LAVANGUARDIA/Tarragona* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a derruir el complejo de ocio Les Bruixes de Altafulla, con su mayoría de establecimientos cerrados, pero que aún mantiene abierto un multicine con siete salas y una cafetería. Según informan fuentes judiciales, la sentencia, que no marca ninguna fecha para ejecutar el derribo, resuelve una denuncia que en 2003 interpuso la Comunidad de Propietarios de Residencial Altafulla contra el proyecto que ese mismo año autorízó el consistorio. Los terrenos donde se encuentra el centro lúdico proceden de una modificación urbanística declarada como ilegal y de la que surgió la recalificación para construir Les Bruixes, aunque los vecinos ya habían denunciado que los terrenos carecían de la calificación necesaria y el centro no disponía de acceso desde la N-340.
La sentencia judicial es "irrevocable" y "obliga a restituir la zona alterada", por lo que el consistorio ha explicado que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento se pondrán a trabajar para "encontrar una solución". Asimismo, el alcalde, Fèlix Alonso (Alternativa Altafulla), ha anunciado que se pondrán en contacto con la Generalitat "porque es ella quien dio el visto bueno de las obras" y la aprobación definitiva de las modificaciones del POUM.
Alonso ha mostrado su sorpresa por la resolución y ha recalcado que el actual equipo de gobierno es "heredero" de esta situación pues el proyecto de urbanización se llevó a cabo en 2003, cuando el alcalde era Manel Ramon (Aupa). El centro Les Bruixes se inauguró en el 2005, en principio como un gran centro de ocio con cines, restaurantes, bolera, una inmobiliaria y una tienda de golosinas, una inversión que financió y gestionó la empresa privada Altafulla-Fomexcom, que sigue como propietaria del complejo.
En mayo del 2009 el TSJC ya estimó el recurso presentado por la Comunidad de Propietarios y anuló la licencia de obras del complejo, por lo que la incertidumbre provocó el cierre de diversos negocios excepto el multicine con siete salas y la cafetería. Alonso ha lamentado la posible pérdida del cine, se ha mostrado convencido de que el consistorio no deberá pagar el derribo y ha avanzado que el Ayuntamiento de Altafulla y Urbanismo de la Generalitat se reunirán esta semana o a principios de la próxima para analizar la sentencia.
Según los servicios jurídicos municipales, la sentencia se tiene que aplicar porque solo se podría recurrir a instancias europeas, algo que han descartado.
Alonso tampoco considera que el municipio tenga que indemnizar a la empresa que tiene la concesión de los cines si finalmente son derruidos, y sería entonces un conflicto entre la concesionaria y la propietaria del edificio.
Y otro punto importante de la reunión con la Generalitat será saber qué uso se le podrá dar a aquellos terrenos, donde el consistorio tiene previsto que se instale un centro de Mercadona.
Por su parte, el propietario de las salas de cine, Joan Montserrat, ha mostrado su sorpresa por la sentencia y ha indicado que han puesto el tema en manos de sus abogados, además de señalar que el derribo conllevará la pérdida de 13 puestos de trabajo.
* La Vanguardia - EFE - 29/01/2013
Foto: Altafulla (Tarragona), centro Les Bruixes - eleconomista
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ELPAÍS* : La energía que se desaprovecha en las grandes áreas urbanas del mundo desarrollado tiene una influencia mucho mayor de lo que se suponía en la circulación atmosférica mundial. No se trata solo de que las ciudades sean islas de calor, sino de que el calor residual de las emisiones del tráfico, la calefacción, el aire acondicionado y las industrias producen cambios en la circulación atmosférica global que explican anomalías observadas a miles de kilómetros de las ciudades, pero no explicadas hasta ahora por los modelos de cambio climático.
Investigadores de varios centros estadounidenses han unido sus fuerzas para incorporar el calor que resulta del consumo de energía de origen fósil a los modelos de clima globales. Han encontrado que los efectos de este factor, tales como el calentamiento en invierno de hasta 1 grado centígrado en Rusia, el norte de Asia y la zona central de Canadá son similares a los que se han observado en la realidad durante la segunda mitad del siglo XX. También explica el enfriamiento de hasta un grado centígrado que se ha observado en Europa occidental durante el invierno.
“La quema de combustibles fósiles no solo emite gases de efecto invernadero sino que también afecta directamente a las temperaturas debido al calor que escapa de fuentes como edificios y automóviles”, explica Aixe Hu, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, (NCAR), que ha participado en el estudio, publicado en Nature Climate Change. “Aunque gran parte de este calor desaprovechado se emite desde las grandes ciudades, puede cambiar los patrones atmosféricos de forma que afecte a las temperaturas a distancias muy considerables
Dado que las mayores concentraciones urbanas se encuentran en el hemisferio Norte, el efecto se produce sobre todo en esta mitad del mundo. Además de las zonas citadas, en China hay un calentamiento de medio grado en invierno, mientras que en otoño el enfriamiento afecta extensamente a Rusia, Canadá, el medio oeste de Estados Unidos, mientras que se calienta el norte de Europa. Entre los cambios observados en la circulación atmosférica está un desplazamiento hacia el ecuador de la corriente de chorro invernal de latitudes medias, la que afecta a Europa occidental.
Aunque el efecto neto sobre las temperaturas medias globales de la energía emitida por las grandes áreas urbanas es prácticamente despreciable, a escala regional este efecto es cuantificable en algunas zonas. El calor residual total producido por la actividad humana constituye solo el 0,3% del calor total transportado en latitudes altas por las circulaciones atmosférica y oceánica, señalan los expertos citados por el NCAR.
* El País - 29.1.13
Foto: En la imagen de la Tierra vista de noche, desde satélite, destacan las concentraciones urbanas por la iluminación. / NASA
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LEVANTE/Valencia* : El documento técnico sobre actuaciones frente a inundaciones en la Ribera que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha actualizado y que somete en la actualidad a participación pública considera que el riesgo de riadas en el Xúquer es «elevado» y que representa una amenaza de primer orden. El estudio recoge el peso que para el plan contra inundaciones tiene salvaguardar los cascos urbanos de Alzira y Carcaixent y señala que ambas ciudades tienen un «déficit» de protección importante.
Más allá de la dificultad económica del momento para acometer obras, el documento pone de relieve otro problema que dificulta la concreción de una solución: el de la creciente ocupación urbana del entorno, que, en opinión de los técnicos, dificulta cualquier actuación.
Según el estudio del acondicionamiento del tramo entre Carcaixent y la autovía AP-7, la creciente presión sobre los cauces, fundamentalmente urbanística, y de infraestructuras, reduce «día a día» el espacio fluvial, y merma las funciones ambientales, la prevención de inundaciones y la prestación de otros servicios ambientales que cumple el dominio público hidráulico.
«Situación muy compleja»
Así, en el punto en el que se trata el acondicionamiento de los barrancos de la Casella, Vilella y Estret, los técnicos de la CHJ destacan «la fuerte presión urbanística que padecen, que ha reducido el espacio del que disponen, un hecho que unido a que el Xúquer impone una elevada cota de desagüe, hace que se produzcan desbordamientos en los terrenos colindantes». El problema de la presión urbanística provoca, advierten, una situación «especialmente compleja» ya que las inundaciones que han sufrido los dos núcleos urbanos han sido provocadas frecuentemente no por el río Xúquer, sino por los caudales que aportan los barrancos que drenan en su entorno o en los propios núcleos urbanos.
Además, la escasa capacidad del cauce del Xúquer provoca que, en situaciones de avenida las aguas se desborden también por la presión de barrancos y afluentes. También advierten de la presencia de otras infraestructuras aguas abajo que dificultan la solución como la propia autopista AP-7 o el ferrocarril Valencia-Gandía. «Una vez superada la cota del terraplén del ferrocarril las aguas vierten por encima y se quedan embalsadas entre el propio ferrocarril y el cordón litoral, inundando las urbanizaciones existentes en la costa». Y los daños se ven agravados por la gran duración de las inundaciones, debido a la escasa pendiente del terreno y a la presencia del cordón litoral, que dificultan el drenaje. La principal salida la constituye el Estany de Cullera, pero la presencia del ferrocarril y los espigones construidos en la desembocadura reducen la capacidad de desagüe del canal.
El estudio sitúa las presas de laminación como elemento clave
El estudio sometido a participación pública del tramo entre Carcaixent y la AP-7 asegura que en la actualidad existe un considerable riesgo de inundación en la Ribera, en buena parte por las aportaciones no controladas de los ríos Magro (aguas abajo de la presa de Forata), Sellent y Cànyoles (afluente del río Albaida aguas abajo de la presa de Bellús). Incluso a pesar de la importante reducción de caudales que se conseguiría con las presas de laminación de Sellent, Montesa y Marquesat, ésta descartada, continuaría existiendo un elevado riesgo de inundación en el tramo final del Xúquer que afectaría a numerosas poblaciones (en particular a Alzira y Carcaixent), a infraestructuras y extensas superficies de cultivo. Este riesgo elevado se debe fundamentalmente a la reducida capacidad del cauce del Xúquer y a sus características, puesto que lo definen como «un cauce colgado» respecto a la llanura de inundación. Las actuaciones del Plan Global implican un elevado coste econo?mico, «pero se ha comprobado que los beneficios serán mucho mayores en conjunto. Es necesario que esta vez las obras se acometan antes de la próxima gran riada», aseguran.
* Levante - CARLOS ALÓS - 27.1.13
Foto: Inundación del Xúquer en el tramo bajo del río, con el casco urbano de Riola al fondo. vicent m. pastor
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DIAGONAL* : Sacyr, FCC, OHL y Ploder, las constructoras cuyos presidentes donaron dinero al Partido Popular, según la filtración publicada por el diario El País, son concesionarias de cinco hospitales construidos bajo distintos modelos de financiación y gestión privada en la Comunidad de Madrid: Coslada, Parla, Sureste, Torrejón y Vallecas. En total, estas empresas cobran a la Comunidad de Madrid 45,15 millones de euros anuales en concepto de canon, según datos recopilados por la Coordinadora AntiPrivatización de la Sanidad Pública de Madrid. 27,5 van para Sacyr (hospitales de Coslada y Parla), y el resto se lo reparten entre FCC (concesionaria de parte de los hospitales de Torrejón y Sureste), OHL (Sureste) y Ploder (Vallecas).
A comienzos de 2012, las empresas propietarias de los ocho hospitales promovidos con este sistema ya habían recuperado el total de la inversión, de forma que hasta dentro de 30 años el canon supondrá un beneficio anual estimado en más de cien millones de euros.
Esta cantidad representa más de la mitad de los 83 millones de euros anuales que el Gobierno regional de Ignacio González pretendía recaudar con la tasa de un euro por receta. Por su parte, la plataforma de defensa de la salud pública Mi Salud No es un Negocio reseña que el coste a través de los cánones de estos hospitales es entre cuatro y cinco veces más caro que la gestión pública directa.
Sacyr: pioneros en Parla y Coslada
La filtración de los documentos aporta informaciones sobre supuestos pagos por parte de Luis del Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehemoso, por valor de 120.000 euros en 2004 y de 260.000 euros en 2006 a la presunta trama de pagos en B organizada por los extesoreros del Partido Popular, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Desde que ganara el concurso público en 2005, Sacyr Vallehermoso dirige el hospital de partenariado público-privado (PFI) Infanta Cristina de Parla, por el que la constructora recibe 13,7 millones de euros anuales en concepto de canon hasta que termine la concesión de 30 años firmada con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En junio de 2005, la empresa, presidida entonces por Luis del Rivero, recibió la adjudicación para la financiación, construcción y explotación del Hospital del Henares, de Coslada, con un canon de 14 millones anuales durante tres décadas. La inversión inicial de la constructora en ambos hospitales ascendió a 90 millones en cada caso.
Sacyr es contratista de los servicios no sanitarios, tales como limpieza o restauración, así como de la gestión de personal, aunque el Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Comunidad de Madrid en diciembre, supondrá también la gestión privada de los servicios sanitarios. En los últimos años, la empresa se ha adjudicado dos centros hospitalarios en Portugal y Chile.
OHL: el hospital del Sureste, uno de los rescatados por Aguirre
Obrascon-Huarte-Lain, OHL, es otra de las adjudicatarias habituales de obras públicas en la Comunidad de Madrid. Su presidente, Juan Miguel Villar Mir, exministro de Hacienda durante el Franquismo, y nombrado marqués en 2011, aparece en la relación de nombres que supuestamente aportaron fondos para los pagos a la contabilidad oculta establecida por la tesorería del PP. Según la información desvelada por el diario del grupo Prisa, Bárcenas habría recibido 100.000 (2004), 180.000 (2006) y 250.000 euros (2008) de parte del marqués de Villar Mir.
Beneficiada también por el soterramiento de la M30, OHL es la concesionaria, en consorcio junto a FCC y Cajamadrid (hoy Bankia) del Hospital del Sureste, situado en Arganda del Rey. Dicho hospital fue uno de los que recibió el rescate por parte del Gobierno regional: cuando fue adjudicado, la Comunidad se comprometió a abonar un canon de cerca de diez millones de euros anuales. Sin embargo, en 2010, el Gobierno de Esperanza Aguirre aumentó en medio millón esa partida, en una medida que también favoreció a los otros cinco hospitales de gestión semiprivada.
No ha sido el único capote que ha echado la Comunidad a OHL: el portal Ecomovilidad denunciaba que en enero de 2012 el Gobierno regional había perdonado una penalización a OHL por el abandono de las obras del tren de cercanías a Navalcarnero.
FCC: una de las importadoras del 'modelo Alzira' en Madrid
En los documentos de Luis Bárcenas también aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008 José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción dentro del grupo de energía, construcción y servicios FCC, y hermano de Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior con Aznar. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2009 la construcción y explotación del hospital de Torrejón de Ardoz durante 30 años a una Unión Temporal de Empresas formada por Asisa, Ribera Salud y FCC.
Tras la venta de la parte de Ribera Salud a Sanitas, la constructora conserva un 5% de participación, con lo cual le correspondería un canon anual de aproximadamente 6,95 millones de euros de un total de 76. Torrejón es uno de los tres hospitales construidos en la Comunidad de Madrid bajo el modelo PPP (de financiación pública y gestión enteramente privada), siguiendo el 'modelo Alzira' ya implantado en la Comunidad Valenciana.
FCC recibió anteriormente, junto con Caja Madrid, la adjudicación de la construcción y explotación a 30 años del Hospital del Sureste por un importe de 278 millones de euros y un canon anual de 10. La empresa ha construido o reformado, según su página web, hospitales en Madrid, Barcelona, Asturias, Tenerife y Santander, y ha recibido concesiones para la construcción y gestión a 30 años del primer hospital de gestión mixta de Irlanda del Norte y para la construcción de una ciudad hospitalaria en Panamá.
La empresa, presidida desde hoy jueves por Esther Koplowitz, su principal accionista, se ha beneficiado, entre otros muchos contratos, de concesiones para la construcción de más de 200 kilómetros de línea de AVE y de la mayoría de las estaciones para trenes de alta velocidad.
Sacyr en la Calle 30
Al margen de los hospitales, la historia de Sacyr ha estado ligada asimismo a las obras de soterramiento de la M-30, cuyo coste aproximado superó los 4.000 millones de euros, parte importante de la deuda de 7.000 millones del Ayuntamiento de Madrid. Sacyr forma parte de la empresa mixta Calle 30, que gestionó la construcción de la radial y resultó adjudicataria de distintos tramos, como el enlace de la M30 con la A3 (187 millones) o el soterramiento de la avenida de Portugal (166 millones).
Algunas informaciones sobre otras adjudicaciones de Sacyr: en 2009 se adjudicó un lote de acuerdos en la Comunidad de Madrid por valor de 117 millones de euros. Se trata en su mayor parte de contratos de gestión de residuos en distintos municipios de la región. Ese mismo año, Sacyr se adjudicó el concurso de ampliación de la línea 9 de Metro en Madrid por un importe de 112,5 millones de euros en consorcio con Ferrovial. En la ciudad, la constructora se hizo en 2012 con el concurso de adjudicación del servicio de limpieza urgente por un importe de nueve millones al año.
El grupo Sacyr obtuvo un beneficio antes de las deducciones por impuesto o resultado bruto de explotación (ebitda) de 399,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2012.
* Diagonal - PABLO ELORDUY, GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ Y DIEGO SANZ PARATCHA - 31.1.13
Foto: Coslada (Madrid), hospital - seap
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ELPAÍS/Girona* : El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ve indicios de cohecho y prevaricación en la conducta del exalcalde de Lloret de Mar (Selva), Xavier Crespo, por su presunta vinculación con una trama de blanqueo de capitales procedentes de la mafia rusa. Crespo, que en la actualidad es diputado de CiU en el Parlament, fue alcalde de la localidad de la Costa Brava entre 2003 y 2011. Velasco se inhibirá en los próximos días a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que decida si le toma declaración como imputado. Es el procedimiento habitual en los diputados, que poseen la condición de aforados.
Hace dos años, el TSJC ya recibió una querella de la Fiscalía Anticorrupción que investigaba el caso. Pero entonces ni siquiera la admitió a trámite al considerar que no había suficientes indicios contra Crespo. Con la intención de recabar pruebas y desmantelar la presunta red de blanqueo, la Guardia Civil y la fiscalía aterrizaron el pasado viernes en la localidad. Los agentes se llevaron expedientes del ayuntamiento y registraron diversos domicilios particulares. Desde entonces, ocho personas han sido detenidas, entre ellas el presunto cabecilla de la red, Andrei Petrov, que guardaba un fusil Kaláshnikov en su casa.
Al goteo de arrestados se sumó ayer el del primer cargo público, el actual primer teniente de alcalde, Josep Valls. Poco después de las 8.30 horas, agentes de la Guardia Civil le detuvieron en su casa y le trasladaron a la comandancia de la ciudad. El edil fue responsable de Urbanismo en la etapa en la que Crespo ejerció como alcalde. Más allá de su cargo público, los investigadores analizan su papel como presidente del Club de Fútbol Lloret. Está previsto que hoy declare ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de cohecho.
La fiscalía sospecha que Petrov patrocinó a los equipos locales de hockey y de fútbol y dio otras prebendas a cambio de recibir trato de favor por parte del Gobierno municipal en la etapa de Crespo. Petrov pagó en total 270.000 euros a ambos clubes. El presunto mafioso, a través de su empresa Development Diagnostic Company (DDC), entregaba un cheque de 30.000 euros cada cuatro meses al equipo de hockey. Y desde este se transferían 10.000 euros (una tercera parte) al de fútbol. Y así durante tres años, según fuentes de la investigación. Joan Perarnau, presidente del Club de Hockey Lloret, también fue detenido el sábado pasado en su domicilio. El lunes, el juez le dejó en libertad con cargos tras tomarle declaración, acusado igualmente de un delito de cohecho.
El propio Petrov, que se encuentra en prisión sin fianza desde el lunes, admitió ante el juez de la Audiencia Nacional que los patrocinios empezaron después de que el Ayuntamiento le otorgase la gestión del 35% de un centro comercial que construyó en la antigua plaza de toros (el otro 65% está en manos municipales).
Esas obras se encuentran en el punto de mira, después de que el pleno municipal del Ayuntamiento, con los votos del CiU y del PP y la opinión contraria del resto del cartapacio, condonase el pago de 133.500 euros a Petrov en tributos al considerar las obras de interés general.
Ante la nueva detención de ayer, tanto Crespo como el actual alcalde, Romà Codina, salieron en defensa del primer teniente de alcalde Josep Valls. Como ya hiciese con Perarnau, Crespo dijo que pondría “la mano en el fuego” por el edil. Codina, sin embargo, fue algo más prudente. “Pongo la mano en el fuego hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó.
Crespo, Valls y Codina conocían a Petrov. Los dos primeros comieron con él en un lujoso restaurante de Barcelona, Botafumeiro, para exigirle pagos atrasados que adeudaba a los clubes deportivos. Codina defendió ayer la legalidad de esos patrocinios, que asegura que fueron a parar al club, según le contó el propio Valls.
Además, los tres viajaron a Rusia en el contexto de la feria de turismo del país. Según el jefe de la oposición en Lloret, Marc Fuertes, esos desplazamientos fueron pagados por Petrov. Aunque Codina —entonces era responsable de Infraestructuras— lo negó y explicó que esos viajes los pagó el Ayuntamiento.
También Petrov habló sobre los polémicos desplazamientos. Ante el juez, declaró que había costeado dos viajes a Crespo: uno con su familia y otro a él para asistir a una feria de turismo. El exalcalde solo admitió que el presunto cabecilla de la mafia rusa le sufragó una visita a Rusia para conocer la empresa que este tenía en el país asiático. La asistencia a la feria de turismo, indicó, corrió a cargo del Ayuntamiento. Uno de esos viajes fue en primera clase y Petrov se gastó unos 12.000 euros, según fuentes del caso.
La fiscalía indaga también qué papel jugó el actual secretario general de Deportes de la Generalitat en su etapa como edil de la ciudad, Ivan Tibau. El exjugador de hockey ejerció de concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Lloret durante el mandato de Crespo y fue además entrenador del Club Hockey Lloret, que se encuentra en el epicentro de la trama investigada.
El deporte es hasta el momento el área principal bajo sospecha en el Ayuntamiento de Lloret. Cuando mandaba en la ciudad, Crespo decidió incentivar el turismo deportivo para intentar frenar lo que se conoce como “turismo de borrachera”. El Consistorio se centró en crear estancias deportivas en la ciudad, torneos privados y competiciones oficiales, aunque no logró quitarse el estigma de los visitantes en busca de alcohol barato y largas noches de fiesta.
La fiscalía sospecha que la presunta red corrupta blanqueó 56 millones de euros en dos años, con la ayuda en parte del Gobierno de la ciudad. El juez ha encarcelado hasta el momento a Petrov, a su arquitecta Pilar Gimeno y al que considera su lugarteniente, además de cuñado, Konstantin Mischanin. Su secretaria, su padre y la hermana de Gimeno están en libertad con cargos. Ahora el TSJC estudiará si proceder contra Crespo.
* El País - R. CARRANCO / J. GARCÍA - 30 ENE 2013
Foto: Lloret de Mar (Girona) - J.Sánchez (El País)
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ELPAÍS/Barcelona* : El juez del caso Palau ha citado a declarar como imputado a Jaume Camps, un histórico dirigente de Convergència i Unió (CiU) que recibió, presuntamente, pagos del Palau de la Música. El nombre de Camps, que fue diputado en el Parlamento catalán hasta 2003, figura en unas notas manuscritas halladas en el coliseo modernista. Los documentos fueron entregados en 2010 al juez y a la comisión parlamentaria que investigó la derivada política del saqueo. CiU y el PSC, sin embargo, se negaron a que Camps compareciese para dar explicaciones.
En una de esas anotaciones está escrito: “Jaume Camps. Pago 105.000. Ferrovial”. Y, justo debajo, aparece la palabra “autopista”.
Los investigadores consideran que las aportaciones en concepto de mecenazgo de la empresa constructora al Palau iban a parar, en realidad, a las arcas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como contraprestación por la adjudicación de obras públicas —la línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia, un polideportivo en Sant Cugat...— bajo el Gobierno de Jordi Pujol. El expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, ejercían supuestamente como intermediarios de esos pagos y recibían por ello una comisión.
A propuesta del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, el juez Josep Maria Pijuan tomará declaración el próximo 19 de febrero a Camps, que está apartado de la política desde hace años y actualmente ejerce como abogado en Barcelona.
Una de las notas que vinculan a Camps con los pagos del Palau.
Otros escritos encontrados en el Palau vinculan a Camps con el cobro de comisiones. Un documento mecanografiado que data del 12 de febrero de 2003 recoge una “propuesta de pago de marzo a octubre de 2003”, con unas cantidades variables mes a mes. La anotación correspondiente a marzo aparece con la expresión pagat [pagado] vinculada a un importe de 10 millones de pesetas [60.000 euros]. De ese dinero, se indica, más de la mitad corresponden a “J. Camps” y el resto, a Carles Torrent, que fue tesorero de Convergència hasta su muerte, en 2005. Le sucedió en el cargo Daniel Osácar, uno de los imputados en el caso por ayudar a desviar el dinero del Palau al partido nacionalista.
El fiscal ha basado su petición, además, en las distintas reuniones que mantuvieron Millet y Camps. Así figura en la agenda personal del expresidente del Palau que, en su día, fue puesta a disposición del juzgado. “Jaume Camps. Lunes 24/3”, aparece en una de esas anotaciones. En la agenda de Millet que corresponde a la semana del 24 al 29 de marzo de 2003 aparece otra cita para las 11.00 del lunes con “J. Camps”.
El exdiputado de CiU fue salpicado en el caso Grand Tibidabo, en 1999, tras haber ingresado 163,4 millones procedentes del Grupo Torras. Su imputación es, probablemente, la última de la instrucción del Palau y estrecha aún más el cerco sobre Convergència, que tiene su sede central de Barcelona embargada como aval para hacer frente a una fianza de 3,2 millones. Según el juez y el fiscal, el partido de Artur Mas se benefició en esa cantidad del saqueo del Palau de la Música perpetrado por Millet y Montull. El dinero llegó a CDC por dos vías: las entregas opacas de dinero en efectivo y las aportaciones a la Fundación Trias Fargas (ahora Catdem), afín a Convergència.
La instrucción del caso toca a su fin. La Intervención General de la Generalitat ha remitido al juzgado su informe definitivo sobre los pagos indebidos del Consorcio del Palau de la Música en la etapa de Millet. Las cantidades pagadas “incorrectamente” dado que “no han estado destinadas a finalidades del Consorcio”, según el informe, ascienden a 3,6 millones de euros. El organismo no ha podido acreditar el destino de la mayor parte de ese dinero (2,8 millones). El resto de cantidades corresponden a la contratación de obras, bienes y servicios para domicilios particulares de Millet (677.000 euros) y Montull (157.000). La cifra global del saqueo de la entidad musical asciende a 23 millones.
* El País - JESÚS GARCÍA - 30 ENE 2013
Foto: Barcelona, dirigentes CIU - elmundo (archivo)
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LAVERDAD* : Diecinueve alcaldes, seis directores generales, cuatro parlamentarios y un consejero se han visto atrapados en los 35 asuntos que están siendo investigados o ya han sido juzgados.
Los hilillos de plastilina de la corrupción se han convertido al cabo en marea negra que encenaga las administraciones públicas por toda la Región. De norte a sur y de este a oeste. No ha sido de un día para otro. Probablemente estuvo ahí desde siempre, en mayor o menor medida, pero nunca como ahora se había podido atisbar -con datos objetivos, como son los derivados de los procedimientos judiciales que están en marcha- su auténtica extensión.
Han transcurrido siete años y catorce días desde aquel 13 de enero de 2006 en que Manuel López Bernal asumió el cargo de Fiscal Superior de Murcia con el solemne anuncio -en realidad, una advertencia- de que la corrupción, los delitos económicos de 'cuello blanco' y la delincuencia organizada pasaban a constituir la primera y prioritaria preocupación del Ministerio Público.
El discurso marcó de alguna forma el arranque de un proceso en una Justicia de paquidérmico paso, tan lento como implacable, que desde entonces ha venido instruyendo un gran número de asuntos relacionados con la corrupción, las desviaciones en el ejercicio del poder, el tráfico de influencias... Supuestas ilegalidades vinculadas casi unánimemente con el urbanismo y que tenían al medio ambiente como principal perjudicado.
En la actualidad, según informaciones recabadas por 'La Verdad' en fuentes de toda solvencia, son 35 las causas judiciales en tramitación o ya juzgadas contra cargos públicos y altos funcionarios de la Administración Pública. Si se restan los ya solventados, queda una treintena de procedimientos en fase de instrucción que otros tantos jueces tratan de llevar adelante, con mayor o menor agilidad y acierto, pero que en su mayor parte parecen avanzar de manera inexorable hacia la sala de vistas.
Varias sentencias firmes
Dos de esos asuntos de corrupción, una parte del 'caso Tótem' y el 'caso Limusa', están cerrados con sentencia firme, habiendo dejado tras de sí un buen puñado de condenas y a los dos principales responsables, el exalcalde y exdiputado popular Juan Morales, y el exgerente de la empresa pública de limpieza de Lorca, Francisco Gil Eguino, purgando sus culpas entre rejas. El primero, por haber pedido comisiones de hasta 15 millones de euros por tramitar convenios urbanísticos, y el segundo por convertir las arcas de la empresa pública de limpieza de Lorca en fuente de financiación de todo tipo de asuntos particulares, incluidas juegas con prostitutas.
También está cerrado definitivamente el 'caso de la compra de votos' en Fortuna, que el pasado octubre acabó desalojando al popular Matías Carrillo de la Alcaldía fortunera, en la que se enrocó hasta ser condenado en firme por el Tribunal Supremo.
Cierto es que no todos los asuntos que han llegado a juicio se han cerrado con sentencias condenatorias. El alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, acusado de prevaricación por autorizar la apertura de un restaurante en la Torre Vieja, un monumento de especial protección arqueológica, resultó absuelto. La sentencia no es firme, ya que se encuentra recurrida.
También en 2008 el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), salió absuelto del delito de malversación de fondos públicos. El Ministerio Fiscal había sostenido que los supuestos adelantos de sueldo que recibió el concejal independiente Domingo Valera eran «meros regalos con dinero público», a cambio del apoyo del Partido Independiente al PP de Mazarrón. En su fallo exculpatorio, la Audiencia puso el acento «en la ausencia de normativa legal en torno a la entrega de anticipos».
Casi la mitad de municipios
En esos 35 asuntos judicializados -hay varias decenas más en investigación en la Fiscalía, que en buena parte serán archivados de oficio y no llegarán a adoptar la forma de denuncia o querella ante un juzgado- se han visto inmersos 19 alcaldes y exalcaldes (15 del PP y 4 del PSOE), algunos de ellos por partida doble y hasta triple; seis directores generales (todos del PP), tres diputados regionales y nacionales (dos del PP y uno del PSOE), un exsenador socialista y hasta quien fue dos veces consejero del Gobierno Regional (Sanidad y Medio Ambiente) y delegado del Gobierno, Francisco Marqués, imputado por prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales por el 'caso Zerrichera'.
Además de varias decenas de concejales, mayoritariamente de Urbanismo, y un buen puñado de altos funcionarios, entre los que sobresalen secretarios y arquitectos municipales y jefes de urbanismo.
Instrucciones ya concluidas
Algunos de esos alcaldes están a un paso de sentarse en el banquillo. De forma más inminente, el ex primer edil totanero del PP José Martínez Andreo, que será juzgado a partir del 4 de febrero y para quien el fiscal solicita penas que suman 8,5 años de cárcel por presuntos delitos de falsedad documental, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.
Previsiblemente le seguirán en ese trance el exalcalde y exsenador Manuel Hurtado (PSOE), acusado de falsear un expediente de contratación para justificar las obras de un polideportivo que ya estaba construido e inaugurado; el exalcalde socialista de Campos del Río, Ricardo Valverde, atrapado por el 'caso Trampolín', y los primeros ediles Daniel García Madrid (Torre Pacheco) y María Antonia Conesa (Fuente Álamo), ambos del PP y respectivamente imputados en los casos 'Camelot' y 'Pagamenta'.
También están ya concluidas las investigaciones judiciales sobre el 'caso Puerto Mayor', que conducirá a juicio al ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y el 'caso San Esteban', que arrastrará hasta la sala de vistas al ex director general de Bienes Culturales y actual responsable del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón. Los dos asuntos ya están calificados por el fiscal, por lo que el señalamiento de los juicios parece cuestión de poco tiempo.
Todo apunta así a que los próximos dos o tres años serán un continuo trasiego por el banquillo de cargos públicos. Casi todos ellos, por cierto, en activo. Porque lo evidente es que, al margen del resultado final que puedan tener estos asuntos, nadie o casi nadie está asumiendo hasta ahora responsabilidad política alguna. Si al final se tienen que marchar, lo harán, pero empujados por la Justicia.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 27.1.13
Foto: Parlamento Murcia - turismo
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LAVANGUARDIA/Girona* : Valls también es el presidente del club de fútbol del municipio que habría recibido el patrocinio de la mafia rusa y fue concejal de urbanismo durante la etapa de Crespo.
El teniente de alcalde de Lloret de Mar, Josep Valls, ha sido detenido a primera hora de este martes en el marco de la operación Clotilde contra la mafia rusa que se inició el pasado viernes con la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad rusa y el registro del ayuntamiento del municipio. Además de su cargo en el consistorio, Valls es el presidente del equipo de fútbol de Lloret que, junto al de hockey patines del mismo municipio, habría recibido el patrocinio del empresario Andrey Petrov, cabecilla de la trama.
La detención de Valls también ha sido confirmada por el alcalde del municipio, Romà Codina (CiU), quien ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio que tiene constancia de la detención del dirigente consistorial y que está convencido de su inocencia, hasta el punto de que pondría la mano en el fuego por él y por todo su equipo hasta que se demuestre lo contrario.Además de teniente de alcalde de Lloret, Valls fue concejal de urbanismo durante la anterior etapa de Crespo como alcalde.
Fuentes próximas a la investigación han informado de que Valls ha sido detenido a primera hora de la mañana por agentes de la Guardia Civil que han acudido a su domicilio.
Registradas las dependencias del Club de Fútbol de Lloret
Tras ser detenido, los agentes de la Guardia Civil le han trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Lloret de Mar y después ha sido llevado en un vehículo a las dependencias del Club de Fútbol de Lloret de Mar, donde los agentes han iniciado un registro en las dependencias acompañados por el arrestado.
Cuando el primer teniente de alcalde de Lloret de Mar era trasladado de la Comandancia al vehículo varios vecinos le han insultado llamándole "chorizo" y criticando que se apropiara presuntamente de cantidades de dinero cuando "hay tanto paro".
Ocho detenidos; tres en prisión
Con la detención del teniente de alcalde, la operación anticorrupción iniciada el pasado viernes por la Guardia Civil en Lloret se ha saldado por el momento con ocho detenidos, tres de ellos permanecen en prisión.
El arresto de Valls llega un día después de que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dictara este lunes prisión incondicional para Petrov, que afirmó que pagó dos viajes a Rusia al exalcalde Crespo. Velasco tomó declaración a seis detenidos y dictó prisión incondicional para Petrov, para su cuñado y mano derecha, Konstantin Mischanin, y para la arquitecta Pilar Gimeno, que presuntamente sirvió de vínculo entre Petrov y el consistorio.
A Petrov se le imputa pertenencia a organización criminal por sus relaciones con la mafia rusa, blanqueo de capitales en el seno de organización criminal, falsedad en documento mercantil y cohecho, mientras que a los otros dos encarcelados solo los últimos tres delitos. Petrov reconoció durante su comparecencia ante el juez que financió dos viajes a Rusia de Xavier Crespo, uno de ellos en compañía de su familia, según informaron fuentes jurídicas.
Blanqueo de 56 millones de euros
La detención de Valls se une a la del presidente del Club Hoquei Lloret, Joan Lluis Perarnau, que fue apresado el pasado sábado. La empresa de Petrov, Development Diagnostic Company (DDC), era patrocinadora del Club Hoquei Lloret, así como también del club de fútbol de la localidad, y la marca aparecía impresa en las camisetas de los jugadores. La vicepresidenta del Club es Guadalupe Oliva Pujol, la mujer del exalcalde de Lloret, Xavier Crespo.
Como DDC, Petrov había creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosas personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando múltiples operaciones. Así, el 'empresario' habría blanqueado unos 56 millones de euros
El presunto cabecilla de la organización admitió ante el juez que esponsorizó al Club Hoquei Lloret cuando el ayuntamiento le adjudicó el 35% de la gestión del centro comercial construido en la antigua plaza de toros de la localidad, que incluyó la creación de 400 plazas de garaje; la administración local gestionaba el 65% restante. En concreto, la remodelación corrió a cargo de la empresa , una compañía propiedad de Petrov que tenía un capital social de un millón de euros y se dedicaba a la compraventa de inmuebles e intermediaciones en operaciones inmobiliarias en la comarca de La Selva.
* La Vanguardia - 29/01/2013
Foto: Lloret_de_Mar (Girona) - wikipedia.org
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ELACUEDUCTO* : Los ‘miniapartamentos’ del Eresma son ilegales. Así lo indica el fallo del Tribubal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que ha impuesto una multa de 210.000 euros para la empresa promotora de las viviendas, Hontanilla de Santo Domingo Sociedad Anónima, que estaba participada por el popular Manuel González Herrero y de la que es responsable el exconcejal —también popular— Ángel Sancho.
El fallo contempla también una sanción de 122.500 euros para el arquitecto, Tomás Sanz, y otra de 17.500 euros para el arquitecto técnico, Javier Lobo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha fijado en total una multa de 350.000 euros para los promotores de estas dependencias que tenían como finalidad alojar a estudiantes.
Tal y como dio a conocer el alcalde, Pedro Arahuetes, el pasado viernes, el TSJ tipifica la infracción urbanística como “muy grave” al considerar que no hay duda de que la construcción de la ribera del Eresma se realizó en suelo no urbanizable con protección especial.
Para Arahuetes con esta decisión judicial se cierra el círculo sobre estos ‘miniapartamentos’ después de siete años. “La responsabilidad está definida y el asunto tiene ya muy poco recorrido” apuntaba el alcalde.
Arahuetes señaló además que en ella se contempla la intención “perversa y de forma maliciosa de llevar a cabo la ejecución de la obra” de los responsables.
Esta decisión judicial, fechada el 18 de enero, es uno de los tres recursos de apelación que debe resolver el TSJ sobre la sanción que impuso el Ayuntamiento de Segovia por la edificación irregular.
Cabe recordar que en noviembre del pasado año el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia decretó la demolición de los ‘miniapartamentos’ por no estar incluidos en la licencia aprobada y no ser compatibles con el plan urbanístico; aunque calificaba la infracción como “grave”.
* El Acueducto - 28.1.13
Foto: Miniapartamentos - Javier Segovia
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LEVANTE/Valencia* : La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013 que el Consell aprobó a finales de diciembre incluye la enésima modificación de la ley valenciana de Patrimonio Cultural de 1998 que permitirá a los ayuntamientos sortear la hasta ahora preceptiva solicitud de permiso a la Dirección General de Patrimonio para cualquier obra en entornos monumentales.
De haberse aprobado antes esta modificación, el portavoz del PP en el Consell y exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, no habría tenido que sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevarización al autorizar las obras de un aparcamiento junto al jardín monumental de Monforte sin haber recabado la autorización de la Dirección General de Patrimonio. Bellver, como se ha publicado, salió finalmente absuelto.
Sea para evitar o no casos como el de Jorge Bellver y reforzar al mismo tiempo las competencias e independencia de los ayuntamientos en las intervenciones que afecten al patrimonio histórico, el Consell ha aprovechado la ley de Acompañamientos para modificar el artículado de la ley de patrimonio en lo que algunos consideran una relajación de la obligación de la Generalitat de fiscalizar la conservación del patrimonio histórico.
Se ha modificado la ley para que los ayuntamientos que hayan aprobado planes especiales de protección para sus bienes de interés cultural asuman plenas competencias en las intervenciones en los entornos de los bienes de interés cultural. Los ayuntamientos podrán eludir así el siempre incómodo filtro de la Conselleria de Cultura en obras de urbanización de calles, de nueva planta, de demolición, de ampliación de edificios existentes, de reconstrucción, incluidas las cubiertas, las fachadas y los elementos artísticos y ornamentales.
Como la redacción de planes especiales es un proceso largo y técnicamente complejo se ha introducido una situación de excepcionalidad que, entretanto se redactan los planes, establece que aquellos ayuntamientos que cuenten con una comisión técnica en la que exista un representante de la Conselleria de Cultura, podrán solicitar la delegación de las competencias para la concesión de licencia.
El Ayuntamiento de Valencia entra en la excepcionalidad por que ya disponen de una comisión municipal de cultura que se encarga de supervisar las obras que afectan al patrimonio protegido.
49 planes en tramitación
El ayuntamiento del «cap i casal», que aplaude la modificación de la ley de patrimonio porque evita duplicidades, tramita en estos momentos los planes de protección de 49 bienes de interés cultural entre ellos las Torres de Serranos, la Lonja, la Catedral, el Mercado Central, los jardines de Monforte y el Botánico.
En la ley de patrimonio cultural ha habido otras excepciones, siempre polémicas,como la que abrió la puerta para modificar la declaración de bienes de interés cultural, un supuesto que se podría aplicar de llegar el caso al conjunto histórico del barrio del Cabanyal de Valencia, tras el cual hay un enquistado conflicto entre los vecinos y el consistorio que preside Barberá.
La ley de acompañamiento del Consell también modifica la ley de patrimonio para que revisar la protección genérica como bien de relevancia local de los pozos de nieve, las chimeneas industriales anteriores a 1940, los molinos de viento, las barracas tradicionales de la huerta valenciana anteriores al siglo XIX, los calvarios y los paneles cerámicos cuando se acredite que no reúnen valores culturales suficientes.
* Levante - H. GARCÍA - 24.1.13
Foto: El Ayuntamiento de Valencia tramita estos días el plan de protección del entorno de las Torres de Serranos.- Ferran Montenegro
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GRANADAHOY* : La adaptación al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que entró en vigor en el año 2005 para reordenar la planificación urbanística de la comunidad, es una asignatura pendiente para la gran mayoría de los municipios de la provincia de Granada. Según la información facilitada por la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Sandra García, de los 168 municipios granadinos únicamente cinco han adecuado sus planes generales de ordenación urbana al documento de planificación regional casi ocho años después de que se produjera su aprobación.
Todos los demás -163- se verán afectados de una u otra forma por el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral andaluz, que entró en vigor el 27 de noviembre de 2012 tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por no hacer aprobado aún sus planes de desarrollo urbanísticos.
Los únicos municipios que quedan totalmente exentos de la nueva norma por tener adaptados ya su futura planificación urbanística al POTA, según confirmó la delegada, son Armilla, Alhama de Granada, Baza, Montefrío y Marchal.
Ninguno de estos municipios están en la Costa granadina, por lo que todos los municipios del litoral de la provincia les afecta la suspensión cautelar que el decreto plantea de los proyectos urbanísticos previstos en los terrenos urbanizables de la zona costera hasta que se desarrolle el llamado Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que establecerá los objetivos y criterios de protección de los primeros 500 metros de Costa. Este plan se espera tener listo este mes con la intención de que se someta a trámite de información pública sobre junio. A partir de entonces, las medidas cautelares afectarán a los terrenos que no superen ese examen y, en el caso de que el plan se retrase, el decreto ley tiene un plazo de vigencia de dos años.
Sobre la incidencia que la suspensión puede tener sobre los proyectos en la Costa, Sandra García alega que "ahora mismo todos los planes parciales que estén aprobados seguirán su tramitación, los que no lo están tendrán que esperar seis meses, que es el compromiso que tiene la Consejería para hacer el avance del Plan". "A pesar de que no esté terminado ese Plan del Litoral, todos los planeamientos que se presenten tendrán que tener un informe sobre si se adaptan a ese documento inicial y si se adaptan, que es lo más importante, al Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía", explica la delegada.
Sobre la finalidad del proyecto de la Junta, García alega que "el Decreto de Protección del Litoral lo que pretende son dos cosas, por un lado hacer un plan de protección del litoral y que todos los ayuntamientos se adapten al POTA, que establece unos límites que afecta no sólo a los municipios de la Costa por lo que hay que hacer una lectura más amplia del decreto".
Ante la preocupación que los planes de la Junta generó entre las entidades locales y el sector empresarial de la Costa, Sandra García explica que ya ha habido reuniones para explicar en profundidad los textos, cuyo objetivo principal "es hacer un modelo de desarrollo más equilibrado".
"Entendemos que hay muchos ayuntamientos que teniendo en sus planeamientos suelos aptos para desarrollar con clasificación de urbanizable han tenido bastante tiempo para desarrollarse y que no lo han hecho", recuerda la delegada, que insiste en que "lo que pretendemos es que los planeamientos de adapten al POTA".
* Granada Hoy - R. GARRIDO / A. ASENSIO - 21.1.13
Foto: Armilla (Granada), ayuntamiento - ser
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ELPAÍS/Castellón* : El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo municipal por el que se aprobó definitivamente del PAI Benicàssim Golf en 2005 al considerar que la decisión se tomó sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para asegurar los recursos hídricos y porque el desarrollo urbanístico se extendía hasta la zona húmeda denominada Cuadro de Santiago, que debe protegerse. El Supremo deja sin cobertura así al primer proyecto de golf que se presentó en la provincia de Castellón, ya que el fallo no puede ser recurrido. Además, reprende al Tribunal Superior de Justicia valenciano por “infringir” la normativa medioambiental. El plan preveía urbanizar dos millones de metros cuadrados y construir más de 2.000 viviendas.
El Supremo dice en su fallo “no compartir” la decisión del TSJ “para quien el silencio de la CHJ hay que entenderlo favorable a la suficiencia de recursos hídricos” y resuelve que el organismo tenía obligación de emitir un informe al respecto. Por ello estima el recurso presentado por Acció Ecologista-Agró contra la sentencia anterior. “La estimación de este motivo (la falta del informe) sería suficiente para que declaremos nulo el plan”, recoge la sentencia. Sin embargo, el alto tribunal va más allá.
Acció Ecologista denunció que una parte de la superficie sobre la que se extendía el plan es una zona húmeda (el Cuadro de Santiago), por lo que no debía haber sido clasificada como suelo urbanizable, sino como especialmente protegida. Sin embargo, el TSJ lo desestimó con el argumento de que si no estaba incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas aprobado por el gobierno valenciano, no requería tal catalogación. “El tribunal, al declarar ajustado a derecho el plan ha infringido lo establecido Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y la Fauna Silvestre, y la Ley de Aguas”, sostiene el Supremo.
Para este tribunal, “el hecho de que una zona húmeda no esté incluida en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas o en el Catálogo correspondiente que, al efecto, se apruebe en las Comunidades Autónomas en uso de su potestad para establecer normas adicionales de protección, no puede ser obstáculo para la debida conservación y restauración de dichas zonas húmedas”.
Es en base a este precepto por el que la sala del Supremo concluye que la no presencia en el catálogo “no es razón para dejar de evitar el desarrollo urbanístico en una zona húmeda, como sucede con el Cuadro de Santiago”. Por esta razón, estima el recurso de Acció Ecologísta-Agró y dicta la anulación de pleno derecho del acuerdo plenario.
* El País - LORENA ORTEGA Castellón 18 ENE 2013
Foto: Benicasim (Castellón), ayuntamiento - panoramio.com
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CANARIASAHORA/Tenerife* : El Ayuntamiento de El Rosario dio vía libre a la construcción de una urbanización turística en un paraje protegido.
El Gobierno de Canarias, el Cabildo tinerfeño y el Ayuntamiento de El Rosario se enfrentan a una reclamación de 4,1 millones de euros por parte de la empresa Amador Díaz Ramos SL a raíz del cambio de calificación del suelo de El Varadero de urbanizable a rústico. En estos momento la juez que instruye el conocido como caso Varadero ha formalizado la acusación contra el alcalde, Macario Benítez; la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora; la anterior secretaria municipal, María Alonso Martínez, y otros cuatro ediles del grupo de gobierno por un supuesto delito de prevaricación tras el frustrado intento de ejecutar una urbanización en esta bolsa de suelo que abarca 339.000 metros cuadrados en contra de las directrices del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que protegía este enclave.
Con su decisión, la magistrada va más allá de la Fiscalía en contra de los Delitos Medioambientales que centraba sus sospechas sobre el primer edil, la responsable de Urbanismo y la ex secretaria. De esta forma, otros 4 concejales socialistas que en 2002, aprobaron el plan parcial, como son Laurentino Quintana Estévez, María Elba Delgado Martín, Abel Acosta Armas y Andrés Hernández García, han pasado ya a ser acusados formalmente. La Fiscalía en su primer escrito pedía 8 años de inhabilitación para Benítez, Mora y Martínez.
El conocido como caso Varadero tiene su origen en la continuada intención del Ayuntamiento desde el año 2001 de llevar a cabo una urbanización residencial y turística en una ladera del municipio pese a que una y otra vez se le comunicaba desde el Cabildo, Gobierno de Canarias y las diferentes instancias judiciales que este suelo estaba protegido al tratarse de laderas.
En la solicitud de indemnización presentada ya por el promotor se apela a la pérdida de valor de los terrenos adquiridos en su día como suelos urbanizables y que ahora se ha ratificado que solo tienen la categoría de rústicos, lo que ha implicado un perjuicio económico de casi 4 millones de euros. Igualmente, la promotora pide ser resarcida por las comisiones desembolsadas por la compra de solares, las abonadas a terceros como contraprestación a actividades de asesoramiento e intermediación antes de ser desclasificados los terrenos y los derivados de la promoción y desarrollo del sector “que han devenido en inútiles”. En este último capítulo estaría la redacción del Plan Parcial y del proyecto de urbanización o las publicaciones en diarios oficiales. Otras reclamaciones se centran en el pago de impuestos según su anterior categoría como urbanos. Todos estos últimos extremos suman más de medio millón de euros, aunque a la cifra total habría que restarle el valor actual del suelo, con su categoría de rústico, que apenas suma 350.000 euros.
El Ayuntamiento ha solicitado un informe jurídico al Consejo Consultivo de Canarias en cuyas conclusiones se apunta que la responsabilidad por la aprobación del plan parcial a través del silencio administrativo positivo es exclusiva del Ayuntamiento. De esta manera, la Corporación local dio vía libre a un proyecto “manifiestamente ilegal, incurriendo en responsabilidad al amparo de la legalidad urbanística”. Además, se considera que el Pleno del Ayuntamiento fue consciente durante la tramitación del plan de los problemas y dudas que suscitaba su aprobación definitiva por silencio administrativo, constando en la sesión plenaria de tal aprobación intervenciones de los concejales en el sentido de que "tenemos un PIOTF que dice que hay que proteger las laderas" o "no se debe urbanizar toda la costa de El Rosario, debe dejarse en suspenso el Plan Parcial hasta que el Plan General esté resuelto, el Cabildo habla de que es una zona que debe protegerse".
Esta aprobación además se llevó a cabo en contra de la opinión de la institución insular y del Gobierno de Canarias. No obstante, en este último caso se detecta que el Ejecutivo estaba obligado a chequear la legalidad del planeamiento y, si se ajustaba a las determinaciones del Plan Insular, lo que no ocurrió durante el período comprendido entre la aprobación del PIOT y la anulación del Plan General de El Rosario por lo que también tendría que asumir su parte de responsabilidad.
Moratoria turística
Fue en 2001 cuando el promotor de la empresa Amador Díaz Ramos SL presentó un proyecto ante el Ayuntamiento que abarcaba casi 339.000 metros cuadrados de suelo que se sitúan al lado de la autopista del sur y cuatro barrancos en las que se localizan seis cuevas. Sin embargo, la documentación presentada resultó incompleta por lo que poco después el empresario tuvo que aportar más documentos sobre las ordenanzas y un estudio económico, además de completar la memoria de ordenación. El proyecto nunca llegó a ser visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Coac). Por aquellas fechas se tramitaba también el Plan General aunque el promotor se acogió a que en este sector los usos permitidos eran residencial turístico y la tipología edificatoria residencial colectiva, unifamiliar aislada, apartamentos, bungalows y hoteles, tal y como contemplaban entonces las normas subsidiarias.
Sin embargo, en el mes de julio de 2001 entró en vigor la conocida como moratoria turística que pretendía contener y controlar el crecimiento de este sector en el Archipiélago y de hecho ordenaba la suspensión de los planes parciales que tuvieran esta finalidad como era el de El Varadero. La Fiscalía por lo tanto sostiene que en este caso concreto la moratoria turística era de plena aplicación. Además, en el PIOT se contemplaba esta zona con la clasificación de Área de Regulación Homogénea (ARH) de Protección Ambiental, que impide que albergue ningún tipo de construcción al situarse en barrancos o laderas y así lo acordó la institución insular a finales de 2001, ratifícándolo también a finales del siguiente ejercicio. Sin embargo, según el escrito de la Fiscalía, el Ayuntamiento se opuso a este criterio de la institución insular de proteger esta franja del territorio y mantuvo sus intenciones de urbanizarlo. Así queda en evidencia tanto en las alegaciones que la Corporación local presentó al planeamiento insular como en las distintas versiones que se llevaron a cabo del PGO de El Rosario, todo ello de una manera que la Fiscalía califica de “arbitraria”.
El Ministerio Público considera probado que el alcalde y la concejal de Urbanismo dieron “órdenes precisas” a la secretaria para que mantuviera el criterio municipal, a lo cual ésta accedió sin poner ningún tipo de traba ni impedimento. En ningún momento consta que se haya dado cumplimiento a los imperativos legales de informar sobre el contenido del plan parcial a Costas, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y Cabildo tinerfeño. Tan solo se remitió una copia a la Dirección General de Urbanismo, que fue respondida con la advertencia de que no se estaban cumpliendo con todos los trámites legalmente establecidos. “Los acusados, conscientes de la imposibilidad de tramitar el Plan Parcial por encontrarse suspendido por mandato legal, actuando con el ánimo de eludir o dilatar todo pronunciamiento expreso en tal sentido, no atendieron en esas fechas al mencionado requerimiento”, indica el escrito de la Fiscalía.
En 2002, la arquitecta municipal María Ángeles León Brito advirtió que los usos previstos en el avance del Plan General y los del Plan Insular eran incompatibles y por lo tanto pedía que se prohibiera cualquier tipo de intervención que supusiera “una alteración del relieve original del terreno, de los ecosistemas o degradación de sus valores naturales“. Además, la técnica ya advertía que era necesario contar con el parecer del Colegio de Arquitectos. La Fiscalía considera probado que el alcalde, pese a conocer las indicaciones del PIOT para este ámbito, decidió seguir adelante con el plan parcial.
En el caso de la secretaria se la acusa de haber intentado recurrir a argucias en sus informes para solventar los reparos que se imponían desde el Cabildo de manera que en vez de referirse a los apartamentos y bungalows como de uso turístico hablaba de alojamientos no permanentes. Por ello, la Fiscalía la responsabiliza de no haber hecho valer la legalidad, sino por el contrario dar el visto bueno a este documento pese a conocer los impedimentos que existían sobre el mismo. La arquitecta municipal, por su parte, respondió este informe advirtiendo de las irregularidades que ya habían reflejado en su primer dictamen. Sin embargo, la Fiscalía considera que el alcalde decidió “imponer su voluntad” acogiéndose a los informes elaborados por la secretaria, ahora acusada.
El planeamiento siguió su curso mientras las distintas administraciones le imponían diversos reparos que solo en algunas ocasiones eran solventados pero sin que se llegara nunca a eliminar el uso turístico que ya había quedado expresamente prohibido en el PIOT. No obstante, el alcalde, cuando remitió en 2001 el plan parcial a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), ya debió sospechar que no iba a salir adelante, por lo que en el último momento solicitó que fuese retirado del orden del día. No consta que el Ayuntamiento realizara ningún otro movimiento para sacar adelante este planeamiento hasta 2004. Mientras el alcalde y su grupo de gobierno decidieron interponer un recurso contencioso administrativo en contra del PIOT que sería luego rechazado.
Nueve días antes de la aprobación definitiva del Plan Insular la promotora pidió que su proyecto fuese aprobado por silencio administrativo. “El alcalde una vez más decidió imponer su voluntad”, indica la fiscal, quien relata que entonces encargó un estudio jurídico al abogado, Francisco Medina Aceytuno, que era favorable a que el promotor se pudiera acoger al silencio administrativo positivo y otro más de la secretaria municipal ahora acusada. Esta funcionaria consideraba que el Plan Parcial se había aprobado antes de que entrara en vigor el PIOT y que los informes emitidos por las distintas administraciones que habían resultado desfavorables se solicitaron de forma correcta pero se emitieron fuera de plazo.
Por lo tanto en el mes de junio de 2004 la comisión informativa de Urbanismo y el pleno decidieron dar vía libre al Plan Parcial de El Varadero. Este pleno fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que efectivamente decidió anular el acuerdo. La Fiscalía por lo tanto no deja de llamar la atención sobre “la persistente voluntad” de los acusados de extender la trama urbana hacia el sector adyacente a Tabaiba mediante su calificación de suelo como urbanizable incluso una vez que había entrado en vigor el PIOT. Una actitud que según la fiscal, Inmaculada Violán, “se pone de manifiesto en todas y cada una de las propuestas que fueron recogidas en las distintas versiones del PGO". Una vez remitido el documento a la Cotmac, se decidió proponer la revisión de oficio del planeamiento municipal en relación a El Varadero atendiendo precisamente a la sentencia del TSJC que había anulado el pleno en el que se aprobó el plan parcial. Tres años más tarde la Cotmac dio el visto bueno al PGO pero condicionándolo a que este ámbito se adaptara a lo contenido en el PIOT.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN | 18 de enero de 2013
Foto: El Rosario (Tenerife), al fondo, terrenos donde se iba a construir la urbanización. - adelur.org
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LEVANTE* : La Fiscalía de Castelló ha puesto en su punto de mira las supuestas construcciones levantadas en superficie protegida de la Marjaleria de la capital de la Plana denunciadas por Gecen. Así, ha abierto diligencias penales contra 30 edificaciones de la marjal, según consta en el escrito remitido al grupo ecologista. El proceso acaba de arrancar y, según fuentes de Gecen, en las próximas semanas se ampliará el número de casas a investigar. El colectivo ecologista ha presentado al ministerio fiscal denuncias contra un total de 700 edificaciones. También pide que se actúe contra la Generalitat y el ayuntamiento por una presunta dejación de funciones, aunque por ahora ambas administraciones están excluidas de la causa.
El fiscal ha abierto una investigación penal por un "presunto delito contra la ordenación en el territorio". Atiende la petición de la asociación ecologista, que quiere "impedir el incumplimiento de la legislación urbanística, de la ordenación del territorio y medioambiental en la Marjaleria de Castelló".
La entidad conservacionista ha remitido a la fiscalía más de 700 expedientes de infracciones urbanísticos que el propio ayuntamiento inició entre 2006 y 2012 contra viviendas de la Marjaleria por ocupar suelo no urbanizable. Gecen afirma que el consistorio ha eludido ejecutar dichas sanciones -un centenar de las mismas incluían órdenes de demolición-, de ahí que haya acudido a la fiscalía. "Nuestra denuncia va dirigida contra quién resulte ser el promotor o constructor de las obras y contra aquellos que ostentan responsabilidades en competencias urbanísticas tanto en el ayuntamiento como en la Conselleria de Infraestructuras", adujeron las mismas fuentes.
"Los expedientes de demolición caducan, se archivan, no se ejecutan. Las sanciones son ridículas, pendientes, caducadas o archivadas", añadieron. A juicio de Gecen, "esto no es fruto del azar o de no saber llevar un expediente, sino que responde a una presunta intencionalidad". "No solo existen responsabilidades a nivel urbanístico por parte de los propietarios privados, también de técnicos y políticos del ayuntamiento y conselleria de Urbanismo", remarcaron desde Gecen.
Mulet colaborará con la Justicia
El concejal de Urbanismo y portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Ángel Mulet, afirmó en un escueto comunicado que "somos respetuosos con la justicia y colaboraremos en todo lo que nos solicite la fiscalía". Mulet ha negado en ocasiones anteriores las acusaciones de Gecen y ha asegurado que el ayuntamiento ha procedido siempre conforme a la legalidad en la Marjaleria.
Y parece que la investigación no se limitará a 30 viviendas. La asociación tiene constancia de que la fiscalía abrirá en próximas fechas nuevas remesas de diligencias contra más construcciones presuntamente ilegales cuyo número se desconoce en estos momentos.
Cabe recordar que la Generalitat aprobó en 2006 un plan especial en la Marjaleria a fin de regularizar en torno a 2.500 viviendas que se habían erigido en las décadas anteriores en este humedal sin autorización y de dotar, además, al lugar de infraestructuras básicas. La zona suma 785,18 hectáreas, de las que 144,21 corresponden a suelo urbano y 268,21 a urbanizable, mientras 272,76 hectáreas están protegidas.
Y según Gecen, unas 700 casas permanecen en suelo no urbanizable de la Marjaleria.
* Levante - J.MESTRE - 24.1.13
Foto: Panorámica de las decenas de viviendas levantadas en la zona de la Marjaleria de Castelló con los apartamentos al fondo del municipio de Benicàssim. LEVANTE-EMV
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EUROPAPRESS/Murcia* : El exalcalde de Librilla, José Martínez García, imputado en un presunto caso de corrupción urbanística en este municipio descubierto en 2008, en el marco de la 'Operación Biblioteca', deberá declarar de nuevo.
La declaración, a puerta cerrada, tendrá lugar en el juzgado de Instrucción nº6 de Murcia, que investiga los hechos, ubicado en la Ciudad de la Justicia. La 'Operación Biblioteca' condujo en 2008 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.
Asimismo, el juzgado de Instrucción nº6 de Murcia ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.
El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.
En total fueron diez los arrestos que la UCO practicó. Las detenciones se enmarcaron en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.
Mientras, en una segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.
* Europa Pres - 21.1.13
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es
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LAOPINIÓN/Tenerife* : La juez del juzgado de instrucción nº1 de Santa Cruz ha llamado a declarar como imputado al concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento, el nacionalista Dámaso Arteaga, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra por parte del Consistorio de la Casa Siliuto hace nueve años, en febrero de 2003.
La magistrada Nuria Navarro también ha llamado a declarar en calidad de imputados a los otros ocho miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo en el momento en que se produjo la operación, entre ellos un fallecido, el exconcejal de CC Antonio Covas, que murió solo dos meses después de que la Gerencia diera el visto bueno a la adquisición del inmueble, situado en el barrio de El Toscal.
Además de Arteaga y el fallecido Covas, aparecen acusados en el caso Siliuto Norberto Plasencia, concejal en 2003 de Urbanismo; Manuel Parejo, también edil y miembro del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo; y los otros concejales que representaban a sus partidos en el Consejo: Basilio Franco (en ese momento edil de CC y ahora inspector de la Policía Nacional), Juan Antonio Rodríguez (CC), María José Gutiérrez (PP), José Luis Martín (PSOE) y David Saenz (CCN).
El pasado mes de julio, la fiscal jefe de la provincia, Carmen Almendral, presentó una denuncia contra los nueve miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación al entender que aprobaron la compra de la Casa Siliuto a sus propietarios por 188.000 euros más de su valor real, en febrero de 2003.
Según la fiscal, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación. Fue el precio que pusieron los dueños de la vivienda, Francisco Siliuto y Carmen Rosa Alonso Siliuto. Y pagó esa cantidad pese a que los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, de 332.500 euros, según Almendral. Pero hubo otra valoración más, la encargada a la empresa Tinsa, la misma que hizo una de las valoraciones de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros.
Ninguna de las cantidades se corresponde con la que la Fiscalía considera como el valor real. Según un informe pericial encargado por Carmen Almendral, el inmueble vale 475.000 euros y, además, eran los propietarios los que debían haber pagado los 11.000 euros de plusvalía. Según este informe, el Consistorio pagó 188.000 euros más de lo razonable con cargo a las arcas públicas.
La Casa Siliuto, construida a principios del siglo pasado y actualmente en estado de abandono aún cuando está protegida con la máxima catalogación (Bien de Interés Cultural), fue adquirida por el Consistorio para albergar la Casa de la Juventud, un uso que se mantiene en el Plan Especial de El Toscal que redacta la Concejalía de Urbanismo.
Dámaso Arteaga se enteró ayer por la opinión de tenerife de la imputación y del día y la hora a la que ha sido citado por la juez para declarar: el 5 de marzo a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción número 1. "Esto es sorprendente, tanto como que este proceso se haya abierto nueve años después de la compra del inmueble", señaló ayer.
Arteaga recordó que el precio de la compra se hizo en base a los informes de los técnicos municipales, que está "muy tranquilo" por su papel en el proceso y que respeta y acata el procedimiento judicial y todas las decisiones que adopte la juez Nuria Navarro. "Colaboraré para aclarar mi papel en este asunto. No tengo ningún temor porque se hizo lo que aconsejaban los técnicos", concluyó el concejal de Obras y Servicios.
* La Opinión Tenerife - DANIEL MILLET - 18.1.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, casa Siliuto - laopinión.es
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DIAGONAL* : Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) han presentado la mañana del jueves en Madrid 748.040 firmas a favor de la dación en pago retroactiva de las viviendas hipotecadas, la regulación del alquiler social y la moratoria de los desahucios por impago de la vivienda. Son las tres medidas incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han presentado esta mañana en el registro del Congreso de los Diputados después de nueve meses de campaña.
Según ha comunicado la PAH, este recuento marca “una inflexión. Nuestra ILP llega en un momento en el que el número de desahucios y ejecuciones no deja de incrementarse cada trimestre”. Por este motivo, tras el encuentro de 40 plataformas de todo el territorio que se celebró a mediados de enero en Barcelona, las PAH han convocado movilizaciones para el 16 de febrero por el derecho a la vivienda y por la tramitación sin cambios de la ILP.
“Si a pesar de todo lo anterior, el gobierno comete la arrogancia de rechazar las medidas que proponemos, tendremos la suficiente legitimidad para subir el tono de nuestras acciones y protestas”, han asegurado las PAH en un comunicado conjunto. Según las Plataformas, la entrega de la ILP agota “todas las vías que el actual sistema ofrece para modificar una ley” ensayadas por el movimiento: las intermediaciones con bancos, servicios sociales, partidos políticos, ayuntamientos y juzgados que las plataformas, y desde mayo de 2011 el 15M, llevan poniendo en marcha desde hace cuatro años.
Las firmas no incluyen las recogidas por las demás organizaciones que participan en la campaña (las entidades del Tercer Sector, CC OO, UGT y federaciones de asociaciones vecinales), con lo cual la cifra última rondará el millón de signaturas recogidas dado que en septiembre CC OO ya llevaba más de 100.000 firmas reportadas. Según han declarado a DIAGONAL fuentes de la PAH, la entrega definitiva del conjunto de firmas se producirá el 14 de febrero.
* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA - 24.1.13
Foto: Reprsentantes de las PAH, momentos antes de comenzar la rueda de prensa frente al Congreso / PAH MADRID
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LAOPINIÓN/Málaga* : El juicio contra Mayte Zaldívar, Isabel Pantoja y Julián Muñoz por blanqueo de capitales llega a su recta final. Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción ha expuesto ante la sala su informe final. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía mantiene sus peticiones de penas para los tres principales acusados en el caso. Para Muñoz, al que acusa de blanqueo y de cohecho pasivo, solicita siete años y medio de cárcel y multa de 7,4 millones; para Pantoja, pide tres años y medio de prisión y multa de 3,7 millones por delito de blanqueo; y para Zaldívar, acusaba del mismo delito, solicita la misma pena, rebajando la multa a 2,6 millones.
Asimismo, la representante del ministerio público también ha mantenido la acusación para el hermano de Zaldívar, para el exempleado de un banco suizo, Fernando de Salinas, y el director de una sucursal bancaria, Benjamín Martínez, aunque elimina el carácter continuado del delito por el que se les acusaba a estos dos últimos. Además, ha añadido un delito de blanqueo de capitales para el empresario José Miguel Villarroya, retirando la acusación que había para los tres hijos de éste.
La representante del ministerio público ha comenzado su informe final ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, analizando la prueba practicada en el juicio, que se inició el pasado 28 de junio con las cuestiones previas planteadas por las partes. Posteriormente, el 1 de octubre, comenzaron las sesiones con un nuevo trámite de alegaciones previas, tras examinar una documentación, y el día 2 de dicho mes, se iniciaron las declaraciones de los acusados y, luego, de los testigos y los peritos.
* La Opinión Málaga - JAS/EP - 21.1.13
Foto: Marbella, pantoja-muñoz-zaldivar (archivo)- EFE
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ELECONOMISTA/Ávila* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nulo el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila que aprobó la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de "Las Dehesillas", en la localidad de Cebreros. La decisión supone la paralización del proyecto urbanístico que contemplaba la construcción de 3.500 viviendas y un campo de golf, entre otros equipamientos.
La sentencia declara también la nulidad del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila adoptado en junio de 2009, por el que se aprobaban las Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros, sólo y únicamente en cuanto a la clasificación como suelo urbanizable no delimitado de "Las Dehesillas", manteniéndose la clasificación de suelo rústico.
El TSJCyL ha estimado así el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 38 propietarios de terrenos afectados por esta actuación urbanística y reconoce que se produce "desviación de poder", por cuanto que se pretende la clasificación de este suelo como suelo urbanizable delimitado, pero como la normativa urbanística no lo permite, lo que se hace es clasificar como suelo urbanizable no delimitado, con la previsión de que se lleve a cabo una Modificación de las Normas Urbanísticas y así considerar "automáticamente este suelo como suelo urbanizable delimitado".
El Tribunal estima también que se está produciendo un fraude de ley, tanto en las Normas, por cuanto que clasifica un suelo urbanizable no delimitado cuando el Ayuntamiento está previendo la inmediata urbanización de este suelo.
* El Economista - Agencias - 22.1.13
Foto: Cebreros (Ávila), las Dehesillas - diariodeavila
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