extinción. Se ha constatado que El Llano acoge una abundante población de conejo silvestre, que es la presa principal del águila imperial ibérica. Esta población prospera debido a una conjunción de circunstancias singulares: el carácter abierto del terreno, la ausencia de carga ganadera y la ausencia de caza. De esta forma, el espacio juega un importante papel en la conservación del águila imperial, al ser refugio y espacio de dispersión de las poblaciones de su presa esencial.
El Ayuntamiento del Real Sitio amenaza la conservación del lugar
En el año 1981 la mayor parte del Llano Amarillo fue clasificada como “urbanizable”, a pesar de encontrarse a varios kilómetros del casco urbano. Sin embargo, desde entonces la zona ha permanecido inalterada. Al elaborar el nuevo Plan General de Urbanismo (PGOU), el Ayuntamiento del Real Sitio decidió catalogar los terrenos como suelo industrial (Sector Urbanizable Industrial SUR-2). Eso a pesar de que la Ley de Montes de Castilla y León indica con claridad que los terrenos pertenecientes a Montes de Utilidad Pública (como es el caso del Llano Amarillo) deben ser calificados como “Suelo rústico con Protección Natural”. Previamente, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la propia la Consejería de Medio Ambiente habían emitido informes desfavorables a la propuesta urbanizadora. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, propietario y gestor de los terrenos, también informó desfavorablemente la pretensión del Ayuntamiento.
No obstante, la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), en sesión de 26 de julio de 2011, dio luz verde al PGOU de La Granja, acordando dejar en suspenso la aprobación definitiva de la clasificación del sector del Llano Amarillo, requiriendo que, o bien los terrenos sean clasificados como suelo rústico con protección natural o, alternativamente, que el Ayuntamiento los adquiera y promueva su desafectación. La CTU asignó a los terrenos, de forma provisional, el régimen de suelo rústico común.
Esta extraña decisión motivó que Ecologistas en Acción de Segovia impugnara el PGOU, al considerar que los poderes públicos no sólo no habían cumplido con el imperativo legal sino que, de hecho, con esa decisión estaban facilitando que el municipio esquivara el mandato de la Ley de Montes.
Una catalogación innecesaria y destructiva
Aparte de la importancia de salvaguardar la integridad de los Montes de Utilidad Pública, desde Ecologistas en Acción de Segovia se destaca que en el entorno de Segovia hay ya una gran cantidad de suelo catalogado como industrial que no está siendo ocupado. De hecho, los polígonos industriales semivacíos, muchos en estado de semiabandono, se han convertido en una imagen recurrente en el paisaje provincial. Creemos que, en este contexto, sería ilógico crear un nuevo enclave industrial, de incierto futuro, sacrificando un espacio de alto valor ecológico, paisajístico y recreativo (la parcela colinda con el área recreativa de El Robledo, muy frecuentada por segovianos y visitantes).
* Ecologistas En Acción - Segovia - 28.2.13
Foto: San Ildefonso (Segovia), Llano Amarillo - EA
La PAH ve “inadmisible” que haya viviendas públicas vacías
ELPAÍS/Madrid* : "Hay un incumplimiento sistemático por parte de la Comunidad de su obligación de proveer el derecho a la vivienda a los ciudadanos, ya que tiene transferidas esas competencias". En estos términos ha hablado Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta mañana en la Asamblea de Madrid, adonde ha acudido a informar sobre la situación de los desahuciados en la comunidad ante la Comisión de Asuntos Sociales.
Mayoral ha dicho que el Gobierno regional se burla de ellos cuando dice que pondrá viviendas públicas a disposición de los desahuciados, ya que por ley "ya hay un cupo de especial necesidad en el Instituto de la Vivienda de Madrid que debería haberse cumplido y que está sistemáticamente incumpliendo". El abogado ha explicado que la Comunidad tiene la "obligación de poner vivienda pública para las personas sin alternativa cuando se produce un desahucio", cosa que, según él, no está haciendo mientras hay "miles de viviendas públicas que están siento tapiadas" en la región.
Antes de comparecer, en los pasillos de la Asamblea, el asesor de la plataforma ha explicado que "no es admisible que siga habiendo en Madrid un parque público de viviendas vacías y abandonadas y no se hayan tomado medidas por parte de la Comunidad para impedir que una entidad en la que ha tenido una amplia participación como Bankia, ejecute desalojos forzosos sin alternativa y las condenas a deudas perpetuas". Ha acusado además a las administraciones de no suministrar datos acerca del número de desahucios, de los que ha dicho que, en la capital, se producen unos 50 lanzamientos cada día.
Asimismo, ha considerado "inadmisible que en los juzgados de Madrid queden las personas en situación de indefensión y no estén siendo informadas de la justicia gratuita para poder defenderse en estos procedimientos" y que las medidas adoptadas para afrontar la situación son insuficientes y que "lo único que se está haciendo es poner miles de millones de euros al servicio de las entidades financieras". Mayoral ha recordado que se está tramitando una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, a la que se ha referido como un "acuerdo de mínimos". "Este es un primer paso y no aceptaremos rebajas en esos contenidos ajustados".
No es la primera vez que un portavoz de la plataforma interviene en un parlamento. Hace un mes su portavoz, Ada Colau, acudió al Congreso de los Diputados para defender esa propuesta de mínimos que exige a los representantes de la Cámara un debate sobre la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social. Antes, el grupo popular, que tiene mayoría, advirtió que no apoyarían la discusión de la iniciativa legislativa popular. La intervención de Colau tuvo mucha repercusión ya que, entre otras cosas, tachó de criminal al secretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero.
* El País - AGENCIAS / EL PAÍS Madrid 5 MAR 2013
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org
La corte inmobiliaria de Barbadás
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ELPAÍS/Ourense* : José Manuel Freire Couto, el alcalde baltarista de Barbadás que ha acumulado con su mujer un patrimonio en fincas e inmuebles cercano al millón de euros, ha convertido A Valenzá, el núcleo urbano del municipio colindante con la capital ourensana, en la apoteosis del ladrillo. En apenas tres décadas ese rural abandonado, zona de expansión natural de la ciudad, se fue llenando de vida atraída por la oferta, a precios asequibles, de un sinfín de viviendas que proliferaron al mismo tiempo que la creación de empleos municipales, copados por personas vinculadas al PP, y las mayorías arrolladoras del regidor.
Hasta 2011, en las sucesivas corporaciones que presidió, Freire se parapetó en una corte de promotores con los que llenó sus listas electorales. Buena parte de sus concejales de confianza diseñaron el urbanismo vertical de A Valenzá al mismo tiempo que hacían negocio. Ahora, con el boom de la construcción parado incluso en A Valenzá y con el baltarismo de capa caída, Freire está bajo sospecha. Su considerable patrimonio y su vinculación al administrador de la inmobiliaria Mahía-Maexpa, Ramón López Casal, a quien un juez de Valladolid ha impuesto una fianza millonaria tras imputarlo por los presuntos delitos de corrupción urbanística y cohecho, lo ponen bajo los focos.
La obsesión edificadora de los promotores privados que se asentaron en A Valenzá, muchos ocupando los escaños del ayuntamiento, aniquiló la iniciativa pública en esta localidad de Barbadás: ni una sola vivienda social, ni la cesión del 10% de edificabilidad en algunas de las áreas de reparto, ni instituto, ni polideportivo, ni servicios sanitarios. Solo una sucesión de edificios y torres para acoger a 15.000 personas (tiene 10.000 en este momento) apelotonadas en un núcleo por el que no existe más salida a la carretera nacional que una rotonda construida por el centro comercial Carrefour tras obtener licencias de Ourense y Barbadás.
Freire y sus concejales promotores se vieron obligados a incluir en el plan de ordenación municipal un vial de salida. El Ministerio de Fomento y la Xunta condicionaron a la construcción de esta infraestructura la aprobación del planeamiento. La corporación municipal lo dibujó en los planos y el plan fue bendecido en 2002. Pero después desapareció del plano para siempre. Ni rastro de la gran obra. Mahía-Maexpa edificó sin sobresaltos un gran número de viviendas en esa área de reparto.
El vial no fue lo único que se esfumó del planeamiento. Las modificaciones que el grupo de gobierno realizó sin pasar por pleno incluyeron también la supresión de un parque. No había espacio entre tanto ladrillo. Rodeado de promotores en su actividad pública, Freire acabó abrazando la misma causa. El regidor no solo creó sus propias inmobiliarias sino que intimó con el administrador general de Mahía, Ramón López Casal, que también hizo negocio en el boom edificador de A Valenzá (edificó más de 300 viviendas) y al que Freire asegura que le compró propiedades. “Algunas se las pagué y otras se las estoy pagando”, precisó en el pleno extraordinario que convocó la semana pasada, acosado por las sospechas, para intentar despejar dudas sobre su enriquecimiento y en el que acabó reconociendo que había defraudado el IRPF a Hacienda durante cinco años.
Su amigo López Casal está siendo investigado judicialmente por supuestos cobros en dinero negro y también por supuestos indicios de fraude contra la Hacienda Pública. López Casal y Freire Couto, este a través de su hija, comparten sede inmobiliaria en el mismo inmueble de la localidad portuguesa de Matosinhos.
La corte de promotores inmobiliarios de la que se rodeó el alcalde de Barbadás en sus encadenados y arrolladores mandatos constituye, en realidad, el mapa del baltarismo al que asoma, incluso, el máximo oponente interno de este sector del PP en la provincia, el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. Los concejales-constructores de Freire forman parte de un entramado de empresas que acaban en una ligazón directa con el Club Deportivo Ourense, la ruinosa empresa deportiva que el primero de los Baltar se empeñó en adquirir y por la que está siendo investigado por Hacienda.
José Ramón Fernández Iglesias, concejal de Obras durante casi dos décadas con Freire (abandonó en 2007 la actividad política) está considerado uno de los principales pilares de la construcción en A Valenzá. Mientras tomaba decisiones políticas sobre el desarrollo urbanístico de esa localidad tenía registradas empresas que edificaron buena parte del núcleo urbano. A través de Cofervi, Fernández participó en la construcción del colegio privado Luis Vives en el que figura como accionista. Cofervi está participada por Promociones Avenida de Santiago de la que es administrador Adolfo Domínguez Suárez. El exconcejal de Obras y exmiembro de la comisión de gobierno de Barbadás José Ramón Fernández, compartía este socio con el también exconcejal y exmiembro de la misma comisión de gobierno Antonio Currás, dueño de varias constructoras.
Fernández ha estado vinculado a 17 empresas. Entre otras, Inversiones Deportivas Auria creada en 2007. La sociedad está presidida por el exdelegado provincial de Agricultura, Agustín Prado Verdeal (principal acreeor del Club Deportivo Ourense) y ocupan cargos en ella, además del exedil de confianza de Freire y de otro de sus concejales promotores, Felipe Rodríguez Vide, destacados cargos, o excargos, del PP como Joaquín Muñoz, Juan Carlos Fasero (exconcejal en Arnoia durante los mandatos del actual delegado de la Xunta en Ourense y ahora director de la SGAE Noroeste) o Fidel Martínez, hermano y socio del superdelegado. Buena parte de los consejeros de Inversiones Deportivas Auria lo son o han sido también del Club Deportivo Ourense. Como José Ramón Fernández, el exconcejal de Obras que diseñó mano a mano con Freire Couto el boom del ladrillo de A Valenzá que ahora se resquebraja y da paso a la pandemia de los desahucios.
Entrega de documentos al fiscal
“¡No me comparen!” con el alcalde de Arroyo de la Encomienda, clamó airado Freire en el pleno de la semana pasada cuando PSOE y BNG le espetaron los datos de un reportaje publicado en la revista Interviú en el que se exponía el paralelismo entre el papel de Mahía en ese municipio vallisoletano y en el de Barbadás. Arroyo de la Encomienda es, como A Valenzá respecto a Ourensee, colindante y zona de expansión de Valladolid en donde, igual que en la localidad ourensana, Mahía se asentó y llevó a cabo (en el mismo periodo de tiempo que en el municipio ourensano) importantes urbanizaciones. Como Freire, el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijo, comparte sede empresarial en Matosinhos con López Casal, el dueño de Mahía.
El malestar del regidor ourensano lo produjo el hecho de que tanto Méndez Freijo como López Casal están imputados por un juez de Valladolid por los supuestos delitos de corrupción urbanística y cohecho en relación con esas actuaciones inmobiliarias. A Freire solo lo ha investigado hasta el momento la Agencia Tributaria, a la que ocultó ingresos por 208.000 euros entre 2007 y 2010 —“un pequeño desequilibrio”, en sus palabras— pero el portavoz del BNG en Barbadás, Xosé Manuel Fírvida, entregará esta semana al fiscal un abultado dossier con supuestas ilegalidades en la gestión del planeamiento urbanístico. “No es una denuncia”, explica el nacionalista, sino la entrega de documentación oficial que “un anónimo dejó en mi buzón”. Fírvida acude con la documentación a la fiscalía porque sostiene que no quiere “ser partícipe" con su "silencio” de posibles delitos.
* El País - CRISTINA HUETE Ourense 4 MAR 2013
Foto: Panorámica de edificios construidos en la localidad de A Valenzá (Barbadás) limítrofe con Ourense / NACHO GÓMEZ
«Si el ruso va a necesitar una licencia, tendrá que aflojar»
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ELPERIÓDICO/Girona* : La operación Clotilde ha puesto al descubierto un oscuro entramado en Lloret de Mar, en el que pueden estar involucrados varios concejales y funcionarios. Además del presunto trato de favor que el exalcalde y diputado en el Parlament Xavier Crespo (CiU) dio a la mafia rusa a cambio de dinero, viajes a Rusia y otros regalos, el informe elaborado por la Guardia Civil incluido en las diligencias judiciales, a las que ha tenido acceso este diario, revela otras irregularidades que, según los investigadores, han convertido a una parte del ayuntamiento en «una maquinaria de corrupción».
El informe, de unas 140 páginas, explica con detalle las conversaciones telefónicas intervenidas a los imputados en el caso, entre ellos el propio Crespo y el hasta hace poco teniente de alcalde Josep Valls, que fue regidor de Urbanismo en la pasada legislatura. De ellas se deduce el trato de favor que el consistorio dio al empresario ruso Andrei Petrov -vinculado por la investigación con la mafia rusa- durante el mandato de Crespo a la construcción de un centro comercial en la antigua plaza de toros y al proyecto de otra zona comercial en la finca donde estaba ubicado el hotel Blanca Aurora.
Las escuchas también han destapado el supuesto cobro de dinero por parte de funcionarios y de la secretaria del actual alcalde, Romà Codina (CiU), a cambio de concertar citas con él. En una conversación del 11 de octubre del 2011, la secretaria de Petrov, Jessica Holguin, explica a un amigo llamado Gonzalo que para llegar al alcalde «tiene que pasar por dos personas»: una trabajadora del ayuntamiento que se llama Inmaculada, que haría llegar una carta de invitación «a la secretaria personal del alcalde [Mònica Danes], y esta a su vez modificaría su agenda para que acudiera a la cena».
«LAS COSAS VAN ASÍ» / El informe de la Guardia Civil revela que por esa gestión se cobraba entre 35.000 y 40.000 euros, «que serían repartidos entre esas dos personas [las secretarias]». Gonzalo se muestra interesado en este asunto, ya que afirma que tiene un cliente ruso muy rico «que necesita que le ayuden». No obstante, pone pegas porque considera que la cifra es muy elevada y porque tampoco hay garantías de que el encuentro se salde con éxito, a lo que Holguin le replica de forma tajante: «Si el ruso va a necesitar que le aprueben o que le den alguna licencia de obras, tendrá que aflojar, ya que en Lloret las cosas van así».
En otra conversación con una amiga, Holguin, que está imputada pero bajo protección judicial, explica que su jefe «ha podido conseguir una penetración política en el consistorio al más alto nivel» a cambio de pagos irregulares.
La Guardia Civil también sostiene que el concejal de Comercio en el último mandato de Crespo, Víctor Llasera, se reunió con Petrov para que en el centro comercial de la plaza de toros se instalara un Carrefour, «realizando tareas de intermediación con los responsables de la cadena a cambio de una comisión y, además, de que la esposa de Crespo, Guadalupe Oliva, médico de profesión, ejerciese como responsable de salud del centro comercial».
En una charla entre la arquitecta y asesora de Petrov, Pilar Gimeno, y el actual concejal de Urbanismo de Lloret, Jordi Martínez, este reconoce que se habían producido «diversas irregularidades» en el convenio de la plaza de toros. En otras conversaciones de Gimeno con Petrov, el supuesto mafioso ruso afirma que en España todo el mundo tiene un precio y es susceptible de ser sobornado. Petrov se muestra indignado con el ayuntamiento y pregunta a Gimeno «si tiene que besarlos» y «si hay un precio», a lo que la arquitecta le responde que tiene que hacer «todo lo que pida el cliente». En otro pinchazo, Gimeno reconoce que las obras del proyecto Blanca Aurora se estaban realizando sin un aval que ascendía a más de 300.000 euros.
Los investigadores detallan, asimismo, una reunión de Crespo, Petrov y Valls en el restaurante Botafumeiro de Barcelona el 16 de septiembre del 2010. Y añaden: «Aunque en un primer momento se habían citado en un restaurante de Lloret, decidieron a última hora cambiar de lugar, supuestamente para que no les detectaran juntos».
* El Periódico - J. G. ALBALAT / BARCELONA / FERRAN COSCULLUELA / GIRONA - 1.3.13
Foto: CITA EN EL BOTAFUMEIRO 3 Xavier Crespo conversa por el móvil mientras Josep Valls habla con uno de los camareros del restaurante Botafumeiro de Barcelona, el 16 de septiembre del 2010, tras comer con Petrov. EL PERIÓDICO
Agua, del derecho al negocio
PÚBLICO* : La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación.
Se vende. Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin embargo, según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La razón? Económica, principalmente.
Las delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.
"Como los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano, gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o levantar rotondas.
Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la calidad de la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de agua", afirma.
En sus conclusiones ambos apuntan en la misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace los procesos mucho menos garantistas.
"Lo que se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en Catalunya.
Su agrupación es una de las muchas que se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes) contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Hacienda.
Otro caso es el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.
Un valor de mercado
El agua, declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el consumidor.
Gistau defiende que esta subida se produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos. Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable. "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", enfatiza.
Babiano asegura que "se están triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".
Comprobar con datos si la calidad de la gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento, algo difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.
Roque Gistau insiste en que se trata de un debate "artificial": "Creo que hay que tener el control público, otra cosa es la operación del servicio... pero la tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no puede hacerle frente", argumenta.
Lo que parece claro, en cualquier caso, es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio.
* Público - LUCÍA VILLA Madrid 03/03/2013
Foto: CandeledaVistaDelPueblo - wikipedia.org
Los Ayuntamientos se aferran de nuevo al urbanismo para reactivar la economía
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ELPAÍS/Andalucía* : Los alcaldes de varias ciudades promueven grandes proyectos y cambios en los usos del suelo para tapar los números rojos y obtener ingresos.
Recalificación. Modificación puntual del PGOU. Macroproyecto urbanístico. Iniciativa privada millonaria. Estos cuatro conceptos, como otros muchos que vertebraban los discursos políticos en los años de bonanza, quedaron enterrados cuando estalló la burbuja. Ni los alcaldes querían usarlos ni, aunque quisieran, había razón para hacerlo. Y de repente, con las cifras del desempleo desatadas y las cuentas de las Administraciones en números rojos, varios Ayuntamientos han sorprendido en las últimas semanas con el anuncio de operaciones urbanísticas que recuerdan mucho a las de hace una década.
Ya lo hizo en verano Tarifa, con el anuncio de un complejo hotelero y viviendas en el paraje de Valdevaqueros. Más recientes son los planes del Ayuntamiento de Córdoba, que tiene sobre la mesa un proyecto de ocio y deportivo promovido por el grupo Tremón con una inversión privada de 141 millones de euros. La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha aprobado cambios en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción de aparcamientos rotatorios en el casco histórico y cambiar la calificación de varias parcelas para que puedan tener uso residencial o comercial. En Jaén, con una población de 117.000 habitantes, el gobierno municipal ha proyectado la construcción de 10.000 viviendas, la mayoría de promoción pública.
Los más optimistas creen que estas iniciativas obedecen a una muy incipiente recuperación de la actividad empresarial. Pero la mayoría ve síntomas de que algunos alcaldes vuelven a aferrarse a la construcción como locomotora económica. El concejal de Urbanismo de Jaén, Javier Márquez (PP), defiende que operaciones como las que ha planteado pueden abrir una vía para salir de la crisis. El edil asegura que no se está promoviendo ningún “crecimiento alocado”, sino viviendas “en función de una demanda real y efectiva”, informa Ginés Donaire. “Las viviendas no son una inversión, sino una necesidad”, asegura. La oposición municipal, sin embargo, advierte de que en el registro municipal de viviendas apenas hay inscritas 2.000 personas, frente a las 10.000 casas que plantea el gobierno local.
El objetivo que aseguran perseguir los alcaldes con estas operaciones es doble: sanear las arcas municipales y revitalizar la actividad económica y, con ella, la creación de empleo. Pero, en esa estrategia ¿hay peligro de que se esté abonando otra vez el terreno para hacer del urbanismo la mejor fuente de ingresos de los Ayuntamientos? Esa debería ser, según el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, la línea roja. “El urbanismo puede ser un mecanismo de desarrollo, pero no de financiación municipal”, advierte.
Fustegueras, redactor de varios de los PGOU aprobados en los últimos años en Andalucía, entre ellos los de Sevilla y Marbella, admite cambios en los planes generales cuando son para mejorar la ordenación vigente. “Ese es el requisito legal y hay que justificarlo de forma expresa”, señala. Bajo esta premisa Jaén podría construir tantas viviendas como considerara necesario dentro de los topes máximos que marca el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) —el 40% del suelo urbanizable y el 30% de la población—. Y Jerez, que ha optado por regalar suelo para nuevas actividades económicas, no corre en principio peligro de volver a desordenar lo ordenado si los terrenos que ofrece ya estaban pensados para actividades económicas e industriales.
Más crítico es Fustegueras con cambios de los PGOU que, aunque se presentan como “puntuales”, implican modificaciones sustanciales del modelo de ciudad. Esto es lo que ocurre, opina el arquitecto, con algunas de las últimas decisiones del Ayuntamiento de Sevilla, como el cambio de calificación de varias parcelas para darles uso comercial o el fin del veto a los aparcamientos en el casco histórico. “Eso sí que es una modificación estructural y una afección al modelo de ciudad. La única justificación es que, como se ha eliminado el Plan Centro entran más coches y faltan aparcamientos, pero eso no es una justificación válida, es una decisión que se tomó sabiendo que el plan era como era”, advierte.
Los dos grupos de la oposición al gobierno de Juan Ignacio Zoido rechazan estos cambios con argumentos similares a los que arguye Fustegueras. El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, habla de “una gran intervención” que bajo la fórmula de modificación puntual esconde “toda una subversión del PGOU”. “Vuelve un modelo de ciudad y de economía sustentado en el urbanismo. Y este modelo es uno de los grandes orígenes de la crisis que padecemos”, advierte Torrijos.
Al dirigente de IU le molesta especialmente que los alcaldes defiendan estos planes urbanísticos “con la gran excusa del empleo”. “Usan algo tan sensible como el desempleo para plantear grandes operaciones urbanísticas. Y como nosotros nos oponemos parece que no queremos que se cree empleo. Pero es que no todo vale”, lamenta Torrijos, convencido de que lo que busca el gobierno municipal de Sevilla es sobre todo abrir la puerta a futuras operaciones de especulación urbanística.
El portavoz del PSOE y exconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Espadas, cree que, antes de llegar a los cambios concretos que están proponiendo algunos municipios, hay un problema de fondo: para algunos sectores, la planificación urbanística es un incómodo corsé que impide la libertad de movimientos. “A muchos no les gusta tener que sujetarse a nada que dificulte la posibilidad de decidir lo que más te convenga en cada momento”, afirma Espadas. “Esto es verdad”, apunta el socialista. “La planificación puede ir contra la libertad de mercado. Pero por eso la defendemos los que creemos que el territorio no se puede manosear a gusto de quien tenga más dinero”.
En el caso de Sevilla, Espadas sostiene que el PGOU, aprobado en 2006, sigue siendo válido. El problema, advierte, es que el responsable de desarrollarlo (el gobierno municipal) no sabe hacerlo. “El plan es impecable desde el punto de vista conceptual y teórico”, asegura. “Pero hay que tener capacidad para buscar inversiones que puedan desarrollarse en aquellos lugares donde tú has decidido que tiene que haber una inversión determinada”. “Se pueden hacer modificaciones puntuales, pero tienen que responder a una lógica. Y aquí las modificaciones que se han hecho es porque ha aparecido un señor con una cartera a decir lo que necesita”, señala.
No opina lo mismo el presidente de la Asociación Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Miguel Rus, que defiende una dosis de lo que tras los años del boom se demonizó como el urbanismo a la carta. En su opinión, los planes generales deben tener cierta “flexibilidad” para adaptar los suelos a los usos que se demanden en cada momento. Rus, que preside también la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), teme que mientras los bancos mantengan cerrada la financiación al sector de la construcción, sobre todo al de viviendas, no habrá una recuperación real, aunque apoya que se vayan haciendo cambios en el planeamiento “para que inversiones interesantes se puedan hacer realidad”.
Rus muestra “cierto optimismo”. “Hace uno o dos años los empresarios no escuchábamos la posibilidad de proyectos. Ahora, sí. Hay ideas y se hacen modificaciones para hacerlas viables”, afirma el empresario, que, con todo, cree que el sector de la construcción “no va a volver a ser lo que era”. “Ni debe serlo”, advierte. “Todos nos volvimos un poco locos proponiendo todo tipo de proyectos, algunos de ellos inviables”.
Más de 10.000 viviendas en Jaén
El Ayuntamiento de Jaén ha proyectado la construcción de más de 10.000 viviendas, la mayoría de promoción pública, como apuesta para reactivar el sector de la construcción y la actividad económica. Lo ha admitido el alcalde, el popular José Enrique Fernández de Moya, que habla de “línea estratégica” del gobierno municipal, aunque desde la oposición se cuestiona la oferta “sobredimensionada” toda vez que el registro de demandantes de viviendas apenas supera las 2.000 personas y que en la ciudad existen miles de viviendas privadas vacías.
La actuación más controvertida es el anuncio para construir 5.000 viviendas en los terrenos vacíos del parque empresarial Nuevo Jaén, un polígono fantasma abierto hace una década y que es un desierto industrial. La intención del Consistorio es cambiar el uso del suelo de industrial a residencial, reservando un 15% para viviendas unifamiliares y construyendo una gran zona verde de 140.000 metros cuadrados. El alcalde justificó esta operación, que contará con la colaboración de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), como un respiro para el Ayuntamiento pues al hacer un cambio de uso, “se duplica el valor de los terrenos”. Pero la oposición ha criticado que se levante un gueto residencial a más de cinco kilómetros del casco urbano.
La segunda gran operación es el acuerdo alcanzado con los propietarios de unos suelos para construir otros 5.000 pisos (de los que 3.000 corresponderán al Ayuntamiento a través de la Sociedad Municipal de la Vivienda) en la zona norte de la ciudad. La inversión prevista es de 35 millones en tres fases y 15 años. En el primer lustro, la sociedad de la vivienda edificará 1.000 pisos y se encargará del 100% de las obras de urbanización. En este caso, el Ayuntamiento ha criticado la falta de colaboración de EPSA. Además de crear una bolsa de suelo importante con la que reactivar el sector de la construcción, el gobierno local del PP cree que estos proyectos evitarán la especulación al liderar el Ayuntamiento la gestión de suelo urbano y urbanizable.
A esas dos operaciones hay que sumar otras 2.300 viviendas programadas en otros suelos esparcidos por la ciudad. Por eso, desde la oposición se critica una oferta inmobiliaria tan elevada: “No se puede saturar de viviendas Jaén”, ha señalado el concejal socialista Antonio Guinea de Toro.
* El País - REYES RINCÓN - 2.3.13
Foto: Tarifa (Cádiz), playa Valdevaqueros - martindearriba
Un alcalde se sentará en el banquillo por urbanizar un refugio del águila imperial
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ELPAÍS/Ávila* : La juez Sira María Amor, titular del juzgado nº2 de Ávila, ha decidido sentar en el banquillo a José Martín Llorente, el alcalde del PP que dio el visto bueno a una macrourbanización de 7.500 viviendas en un pinar de Villanueva de Gómez, un pequeño pueblo con 144 habitantes censados en el que se ha detectado presencia del águila imperial, una especie amenazada. La instructora ha encontrado “indicios” contra el ahora exregidor por prevaricación urbanística. Dos promotores del proyecto y el técnico que lo elaboró también irán a juicio por delitos contra la ordenación del territorio.
Han pasado seis años desde que las excavadoras comenzaron a trabajar en esta obra, que incluía tres campos de golf, un hotel de 200 plazas y un picadero cubierto y cuadras. Las obras se pararon y la licencia fue anulada. Una juez decidió, por vía civil, que el destrozo se restituyera. A día de hoy, esa sentencia sigue sin ejecutar. El actual alcalde del pueblo, Emilio Martín de Juan (PSOE) ya ha avanzado que no disponen de dinero para recuperar la zona, en la que se talaron 10.000 pinos y se construyeron más de 25 kilómetros de viales.
Tras el escrito con el que la juez Amor envió el caso a juicio, de 18 de febrero, es el turno de que los implicados presenten sus alegaciones, y de que el fiscal y las ONG conservacionistas personadas en el caso preparen sus acusaciones.
Gonzalo Bartolomé, gestor del proyecto e implicado, espera que, “por fin”, se aclare todo. “Podremos rebatir todo lo que se ha dicho”, asegura. Bartolomé defiende que cumplieron con más requisitos de los exigidos y recuerda que el proyecto estuvo en exposición pública durante cuatro años. “No hubo ni una sola alegación”, defiende. El promotor asegura que el proyecto de sistemas generales, con el que se construyeron los viales y las rotondas que ahora deberían desaparecer, no necesitaba proyecto de impacto ambiental, tal y como el instructor señala. Su defensa ha pedido el sobreseimiento de los cargos. Uno de los argumentos que esgrime es que se han iniciado los trámites para legalizarlo.
“Con los grandes valores ambientales de la zona, nos parecería increíble que finalmente se legalizara”, critican en La Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife). “Es cierto que se hizo urbanizable en los años ochenta, pero por aquel entonces, las condiciones ambientales eran muy distintas”, añaden.
El promotor defiende que el proyecto estaba secundado por los 27 alcaldes de La Moraña, que lo declararon de interés público.
“Queremos tramitarlo por la figura del Plan Especial, la idea es cumplir con la legalidad”, añade Bartolomé. La Junta de Castilla y León ya estudia su solicitud, según fuentes cercanas al caso. EL PAÍS ha intentado contactar sin éxito con el alcalde implicado para conocer su versión.
SEO BirdLife se lamenta de no haber intervenido antes en este caso. “Era un proyecto mastodóntico que se intentó tramitar como si fuese una licencia menor, se saltaron todos los procedimientos”, considera María Soledad Gallego, abogada de la asociación SEO BirdLife. Los ecologistas denuncian que separaron el proyecto principal de los campos de golf para burlar controles.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 3.3.13
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), urbanización sin concesión agua - U.Martín (El País)
Eurovegas, un juego que cambia leyes por dinero
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ALBERTO PRADILLA* : Como si nada hubiese ocurrido. Como si la burbuja inmobiliaria y la crisis, la cultura del pelotazo y sus consecuencias nunca hubiesen existido. Como si grandes obras públicas que prometían el maná del progreso no se hubiesen terminado convirtiendo en un agujero negro por donde se esfumaron los fondos públicos. Así reaccionan los responsables del PP en Madrid cuando se les pregunta sobre Eurovegas, el macroproyecto de casinos y hoteles que, si nada lo impide, colocará su primera piedra en Alcorcón a finales de año. Una mastodóntica iniciativa, a imagen y semejanza de Las Vegas, que está promovida por el magnate Sheldon Adelson. Los dirigentes de la derecha madrileña se han jugado todo a una carta y defienden el proyecto como un salvavidas para la maltrecha economía del Estado español. Por eso, están dispuestos a moldear cualquier normativa que incomode al acaudalado norteamericano. Una de las cuestiones más comentadas es saltarse la ley antitabaco para permitir fumar en el interior de las salas de juego. Solo un detalle. Como denuncian las plataformas que se oponen al proyecto, Eurovegas podría convertirse en un «islote fiscal» donde desaparecería cualquier control de Hacienda y que atraería todo tipo de negocios oscuros. Al PP le han salido detractores hasta entre sus tradicionales aliados: el obispo de Getafe llegó a alertar sobre la «podredumbre» de un local dedicado al juego.
El proyecto de una gran zona de casinos en el Estado español lleva dando vueltas durante cerca de siete años. Las Vegas Sands, que es como se llama la empresa de Adelson, ya funciona en la ciudad matriz, en Macao (China) y en Singapur. Se presenta como promotor de convenciones y, en el último punto de la lista de atractivos, ofrece el juego. Claro que hay que reconocer que no se conoce a los grandes complejos de la ciudad de Nevada por sus encuentros de física cuántica.
La propaganda corporativa promete beneficios infinitos: más de 260.000 empleos; 30.000 millones de euros en producción económica; 11 millones de nuevos turistas que, según los cálculos de la compañía, «gastarán un 150% más que la media sin incluir su gasto en juego». Suena al cuento de la lechera pero, al menos, al Gobierno de Ignacio González le ha convencido.
La información sobre Eurovegas se distribuye con cuentagotas desde que, en diciembre, se anunciase que se levantará en Alcorcón. Se conoce su ubicación, 750 hectáreas en el exterior de esta localidad de Madrid. Se sabe que habrán leyes especiales, como una rebaja del tipo impositivo sobre el juego, que pasará del 40% al 10%. Y poco más. En el Ayuntamiento indican que no tienen más datos que los que anunció el presidente de la Comunidad madrileña. En la empresa, que esperan a la licitación. Y en el gabinete de González, que cuentan con tener el concurso público legalizado para setiembre.
Ese es, precisamente, el primer regalo normativo del Gobierno de Madrid. Entonces aprobó los denominados «centros integrados de desarrollo», un planteamiento hecho a la medida de Adelson. Se trata, casualmente, de ofrecer ventajas fiscales a quienes promuevan megacomplejos como el de Eurovegas. Entre las exigencias del magnate están las exenciones fiscales, la modificación del Estatuto de los Trabajadores (para empleos más precarios), cambios en la Ley de Extranjería, libertad total de horarios y hasta permitir que los ludópatas puedan jugar. Toda una lista de condiciones que convierten a Adelson en un George Marshall que, a cambio de sus millones, ha logrado que las normativas se conviertan en algo hipotético.
Frente a la imagen idílica que proyectan González o David Pérez (PP), los opositores, unidos en torno a «Eurovegas no», enumeran una larga lista de contraindicaciones. Desde el impacto ambiental (parte de los terrenos corresponden a una zona no urbanizable) hasta el modelo productivo, pasando por la precariedad de los futuros empleos. «Eurovegas será una isla fiscal, basada en el blanqueo de capitales y en los negocios turbios», afirma Sol Sánchez, miembro de la plataforma, que denuncia la «opacidad» del megacomplejo. Ya han convocado diversas marchas y han interpuesto recursos, tanto por el impacto ambiental como por violar leyes de competencia o fiscales.
La respuesta del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento de Alcorcón responden con soberbia. «A las manifestaciones van treinta, así que mucha oposición no hay», dicen. La estrategia comunicativa es la misma de siempre: Eurovegas es «progreso». ¿Quién iba a estar en contra del progreso? Sobre todo, con los altos índices de paro. «Esto es una empresa que cotiza en bolsa. Las críticas solo buscan hacer ruido. Tal y como estamos, no se comprende que no se apoye», repiten.
El número de empleos que generará es el argumento de peso que esgrimen tanto la empresa como el PP. En total, hablan de 260.000 puestos. Aunque esto tiene trampa. No quiere decir que todas estas personas vayan a desarrollar su labor al mismo tiempo sino que, tal y como reconocen en el Ayuntamiento, es la cifra que se calcula en todo el proceso, desde que se coloque la primera piedra hasta 2028. La situación de desesperación en un Estado desangrado por el paro se ha convertido en razón de peso.
De hecho, el Consistorio ha recibido más de 9.000 currículos desde que se hizo público el emplazamiento. ¿A dónde van todas esas solicitudes? En realidad, a un archivador que no garantiza nada. Se ha habilitado una bolsa de trabajo para los residentes y una dirección de correo electrónico para los foráneos. Si se licitan las obras, será la empresa constructora quien aporte los trabajadores. Y cuando las ruletas estén girando, será Adelson el que se seleccione los crupiers.
«Yo creo que será positivo, traerá trabajo», afirma Jesús Navarro, arquitecto de Alcorcón. No le preocupa el blanqueo de dinero; cree que se hace de todos modos. El argumento laboral pesa sobre cualquier otro. Incluso las sospechas de que el megacomplejo incrementará negocios como la prostitución o el tráfico de drogas. «¿Más drogas? No creo. Ya hay muchas», comentan en uno de los bares junto a la estación de cercanías. «La prostitución siempre ha existido», justifica Jesús de la Morena. La empresa, por su parte, elude las críticas y no realiza declaraciones. Sol Sánchez incide en su denuncia: «Esto es la marca España. Volvemos a los años 60. Nos encontramos ante un retroceso social, cultural y de derechos laborales».
Sionista y con demandas allá por donde pasa
El promotor de Eurovegas nació en Boston en 1933 y ahora está considerado como uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Un magnate con una fortuna estimada en 24.000 millones de dólares y con vinculaciones con la derecha norteamericana y el sionismo que acumula también denuncias por malas prácticas por supuestas tramas de prostitución e inclumplimiento de la normativa laboral, impagos incluidos. Además, se le acusa de sobornar a empleados públicos de lugares como Singapur, donde dispone de un casino.
Durante las pasadas elecciones presidenciales en EEUU, Adelson fue uno de los principales donantes del Partido Republicano. También ha distribuido fondos a la organización Birthright Israel, lobby sionista que opera en Norteamérica. Su leyenda negra incluye redadas contra la prostitución en locales de China y Singapur. Incluso antiguos colaboradores le señalan como máximo responsable de algunas de estas tramas.
* Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130224/389573/es/Eurovegas-juego-que-cambia-leyes-dinero/
* Rebelión - Opinión - 25.2.13
Foto: EurovegasNo, protesta Febrero 2013 (Madrid) - publico
Los fondos ‘buitre’ sobrevuelan el ladrillo de Barcelona
ELPAÍS* : Llevaban una temporada alejados u oteando el sector inmobiliario desde las alturas. Pero vuelven a estar cerca dispuestos a comprar. Los expertos coinciden en que los fondos oportunistas, los buitres del ladrillo que buscan operaciones de alto riesgo que reporten grandes rentabilidades, han vuelto a la ciudad de Barcelona. La previsión, vinculada al momento de precios en mínimos, es uno de los titulares más destacados del informe que anualmente elabora la consultora CBRE a partir de la encuesta a 200 directivos del sector.
El informe revela que el 67% de los encuestados sostiene que serán los fondos oportunistas quienes protagonizarán las inversiones del año, tomando el relevo a los family offices —los inversores privados profesionales—, los más activos en 2012.
El presidente de la consultora CBRE en España, Eduardo Fernández-Cuesta, subraya que los fondos buitre han vuelto tras despejarse las dudas macroeconómicas que hace un año tenían a Europa en vilo. Fernández-Cuesta recuerda que el último trimestre de 2012 concentró el 42% de todas las operaciones del año, lo que demuestra a su juicio, que “el mercado ha pasado de hablar del euro a hablar de edificios concretos”.
El ajuste de precios ha finalizado salvo en zonas donde la sobreoferta es imposible de absorber, asegura el consejero director general de CBRE en Barcelona, Enrique Martínez, y ello contribuirá a la reactivación del sector. Es el caso de la capital catalana o de Madrid, donde los precios han tocado fondo, sostiene. En opinión de los dos directivos, los fondos buscarán o los mejores edificios o bien gangas por volumen que están en manos de los bancos y que podrán vender en cuatro o cinco años con rentabilidades del 20%. “Lo que todavía nos falta son inversores medios entre estas tipologías”, apuntan.
Sobre el papel del banco malo, los directivos consultados por CBRE se muestran asépticos y aseguran que los efectos de su irrupción en el mercado no serán perceptibles hasta dento de un año. Fernández-Cuesta y Martínez se muestran más optimistas (CBRE es la empresa que valorará la cartera de la entidad) y celebran la rapidez con la que se ha ordenado el sector y el hecho de que las carteras del Sareb se ajustarán al precio que exigen los inversores.
El socio del grupo de construcción de PwC, Guillermo Massó, corrobora el “apetito de grandes fondos que buscan ofertas” y celebra que “las expectativas de precio entre las entidades financieras y los compradores se han estrechado mucho”. Massó cree que las operaciones que se cierren las protagonizarán centros comerciales y oficinas y en menor medida los hoteles. Sobre el papel del Sareb, considera que durante los dos trimestres en los que todavía no operará el resto de entidades aprovecharán para desinvertir, “a sanear sus carteras de activos en venta”.
La directora de Barcelona de la consultora Aguirre Newman, Anna Gener, opina que si en 2012 las operaciones se centraron en carteras residenciales de entidades financieras, este año el interés lo capitalizarán por una parte las operaciones corporativas, y por otra la deuda, que tiene subyacente inmobiliario, y que está en manos de entidades o de promotoras que se han refinanciado en repetidas ocasiones”. Gener opina que el Sareb “no será actor” en este ejercicio y confía en las enormes carteras de suelo de las entidades saneadas.
Los expertos coinciden en que otra de las cuestiones que gana peso en el sector inmobiliario es el capital asiático, aunque no siempre lo hace de forma directa. “En gran parte llega a través de inversiones indirectas, de grandes fondos internacionales que diversifican sus operaciones por mercados”, subraya Massó.
* El País - CLARA BLANCHAR Barcelona 2 MAR 2013
Foto: Vista de la ciudad de Barcelona. / CARLES RIBAS
Corrupción sin consecuencias legales
DIAGONAL* : Pocos medios, prescripciones benévolas o indultos favorecen que muy pocos de los casos de corrupción investigados tengan consecuencias para sus responsables. Desde concejales hasta la Casa Real, los casos de corrupción alcanzan ya a cerca de un millar de cargos públicos por toda la geografía del Estado. Los casos Pokemon y Campeón en Galiza involucran a PP, PSOE y BNG. Catalunya acumula operaciones contra Convergencia (Palau, Treball, ITV, Clotilde), Unió (Pallerols) o PSC (Mercurio). En Asturias el caso Marea entrelaza a PP y PSOE, y en Aragón el Partido Aragonés lleva décadas bajo la sombra de la corrupción. En Andalucía, el caso Astapa y los ERE fraudulentos acumulan 160 imputados. Pero Madrid, Valencia y Baleares llevan la delantera con casos como el Gürtel, Palma Arena, Nóos o Cooperación. A la par que los grandes casos ligados a alto cargos, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o la cúpula del Partido Popular, siguen sumando páginas, la apuesta por la transparencia desde las altas esferas se queda en un brindis al sol y los medios para afrontar la corrupción se recortan bajo el paraguas exculpatorio de la crisis.
Este 2013 la exconsejera de Cultura del PSOE en Asturias, Ana Rosa Migoya, se unía como imputada del caso Marea al exconsejero de Educación, en una trama casi infinita que amenaza al presidente asturiano, Javier Fernández, nombrado en los listados de empresas que facilitaban regalos y comisiones a cambio de concesiones públicas, y que implica a la Universidad así como a Ayuntamientos. Nada distinto a la corrupción en el resto del Estado: vinculación de sector público y privado en concesiones y privatizaciones y redes de empresas que financian a partidos y ‘colocan’ a militantes y altos cargos. No es extraño que los poderes públicos, que dominan los órganos de control judicial y la Fiscalía, tengan escaso interés en investigar.
Por ello, la asociación Avall, con 20 años de lucha contra la corrupción, impulsó una acusación popular en ese caso. María Jesús Rodríguez, su secretaria general, recuerda que “el letrado del Principado era el mismo que el de los dos principales acusados, el fiscal general de Asturias quería cerrar la instrucción ‘cuanto antes’ y la fiscalía a veces no asistía a las declaraciones”. En la justicia, añade, “unos expedientes avanzan y otros se mueren en los cajones”. Que existen presiones políticas es una realidad para José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Estamos siempre en el ojo del huracán cuando investigamos casos de corrupción”, y lamenta que “nunca he conocido una cúpula policial tan politizada como ésta”. Pone ejemplos como el del borrador policial del caso Palau o el cese, por “pérdida de confianza”, de dos comisarios que investigaban la compra del ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (uno de ellos a los seis meses de ser nombrado por el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó). Benito ha anunciado la creación de una Plataforma de Policías contra la Corrupción que denunciará públicamente y llevará a los tribunales casos de obstrucción a la investigación, porque están “hartos de ver pasar tanta corrupción por delante, de recibir tantas presiones y tantas críticas”.
Otra vía más simple de dificultar las investigaciones es la falta de medios, porque, apunta Rodríguez (Avall), “el quid de una buena instrucción es que no se te escape el corrupto porque se ha instruido mal”. Falta de medios que perciben en la acusación particular contra Rodrigo Rato –15MpaRato– donde “sólo hay dos personas para leer un dossier que costaría 20 años leerlo, no hay escáner, etc.” Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, explica que “nuestros juzgados no están preparados para afrontar los grandes casos de corrupción, hacen falta medios que habitualmente no son concedidos por las administraciones competentes”.
Con una media de diez jueces por cada cien mil habitantes, España se sitúa en el 36 de ese ránking europeo sólo delante de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, lo que genera un colapso de los juzgados que aumentará tras el recorte de 1.200 jueces sustitutos. La asociación de jueces reclama peritos especializados y una policía judicial que dependa directamente de los jueces. Mientras tanto, las acusaciones populares son claves en este proceso. Avall y 15MpaRato se dividen partes del sumario entre sus activistas, ayudan en la lectura, investigan bienes de los encausados y aportan pruebas para ‘mejorar’ la instrucción. La financiación va desde rifas y donaciones a las nuevas tecnologías, como el crowdfunding (que recaudó 20.000 euros en un solo día para la acusación contra Rato).
Dilación de los procesos
Una vez empezados los juicios, para el diputado de las CUP David Fernández y participante en la acusación popular del caso Palau, entra en escena una operativa sistematizable “con abogados de lujo expertos en dilatar los procesos”. Y es que los plazos de prescripción son cortos para la corrupción: tráfico de influencias y blanqueo de capitales dejan de ser punibles tras cinco años, mientras que la prevaricación prescribe a los diez. Un ejemplo es el caso Fabra, que, tras ocho años de instrucción, no cuenta con fecha para la vista que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente de la Diputación de Castellón. Y aunque llegue a juicio, recuerda Joaquim Bosch, el “poco proporcionado” sistema de penas en la legislación española permite que salgan a la calle con una simple multa, mientras que pequeños robos pueden tener pena de prisión. Como ejemplo, el caso Hacienda, que afectó al constructor y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluis Núñez, y a la cúpula de Inspección de Hacienda: su juicio duró 12 años y tras condenas de entre seis y 13 años de cárcel cada uno, nadie ha entrado en prisión. Al cóctel se suman los indultos (recibidos por seis de los 33 condenados por prevaricación en 2012), una figura que, aunque existe en otros países, en el Estado no está sujeta a explicaciones por el Ejecutivo, saltándose el principio constitucional de igualdad y no arbitrariedad. El jurista Bosch lo tiene claro: “Hay que reformar el sistema de penas para que no sea tan benévolo con los políticos y que la prescripción no sea tan corta”.
Ante la desesperanza
Las acusaciones ciudadanas consiguen, vía judicial, destapar nuevas irregularidades, al contar con acceso al sumario u obligar a bancos y Administraciones a facilitar información, lo que ayuda a detectar ‘responsabilidades cruzadas’. Frente a los intentos de limitar las investigaciones a ‘manzanas podridas’ entre los políticos, estas iniciativas ponen su énfasis en el sistema de ‘puertas giratorias’ entre el sector público y el privado. La activista del 15MpaRato recuerda que “sin la legislación de Rato como ministro de Economía, las preferentes no habrían sido tan abusivas, y esa legislación blindó su carrera posterior en el sector privado”. Hasta 48 cargos ministeriales del PP, PSOE y CiU se encuentran en el Consejo de Administración de las grandes empresas españolas. Los sobres a la cúpula del PP eran financiados por las principales constructoras, que previsiblemente recibían a cambio concesiones de obras públicas que están en la base del endeudamiento de los ejecutivos central y autonómicos.
El principal riesgo es que “no demos abasto a la sobrestimulación que nos da cada día la corrupción”, alerta David Fernández, que cree que “estamos conociendo la punta del iceberg de un modelo de gobernanza al servicio de las élites económicas”. Pero ante el discurso de que ‘no se puede hacer nada’, la movilización popular funciona y construye un discurso político, como el del rechazo a la nacionalización de la deuda privada, a las privatizaciones y a los rescates a la banca. Y es que “sin la participación ciudadana se habría pasado de puntillas sobre el agujero de Bankia”, señala la activista del 15MpaRato, que alienta a replicarles e “ir a por los culpables”. Avall, por su parte, lleva años de victorias judiciales contra la especulación urbanística, mientras que las acusaciones ciudadanas contra Rato, el caso Marea o el Palau son claves en la erosión política de PP, PSOE y CiU. Se abre un tempo político en el que la ciudadanía comienza a pedir la ruptura con un sistema corrupto. Aparecen y aparecerán ‘outsiders’ ficticios, como Beatriz Talegón, Rosa Díez, Nuñez Feijóo o Esperanza Aguirre, pero también activistas de izquierdas que están elevando el tono de su discurso, como David Fernández o Ada Colau, en una carrera de impugnación del régimen que ya no es tan de fondo.
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Dudas sobre la ley de transparencia
En esta ocasión no hay urgencia. La Ley de Transparencia anunciada por el Gobierno del PP hace poco menos de un año sigue quemando etapas a paso lento, pese a que, durante sus últimas comparecencias relativas al “caso Bárcenas”, distintos cargos del PP como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santama o el propio Mariano Rajoy han realizado alusiones a un texto que está en periodo de consultas, algo que convierte a España en “el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública”, según denuncia en un comunicado Access Info Europe, que forma parte de la plataforma tuderechoasaber.es. “Es evidente que una ley de Transparencia difícilmente puede destapar una contabilidad B pero también lo es que la transparencia es el primer paso para intentar acabar con la corrupción”, explica a DIAGONAL, Victoria Anderica Caffarena de Access Info Europe, quien desarrolla la idea de que un “buen derecho de acceso a la información”, del que carece el Estado español, “tiene un efecto disuasorio sobre la corrupción ya que toda la información en manos de las instituciones públicas puede ser solicitada”. Sin embargo, Victoria Anderica, cree que ése no es el caso de la Ley que se prepara estos días. Entre los puntos que se critican del borrador presentado por el Gobierno está la exclusión de determinada información que contraviene el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, “en concreto la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas)”.
Algunas migajas del pastel
GÜRTEL. PARTIDO POPULAR, REGALOS Y CONTRATAS (PP)
Delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, etc.
Dónde: Madrid y Comunidad Valenciana.
Cuándo: se comenzó a investigar en 2009.
Implicados: actualmente hay 21 imputados, casi todos del PP.
PALMA ARENA. UN PABELLÓN MUY LUCRATIVO (PP)
Delitos: malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho.
Dónde: Islas Baleares.
Cuándo: la investigación comenzó en 2007.
Implicados: 30 imputados, entre ellos Iñaki Urdangarin, yerno del rey.
CASO PALAU. MECENAS A CAMBIO DE ADJUDICACIONES (CDC)
Delito: financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya.
Dónde: Catalunya.
Cuándo: la primera denuncia, anónima, data de 2012.
Implicados: Fèlix Millet, Convergència Democràtica de Catalunya.
OPERACIÓN MALAYA. CORRUPCIÓN Y BOOM URBANÍSTICO
Delito: corrupción urbanística.
Dónde: Marbella.
Cuándo: 2011, actualmente en proceso de instrucción.
Implicados: Julián Muñoz, J. A. Roca y parte del equipo de Gobierno.
ERE DE ANDALUCÍA. EL FONDO DE REPTILES DEL PSOE
Caso: prejubilaciones fraudulentas.
Dónde: Andalucía.
Cuándo: 17 de mayo de 2012.
Implicados: alcaldes, delegados y consejeros socialistas en Andalucía.
CASO CAMPEÓN. METIENDO MANO A COMISIÓN
Caso: fraude en subvenciones públicas.
Dónde: Galicia.
Cuándo: 2011, la instrucción está en su última fase.
Implicados: políticos del PP, PSOE y BNG, entre otros José Blanco.
* Diagonal - TER GARCÍA / DANI MARI RIPA - 19.2.13
Foto: Corrupción, cartel por listas limpias elecciones - EFE
La mafia rusa vertió millones sobre Lloret desde paraísos fiscales
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ELPAÍS/Girona* : Los Petrov, una familia originaria de un pueblito ruso junto a la frontera con Kazajstán, se instalaron en la costa catalana en 2001. Los comienzos no fueron fáciles: el patriarca, Boris, y sus hijos llevaban una vida “humilde” y vivían juntos en un “modesto piso” de Lloret de Mar. Regentaban una churrería “con escasa clientela”. Para aumentar los ingresos, el hijo varón, Andrei Petrov, conducía una furgoneta con la que transportaba a turistas. También trabajó como portero de discoteca. Pero ya entonces era “listo y ambicioso”, según una conversación grabada a su secretaria en la operación Clotilde, que ha destapado una red internacional de blanqueo de capitales y ha concluido con la imputación de quien dos años después de la llegada de los Petrov se convertiría en alcalde: Xavier Crespo, hoy diputado de CiU en el Parlament.
El sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla los vínculos entre Crespo y Andrei Petrov, que acabó convirtiéndose en el “máximo responsable en España” de una red que blanqueó, presuntamente, 56 millones de euros procedentes de organizaciones criminales rusas. El ascenso de Andrei Petrov, que sigue en prisión provisional por esta causa, no se entiende solo por la inteligencia que le atribuye su secretaria. Le ayudó su padre, Boris, que le puso en contacto con un antiguo amigo: Víktor Kanaikin, al que la Guardia Civil considera jefe máximo de la organización. Petrov hijo se prestó a ser un “instrumento” y “conseguidor” a las órdenes de Kanaikin, que le hacía llegar grandes sumas de dinero para acometer inversiones inmobiliarias.
Kanaikin no es un cualquiera. Nació el 2 de febrero de 1944, el mismo día que las tropas de Stalin reconquistaban Lutsk y Rivno, en la frontera polaca con Ucrania. Según la Guardia Civil, es “doctor en Ciencias Técnicas” y posee la Orden de Lenin como “héroe del trabajo socialista”, una de las mayores distinciones de la extinta URSS, que premiaba así a quienes impulsaban “progresos excepcionales” para mayor gloria del país. Durante 20 años, fue director general de una empresa encargada de supervisar los kilométricos gasoductos de Gazprom, el gigante energético. Kanainin vertió millones sobre España que eran administrados por Petrov, convertido en “su hombre de confianza”, su delegado.
La espectacular acumulación de patrimonio inmobiliario en muy pocos años —“casas, pisos, aparcamientos, locales comerciales y terrenos”— llamó la atención de los investigadores. Hasta 2006, Petrov había invertido en el Lloret de Crespo y en otros municipios catalanes (con dinero de Kanaikin) 20 millones de euros. El nivel de vida de los Petrov cambió, para bien, “vertiginosamente”, según uno de los informes de la Guardia Civil que figura en el sumario. El modesto piso de Lloret dio paso a “hogares de alto standing” y la furgoneta se sustituyó por “vehículos de lujo”.
Antes de entrar en contacto con los máximos responsables del Ayuntamiento —de los que, según los investigadores, obtuvo tratos de favor a cambio de regalos y patrocinios— Petrov solía codearse con dos antiguos mercenarios ucranios que habían sido miembros de la Legión Extranjera francesa.
Los antiguos mercenarios eran sus guardaespaldas. Y, además, los encargados de trasladar “grandes sumas de dinero entre España, Francia y Andorra”, como ha constatado la policía en algunos controles. Ese transporte manual era una de las formas de hacer llegar el dinero de Kanaikin a los Petrov. Las empresas del capo ruso, algunas radicadas en paraísos fiscales (Islas Vírgenes Británicas, Seychelles) hacían préstamos en dólares americanos y transacciones de dinero a las empresas que Petrov gestionaba en España. Parte del dinero se ingresaba, señala la Guardia Civil, en una cuenta a nombre de la esposa de Petrov, Irina Petrova. Petrov seguía las indicaciones de un asesor financiero de su jefe para realizar transferencias desde países como “Chipre, Andorra, Islas Seychelles, Suiza o Liechtenstein”.
Al principio, Boris supervisaba ese tráfico de capitales, aunque se fue “desvinculando” del negocio. En su declaración policial, el patriarca negó cualquier tipo de relación con su “amigo” Kanaikin. “Nunca le he visto, no sé quién es”. Su memoria también le falló cuando le preguntaron por el intermediario entre Petrov y el “héroe” soviético, Sergei Nalimov. Sobre este último, se limitó a decir que le suena porque en Rusia “hay un pez cuyo nombre se parece”.
Petrov adquirió los inmuebles a través de dos sociedades que administraba: Development Diagnostic Company (DDC) —la que mantuvo relaciones con el Ayuntamiento de Lloret— y Vikser. Ambas tienen “una cifra extraordinariamente alta” de liquidez, según la Guardia Civil. La matriz de ambas sociedades, en manos de Kanaikin, le inyectaba una “gran cantidad de capital”, lo que hace pensar a los investigadores que se trata de un entramado diseñado para blanquear capitales de origen “turbio”. Kanaikin “nunca figura oficialmente” en las operaciones de Petrov y su familia y, de hecho, por su grave estado de salud apenas viaja a España.
Los toros unieron los intereses de Petrov con los del Ayuntamiento. Tras derribar su plaza, el ayuntamiento buscaba inversores para un proyecto en la zona. Y Petrov vio la oportunidad de construir un nuevo centro comercial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha imputado a Crespo por cohecho y prevaricación, considera que el consistorio dio trato de favor al empresario ruso perdonándole la mitad de los impuestos (133.000 euros) y le concedió la licencia para construir el equipamiento. El proceso se hizo con “todo tipo de irregularidades”, según la Guardia Civil. A cambio, recoge el auto del TSJC, Petrov tuvo que aportar 270.000 euros en patrocinio a los clubes locales de fútbol y hockey entre 2007 y 2010. Además, regaló al exalcalde un reloj de 3.000 euros y costeó los gastos de dos viajes a Rusia. Los detalles del supuesto pacto entre Petrov y Crespo se fraguaron, supuestamente, en el primer viaje, en 2007. En Rusia, siempre según Petrov, presentó a Crespo y a su jefe Kanaikin. A esa reunión asistieron, también, el concejal de Urbanismo Josep Valls —también imputado— Nalimov y la esposa de Kanaikin.
“Yo solo soy un trabajador y hacía lo que mis jefes me ordenaban”, dijo Petrov en su defensa. También admitió su estrecha relación con la arquitecta Pilar Gimeno, que según la Guardia Civil va “más allá de lo estrictamente profesional”, ya que Gimeno tenía la “total confianza” de su jefe y era la encargada de hacer “labores de mediación” con el consistorio. “Pilar, tú eres... No sé, de la familia”, le dice en una de las llamadas.
Aunque el TSJC investiga la mayor parte del caso, es la Audiencia Nacional la que indaga el blanqueo, que sigue bajo secreto de sumario. En los últimos tiempos, Petrov emuló a su jefe: invirtió él mismo en proyectos de compatriotas; representó, por ejemplo, a dos kazajos para constituir una sociedad. Así es como, según la Guardia Civil, la mafia rusa se expande, acapara cada vez mayores cotas de poder y se acaba infiltrando en el tejido económico y en la esfera política. Boris, el patriarca, sigue como si nada. En su declaración, se limitó a decir que acabó cerrando la churrería “por la crisis”.
* El País - JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO - 2.3.14
Foto: Lloret de Mar (Girona), ayuntamiento - lavanguardia
El efecto estampida de los promotores
ELPAÍS* : Urbanizaciones sin terminar, sin alumbrado, sin calles, o sufriendo vertidos ilegales porque el constructor ha desaparecido del mapa sin terminar las obras. Los afectados por el efecto estampida de los promotores derivado de la crisis económica han crecido significativamente en 2012, según el último informe del Defensor del Pueblo, hecho público este martes.
El defensor no aporta cifras, pero nombra numerosos casos. Cita, por ejemplo, la situación de la urbanización Los Portales de Arucas, en el término municipal de Las Palmas, en la que detecta una “pasividad virtualmente total” del Ayuntamiento ante la falta de infraestructuras o servicios básicos, o la urbanización Esquinzo, del municipio de Pájara (Las Palmas), que sufre problemas de vertidos ilegales y en la que un informe técnico reconoce que la depuradora se realizó “sin autorización y con capacidad insuficiente”.
El defensor inició una actuación de oficio, junto con la Federación Española de Municipios (FEMP), que puso de manifiesto que muchas empresas promotoras habían desaparecido sin finalizar las obras de urbanización, con calles y aceras sin pavimentar, alumbrado sin instalar y deficiencias en los servicios básicos (saneamiento y abastecimiento de agua, luz).
Los afectados han pedido ayuda porque la precaria situación económica de los ayuntamientos les está obligando a ellos a asumir estos costes si quieren tener unas condiciones de vida dignas. El defensor da un tirón de orejas a los gobernantes locales recordándoles que deberían de haber adoptado “en su momento” las medidas de control para garantizar las obras.
Algunas administraciones locales reconocen que no exigieron a los promotores, "cuando debían", las garantías de la legislación urbanística, pero lo verdaderamente grave, según el informe, es que no se adopten medidas contra estos constructores, abriéndoles expedientes de infracciones urbanísticas, o utilizando el dinero que depositaron como garantía de sus construcciones.
“No deben de ser los adquirientes de las viviendas los obligados a completar la urbanización y a cumplir lo que el promotor quedó obligado a hacer”, opina el defensor. Para paliar esta situación, recomienda a los consistorios que tomen el dinero depositado por los empresarios como aval y acometan las obras.
En la lista de casos destacados también aparece la urbanización Tres Palmeras, de Carmona (Sevilla), el conjunto residencial Pla de la Torre, en la Torre de Claramunt (Barcelona), Ceres Golf en Cáceres o Sacaba Beach en Málaga.
* El País - JUANA VIÚDEZ 27 FEB 2013
Foto: Urbanización Sacaba Beach (Málaga) / JULIÁN ROJAS
Gijón se queda sin plan de urbanismo por decisión judicial por segunda vez en tres años
LNE/Asturias* : Gijón vuelve a tener paralizado su planeamiento urbanístico. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha determinado que el actual Plan General de Ordenación (PGO) tampoco es conforme a derecho, invalidando un documento que es fruto de una anulación judicial anterior y sin el cual no se puede mover un ladrillo dentro del municipio. La ciudad retrocede así al urbanismo que el arquitecto Ramón Fernández Rañada diseñó hace 15 años.
«La situación es de extrema gravedad y supone un gran desprestigio para este Ayuntamiento», lamentó la alcaldesa. La forista Carmen Moriyón compareció en rueda de prensa nada más conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia, al considerar que «los acontecimientos así lo requieren».
En su comparecencia se cebó con el anterior gobierno municipal: «Este es el mejor ejemplo del fracaso de un partido que hoy pretende darnos lecciones. Me pregunto por qué oscuros intereses los socialistas no respetaron la legalidad».
El Plan General que ahora se anula fue aprobado por PSOE e IU en el Pleno del 13 de mayo de 2011, unos días antes de las elecciones municipales que cambiaron el rumbo político del Ayuntamiento de Gijón. Apenas dos años después, «todo queda parado y hay que empezar desde cero», aseguró Carmen Moriyón, sin aclarar las actuaciones que llevará a cabo su equipo de gobierno para tratar de encauzar la situación urbanística de la ciudad.
Foro Asturias se comprometió a dar información más detallada a lo largo de la próxima semana. La alcaldesa sí adelantó que «será necesario revisar todos los expedientes del planeamiento que están en proceso de tramitación». La noticia cayó como una bomba en el sector de la construcción, que se ve abocado «al desastre» en esta situación de incertidumbre jurídica. Ayer, algunos promotores con intereses en los nuevos suelos urbanizables del PGO ya anunciaban su intención de presentar un recurso aclaratorio ante el tribunal asturiano.
Este es el segundo revolcón judicial que se lleva el urbanismo gijonés en los últimos tres años y medio. La nueva sentencia anulatoria da respuesta al Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, que denunció al Ayuntamiento por dejar fuera del trámite de información pública el estudio geológico realizado en El Muselín -base de un plan especial para transformar el barrio en un gran parque- y el estudio de afectación de la subsidencia (hundimientos del suelo) generada por el abandono de Mina La Camocha.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias entiende que «se ha producido indefensión a la parte recurrente, con vulneración relevante de los principios de publicidad y participación ciudadana». De ahí que se determine «la necesidad de retroacción del expediente administrativo al momento anterior a la información pública», lo que deja sin efecto el acuerdo plenario que permitió aprobar un nuevo PGO.
Este documento venía a subsanar la anulación del anterior Plan General, redactado por el arquitecto madrileño Felipe Teixidor. Aunque, en esta ocasión, el Ayuntamiento recurrió las sentencias desfavorables ante el Tribunal Supremo, quiso curarse en salud con un nuevo planeamiento, cuya elaboración se encomendó a los servicios técnicos municipales. El entonces concejal de Urbanismo y hoy presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, se volcó en el procedimiento.
«Fue una revisión urbanística precipitada, que cayó en los mismos errores y ha situado a Gijón en una excepcionalidad urbanística que no deja trabajar a los distintos agentes implicados», criticó la alcaldesa. «Y Sanjurjo todavía se jactaba de haber hecho el Plan en un tiempo récord», siguió Moriyón, metiendo el dedo en la llaga.
El anterior Plan General, que comenzó a tramitarse en el año 2005, también fue anulado por deficiencias en el proceso de participación ciudadana. Aunque desde las filas socialistas siempre se le ha quitado hierro a las sentencias anulatorias alegando que se trataba de simples defectos de forma, los numerosos contenciosos acumulados han terminado tumbando su política urbanística.
«Es lo que ocurre por hacer un Plan General con tanta opacidad y enfrentándose frontalmente a los vecinos», declaró la alcaldesa, en referencia a las tensas relaciones que el anterior gobierno de la ciudad mantuvo con la zona rural a consecuencia del PGO. La polémica se extendió a El Muselín cuando el nuevo planeamiento urbanístico incorporó un proyecto que implicaba la desaparición del barrio.
La alcaldesa se preguntaba ayer «qué hicieron los vecinos de El Muselín para que tuvieran que irse de sus casas, es falso que el barrio se caía y ahora queda probado». El rotundo rechazo de Carmen Moriyón al Plan General heredado de los socialistas ya quedó patente en el programa que Foro Asturias defendió en las últimas elecciones municipales. En la práctica, su equipo de gobierno sigue tramitando algunos de los proyectos más polémicos de ese PGO, mientras trabaja en la revisión que prometió cuando aspiraba a convertirse en alcaldesa.
Si contra el anterior Plan de Ordenación prosperaron una treintena de recursos, contra el actual documento están pendientes de sentencia unos 45. De momento, el único que se ha estimado es el del Colectivo en Defensa del Medio Rural.
* LNE - Miriam SUÁREZ - 2.3.13
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
