ELPAÍS/Murcia* : Antonio Sánchez Hernández utiliza la lógica aplastante del campo. “Imagino que lo abrirán para luego cerrarlo”, afirma mientras señala lo que los carteles llaman el “Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia”. Antonio, de 72 años, marmolista jubilado y agricultor en sus ratos libres, riega sus 20 fanegas de tierra para intentar salvar la cosecha. El aeropuerto que señala al otro lado de la carretera es un edificio gris con láminas de acero inoxidable. Es bonito y dicen que ha ganado premios de diseño. No se puede entrar, solo ver los matorrales que asoman entre la pista, el aparcamiento vacío, la torre de control sin estrenar. Ni un vuelo comercial ha aterrizado aquí, entre almendros y frutales, pese a que la instalación, que ha costado 266 millones de euros, lleva un año terminada. A la lista del bochorno, aeropuertos sin aviones —Castellón, Ciudad Real, Huesca...—, se suma el de Corvera, con menos publicidad y sin haber sido inaugurado.
Murcia iba a ser Florida. O mejor, California. En la burbuja, proliferaron los resorts —miles de viviendas y campos de golf— cerca de la costa para atraer británicos. El Gobierno regional, del PP, se sumó a la fiesta. El dinero parecía no ser un problema. Así nació la autopista de peaje Cartagena-Vera, que recorre 100 kilómetros de costa casi virgen para dar servicio a las futuras urbanizaciones. Después iba a ir Marina de Cope, un megacomplejo en un parque natural. La guinda era un aeropuerto privado para atraer enjambres de turistas. Al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, no le bastaba con el gran aeropuerto de Alicante, a 75 kilómetros de Murcia. Ni con el uso parcial de la base militar de San Javier, en Murcia.
Por eso en 2006 adjudicó a un consorcio liderado por Sacyr la construcción de este aeropuerto. “Es único porque no ha constado un euro público y la titularidad es de la comunidad”, cuenta en su despacho el director general de Transportes, Antonio Sánchez-Solís. A la entrada de la consejería hay una gran maqueta del aeropuerto. Y frente al despacho del consejero, otra.
En 2008, al comenzar las obras, pronto se vio que nada iba según lo previsto. “Entonces cae la financiación bancaria y el concesionario encuentra dificultades, se bloquean las negociaciones con las entidades financieras, y la comunidad autónoma lógicamente acudió en auxilio del concesionario avalándole. Eso no supone que haya puesto una peseta”, cuenta Sánchez-Solís.
El “auxilio” fue un aval de 200 millones de la comunidad al proyecto. Lo introdujo el PP en una enmienda a los presupuestos de 2010 y así ligó su destino al de la obra. Si la concesión quiebra, los bancos —Caixabanc, Espirito Santo, Caixa de Tarragona, Caja Segovia, Cajasol, el ICO y la Caja de Tarragona— exigirán 200 millones a una comunidad endeudada y que en 2012 tuvo que pedir 527 millones al Fondo de Liquidez Autonómica. “Era el momento de dejar caer la obra y no habría pasado nada, pero Valcárcel se empeñó en seguir”, dice una fuente conocedora del plan que exige anonimato.
Con el aval de la comunidad fluyó el crédito y las obras volvieron a coger ritmo. Acabaron hace un año, según fuentes del proyecto, aunque no hubo corte de cinta ni cava. La imagen de los fiascos de Castellón y Ciudad Real sobrevuela Murcia. Ningún político lo inaugurará sin un avión. “Está en fase de equipamiento y faltan algunas autorizaciones”, matiza el responsable de transportes autonómico, quien no da fecha para su apertura: “Sería imprudente”. La hemeroteca está llena de anuncios con la próxima apertura del aeropuerto.
El principal problema es que, a 35 kilómetros, el Ministerio de Fomento acaba de invertir 70 millones en mejorar el aeropuerto de San Javier. AENA, la sociedad encargada de gestionar la parte civil, construyó entre 2004 y 2011 una nueva terminal, otra pista y una torre de control. Y exige que la comunidad o el aeropuerto nuevo se los paguen. “Ni la comunidad ni el concesionario tienen ese dinero. Lo que pueden hacer es traspasarle esos activos al Ministerio de Defensa”, cuenta una fuente del proyecto.
La situación es endiablada: un aeropuerto nuevo de 266 millones que exige que cierre otro, público, que está a 35 kilómetros y en el que se acaban de invertir 70 millones que nadie puede compensar. “Valcárcel se empeñó en tener su aeropuerto cuando sabía que AENA estaba invirtiendo en San Javier. Dijo que triplicaría la llegada de turistas y no hay nada”, critica Begoña García Retegui, portavoz socialista. En Murcia se esgrime el agravio respecto a Alicante. “Murcia ha sido tradicionalmente muy castigada en materia de comunicaciones. La autovía del Mediterráneo paraba en Alicante, hasta hace poco no tenía una autovía con Madrid y no hay red de tren desdoblada. Y eso que es una región turística”, alega Sánchez-Solís. El Gobierno de Murcia insiste en que no será otro aeropuerto sin aviones. Valcárcel ha dicho que no es un aeródromo “para pasear”, en alusión al de Castellón, que se hizo “a mayor gloria del padre de la nena” —dardo contra Carlos Fabra y su hija Andrea—.
Pese a que la comunidad afirma que todo está en orden y no hay ningún riesgo con el aval, pasan los meses y los accionistas se inquietan. Junto a Sacyr —que cuando se lanzó la obra presidía el murciano Luis del Rivero— hay en el capital empresas de Murcia (El Pozo y Cementos Cruz), bancos (CAM y Caja Murcia) e Inmobiliarias (Montoro e Hijos e Inprisma). Cada una de estas tiene una participación que ronda el 6%, pero algunos empiezan a cansarse de pagar intereses y no tener fecha de apertura. Montoro e Hijos ya ha pedido salir del accionariado, según la empresa.
Incluso si AENA acepta cerrar el aeropuerto de San Javier, quedarán nubarrones. Los números con los que se montó el negocio son hoy más que dudosos: el tráfico de pasajeros en San Javier ha bajado de dos millones en 2007 a 1,2 en 2012. Si Corvera absorbiera todo el tráfico de San Javier no llegaría a los 5,2 millones de pasajeros en 2015, como preveía el contrato. “Si abre, habría que dar ayudas públicas inmediatamente, como se ha hecho con las autopistas de peaje. Además, se habría cerrado el aeropuerto público”, cuenta una fuente en la trastienda de la operación. La concesionaria no comenta la situación, aunque hay quien recuerda que renegociar las condiciones de la concesión es una práctica habitual.
Ajenos a las negociaciones entre Sacyr, AENA y la comunidad, en la zona cunde el desánimo. Los dueños del terreno denuncian que solo han cobrado una parte mínima de la expropiación. Ascensión Noguera está entre los 90 dueños afectados: “Estoy pagando una hipoteca por la tierra de limoneros que compré con toda la ilusión y ahora no hay nada”. Al menos, cuenta, ella trabajó en la construcción del aeropuerto. Está pendiente de los cursos de formación de personal, pero se retrasan una y otra vez.
Antonio Sánchez, el agricultor, vuelve a mirar a su alrededor y diagnostica: “No hay un duro. El dinero se ha ido. En ese resort hay 1.500 casas y viven 20 familias. Los extranjeros se han cansado de que les engañen”. Habla sonriendo, pausado, sin rencor, pero cada frase es un mazazo: “El aeropuerto no hacía falta, pero se han equivocado todos. Lo que teníamos que hacer en treinta años lo hicimos en menos de diez. Mi hija es profesora y en su escuela no tienen ni para el gasoil de la calefacción. El único avión que veré aquí será este pívot”. Y señala los tubos del sistema de regadío aéreo que pasan sobre su cabeza.
La autopista Cartagena-Vera está en concurso de acreedores y la ley que permitía la megaurbanización de Marina de Cope en un parque natural en la costa ha sido anulada por el Constitucional. ¿Se salvará el aeropuerto de la maldición de los planes faraónicos de Murcia?
* El País - RAFAEL MÉNDEZ Murcia 17 FEB 2013
Foto: El aeropuerto de Corvera, en Murcia.- elpais
Otro aeropuerto sin aviones
Secuelas del urbanismo salvaje en Lanzarote
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DIARIODELANZAROTE* : La guía práctica del urbanismo salvaje en Lanzarote es contundente: si usted quiere vulnerar las leyes territoriales hágalo a lo grande, pues es casi seguro que logrará salvarse. Por el contrario, si lo hace a pequeña escala acabará pagando las consecuencias. Es como el himno a la lucha canaria pero al revés, puesto que en incumplimientos urbanísticos el grande gana y el chico pierde. Para unos pocos se cambian las leyes, mientras que los demás están condenados a la demolición. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN) tiene abiertos más de 9.000 expedientes por construcciones realizadas de forma irregular en suelo protegido en Canarias, de ellos más de 700 corresponden a Lanzarote. A esto, hay que sumar los 30 establecimientos turísticos que están abiertos aunque sus licencias han sido anuladas por la justicia, y que suman unas 10.000 plazas. Pero puestos a vulnerar las normas territoriales y urbanísticas no haga usted un pequeño cuarto de aperos, sino construya una nave o varias, porque es la única manera que tiene de escapar, según indica la guía práctica del urbanismo salvaje en Lanzarote.
Un día sí, y otro también, la APMUN impone cuantiosas multas por la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico no apto para ello. Se consideran infracciones administrativas graves. Adosado a la vivienda, puede que se haya construido un almacén de unos 40 metros cuadrados, y que se haya hormigonado una superficie de 130 metros cuadrados que sirve de acceso a las edificaciones. Y cuatro muros de piedra, un cuarto de aperos de unos 12 metros cuadrados y un cobertizo en precario de unos 30 metros cuadrados. La sanción supera los 100.000 euros, más la amenaza de demolición inminente. El ejemplo es real.
Mientras lo débiles reciben todo el peso de las leyes, los poderosos encuentran resquicios para que el planeamiento dé carta de legalidad a sus operaciones, hallando el amparo y la comprensión de las Corporaciones Locales. En nombre de la inversión privada y el crecimiento económico se han justificado auténticas barbaridades. Así, usted puede obtener una licencia urbanística para construir 1.000 viviendas y 200 locales comerciales en un suelo no apto para ello, como es el caso del Plan Parcial Costa Roja, o puede obtener licencias para edificar 1.800 viviendas en una Plan Parcial anulado por la justicia, como es el caso del Plan Parcial Playa Blanca. A la larga, la sensación que tiene la población es que este tipo de irregularidades quedan inmunes y acaban siendo legalizadas.
Otra muestra la constituye la situación de numerosos hoteles con licencias anuladas por la justicia, pese a lo cual siguen abiertos al público y no consta que hayan sido multados. Por ejemplo, uno de esos hoteles tenía autorizada una edificabilidad de 26.723 metros cuadrados y acabó construyendo 44.443, además de alzarse sobre dos parcelas separadas por un vial, que ha desaparecido (Hotel Papagayo Arena). Otro de los hoteles afectados edificó 26.112 metros cuadrados, cuando sólo tenía autorizados 17.517 (Hotel Dream Gran Castillo). Otro sobrepasa la altura y el número de plantas autorizadas, construyendo cuatro veces más de lo permitido y ocupando la parcela un 18% más de lo reconocido (Hotel Son Bou). El último ejemplo: además de incumplir el número de plantas y las alturas, se construyó 10.800 metros cuadrados de más, mientras que la ocupación de la parcela se excede un 12% más de lo autorizado (Hotel Princesa Yaiza). Y así hasta cerca de 30 casos de diverso tipo.
El Plan General de Ordenación de Yaiza que se está tramitando pretende facilitar la legalización de los planes parciales y los hoteles que han vulnerado las normas. Es la solución a la medida para los poderosos. No sería la primera vez que sucede una cosa así en la isla, ya que sobre el Aparthotel Los Fariones Playa pesó una sentencia firme de demolición en los años 80 del siglo XX que nunca llegó a ejecutarse. Se conoce por urbanismo a la carta aquél que consigue que los planes territoriales se adapten a sus deseos, dando igual si el suelo es rústico, zona verde o se encuentra en un espacio natural protegido. Pero, en el otro extremo, hay infinidad de situaciones que afectan a pequeños propietarios que no tienen otra salida que pagar multas y demoler lo construido.
Por lo tanto, las consecuencias del urbanismo salvaje acaecido en la isla se componen, de un lado, de las operaciones realizadas a gran escala por quienes se han saltado las leyes de una forma consciente, con el inestimable respaldo de cargos públicos y juristas y técnicos municipales, y, de otra parte, de cierto toque de insumisión que ha provocado múltiples pequeñas infracciones territoriales. La diferencia es que las primeras suelen encontrar acomodo legal y las segundas no. La tercera categoría la forma la mayoría que ha cumplido con las normas, sean empresarios turísticos o propietarios de suelo corrientes, a quienes se les quedan caras de bobos al constatar que no hay castigo para quienes se han atrevido a vulnerar las leyes territoriales y urbanísticas. Y que además son premiados.
El saber popular lo tiene claro en la isla desde hace décadas, como lo atestiguan las Coplas de Víctor Fernández, ‘el salinero', quien venía a decir, más o menos, que si pongo de alcalde a mi medianero en el pueblo se hace lo que yo quiero. Resulta evidente que muchos siguen creyendo que las leyes han de ser iguales para todos y que deben ser de obligado cumplimiento. Y que no sólo deben ser acatadas, sino que los poderes públicos deben hacerlas cumplir. De no ser así, la isla ya habría sido arrasada.
Construcción y corrupción
En el imaginario colectivo se ha instalado la sensación de que existe una estrecha relación entre el urbanismo salvaje y la corrupción. Al menos en Lanzarote, esta relación parece obvia. La corrupción política suele ser el resultado de tres tipos de factores, según los especialistas.
Unos son estructurales, es decir la existencia de unas fronteras no demasiado bien definidas entre el poder público y el mercado, que brinda oportunidades para intercambios corruptos cuando los beneficios económicos pueden depender de decisiones políticas. Otros son culturales: algún nivel de tolerancia hacia estas prácticas entre los ciudadanos que sirve como incentivo para aprovechar tales oportunidades. Y, por último, están los factores institucionales, que se refieren al funcionamiento defectuoso de los mecanismos políticos, administrativos o judiciales de control que limitan el poder discrecional de los regidores públicos.
Para terminar, los estudiosos resumen en tres las tareas que habría que abordar para acabar o reducir este tipo de prácticas. Un primer y fundamental objetivo en la lucha contra la corrupción es reducir la sensación de impunidad. Por otra parte, además de mejorar las leyes y, sobre todo, los medios para su aplicación, es imprescindible mejorar los gobiernos locales y su relación con los demás niveles de gobierno. Para finalizar, es imprescindible acabar con la financiación irregular de los partidos políticos.
Lo que parece indiscutible es que la corrupción sale barata cuando está vinculada al urbanismo salvaje. Véase si no el ejemplo del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a quien la justicia investiga por haber amasado presuntamente cerca de un millón de euros mediante la concesión de licencias ilegales. O el caso del ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, quien por el mismo motivo ha sido condenado a no ejercer de alcalde o concejal durante varios años, mientras que sí puede ejercer de diputado regional, cargo que ostenta en la actualidad.
* Diario de Lanzarote - 17.2.13
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
Cáceres.- El TSJEx anula la recalificación que permite edificar viviendas junto al Paseo Alto
HOY* : Esta recalificación supone una alteración sustancial del Plan de Urbanismo y debería haberse sometido la propuesta a un plazo de exposición pública para que los afectados pudieran alegar. Es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, TSJEx, sobre el cambio de la clasificación urbanística de un terreno ubicado junto al Paseo Alto, que aparece en el Plan General Municipal de Cáceres, PGM, aprobado en febrero de 2010, recalificación que es ahora es anulada por sentencia judicial con el argumento de que no se ha seguido el trámite obligado, es decir su exposición pública previa a la aprobación del PGM.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx, en una sentencia de fecha del pasado 15 de enero, estima el recurso presentado por vecinos de la urbanización de la Zambomba contra la resolución de la Junta de Extremadura por la que se aprobó el PGM en lo relativo al sector urbanístico denominado 'Residencial la Zambomba' ,APE 16.01.
Los vecinos de la Zambomba presentaron el recurso al no estar de acuerdo con que se permita edificar en un terreno que estaba catalogado en el Plan de Urbanismo de 1999 como equipamiento deportivo, es decir sólo apto para dotaciones con este uso y no para viviendas. Entre los motivos del recurso para pedir la anulación de la recalificación, el tribunal ha admitido una de carácter formal, la relativa a la necesidad de haber expuesto este cambio urbanístico a un período de exposición al público para posibles alegaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cáceres, que no se ha personado en este litigio, aprobó el PGM el 30 de noviembre de 2009 de forma definitiva, tras varias aprobaciones iniciales y provisionales en los años precedentes. En ese documento final aparece la recalificación de los terrenos objeto de litigio sin que el Ayuntamiento considerara necesaria someter el PGM a un nuevo período de alegaciones, que hubiera sido la cuarta exposición al público. El cambio no lo consideró sustancial, pero ahora el TJEx sí considera que debió observarse este trámite.
Cabe señalar que esta recalificación tiene que ver con la operación de El Corte Inglés porque fue aceptada por el Ayuntamiento en 2009 como propuesta, precisamente, de la empresa promotora de esta operación, Almonte, y por el propietario de los terrenos lidiantes con el Paseo Alto, Atienza, con una extensión total de 24.000 metros cuadrados y calificados como equipamiento deportivo.
El Corte Inglés
La propuesta consistía en que Almonte se hacía con 10.000 metros cuadrados para cederlos al Ayuntamiento como parte de las compensaciones de suelo que debía hacer al serle autorizada la recalificación del solar de las Carmelitas. Esta parte de los terrenos pasaría a integrar el mismo sector de la parcela el colegio, en la avenida Virgen de Guadalupe. Otros 12.500 metros cuadrados se quedaba como el sector 'Residencial la Zambomba', el APE 16.01, con capacidad para una edificación residencial de 5.000 metros cuadrados, es decir unas 22 viviendas. Ante ello, los vecinos presentan el recurso contra la recalificación del residencial, no sobre el suelo de cesión por El Corte Inglés, operación que no se ve afectada por esta sentencia, según aclara el asesor jurídico de los recurrentes, el abogado José María Muñoz.
Estos vecinos ya presentaron un recurso contra un primer intento de recalificación de este mismo sector, la que se incluyó en el primer documento de la revisión del PGM, en el año 2005, y el Ayuntamiento aceptó entonces las alegaciones de los residentes de la Zambomba, de manera que no permitió la edificación de viviendas en este terreno dentro del PGM aprobado inicialmente en 2006. Sin embargo, tres años después se plantea de nuevo una recalificación parecida, aunque con cambios, y ya es aceptada por el Ayuntamiento al permitir la viabilidad de El Corte Inglés, pero sin volver a someter la propuesta a exposición pública.
Este hecho es señalado en la sentencia, en la que el tribunal afirma que se ha producido «una alteración que en cierta medida constituye una vulneración del principio de confianza legítima» toda vez que, según la sentencia, si se suprimió en 2006 esta recalificación, «constituye una sorpresa para quienes vieron estimadas sus alegaciones que en la última aprobación (PGM de 2010) se incluya nuevamente y no se les dé trámite preceptivo de información máxime cuando si se están alegando cuestiones de fondo, no meramente formales, necesitan una motivación concreta».
El TSJEx no entra en el examen de otros motivos y su sentencia no ha sido recurrida por la Junta de Extremadura, por lo que es firme.
* Hoy - J.J.GONZÁLEZ - 19.2.13
Foto: Cáceres, urbanización la Zambomba - panoramio
Madrid.- Una ciudad con dos planes urbanísticos
ELPAÍS* : El fin del mundo maya llegó a Madrid con un par de meses de adelanto. Afectó sólo al 15% de la superficie del municipio, sobre todo a los alrededores de la M-40. Y, afortunadamente, únicamente tuvo lugar sobre el papel. En los mapas. La vida sigue desde ese día con relativa normalidad en la ciudad. Pero en los planos, donde antes aparecían edificios, carreteras, paradas de autobús, calles y aceras, ahora hay secarrales y arboledas. De un plumazo, el pasado 28 de septiembre, el Tribunal Supremo devolvió gran parte de Madrid del año 2012 a 1985. La sentencia anuló el desarrollo urbanístico del último cuarto de siglo, incluido el barrio de Valdebebas, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la ampliación del aeropuerto de Barajas. Legalmente, no existen. Eso no significa que haya que derribar todo lo construido. Pero, a la espera de solucionar el entuerto, el mayor al que se ha enfrentado la capital en su historia reciente, todos los actos administrativos se han paralizado en esas áreas. Las obras en marcha continúan. Pero si se cae un doble techo del aeropuerto, no es posible obtener licencia para repararlo. Si se termina una casa en los nuevos barrios, no se pueden entregar las llaves. Porque, legalmente, nada de eso existe.
El Ayuntamiento trabaja contrarreloj para evitar que la ciudad se le muera entre las manos. Miles de personas confiaban en entrar a vivir en sus pisos de Valdebebas en la primera mitad del año, por ejemplo. ¿Qué pasará con ellos? El Gobierno municipal (Partido Popular) promete que en agosto estará resuelto. Para entonces, los mapas deberían haber vuelto al estado en el que se encontraban antes de la sentencia.
Volverán así a desaparecer los terrenos protegidos por su valor ecológico que la burbuja inmobiliaria se llevó por delante. El Supremo dictaminó que no se había justificado adecuadamente su conversión en suelo urbanizable.
El Ayuntamiento ya intentó hace años escaparse por la puerta de atrás, y de ahí viene este último varapalo judicial. Ahora debe redactar un plan urbanístico, tarea que suele llevar años, en cuestión de meses. Pero no para cambiar la ciudad, sino para devolverla a su estado actual. No introducirá ningún cambio, como le requiere el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky.
Y mientras, al mismo tiempo, continúa elaborando otro plan, este sí para toda la ciudad, este sí para modificar la cara de Madrid y, paradójicamente, tratar de revertir todo lo que ha salido mal en los últimos 27 años por confiar el desarrollo urbano al ladrillo y la especulación inmobiliaria. Estará listo en 2016.
Un bofetón del Supremo. En 1997, el Ayuntamiento, regido entonces por José María Álvarez del Manzano (PP), aprobó un plan general de ordenación urbana que exprimía todo el suelo disponible en el municipio y convertía en urbanizable (y casi exclusivamente residencial) el doble de superficie de la que ocupa la almendra central. Parte de esos terrenos habían sido protegidos por su valor ecológico o agropecuario en 1985, cuando gobernaba la ciudad el socialista Enrique Tierno Galván.
La Comunidad, en manos del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), validó el plan en abril de 1997. Y el Partido Socialista, junto con Ecologistas en Acción, lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Cinco años después, en febrero de 2003, los magistrados estimaron en parte sus quejas. En 2007, el Supremo tumbó el plan urbanístico y creyó zanjar así la cuestión. Pero el Ayuntamiento, gobernado para entonces por Gallardón, trató de remendar el zarpazo judicial: aprobó dos acuerdos, en noviembre de 2007 y marzo de 2009, que añadían al plan la justificación que los magistrados echaron en falta para convertir el suelo protegido en urbanizable.
La Comunidad, en manos de Esperanza Aguirre (PP), lo dio por bueno. Ecologistas en Acción recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en enero de 2010 desestimó su petición. Pero, y aquí acaba el expediente, el Supremo sí consideró en septiembre de 2012 que “no se puede subsanar, enmendar o convalidar un plan nulo. La justificación no puede tener alcance retroactivo”. O lo que es lo mismo: el plan ha sido anulado. Esta muerto. No se puede remendar. Hay que hacer uno nuevo. El Supremo consideraba además “menoscabado el derecho de los ciudadanos a cuestionar” las decisiones administrativas, máxime cuando tienen “una repercusión significativa sobre el medio ambiente”. “Únicamente puede combatirse aquello que se conoce y cuando se comprenden las razones”, decía la sentencia.
Las dudas de la Comunidad. El fallo anuló el plan de 1997 en 21 ámbitos de la capital, que quedaron en el mapa como en 1985. El aeropuerto de Barajas, por ejemplo, se convirtió en su mayor parte en suelo agrícola, con un pedazo de suelo de valor ecológico. El Ayuntamiento se puso de inmediato a trabajar con Comunidad y Gobierno central (PP), muy afectados ambos por la decisión.
En un primer momento, se pensó en recurrir a la capacidad legislativa regional para solucionarlo de un plumazo, pero el Ejecutivo de Ignacio González (PP) planteó dudas jurídicas. Lo que sí hizo, en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2013, fue sentar la base legal para trasladar esos ámbitos desde 1985 al presente de nuevo. A partir de ahí, el Ayuntamiento espera concluir el proceso el próximo 2 de agosto.
21 ámbitos paralizados. Madrid tiene 604 millones de metros cuadrados. La sentencia afectó a 89 millones. De esta, un tercio, 33 millones, era terreno protegido en 1985. Son 21 ámbitos: Mingorrubio; Portillo del Prado; Manzanares Norte; Cuatro Vientos; Campamento; El Salobral; La Dehesa; La Atalayuela; Los Cerros; Los Ahijones; Los Berrocales; Valdecarros; Valdebebas; ensanche San Fernando; remate suroeste de Campamento; La Escorzonera; solana de Valdebebas; Fuente Fría Norte; Arroyo del Fresno; Valdegrulla; y sistema aeroportuario de Barajas.
En algunos, el suelo protegido supone prácticamente todo el terreno; en Arrollo del Fresno, no había ni un metro cuadrado. En algunos, aún no ha empezado el desarrollo, pero otros, sobre todo Valdebebas, están en fase crítica. En Los Cerros, con 15.000 viviendas previstas, ni siquiera hay proyecto. En Valdecarros, con 48.000, sí, pero está parado. En Los Ahijones, con 15.400, se están empezando a mover tierras. En Arroyo del Fresno, la urbanización está casi concluida, pero aún no hay licencias para sus 2.754 viviendas.
¿Quién paga la fiesta? En Valdebebas, hay 12.500 pisos previstos; un tercio ya está en obras. La mayoría, de cooperativas, que han invertido 1.100 millones de euros. Aproximadamente 2.000 familias deberían recepcionar sus viviendas este año, indica Pedro Vizcaíno, director de comunicación de la Junta de Compensación. En marzo estará lista ya una de las 54 promociones. “Al Ayuntamiento se le echa el tiempo encima. Los cooperativistas son los que menos se lo merecen, han pagado sus cuotas. ¿Ahora quién paga la fiesta? ¿Si me tengo que ir seis meses o un año de alquiler quién lo paga?”, añade.
La mitad de informes. Pese a lo que pueda parecer, las Juntas respaldan por ahora al Ayuntamiento, y confían en que cumpla los plazos. El trámite habitual, que incluye dos periodos de alegaciones, se ha reducido en lo posible merced a la colaboración entre Administraciones. Los 72 informes requeridos se han dejado en 38 por indicación del Gobierno. No se van a introducir cambios para no salirse de la ejecución estricta de la sentencia. Adecuar la ciudad al estallido de la burbuja inmobiliaria se deja así para el nuevo plan, que se está preparando en paralelo. El área de Urbanismo, que dirige Paz González, trabaja al límite y dividida en dos para sacar adelante ambos proyectos. El avance del nuevo plan, el que debe convertir Madrid en una ciudad de bulevares y repensar los PAU a partir de 2017, estará listo en mayo.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 11 FEB 2013
Foto: Vista de las obras en el barrio de Valdebebas. / CARLOS ROSILLO
El juez imputa tráfico de influencias al primer teniente de alcalde de Súria
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LAVANGUARDIA/Barcelona* : El titular del juzgado de instrucción nº2 de Manresa imputa también el delito de tráfico de influencias al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Súria, Joan Castellà (CiU) en el caso que investiga la ampliación de la mina de Cabanasses por parte de la empresa Iberpotash. En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el juez añade a los delitos de prevaricación y prevaricación urbanística, que ya le imputó el pasado 6 de febrero, los de tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y el de negociaciones prohibidas. A partir de las declaraciones de diversos cargos municipales, entre ellos el alcalde del municipio, Josep Maria Canudas (CiU), que también está imputado en el caso, el juez asegura que Castellà es propietario de terrenos afectados por las obras de Iberpotash.
El juez investiga una denuncia sobre una presunta infracción urbanística en el inicio de las obras de la rampa de la mina que explota la filial del grupo israelí ICL en Súria (Barcelona). Se da la circunstancia de que el 40% de los terrenos donde se realiza el proyecto Phoenix de Iberpotash, con el que se prevén inversiones de hasta 600 millones en varias fases, son propiedad del primer teniente de alcalde, Joan Castellà.
Durante su declaración como imputado, Castellà reconoció que ha pactado una opción de compra de sus terrenos en favor de Iberpotash por 300.000 euros "ejercitable a partir del décimo año", y que la renta mensual de arrendamiento es de 1.200 euros, según han informado a Efe fuentes judiciales. Además, Castellà también admitió que cuando el ayuntamiento dio luz verde a la licencia de Iberpotash, él no hizo constar que tenía intereses económicos en las obras.
El alcalde de Súria, Josep Maria Canudas, los cuatro tenientes de alcalde y dos técnicos municipales del Ayuntamiento declararon el pasado 13 de febrero ante el juzgado de instrucción número 2 de Manresa por un presunto delito de prevaricación urbanística relacionado con la construcción de una rampa de acceso a la mina de Cabanasses por parte de la empresa Iberpotash.
A raíz de la denuncia, la empresa Iberpotash tuvo que paralizar las obras de construcción de la rampa el pasado 17 de enero y todavía no se han reanudado. Sin embargo, la empresa tiene previsto reanudarlas próximamente, ya que la Comisión de Urbanismo ya aprobó definitivamente el plan especial urbanístico que daba luz verde para efectuar las obras.
En un comunicado, la Candidatura d'Unitat Popular, personada como acusación particular, pide que la justicia actúe hasta "las últimas consecuencias" para esclarecer el caso.
* La Vanguardia - EFE y ACN - 18.2.13
Foto: Súria (Barcelona) - turismorural
Y este desmán quedó amnistiado
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ELPAÍS* : A toda prisa, el Gobierno del PP consiguió sacar adelante la nueva Ley de Costas en comisión del Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta. La normativa, polémica, porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de diez zonas y porque da otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta en 2018, entre otros asuntos, tendrá que aprobarse ahora en el Senado.
El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.
Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.
“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.
Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.
Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.
Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.
El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 19.2.13
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais.jpg
Revelan la lista de 57 montes públicos que quiere vender Castilla-La Mancha
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* de Castilla-La Mancha ha desvelado en un informe el listado inicial de montes de utilidad pública susceptibles de venta que ha elaborado la Consejería de Agricultura de Castilla- La Mancha a instancias de la Consejería de Hacienda. El listado es el resultado de un opaco proceso de selección de montes candidatos a la venta de entre todos los que figuran en los Catálogos provinciales de Montes de Utilidad Pública publicados en el año 2012.
No siendo un listado definitivo, sino de trabajo, puede sufrir altas o bajas en el proceso, pero por sí mismo refleja la enorme dimensión ambiental y territorial que puede alcanzar la venta de montes públicos y la tipología de terrenos que el Gobierno está dispuesto a poner en manos privadas.
De los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno ha identificado en un primer momento 57, con una superficie total de 40.038 hectáreas susceptibles de venta, y ello a pesar de conocer las restricciones legales que habría para realizar dicha operación. Castilla-La Mancha está dispuesta a declarar en venta una cuarta parte de los MUP existentes en la región.
Ecologistas en Acción ha valorado el gravísimo impacto ambiental y territorial que supondría la venta de montes.
Por provincias, la más afectada en número de montes sería la de Ciudad Real, con 19 MUP preseleccionados para la venta, seguida por Albacete y Guadalajara con 13 y 11 respectivamente. En un tercer escalón queda Cuenca, con 8 montes, y Toledo con 6. Sin embargo, en proporción a la superficie de montes de utilidad pública existente, la provincia más afectada por la medida es Toledo, donde se pondrían a la venta más del 50% de las superficies de MUP existentes, seguida de Ciudad Real con casi el 30%.
Por municipios, la distribución es más equilibrada, salvo por una muy llamativa excepción. Casi todos los municipios afectados lo son por un solo MUP preseleccionado, o a la sumo dos, como son los casos de 7 municipios (Los Yébenes, Elche de la Sierra, Viso del Marqués, Puertollano, Aliaguilla, Semillas y Guadalajara). Pero en el caso del municipio de Anchuras (Ciudad Real), el número de montes preseleccionados se eleva espectacularmente a 9, que suman 4.078 hectáreas de superficie
Para el impacto ambiental se ha valorado la afección a espacios naturales protegidos y de la Red natura 2000, mostrándose un panorama desolador. De los 57 MUP incluidos en el listado, 13 se encuentran en algún tipo de espacio protegido de la red regional y 4 en refugios de fauna en vigor o recientemente descatalogados.
Es decir, cerca del 30 % de los MUP que se plantea privatizar afectan a espacios naturales, un 22 % en concreto a parques naturales y microrreservas de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla- La Mancha. Llama especialmente la atención el número y superficie de los montes afectados en los Parques Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara (6 MUP) y del Valle de Alcudia-Sierra Madrona (3 MUP), así como las 4 microrreservas afectadas, algunas de ellas en el 100% de su superficie.
En cuanto a la Red Natura 2000 el impacto de la venta de montes sería aún mayor. Un total de 27 de los 57 montes listados están en su totalidad o en parte en espacios así catalogados, y otros 7 descansan sobre los límites geográficos de alguno de estos espacios naturales. Casi el 50% de los montes preseleccionados afectan directamente a Red Natura 2.000 y otro 12 % adicional afecta indirectamente. Un total de 18 espacios de la Red Natura 2000, 8 ZEPA y 10 LIC, se verían seriamente afectados por la venta de montes.
Se demuestra por tanto el gravísimo impacto ambiental y territorial, y también social y económico, que supondría la venta de montes públicos que planea el Gobierno de Castilla-La Mancha. Una desamortización que afectará muy especialmente a los espacios protegidos, pero también al uso público de los montes, dado que la privatización que se pretende llevar a cabo cerrará el paso a los terrenos y el acceso a los aprovechamientos de los mismos, que venían siendo disfrutados por los habitantes de los municipios en los que se ubican.
La venta de MUP sólo beneficiará a unos pocos privilegiados en detrimento del conjunto de la ciudadanía y supondría poner en cuestión el concepto de dominio público forestal.
Por último, se señala también en el informe que la amenaza de venta no sólo planea sobre los montes de utilidad pública, sino también lo hace sobre otros terrenos de titularidad de la Junta cuyo inventario se desconoce pero que en el caso de superficies forestales abarcaría más de 48.000 hectáreas. Estos terrenos corren aun más riesgo pues el amparo legal es más limitado sobre ellos, a pesar de que cumplen una función ambiental y social de primer orden.
Ecologistas en Acción reitera su demanda al Gobierno de Castilla-La Mancha de que ceje en su empeño de poner a la venta montes públicos y reclama en todo caso y más que nunca transparencia e información sobre la medida que pretende llevar a cabo.
* Ecologistas en Acción - 18.2.13
Foto: Castilla La Mancha, monte_publico - ecologistasenaccion
Según WWF, la reforma de la Ley de Costas supondrá un retroceso de 40 años en la protección del litoral
WWF* : La modificación de la Ley fue impulsada a la llegada del Gobierno actual, como uno de sus primeros anuncios, para “solucionar los grandes problemas que amenazan la costa”, en palabras del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, WWF denuncia que esta reforma profundiza en la desnaturalización de los ecosistemas costeros y agrava la presión urbanística, dando prioridad a los intereses particulares sobre el interés general.
El gobierno justifica, en parte, esta reforma como una demanda del Parlamento europeo a través del informe Auken. No obstante, la semana pasada la propia eurodiputada danesa Margrete Auken mostró en Madrid su contrariedad por la mala interpretación que hace el preámbulo del Proyecto de Ley afirmando que esta reforma no cumple ninguna de las recomendaciones de su informe.
El nuevo texto aumenta la desprotección del litoral, ignora los efectos del cambio climático sobre la franja costera y propone avanzar en su ocupación, favoreciendo la especulación urbanística y el desarrollo industrial en zonas altamente vulnerables. Un claro ejemplo es que bajo esta nueva Ley se reduce la servidumbre de protección de 100 a 20 metros en las rías y determinados núcleos de población. Además, se prolongan las concesiones y adscripciones hasta un periodo de 75 años, permitiendo la compra-venta de dicho terrenos.
Asimismo, la reforma excluye del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) ecosistemas como salinas y dunas, sin ninguna justificación jurídica para su modificación, al tiempo que vulnera la protección que la Constitución Española hace del litoral, según WWF. Cabe recordar que estos ecosistemas tienen una importante función como amortiguadores naturales frente a temporales y avenidas que, acorde con las previsiones (de la comunidad científica internacional), serán cada vez más frecuentes e intensos.
La organización insiste en que durante la elaboración de la reforma de Ley no se han tenido en cuenta estudios técnicos, financiados y avalados por el propio Ministerio, ni otros informes científicos, que desaconsejan estos cambios, ya que ponen en riesgo la seguridad de las personas, su patrimonio y las infraestructuras a medio y largo plazo.
De hecho, se desoye el riesgo de sufrir inundaciones de determinados núcleos de población y propone la exclusión del DPMT de estos centros urbanos. Todo ello al contrario de lo que sucede en el resto de Europa y EEUU, donde se está actuando en dirección contraria, aumentando la protección de la franja costera, como principal línea de defensa, y llevando las infraestructuras al interior.
Se dice que el objetivo de la reforma es lograr la seguridad jurídica. Sin embargo, lo que se consigue es todo lo contrario. Se pretende revisar el deslinde del litoral español -con tramos ya ratificados por sentencia firme del Tribunal Supremo - en base a criterios que no se especifican: “a partir de criterios técnicos que se establezcan [sic]”. Y, además, se establecen multitud de excepciones a los principios generales de la Ley en núcleos urbanos, urbanizaciones e islas como Formentera. A las que están sumándose propuestas y enmiendas de diversas fuerzas políticas para excluir del DPMT otros lugares de la costa.
Por último, destacar que todas estas medidas tendrán un coste ambiental, social y económico que se desconoce. De hecho, a día de hoy, no se sabe cuánto supondrá para el erario público la aprobación de esta Ley: el avance de la ocupación costera –mantener en buen estado playas y fachada litoral -; el nuevo deslinde de los casi 8.000 km. de costa española; la salida del dominio público de dunas y salinas; la inscripción en el Registro del Propiedad del DPMT, etc…
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF, ha manifestado: “La decisión del Congreso hoy supone un retroceso de 40 años, cuando España soportaba los peores momentos del desarrollismo urbanístico en la costa. Nunca hubo una voluntad política de aplicar adecuadamente la Ley de Costas y hoy tendrá lugar su demolición definitiva”. Asimismo, concluye: “la reforma se ha realizado sin una adecuada participación pública, de espaldas a la sociedad; pero desde WWF seguiremos empujando para evitar los efectos de esta reforma”.
* WWF - 19.2.13
Foto: Algeciras, bahía satélite - wwf
La red Gürtel sobornó al exmarido de Mato por su cargo clave en el PP
ELPAÍS/Madrid* : Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo (2003-2009) y exresponsable Electoral del PP (1993-2003), cobró más de 560.000 euros de la red Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, entre 1998 y 2005. Gran parte de los supuestos sobornos (312.000 euros) se registraron cuando Sepúlveda se encargaba de la organización de actos del partido y su entonces esposa, la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, era responsable del área de participación y acción sectorial. Así lo establece, tras cuatro años de investigación, el juez Pablo Ruz en un auto que arroja nueva luz sobre la penetración de la trama corrupta en el PP y en figuras clave como Sepúlveda, despedido de la formación política hace solo dos semanas.
También señala el juez Ruz que hay indicios de financiación ilegal del PP en Pozuelo (Madrid), el Ayuntamiento del que fue alcalde Sepúlveda, por parte de la red. El juez sostiene así que “desde 1998 y hasta al menos mayo de 2005”, Sepúlveda habría recibido “diversos regalos en forma de vehículos, viajes y eventos familiares [de la red corrupta] en consideración a su cargo primero de senador y alcalde de Pozuelo de Alarcón” y como comisiones por “contratos” que “irregulamente habría adjudicado” a la red bien “directamente” o por su “intermediación”.
Pero lo relevante del auto es que especifica también lo recibido por Sepúlveda entre 1998 y 2003, cuando no era aun alcalde de Pozuelo: 312.000 euros. Luego llegó a ese cargo local en el verano de 2003 y se mantuvo en él hasta 2009, cuando dimitió tras verse implicado en el cobro de comisiones de la red Gürtel. Antes de ser alcalde sí fue durante años secretario ejecutivo electoral del PP (responsable de las campañas y mítines) y tenía trato frecuente con Correa, que era el suministrador del partido para esos eventos. Entre 1999 y 2003 su entonces esposa, Ana Mato, era secretaria ejecutiva de participación en el PP, en su misma categoría. En el Congreso del PP en 2003 Mato fue ascendida a coordinadora de Organización, pero Sepúlveda ya no estaba en el partido. En este último auto de Ruz no se hace mención a Ana Mato, pero sí en el penúltimo, donde se detallaron los numerosos viajes y eventos en los que ella intervino y que supuestamente pagó la red. No obstante, el juez prosigue con la investigación sobre los eventos que organizó y supuestamente pagó la red para Sepúlveda y su exesposa y los hijos de ambos. Ruz ha citado a declarar para el 7 de marzo, en calidad de testigos, al dueño de la firma Producciones El Zurdo. Y a Pedro Miguel González, responsable de la empresa Interglobo. Indaga si Mato (oficialmente separada de Sepúlveda desde 2005, hasta entonces tenía régimen de gananciales, aunque ella asegura que la separación física se produjo en 2000) estaba al tanto de las actividades lúdicas que, entre 2001 y 2005, organizó la trama Gürtel en su propia casa con motivo de los cumpleaños de sus hijos y otros eventos.
Aunque la oposición ha pedido su dimisión, e incluso desde sus propias filas la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre ha comentado que ella ya habría destituido a Mato, la ministra se niega a dejar el cargo y no cesa de decir que el responsable de todos esos actos era su exmarido. Y afirma que era él quien se hacía cargo de esos gastos. Los informes de la brigada antiblanqueo de la policía, la UDEF, acaban de certificar que tanto los actos lúdicos como los viajes los abonó Correa. Y sumaron en total 566.992 euros.
La documentación incautada en las oficinas y almacenes de Gürtel revela que para montar en su casa los escenarios para las actividades con los niños (payasos, globos…) “la persona de contacto” era “Ana Mato”. Y junto a esa indicación figura su teléfono personal.
Javier Nombela, implicado en Gürtel y exasesor del Ayuntamiento de Madrid, se trasladaba en nombre de Correa al domicilio familiar de Sepúlveda y Mato para inspeccionar la instalación del evento a instancias de Correa. “No puede fallar nada”, decía. En una de esas fiestas, Gürtel gastó 40.000 pesetas en globos y se lanzaron kilos de confeti. Según el sumario, la propia Mato deseó que le pusieran en su jardín, para un cumpleaños, un arco de las maravillas y otros ornamentos.
Por eso Ruz quiere interrogar a los directivos de esas empresas, una de las cuales precisó que una fiesta no la habían cobrado y otra se había montado gracias al contrato de la fiesta de ascenso del Club de Fútbol Getafe a primera división. No obstante, el juez aún no se pronunciado sobre la situación jurídica de la ministra.
La ministra, su equipo y el Gobierno defienden que esas acusaciones ya fueron archivadas en su día por un juez y que no aportan nada nuevo. El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, sobreseyó el asunto de los viajes de Mato, pero porque entendió que estaban prescritos.
Su exmarido ya fue interrogado el pasado día 13 por el juez Ruz. Se negó a declarar sobre las comisiones que recibió supuestamente de la red Gürtel y, a las puertas de la Audiencia Nacional, salió en defensa de Mato ante los periodistas: “Creo que ella es inocente”. Sepúlveda está acusado de delitos de cohecho (recibir comisiones), prevaricación (dar contratas públicas a Gürtel saltándose la ley) y contra la Hacienda Pública (no declarar esos dineros).
Ruz atribuye y detalla los gravísimos delitos. Destaca que, entre febrero de 2002 y finales de 2004, Sepúlveda habría recibido con “periodicidad mensual” cantidades de entre 8.000 y 24.000 euros, hasta sumar un total de 256.259 euros. Y que habría cobrado otros 200.000 por comisiones de obras en cuya adjudicación intervino directa o indirectamente. Se trata de pagos que “aparecen indiciariamente vinculados con adjudicaciones irregulares efectuadas en el Ayuntamiento de Pozuelo, tanto de obra pública como de eventos, concedidas, entre otras, a la mercantil Easy Concept [firma de la trama del cabecilla Francisco Correa]; y en el caso de obras, la adjudicación del proyecto de remodelación del camino de las Huertas a la firma Constructora Hispánica por dos millones de euros, por la que la organización del señor Correa habría percibido 50.000 euros”.
Ruz también cree que Sepúlveda recibió de la red otros 13.926 euros por la adjudicación a Realgreen de la colocación de carteles para el PP para las elecciones de 2003 y 2004, así como un vehículo Ranger Rover 4.4 V8 tasado en 83.000 euros.
* El País - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid 19 FEB 2013
Foto: Jesús Sepúlveda, fotografiado el pasado día 6 en la urbanización de Aravaca (Madrid), donde vive. / CARLOS ROSILLO
El 'lobby' hipotecario rechaza cambiar la ley por 'el pequeño porcentaje' de desahuciados
PÚBLICO* : "El porcentaje de personas que están a punto de ser desahuciadas es muy pequeño, y lo que no puede ser es que por ese porcentaje se quiera cambiar la morfología de todo el sistema hipotecario". Con estas palabras se refirió este lunes al drama de los desahucios Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el 'lobby' formado por bancos, cajas y cooperativas de crédito que controlan el 80% del mercado de préstamos para la compra de viviendas en nuestro país.
En un encuentro con periodistas, González se mostró insensible a las reclamaciones de las plataformas de afectados y al clamor social en esta materia, y rechazó frontalmente la dación en pago obligatoria (es decir, que valga la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria) "porque perjudicaría la credibilidad de España como país y la viabilidad del sistema financiero".
Para este portavoz, la dación en pago generalizada "tendría consecuencias en las concesiones de crédito", y perjudicaría a las personas que están pagando su hipoteca "con mucho esfuerzo".
La asociación considera que la dación en pago de la vivienda para cubrir el impago de una hipoteca es un procedimiento que los bancos no siguen "porque supone un mal crédito". "Si no existen garantías, el crédito será peor y más caro, lo que hará que menos gente pueda acceder a financiación", ha señalado.
No obstante, ha afirmado que esta técnica ya se ha utilizado "en montones de ocasiones". Así, el presidente de la organización ha insistido en que "los créditos hay que pagarlos, aunque decir esto en la situación actual suene mal".
"Hay que pagar, y por ello hay que establecer los mecanismos jurídicos necesarios para que el sistema de cobro funcione", ha remarcado González. En su opinión, "el planteamiento de que hay que modificar la ley para ver cómo se pueden quitar de en medio las hipotecas es erróneo".
La Asociación Hipotecaria ha admitido que pueden ser "necesarios" ciertos retoques a la ley hipotecaria, "pero ahora se está debatiendo una fórmula legal para eliminar las hipotecas, cuando ha sido el sistema financiero el que ha paralizado desahucios y el que ha creado un fondo de vivienda social en alquiler".
El presidente de la asociación ha defendido que el sistema hipotecario español "es bueno y uno de los mejores de la UE", y cree que se está haciendo un debate "cruzado" entre dos planos distintos: la situación social de gente que ha perdido su empleo y no puede pagar su hipoteca y la viabilidad del sistema hipotecario español.
Santos González ha indicado que tiene que haber algún tipo de medida que ayude a esa gente que se ha quedado en el paro y no puede pagar su hipoteca, "porque cuando había empleo los créditos se pagaban". "Pero eso no puede llevarnos a decir que el sistema hipotecario falla o que es una estafa", ha resaltado.
La asociación ha defendido que los contratos hipotecarios en España se hacen ante notario y con todas las garantías jurídicas necesarias, "por lo que la solución es buscar mecanismos para que el sistema de cobro funcione".
La AHE se ha mostrado de acuerdo con que las entidades deben dar al cliente toda la información relativa a su hipoteca para que éste pueda decidir, "pero, en última instancia, el que elige es el ciudadano, hay un grado de riesgo que se debe asumir".
"Un notario no admite un contrato hipotecario si contiene cláusulas ilegales", ha asegurado González, quien ha insistido en que el sistema "tiene muchas instituciones por encima de él que velan por la legalidad de todos los contratos, entre ellas el Banco de España".
* Público - EP - 18.2.13
Foto: Santos González, en primer término,en un acto en 2010 - publico
IVIMA y EMVS, el pelotazo de la vivienda social en Madrid
DIAGONAL* : Durante los últimos meses de 2012, los organismos de vivienda de Comunidad y Ayuntamiento provocaron más de 40 desahucios diarios en Madrid.
“Ahora tenemos más desahucios de viviendas sociales que de bancos”, explica Feli Velázquez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En Madrid, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), responsable de la vivienda social en la región, y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), su equivalente en el municipio, sumaban hasta hace unos meses 28.000 viviendas en régimen de alquiler social destinadas a familias con escasos recursos económicos. Sin embargo, estas instituciones públicas se han convertido ya en una de las principales responsables de los desahucios que tienen lugar en la Comunidad.
A fecha de febrero de 2012, el IVIMA contaba con situaciones de 'ocupación' en un 2% de su parque inmobiliario, formado por 23.000 viviendas, según datos de la propia entidad. Bajo esta denominación no se contaban sólo los casos de “patada en la puerta”, sino también los impagos de alquiler o aquellos en los que los inquilinos no tenían el título válido. Desde el IVIMA afirman que, en estos casos, practican la “tolerancia cero”, y los hechos lo confirman.
El IVIMA y la EMV lanzaron alrededor de 40 desahucios diarios durante los últimos meses de 2012, según cifras de la PAH. “Son casos en los que las deudas rondan los 4.000 u 8.000 euros. Son deudas pequeñas por las que dejan a gente en la calle”, explica Feli, quien añade que la negociación para evitar desahucios con estas dos entidades es mucho más dura que en los casos de bancos y que los desahuciados se quedan sin ninguna alternativa habitacional ya que pierden el derecho a optar a otra vivienda social.
Desde el IVIMA excusan esta rigidez en que estos “fraudes” impiden que los ciudadanos con derecho a viviendas públicas accedan a ellas, pero estas “buenas intenciones” contrastan con que decenas de familias afectadas han acudido en las últimas semanas a las sedes de ambas instituciones para pagar sus deudas, con el dinero en mano, y han sido rechazadas, por lo que aún tienen abiertos sus procesos de desahucio. A esto se suman las denuncias lanzadas desde la PAH por los cientos de pisos vacíos: “Hay bloques en los que hay hasta cuatro viviendas vacías”, dice Feli.
Gente sin casa, casas sin gente
Según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), en el barrio de Tetuán hay todo un bloque de viviendas del IVIMA completamente vacío desde hace dos años y medio, y edificios como el de la calle Visitación, en Usera, sólo han tenido vida durante los seis meses que fue convertido en centro social por los vecinos del barrio hasta que fue desalojado en julio.
En otros barrios, el largo tiempo que pasa hasta que un piso del IVIMA es desalojado y vuelto a adjudicar provoca que las ocupaciones se multipliquen, muchas veces con el beneplácito de los vecinos, ya que, al menos, los nuevos inquilinos pagan la comunidad. Y es que el IVIMA, según explican desde la FRAVM, acumula deudas con las comunidades de vecinos por los pisos y garajes vacíos de los edificios que gestiona de hasta 50.000 euros y algunas de las comunidades están ya sufriendo el corte de suministros básicos, como agua y luz, al no poder hacer frente por esta razón a los pagos.
Las deudas se unen a otro problema común: el completo abandono en cuanto a reparaciones en sus edificios, en su mayoría grandes bloques alejados del centro de la ciudad y mal comunicados. “En toda la comunidad sólo hay dos o tres personas para gestionar las reparaciones en las comunidades del IVIMA”, explica Cristina M., ex trabajadora del ya extinto Servicio de Asistencia Vecinal (Asivecam). Vecinos que, desde 1992, viven con un muro lateral apuntalado en el Pozo del Tío Raimundo, otra comunidad que vive con un techo desprendido en Vallecas o fallas en la propia estructura de un edificio en Tetuán son algunos casos de los que el IVIMA no se ha hecho cargo.
En el barrio de Las Aves, en Aranjuez, aún no se ha ejecutado una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 en la que se condena al IVIMA y a la empresa constructora, Dragados y Construcciones, filial del Grupo ACS, a reparar las fallas en la cimentación y grietas existentes en la mitad de las 1.504 viviendas construidas en los ‘80 en el barrio. Las reparaciones nunca se llevaron a cabo y, el pasado noviembre, el Pleno del Ayuntamiento decidió derribar y reconstruirlo entero.
A pesar de los precedentes, el grupo presidido por Florentino Pérez siguió recibiendo adjudicaciones del IVIMA para la construcción de nuevas promociones de vivienda social, como las de 112 viviendas en Ventilla-Tetuán adjudicada en 2000 por seis millones de euros y la de 66 en Vallecas en 2005 por otros 4,1 millones, a través de Dragados, o la de otras 96 viviendas en Navalcarnero adjudicada en 2005 por 5,3 millones de euros a través de su filial Vias.
Privatizar la vivienda pública
“Lo más sintomático es que se produzcan ahora, porque según ellos muchos de los casos son de gente que lleva 15 o 20 años sin pagar –explica el responsable de Vivienda de la FRAVM, Vicente Pérez, sobre la ola de desahucios de IVIMA y EMVS–. Parece que las intenciones que hay detrás son otras”.
Durante este año, el Gobierno de Madrid señaló como objetivo a derribar al organismo de vivienda pública municipal. Ya en octubre, la alcaldesa madrileña Ana Botella anunció que la EMVS “alquilará y venderá todo lo que tiene construido”. Dos meses después, el Ayuntamiento intentaba vender por 21 millones de euros un paquete de 120 viviendas, desalojando a sus inquilinos, a Renta Corporación, inmobiliaria en la que ejerce como consejero Ignacio López de Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La empresa finalmente retiró la oferta, pero las grandes ventas de inmuebles de régimen social de la EMV realmente habían comenzado mucho antes. En 2010, la EMVS vendió por 46,5 millones un paquete de 495 pisos a Lazora, sociedad de inversión inmobiliaria (SII) –que, por tanto, tributa al 1%– entre cuyos accionistas figuran la gestora de pensiones de Telefónica, Sabadell y BBVA.
El IVIMA también se ha lanzado hacia su descomposición. En mayo anunció que vendería el 40% de su parque inmobiliario a sus inquilinos con el objetivo de recaudar 500 millones de euros. Más de 9.000 viviendas en venta, con hipotecas por un precio similar al alquiler que se paga hoy. Aunque los adjudicatarios han recibido la noticia con entusiasmo, Vicente Pérez señala que las consecuencias serán las mismas que en el caso de la EMVS: “Están reduciendo su número de viviendas de alquiler social”.
El desmantelamiento del parque de vivienda de la entidad regional ha estado acompañado por una continua externalización de sus servicios. Las funciones de gestión, en manos de la empresa Hermanos Alonso Garrán (HAG), en la que militaba como viceconsejero, hasta junio de 2012, Fernando Villayandre, que poco después sería nombrado director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). La recaudación, con un contrato de 7,3 millones de euros, para la unión temporal de empresas formada por Iconsa y Conurma, también nombrada en el sumario de la trama Gürtel. En junio de 2012, el desmantelamiento se completa con la externalización de la gestión de su patrimonio, entregada por más de un millón de euros a Diagonalgest, alegando el IVIMA su falta de capacidad para tratar con ese volumen de patrimonio y poniendo, acto seguido, a sus trabajadores a trabajar para esta empresa.
El despiece de los órganos de vivienda pública madrileño sigue la estela marcada por el Gobierno de Rajoy a nivel nacional, que en mayo acordó la disolución de Spaviv, la sociedad pública de alquiler creada por el Ministerio de Vivienda del anterior Gobierno, y ya está ultimando los detalles de la regulación de las SOCIMI, sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario con una tributación semejante a la de las SICAV.
Poco ha cambiado la situación desde que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara la creación de un fondo social de vivienda. “Todo sigue igual”, afirma Feli. Otras medidas anunciadas, como la entrega por parte del IVIMA de 800 viviendas a Cáritas, tampoco han mejorado la situación, según expone esta activista: “Nadie sabe dónde están esas viviendas”. Mientras la Administración estatal pone parches al problema de la vivienda y desmonta la política de vivienda social, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha recriminado al Gobierno español su violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos al llevar a cabo desahucios de viviendas sociales sin dar una alternativa habitacional.
Los vecinos denuncian las deudas del IVIMA
La deuda del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) con las comunidades del barrio de Fuencarral asciende ya a los 50.000 euros. En Tetuán ya debe más de 13.800 euros de cuotas de comunidad por los pisos y garajes vacíos. El problema se repite en los barrios de Vallecas, Carabanchel y Vicálvaro.
Adjudicaciones millonarias
La constructora de Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y en la rama valenciana del sumario Gürtel, recibió en 2005 hasta 4,7 millones de euros por la construcción de 80 viviendas en Valdemoro y cinco años más tarde 12 millones más por una promoción de 140 viviendas en Alcorcón. Por su parte, FCC, también implicada ahora en la Gürtel, fue adjudicataria de la construcción de 60 viviendas en Vallecas en 2005, mientras que Sacyr Vallehermoso, presente en los papeles de Bárcenas, recibió del organismo regional de vivienda en 2007 la concesión por veinte años para la explotación de viviendas en el barrio de Usera y cerca de 800.000 euros por la construcción de trasteros y locales en una parcela en la zona de Ciudad Jardín.
* Diagonal - TER GARCÍA - 5.2.13
Foto: Obras del IVIMA. / DAVID FERNÁNDEZ
La corrupción asedia al PP de Santiago
ELPAÍS* : Ni una semana sin susto en el Ayuntamiento de Santiago. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera irrumpieron ayer a primera hora en el Pazo de Raxoi después de detener al exjefe de gabinete de la alcaldía Ángel Espadas, al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y a José Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad. Junto a ellos también fue arrestado un cuñado de este último, Jesús Fuentes, empresario y organizador de eventos.
La investigación nació, otra vez más, en la mesa de la juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el sumario Pokémon sobre supuestas adjudicaciones amañadas en varios ayuntamientos gallegos y que ya supuso la imputación del alcalde compostelano, Ángel Currás, y de su concejala de Educación, Rebeca Domínguez.
Al tirar de ese ovillo, surgió la Operación Manga, que propició los arrestos de ayer en Santiago incluidos registros en el Ayuntamiento, en los domicilios familiares de los detenidos, en la sede de la empresa adjudicataria y también en la vivienda del anterior regidor de la ciudad, Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir cuando Hacienda le denunció por un presunto fraude fiscal de 291.000 euros. Espadas era la mano derecha de Conde Roa.
Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los arrestados declaran hoy ante la juez. La policía se incautó de varias cajas de documentación en las viviendas de Conde Roa, Espadas y Vázquez Aldrey y requirió al gobierno municipal documentación sobre los contratos de Aquagest, el servicio de la grúa y hora y la gestión de multas de tráfico, además de revisar los ordenadores en busca de correos electrónicos. Durante casi ocho horas, los agentes peinaron los servidores informáticos del Ayuntamiento en varios departamentos.
Fuentes próximas a la investigación apuntan que la juez indaga sobre las relaciones entre Espadas, hombre fuerte del anterior alcalde, su amigo José Luis Míguez, apodado El Pesetas y que fue ascendido a gerente de Aquagest en Santiago cuando el PP llegó al Gobierno, y las gestiones que ambos tramaban para beneficiar presuntamente a la concesionaria del agua. Según se desprende de los pinchazos telefónicos, los detenidos planearon crear una empresa mixta con capital de Aguagest y del gobierno municipal para que se hiciera cargo del servicio sin tener que depender de la contratación pública. Otra de las fórmulas que manejaban los detenidos, según se desprende de las conversaciones grabadas, pasaba por aumentar el tiempo de concesión a cambio de que Aquagest asumiesen el coste de infraestructuras para la ciudad.
Los investigadores sospechan que el negocio pretendía fraguarse a golpe de comisiones ilegales. Las presuntas negociaciones tuvieron lugar durante el mandato de Conde Roa, que incluso llegó a anunciar en un desayuno informativo su intención de llevar a cabo un ambicioso plan de infraestructuras con financiación público-privada. Cuando este tuvo que dimitir y Espadas fue destituido por su sucesor, Ángel Currás, el negocio se frustró.
Otro de los expedientes bajo la lupa de la juez es la adjudicación del servicio de ORA que el gobierno de Conde Roa otorgó a la empresa Setex Aparki poco después de llegar al poder. El concurso había sido convocado por el bipartito y contaba con un informe técnico que avalaba la adjudicación a la empresa que finalmente resultó concesionaria, ya con el PP en el gobierno, desbancando a su rival del grupo Vendex, que la juez sitúa en el epicentro de la Operación Pokémon. Tras perder el concurso, Vendex denunció irregularidades en el proceso, que acabó recurriendo. El concejal responsable del servicio, Albino Vázquez Aldrey, también pasó la noche en los calabozos.
El nuevo escándalo en el Ayuntamiento de Santiago se produce solo tres semanas después de que otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor partiendo de la querella de un policía municipal que les acusa de degradarlo en sus funciones y de acoso moral. En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones. Conde Roa está acusado de defraudar a Hacienda y de prevaricación al relegar al citado funcionario, el mismo delito que la juez investiga en su sucesor, también encausado en la Operación Pokemon por prorrogar la concesión de una guardería municipal a Vendex, igual que su edil de Educación, Rebeca Domínguez. El jefe de gabinete actual, Francisco Castro, está imputado por el mismo caso. El hombre al que sustituyó, Ángel Espadas, condenado en la precampaña de las municipales por conducir bajo los efectos del alcohol, durmió anoche en comisaría arrestado también en este caso. Y hasta el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que siempre había pedido esperar a la resolución de los distintos sumarios, admitió ayer que lo que pasa en su partido en Santiago “no es normal” y animó al gobierno local a pedir disculpas.
* El País - XOSÉ HERMIDA / JOSÉ PRECEDO Santiago 15 FEB 2013
Foto: Uno de los detenidos en la operación de Santiago / ANDRÉS FRAGA
Tremón intenta el pelotazo en Córdoba: un centro de ocio en suelo rústico
ELCONFIDENCIAL* : Aquí está el último intento de pelotazo urbanístico en Andalucía. Tremón, la inmobiliaria amiga del constructor Rafael Gómez 'Sandokán' en los años de la burbuja del ladrillo, pretende levantar un macrocomplejo de ocio de 40 hectáreas en los terrenos de El Arenal de la Fuensanta de Córdoba. Tremón prevé invertir 141 millones de euros y emplear a 4.000 personas.
¿Dónde está el negocio de la inmobiliaria? “Esta enorme bolsa de suelo en Córdoba hoy por hoy es rústico. Si el Ayuntamiento se la recalifica, quintuplica su valor”, confirman fuentes conocedoras del proyecto.
La inmobiliaria entró en concurso de acreedores el 14 de noviembre de 2008 tras acumular deudas de 818 millones de euros (más de 1.000 millones si se incluían las filiales concursadas). Lo superó en mayo de 2012 tras comprometerse a pagar el 100% de su deuda de 600 millones de euros en un plazo de seis años y a partir de 2015, tras tres ejercicios de carencia.
Tremón ha reducido su deuda a casi la mitad en los tres años en que ha estado inmersa en concurso mediante la entrega a sus bancos acreedores de activos inmobiliarios, fundamentalmente promociones de vivienda y ahora necesita urgentemente liquidez. Como ya publicó El Confidencial, Hilario Rodríguez, presidente de Tremón, compró terrenos en la Costa del Sol a Aifos y a Arenal 2000 a mediados de 2007, con la intención de inflar sus activos de cara a su fallida salida a bolsa, una operación que resultó fallida.
El Confidencial contactó ayer con las oficinas centrales de Tremón en el Paseo de la Castellana para recabar su valoración sobre el proyecto de Córdoba. Así respondieron a la llamada telefónica de este diario: "Los responsables están de viaje y no se les puede localizar por móvil".
Sandokán, líder del grupo mayoritario de la oposición en la corporación municipal de la ciudad andaluza con los cinco ediles del partido UCOR (Unión de Córdoba), anunció la venta de los terrenos a la inmobiliaria cuando conoció su imputación en el caso Malaya. Ahora reclama este espacio como suyo. De hecho, el proyecto incluye la llamada Ciudad Deportiva Rafael Gómez, situada en terreno inundable.
Este complejo se construyó en 1996, siendo Sandokán presidente del Córdoba CF y en la época en la que Rafael Merino (del Partido Popular) gobernaba el ayuntamiento. La Ciudad Deportiva carece de licencia urbanística. “La Ciudad Deportiva es del menda lerenda, que come turrón de almendra”, ha manifestado Gómez, que se ha mostrado contundente en este asunto, al mismo tiempo que señala que tiene “pagarés devueltos que ascienden a 100 millones”.
El Ayuntamiento de Córdoba desmiente que el proyecto se vaya a ejecutar de modo inmediato. Para Luis Martín, concejal de Urbanismo, se trata de una iniciativa que apenas se ha empezado a estudiar. “A esto le falta de todo. Hay que analizar toda la documentación y la edificabilidad que tendría”, señala Martín a este diario, tras precisar que en el consejo rector de Urbanismo Sandokán se ausentó cuando el equipo de Gobierno municipal presentó la iniciativa. “Rafael Gómez dice que los terrenos son suyos; los que tengan que decir algo del tema se tienen que ir al juzgado con los documentos”, apunta el concejal.
* El Confidencial - Agustín Rivera - 15.2.13
Foto: El empresario cordobés Rafael Gómez, conocido como 'Sandokán' (Efe)
Multitudinarias manifestaciones por toda España claman por el derecho a una vivienda digna
PÚBLICO* : Decenas de miles de personas se han manifestado este sábado en Madrid bajo el lema 'Por el derecho a la vivienda. Contra el genocidio financiero' para exigir al Gobierno, que paralice los desahucios y apruebe la dación en pago retroactiva y el alquiler social, medidas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular aceptada a trámite por el gobierno el pasado martes.
La manifestación ha comenzado con estricta puntualidad a las seis de la tarde en la madrileña Plaza de Colón. A medida que la cabecera avanzaba, se iban sumando más personas a la cola, llegando a ocupar la totalidad del Paseo de Recoletos cuando la cabecera -de la plataforma Stop Desahucios - empezaba su recorrido por la calle Alcalá en dirección a la Puerta del Sol.
Vicente Pérez, uno de los portavoces de la PAH en Madrid que acompañaba la cabecera, declaraba a Público que la mayor victoria no es que se haya cedido a debatir la ILP sino que de hayan parado 574 desahucios desde la fundación de la Plataforma. El activista añadía que no van a parar de organizarse acciones hasta que se aprueben los objetivos de la ILP en el parlamento y calificaba de éxito total la convocatoria en Madrid. Los principales cánticos señalaban al gobierno como responsable de los suicidios que han provocado los desalojos: "No son suicidios, son asesinatos"; "Culpables"; "No os toleramos, ni un desahucio más"; "Sí se puede".
La marea ciudadana en la capital, custodiada por una gran presencia policial, ha transcurrido sin importantes incidentes. Aunque los políticos socialistas, Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia con Zapatero y Beatriz Talegón , secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas fueron abucheados y zarandeados por numerosos manifestantes que les gritaban "Sin vergüenzas"; "No nos representan"; "Oportunistas" cuando atendían a los medios de comunicación. Los dirigentes se vieron obligados a abandonar la manifestación escoltados por agentes de la policía nacional.
Aunque el recorrido inicialmente previsto no pasaba por la Gran Vía, miles de manifestantes decidieron esporádicamente tomar la céntrica avenida mientras otros tantos miles continuaban hacia la Puerta del Sol. A las ocho y media de la tarde en Sol se vivía una intensa protesta que recordaba a las de Mayo del 2011. La orquesta solfónica, agrupación musical surgida a partir del movimiento 15M, entonaba los principales himnos de protesta del movimiento en coral y al ritmo de instrumentos de viento (saxo, flauta travesera, trompeta) y cuerda frotada (violines).
Las protestas han dicurrido en medio centenar de ciudades: Madrid, Barcelona, San Sebastián, Granada, Lanzarote, Logroño, Mallorca, Murcia, Valladolid, Zamora, Zargoza, Albacete, Alicante, Sevilla o Huelva, entre otras. Las marchas fueron promovidas principalmente por la PAH, a pesar de que también se hayan sumado sindicatos, organizaciones vecinales, la asociación de usuarios de Banca ADICAE y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Movilizaciones por toda España
En Barcelona se han manifestado 80.000 personas según los organizadores y 12.500 según la Guardia Urbana. La protesta ha transcurrido sin incidentes, aunque a la llegada a la sede del PP en Barcelona algunos manifestantes han lanzado huevos y varias botellas de agua contra la fachada del edificio. En esta marcha ha estado presente la portavoz de la PAH, Ada Colau , quien ha aprovechado el acto para decir al Gobierno que no permitirá que aproveche la tramitación de urgencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para rebajar las reivindicaciones que contiene. Entre los manifestantes también ha habido políticos como Joan Herrera (ICV), Ferran Pedret (PSC) o Marta Rovira (ERC).
En el País Vasco, miles de personas se han manifestado en San Sebastián, Vitoria y Bilbao tras pancartas en las que se leía el lema unánime de las marchas: "Contra el genocidio financiero" mientras que en Pamplona, 5.000 personas, según la Policía, recorrieron la ciudad con paradas en bancos y partidos, para arreciar ante ellos su protesta.
También en Sevilla , seis mil personas han reclamado la paralización de los desahucios y han expresado el apoyo ciudadano al movimiento de las corralas, edificios vacíos propiedad de la banca o de grandes inmobiliarias, que han sido ocupados por familias en situación de emergencia social.
Otras 5.000 personas, también según fuentes policiales, han participado en Valencia en la marcha contra los desahucios.
En Murcia, 4.000 manifestantes han clamado para que "los banqueros no sigan explotando a la ciudadanía y no quede descafeinada" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aceptada a trámite en el Congreso con casi 1,5 millones de firmas mientras que en Ciudad Real, un millar de personas han exigido que la ILP se convierta en ley.
En Valladolid, Zaragoza, Guadalajara, Logroño y Gijón, cientos de personas han expresado a lo largo de la jornada su protesta y han pedido a los políticos soluciones y "que rescaten a las familias, no a los bancos".
En Santander, los manifestantes han guardado un minuto de silencio por los últimos suicidios motivados por desahucios y se ha leído un manifiesto en el que se recuerda que, en los últimos seis años, se han producido en Cantabria 1.300 desahucios.
* Público - ALIA BENNOUNA(Madrid)/ EFE 16/02/2013
Foto: Manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para reivindicar el derecho a la vivienda, el fin de los desahucios, la dación en pago retroactiva y los alquileres sociales que ha recorrido el centro de Barcelona. (EFE)
Imputan al ex secretario de Urbanismo de Santa Cruz
CANARIASAHORA/Tenerife* : La judicialización de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz aumenta en progresión geométrica. El anterior secretario del organismo autónomo, Víctor Reyes ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el juzgado de instrucción nº1 de la capital tinerfeña por el supuesto delito de falsificación de planos del Parque Marítimo. El mismo comparecerán también otros dos arquitectos de la Gerencia, aunque aún no se sabe en qué situación procesal lo harán. Se trata de otra vuelca de tuerca más a la particular forma de actuar del organismo autónomo durante la época en la que Miguel Zerolo ejerció como alcalde.
El abogado Felipe Campos denunció ante la Fiscalía una presunta falsificación documental cometida por los técnicos de Urbanismo, ya que habrían intentado adaptar el estudio de detalle a los negocios existentes de comida rápida, túnel de lavado y una antigua pista de pádel sin tener en cuenta las pautas que marcaba el Plan Especial.
Tal y como recogió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 2011, la Gerencia incumplió las bases que marcaba el Plan Especial Parque Marítimo que, por ejemplo, reservaba la zona C para equipamiento comunitario cultural y deportivo y en su lugar se instalaron estos negocios.
Campos impugnó el acuerdo plenario de 21 de septiembre de 2007 por el que el Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó definitivamente el estudio de detalle de las zonas B y C del Plan Especial Parque Marítimo. Así, el fallo estimó los argumentos del letrado para considerar nulo el acuerdo del pleno sustentado en que el estudio de detalle omite informes sectoriales relevantes e introduce modificaciones sustanciales que precisan de una nueva información pública. La Sala mantuvo que el pleno no debió aprobar definitivamente el proyecto puesto que existían "variaciones sustanciales que requerían de una nueva información pública del proyecto".
Así, el informe sitúa las edificaciones "en un lugar completamente distinto al aprobado", prevé una reserva de suelo no contemplada en los planes superiores e introduce una distribución de las 500 plazas de aparcamiento que nada tiene que ver con la dispuesta en el Plan Especial. El estudio de detalle también se aparta del Plan Especial en lo que a plantas previstas se refiere, pasando de tres a dos, cuando la Gerencia de Urbanismo "no tiene facultades para modificar en este punto el proyecto". En cuanto a su tramitación, "no se recabó el informe de la Consejería de Obras Públicas" del Gobierno canario que era preceptivo y tampoco completa la regulación de la zona en su relación con el viario de la avenida Marítima y con el recinto ferial, tal y como también solicitaba el Plan Especial.
Campos considera “totalmente ilegales” las actividades que se llevan a cabo en la zona anexa al Parque Marítimo, ya que mantiene que para poder dar licencias de actividad o apertura en esas zonas, el Plan Especial preveía un estudio de detalle para distribuir y ordenar las edificaciones en el entorno.
Sin embargo, las empresas allí instaladas llevan funcionando desde 2005 sin que existiese el referido estudio aunque la pista de pádel fue clausurada en el año 2011. Reyes permanece desde finales de 2006 como imputado en el ‘caso de Las Teresitas’ por malversación de dinero público y prevaricación pese a que han sido múltiples sus intentos para quedar fuera de la causa. Se da la circunstancia de que en el mismo juzgado se tramita también la compra de la Casa Silutto en El Toscal cuya ronda de declaraciones a los ocho imputados, todos ellos ya ex concejales, excepto Dámaso Arteaga que en la actualidad ejerce de responsable de Obras y Servicios, comenzará el 10 de marzo y el grueso de la causa penal del Parque Marítimo por las actividades que se realizaban en este recinto sin contar con el preceptivo permiso.
* Canarias Ahora - Noé Ramón - 24.1.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
Hoy #16F manifestación por el derecho a la vivienda
#16F manifestaciones: Por el derecho a la vivienda. Contra el genocidio financiero
PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA* : Hoy continuamos caminando para defender y exigir el derecho a la vivienda, un derecho fundamental sistemáticamente vulnerado en nuestro país. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca denunciamos la situación dramática a la que se condena a vivir a miles de familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, que se ven desahuciadas o amenazadas de desahucio, víctimas de una estafa hipotecaria, de la vulneración extrema del derecho a la vivienda por parte de las entidades financieras, avaladas por los gobiernos de turno.
Mapa convocatorias actualizado...
* Plataforma Afectados Hipoteca - Mapa - 14.2.13
Foto: cartel
Nueve detenidos en tres autonomías en una derivada del ‘caso Pokémon’
ELPAÍS* : Al igual que ocurrió con el caso Campeón, uno de los hilos de la maraña de la Operación Pokémon contra la corrupción municipal en Galicia ha llevado a los investigadores a Cataluña. Agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron este jueves por orden de la juez de Lugo Pilar de Lara a nueve personas —cuatro en Santiago de Compostela, otras tantas en Girona y una en Asturias—, entre ellos un concejal del PP en la capital gallega y un alcalde de CiU en Sant Hilari Sacalm (Girona). Si la Pokémon investiga supuestos sobornos a políticos a cambio de adjudicaciones de servicios municipales al grupo Vendex, la Operación Manga, como ha sido bautizada esta derivada de la causa, indaga en contratas con las empresas Aquagest y GRS Arc Local. Los detenidos declararán hoy en los juzgados de Lugo.
La extensión sin freno del caso Pokémon, que estalló en septiembre de 2012, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno del PP en Santiago de Compostela, dividido entre el salón de plenos y sus visitas al juzgado. Después de la reciente imputación del actual alcalde de la capital gallega, Ángel Currás, de una de sus concejalas y de su jefe de gabinete, agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron este jueves al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y al exjefe de gabinete de la alcaldía, el también popular Ángel Espadas, y registraron la casa del exregidor Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir hace menos de un año tras ser imputado por fraude fiscal.
Este jueves también fueron detenidos en Santiago dos empresarios: el gerente de la concesionaria de aguas de la ciudad (Aquagest), José Luis Míguez, y Jesús Fuentes, un organizador de espectáculos. Ambos son personas cercanas a Espadas, la mano derecha de Conde Roa, que tuvo que entregar su acta de concejal en 2011 porque fue sorprendido borracho al volante, aunque en cuanto ganó el PP las elecciones fue nombrado jefe de gabinete del alcalde.
Míguez, conocido en Santiago como El Pesetas, fue nombrado gerente de Aquagest poco después de que Conde Roa se hiciese con el bastón de mando. Con el exalcalde, Míguez mantuvo una importante negociación para pactar una fórmula que permitiese prorrogar la concesión del servicio de aguas a la compañía, ya fuese a través de un acuerdo de inversiones o formando una empresa mixta con el Ayuntamiento. La dimisión de Conde Roa tras ser imputado por fraude fiscal paralizó los contactos. En Asturias fue arrestado Joaquín Fernández Díaz, presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, vinculado a Aquagest y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería.
Los agentes entraron en el Ayuntamiento de Santiago por la mañana. Realizaron registros informáticos y requisaron datos de la adjudicación del servicio de aguas a Aquagest, documentación del servicio de grúa que está en manos de Setex-Aparki y expedientes sobre la gestión de multas concedida a GRS Arc Local.
Sobre esta compañía pivota la rama catalana del caso. El alcalde de Sant Hilari Sacalm, presidente del Consejo Comarcal de La Selva y miembro del Patronato de Turismo de la Costa Brava, Robert Fauria (CiU), es sospechoso de dar un trato de favor en la adjudicación de contratos públicos a la empresa GRS Arc Local. El administrador y el apoderado de la misma, Alex R. y Josep Maria F., también fueron detenidos este jueves, así como el jefe del Departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consejo Comarcal de La Selva, Joan Carles F. Este último es además el responsable de recaudación del ente, actuaba de enlace con la compañía y compartía oficina con el apoderado de GRS, en Santa Coloma de Farners, donde tiene la sede el consejo comarcal.
Agentes de paisano, con chalecos de la Agencia tributaria y de Aduanas, permanecieron la mañana de este jueves varias horas en el ente público. Tras hablar con el gerente, el interventor y el secretario, registraron los ordenadores en búsqueda de expedientes de contratos públicos y de personal. Fauria fue trasladado también a la sede del organismo para que colaborase en los registros.
La compañía GRS, especialista en asesorar en temas de gestión tributaria y recaudación, trabaja para el consejo comarcal desde hace al menos 10 años. En junio del año pasado consiguió además la adjudicación de la gestión de los expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, según recoge en su propia página web. Ambos contratos públicos están bajo sospecha del Servicio de Vigilancia Aduanera. La empresa ha ganado diversos concursos en municipios de la provincia de Albacete, de Valladolid y de Barcelona, además de Girona. Su sede en Lloret fue registrada, así como las viviendas de los dos empresarios.
Los agentes entraron también en la sede de la Diputación de Girona, donde registraron las dependencias del organismo Xaloc, que se encarga de la gestión de los impuestos de algunos Ayuntamientos y que tiene varios servicios adjudicados a GRS. A esa misma hora, también se registraba la sede del Patronato de Turismo de la Costa Brava.
A la mayoría de los detenidos se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación, aunque alguno está acusado también de falsedad documental y blanqueo de capitales.
Los tentáculos del caso Pokémon contra la corrupción municipal en Galicia han atrapado ya a políticos y técnicos de cinco Ayuntamientos controlados por PP y PSOE (Santiago, Ourense, Lugo, O Carballiño y Boqueixón). Entre la treintena de imputados hay tres alcaldes (el de Lugo, el socialista Xosé López Orozco; el de Santiago, el popular Ángel Currás; y el O Carballiño, el popular Argimiro Marnotes) y dos exregidores (el de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez; y el de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio).
* El País - A. CASTEDO / R. CARRANCO Santiago de Compostela / Girona 14 FEB 2013
Foto: Agentes irrumpen en en el Patronato de Turismo de Girona. / P. DURAN
