CINCODÍAS* : La utilidad ahora mismo para Bankia de poseer el rascacielos más alto de España es tan difusa como lo ha sido durante los últimos días en Madrid la visión del edificio, ocultado por una espesa niebla. Sólo el mantenimiento de Torre Bankia -antes Torre Caja Madrid, antes Torre Repsol- le cuesta a la entidad financiera más de seis millones de euros al año.
En 2007 el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, acordó la adquisición del rascacielos -entonces en construcción- a Repsol por 815 millones de euros, con el objetivo de convertirlo en la sede de la entidad. La operación fue la última que se hizo en España con cifras del boom. Poco después de la compra por parte de Caja Madrid de la torre fue constatable el desplome del sector inmobiliario español.
A continuación vinieron la caída de Lehman Brothers, la integración de Caja Madrid en Bankia y, en mayo del pasado año, la intervención de la entidad, que forzó la salida de Rodrigo Rato como presidente y el nombramiento al frente del banco de José Ignacio Goirigolzarri. Y a todo esto el rascacielos, inaugurado en 2009, ha estado prácticamente vacío generando millones de euros en gastos de mantenimiento y financieros. Mientras, sus gigantes vecinos -Torre PwC (Sacyr), Torre de Cristal (Mutua Madrileña), y Torre Espacio (OHL)- se van llenando, a duras penas, de inquilinos.
Bajo la presidencia de Rato los planes para el rascacielos pasaban por vender el edificio que hasta ahora ocupa la entidad como sede, una de las Torres Kio, y trasladar el personal al rascacielos situado a unos trescientos metros. Pero esos planes se han quedado en un cajón. Bankia, inmersa ahora en un agresivo plan de reestructuración que contempla el despido de cerca de 5.000 empleados, tiene asuntos más urgentes que atender. Además, el hecho de que una entidad intervenida con graves problemas financieros coloque su logotipo a 250 metros de altura mirando por encima del hombro a seis millones de madrileños castigados por la crisis provoca cierto pudor.
El rascacielos está "parcialmente ocupado", indican fuentes del banco, sin detallar cuántos empleados trabajan en la actualidad en la torre. Fuentes del sector estiman que sólo están ocupadas cinco de las 45 plantas y que en realidad la presencia de personal del banco en el inmueble responde a "razones contables". La entidad ha percibido "interés" por parte de inversores para hacerse con la torre, pero de momento nada concreto.
La sociedad encargada de la gestión del inmueble es Torre Caja Madrid, fundada en el año 2000 y controlada en la actualidad por Bankia. Sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil desvelan el gasto que supone para la entidad financiera mantener prácticamente vacío el edificio creado por el arquitecto Norman Foster.
En 2010 Torre Caja Madrid firmó un contrato de arrendamiento con Bankia por el que la entidad se comprometió al pago de 1,5 millones de euros al mes, cantidad revisable. En 2011 Torre Caja Madrid recibió 16 millones de euros por ese contrato de arrendamiento, y 5,3 millones en 2010.
Por costes relacionados con el mantenimiento del edificio la sociedad gastó 6,9 millones en 2010 y 6,5 millones en 2011. De esa cantidad, 2,1 millones (2,3 millones en 2010) correspondieron al pago de reparaciones y conservación; 1,9 millones (1,8 millones en 2010) se destinaron a pagar impuestos sobre Bienes Inmuebles; 388.000 euros se pagaron a Bankia por servicios administrativos (667.000 euros en 2010). Por servicios de vigilancia, de limpieza y consumo de luz la empresa paga cerca de dos millones al año.
Los gastos financieros en los que incurrió la sociedad propietaria del rascacielos ascendió en 2011 a 13,6 millones de euros. Responden a créditos concedidos por Caja Madrid y renovados por Bankia.
La empresa contrató una cuenta de crédito con Caja Madrid en julio de 2007 con un límite máximo de 700 millones de euros. Ese límite se ha ido reduciendo hasta los 153,2 millones en 2011, después de que en julio de 2010 se cancelara parcialmente la cuenta; entonces Bankia otorgó tres préstamos a la sociedad Torre Caja Madrid destinados a la amortización parcial de dicha financiación. El importe de dos de esos préstamos fue de 150 millones y de 100 millones el préstamo restante.
Al cierre del ejercicio 2011 la sociedad de Bankia propietaria del rascacielos tenía una deuda a largo plazo de 400 millones de euros y de 158,1 millones a corto plazo.
Inquilino, propietario y financiador
Bankia es el propietario del rascacielos creado por Norman Foster (el banco controla el capital de la sociedad dueña del inmueble, Torre Caja Madrid), el único inquilino (ocupa cinco de las 45 plantas) y la entidad que financió la compra del inmueble en 2007 a Repsol, por 815 millones de euros.
Deloitte, auditor de las cuentas de Torre Caja Madrid, llama la atención en su informe de auditoría del ejercicio 2011 sobre el hecho de que la principal fuente de ingresos de la sociedad corresponde al alquiler del edificio a Bankia, principal accionista de la sociedad -Bankia tiene el 99,9999% del capital de Torre Caja Madrid y Corporación Financiera Caja Madrid el 0,0001%- . "Por su parte", señala Deloitte, el banco es "la entidad que presta la totalidad de la financiación a la sociedad".
La empresa Torre Caja Madrid registró pérdidas en 2011 y 2010 de 10,5 millones y 8,9 millones. El pasivo corriente es superior a su activo corriente, como consecuencia de deudas con Bankia. Esto motivaría el apunte por parte de la consultora Deloitte de una incertidumbre sobre la capacidad de Torre Caja Madrid para continuar sus operaciones.
No obstante, al pertenecer la sociedad a Bankia, su acreedor, los administradores aseguran que se "adoptarán las medidas oportunas que garanticen la viabilidad futura" de la empresa, y que esta pueda desarrollar con normalidad su actividad refinanciando la deuda con la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.
* Cinco Días - ALBERTO ORTÍN - MADRID - 13/01/2013
Foto: Torres de la antigua Ciudad Deportiva de Madrid con el edificio Bankia en primer plano - Getty
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ELPLURAL* : El coste que las carreras de Fórmula 1 en Valencia le ha supuesto a las arcas públicas se ha convertido en los últimos años en uno de los símbolos del derroche de recursos en grandes eventos de la Generalitat Valenciana. Según los cálculos más aproximados, el gobierno valenciano lleva “enterrados” más de 275 millones de euros en un circuito que iba a tener “coste cero”. Con ese dinero, los ciudadanos valencianos podrían disponer ahora de otros 55 colegios públicos o de seis nuevos hospitales comarcales.
Meses antes de las elecciones autonómicas de 2007, el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps se inventó otro de sus megaproyectos y, con la complicidad pagada a precio de oro del patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, se inventó el circuito urbano del puerto de Valencia para hacer de la ciudad otro Montecarlo. Camps aseguró que el Gran Premio de la F-1 no le costaría “ni un euro a las arcas públicas” porque todo quedaría en manos privadas.
Construir el circuito costó 100 millones
Cinco años y cinco carreras después, ese “coste cero” de Camps se ha convertido en realidad en un dispendio para la hacienda pública superior a la 275 millones de euros, aunque difícil de concretar por la opacidad de la administración autonómica. Los gastos de la Fórmula 1 se han trasladado al final a la Generalitat a través de la Agencia Valenciana de Turismo, la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos o la sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, que gestiona el circuito de Cheste.
Para la celebración de la primera carrera en 2008, la Generalitat invirtió unos cien millones de euros en la construcción del circuito en el Puerto de Valencia. El Consell señaló que su coste sería cero, porque esperaba recuperar la inversión cuando la zona se urbanizara con el sobrecoste que pagarían los promotores para la construcción de viviendas. La burbuja inmobiliaria se llevó por delante las fantasías de Camps y la zona sigue siendo un inmenso solar.
Un canon anual de 26’9 millones
Si de la construcción del circuito la Generalitat no ha recuperado ni un euro, lo mismo ocurre con el canon anual, que en un principio debía correr a cargo de Valmor Sport, la empresa privada encargada de montar y desmontar la carrera. Según desveló el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2001, el canon que cada año recibe Ecclestone es de 26’9 millones de euros, por lo que las cinco carreras celebradas han supuesto un gasto de 134’5 millones de euros. Un canon que la Generalitat habría ido ingresando en cuentas de paraísos fiscales británicos, según ha denunciado el portavoz de Compromís, Enric Morera.
El consell asume un déficit de 41 millones
Por otra parte, el déficit de 41 millones que la empresa gestora del GP acumuló obligó al gobierno valenciano a “rescatarla” en diciembre de 2011. Valmor se encontraba ya en causa de disolución y su incapacidad para organizar el Gran Premio en Valencia habría significado una penalización de 71 millones de dólares. Con la compra de Valmor -“lo más sensato que se podía hacer”, declaraba recientemente el vicepresidente del Consell, José Císcar- la Generalitat asumía también su deuda.
Una señal que costaba 22 millones
Al margen quedan los 22 millones más IVA que Canal 9 se comprometió a pagar a Mediapro por el subarrendamiento de la retransmisión de las carreras por las temporadas 2010 a 2013. En 2011, último que la televisión pública valenciana ofreció el automovilismo, desembolsó 4,95 millones de euros por una retransmisión simultánea con La Sexta. La primavera pasada, Canal 9 rescindió unilateralmente lo que quedaba de contrato, desconociéndose la penalización que ha tenido que asumir.
Sumando los gastos de la construcción del circuito, el canon anual y la condonación de la deuda a Valmor, la Generalitat ha tenido que desembolsar al menos 275’5 millones durante estos cinco años. Un periodo que ha coincidido con la mayor crisis económica conocida y que en el País Valenciano ha provocado unos recortes brutales en la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Seis hospitales como el de Gandía
Con el despilfarro de la Fórmula 1, la Generalitat Valenciana podría haber construido al menos 55 nuevos colegios públicos, cuando este curso aún hay 18.000 escolares valencianos que estudian en barracones. Por el contrario, el gobierno de Fabra mantiene su política de recortes en los presupuestos educativos, que la oposición cifra en 500 millones de euros.
También se podrían haber construido seis hospitales comarcales como el de Gandia, con un coste valorado en 50 millones y una previsión de 400 camas. Aunque su entrada en funcionamiento se anunció inicialmente para la primavera de 2011, el nuevo hospital de Gandía se encuentra en la actualidad prácticamente terminado pero cerrado, porque la Generalitat no dispone de los veinte millones que requeriría cada año su mantenimiento.
* El Plural - SALVADOR FAUS - 10.1.13
Foto: Valencia, circuito F1 junto Puerto - elpais.com
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LAVERDAD* : Anticorrupción dice que el alcalde no puede alegar ignorancia en un asunto de tamaña trascendencia y le advierte de que eso solo agravaría su responsabilidad.
Un informe del Fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, redactado y remitido al juzgado hace apenas un mes, permite por vez primera, desde que en 2008 se iniciaron las diligencias judiciales sobre el 'caso Umbra' de supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia, conocer al detalle el «cúmulo de ilegalidades» que supuestamente se cometieron en torno al proyecto Nueva Condomina. No solo eso. También es la primera vez que transciende a la opinión pública un documento sumarial en el que se pone cerco, con un amplio argumentario jurídico, al máximo responsable político de ese convenio urbanístico, el alcalde Miguel Ángel Cámara, a quien el fiscal imputa haber actuado «con ceguera jurídica».
Y contra el interés general
El informe de Juan Pablo Lozano no tenía por qué dirigirse, en principio, contra el alcalde Cámara y 'número 2' del PP, ya que su objetivo declarado es ofrecer argumentaciones para que se mantenga la imputación contra el exresponsable de la Gerencia de Urbanismo y autor de la redacción del convenio Nueva Condomina, Pedro Morillas, quien ha solicitado el sobreseimiento de los cargos que pesan contra su persona.
Sin embargo, el fiscal aprovecha ya esa coyuntura para apuntar al también imputado Miguel Ángel Cámara como primer impulsor y último garante del macroproyecto urbanístico y, a la vez, para esbozar las principales razones por las que no podría excusarse de las posibles responsabilidades penales que pudieran establecerse.
Comienza el fiscal recordando que ya anteriormente, cuando se inició la investigación judicial, denunció una serie de «irregularidades administrativas cometidas en la aprobación del proyecto Nueva Condomina, infracciones de tal gravedad que se las calificaba indiciariamente como constitutivas de delitos de prevaricación y fraude». Y añade que ya entonces «se observaba todo un cúmulo de ilegalidades administrativas que siempre beneficiaban al promotor (el presidente del Real Murcia, Jesús Samper), por encima de los intereses generales y que fueron bendecidas por todos los funcionarios intervinientes a fin de conseguir el logro político deseado: un nuevo estadio de fútbol».
Aunque advierte el responsable anticorrupción de que ese objetivo (el nuevo campo de fútbol) es perfectamente legítimo, advierte de que «la decisión política no puede ir contra la Ley y el Derecho», ni siquiera «aunque la misma sea avalada por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, despreciando interesadamente los informes contrarios de la Comunidad Autónoma, que fueron intencionadamente soslayados en la tramitación del plan parcial».
En esta línea, apunta a la experiencia para asegurar que algunos altos funcionarios, incluso cuando no existe una dádiva de por medio, pueden cometer ilegalidades para obtener los favores de los superiores políticos, trepando así «hacia puestos de responsabilidad y nombramiento de jefaturas de servicio o similares (...), y siendo incluidos como personas de confianza». Cuando eso ocurre, «las normas prohibitivas son flexibilizadas en todo lo que perjudique al proyecto que defiende su superior, y las normas discrecionales son interpretadas con pasmosa generosidad, resolviendo cualquier duda a favor del proyecto, al margen de los cauces de interpretación jurídica y vulnerando los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad que en teoría debe presidir el actuar funcionarial».
Tal es lo que, en su opinión, ocurrió con Nueva Condomina, que resume con la advertencia de que «lo que no vale es tomar atajos y, evitando actuar según el procedimiento legalmente establecido y contrariando la normativa legal vigente, anteponer el fin, por legítimo que sea, al cumplimiento de la legalidad».
Irregularidades en el convenio.
Perjuicio de 18 millones
«Las ilegalidades en Nueva Condomina», como las denomina el Fiscal Anticorrupción, se habrían cometido tanto con la redacción del convenio (en la que intervinieron Morillas; la jefa de los servicios jurídicos municipales, Ana María Vidal, y el entonces secretario municipal, José Luis Valenzuela, ya fallecido) como con la tramitación y aprobación del plan parcial en la zona norte del municipio.
Una de las «ilegalidades» de mayor calado consistió, siempre según el fiscal, en eximir a Jesús Samper de abonar al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, ineludible por ley, y habérselo conmutado por la entrega del campo de fútbol, cuando debía haber recibido ambos bienes. Y todo ello «mediante una serie de incomprensibles argumentaciones, cuyo resultado último fue la causación de un perjuicio de 18 millones de euros».
Lozano recuerda que el Ayuntamiento acabó recibiendo ese dinero en contra de su propia voluntad, obligado «por imposición de una sentencia judicial», ya que insistía en que no debía cobrarle a Samper.
Otra supuesta vulneración de la ley se habría cometido «al calificar como sistema general para el campo de golf unos suelos calificados como NF (forestales y de protección específica), sin que dicho uso sea compatible, pese al reparo opuesto por la Comunidad Autónoma y sin que exista informa alguno del Servicio de Planeamiento».
Exceso de edificabilidad
Un 60% más de viviendas
En la tramitación del plan parcial participaron los altos funcionarios Morillas y Valenzuela, no así ya Ana María Vidal, y la principal ilegalidad habría consistido en aumentar la edificabilidad en Nueva Condomina hasta los 0,63 m2/m2, cuando la ley entonces vigente solo permitía llegar al 0,4 (se otorgó así a Samper permiso para un 63% más de viviendas de las en apariencia posibles) y, otra vez, pese a la advertencia de ilegalidad cursada por la Administración regional.
Para ello, señala Lozano, «se aplicó parte de un Plan General que todavía no estaba en vigor (no había sido publicado en el BORM) y parte del Plan General del año 2001, escogiendo a conveniencia lo que interesaba en cada caso».
Ese exceso de edificabilidad supuestamente ilegal habría permitido a Jesús Samper obtener un 'regalo' de 190.000 metros cuadrados más para construir, con un total de 1.548 viviendas extra, «tal y como se reiteró por dos veces en los informes de los servicios jurídicos de la Comunidad». Informes que no fueron atendidos.
La ignorancia no es excusa
Pone a Cámara en la diana
Recuerda el Fiscal Anticorrupción de Murcia en su recién elaborado informe que «las autoridades políticas imputadas, el señor Cámara, alegaron su desconocimiento de las cuestiones técnicas y jurídicas, amparándose siempre en que existían informes favorables en tales expedientes, para excusar su responsabilidad».
Pues bien, considera Juan Pablo Lozano que esa pretendida ignorancia no le exime de culpa. «La alegación de no saber nada, cuando existe la obligación de saber dada la importancia y cuantía del asunto en cuestión, no es excusa, sino que agrava la situación personal». Sobre todo teniendo en cuenta, reseña, «que no todas las cuestiones sobre las que se les preguntaron eran de carácter técnico», y también habría eludido ofrecer respuestas aduciendo ignorancia.
«En un expediente -insiste el fiscal- en el que se ventilan más de 24 millones de euros para el Ayuntamiento de Murcia, el conocimiento del alcalde debe ser exhaustivo. Y es la decisión política previa favorable al convenio, por el principio de oportunidad y dirección política, lo que necesariamente motiva los posteriores informes técnicos que dan viabilidad a tales decisiones».
Dicho de otra forma, Lozano considera que primero se decidió por parte de Cámara sacar adelante el proyecto Nueva Condomina, y luego se utilizaron los informes para darle apariencia de legalidad.
«Un falsario 'mantra budista'»
Sentencias que no exculpan
El responsable anticorrupción de la Fiscalía Superior deja traslucir su indignación cuando señala que «conviene desde ya rechazar la falta alegación que repiten, cual mantra budista, todos los imputados (al igual que el falsario mantra de las 41 denuncias presentadas por la Fiscalía de Murcia, de las que 38 habrían sido archivadas), acerca de la legalidad del PGOU de Murcia y de los convenios». Y recuerda que «las dos sentencias del TSJ que se han pronunciado sobre los convenios urbanísticos en nada afectan a esta denuncia de la Fiscalía, sino que, más bien al contrario, la refuerzan».
Soslayando a 'Maco' Navarro
«El responsable político»
A lo largo del todo el documento, Lozano señala que fue el alcalde el principal impulsor del proyecto, desde sus orígenes, y enumera las razones por las que está imputado como último «responsable político». Recuerda de esta manera que «lo primero que hizo Cámara fue, sin expediente alguno y sin informe de ninguna clase, firmar un protocolo con el Real Murcia el 12-7-1999, se supone que por un mero afán político bienintencionado de conseguir un nuevo estadio de fútbol para Murcia». Un protocolo que «no fue objeto de publicidad ni comunicado de prensa alguno» y que se constituyó en «el embrión» del proyecto Nueva Condomina, animando a Samper a adquirir una gran extensión de terrenos para promover la ya entonces comprometida recalificación urbanística.
«Se infiere la presencia de una importante voluntad política en la búsqueda de un nuevo estadio -continúa el fiscal- por los indudables réditos políticos que ello podía suponer. El convenio, que habría sido materia de la Concejalía de Urbanismo, fue asumido directamente por la Alcaldía, soslayando al entonces concejal Navarro (Ginés, 'Maco' Navarro), crítico sobre determinadas cuestiones de las negociaciones ya entonces existentes».
«Esa asunción, legítima», advierte el fiscal anticorrupción, convierte al alcalde en el responsable político del convenio». Argumento con el que insiste en que Cámara no puede alegar ignorancia y aducir que se vio simplemente arrastrado por los informes técnicos.
Lozano destaca que desde el momento en que se firmó el primer protocolo entre el alcalde y el presidente del Real Murcia «comenzaron a surgir problemas entre Cámara y el concejal de Urbanismo». Así, mientras Ginés Navarro era partidario de realizar un concurso (abierto a otras empresas que quisieran construir un estadio a cambio de la aprobación de un plan urbanístico), «el alcalde y el concejal de Deportes apostaron por un proyecto conjunto con el Real Murcia».
Incluso Metrovacesa -promotora del centro comercial Thader y rival de Nueva Condomina- llegó a hacer dos propuestas para construir el campo de fútbol, a las que el Ayuntamiento ni siquiera respondió. «No consta pronunciamiento alguno de los técnicos municipales aportados al expediente de Nueva Condomina ni a estos autos», constata el fiscal.
«Con ceguera jurídica»
Imputación contundente
Algunas afirmaciones del fiscal anticorrupción ponen de manifiesto, por su contundencia, que no va a cejar fácilmente en el empeño de sentar a Cámara en el banquillo por este asunto. «Se aprecian ilegalidades que son objeto de investigación para demostrar que los funcionarios municipales, primero, y después la autoridad política encargada (alcalde), actuaron, en expresión de un reputado penalista, con 'ceguera jurídica'».
En el mismo sentido apunta más adelante que «la actuación de los técnicos (Morillas y Ana Vidal) y de las autoridades que negociaron el convenio (Alcaldía) puede reputarse de fraudulenta, soslayando la ley en todo aquello que perjudicaba el interés político por conseguir un nuevo estadio de fútbol».
Acaba asegurando que «si se quería obtener un estadio sin coste para el erario público, sufragándolo con el valor de un aprovechamiento urbanístico, debería haberse realizado un expediente de venta del aprovechamiento municipal». Lo que ocurrió, al contrario, según Lozano, es que «una voluntad municipal, representada en el alcalde de Murcia, fue la que motivó la decisión, sin estar respaldada en informe alguno, utilizando meras razones de oportunidad y conveniencia sin justificación legal alguna, planteadas durante la negociación previa».
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 12.1.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
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EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado denuncia por la corrupción urbanística en Yaiza, en la isla de Lanzarote, por la concesión de licencias contrarias a la normativa urbanística en hoteles "ilegales" construidos en dicho municipio y que se remontan al periodo comprendido entre 1998 y 2007, periodo en el que gobernó en el Ayuntamiento José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL).
En concreto, y según ha informado la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Medio Ambiente que dirige el fiscal de Sala Antonio Vercher ha decidido presentar denuncia al darse por ultimada la denominada 'Operación Yate' contra la corrupción urbanística en Yaiza, investigación de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Sección UDYCO, blanqueo de capitales, de la provincia de Las Palmas.
Ante ello, la Fiscalía presentó, el pasado 20 de diciembre de 2012, un escrito dirigido al juzgado de instrucción competente en el solicita que incoe el procedimiento abreviado para dirigir la acusación contra las doce personas de las que resultan "altos indicios de criminalidad".
Y es que la Fiscalía considera que las personas, hasta ahora imputadas, podrían haber incurrido en uno o varios delitos como son la prevaricación urbanística, cohecho pasivo para fin delictivo, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario público, cohecho pasivo como recompensa, o malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito de falsedad en documento mercantil.
Estos delitos se dirigen contra el ex alcalde de Yaiza en la época de 1998 a 2007, José Francisco Reyes, ya que durante el desarrollo de la fase de instrucción se recabaron "numerosísimos indicios y datos objetivos que ponen de relieve la práctica de conductas corruptas del entonces alcalde de Yaiza y su núcleo familiar mas inmediato y próximo", que se considera ha contribuido de manera "decisiva a la ocultación" del dinero obtenido por la concesión de las licencias y su posterior introducción en el circuito económico legal.
Por ello, la Fiscalía ha considerado, después de realizar una laboriosa investigación, que el imputado, actuando desde su cargo de alcalde, "ideó un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, abusando" de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico de Yaiza.
En este sentido, el fiscal Decano de Medio Ambiente y Urbanismo en Las Palmas, Javier Ródenas, y el Fiscal de la Sección de Medio Ambiente, Ignacio Stampa, han detallado en el escrito remitido al juzgado cómo el imputado logró recaudar "ilícitamente una importante" cantidad de dinero derivada de la masiva concesión de licencias urbanísticas que como alcalde del Ayuntamiento de Yaiza fue otorgando de forma selectiva durante su mandato.
De esta forma, recoge dicho escrito fue provocando el nacimiento de un "urbanismo a la carta" que propició, por la vía de hecho, una alteración total de la realidad urbanística de Yaiza, logrando así hacerse con un "enriquecimiento no justificado que alcanza la cantidad mínima de un millón de euros".
Asimismo, los fiscales pormenorizan los indicios que revelan que el origen del patrimonio que consiguió amasar durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, "en ningún caso" puede estar vinculado o proviene de los ingresos conocidos del mismo, ni se justifica por los cobros que legítimamente percibió como primer edil, sino que "ha sido adquirido como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas".
Al respecto, se indicó que para tratar de legitimar los beneficios obtenidos durante esos años, José Francisco Reyes se valió de diferentes procedimientos como utilización de testaferros, amortización en efectivo de un número considerable de préstamos bancarios y seguros, fraccionamiento de operaciones de efectivo de origen desconocido y, sobre todo, grandes inversiones mobiliarias e inmobiliarias abonadas con dinero en efectivo e ingresos constantes de otras tantas y cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, en una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de 'empresas pantalla'.
Por último, los fiscales concluyen que existen claros indicios de que se prescindió, "de manera grosera", en los expedientes administrativos de concesión de licencias urbanísticas, de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo de Lanzarote.
Ante ello, consideran que existen claros indicios de que el imputado omitió deliberadamente requisitos insoslayables como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal.
LA INSTRUCCIÓN
En cuanto a la fase de instrucción se informó de que se han analizado, con evidente signo incriminatorio, una treintena de expedientes de concesión de licencias para la construcción de complejos hoteleros, tales como los expedientes administrativos para la construcción del hotel Meliá Volcán, del hotel Princesa Yaiza, del hotel Papagayo Arenas, del hotel Dream Gran Castillo, de los apartamentos Iberostar la Bocayna, de los apartamentos Iberostar Papagayo Park, de los apartamentos Río Playa Blanca, del hotel Son Bou, o del hotel Rubicón Palace.
Asimismo, se han analizado los expedientes administrativos para la construcción del hotel Iberostar Papagayo, del hotel Hesperia Puerto Calero, de los apartamentos Coloradamar en la parcela 12 del plan parcial Las Coloradas, de los apartamentos Cay Beach Papagayo en la parcela 14 plan parcial Las Coloradas, del hotel Natura Palace en la parcela 45 y 46 plan parcial Montaña Roja.
También se han analizado los expedientes administrativos para el otorgamiento de licencia de obras a la entidad 'Puerto Deportivo Marina Rubicón, S.A.' y el expediente administrativo para la aprobación del plan parcial Playa Blanca.
Al respecto, se indicó que en todos los expedientes citados en el ejercicio de su actividad como máximo responsable del Ayuntamiento de Yaiza otorgó entre 1998 y 2003 las licencias "a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad".
Estas licencias, recoge el escrito, fueron otorgadas por el entonces alcalde de Yaiza y "vulneran, al menos indiciariamente, los acuerdos de suspensión" del otorgamiento de licencias adoptados por el Cabildo durante la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (1998-2000), sin embargo fueron concedidas por un órgano municipal que en aquel momento tenía suspendida la potestad para otorgarlas "y, lo que es más grave, se concedieron con pleno conocimiento de la vulneración de la legalidad que con la concesión de esas licencias iban a cometer", sabiendo que autorizaban edificaciones turísticas incompatibles con el planeamiento insular.
Añade que, en ocasiones, estas licencias incluso eran incompatibles con las ordenanzas del propio plan parcial y con los postulados introducidos en la revisión en tramitación, que era lo que se pretendía salvaguardar, sin tener en cuenta la carga edificatoria de la isla.
Finalmente, el escrito recoge que se autorizaron "de forma desenfrenada miles" de camas turísticas en contra de las propias determinaciones del Cabildo que, como órgano supra municipal, le correspondía velar para la oportuna armonización y el crecimiento sostenible y adecuado a la carga edificatoria de la isla, con la finalidad clara de evitar que por un crecimiento incontrolado pudieran afectarse servicios básicos de la isla de Lanzarote (agua y luz).
Y es que una superación de las camas turísticas y edificabilidad que supere los límites previstos "acarrea restricciones" de servicios básicos que "no pueden cubrir las desorbitadas" áreas turísticas aprobadas por el ex alcalde de Yaiza.
* Europa Press - 11.1.12
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel_Melia_Volcan cuya_licencia_ha_sido_anulada - elpais.com
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PEDRO BELMONTE/Murcia* : Después de una larga espera de once años, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional y nula la disposición adicional octava del Texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, un serio golpe a la política urbanística del Gobierno regional que afectará de una manera decisiva al megaproyecto de urbanización de Cabo Cope. Esta disposición determinaba que los límites de los Espacios Naturales de la Región de Murcia se debían ajustar a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000, lo que implicó la desprotección de unas 11.502 hectáreas en diferentes espacios de la Región, principalmente en la zona litoral, entre ellas las de Marina de Cope, que ahora vuelven a quedar bajo protección ambiental. Con esta sentencia se da la razón a las demandas de los grupos ecologistas y sociales de la Región en relación al plan urbanístico de Marina de Cope.
El Tribunal Constitucional ha basado su sentencia en dos argumentos fundamentales: por un lado, la vía inadecuada de aprobación de la disposición, aportándola a última hora a una Ley del Suelo sin haber formado parte de la motivación ni discusión de la Ley; y, por otro, la inseguridad jurídica que se generaba tras su aprobación.
A las pocas horas de hacerse pública esta sentencia, algunos vendedores de humo y sus portavoces señalaban que no pasaba nada, tratando de minimizar el serio revés que la sentencia ha supuesto, e intentaban contribuir a la ceremonia de la confusión señalando el carácter de los magistrados del Constitucional que la habían redactado, hecho que siempre se produce cuando las sentencias no son de su gusto. Por el contrario, desde el punto de vista social, la sentencia respalda las denuncias realizadas por colectivos vecinales, oposición y organizaciones ambientales y pone en cuestión, una vez más, las políticas de urbanización depredadoras, desmesuradas y caóticas del territorio de este Gobierno murciano.
A este serio revés, que descalifica la política regional sobre urbanismo, se unía el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la sentencia 91/2011, señalando como ilegal la práctica del teletransporte de edificabilidad de espacios protegidos a nuevos desarrollos urbanísticos.
Como siempre, el Gobierno regional ha mirado para otro sitio a la hora de asumir las responsabilidades por estas irregularidades y este varapalo del Tribunal Constitucional en la política urbanística, cuyas temeridades y errores hemos de pagar los ciudadanos. Esta sentencia debería tener consecuencias en el ámbito político para el gobierno que promovió una ley que desprotegía una parte del patrimonio natural de nuestro territorio. Mucha ciudadanía cree (y no sólo las organizaciones ambientales) que estos hechos deberían tener como consecuencia la asunción de responsabilidades por parte de este Gobierno regional, y obligarían a un cambio radical en las políticas de ordenación del territorio que han favorecido el ataque a los espacios naturales en beneficio de un urbanismo desmesurado y caótico. En definitiva, la sentencia constituye un punto de inflexión definitivo al megaproyecto del ladrillazo de Marina de Cope y un serio revés para muchos planes parciales en diferentes municipios de nuestro territorio.
Es necesaria una reorientación radical de la política urbanística que suponga la paralización inmediata de los trámites de recalificación de suelos en Marina de Cope, y retome el proceso de aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Calnegre-Cope, incluyendo la mayor parte de la zonas que pretendía ser urbanizadas. Se manifiesta necesaria también una moratoria urbanística inmediata en los ayuntamientos, hasta que se depuren las consecuencias de ambas sentencias y la revisión de la planificación urbanística regional y de los 45 municipios de nuestra comunidad, que tenga como objetivo la restitución de la legalidad urbanística y ambiental. Hay que acabar con el modelo de caos y desorden urbanístico que se ha llevado a cabo y que, no sólo ha supuesto un desastre económico y social, sino que ahora se demuestra que era contrario a la propia legalidad ambiental. Esto implica la construcción de una alternativa para otro modelo de desarrollo basado en la conservación de la naturaleza y los recursos naturales que suponga una esperanza real de un futuro sostenible para nuestra Región y no se convierta en el humo de la sinrazón.
* La Opinión de Murcia - 28.12.12
Foto: Marina de Cope (Águilas-Lorca), Murcia - elpais.com
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IDEAL* : El Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha tomado declaración a uno de los promotores de la Casa del Aire, en el Albaicín de Granada, durante el proceso de instrucción abierto a raíz de una querella criminal por acoso inmobiliario presentada por Stop Desahucios y la Asociación de Juristas 17 de Marzo. Cerca de medio centenar de simpatizantes y amigos de la Casa del Aire se han concentrado en la puerta de los juzgados granadinos de la Caleta para mostrar su apoyo a los vecinos del edificio.
El inmueble de la Casa del Aire, ubicado en la calle Zenete del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad, se convirtió en el año 2010 en un símbolo de lucha contra la especulación urbanística en el barrio, con el que los vecinos querían evitar que las dos constructoras que compraron el inmueble lo derribaran. La Casa del Aire tenía, en el momento de su venta, inquilinos de renta antigua que, según el grupo Stop Desahucios, han sufrido un continuo hostigamiento por parte de los dueños del inmueble para que lo abandonen.
Ha declarado el promotor de la inmobiliaria propietaria del edificio tras la admisión a trámite de una querella por hostigamiento interpuesta por Stop Deshaucios.
Un portavoz de este grupo, Juan Medela, ha explicado que el promotor ha negado los hechos y ha dicho no recordarlos, aunque los abogados de Stop Desahucios confían en que el proceso de instrucción llegue a juicio al considerar probado el acoso a los vecinos del edificio.
El 15M defiende que los dos últimos moradores del edificio han sufrido acoso, aunque ya sólo reside en la Casa del Aire uno de sus vecinos, ya que la penúltima inquilina fue desahuciada.
La acusación de coacciones se sustenta en las dificultades que la inmobiliaria ha puesto a sus inquilinos para el cobro de los alquileres, la falta de obras para evitar un expediente de ruina o la negativa a reconocer el contrato indefinido a sus moradores.
Esta querella del 15M, que se presentó el pasado 28 de junio, fue la primera interpuesta por acoso inmobiliario de Andalucía acogida a los cambios en el Código Penal aprobados en 2010.
Sin embargo, según Stop Desahucios el Juzgado no aplicará este nuevo tipo de delito porque los hechos ocurrieron antes de su aprobación, por lo que juzgará a los administradores de la Casa del Aire por presuntas coacciones.
Otro Juzgado granadino aplazó, hasta el próximo mes de mayo, un juicio contra seis vecinos y simpatizantes de la Casa del Aire previsto para el mes de octubre de 2012 por delitos de coacciones y usurpación presentado, esta vez, por la inmobiliaria.
* Ideal - EFE - 10.1.13
Foto: Granada, casa_del_aire - solidarioscasadelaire
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LASPROVINCIAS* : De a la 'A' a la 'Z' y de norte a sur de la Comunitat. Prácticamente no hay municipio valenciano que no tenga una obra en construcción paralizada o un edificio terminado y sin poder abrir. En ambos casos el problema es la falta de presupuesto: o bien para pagar a la empresa constructora o bien para contar con la dotación económica necesaria para ponerlos en funcionamiento. La mayoría son fruto del boom inmobiliario, la bonanza económica y de los llamados planes E o Confianza, destinados a incentivar las licitaciones públicas y el empleo.
Centros de día, de jubilados o de juventud, auditorios, parques, bibliotecas, polideportivos, centros de tecnificación deportiva, espacios dedicados a investigación o a personas con enfermedades, colegios y un largo etcétera están hoy congelados, víctimas de una resaca de cemento que nadie quiere por el desembolso que supondría para las arcas públicas en el actual contexto económico.
LAS PROVINCIAS ha contabilizado hasta una treintena de inmuebles en esta situación. En total suman más de 200 millones de inversión en modernas infraestructuras que acumulan polvo, suciedad y matorrales.
Dos ejemplos están vinculados con el ámbito sociosanitario. Uno está en Llíria, el hospital que se levanta contiguo a la carretera de Ademuz. La infraestructura, que tiene un presupuesto de 25 millones de euros, está rodeada de vallas y desde el pasado agosto tiene las puertas de acceso tapiadas con ladrillos para «proteger la obra», según informó entonces la Conselleria de Sanidad. El otro es de ámbito estatal: el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave que se construyó en la avenida General Avilés. Cerrado desde hace más de dos años, costó 20 millones de euros y su uso sigue sin concretarse.
Algo similar ocurre en Mislata, donde el centro de día (y sus cinco millones de presupuesto), está terminado desde la pasada legislatura pero sigue cerrado. Se suman las viviendas tuteladas y un taller ocupacional para discapacitados psíquicos, un parque de educación vial acabado en 2011 y otro parque llamado 'de Payá'. En este último caso, la portavoz del grupo popular de Mislata, Ligia Rodrigo, explicó que «tuvo coste cero para el Ayuntamiento porque estaba dentro de un PAI y lo ejecutaron los promotores». Fuentes del Consistorio explicaron que no se abre porque la obra no está recepcionada «al haber detectado los técnicos que los colectores están mal hechos».
Respecto al parque de educación vial, con una inversión de 200.000 euros, fuentes municipales confirmaron que no entra en servicio «porque no hay presupuesto ni para abrirlo ni para dotarlo de personal». Además, tiene otro inconveniente añadido: antes de abrir sus puertas habrá que hacer una remodelación en una de las aulas porque tiene goteras. La empresa constructora está en suspensión de pagos, por lo que deberá ser el Ayuntamiento quien asuma ese coste.
Muchas de estas infraestructuras cerradas no tienen asignado presupuesto de mantenimiento, lo que ha generado ya algún saqueo. Es lo que sucedió en el antiguo balneario Marazul de Nazaret, reconvertido en centro de juventud y sede de la Universidad Popular. La Concejalía de Juventud confirmó en una respuesta al grupo municipal de Esquerra Unida que los actos vandálicos habían producido daños por valor de 48.000 euros.
Valencia es una de las ciudades con más equipamientos terminados y cerrados. De ahí que el Ayuntamiento haya subido la partida de gasto corriente con el objetivo de poner en marcha estos equipamientos públicos. Hay ejemplos como el centro de personas mayores Jubiocio (recepcionado en enero y con restos de obra almacenados en la vía pública además de conexiones eléctricas que constituyen un peligro para los peatones), el polideportivo de la Cross en la avenida de Francia (10 millones de euros), la agencia de lectura en Trinitat o el polideportivo de Nou Moles.
Alquilar edificios
Cerca de Valencia, en Alboraya, la que iba a ser sede de la Denominación de Origen de la Chufa (400.000 euros de inversión) sigue cerrada a la espera de que se venda o se alquile. Su caso es curioso porque se inauguró y, tras la foto, se apagaron las luces del edificio hasta hoy.
Como apuntó la concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Alboraya, Mamen Peris, «esta situación debe hacernos reflexionar sobre la planificación que deben hacer las administraciones». Su objetivo es «sacar la máxima rentabilidad al patrimonio cerrado con el fin de generar ingresos, pagar los gastos y la deuda heredada». Se hizo así, por ejemplo, con dos locales en Port Saplaya y se hará con el Edificio Singular de la Patacona, que ya cuenta con la autorización de la Demarcación de Costas para su arrendamiento. Podría albergar alguna actividad vinculada con la restauración.
Está la opción del alquiler para obtener ingresos y también la reconversión del uso original de los inmuebles. Lo hizo Moncada con el centro de día Elaia (360.000 euros), que pasó a ser Unidad de Respiro. Así, sólo abría por las mañanas y ahorraba costes. O Museros, cuyo centro de día sin estrenar de un millón de euros se transformará en centro social municipal y la otra mitad se cederá para la ampliación de un colegio.
Otros dos centros de día de localidades de l'Horta Nord (Massalfassar y Rocafort) quedaron inacabados. Es lo que le sucede también a uno de los proyectos emblemáticos de Manises: la Escuela de Teatro José Sancho, una obra de nueve millones de euros abandonada desde verano de 2011. Este municipio alberga también la otra cara de la congelación urbanística: la planta de basuras, recientemente inaugurada a pesar de que la primera fecha barajada fue 2008. Aquí las obras se paralizaron durante año y medio por falta de financiación.
En Silla, según informa Ada Dasí, desde hace cerca de dos años continúan cerrados los casales falleros, el Centro Multifuncional y la Casa de la Cultura, a la espera de subvenciones para poder ponerlos en funcionamiento. Para ello, necesitarían una inversión cercana a los 400.000 euros. El Teatro Auditorio de Massanassa también sigue con sus puertas cerradas. A pesar de que las obras del edificio están concluidas, el consistorio ha decidido centrar sus prioridades en la vertiente social e ir equipando el edificio por fases. Esta obra fue subvencionada con el Plan Confianza y supuso una inversión de 1,5 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento sólo ha recibido 400.000.
La Costera y la Safor
El Centro Ocupacional de Moixent lleva terminado más de un año y no se pone en marcha porque «el Consell no dispone de fondos para abrirlo», afirmó el alcalde, Vicente Dubal. En su momento se destinó cerca de un millón de euros para construir este centro y ahora los usuarios «se tienen que desplazar a las localidades vecinas de Xàtiva y Enguera».
En Xàtiva el Centro de Rehabilitación e Inserción Social y el Centro de Enfermos Mentales llevan más de tres años terminados a falta de la construcción del vial de acceso y de una rotonda, tal y como aseguró el concejal socialista Nacho Reig. Asimismo, el edil del PSPV señaló que «el 100% de la inversión está hecho pero no está inaugurado y se está deteriorando».
En Gandia las infraestructuras que están paralizadas por falta de fondos son la plaza Tirant (6,7 millones), el edificio de investigación Innova y el complejo residencial Simancas (9 millones). En el caso de Innova, que comenzó a construirse junto al campus de Gandia de la UPV, contaba con un presupuesto de casi 10 millones. La empresa abandonó las obras por impagos y el alcalde de Gandia, Arturo Torró, paralizó el proyecto en noviembre de 2011. Sólo se levantó parte de la estructura a la espera de tiempos mejores, y de dinero.
* Las Provincias - ISABEL DOMINGO - 7.1.13
Foto: Valencia, polideportivo abandonado la Cros - lasprovincias
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REBELIÓN* : Ignacio López del Hierro vuelve a ser noticia. Todo, gracias a Greenpeace y su informe sobre “los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas” impulsada por Miguel Arias Cañete. La organización ecologista destaca la coincidencia en los caminos profesionales del ministro de Medio Ambiente y del marido de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Ambos han tenido cargos de responsabilidad en la empresa Bami Newco. Cañete como consejero; López del Hierro como vicepresidente. Tras la polémica que se desató el pasado marzo con la decisión de Red Eléctrica de fichar al marido de Cospedal, que rechazó el cargo a las pocas horas, López del Hierro ha visto ahora cómo su nombre aparece en un informe de Greenpeace sobre la ‘Amnistía a la destrucción’ que supone la Ley de Costas. Un texto dónde los ecologistas acusan al ministro de Medio Ambiente de beneficiar a diversas empresas con esta normativa.
Aunque el programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales de 2011 no contemplaba, ni siquiera insinuaba, la reforma de la Ley de Costas, eran varios los pronunciamientos de miembros de este grupo que afirmaban que se pretendía reformar la Ley.
Y entonces recordamos estas declaraciones de la alcaldesa Rita Barberá en 2010:
“Evidentemente hay unas elecciones generales más o menos cercanas, máximo dos años, no llega”...”yo creo que habría que luchar para tener una moratoria (sobre la aplicación de la Ley de Costas) para que cada partido se moje en su programa electoral, qué hace con las competencias en el litoral para que se comprometan públicamente negro sobre blanco en su programa electoral”. Declaraciones de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia en verano de 2010 al presentar la campaña “Yo sí apoyo a los chiringuitos”.
Poco después de las elecciones generales de 2011 y una vez conformado el equipo de Gobierno, Rajoy fusiona varias carteras ministeriales y nombra al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a un viejo conocido del litoral, el Sr. Miguel Arias Cañete. Repetía Arias Cañete en el puesto ya que fue también ministro durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004).
Greenpeace ha desarrollado una investigación que destaca los posibles intereses privados del PP y los posibles beneficiarios a esta peculiar reforma. Durante el periodo 2004-2011, Cañete ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios. Las relaciones de Arias Cañete con el mundo empresarial no son ajenas a la opinión pública. Muchas cosas se han escrito sobre el amplio patrimonio del ministro, pues Cañete es de los diputados con mayor patrimonio. Tiene importantes acciones en la petrolera Ducar S.L. y en Petrologis Canarias S.L. Por otro lado, la relación con promotoras, inmobiliarias e inversiones similares, tampoco le es ajena. Arias Cañete también ha sido consejero de empresa relacionadas con el ladrillo.
Pero quizás, el ministro Arias Cañete no destaca por cuánto patrimonio posee sino “por lo que tiene”, es decir, acciones en empresas contaminantes como petroleras y relaciones muy estrechas con el mundo inmobiliario. Estos aspectos le señalan como un ministro con una “peculiar” sensibilidad ambiental. Para el PP la Ley de Costas va a ser una herramienta más parecida a la regularización del suelo urbano y de bienes inmobiliarios. Esta peculiar visión del Partido Popular queda reforzada con lo que declaró Arias Cañete cuando presentó el proyecto de Ley, el 5 de octubre en Consejo de Ministros: sobre los cambios en la Ley expresó que “tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida al stock de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral” .
Y aquí es donde subyace el quid de la cuestión. La costa es una parcela muy jugosa para el desarrollo de actividades empresariales y donde, a espaldas de la normativa medio ambiental, se han construido urbanizaciones e industrias. Para algunos la Ley de Costas no debe ser un escollo. Detrás del proyecto de reforma de Ley de Costas hay viejos conocidos del PP que han pedido o colaborado directamente para convertir esta normativa en un texto alejado de la protección ambiental.
* Rebelión - 7.1.13
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
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LAVANGUARDIA/Tarragona* : Los propietarios del complejo de 32 viviendas afectado por una orden judicial de demolición en Alcanar (Montsià) no están solos. Un informe pericial, realizado por encargo del juzgado de instrucción nº2 de Tarragona, ha puesto al descubierto que entre 1997 y 2003, con el paso de tres gobiernos municipales distintos, se concedieron más de medio centenar de licencias de obras contrarias al planeamiento urbanístico municipal. El informe concluye que se levantaron en varias urbanizaciones hasta 615 casas a pesar de que el plan general permitía la construcción de sólo 180 viviendas, incluida la polémica promoción de 32 inmuebles con una reciente sentencia judicial en contra. Los promotores incrementaron así en más del 240% el límite de edificabilidad, lo que propició un mayor negocio inmobiliario.
La mayoría de las licencias se concedieron entre 1999 y 2003, cuando la alcaldía estaba en manos del partido independiente Acord per Alcanar (ApAL) y el PP ocupaba la concejalía de Urbanismo. A pesar de esto, el criterio urbanístico ahora invalidado por la justicia sobrevivió a tres gobiernos municipales distintos, desde que en 1997 se aprobó el nuevo plan general de ordenación urbana de Alcanar. Fue Ricard Bort (PSC) quien autorizó poco después de asumir la alcaldía, en verano del 2003, la licencia de obras del complejo residencial de la calle Bugamvíl·lia con una sentencia judicial que obliga a "restablecer la legalidad" a los promotores de las 32 casas, la inmobiliaria de Badalona Turov, ahora en concurso de acreedores.
"Todos los partidos que formaron parte de los tres gobiernos autorizaron las licencias de obras porque tenían los informes favorables del técnico y del arquitecto municipal. Fue una gran sorpresa cuando tuvimos conocimiento de la sentencia judicial. Defiendo la actuación del PSC y de cualquier otro partido en el gobierno y no es cierto que ERC no firmara ninguna licencia, también un año estuvo en el gobierno, como CiU o el PP", dice Josep Beltran (PP), concejal de Urbanismo (1999-2003). ahora en la oposición.
"Fue una interpretación del técnico y del arquitecto municipal, ¿quien podía imaginar que la actuación no era correcta? No tiene más misterio ", añade Beltran. La forma de actuar del Consistorio canareu cambió en el 2004, después de que una vecina, con el apoyo de una entidad vecinal, denunciara lo que se ha bautizado como el caso Turov. El arquitecto municipal fue relevado, aunque la primera sentencia judicial, que anuló la licencia de obras concedida a la promotora Turov, no llegó hasta el 2006. Y no fue hasta finales del pasado año que el TSJC cerró el litigio urbanístico con una sentencia firme aun pendiente de ejecutar.
Aunque no han sido denunciadas, como sí sucedió con las 32 viviendas del caso Turov, el actual gobierno municipal (ERC) quiere legalizar todas las promociones afectadas a través del nuevo plan general de ordenación urbana, en fase de revisión. "Buscamos una solución para que todas estas viviendas dejen de estar fuera de la ordenación urbanística, aunque sabemos que no es fácil", admite Manel Martí, edil de Urbanismo. Entre las soluciones que están estudiando los redactores del nuevo plan general de ordenación urbana para legalizar el medio centenar de licencias, con 435 casas construidas de más, está la cesión de más zonas verdes o de equipamientos. Así se podría compensar, a priori, el mayor aprovechamiento del suelo edificable que se hizo entre 1997 y 2003 saltándose la legislación vigente.
* La Vanguardia - ESTEVE GIRALT - 3.1.13
Foto: Alcanar (Tarragona), viviendas a derruir - ACN
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ELMUNDO* : El Ayuntamiento de Alicante está haciendo un esfuerzo importantísimo para cumplir con las exigencias del promotor Enrique Ortiz, supuesto cerebro de la trama Brugal, y destinar varios millones de euros de un presupuesto menguante a obras y contratas gestionadas por el empresario.
Da igual que la alcaldesa de Alicante (PP), Sonia Castedo, esté a la espera de la apertura de juicio oral por presuntamente haber favorecido a Ortiz en la tramitación del Plan General de la ciudad, que su consistorio esté en el punto de mira de varios escándalos de corrupción por adjudicaciones irregulares o que un juez ya haya anulado una de sus contratas (la de limpieza del cementerio) por haber detectado un "trato de favor" a Ortiz.
Alicante cumple religiosamente con sus obligaciones de pago, muchas de ellas sin ningún control presupuestario porque se están prestando directamente sin adjudicación previa o se basan en ampliaciones de contrato.
Sólo en diciembre la empresa que se encarga de recoger la basura de la ciudad, Inusa, se llevó 12 millones de euros en servicios extraordinarios, algo que penaliza expresamente el borrador del proyecto de Ley de Transparencia que el PP está tramitando en Madrid. Esta mercantil lleva encargándose del servicio desde el pasado mes de octubre de forma irregular, después de que venciese la última prórroga sin que el Ayuntamiento haya licitado el pliego de condiciones para hacer un concurso público.
No ha sido el único caso: Ortiz ya se encargó durante nueve meses de la limpieza de dependencias municipales sin una adjudicación previa, un contrato de más de nueve millones de euros al año. Cuando se analizaron las ofertas, el consistorio eligió la de Ortiz pese a ser la más cara y la segunda mejor clasificada basándose en los criterios técnicos objetivos. La evaluación en juicios de valor, donde el promotor recibió una puntuación casi perfecta, fue determinante para renovarle un servicio que el empresario presta desde el año 2003.
La última gestión de Castedo para seguir pagando a Ortiz sin informes negativos ha sido destituir al interventor municipal, el principal técnico que ponía reparos a este tipo de gastos, y sustituirlo por otro que ni siquiera es habilitado nacional. La oposición en bloque (PSOE, EU y UPyD) han acusado al equipo de Gobierno de realizar una "limpieza étnica" con las voces críticas a su gestión. También han exigido "más transparencia" en las gestiones tanto de la Concejalía de Hacienda como en la de Atención Urbana, principal contratista de Ortiz.
15 millones más por 'mejoras en la planta de basuras'
Además, en los próximos meses el Ayuntamiento también tendrá que abonar antes de marzo otros 15 millones de euros a Inusa por "mejoras" que ha realizado en la planta de basuras en los últimos 12 años. Se trata de una condición incluida dentro del contrato de limpieza urbana que se adjudicó en el año 2000. En total las empresas propiedad o participadas por Ortiz se habrá llevado más de 30 millones de euros en apenas cuatro meses.
El fiscal cree que Castedo pudo recibir de Ortiz un coche modelo Mini Cooper, varios viajes y la colocación de varias personas en las empresas que trabajan para el Ayuntamiento. La alcaldesa ha reconocido parte de estos regalos, aunque niega trato de favor al promotor en la tramitación del nuevo Plan General de la ciudad o en sus adjudicaciones. Además de en 'Brugal', Ortiz está imputado en el caso 'Gürtel', que investiga una trama de financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Los escándalos no sólo han salpicado a la gestión de Castedo en el Ayuntamiento de Alicante. Su edil de Atención Urbana (y vicealcalde), Andrés Llorens, esté imputado por tres delitos en la adjudicación de la remodelación de una plaza en el barrio de La Florida.
Su Concejalía tiene varios frentes abiertos con la Justicia, entre los que destaca una trama de sobornos para adjudicar obras del Plan E. Por este caso la Policía detuvo en verano de 2011 a un técnico municipal y a dos empresarios por presuntamente pactar las adjudicaciones.
* El Mundo - Sergio Sampedro - 8.1.13
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
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ELECONOMISTA* : Son aeródromos que no llegan a cubrir ni un tercio de la capacidad que tienen instalada. Junto a los casos de Ciudad Real, que ya cerró; Castellón, sin vuelos pese a ser inaugurado, o Alguaire (Lleida), sin ninguna línea regular durante todo el año, existen otros aeropuertos de Aena cuya continuidad no se justifica por el tráfico que acogen. Por sobrecapacidad o redundancia con otras instalaciones, sobran dos en Galicia, otros dos en el País Vasco y Navarra, dos en Andalucía, tres en Castilla y León, uno en Aragón, uno en Murcia y otro en Extremadura. Otros tampoco son rentables, pero su ocupación se acerca a la mitad de la capacidad.
La estampa se repite una y otra vez a lo largo de la geografía española. Un mapa plagado de aeropuertos semivacíos, que en el mejor de los casos no reciben ni la mitad del tráfico de pasajeros que sus instalaciones pueden gestionar al año. Algunos de ellos son fruto del afán constructor auspiciado por el boom del ladrillo, como en el caso del aeropuerto de Ciudad Real.
Otros, en cambio, han sido proyectados para dar alas a gobiernos nacionalistas, como el aeropuerto de Lleida-Alguaire. Todos tienen en común que fueron proyectados en época de bonanza, ante unas previsiones de tráfico aeroportuario en continuo crecimiento y con ingentes inversiones millonarias. Con la crisis y el consiguiente recorte de subvenciones a aerolíneas de bajo coste por parte de los gobiernos regionales gran parte de estas instalaciones se han quedado en la estacada.
Recorte de gasto
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha reconocido recientemente que proyectan elaborar para cada aeropuerto un plan de austeridad que permite minimizar el gasto corriente, pero de los 50 aeropuertos que existen en España, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo de no levantar el vuelo?
Entre los aeródromos que no llegan a cubrir ni un tercio de la capacidad que tienen instalada se encuentra Alguaire (Lleida), dos en Galicia, otros dos en el País Vasco, dos en Andalucía, tres en Castilla León, uno en Aragón, uno en Murcia y otro en Extremadura. A éstos se le sumarían los de Castellón y Ciudad Real.
El primer aeropuerto que se quedó en tierra fue el de Ciudad Real, promovido principalmente por Caja Castilla-La Macha. La semana pasada este aeropuerto escribió su último capítulo con el cierre de su única pista.
Tras ese fiasco, es ahora el aeropuerto de Castellón el que simboliza el despilfarro y el gasto innecesario con una inauguración protagonizada por Francisco Camps y Carlos Fabra, cuando su apertura real estaba aún lejana. Y ello a pesar de que su coste ha sido moderado, unos 150 millones, debido a que fue realizado por una concesionaria controlada por Globalvía (FCC y Bankia). El aeropuerto fue un empeño de Carlos Fabra cuando presidía la Diputación de Castellón, que ignoró el parecer de Aena, que veía ilógico dotar de un aeropuerto a una provincia cuya capital está a 75 kilómetros del aeropuerto de Manises (Valencia) y con un turismo nacional.
La meta de sus promotores era alcanzar 600.000 pasajeros el primerazo de funcionamiento de Castellón, pero ninguna aerolínea mostró nunca interés en operar allí, por lo que la concesionaria exigió más ayudas públicas que hicieran viable la explotación. La Generalitat decidió en diciembre romper el contrato de concesión y finalmente se llegó a un acuerdo para que la empresa pública Aerocas se quedara el aeródromo. Aerocas busca ahora un operador, mientras tramita los permisos para abrir el aeropuerto, 13 meses después de su pomposa inauguración.
Ampliación pospuesta
El Aeropuerto de Manises (Valencia) fue ampliado en 2007 con motivo de la Copa América de vela, y tenía prevista otra ampliación en 2011 y 2012, que el último Gobierno de Zapatero ya pospuso debido a que el aumento de pasaje no se producía. En 2007 pasó de una capacidad de 5 millones de pasajeros al año a 9 millones. Sin embargo, el tráfico en los últimos años ha caído por debajo de los 5millones de pasajeros. La puesta en marcha del AVE Madrid-Valencia le ha perjudicado. Además, tras cerrar Spanair, se han quedado sin vuelo directo con Barcelona.
El otro aeropuerto de la Comunidad Valenciana, el de El Altet, en Alicante, es el doble de grande de lo necesario en la actualidad, después de la ampliación inaugurada en marzo de 2011, con una inversión de 670 millones, para poder recibir 20 millones de pasajeros anuales, frente a los 12 que tenía antes. El Altet tendrá que competir a partir de este año con el nuevo aeropuerto internacional de Murcia, que tiene capacidad para 3 millones de pasajeros, la mitad de los cuales prevé quitárselos a El Altet.
En Murcia, el Gobierno central y el autonómico llegaron a un acuerdo después de promover simultáneamente la remodelación del aeropuerto militar de San Javier en su parte civil (recibió 1,26 millones de pasajeros en 2011) y la construcción a 50 kilómetros del nuevo aeropuerto privado de Corvera, cerca de la capital murciana.
Avales del Gobierno murciano
El nuevo aeropuerto fue promovido por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, que lo dio en concesión durante 40 años a una sociedad privada, Aeromur, controlada por Sacyr y participada por Caja murcia, CAM, y Grupo Fuertes, entre otros. La inversión prevista de la concesionaria supera los 270 millones y parte de los préstamos han sido avalados por el Ejecutivo murciano. El proyecto acumula un retraso de más de dos años y la concesionaria quiere abrirlo este verano, aunque las compañías aéreas no contemplan que opere hasta otoño.
Los cuatro aeropuertos de Castilla y León viven un momento crucial. La drástica reducción de un 50 por ciento de las ayudas que reciben las compañías aéreas que operaban en la Comunidad (Air Nostrum y Ryan Air)ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de unas infraestructuras que acumulan deudas millonarias.
Durante los cuatro últimos cuatro años, Air Nostrum ha recibido 32 millones de euros para mantener la actividad en los aeropuertos de León, Burgos y Salamanca, donde era el único operador, y Valladolid. Ahora, el Ejecutivo regional sólo subvencionará los vuelos a Barcelona desde estos aeródromos, que buscan desesperadamente operadores con los que poder justificar su continuidad. El pasado año, el resultado operativo de los cuatro aeropuertos arrojó unas pérdidas de 23 millones de euros.
Por número de pasajeros, sólo Valladolid, con 392.000 clientes el pasado año, se acerca a la mitad de su capacidad total, de 725.000 pasajeros. Le sigue muy de lejos, el aeropuerto de León, con capacidad para medio millón de pasajeros, aunque su tráfico de viajeros, de 92.000 personas en 2011, no da ni para mantener el servicio de cafetería, que se ha visto abocada a cerrar pocos meses después de la inauguración de la nueva terminal. Salamanca registró 43.000 viajeros en 2011, y Burgos, poco más de 33.000, la décima parte de su capacidad, cifrada en 350.000 pasajeros.
En Galicia, se acumulan tres aeropuertos en apenas 150 kilómetros de distancia, por lo que en vez de potenciar uno las inversiones se dispersan entre las terminales de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña.
Esto provoca que, a pesar de que se cerró 2011 con 4,4 millones de pasajeros en conjunto (2,4 en Lavacolla, algo más de 1 millón en Alvedro y algo menos de 1millón en Peinador), la ampliación de las instalaciones en Santiago, ya terminada y las proyectadas para Peinador y Alvedro, plantean tener una capacidad futura para dar servicio a 10 millones de pasajeros al año (4 en Santiago, 4 en Vigo y 2 en A Coruña), más del doble de los usuarios que hubo el pasado ejercicio. Por ello, la estrategia del Gobierno gallego es que los tres funcionen como un único aeropuerto con tres terminales para poder competir con el de Oporto (Portugal).
La Xunta también acaba de dar un giro a su política de captación de pasajeros en los aeropuertos de la comunidad y renunciará a las ayudas a aerolíneas de bajo coste para destinar esos fondos a la promoción turística de la autonomía, por entender que estas subvenciones no fueron efectivas. Tan sólo se mantiene el apoyo económico a Ryanair en Santiago de Compostela porque tiene un contrato firmado hasta el año 2013.
Euskadi también tiene tres aeropuertos en un radio de menos de cien kilómetros para una población de apenas 2,2millones de habitantes. Pero un poco más allá hay otros tres aeropuertos, el de Santander, Pamplona y Biarritz (sur de Francia), a menos de dos horas por carretera. El más importante de la zona es el de Bilbao, con un volumen de pasajeros de 4millones al año y una capacidad anual de hasta 5 millones. Sus compañeros, el de Vitoria- Foronda y San Sebastián-Hondarribia tratan de captar tráficos con menor suerte, ya que con la crisis su nivel de uso ha caído en picado, apenas alcanzan los 28.000 y los 24.000 pasajeros, registrando las menores cifras de los últimos diez años. Mientras que en Bilbao operan 21 aerolíneas, en los otros dos operan tres compañías.
Donde no consiguen llegar los aeropuertos vascos es a captar vuelos transoceánicos, Bilbao que por volumen de demanda podría captarlos, no puede porque su pista es demasiado corta para estas aeronaves y necesitaría ampliarse. En Hondarribia, además, Helitt ha dejado de operar por falta de negocio tres meses después de instalarse.
El aeropuerto de Barajas, el de mayor tráfico de España se ha mantenido estable durante el pasado año, con 49,6 millones de viajeros y tiene potencial de crecimiento. Su capacidad es de 70 millones de pasajeros al año. Barajas no es un aeropuerto "estacional" como puede ser Palma de Mallorca o los aeropuertos canarios, por lo que el tráfico es bastante regular durante todo el año sin grandes variaciones de un mes a otro. De hecho, el mes con menor tráfico en Barajas es agosto. En este aeropuerto también vuela Ryanair, porque no tiene ningún aeropuerto secundario cercano.
Cataluña cuenta además de con los tres aeropuertos de la red decena (Barcelona-El Prat), Reus y Girona con el de Lleida Alguaire, gestionado por la Generalitat. La inauguración de la Terminal 1 del aeropuerto del El Prat, ha permitido a Barcelona tener margen para recibir más de 55 millones de pasajeros anuales.
En 2011, pasaron por sus instalaciones un total de 34 millones de viajeros, lo que supone un 17,8 por ciento más. Estos tráficos sitúan al aeropuerto en niveles previos a la crisis. En la recuperación del tráfico ha tenido que ver la entrada de Ryanair, en septiembre de 2010, aunque El Prat siempre ha defendido que no se le ha dado a la compañía irlandesa ningún trato preferencial que El Prat no tiene dependencia de ninguna aerolínea.
Girona y Reus, zona Ryanair
En cambio, sí son más dependientes a la aerolínea irlandesa los aeropuertos de Girona y Reus. El aeropuerto de Girona-Costa Brava está proyectado para recibir un volumen de viajeros de 7 millones anuales, mientras que el de Reus es de 3,5 millones, según datos de Aena. Los pasajeros del aeropuerto de Girona cayeron un 38 por ciento en 2011 por la cancelación de rutas de Ryanair, que alegó que se estaban incumpliendo los compromisos económicos alcanzados con el anterior Gobierno tripartito, similar a lo que denunció en Reus.
Tras meses de negociaciones, el Gobierno catalán y diversas instituciones se comprometieron en noviembre a pagar 45 millones de euros en cinco años. En el caso del aeropuerto de Gerona-Costa Brava, la Generalitat y las instituciones públicas de la provincia pagarán 5,8 millones anuales a Ryanair a cambio de que transporte entre tres y cuatro millones de pasajeros al año, mientras que en el caso de Reus esta cifra es de 3,2 millones.
Aunque formalmente, esos 5,8 millones se destinarán a un fondo de competitividad para el aeropuerto de Girona, que irá a parar a las compañías que allí operan (Wizzair, Transereo, Transavia y Ryanair ). Por su parte, el de Lleida-Alguaire gestionado por la Generalitat e inaugurado en enero de 2010 tiene una situación delicada. Entre diciembre y marzo recibió poco más de 28.000 pasajeros. Ahora, las instalaciones se quedan en stand by a la espera de que se inicie el 20 de julio la temporada de verano, que para este aeropuerto finaliza el 2 de septiembre con la llegada de charters de Travelplan y nuevas conexiones de Air Nostrum.
La Generalitat asegura que se está negociando para dotar de mayor conexión a este aeropuerto y que se va a cerrar un acuerdo en breve con un importante turoperador, según fuentes del Gobierno catalán. Los aeropuertos de Almería, Jerez de la Frontera y Granada-Jaén tienen una capacidad de 2,8 millones de viajeros cada uno, pero en 2011 sólo llegaron al 27 por ciento, 35,4 por ciento y al 31 por ciento respectivamente.
En el aeropuerto de Granada-Jaén, Ryanair mantenía hasta 2010 un acuerdo para obtener una subvención por parte de entidades semipúblicasy privadas. Finalmente se rompió este pacto ante la exigencia demás dinero por parte de las aerolíneas. La reacción de la compañía irlandesa se tradujo en la cancelación de sus seis rutas, lo que ha influido notablemente en la caída del tráfico en este aeropuerto. Por su parte, el de Sevilla tiene capacidad para hasta 8 millones y en 2011 se utilizó el 62,6 por ciento.
Málaga infrautilizado
El de Málaga tiene capacidad para 9.000 pasajeros hora tras haberse ampliado en 2010 con la Terminal 3, y actualmente lo utilizan 1.462 pasajeros hora según datos de 2011. Se usa, por tanto, el 16,2 por ciento de su capacidad. El caso de Córdoba es particular, porque en la actualidad sólo acoge aviación general (vuelos privados). En Zaragoza, la tendencia es de crecimiento, ya que se ha aumentado el volumen un 24 por ciento. Además, en el verano empezarán a operar nuevas compañías como Volotea, aerolínea de bajo coste que operará sin subvenciones, con vuelos a Palma, Ibiza y Málaga. En 2011 Zaragoza recibió un total de 751.097 pasajeros. Su capacidad es de un millón de pasajeros. Mientras, en el aeropuerto de Huesca sólo lo utilizaron 2.781 pasajeros en 2011, aunque tiene capacidad recibir 160.000 pasajeros anuales.
En el caso de los aeropuertos aragoneses la previsión es a seguir creciendo en Zaragoza. Y para ello desdel Gobierno de Aragón se ha aprobado recientemente la creación de la sociedad mercantil autonómica con capital público Promoción de Actividades Aeroportuarias para que los aeropuertos de Aragón. En el aeropuerto de Zaragoza Ryanair mantiene cuatro conexiones internacionales "que son mínimas para mantener un número de vuelos adecuado a la actual situación de crisis", según explica Diego Artigot, responsable de Transporte, Logística e Infraestructuras del Consejo Aragonés de Cámaras.
* El Economista - 16.4.12
Foto: Castellón, aeropuerto en Vilanova - elpais
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RTVE* : La titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo ha imputado al alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP), y a su jefe de gabinete, Francisco Castro, en la Operación Pokemon, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de ayuntamientos gallegos a diferentes empresas, principalmente al Grupo Vendex.
El regidor, que accedió al cargo en abril del año pasado en sustitución del dimitido Gerardo Conde Roa, en su caso acusado de un supuesto delito fiscal, deberá comparecer ante la magistrada en dos semanas, según han señalado fuentes populares a las que cita Efe.
Antes que a él, la jueza imputó en esta trama de corrupción a los regidores de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y de Boqueixón (A Coruña), Adolfo Gacio (PP), que abandonaron sus cargos al frente de los mencionados consistorios.
También, al presidente del PSdeG-PSOE y regidor en Lugo, José Clemente López Orozco, que rechazó dimitir, una postura que dejó a su partido en minoría en esta ciudad, después de que el BNG decidiese abandonar la coalición tras la negativa de Orozco a irse.
Imputación a Currás
En el caso de Santiago de Compostela, Ángel Currás, se ha visto implicado en la Operación Pokemon después de la imputación hecha en esta causa a su concejala de Educación, Rebeca Domínguez, que prestó declaración en el mencionado juzgado lucense el pasado 20 de diciembre.
El regidor, que accedió al cargo en abril del año pasado en sustitución del dimitido Gerardo Conde Roa, del mismo partido, en su caso acusado de un supuesto delito fiscal, deberá comparecer ante la magistrada en dos semanas, han informado a Efe fuentes populares.
También ha sido llamado a declarar Castro, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Currás se proclama "inocente" y no dimitirá
En respuesta a la imputación en el caso 'Pokemon', el alcalde de Santiago de Compostela, Angel Currás, ha asegurado que es "inocente", por lo que, ha añadido, por el momento "en su ánimo" no está dimitir, según Europa Press.
En una breve conferencia de prensa convocada en el Ayuntamiento, Currás ha manifestado que el 17 de enero acudirá al juzgado que instruye la causa en Lugo con "absoluta tranquilidad" y ha manifestado que no se plantea renunciar a la Alcaldía por ahora, aunque si hay medidas cautelares pondrá su cargo a disposición del PP.
El regidor, que tomó el relevo del también popular Gerardo Conde Roa --implicado en un delito de supuesto fraude fiscal-- hace menos de un año, ha explicado que se le imputa un supuesto delito de tráfico de influencias y ha agregado que, aunque no conoce el motivo con exactitud, se puede "deducir" que está vinculado con la apertura de la guardería de Salgueiriños.
Precisamente, la edil compostelana Rebeca Domínguez, que sustituyó a Currás al frente de la Concejalía de Educación cuando éste se hizo cargo de la Alcaldía, tuvo también que declarar ante la jueza en calidad de imputada en relación a supuestas irregularidades en relación a la concesión de esta guardería en la capital gallega.
El alcalde de Lugo y presidente del PSdeG-PSOE, López Orozco, que también fue imputado en la 'Operación Pokemon' y ya prestó declaración ante la jueza instructora, ha mostrado su respaldo a Currás y ha defendido el respeto a la "presunción de inocencia" del alcalde de Santiago y su decisión de no dimitir. "No voy a aplicar lo que me quiso aplicar a mí el Partido Popular, sino todo lo contrario. Lo mismo que me apliqué a mí, se lo aplico al alcalde de Santiago", ha señalado López Orozco.
* RTVE/Agencias - 3.1.13
Foto: Santiago de Compostela, ayuntamiento - turismo
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ELPAÍS* : El aeropuerto de Castellón sigue sin aviones, a pesar de que el año pasado ya se habían gastado 138,5 millones de euros en esta infraestructura. Y su futuro es incierto tras el pleito que han entablado Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), la empresa de la Generalitat, y la firma Concesiones Aeroportuarias, que mantienen desde hace casi una década una relación contractual plagada de irregularidades.
El próximo sábado se acaba el plazo para que Concesiones Aeroportuarias, la sociedad que ha construido el aeropuerto de Castellón y que debía explotarlo durante 50 años, decida sobre la propuesta anunciada la pasada semana por Carlos Fabra, presidente de Aerocas. Si no se aceptan las condiciones, no desveladas, el conflicto se resolverá en el juzgado.
El ultimátum se produce justo un año después de que la Generalitat, a través de Aerocas, anunciara que rompía el contrato renovado en marzo de 2011 por considerar que no podía cumplir con sus condiciones. Esta semana, la Sindicatura de Comptes ha revelado que esa novación no cumplía con la normativa, pero las irregularidades no son una excepción. El órgano auditor lleva desde 2003 realizando advertencias sobre los contratos con la concesionaria.
El primer pliego de cláusulas para la contratación de la construcción y explotación del aeropuerto se publicó en mayo de 2003 y fue modificado a los dos meses. A la oferta tan solo acudió Concesiones Aeroportuarias (Conaer), entonces formada por Lubasa, FCC y PGP Asociados. En diciembre de ese mismo año se formalizó un contrato introduciendo nuevas estipulaciones que variaron las condiciones de la licitación. “Las partes van más allá de la mera aclaración e introducen una nueva redacción no prevista y que es distinta del texto del pliego”, recoge el informe de 2003. Según la Sindicatura, Aerocas debía haber realizado una nueva licitación, pero Aerocas alegó que no hubo reclamaciones dado que no existían competidores.
En octubre de 2004, Conaer solicitó nuevos cambios que fueron aprobados por Aerocas en diciembre. En ellos, la firma pública asumió la “obligación” de restablecer el equilibrio económico cuando se dieran sobrecostes. La cláusula condenó al Consell a hacerse cargo del coste provocado por los retrasos de la obra. Y los problemas no tardaron en llegar.
En 2005 el Ministerio de Fomento paralizó durante cinco meses la construcción del aeropuerto. La exconcesionaria reclamó el pago de 18,15 millones como indemnización y la cifra fue aceptada por Aerocas sin poner pegas. “La reclamación no va acompañada de ningún documento acreditativo de los daños reclamados”, advirtió la Sindicatura. Aunque la empresa pública reclamó informes, Conaer nunca los aportó. Aun así se aceptó pagar esa cifra. El director general, Juan García Salas, justificó en un informe que la reclamación era “coherente con los parámetros del mercado”, no obstante, matizó que era imposible su verificación y que la cifra podía no adecuarse a la realidad. Por ello, la Sindicatura concluyó que el desembolso no estaba justificado. Aerocas pidió un préstamo bancario de 18,5 millones que vence en 2027 y que ha asumido la empresa pública para hacer frente a ese pago.
En 2009 Aerocas reconoció nuevos sobrecostes y aceptó pagar otros 11,18 millones como variación de precios.
La última modificación significativa fue la novación del contrato firmada en marzo de 2011 y cuyas condiciones provocaron la ruptura definitiva de la Generalitat en diciembre del año pasado. En dicha novación, Aerocas aceptó pagar un nuevo sobrecoste de 4,15 millones que la Sindicatura considera que tampoco está razonado “ni por Aerocas ni por Concesiones Aeroportuarias”.
Estas modificaciones también se aprobaron a petición de la concesionaria como resultado del nuevo escenario económico y financiero. Pero la empresa del Consell asegura en sus alegaciones que “la novación solo puede ser considerada como favorable para Aerocas”. Entre los principales cambios analizados por la Sindicatura está la eliminación del pago, por parte del Consell, de seis euros por cada pasajero menos de los 600.000 previstos inicialmente y la retirada del canón de un millón anual que la concesionaria debía abonar por la explotación. En su lugar, tal y como explica Aerocas en las alegaciones presentadas a la Sindicatura, se estableció que realizaría aportaciones directas durante seis años para pagar las pérdidas a Conaer. Según el documento, en el primer supuesto la empresa pública hubiera pagado 17,4 millones en ocho años y, con la novación, 13,15 millones.
“Es precisamente el cambio operado, sorpresivamente, por la concesionaria en julio de 2011 (…) lo que está en el fondo de la no entrada en vigor de la novación", defiende Aerocas. Según sostiene, la concesionaria amplió a 21,2 millones lo que debía percibir de las arcas públicas, tal y como plasmó en el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado como condición tras la novación. En este documento, que plasmaba las previsiones económicas de la explotación del aeropuerto de Castellón en los próximos 47 años, Conaer cifró en 893,3 millones el beneficio bruto de todo el periodo del contrato, una media de 19 millones al año. De ellos, el 10% sería para Aerocas.
Con todo, la firma pública insiste en que la novación era beneficiosa ya que pagaría menos (de 13 a 21 millones) por las pérdidas de los seis primeros años y se embolsaría más dinero por los supuestos beneficios posteriores (89,3). Ahora, que la concesionaria ha llevado el acuerdo a los tribunales y la Generalitat se enfrenta a una reclamación de 126 millones, a no ser que haya acuerdo en los próximos días.
* El País - LORENA ORTEGA - 26 DIC 2012
Foto: Una imagen de las pistas del aeropuerto de Castellón. / ÁNGEL SÁNCHEZ
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PATRICIA GABANCHO* : Hace muchos años, con Pasqual Maragall en la alcaldía, el Ayuntamiento de Barcelona decidió proteger el Laberinto de Horta, el parque más antiguo de la ciudad, con una módica entrada disuasoria. El grupo municipal convergente puso el grito en cielo de la demagogia, aduciendo que se privatizaba un espacio público, del cual quedaban expulsados los vecinos. Pero el tiempo es implacable y ahora es el alcalde convergente quien pone precio al Parque Güell, por la misma razón: para protegerlo del vandalismo espontáneo que produce la masificación.
La sargantana polícroma de la entrada ve pasar nueve millones de personas cada año, que vienen a ser 25.000 cada día, y todas le acarician el lomo, todas se reclinan contra los azulejos para salir mejor en la foto. Dicen las estadísticas que el 86% son turistas.
De manera que se hizo lo mismo que en el Laberinto: instituir la gratuidad para los vecinos de proximidad, un acceso fácil para los barceloneses y una entrada módica para el resto de visitantes, con hora previa de visita para evitar aglomeraciones. De paso, se intentará poner un poco de orden en la espesa coreografía de autocares.
Esta vez, todos calladitos: el tema se aprobó en uno de esos plenarios que tienen por costumbre anular cualquier resolución del débil Gobierno municipal. El Laberinto continúa cobrando su entrada, como tantos jardines patrimoniales europeos, y ya nadie se acuerda de la falsa polémica. La ciudad crece, los conceptos maduran. Que no quiere decir que todo el patrimonio esté bajo cuidado oficial: a veces, los vecinos se ven obligados a volver a esas antiguas luchas artesanales que, entre pancartas y asambleas, salvaban un edificio amenazado por la voracidad comercial. Pues eso: en la misma ciudad que sensatamente protege el Parque Güell se ha quedado en el aire la majestuosa y decadente mole de La Rotonda, allí donde la ciudad se hace montaña. Para más ironía, quien le ha metido mano —y si digo mano digo excavadora— es quien más torturó al Eixample durante la Transición, es decir, Núñez y Navarro. En este caso opera con los papeles en regla.
Salvador Andreu, el médico de las pastillas contra la tos, planificó un edificio singular en el engarce de “su” avenida —fue el impulsor del Tibidabo— con el paseo de Sant Gervasi. Primero fue el Metropolitan, el hotel de lujo preferido de Tita Cervera y su Tarzán, después un hospital de enfermos terminales: ya se ve que la cosa no iba a acabar bien. Joan Valls, que describe edificios fantasmales en su libro Inhòspits, se pasea por una Rotonda vacía y con las ventanas quebradas; confiesa tener los pelos de punta. Reporta murmullos y llantos entre las paredes desconchadas. Hoy la Rotonda está envuelta por una lona, con alegres dibujitos de Mariscal, y por detrás le van comiendo la entraña las máquinas que tienen que transformarla en un complejo de oficinas.
Es cierto que el edificio fue sufriendo modificaciones en su azarosa vida, con nuevos volúmenes y remontas firmadas por Enric Sagnier y su hijo. Y también que no está protegido in totum porque estar o no en el catálogo de intocables fue, en su momento, una lotería, o una batalla contra los intereses creados. Pero una de las cosas protegidas es el volumen.
El arquitecto Alfredo Arribas ha dibujado 3.000 metros cuadrados de oficinas y cinco plantas de aparcamiento, que obligan a deconstruir el 80% del edificio para hacerlo más alto, más blanco, más ciego. Los vecinos, que recuerdan los salones nobles de antiguas bodas, han puesto el caso en los tribunales. El proyecto claramente vulnera todo lo que hay que vulnerar. Pero eso también tiene historia y tiene firma. Se ve que la Generalitat tripartita quería alquilar el conjunto ya transformado para instalar una conselleria, cosa que facilitó la negociación del proyecto, avalado por Ramon García Bragado. O sea, aquel que autorizó el hotel del Palau —por lo que está imputado— y otras perversiones en viejos edificios que ahora son hoteles de lujo, eso sí, firmados por arquitectos progres. El maragallismo nunca tuvo memoria: fue un momento brillante lanzado a conquistar el futuro. Los flecos ya desgastados de un sueño sin raíces dan para estos despropósitos, por no decir estos monstruos.
* Patricia Gabancho es escritora.
* El País - Opinión - 30.12.12
Foto: Barcelona, edificio la Rotonda en peligro - e-noticies
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20MINUTOS* : El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público. Se ha aprobado un plan de "racionalización" de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, con el objetivo de generar un ahorro progresivo que alcanzará en 2015 un total de 51 millones de euros anuales en costes directos. Este plan, que se implantará en varias fases, define los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público (OSP), con el propósito de ofrecer una oferta intermodal que combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera.
El Gobierno ha establecido un plazo de seis meses para la aplicación de este plan, de forma que antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá los trayectos sujetos a obligación de servicio público, que se revisarán cada dos años.
El Ministerio de Fomento ha adoptado el criterio de declarar como obligación de servicio público las líneas con un aprovechamiento superior al 15%, si bien algunas en las que el ratio se sitúe entre el 10% y el 15% también podrán ser declarados como OSP.
Trayectos en autobús
La iniciativa busca el aprovechamiento de sinergias, de forma que los trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a los usuarios, mientras que en otros trayectos podrán sustituirse por transporte en autobús. Junto a ello, se mejorarán los horarios y se usarán trenes más pequeños.
Fomento recuerda que actualmente hay servicios ferroviarios que muestran "importantes ineficiencias", toda vez que el 51,7% de los trenes cubren servicios que sólo utiliza el 16% de los viajeros, con un aprovechamiento inferior al 15%. En estos servicios se dan casos en los que el Estado aporta hasta 371 euros por billete, mientras que el coste para el viajero es de 11 euros.
Las CC AA podrán asumir líneas
Por otro lado, si alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de algún servicio ferroviario de viajeros sobre los trayectos no declarados como de obligación de servicio público, podrá formalizar un contrato con Renfe y asumir los costes de explotación de esa línea.
Renfe Operadora seguirá prestando los servicios de media distancia sobre la red de altas prestaciones, los Avant. Antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá qué servicios Avant resulta pertinente mantener como de servicio público.
Además, Renfe continuará prestando desde el 1 de enero de 2013 los servicios ferroviarios de viajeros sobre la red de ancho métrico que en la actualidad presta FEVE, en virtud de la integración de ambas sociedades en esa fecha.
* 20 Minutos - EFE - 28.12.12
Foto: Tren de media distancia en Cataluña. (EP)
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